PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“ CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991: SIMPOSIO 15 AÑOS”
Diciembre 14 de 2006 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera del Senado, ha tenido la feliz idea de compilar las ponencias presentadas por ilustres juristas, políticos y académicos, en el Gran Simposio Constitucional ‘15 años de la Constitución Política de Colombia’, realizada iniciativa de esa célula legislativa.

Es un trabajo intelectual que va a alimentar el debate entre los estudiosos de la Ciencia Política, los cultores del Derecho Público, y en general a los ciudadanos inquietos por el conocimiento de la evolución de las Normas Constitucionales de Colombia.

Los grandes temas han quedado incluidos en esta obra que hoy ve la luz: los Derechos Fundamentales, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, las reformas que se han propuesto al Capítulo de la Justicia, las disposiciones económicas, el Sistema de Control de Constitucionalidad, la Reforma Política y Electoral, los Partidos Políticos, las nuevas instituciones.

Leyendo un índice tal, salta a la vista que la publicación merecerá la mayor atención en la academia y en los círculos judiciales, así como también será obligada referencia en los grandes debates del Congreso.

Participé con entusiasmo, como dirigente de la política de mi comarca, en el proceso de elección de los Constituyentes de 1991. Admiro muchísimo esa obra, no obstante que, como dijera el ex presidente Darío Echandía, las normas jurídicas no son normas fósiles. Tienen que vivir en un proceso permanente de ajustes.

Desde los albores de la República, Colombia ha enriquecido mucho la vida constitucional. Una característica que denota la personalidad colombiana es nuestra gran sensibilidad popular por el texto constitucional. Diría yo que la Constitución del 91 no cayó como un cuerpo extraño, ajeno, ni como una improvisación en la vida colombiana.

Me atrevería a calificarla como un texto que es puerto de llegada de un desarrollo constitucional de centurias en nuestra Patria, como un texto que es puerto de llegada de muchos esfuerzos que la antecedieron, como un texto que es un puerto de consolidación de muchos principios que se debatieron en un largo debate político.

Creo que somos uno de los países en donde se ha presentado mayor cercanía entre la ciudadanía y el texto constitucional.

En la fundación de la República, en los primeros años de consolidación, cuando terminaban las Guerras Civiles, los soldados todos llevaban en sus morrales un texto de propuesta constitucional. Esa sola circunstancia muestra cómo en la historia de Colombia el tema constitucional ha estado en el alma del pueblo.

Pero la Constitución del 91 lo entendió y lo plasmó en la Acción de Tutela, que ha incrementado ese sentido de pertenencia del pueblo con la norma superior.

Esa Acción de Tutela que ayudó a que la Constitución no sea un conjunto de normas trascendentes al ciudadano sino asibles a él. En la Constitución del 91 está presente ese antecedente de doctrina y de normatividad constitucional que la iluminó.

Están allí representadas las muchas discusiones sobre las reformas a la Carta del 86 que, por una u otra razón, se habían quedado en el tintero y no habían podido llevarse a la práctica.

Hubo enormes refuerzos de reformas, como los intentados por el ex presidente Alfonso López Michelsen, con la Pequeña Constituyente, que nunca se pudo reunir para examinar el tema de la justicia y de la descentralización.

Los intentos de los ex presidentes Turbay Ayala y Virgilio Barco. También algunos dirigentes, como el inmolado Luis Carlos Galán agitaron en el Congreso propuestas constitucionales, plasmadas en la Constitución del 91.

Álvaro Gómez Hurtado tuvo la oportunidad de ser copresidente de una Asamblea que recogió muchas de las tesis que él había presentado al país en su larga y pródiga vida pública.

Los temas incorporados al texto de 1991 no fueron el resultado de la improvisación, sino el producto de ese largo trabajo del debate constitucional colombiano, con antecedentes que van más atrás de la Constitución de 1863, tan agresiva en descentralización pero mucho menos práctica que la de 1991.

La antecesora de la actual Carta, la de 1886, tuvo una permanente crítica, interna y externa: la figura del Estado de Sitio.

En 1991 ya había una opinión democrática más madura, un sentido democrático más evolucionado. Nuestra psicología colectiva había creado las condiciones para que el país renunciara a seguir regido por esa figura, que era entendida como la negación de la necesaria y democrática separación de las funciones de los poderes públicos.

La Constitución del 86 consagró algo muy importante que en varios textos, pero con el mismo sentido para diferentes horas, consagró la Constitución del 91: un orden basado en la norma, un orden basado en el principio de la descentralización administrativa y la centralización política. Un orden que más que investir al Presidente de competencias, para garantizar a través del ejercicio de la autoridad la convivencia, le impone la obligación de hacerlo siempre en acatamiento total de las normas constitucionales y legales.

Nuestros años de Seguridad Democrática, que han avanzado bastante en el rescate de la seguridad, también han demostrado que Colombia puede derrotar el terrorismo sin Estado de Sitio.

Con una política de Seguridad dirigida por el Presidente, pero totalmente reglada por normas a él, heterónomas.

La Reforma de 1910, que por sus alcances mereció la denominación de Constitución de 1910, hizo inmensos avances en Derechos Humanos, después del debate sobre la vigencia de la pena de muerte, que la historia todavía recuerda como si fuera reciente, entre Antonio José Restrepo y el maestro Guillermo Valencia.

El Constituyente de aquel tiempo eliminó la pena de muerte, con lo que el país dio un gran paso en esta materia. En esa misma tradición, la Constitución de 1991 es reconocida universalmente como una gran Carta de Derechos Humanos.

La reforma del presidente López Puramejo, de 1936, dio pasos fundamentales en materia de intervención del Estado para determinar las políticas referentes a la cuestión social. Allí se definió la propiedad como una función social, concepto que es mucho más atrevido que simplemente asignarle al derecho de propiedad deberes sociales.

Una cosa es reconocer el derecho absoluto a la propiedad privada y asignarle derechos sociales, y otra cosa el paso atrevido de la Constitución del 36 de hacer la propiedad equivalente a una función social.

Se acabó la distinción entre propiedad y deberes sociales, y se hizo una mezcla inseparable: la propiedad en sí misma como función social.

Durante toda la época de la Guerra Fría, ese principio de Constitución del 36 de Colombia fue de gran trascendencia. Lo sigue siendo en la Constitución del 91, a través de la intervención estatal, sin abolición de la iniciativa particular.

Tenemos un Estado que interviene para garantizar que la propiedad sea función social, pero no un Estado que absorba la propiedad, no un Estado que afecte la iniciativa privada.

En materia de doctrinas políticas, nunca han sido fáciles los debates. Lo que hoy es una institución de común aceptación, fue generalmente de muy difícil incorporación.

Lo que podría llamarse el neoliberalismo de la época pretendía que no solamente el Estado se negara a absorberlo todo, sino que también se negara a intervenir. Qué lucha política tan trascendente la de la Constitución del 36 para incorporar un principio equilibrado de intervención del Estado.

La Constitucióndel 91, en lo que respecta a la enumeración de los derechos sociales, a la consagración de las instituciones para defenderlos, es un gran desarrollo de ese capítulo de la Constitución de 1936.

La Reformade 1968 trajo aspectos bien importantes. Unos de ellos referidos a las instituciones extraordinarias para periodos de emergencia, bastante bien modulados posteriormente en la Constitución del 91. Igualmente consagró la figura proveniente de la legislación mexicana, conocida como Emergencia Económica.

Entre 1968 y 1991, logramos modular esa institución para que funcionara aparte e independiente del Estado de Sitio. ¡Cómo quedó de bien modulada esa institucionalidad de emergencia en la Constitución de 1991!

Ahora, que estamos en el proceso de definir nuevas normas de descentralización, es bien importante recordar el principio de equilibrio regional, introducido por la Constitución de 1968, con el liderazgo del ex presidente Carlos Lleras Restrepo.

Cuando las grandes ciudades reclaman que las están obligando a concurrir con sus recursos para hacer transferencias a los pequeños poblados y a las comunidades remotas, debemos recordar que aquella Constitución del 68 consagró el principio que sin equilibrio regional, haciendo grandes esfuerzos los fiscos locales más poderosos, era imposible consolidar la unión de la República.

La nueva Constitución intentó sellar un proceso de paz que el país celebró con alborozo. Qué bueno que hoy se volviera a mirar esa circunstancia para animar la etapa que debe suceder a la Seguridad Democrática, que es la etapa de la consolidación de la paz definitiva.

Siempre Colombia, desde la Constitución del 63, y con énfasis en la reforma del 36, había hablado de esa expresión social del Estado de Leyes, del Estado de Derecho. La Constitución de 1991 es categórica. Antes de su texto, podría interpretarse que el Estado Social era una posibilidad del Estado de Derecho. Después del texto de la Constitución del 91, el Estado Social es un compañero imperativo del Estado de Derecho.

Para que el Estado de Derecho sea un Estado sostenible en el tiempo, tiene que ser un Estado Social.

Cuando estudiamos la Constitución del 91, llegábamos a la conclusión de que lo único que hace sostenible el Estado de Leyes es la cohesión social, que le garantiza a ese Estado de Leyes la permanente adhesión popular.

El capítulo de los derechos fundamentales y de los derechos sociales ha tenido magistral defensa en la Acción de Tutela, algo en lo que habremos de profundizar para exaltar la tarea de jueces y magistrados.

Es bien importante el desarrollo que se ha dado con la Tutela, porque si bien de la lectura inicial del texto del 91 podría inferirse que la Acción de Tutela no es aplicable para proteger los derechos sociales, el desarrollo que han dado, al aplicar la institución, jueces y magistrados, ha hecho mucha claridad.

En la medida que un derecho social pueda afectar la vigencia de un derecho fundamental, ese derecho social es tutelable. Se ha dado un gran desarrollo al aplicar la Constitución del 91 en esta materia.

También la Constitución del 91 avanzó en un reconocimiento que estaba en el alma de los colombianos, y que era necesario explicar, plasmar en el texto constitucional: la diversidad étnica y cultural de la Nación.

Muchos de esos temas que hoy se discuten en países de nuestra América del Sur, fueron aquí resueltos hace tiempo, cuando esta Patria, primero en la aceptación de la sicología colectiva, después en la aceptación política y finalmente en el texto de 1991, reconoció explícitamente que Colombia es una Nación multiétnica, multicultural y económicamente diversa.

Nuestros anteriores textos constitucionales estaban dados para regir una economía de Estado y una economía ordinaria de sector privado.

Cuando aprobamos varias leyes sobre cooperativismo y economía solidaria, siempre tuvimos el temor de que no tuvieran respaldo constitucional. Fue necesario que llegara la Constitución del 91, para que la economía colombiana tuviera incorporado en el texto supremo el tercer sector: el sector solidario, que es la gran síntesis de la contradicción entre la eficiencia de uno de los sectores clásicos y su falta de sentido social, y la ineficiencia del otro y su garantía de lo social.

En el tema político reconoció los partidos, avanzó mucho en la financiación de las actividades de la democracia, en el equilibrio entre democracia representativa y democracia participativa. La Constitución americana fue escenario de ese gran debate. Nosotros todavía asistimos a la división de conceptos, en América Latina, entre quienes creen que debe prevalecer una democracia sobre la otra.

En la Constitución del 91 hay un gran equilibrio entre la democracia participativa y la representativa. Ello implica que los partidos, como lo dijera el ex presidente Alberto Lleras, cuyo centenario hemos conmemorado en este 2006, no puedan comportarse como montoneras con afanes democráticos, sino como torrentes de inteligencia. Que los partidos no sustituyan la opinión sino que se nutran de ella. Que los partidos la interpreten sin anularla.

Debemos entender hoy que la única manera como puede expresarse la democracia participativa finalmente, es a través del ejercicio de la representación. Pero el único modo que legitima y hace sostenible en el tiempo esa legitimidad para la representación, es que se nutra permanentemente de la representación.

Eso lo hemos entendido de corazón y de convicción en nuestra práctica de Estado Comunitario: un diálogo permanente, de tarea colegisladora con el Congreso, máxima expresión de la democracia representativa, y un diálogo permanente, sin pausa, con el pueblo colombiano, titular de la soberanía y titular de la participación.

El plebiscito de 1957 fue un gran espacio de ampliación democrática, de apelación a la democracia directa, de ampliación del sufragio universal, de reconocimiento de los derechos políticos de la mujer.

La Constitución del 91, al crear mecanismos de democracia participativa como el plebiscito, el referendo, las consultas populares, ha permitido que los colombianos empiecen a pensar en esos mecanismos como parte integral de su manera de actuar en la vida pública.

Cuando escucho la queja de muchos de los compatriotas en el sentido de que no se han utilizado debidamente, debemos apreciar dos aspectos. De pronto, hay que darle tiempo al tiempo.

El referendo del año 2003, que la historia dirá por qué apenas pasó en uno de sus puntos, fue una gran oportunidad para debatir, en medio de la aplicación de la Seguridad Democrática, temas sustanciales de la vida nacional para aplicar esa figura participativa de la Constitución del 91, para convocar al pueblo a un debate, quizás sobre un articulado muy extenso, bastante abstracto, pero con una gran ventaja: sin un solo atractivo populista.

Cosa distinta es el recurso de las dictaduras para invocar mecanismos de democracia directa, con tentaciones populistas, a fin de consolidar tentaciones totalitarias, a lo que fue, cosa distinta, la convocatoria de 2003, convocando al pueblo para un tema difícil, impopular, que necesitaba agitarse en la vida colectiva de los colombianos.

He aplaudido desde que se conoció el texto de la Constitución del 91, sus postulados sobre seguridad social: una seguridad social en la cual el monopolio de reglamentación, el monopolio de supervisión, se radica en el Estado, pero se permite que en la prestación del servicio entren actores públicos solidarios y actores privados.

Se proponen tres principios: el principio de un avance gradual hacia la cobertura universal, el principio de que siempre tiene que haber solidaridad, esté prestada la seguridad social por el actor privado o por el actor público, y el principio de que siempre tiene que haber eficiencia.

Eso rompió con los viejos conceptos de seguridad social, que de Alemania habíamos traído a muchos países latinoamericanos, en los cuales bastaba que hubiera un gran avance en cobertura, a cualquier costo en materia de ineficiencia y de dilapidación de recursos.

Avanzó la Constitución del 91 en el tema de la autonomía de la justicia, que no estaba en discusión. La Fiscalía General de la Nación sustrajo la dirección del órgano de investigación de una modesta división del antiguo Ministerio de Justicia, y puso la cabeza en el nivel más alto, comparable con el Ejecutivo, lo que finalmente, con persistencia en el tiempo, tendrá que derrotar la impunidad.

En los últimos años, la introducción del régimen acusatorio se convierte en una gran esperanza para cumplir los objetivos de la Constitución del 91.

En materia de descentralización, vemos que la Constitución del 91 dejó un concepto de regiones que es letra muerta. Allí sí que se necesita una reforma, porque desarrollar las regiones, como lo propone la Constitución del 91, es crear nuevos entes burocráticos, es crear nuevos centros de gasto, es imponerle nuevas cargas al fisco, es crear nuevas presiones presupuestales.

Está pendiente esa reforma. Aquí la propusimos hace cuatro años, y el Congreso la negó, porque esa reforma debería dar la posibilidad de que los departamentos voluntariamente definan si pueden desaparecer como departamentos y agruparse como regiones.

Lo que no es conveniente es que haya gasto y burocracia en más niveles del Estado, porque el Estado Comunitario nos dice que debemos escoger entre el gasto burocrático y el gasto social.

El gasto burocrático en América Latina y en nuestro país dejó más pobreza y más inequidad. El gasto burocrático, en medio de lo social, trajo más obstáculos a la cohesión social. Por eso hay que plantear, frente al gasto burocrático, el gasto social.

Quiero, en esta solemne sesión, al felicitar al senador Eduardo Enríquez Maya por esta gran compilación, por este gran esfuerzo, que lo honra a él, a la Comisión Primera del Senado, al Congreso y a su tierra nariñense, quiero agradecer al Congreso de la República el trabajo realizado en este período.

El país va a recibir una agenda legislativa de excelencia.

Permítanme referirme a algunos de los temas que, con la ayuda de Dios, en el día de hoy y a partir de las 12:00 de la noche, cuando ya sea viernes, el Congreso de la República debe perfeccionar: la Reforma Tributaria.

Importante haber dado debates sobre si había o no condiciones para la universalización del IVA. El país dijo: no.

Importante haber dado debates a ver si habían servido o no nuestros estímulos tributarios. El país y el Congreso dijeron: se requieren, hay que dejarlos como normas permanentes.

Permítanme lanzar este juicio, con un gran antecedente: los instrumentos de fomento de la inversión de la administración Lleras Camargo, con el liderazgo del entonces ministro de Hacienda Hernando Agudelo Villa, esta Reforma Tributaria se convierte en el estatuto tributario más estimulante de la inversión del que dé cuenta la historia fiscal de la Nación. Es un paso adelante en esa materia, para la competitividad de un país que empieza a ganar mucho espacio.

Este año, apreciados compatriotas, Colombia tiene tanta inversión extranjera directa como tuvo el Japón en 2003. Increíble. Este año, con 6 mil millones de inversión extranjera directa neta, Colombia tiene mil millones de dólares más que la inversión extranjera directa que recibe Argentina. Cuando hacemos el estudio de la inversión en Colombia, en términos per cápita, este año tiene más en términos per cápita que China y más que el Brasil.

Estas reformas aprobadas por el Congreso van orientadas a consolidar lo que llamaríamos una bonanza de confianza que empieza a disfrutar Colombia, y cuyo objetivo tiene que ser la superación de la pobreza.

Ojalá esa Reforma Tributaria pueda estabilizarse en el tiempo. Deseo que el Gobierno que presido no tenga que traer otra reforma tributaria a este Congreso, y que la situación fiscal y de inversión y de financiación de la infraestructura de competitividad del orden público y de la política social, avancen de tal manera que Colombia pueda tener estabilidad tributaria.

Nosotros creemos que no es válido, como se propuso en los sesenta en América Latina, darle solamente énfasis al crecimiento y suponer que la inversión social y la distribución llegan como consecuencias inexorables.

Nosotros creemos que no es valido, como ocurrió en otras décadas de América Latina, darle énfasis solamente al reparto e ignorar al crecimiento. Se llegó a tener que repartir pobreza.

Nosotros creemos que el crecimiento y la inversión social tienen que ir de la mano. Y yo creo que es creencia se plasma en la agenda que está aprobando el Congreso de la República.

Esta reforma de crecimiento va de la mano de la reforma de seguridad social, que ha tenido un buen curso en este período, con gran liderazgo de la señora Presidente del Senado. Reforma que impone a los empresarios la carga de medio punto adicional de cotización para contribuir a que logremos la plena cobertura en salud.

Y quiero resaltar la reforma de Ecopetrol. América Latina vivió experiencias en las cuales por no reformar las entidades del Estado, se arruinaron. Y vivió otras décadas, como la de los noventa, cuando se quiso desmantelar totalmente al Estado.

Nuestra reforma administrativa ha buscado un Estado sostenible. Habríamos podido eliminar a Telecom. Quizás el avance de la inversión privada en telecomunicaciones, lo habría sustituido de qué manera tan eficiente. Pero nosotros creemos que el Estado tiene que tener reservas patrimoniales, instrumentos para defender a la comunidad frente a adversidades del mercado, herramientas para intervenir socialmente en regiones remotas.

Hoy tenemos una Telecom en la cual el Estado es dueño del 50 por ciento menos una acción, pero una Telecom que vale mucho más que lo que valía la Telecom de hace cuatro años, cuando el Estado era dueño del ciento por ciento.

Hace cuatro años no teníamos certeza para el pago de pensiones. Hoy están asegurados los pensionados, los trabajadores y hay 650 millones de dólares en caja para avanzar en inversiones tan importantes como la banda ancha, el Internet a todas las regiones de la Patria, la conectividad de las escuelas, de los hospitales.

Eso marca el camino de nuestra reforma a la administración. Por eso celebro el paso que se está dando con Ecopetrol. Qué bueno. Mucho mejor para la comunidad colombiana ser dueña del ochenta por ciento de una Ecopetrol próspera, que explote reservas, que ser dueña del ciento por ciento de una Ecopetrol que vea agotarse sus reservas.

Lo grave sería no haber aprobado esa capitalización. En otras circunstancias, Colombia habría necesitado la capitalización, pero no habría tenido confianza inversionista.

El Congreso hoy fue totalmente talentoso. Se ha dado cuenta que al contar Colombia con confianza inversionista, no se podía desperdiciar la oportunidad para que esa confianza inversionista concurra a capitalizar a Ecopetrol.

Y estoy seguro que será un proceso altamente democrático y totalmente transparente. Les vamos a dar a los colombianos la oportunidad de invertir en Ecopetrol. Y Ecopetrol va a tener la oportunidad de invertir para explotar reservas ya cuasi-probadas de petróleos crudos, de crudos pesados, que en el pasado no se extraían, por costosas, pero que ahora el precio internacional del petróleo lo hace posible.

Y quiero celebrar la aprobación de reformas tan importantes como el Estatuto de Insolvencia, que convierte en permanente el espíritu de la Ley 550, para poder sacar a flote empresas que atraviesen difíciles momentos.

Se ha discutido muchísimo el tema de las transferencias a las regiones. Hemos dado el paso en estos primeros cuatro debates, y nos aprestábamos a seguir debatiendo constructivamente con el país y a pedirle al Congreso que entre marzo y junio se apruebe en los siguientes cuatro debates.

A ese proyecto subyace la idea de estimular la descentralización sin arruinar a la Nación. Qué importante. Nada nos ganamos con volver al texto impracticable de la Constitución del 91, si no hay manera de pagarles a las regiones, como se probó en 1999 y en el año 2000.

Nada ganamos si simplemente, por ganarnos un aplauso y evitarnos un debate, tomamos una decisión no juiciosa en transferencias, y al otro día las tasas de interés se crecen diez o quince puntos.

Y no es Wall Street. La deuda pública colombiana en un 70 por ciento está contraída con acreedores colombianos, y la inmensa mayoría de ellos son trabajadores colombianos afiliados a los Fondos de Pensiones.

Era yo Gobernador de Antioquia, estábamos muy contentos por la ilusión de las transferencias, pero ya se amenazaba que la Nación no podía cumplir con esas transferencias. Teníamos que pagar tasas de interés del 27, del 20 por ciento, más ocho, diez puntos de intermediación. Qué distinto hoy para las alcaldías y las gobernaciones, con tasas de interés del seis, seis y medio, más tres, cuatro puntos de intermediación.

Creo que lo aprobado por ustedes en estos cuatro debates es defensable en cualquier sitio de la Patria. Lo acompañaré, señor senador Eduardo Enríquez Maya, a presentar esta reforma ante los médicos y maestros de Nariño. Porque esta reforma, cuando uno ya la mira en detalle, tiene que concluir que es un gran esfuerzo para lograr las plenas coberturas de educación y de salud, para avanzar en saneamiento básico. Es un gran esfuerzo para mejorar el per cápita educativo, para poder cumplirles a los maestros con los incrementos salariales, a aquellos que estén en el nuevo estatuto magisterial.

Qué importante es poder decir que cuando aquí hubo decrecimiento en transferencias, que cuando el acto constitucional vigente demanda unas transferencias de inflación mas dos y medio para el año 2008, lo que acaba de aprobar el Congreso, en primer período legislativo, para el año 2008 implica unas transferencias de inflación más cuatro puntos. Y más otro adicional para educación, más 5 puntos.

Y qué importante es poder decir que lo mismo se repetirá en el 2009. Y que en el 2010 será de inflación más 4 y medio, y en el 2011 hasta el 2016 de inflación más 3 y más el punto adicional de educación, de inflación más cuatro.

Y que en el 2016, apuntando a que en ese momento la Nación haya podido absorber la peor carga de la sorpresa que le ha tocado, que es asumir las pensiones del Seguro Social, que en el 2016 se pueda atar –como está previsto– la fórmula al incremento de los Ingresos Corrientes de la Nación en los últimos 4 años.

Pero ahí no termina todo. Nosotros tenemos el objetivo de que la economía colombiana crezca al 6, estamos haciendo todos los esfuerzos, el país no puede seguir siendo –como lo dijera El Libertador, dolido por la anunciada desintegración de la Gran Colombia– una fábrica de leguleyos para detener el progreso.

Por eso, más allá que el debate leguleyo, nosotros estamos proponiendo una agenda que le permita a este país entrar en las grandes ligas del crecimiento económico, a pesar de sus escasas reservas de petróleo.

Estamos apostando a que el país crezca al 6 por ciento, y en el texto que ustedes acaban de aprobar se dispone que si la economía llegare a crecer por encima del 4 por ciento, ese crecimiento se refleja totalmente en transferencias.

Si en el 2008 llegare a crecer la economía al 6, entonces el incremento de transferencias será inflación más 4, más un punto para educación, más otros dos puntos por la diferencia entre el 6 y el 4 en crecimiento de la economía.

Y ese incremento se debe llevar todo, el de los puntos por encima de crecimiento económico del 4 por ciento, a atender la niñez en la primera infancia.

Y qué importante saber que se ha eliminado el albur para los municipios y para los departamentos, que si la economía llegare a tener un revés, no habrá un recorte proporcional de transferencias.

Y qué importante recoger el espíritu de la Constitución de 68 del presidente Lleras Restrepo, y haber definido que, en aras del equilibrio regional, ese grupo de casi 900 municipios con población inferior a 25 mil habitantes, van a tener para ellos el 9 por ciento de la bolsa de Propósito General.

Qué importante mirar las cuentas desde otro punto de vista. Y vamos a examinarlo con el pueblo colombiano, con sus maestros, con los críticos de la política, en todas partes, debatiendo alegremente, como tiene que ser en la democracia.

La cuenta que no se ha hecho, apreciados compatriotas: cuando uno mira el Estado colombiano en su conjunto, encuentra lo siguiente: los departamentos y los municipios este año recaudan en rentas propias el 21 por ciento de todo lo que recauda el Estado colombiano, reciben en transferencias el 32 – 33 por ciento de los Ingresos Corrientes de la Nación, y tienen otras participaciones en recursos permanentes. No hablo de aportes extraordinarios.

¿Se podrá decir que estamos echando un paso atrás en descentralización cuando queremos garantizar una descentralización estable, una descentralización sin la espada de Damocles, que amenaza echarla para atrás ante cualquier crisis? No, hagamos valer esto: del total que recauda el Estado colombiano, las regiones, entre lo que recaudan y reciben de la Nación y aplican autónomamente solamente con la reglamentación de la ley, disponen de más del 50 por ciento. Esa cuenta no se ha hecho en el debate. Es muy importante que ahora la demos a conocer a todos nuestros compatriotas.

Y me dijo alguno de mis interlocutores que estábamos quebrando el pacto constitucional del 91, que era un pacto descentralista. La Constitución no se puede leer parcialmente, el pacto constitucional del 91 también obliga a la Nación a que cumpla una tarea subsidiaria, complementaria de las regiones, y todos los días se demanda que la cumpla.

Ustedes van a tener una feliz oportunidad: examinar en segundo período legislativo las transferencias y examinar el Plan de Desarrollo.

Hay unas obras que necesariamente tiene que hacer la Nación. El debate no entre si gasta el Presidente o si gastan las regiones. El debate es cómo se combina la descentralización con la tarea articuladora que la misma Constitución asigna a la Nación.

Cuando tenemos hoy en construcción Transmilenios en ocho ciudades de Colombia, no lo estamos haciendo por capricho del Presidente, por mandato de la Ley. Son ustedes los que acuden a exigir que en el Plan de Desarrollo se garantice la financiación de sistemas de transporte masivo en otras 10 ciudades intermedias de la Patria. Son ustedes los que reclaman todos los días que la Nación concurra a una obra o a la otra.

Yo creo que lo aprobado por este Congreso en esta materia y en todas, es una agenda legislativa de excelencia. Por supuesto, de debate, y está bien el debate. El debate hay que vivirlo para aprobar las leyes y después para legitimarlas. Pero es una agenda legislativa de excelencia.

Al felicitarlo a usted, señor senador Enríquez Maya, por este esfuerzo, quiero agradecer al Congreso de la República esta agenda legislativa. El Gobierno procurará hacer el mejor uso con esa normatividad. El Gobierno estará con ustedes, en estos meses que vienen, presentándola ante las bases populares de la Nación.

Por supuesto, quedan muchos temas. Nos quedan pendientes temas de la justicia. Aspiramos que les demos primera prioridad a partir del 16 de marzo.

Y está pendiente un acuerdo entre los directivos del Congreso, el Ministro del Interior y el Ministro de Comercio para mirar en qué momento, oportuno, se debe convocar a sesiones extras a las comisiones pertinentes del Honorable Congreso para examinar el Tratado de Comercio con los Estados Unidos y para examinar el Tratado de Comercio con la hermana República de Chile, el proceso de integración de Colombia a la economía mundial.

Deseo a todos ustedes Feliz Navidad, Feliz Año, que el año 2007 sea un avance para nuestro sueño: una Nación con rectitud, una Nación con armonía, una Nación próspera, una Nación en el camino de la cohesión social.

Muchas gracias.