PALABRAS DEL PRESIDENTE
URIBE ANTE CORPORACIÓN
EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
Diciembre 6 de
2006 (Bogotá - Cundinamarca)
“Nos honra mucho a mis compañeros de Gobierno
y a mí acudir esta tarde a felicitar a la Corporación
Excelencia en la Justicia, por estos diez años
de gran esfuerzo en un campo que, como lo dijera el presidente
de la Junta Directiva, el doctor Rafael Santos Calderón,
es poco taquillero.
Es una tarea quijotesca,
en la cual hay que tener mucha devoción para persistir, y sólo en la medida
que se persista se pueden obtener resultados. Diría
yo que es una tarea de mucho esfuerzo, todos los días,
para ir obteniendo pequeños resultados.
Quiero felicitar
a todos los responsables de los diferentes programas
que han sido mencionados y a quienes han sido
distinguidos esta noche con los premios que entrega la
Corporación.
La doctora Gloria
María nos dio cuenta de todos
los que estuvieron en consideración, cual más
importante. Yo tomé desordenadamente nota de algunos
de ellos, y quisiera hacer comentarios a dos o tres.
Primero, siento
alguna inhibición para referirme
a lo de Itagüí, por razones regionales, pero
es un ejemplo para el país.
Me ha sucedido algo
paradójico: cuando la señora
magistrada Lucía Arbeláez dirigía
el programa en Itagüí, lo conocí.
Ese día pensé que era el mejor esquema
para garantizar la independencia, la autonomía
en la administración de justicia. Y el conocimiento
de ese sistema me llevó a concluir que en presencia
de esos mecanismos, se podía pensar en que no
existiera el Consejo de la Judicatura.
Por eso, cuando
en el año 2002 presenté la
propuesta que eliminaba el Consejo de la Judicatura,
en cumplimiento de lo que había discutido con
muchos compatriotas en esa campaña presidencial,
pensábamos que alternativas como el programa de
los juzgados de Itagüí eran suficientes para
garantizar la autonomía de la justicia.
Se ha discutido
mucho el tema del Consejo de la Judicatura. He tenido
oportunidad de deliberar con sus magistrados.
Sigo creyendo que por lo menos cabe una reforma de fondo
en una de sus salas, y que se puede garantizar la reforma,
la autonomía de la justicia con unos mecanismos
más gerenciales, que podrían sustituir
algunas de las jerarquías que hoy están
en el Consejo de la Judicatura. Respetuosamente, creo
que debemos insistir en el tema.
Yo acepté no insistir en la propuesta de 2002,
pero sí creo que la reforma se requiere. Esta
noche la mayor mención la ha recibido esa organización
de juzgados de Itagüí, que yo creo que el
país debería mirarla como un esquema organizativo
para garantizar, con la mayor eficiencia y al menor costo,
la autonomía de la justicia.
Quiero destacar
muchos esfuerzos que se han hecho. El esfuerzo arbitral
de la Cámara de Comercio de
Bogotá, el esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia,
los esfuerzos que se han venido haciendo en el Tolima
y en el Archipiélago para sincronizar la justicia
formal del Estado con la justicia de las comunidades
indígenas o de la comunidad raizal.
Eso une la Nación alrededor de la justicia en
medio de la diversidad, y expresa plenamente el sentido
de la Constitución del 91. Ojalá desde
el Ministerio del Interior y de Justicia podamos contribuir
a esos procesos.
Quero destacar los
esfuerzos, en materia de protección
de los derechos de la mujer, de la Casa de Justicia de
Cali, de Aguablanca.
Quiero destacar
las 44 Casas de Justicia. Qué acierto
el del Gobierno que las concibió en el año
94.
Cuando nosotros
comenzamos en el 2002, eran 18. Hoy hay 44. Y asegura
el Director que en julio de 2010, cuando
estemos en la víspera de entregarle al Gobierno
que habrá de sucedernos, de transferirlo, tendremos
otras 24. ¿Se compromete?
Realmente se siente
la transformación en el entorno
social alrededor de las Casas de Justicia y se siente
para bien.
Muchas felicitaciones,
pues, a todos quienes han recibido este reconocimiento
de la Corporación Excelencia
en la Justicia.
Doctor Rafael y
doctora Gloria María, muy difícil
para mí referirme a algunos temas de la reforma
a la justicia que están en curso en el Congreso
de la República, porque muchas veces yo digo:
bueno, no opinemos, a ver si se estimula el consenso,
y el consenso no se da.
Y otras veces digo:
bueno, aquí hay una autonomía
de la Justicia, hay una división del Estado en
ramas, pero el Presidente de la República tiene
que animar unas tesis, porque tiene que cumplir con sus
tareas de Jefe de Estado.
Déjenme,
sin embargo, hacer unos comentarios respetuosos esta
noche.
En primer lugar, al tema de la nueva Ley de Penas.
Ustedes han evaluado
hoy el régimen acusatorio,
el sistema acusatorio. Y veo que la evaluación
es buena. Aquello que me preocupa de la parte que debe
corregirse, que debe mejorarse, es la necesidad de procesar
a los grandes criminales.
Eso está directamente relacionado con la política
de Seguridad Democrática. La tarea de la justicia
frente a los grandes criminales, solamente se facilita
en la medida que haya una decisión del Ejecutivo
de derrotarlos.
Por eso, en el contexto
de esa preocupación de
la Corporación, déjenme reiterar ante ustedes
toda la voluntad, sin reserva alguna, del Ejecutivo,
para derrotar las expresiones del gran crimen en Colombia.
Hoy asistimos a
ascensos militares muy importantes, y mañana asistiremos a dos graduaciones en Bogotá:
en la Escuela de Policía General Santander y en
la Escuela Militar José María Córdova,
a la graduación en la Escuela Marco Fidel Suárez
en Cali y en la Escuela de la Armada, en la Isla de Manzanillo,
en Cartagena.
Hoy lo repetimos,
y mañana nuevamente lo haremos,
nuestra determinación de derrotar todas esas expresiones
de criminalidad.
Expresé, y repetiré mañana, que
la historia del paramilitarismo debe quedar atrás,
que la decisión del Gobierno es respetar el proceso
de paz a quienes lo cumplan, y derrotar militarmente
a quienes persistan.
Que revisada su
etimología, cuando hay toda la
determinación de proteger con la Fuerza Pública
todas las regiones de Colombia, esa decisión,
acompañada de la voluntad de la Fuerza Pública,
no debe permitir que criminal alguno se llame paramilitar,
con el pretexto de justificar su horrenda acción
en la persecución de la guerrilla y en la tarea
de llenar vacíos del Estado.
Sobre eso hicimos
una amplia explicación esta
mañana en la Escuela José María
Córdova, y la haremos mañana, repetidamente,
en las cuatro graduaciones.
Creo que en la medida
que avancemos con la Seguridad Democrática, en el desmantelamiento de las grandes
organizaciones criminales, se facilita la acción
de la justicia en el punto que ustedes reclaman.
Me preocupa muchísimo, sí, alguna percepción
ciudadana de crecimiento de impunidad en otro tipo de
delitos en las grandes ciudades. En robo de vehículos,
en hurto a personas, en hurto a establecimientos de comercio
y en otro tipo de delitos.
Y hay la falsa idea, que debemos evitar que prospere,
de que eso se debe al sistema penal acusatorio. Yo creo
que nada tiene que ver con eso. Yo creo que se debe a
que nos falta en la reforma a la justicia ajustar unas
disposiciones.
Por eso hemos propuesto
una nueva Ley de Penas. Y en las discusiones con el
Fiscal General de la Nación
y el Congreso, hemos aceptado que no se trata necesariamente
de aumentar penas, sino para algunos delitos eliminar
la posibilidad de la excarcelación.
Hay un sentimiento
ciudadano de que hay benignidad para excarcelar, y
eso nos maltrata uno de los objetivos del
sistema acusatorio, al cual se referían ustedes,
que es justamente buscar un sistema más garantista.
Tiene que ser más garantista, pero tiene que ser
más eficiente.
Y si en nombre de
ser garantista se llega a un manejo permisivo de la
excarcelación, entonces deja de
ser eficiente.
Por eso, para lograr
ese equilibrio entre un sistema garantista y un sistema
al mismo tiempo eficiente, equilibrio
que lo mide en muy buena forma la percepción ciudadana,
nosotros creemos en la necesidad de aprobar esta nueva
Ley de Penas, que más que modificación
de penas, debe orientarse a limitar posibilidades de
excarcelación.
Allí se ha discutido mucho el tema del principio
de oportunidad. Me dijo el Ministro esta tarde (y el
señor Fiscal General de la Nación me lo
confirmó) había aceptado retirarlo para
que el proyecto de ley siga su curso y darle más
tiempo a que el país continúe en el examen,
en la discusión de si conviene o no introducir
en nuestra legislación el principio de oportunidad.
En otros aspectos
de procedimiento, el proyecto de ley se ha simplificado
muchísimo. Y el acuerdo que
tenemos con ponentes de Congreso, con el Ministro, el
señor Fiscal General de la Nación, es que
en esa parte vaya exclusivamente a lo urgente.
He pedido esta tarde
a los congresistas ponentes y a los presidentes de
las Comisiones Primeras, que se haga
el esfuerzo en lo que queda de esta semana y en la entrante,
para que por lo menos ese proyecto de ley haga tránsito,
a ver cómo lo tenemos aprobado en las primeras
semanas del siguiente período legislativo.
Tenemos también en el Congreso un proyecto de
ley estatutaria, que necesitamos convertir en Ley de
la República, que tiene puntos muy importantes
para descongestionar la justicia, puntos muy importantes
para ir avanzando en sistemas de justicia para las pequeñas
causas, puntos muy importantes como aquel de generalizar
la oralidad, que está dando muy buenos resultados
en el capítulo penal.
Y está el tema de la reforma constitucional.
En el nuevo aniversario de la Corte Suprema de Justicia,
me referí ampliamente al tema. Con todo el respeto
por los muy destacados juristas que nos acompañan
esta noche, déjenme insistir en la necesidad de
tramitar esa reforma constitucional.
No es bueno para
la credibilidad de la justicia en el país, que el tema se aplace. Yo creo que el aplazamiento
del tema, el riesgo del enfrentamiento de jurisdicciones,
crea mucha incertidumbre, afecta la seguridad jurídica,
la confianza de los ciudadanos en su administración
de justicia, y también la confianza de los inversionistas.
Yo no voy a hacer
nuevamente el recuento que hice ante la Corte Suprema
de Justicia, de las diferentes propuestas
que ha hecho el Gobierno. Déjenme tratar de llamar
la atención sobre el presente momento.
Hablando con magistrados
de las diferentes Cortes, creo que si se hace un esfuerzo
entre todos y cada uno cede
un poquito, se puede lograr un acuerdo. Todo acuerdo
es una renuncia parcial a aspiraciones, todo acuerdo
deja una satisfacción parcial y una insatisfacción
parcial.
En alguna forma
exige aplicar el principio de Santo Tomás: la distribución
equitativa de la inconformidad.
Creo que podríamos buscar el acuerdo y que nos
ayudara el Procurador, nos ayudara el Fiscal, nos ayudara
el Defensor. Y lo propongo no ex cátedra. Porque
si uno simplemente habla de que se busque el acuerdo,
se nos van a pasar estos cuatro años y no lo van
a lograr.
Lo que les voy a
decir tiene algún contenido,
pero no es ex cátedra , es explorando opciones:
buscar que la reforma deje asignadas, de manera clara,
las competencias para conocer de las acciones de tutela
dentro de las respectivas jurisdicciones. Entonces que
cada jurisdicción organice toda su jerarquía
en materia de jurisprudencia frente a la acción
de tutela. Dejar claramente establecido este principio.
El otro punto es
más contencioso: la competencia
de la revisión ¿Quién revisa? Entonces
ahí viene un tema en el cual yo quiero insistir
ante la honorable Corte Suprema de Justicia.
Yo escribí, cuando la Constitución del
91, primero, que no había sido tema de la convocatoria,
y participamos muy activamente como movimiento político
en la elección de los constituyentes y en la razón
de esa convocatoria, lo de la creación de la Corte
Constitucional.
Escribí que me parecía que el control
constitucional que había hecho nuestra Corte Suprema
de Justicia era un control muy eficaz, respetable, que
allí no tenía Colombia problemas. No estuve
de acuerdo con la creación de la Corte Constitucional.
Lo manifesté en múltiples ocasiones, aun
siendo candidato a la Presidencia de la República
para las elecciones del 2002. Pero la crearon. Y estamos
ante una institución, ante un mandato constitucional
que tenemos que acatar, respetar y contribuir a que produzca
buenos resultados para Colombia.
Cuando se habla
de que el órgano de cierre de
cada jurisdicción debe ser el competente, yo distribuyo
esa competencia en dos. Una para conocer de las acciones
de tutela, que estoy de acuerdo que cada órgano
sea competente para definirlo en la jerarquía
de su jurisdicción. Y cuando se habla de la revisión
de las tutelas, creo que no debemos despojar de esa competencia
a la Corte Constitucional.
Finalmente es el órgano de cierre en materia
constitucional. Finalmente los derechos que se tutelan,
fundamentales o sociales por asociación, están
incorporados al rango constitucional. Finalmente la figura,
la institución de la tutela, es de creación
constitucional. Por eso esa revisión no debe disputársele
a la Corte Constitucional. Lo digo muy respetuosamente.
Y sé que en cada ocasión que hablo del
tema, parecería ser que, en lugar de contribuir
a construir un consenso, creara una contradicción
con quienes piensan de manera diferente. Pero yo les
rogaría entender, muy respetados magistrados,
que el Gobierno tiene una justa preocupación,
porque todos los días se insiste en el tema de
choque de jurisdicciones, se llama al consenso y no avanzamos
hacia el consenso.
El tercer punto
sería insistir en la reglamentación.
Lo que está presentado en el proyecto de acto
legislativo, como principio de discusión. Si hay
que avanzar más en materia de reglamento, se hace.
Si es posible tratar
de enmarcar algunos contenidos de lo que serían las excepcionalidades de hecho
para esas revisiones de tutela, de sentencias de las
Altas Cortes, podría intentarse.
Ahora, el Gobierno
no tiene obstinación en que
eso deba quedar en el nivel constitucional o en nivel
de ley estatutaria.
¿Por qué presentamos la propuesta del
acto legislativo? Porque nos parece que contribuye a
dar más claridad frente a las interpretaciones
jurisprudenciales. Que cierra espacios para que las interpretaciones
jurisprudenciales no lo vayan a desfigurar.
Pero si el acuerdo
nos dijere: hagamos en ley estatutaria, el Gobierno
esta dispuesto a aceptarlo y a impulsarlo
en el Congreso de la República.
Les he preguntado
a algunos congresistas: hombre, ¿ustedes
por qué insisten en despojar a la Corte Constitucional
de la revisión de las sentencias sobre tutelas
de las otras Cortes?
Entre los argumentos
que me han dado, me han dado los argumentos de que
se necesita unificación jurisprudencial,
y me han dado también el argumento de que discrepan
de algunos fallos de la Corte Constitucional, que han
creado inseguridad jurídica en Colombia.
Sin hablar ex cátedra , con el respeto por los
conocimientos de ustedes, permítanme decirles
que creo que puede haber más organización
jurisprudencial, más orden jurisprudencial, cuando
sea un solo órgano el competente para conocer
de las revisiones contra las sentencias sobre tutelas
de los diferentes órganos.
Temo que lo contrario,
la posibilidad de que haya un mecanismo, un procedimiento
en el órgano de cierre
de cada jurisdicción que sea equivalente a esa
revisión, puede traernos el riesgo de una gran
dispersión, de un peligroso desorden jurisprudencial.
Y el otro argumento.
Sí, todos discrepamos de
fallos. Los jueces discrepan del Ejecutivo, el Ejecutivo
discrepa de fallos. Los ciudadanos quedan contentos con
unos fallos, a los ciudadanos no les gustan otros fallos.
Ha existido algún alto consenso sobre la inconveniencia
de algunos fallos de la Corte Constitucional. ¿Qué respuesta
les he dado a los distinguidos congresistas que invocan
ese argumento para sustentar el propósito de despojar
a la Corte Constitucional de la competencia de revisión
de sentencias sobre tutelas?
La Corte Constitucional
es una institución muy
nueva. Yo diría que está apenas en el proceso
de formación de su jurisprudencia. Y el camino
enseña. Yo estoy seguro que al momento de conocer
temas que tienen gran incidencia en la vida económica
y social de la Nación, la Corte todos los días
se detendrá más para mirar el impacto de
esos temas.
Creo que le ha faltado
al sector privado colombiano y al Ejecutivo tener,
dentro del debido respeto a la
independencia de los poderes, una mayor comunicación
con las Cortes, en este caso con la Corte Constitucional,
para hacer ver, como elementos que deban tener en consideración
los honorables magistrados antes de sus fallos, el alcance
del impacto económico, del impacto social, del
impacto en inversión de esos fallos. Creo que
es una de las cosas que hay que corregir.
Con mejor interlocución y con ese proceso de
consolidación de la Corte Constitucional, yo creo
que podríamos tener confianza de que sus fallos,
en lugar crearles elementos de incertidumbre a la inversión,
a la vida económica y a la vida social, todos
los días ayudarán a tener más seguridad
jurídica en el país.
Qué bueno, Procurador, Defensor, que animaran
ustedes, con el ministro (del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín) unos diálogos entre las
Cortes, a ver cómo tenemos un acto legislativo
o un proyecto de Ley Estatutaria para el mes de marzo.
También les
digo: si llegare a haber un consenso y en ese consenso
estos puntos son descartados, el Gobierno
lo acepta.
Si a mí me dicen: hay un consenso entre las Cortes,
la reforma deber ser ésta, y ese consenso rechaza
los puntos que ha propuesto el Presidente de la República,
digo: olvídense de mis propuestas y apoyemos el
consenso que han logrado las Cortes.
Pero lo más importante es que lo logren y lo
tramitemos, para quitarle esa angustia al país.
Celebro que estemos
avanzando en la organización
de la defensa judicial de la Nación. Ahí hay
una preocupación enorme y, por fortuna, a eso
se le está poniendo orden, internamente y frente
a las Cortes Internacionales.
Y da mucho gusto
constatar hoy que el tema no lo tiene que publicar
el Gobierno, sino que generosamente ustedes,
en la Corporación Excelencia en la Justicia, lo
han destacado.
Yo no quisiera tomar
más tiempo hoy. Como estamos
próximos a conmemorar un nuevo aniversario de
la muerte del Libertador, y de empezar el período
de vacaciones de la administración de justicia,
los invito a que nos ayuden a razonar sobre estos temas.
Ojalá en el periodo marzo – junio del Congreso,
le entreguemos al país la Reforma Constitucional
o, en su efecto, la Ley Estatutaria. Los contenidos de
la Ley Estatutaria, que hoy está en trámite
en el Congreso. Y pediría que nos ayudaran en
la Ley de Penas.
Yo hago especial énfasis en que esa ley nos ayude
a evitar la permisividad en la excarcelación,
que nos está haciendo mucho daño en la
política de Seguridad Democrática, y que
está creando en la opinión pública
el equívoco de que esas fallas son imputables,
cuando no lo son, al régimen acusatorio que todos
tenemos que apoyar para que tenga mucho éxito.
A la Corporación, muchas felicitaciones. A usted,
doctor Rafael. A sus compañeros de Junta Directiva,
a la doctora Gloria María, y en la Presidencia
de la República tienen un embajador que, por todo
su conocimiento, su solidez jurídica, nos tiene
que ayudar a avanzar en las reformas a la justicia.
A todos, muchas
gracias”.
