SEMINARIO INTERNACIONAL "TRANSPARENCIA FISCAL"
Febrero 13 de 2006 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Quiero felicitar y agradecer a Planeación Nación este enorme esfuerzo, a su director, Santiago Montenegro y al equipo encabezado por Manuel Fernando Castro, lo mismo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al equipo encabezado por Carolina Rentaría, directora de Presupuesto de la Nación.

Y quiero agradecer la asistencia de todos ustedes, la compañía de los funcionarios de las agencias multilaterales, la presencia del director del Banco Central (José Dario Uribe), del Contralor General de la República (Antonio Hernández Gamarra).

Nosotros hemos trabajado en un marco político que tiene dos características: el Gobierno Comunitario y el balance entre democracia representativa y democracia participativa.

Ese marco político, en lo que refiere a Gobierno Comunitario, busca que todos los esfuerzos y recursos de la sociedad vayan orientados a crear confianza y equidad y que para ese objetivo, el medio sea lo que hemos denominado el Gobierno Comunitario.

El Gobierno Comunitario que busca una mayor participación de la comunidad en la definición de las políticas públicas, en la ejecución de las políticas públicas y en la supervisión de las políticas públicas. Esto es lo que hemos practicado en 42 meses de Gobierno.

Las sociedades contemporáneas tienen que superar aquel dilema que dio nacimiento a la Constitución de los Estados Unidos, entre democracia participativa y democracia representativa.

La sociedad contemporánea, en la revolución de las comunicaciones, no puede abdicar el ejercicio mucho más eficaz, mucho más agresivo, de todos los mecanismos de democracia participativa.

Anular la democracia representativa es dejar a la democracia participativa finalmente sin canales de expresión. Y anular la democracia participativa, es dejar al a democracia representativa sin fuentes alimentarías.

Este balance, nosotros lo encontramos en la Constitución del 91, que reafirma los mecanismos institucionales de representación que ha tenido Colombia e introduce en la Constitución, instituciones muy importantes de democracia directa y de democracia participativa.

Una Nación demandando más comunicaciones y más información. Una Nación más educada, más ilustrada, más informada y con más deseos de educación, ilustración e información, es una Nación –por supuesto- con mayores exigencia de participación, con mayor derecho de participación y con mejores resultados en la participación.

Esta es una de las premisas que hemos tenido para reclamar mayor peso en la democracia participativa del que normalmente tenía en Colombia, sin afectar la democracia representativa, todo en el marco de ese Estado Comunitario.

Entonces permítanme referir a todos esos entendidos las relaciones del Gobierno y el Congreso, las relaciones del Gobierno y la comunidad, el Gobierno y la contratación, el Gobierno y las metas.

EL GOBIERNO Y EL CONGRESO

Nosotros tramitamos en el Congreso reformas de gran importancia como las facultadas para la reforma del Estado, a la cual se refería Santiago Montenegro. Más de 150 instituciones reformas, más de 170 hospitales públicos salvados a partir de la reestructuración.

La idea de que las entidades del Estado no pueden someterse a ese desmantelamiento que quiso imperar en la América Latina de los 90’s, pero que tampoco pueden estar al servicio de clientelas políticas ni de privilegios sindicales, que tienen que estar al servicio de los intereses superiores de la comunidad, ser transparentes y eficientes. Por supuesto, allí falta mucho por hacer, especialmente en ese sector salud.

Tramitamos con el Congreso de la República, no sólo las reformas fiscales a las que se ha referido Santiago Montenegro y el representante del Banco Mundial (Danny Leipziger), sino reformas tan importantes como la reforma pensional, una reforma legal, otra reforma constitucional y todo ello se ha hecho en un marco de cambiar las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, de producir resultados eliminando el viejo clientelismo y eliminando prácticas como los auxilios parlamentarios.

Esto no ha sido fácil, ha estado bastante enraizado en la cultura y en la práctica política de Colombia.

Yo creo que hay avances trascendentales: el avance de la meritocracia, el avance de la carrera administrativa, el avance de los concursos de maestros. Por supuesto, reconozco que todavía hay deficiencias, que el país tiene que superar. En la carrera administrativa hemos vinculado al concurso más de 120 mil nuevos cargos, hemos realizado dos concursos para la vinculación de maestros, todo lo cual tendrá que incidir en las mejores posibilidades de evaluación, del gasto y de los procesos estatales.

Cuando prima el clientelismo, también se impone la indulgencia y la impunidad. Es muy difícil, con la protección del clientelismo, poder hacer exigencia rigurosa sobre el Estado, porque el funcionario que siente presión para ser más eficiente, más eficaz o totalmente transparente, busca proteger su incompetencia y sus fracasos en el jefe clientelista que permitió su ingreso al Estado.

Por eso, para todos estos esfuerzos, a los que refería el doctor Santiago Montenegro, nos ha parecido fundamental avanzar en el cambio de las costumbres políticas. Por supuesto, esto hay que repensarlo día a día. Yo creo que el esquema tiene que ser: participación sin clientelismo, porque tampoco podemos llegar al extremo de negar la participación, en un país donde todos los días se ejerce la democracia.

Los auxilios parlamentarios han tenido una larga discusión en Colombia. Algunos los defienden, diciendo que es el gran instrumento para conseguir ese entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso, que garantiza la gobernabilidad. En la historia de los auxilios parlamentarios hemos visto de todo: auxilios bien aplicados, aplicados con corrupción, auxilios que respetan las prioridades de planeación, auxilios que violan las normas de planeación.

La conclusión política, con la cual llegó esta administración, es que los auxilios crean un entendimiento entre el Gobierno y el Congreso, pero también promueven una insatisfacción popular que, a pesar de ese entendimiento entre el Gobierno y el Congreso, finalmente afecta la gobernabilidad, porque deslegitima las instituciones. Nada se gana que Gobierno y Congreso tengan un magnífico entendimiento, si finalmente, por prácticas como los auxilios, ambos se desacreditan ante el pueblo.

Por eso emprendimos el camino de las audiencias públicas. Planeación Nacional, encabezada por el doctor Santiago Montenegro, recorrió el país haciendo una tarea muy esforzada de audiencias públicas, con los congresistas, los alcaldes, los diputados, los concejales, la comunidad, para asignar los recursos del Estado. Una asignación con más participación, una asignación con cero clandestinidad. Creo que este es un paso bien importante, no sólo para la transparencia, para la legitimidad de las instituciones, sino también para la mejor asignación del gasto público, y para que la comunidad, que participa en esa asignación, también esté advertida que tiene que participar en la vigilancia y garantice con su vigilancia el resultado

Cuando comenzaba este Gobierno, un ilustre crítico me decía: Presidente, usted no es capaz de llegar al último año de la administración sin dar auxilios. Pues bien, estamos a un mes largo de las elecciones de Congreso (de la República), estamos terminando el Gobierno, y no hay auxilios parlamentarios.

Yo creo que ese es un paso bien importante para todos los fines que congregan esta reunión. Y más importante, creo que es la decisión -que se ha respetado- de ir eliminando en Colombia la práctica de los presupuestos adicionales. Llegamos a elecciones, en un año sin presupuesto adicional. No aprobamos presupuesto adicional en el 2005, que se estaría ejecutando ahora, en vísperas electorales.

Eso tiene que darles confianza a todos los actores de la democracia colombiana y tiene que darles confianza a los observadores internacionales.

En semejante lucha democrática, un Gobierno, que está en el momento en que el país ha introducido la reelección presidencial, y toma la decisión de llegar a elecciones sin presupuesto adicional.

Y esto finalmente ha contribuido a fortalecer la democracia representativa, porque son pasos que obligan a que los debates del Congreso sean más serios y más exhaustivos, a que las aprobaciones presupuestales sean menos ligeras, más profundas, con mayor detenimiento, y a que los reclamos regionales –que tienen en los congresistas sus voceros genuinos y auténticos- sean unos reclamos también con mejor sentido de las prioridades, lo cual se deriva de esa creciente relación entre el congresista y la comunidad, que el Gobierno, a través de sus esquemas comunitarios, ha forzado.

CONSEJOS COMUNALES

Además de estas audiencias públicas para tantos efectos, el Gobierno ha venido trabajando los Consejos Comunitarios.

Yo tenía experiencias anteriores. Como Senador de la República, casi todos los domingos realizaba en mi departamento un Consejo Comunitario, donde invitaba grupos de alcaldes, de funcionarios, de comunidad, a examinar lo que llamábamos: Alcaldías Excelencia. ¿Qué hacer para tener gobiernos locales de excelencia? Y debatíamos permanentemente los proyectos de ley que estaban bajo nuestra responsabilidad en el Congreso de la República.

En la Gobernación de Antioquia realizamos, sin televisión, Consejos Comunitarios, durante los sábados y domingos. Hice cuentas y solamente se quedaron 24 fines de semana, de esos tres años, sin Consejos Comunitarios. No podía citar a un Consejo Comunitario en Año Nuevo, ni en Semana Santa, ni en el Día de la Madre. Esos fueron los únicos que se escaparon.

Cuando empezó este Gobierno, a las cinco y media de la mañana del día siguiente, el 8 de agosto, empezamos un Consejo Comunitario en las calles de Valledupar (Cesar), para iniciar con la Fuerza Pública la recuperación de la seguridad en ese departamento. En sus carreteras no se podía –como en casi todo el país- era imposible desplazarse de Valledupar a Santa Marta o de Valledupar a Riohacha.

Cinco y media de la mañana, del 8 de agosto, ese fue el principio de algo muy importante para el gasto público, el gasto público en seguridad, su constante evaluación, para garantizar que esos mayores esfuerzos se convirtieran en resultados satisfactorios para el país.

Y hemos venido realizando, a partir de ese momento, Consejos de Seguridad con participación comunitaria en todo el país. La semana pasada realizamos dos: el lunes uno en Puerto Asís, Putumayo, y el viernes, el segundo, en Barrancabermeja (Santander).

¿Por qué por fuera de Bogotá? Para que los compromisos de la política de Seguridad Democrática no queden solamente en los altos mandos, en el Ministro, en el Presidente, sino que permeen hasta el más joven de los policías y de los soldados, hasta aquel más recientemente incorporado.

En esos Consejos tenemos dos sesiones: la primera con participación comunitaria, y la segunda, ya cerrada, con los altos mandos y la Fiscalía.

¿Qué noto? Una comunidad que se liberó de la mordaza, que no le da miedo denunciar la guerrilla, que no le da miedo denunciar los paramilitares, que nos dice con toda franqueza –como lo advertimos la semana pasada en el Putumayo o en Barranca-: en esto van bien, en aquello van mal. Y eso nos ha obligado a ser más cuidadosos, para lograr mayor eficiencia, mejores resultados en ese esfuerzo que ha hecho el país en el aumento del gasto militar.

En esos Consejos, como al día siguiente… El 7 de agosto fue miércoles y este Consejo Comunitario fue jueves… En la misma tarde, hicimos otra reunión comunitaria en Florencia (Caquetá), para mirar cómo íbamos a empezar la Revolución Educativa, y cómo íbamos a trabajar allí el aumento de la productividad de los profesores, la vigilancia de Planeación más rigurosa a los recursos de transferencias, el mejoramiento de la calidad a través de las pruebas Saber, y el complemento en la contratación.

Y eso se ha seguido haciendo en todo el país. Este Gobierno, paradojas de la vida, cuando yo escucho que mis críticos dicen que Uribe es fascista, que Uribe es paramilitar, que este es el gobierno que anuló las libertades, veo que simultáneamente el Gobierno que menos paros de maestros ha tenido. Casi no ha tenido paros de maestros.

¿A qué se debe eso, con reformas profundas, como la reforma de la meritocracia? Un permanente diálogo para proyectar y evaluar, que empezó en Florencia, en la tarde del 8 de agosto de 2002. Eso es jueves. Y viernes hicimos la primera audiencia comunitaria en la noche en Cali, para empezar el proceso de salvación de Emcali, cuyos resultados son magníficos. Aquí está la mayor responsable de esa tarea, la señora Superintendente (de Servicios Públicos Domiciliarios), la doctora Evamaría Uribe, y el doctor Juan Lozano, que le ha tocado la pesada carga de ser mi delegado en ese proceso.

Se ha salvado una empresa estatal, va por un camino de eficiencia muy importante, y el proceso se ha llevado en medio de una permanente discusión pública. Hasta el punto de que logramos algo, que tenía todos los obstáculos de parte de sectores políticos: la participación de todos los usuarios de Cali en lo llamamos el Fondo de Solidaridad, que lo queremos replicar en todas las empresas de servicios públicos.

Hoy, la factura de Cali tiene un componente que se lleva a una cuenta personal del usuario en el Fondo de Solidaridad, que gana unos intereses, Fondo de Solidaridad, que está llamado a crear un gran esquema de solidaridad y de participación en las empresas de servicios públicos, a superar la contradicción entre proveedores y usuarios, y a constituirse finalmente en una fuente de ahorro que apalanque el crecimiento de la empresa.

Por supuesto, eso nos llevó a algo bien importante, que es la intervención del Estado en las conciliaciones, para superar tanto pleito en empresas del Estado, más de 20 pleitos en Colombia Telecomunicaciones.

Encontramos un fenómeno: todo eso estaba estancado, porque a los funcionarios les da miedo conciliar. Les da miedo conciliar porque inmediatamente ven un juicio fiscal de la Contraloría, o una acusación de la Procuraduría.

¿Entonces qué hicimos, a partir de la experiencia de Emcali? Empezamos a buscar conciliaciones con dos características: que sea inobjetable la equidad conmutativa entre las prestaciones u obligaciones del Estado que contrata y el contratista que entró en litigio con el Estado. Y garantizar la transparencia a través de la participación ciudadana.

Este Gobierno ha obligado que toda transacción, antes de perfeccionarse, debe publicarse ampliamente, para que la ciudadanía la conozca, la critique. Eso parecía muy extraño, yo recuerdo, le hablaba de eso a esas empresas internacionales que han tenido los litigios con Telecom, y se fruncían, no lo entendían. Pero lo hemos logrado. Les decía: miren, hacemos un acuerdo aquí medio clandestino, sin que lo conozca el país, y eso estimula la suspicacia. Dicen que ustedes son unos piratas ladrones y que nosotros somos unos corruptos. Para legitimar estos acuerdos, participación comunitaria.

El Contralor no estuvo de acuerdo con lo que nosotros hicimos en Telecom, en la segunda fase de la reforma de Telecom, pero procedimos con toda transparencia. ¿Cómo lo hicimos? Cuando se logró el acuerdo con una firma internacional que quería ser socia de Telecom, se dijo: no se perfecciona, hasta que se dé este debate. Y en la etapa de debate, que fue una segunda consulta a la Contraloría, la Contraloría vino con unas objeciones, que el Gobierno las respetó, y está agotando el proceso que surgió de allí.

Esa participación comunitaria ha sido muy importante para esto, y todo esto garantiza mejor aplicación de los recursos públicos y garantiza una congruencia entre los objetivos que se proponen en un presupuesto, y los resultados que se logran con la aplicación de ese presupuesto.

Esos Consejos Comunitarios han buscado coordinar, proyectar y evaluar. Aquí está nuestro alcalde de Pasto, Raúl Delgado. Yo creo que nos ha ayudado mucho el Consejo Comunitario a coordinar la administración municipal de Pasto con la departamental, a ambas con el Gobierno Nacional, a todas con el Congreso, y a unos y otros con la comunidad nariñense y con la comunidad de la ciudad de Pasto.

Y eso no es despreciable. Este país eligió, en las elecciones de 2003, muchos alcaldes y gobernadores de verdadera oposición. Esas elecciones de 2003, las primeras bajo la política de Seguridad Democrática, permitieron que Colombia tuviera no solamente garantías retóricas sino eficaces. Colombia siempre ha tenido garantías retóricas, lo importante son las garantías eficaces.

Mis compatriotas deben guardar en la memoria la libertad que disfrutaron abstencionistas y opositores al Referendo, y lo que pasó al día siguiente: muchos de la verdadera oposición, provenientes de partidos alternativos a los tradicionales, apoyados también por militantes políticos que en el pasado habían estado en las guerrillas, ganaron posiciones de la mayor importancia, que en otras circunstancias, en ausencia de la Seguridad Democrática, quién sabe cuál habría sido su suerte, ante el acoso de los terroristas. Pues bien, esta integración comunitaria ha permitido construir gobernabilidad con ellos, sin unanimismo. Ellos mantienen sus críticas al Gobierno. Cuando les dicen que están cercanos a Uribe, se ponen colorados, e inmediatamente sacan argumentos para decir que siguen siendo de la oposición. Pero finalmente han entendido que la gobernabilidad de esta patria, la tenemos que construir entre todos, que es un principio de unidad nacional.

Y este esfuerzo comunitario ha ayudado mucho a que gobernadores y alcaldes, todos, independientemente del origen político de su elección, sientan que tienen todo el respeto, todas las garantías, y a construir un ambiente de cooperación con ellos, qué tal que no.

¿Ustedes se imaginan qué sería del presupuesto, de la planeación presupuestal, de la ejecución presupuestal y de los resultados, si no se construyera esa armonía en un país proclive a polarizaciones y antagonismos insuperables?

Esta es otra cosa bien importante: manejar acuerdos dentro del desacuerdo, para que funcione la planeación, la ejecución presupuestal y se obtengan los resultados.

Y evaluaciones. Los Consejos Comunitarios recientes nos sirven para evaluar y proyectar. Me decía la senadora Claudia Blum, el pasado sábado en La Mesa (Cundinamarca), que ella ha conocido muchos gobiernos, y que está admirada del nivel de detalle que conocen nuestros ministros. Yo pienso que esa obligación de darle la cara todos los días a la comunidad, nos ha obligado a todos en el Gobierno a ser menos promeseros, pero a estar más comprometidos. Eso sí es bien importante en la legitimidad: menos promesas y más compromisos. Y a estar permanentemente acosados por el reclamo comunitario, y exigidos a responderle bien a la comunidad.

El señor Vicepresidente de la República, en la dirección del programa anticorrupción, ha dirigido en todo el país las audiencias anticorrupción, los pactos de transparencia, con la permanente ayuda de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía General. Y eso ha sido muy bueno, pero también ha traído confusiones, porque mucha gente dice: ¿por qué el Gobierno hace audiencias anticorrupción y en seguida no sanciona? Porque el Gobierno no tiene las competencias sancionatorias, pero sí la responsabilidad política de estimular la transparencia, y de estimular que la comunidad se pronuncie, y de estimular que esos pronunciamientos comunitarios, le habrán caminos, le den luces a los organismos de control. Continuar en eso es de gran importancia, porque nada de lo que se propone este seminario se logra, si Colombia no elimina totalmente la corrupción.

EL GOBIERNO Y LA CONTRATACIÓN

El Gobierno y la contratación. Nuestro primer esfuerzo fue el Decreto 2170, con instituciones tan importantes como ésta: no se pueden vender pliegos de licitaciones, sin agotar la etapa de prepliego. Este Gobierno introdujo la etapa de prepliego. Se formula un proyecto de pliego, se publica, se somete a la discusión ciudadana, y solamente cuando se ha agotado un período de discusión ciudadana, se puede convertir en pliego definitivo, y entregarlo a los proponentes.

Ese Decreto exige las audiencias públicas para la adjudicación de los contratos. Qué importante: todos los contratos de este Gobierno han tenido audiencia pública. ¿Ustedes se imaginan qué habría sido de la doble calzada Bogotá-Girardot, la adjudicación sin audiencia pública? ¿Sin ese largo debate en audiencia pública, incluso televisada?

Si algo exige transparencia y al mismo tiempo elimina suspicacia, es la audiencia pública en la contratación.

Ese Decreto crea todas las facilidades para la vigilancia comunitaria. No hemos podido todavía sacar la reforma a la Ley 80. Está aprobada en primer debate en el Congreso de la República.

Hemos introducido nuevas modalidades de contratación, con mucha controversia. Hoy el país está empezando a pavimentar 3.200 kilómetros, el Plan 2.500, ampliamente debatido con el Congreso, con la comunidad, con los alcaldes, con los gobernadores, con los concejales, con los diputados.

Y el sistema de contratación totalmente transparente, y muy controvertido. Porque les exigimos a los contratistas presentar dos propuestas, la propuesta técnica y jurídica y la propuesta económica. Y la condición fue ésta: primero se abre el sobre de la propuesta técnica y jurídica, y aquellos que en la evaluación sean seleccionados, son los únicos a quienes se les puede abrir el sobre de la propuesta económica.

Entre los seleccionados por los requisitos técnicos y jurídicos, se adjudica la obra al que tenga el menor precio.

Hemos estado ahora recorriendo todo el país, evaluando contrato a contrato, con el gobernador, con el alcalde, con el contratista, con el interventor, con la comunidad, y estamos gratamente sorprendidos al comparar los precios, en otras formas de contratación, con los precios en ésta.

Ojalá, esto resulte bien para el país. Y eso hace parte de lo que llamamos nuestra acción de “contratistas visibles”. Uno de los problemas que ha afectado los presupuestos en Colombia, en obras públicas y en general, ha sido que los contratistas no aparecen. El país juzga al funcionario público, pero desconoce al contratista en la mayoría de los casos. Nosotros creemos que es tan responsable el funcionario como el contratista.

Por eso hemos venido exigiendo en todas las regiones de Colombia, que los contratistas, ejecutores de obra, interventores, den la cara para que la comunidad los conozca. Creemos que ese es un paso muy importante, para la racionalidad y la pulcritud de la contratación en nuestro país.

METAS AL 2019

Las metas. Planeación Nacional, el pasado siete de agosto, entregó a los colombianos lo que yo he llamado el “primer borrador” para discutir lo que tiene que ser la visión de patria, al Segundo Centenario, 7 de agosto del 2019.

Políticas de Estado en sociedades democráticas, con tanto debate, como el debate que a diario se da en nuestra sociedad, no se logran sino a través de pactos democráticos. Y los pactos democráticos son sólidos, no cuando se dan en las cúpulas, sino cuando son alimentados en el debate popular. Por eso Planeación Nacional está haciendo el gran esfuerzo de convocar a todos los colombianos en todas las regiones a ese debate, para ir sacando nuevos borradores, más depurados, a través del debate, que ha tenido como punto de referencia el primer borrador.

Las metas que Colombia defina para el año 2019 tienen mucha importancia para las proyecciones y las evaluaciones del presupuesto. Y hemos dicho que todos los departamentos deben tener su anexo, y construirlo democráticamente, y todos los municipios. Qué bueno ver en la totalidad a los 1.098 municipios de la Patria el debate sobre la visión de lo que debe ser ese municipio en el 2019, cuando la Patria cumpla dos centurias de vida independiente.

Además, es muy importante corregir desbalances. Yo he visto un país con muy buenas proposiciones macros. Y mucha gente pregunta: pero si en tal época se hizo tal estudio, ¿por qué fracasó? Creo que a todos esos estudios les ha faltado participación democrática, porque la ciudadanía se compromete en la ejecución, en convertir esos estudios en realidad, en la medida que participe en esos estudios. Y creo que les ha faltado otro esfuercito: el trabajo cotidiano.

Hay que combinar en el país tres cosas: una amplia participación ciudadana en el trabajo cotidiano y en la proyección de largo plazo, un gran esfuerzo para tener una visión de largo plazo, y un gran esfuerzo de trabajo cotidiano para convertirlo en realidad.

Trabajo cotidiano intenso, esforzado, sin visión de largo plazo, desorienta a la ciudadanía. La ciudadanía se pregunta: tanto esfuerzo y no sabemos para donde vamos. Una visión de largo plazo, sin participación ciudadana, no pasa de ser un documento para discusiones entre sabios. Una visión de largo plazo sin trabajo cotidiano, deja de ser ilusión y, a medida que la gente se dé cuenta que no se convierte en realidad, se torna en frustración. Por eso hay que hacer la combinación de estos tres factores.

Colombia tiene unas metas muy exigentes. Yo creo que nosotros tenemos que anticipar el cumplimiento de Metas del Milenio, y esto va a exigir unos esfuerzos muy grandes en presupuestación. Yo creo que esta Patria nuestra, en el año 2008, tiene que decirle al mundo que ha logrado plena cobertura en salud subsidiada. ¿Estamos preparados? Hay que hacer el esfuerzo, no nos dan más plazo. Yo creo que es un imperativo de legitimidad democrática.

Teníamos 10 millones y medio de afiliados al régimen subsidiado de salud en agosto de 2002. Ahora tenemos 18 millones 600 mil. Ya hay 6 departamentos con plena cobertura: Antioquia y Huila, Cesar y Guajira, también Arauca y Casanare.

Pienso que en la proyección del marco fiscal de la Nación, debemos tomar medidas como ésta: reducir el impuesto de renta para que haya una tarifa más competitiva. El representante del Banco Mundial nos dijo que teníamos una tarifa comparativamente muy alta y una base muy reducida. El Gobierno ha ampliado muchísimo la base: de 400 mil a más de un millón, pero falta mucho. Hay que rebajar la tarifa. Hemos logrado un paliativo a las tarifa en estos años, los incentivos al crecimiento, que muchos economistas los han criticado. Y cuando yo veo la respuesta a la inversión, digo: si quiera los introdujimos.

Yo creo que este esquema transitorio fiscal, del Gobierno que presido, ha sido muy exigente en aumentarles los impuestos a aquellos que no crecen, y muy resuelto en darles incentivos a aquellos que quieran crecer. Pero esos incentivos son temporales. El país se tiene que preparar para suceder la expiración de esos incentivos con una tarifa de renta más baja. Y eso debe tener un esfuerzo correspondiente, no necesariamente proporcional, pero sí un esfuerzo por parte del sector empleador, para pagar un punto más de cotización a la salud, que vaya en su totalidad al Fondo de Solidaridad, para garantizar que en año 2008 Colombia tenga plena cobertura en Régimen Subsidiado de Salud.

Ahí tenemos una gran meta. Proyectar los objetivos, formular un presupuesto de acuerdo con esos objetivos, buscar unos recursos y evaluar, para poder cumplir el propósito de que ese presupuesto se refleje finalmente en unos resultados.

Colombia tiene que llegar en tres años a plena cobertura en educación básica. La señora Ministra dice que las actuales cifras nos muestran que con el crecimiento de este Gobierno, nos estamos situando en el 91 – 92 por ciento. Ella cree que cuando conozcamos las cifras del Censo, vamos ver que en la realidad hay un porcentaje más elevado de cobertura. Ojalá. Cualquiera sea, la cobertura del 91 – 92 de las actuales cifras o una mejor cobertura como resultado del Censo, el país tiene que lograr la plena cobertura en tres años.

Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para exigirles a las regiones mejor aplicación de las transferencias. Planeación lo hace en casi todos los Consejos Comunitarios, en los programas de estímulos positivos, como el que mencionó el doctor Santiago Montenegro. Hemos hecho un gran esfuerzo en aumentar recursos. Agradezco a los profesores, a los alcaldes y gobernadores, lo que nos han ayudado para aumentar la productividad de los profesores. Y eso se complementa con los esfuerzos de calidad, como las Pruebas Saber.

Pero, mire, y ahí viene la pregunta: ¿y los recursos para lograr esa plena cobertura en tres años? Entonces el país se tiene que preparar para tomar unas decisiones razonables en un tema básico: el acto legislativo para suceder la reforma constitucional sobre transferencias, que se aprobó en la administración presidencial anterior, del Presidente Pastrana, y que tuvo liderazgo en el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos. Allí tenemos un compromiso inmediato, lo tiene la Nación.

Tenemos unas metas bien importantes en saneamiento básico, y allí sí que hay una discusión. El doctor Santiago Montenegro suele presentarles a los municipios y departamentos una gráfica, donde muestra un gran crecimiento en las transferencias de saneamiento básico, y prácticamente en muchos de ellos nulo crecimiento en coberturas.

Esta discusión comunitaria nos ha llevado a la conclusión de que todo no es corrupción, como se supone desde las oficinas del Gobierno en Bogotá, y que todo no es falta de recursos, como se supone desde las oficinas territoriales en los departamentos y municipios. Hay problemas de corrupción, hay problemas de ineficiencia y hay problemas de insuficiencia de recursos. Y hay que trabajar cómo resolvemos esos tres tipos de problemas, para lo cual la participación comunitaria es fundamental. Y allí hay que hacer un esfuerzo en los años que vienen.

Si Colombia logra hacer el TLC con los Estados Unidos, tiene que pasar de inmediato, creo yo, a los acuerdos de comercio con los países centroamericanos. Nosotros sabemos que TLC ideal no va a haber, pero necesitamos que sea equitativo. Y me preocupa mucho el 31 de diciembre de este año, cualquiera que sea el Gobierno del momento, y que lleguen los floricultores: ¿qué hacemos mañana para exportar? No somos competitivos en Estados Unidos con estas tarifas. Entonces lleguen las flores de otros países y las nuestras, ¿qué? Y llegan las confecciones y los textiles nuestros, que han tenido un problema bien grande allí, por el ingreso de los chinos a menor precio, y los nuestros a pagar arancel. Yo les decía esta mañana a los ciudadanos de Ibagué, a través de una evaluación radial: ¿y qué hacemos en Ibagué, que todavía tiene un 18 por ciento de desempleo, si se frustra ese renacer de confecciones y de textiles? Etcétera. Con problemas, como el problema del arroz y otros, que les estamos buscando soluciones equitativas.

Pero todo el país reclama: la agenda interna de competitividad. Una demanda de obras públicas, que yo no sé cuanto puede costar, que se está proyectando. La discusión pública ahí es bien importante. Es que toda esta discusión pública ha logrado otra cosa: no sólo comprometer más a los funcionarios nacionales, sino también mostrarles limitaciones a los funcionarios territoriales y a la comunidad. Una comunidad que vea que los funcionarios están más comprometidos, pero que también conozca las limitaciones, es una comunidad que aumenta la confianza en el Estado.

Ahora que estamos en el Plan 2.500, alcaldes y gobernadores me dicen: Presidente, muy bien estos contratos, pero es que se nos quedaron tales vías sin pavimentar. Y una presión tremenda. Yo les he dicho: miren, cualquiera que sea el próximo gobierno, no le van a permitir inversiones sino en obras que tengan la variable de competitividad. Se van a tener que preparar departamentos y municipios, para pavimentar las vías departamentales y para hacer un mayor esfuerzo en las vías terciarias.

Eso, a título de ejemplo, para decir: yo creo que el nuevo nombre de la descentralización tiene que ser asociatividad. Creo que el gran impulso que tenemos dar, en los años que vienen en Colombia, es el de estimular la asociatividad, que en mi concepto no depende de la Ley de Ordenamiento Territorial, que tantas veces ha fracasado, sino de la voluntad política en los tres niveles de gobierno.

Yo reviso: para que los municipios se unan, permanente o transitoriamente, a fin de aplicar recursos para vías terciarias, no necesitan ninguna ley. Las competencias actuales les permiten. Para que los departamentos se unan para operar servicios públicos o para gestionar servicios públicos o para construir carreteras o para mejorarlas, no necesitan ninguna ley. Las competencias actuales les permiten.

Yo diría que, dado los grandes esfuerzos que tiene que hacer Colombia en materia de presupuesto, todavía con un alto endeudamiento, todavía con un déficit muy alto en el Gobierno Nacional central, a pesar de todos los esfuerzos, estos sacrificios que tiene que hacer el país serán posibles en la medida qué tan bien, amén de otras exigencias, estimulemos la asociatividad.

Creo que hay que hacer pactos con los departamentos y con los municipios como éstos: señores gobernadores, el Gobierno Nacional les ayuda a tramitar un crédito para pavimentación de vías con los bancos internacionales –de una vez les queda hecha la solicitud, señores banqueros–, no a 20 años sino a 25, y mejoradita la tasa de interés, para que ustedes lo apliquen a pavimento de vías departamentales. Pero se asocian, y nos muestran los resultados de austeridad y eficiencia en la asociación.

Señores alcaldes: nosotros estamos dispuestos a mantener 115 – 135 mil millones, no podemos más, de partida presupuestal para vías terciarias. Ustedes reclaman que el Gobierno Nacional no contrate desde Bogotá. Vamos a delegarles en ustedes, pero se asocian.

Yo muchas veces les pregunto a mis compañeros de gobierno: ¿y por qué no se le delega a aquel municipio el contrato de vías terciarias? Me dicen: porque se roban la plata, o porque tienen un convenio con fulano, un convenio espúreo. Y me dicen alcaldes y gobernadores: Presidente, es una injusticia que no deleguen en nosotros. Es que hay intereses amañados y corruptos en el Gobierno central, que no delegan en nosotros.

Yo creo que esa desconfianza mutua se rompe en la medida que el Gobierno delegue, exigiendo asociatividad. Y eso nos va a ayudar a que rindan más los recursos y a que se consigan mejores objetivos, mejores resultados en el presupuesto. Yo quería llamar la atención sobre esa necesidad de la asociatividad.
Me parece que, en la búsqueda de recursos para todas las exigencias que tiene el país, tenemos que trabajar todos los ajustes al marco fiscal y tributario, con un requerimiento: no perder, sino incrementar la confianza inversionista que Colombia ha venido ganando.

Uno es muy atrevido, y se atreve a decir cosas como éstas: Colombia ha tenido muchas bonanzas, pero apenas tiene ahora la primera bonanza de confianza.

En el siglo pasado, el general Pedro Nel Ospina emprendió unas obras importantísimas que se financiaron, fueron una bonanza en ese momento. Se financiaron con la indemnización de Panamá. El proceso de sustitución de importaciones, cuando los mercados extranjeros nos fracasaron, y los proveedores extranjeros nos fracasaron, a raíz de las guerras, causó también en Colombia alguna bonanza. El gobierno del General Rojas Pinilla, más adelante los gobiernos de los doctores López Michelsen y Belisario Betancur, gozaron bonanzas cafeteras. Cuando gobiernos anteriores convocaron a la telefonía internacional, para instalar en Colombia la telefonía móvil, hubo una confianza de inversión en ese sector. Lo mismo cuando se abrió la televisión a los canales privados. Caño Limón, Cusiana, Cupiagua, trajeron bonanzas. Hemos tenido las bonanzas ilegítimas, que finalmente tanto daño han hecho: la de la marihuana y la de la coca.

Yo diría que Colombia ahora… Le preguntaba al doctor José Darío (Uribe, gerente general del Banco de la República): bueno, ¿cuánto fue la inversión extranjera el año pasado? Me dice que alrededor de 5 mil millones de dólares. Todavía no tienen la cifra final. Y cuando comparo con lo que había en el 2002 –y lo distribuida que está esa inversión–, veo que Colombia goza de confianza.

Cuando veo los spreads. Uno compara la tasa de interés de todos estos países, primero de enero del 2005 con el 31 de diciembre del 2005, y encuentra que la mayor caída de spreads se dio en Colombia, proporcional, en esos 12 meses.

Yo veo que el país tiene hoy bases de una bonanza de confianza. Por eso el nuevo marco fiscal y tributario no pueda afectar esa bonanza de confianza. Confianza inversionista, a través de la racionalidad de ese marco. Y confianza también en la ciudadanía, a través de la exigencia de transparencia.

Finalmente, todo este esquema que ustedes proponen: objetivos en el gasto público, recursos para alimentar ese gasto, procesos para aplicar esos recursos, evaluación para ver la consistencia entre los resultados y los objetivos, requiere un debate democrático permanente de instituciones y pueblo. Requiere eficiencia, requiere confianza inversionista y requiere confianza comunitaria, que exige transparencia.

No me resisto la tentación de hacerle un comentario al señor Danny Leipziger, del Banco Mundial: hay unas rigideces en el presupuesto colombiano, que yo no soñaría que las podamos eliminar todas. Entre otras cosas, porque un país con estos niveles de pobreza, es muy celoso en no aflojar la destinación de unos recursos a determinados objetivos, mientras no se superen esos niveles de pobreza. Los felicito por esta buena convocatoria, y muchas gracias.