SEMINARIO INTERNACIONAL
“ TRANSPARENCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN”
Julio 14 de 2006 (Cartagena de Indias – Bolívar)

Compatriotas:

Celebro muchísimo que este seminario internacional por la transparencia, contra la corrupción, se lleve adelante en Colombia, haya tenido como sede la ciudad de Cartagena.

Agradezco a usted, doctor Antonio Hernández Gamarra, contralor general de la República, la feliz iniciativa de que un seminario de esta importancia tenga sede en la Patria colombiana.

¡Qué bueno que ustedes, distinguidos contralores de tantos países, hayan tenido la oportunidad de acompañarnos en Colombia en virtud de este seminario!

Permítanme, con todo el respeto, desde la óptica del Gobierno que presido, presentar algunos elementos que creemos importantes en la lucha por la transparencia.

En primer lugar, nuestros conceptos de Estado, de sociedad.

Creo que América Latina no se puede anclar en las luchas retóricas entre izquierda y derecha, en las luchas retóricas entre acusaciones de neoliberalismo y acusaciones de burocratismo.

Por ejemplo, la vigencia que tenía la división entre izquierda y derecha en los años de las dictaduras, es una vigencia que hoy ha desaparecido.

De Europa vino la doctrina de lucha por la democracia en contra de las dictaduras, que se recogió en América Latina y que ubicó a los luchadores latinoamericanos en la misma corriente de izquierda de los luchadores democráticos de Europa.

Superadas las dictaduras, sometidos todos nuestros países a la regla de la democracia, esa división empieza a ser polarizante. No cobra actualidad y no tiene sentido práctico.

Polarizante, como ha querido expresarse en recientes decisiones de la comunidad latinoamericana. Está obsoleta, no cobra actualidad.

Es muy difícil cuando, por ejemplo, se terminan las campañas y los gobiernos inician acción, comprometidos con la regla democrática, clasificar a los unos de izquierda o de derecha para polarizarlos.

He tenido la experiencia de varios periodistas internacionales que me dicen: “Presidente, ¿cómo puede dirigir usted un gobierno de derecha en una América Latina de izquierda?”.

Y he respondido con una pregunta. Les he dicho: distinguidos periodistas, ¿díganme por qué clasifican, por ejemplo, de izquierda al gobierno del Presidente Lula, en el Brasil, y de derecha al gobierno que yo presido en Colombia?

Y mis distinguidos interlocutores periodistas han enmudecido.

El ejercicio del gobierno en la democracia moderna obliga necesariamente a borrar esas fronteras. ¿Y por qué? Porque ese ejercicio obliga a la construcción de una democracia moderna, y esa democracia moderna tiene que equilibrar conceptos, desarrollos prácticos que en algún momento quisieron ser apropiados por la derecha y otros por la izquierda.

Una democracia moderna requiere agruparlos, ponerlos en buen balance, aplicarlos en equilibrio.

Por eso hemos estado proponiendo a todos nuestros interlocutores de América Latina que dejemos las divisiones polarizantes atrás, que pensemos en una democracia moderna, caracterizada por la Seguridad Democrática, el respeto a las libertades públicas, la cohesión social, el respeto a las instituciones independientes, y con un elemento transversal: la transparencia.

Durante años se pensó que la seguridad era un patrimonio de la derecha, y la lucha por las libertades públicas y por la cohesión social, un patrimonio de la izquierda. Hoy hay que aceptar que van de la mano.

Felipe González, el ex presidente del Gobierno de España, en alguna ocasión, cuando empezaba mi campaña por la Presidencia de la República en el año 2000, me decía que había que persistir con las tesis de la seguridad, porque eran necesarias como valor democrático y como fuente de recursos.

Cuando la seguridad es democrática, diferente de la doctrina de la seguridad nacional que recorrió América Latina; diferente de lo que hizo la seguridad nacional en América Latina, que fue cercenar las libertades, maltratar el disenso, anular la oposición, cuando la seguridad es para todos los ciudadanos, para todas las expresiones de la política, para proteger a los amigos del Gobierno y a sus críticos, cuando la seguridad busca proteger por igual la líder empresarial que al líder sindical, esto es, cuando la seguridad es democrática, no es un patrimonio de la derecha, es un imperativo de la sociedad, es un valor democrático presupuesto para que funcionen otros valores democráticos consecuencia, es una fuente de recursos para financiar la cohesión social.

Por supuesto, la sostenibilidad de una sociedad de libertades no se puede garantizar sin seguridad, y tampoco se puede garantizar sin cohesión social.

El mismo (Norberto) Bobbio, que se convirtió en el gran inspirador de las luchas europeas contra las dictaduras y de las tesis latinoamericanas contra las dictaduras, se encargó de armonizar estos presupuestos.

Hay ensayos muy importantes de Bobbio, donde nos demuestra cómo es necesario llevar de la mano las libertades públicas con la cohesión social, la seguridad democrática con lo uno y con lo otro.

Y por supuesto eso exige Estados formados por instituciones independientes, pero también que en función del bien público cooperen con armonía.

Y tiene esta concepción democrática un elemento transversal: la transparencia. ¿Por qué? Porque no se puede entender un Estado de democracia moderna, en una sociedad que avance hacia la cohesión, sin confianza, y el elemento fundamental para esa confianza es la transparencia.

No se puede entender ciudadanía de un Estado, si cada ser de ese colectivo no se siente integrado a los demás a través de la confianza que depara la transparencia, por ejemplo, en la aplicación de la normatividad que garantiza la unión de ese colectivo como Estado, la unión de ese colectivo como expresión sociológica del pueblo del Estado.

La transparencia, pues, es el factor generador de esa confianza, que a su vez es el elemento vinculante de todos los ciudadanos para formar el Estado.

Y ese Estado tiene que ser el Estado Social de Derecho en su moderna concepción.

Inicialmente se hablaba del Estado de Derecho como aquel Estado en el cual el gobernante se sometiera a leyes heterónomas, externas a él, a leyes dictadas por órganos independientes a él.

El Estado de la constitución escrita, el Estado de las instituciones independientes, el Estado de los órganos de control, el Estado de las pesas y de las contrapesas. Y por supuesto, hay que agregarle el Estado de la solidaridad social y el Estado de participación de opinión.

Permítanme conectar allí el tema de la transparencia como razón de confianza, con dos de los elementos de este Estado de Derecho moderno: el de los órganos de control independientes, y el de la participación de opinión.

Sobre los órganos de control independientes, se ha referido ampliamente el señor Contralor General de la República, en la brillante exposición que acabamos de escucharle, conceptos de los que participamos plenamente.

Además de ello, nosotros creemos profundamente que para tener eficacia en la democracia moderna, hay que abrir todos los canales de participación de opinión.

Es muy importante la acción de los órganos de control, muy importante la acción de la justicia, pero la gran fuente alimentaria de los unos y de los otros es una creciente participación de opinión, para poder garantizar la transparencia.

El Gobierno Nacional, con el total respeto a la autonomía de los órganos de control, ha trabajado en armonía con ellos, para impulsar muchísimos mecanismos de participación de opinión que nos conduzcan hacia la transparencia, que nos dé la confianza que necesita un colectivo.

Dictamos el Decreto 2170 que, por ejemplo, obliga a que antes de abrir una licitación pública, de dar a conocer un pliego de condiciones, se agote una etapa de prepliego, que se difunda ampliamente, para que la opinión conozca esas condiciones iniciales, pueda entrar a criticarlas y se evite un fenómeno de corrupción, cual es el de diseñar las condiciones de la contratación pública al amaño de determinados proponentes.

Creemos que la etapa del prepliego ha abierto debates muy importantes en Colombia, ha estimulado mucha participación de opinión, todo en el camino de derrotar la corrupción.

El Gobierno, a la luz de ese Decreto, ha practicado como norma general y sin excepciones la audiencia pública, para discutir allí las evaluaciones sobre las diferentes propuestas en las licitaciones de contratación del Estado.

Muchas de esas audiencias han sido televisadas, han durado días, han tenido un gran seguimiento de la opinión, han garantizado transparencia, y por supuesto confianza de la ciudadanía.

Hemos venido estimulando, con una gran ayuda de la Contraloría y de la Procuraduría, el programa de contratistas visibles.

Uno de los problemas que encontramos en nuestras sociedades, es que la responsabilidad la asumimos solamente quienes estamos en la vida pública, y los contratistas del Estado generalmente pasan en el anonimato.

Nosotros, en aras de ese principio de la participación ciudadana, creamos el mecanismo de contratistas visibles. Hoy Colombia está pavimentando 3.200 kilómetros de carretera, adelantando unas obras muy importantes aquí en la ciudad de Cartagena, de gran implicación social, y muchas de las cuales habrán de estrenarse mañana, con motivo de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El programa contratistas visibles, para ceñirnos solamente a la ciudad de Cartagena, ha permitido que periódicamente, en audiencias públicas en esta ciudad, todos los contratistas e interventores de esas obras tengan que entrar a dar explicaciones sobre el avance de las obras, a recibir todas las preguntas y cuestionamientos de los diferentes sectores de opinión, amén de su necesaria sujeción a los órganos de control.

Particularmente he sentido tranquilidad democrática cuando asisto a estas audiencias y veo que los contratistas del Estado le tienen que dar la cara a la comunidad, y que la comunidad, con todo respeto, pero sin cohibiciones, los increpa, les pregunta, les exige.

Persistir en ese camino, creo que ayuda mucho a la transparencia en la contratación pública.

Colombia ha tenido muchos litigios en concesiones viales, en concesiones aeroportuarias, en concesiones ferroviarias, muchos litigios por ejemplo en el tema de las telecomunicaciones. Creo, y me rectificaran el señor Contralor y el señor Procurador, que hace cuatro años encontramos 21 litigios en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones con asociados internacionales.

Antes de asumir yo la Presidencia, me decían: pagarlos valdrá alrededor de dos mil millones de dólares.

Nos hemos dado a la tarea de manejar eso con toda transparencia, y creo que no nos va a costar más de 400 millones.

Hemos propuesto el camino, y recorrido ese camino en más de un 90 por ciento, de las conciliaciones con transparencia.

¿Por qué se dificulta mucho la conciliación? Porque el funcionario del Estado, del Gobierno, no se atreve a adelantar esa conciliación, por temor a las sanciones de los órganos de control y por temor a las sanciones pecuniarias y penales, y porque la ciudadanía mira esas conciliaciones con suspicacia, no hay confianza.

¿Qué hemos hecho? Nos hemos propuesto dos cosas: primero, un informe en todas las etapas a los órganos de control, y segundo, una vez se acuerda el texto del acuerdo de la conciliación, antes de perfeccionar la transacción, se publica profusamente para que la conozca la opinión.

Creo que nos falta uno de los 21 litigios, en el área de las comunicaciones, por resolver.

En las concesiones viales hemos resuelto todos los litigios, faltándonos uno muy grande, el de Bogotá al río Magdalena, el de Commsa.

En las concesiones ferroviarias acabamos de resolver uno de mucho fondo, aquí en el ferrocarril carbonero del Magdalena. Y ha habido finalmente tranquilidad en los órganos de control, tranquilidad en los funcionarios, y confianza en la opinión.

Me decían los inversionistas internacionales: ¿pero cómo nos va a llevar usted a publicar un preacuerdo sobre una transacción y a que lo conozca ampliamente toda la opinión? Y recuerdo que les dije: ¿Qué prefieren ustedes? ¿Conciliaciones con confianza de opinión o pleitos que jamás habrán de tener un buen final? Y con eso fuimos abriendo ese camino, que lo consideramos muy útil.

En el tema, por ejemplo, de venta de capitalización de activos del Estado, hemos procurado proceder con total pulcritud, manteniendo los órganos de control al día, sobre cada uno de los pasos que damos, y a la opinión pública.

El señor Contralor, el año pasado, cuando nos propusimos buscar un socio para capitalizar la empresa de telecomunicaciones, hacerla sostenible y prospera, presentó unas objeciones, discutió la Contraloría con mis compañeros de Gobierno.

¿Por qué se propusieron esas objeciones a tiempo? No sólo porque el Contralor al proponerlas estuviera ejerciendo sus competencias, sino porque la voluntad de Gobierno fue que el órgano de control conociera oportunamente, tempranamente, cada uno de los detalles de esa negociación. ¿Y por qué hubo otra decisión, que se le advirtió al interesado? El Gobierno no perfecciona el acuerdo, sin publicarlo ampliamente para el conocimiento de los órganos de control y de la opinión ciudadana.

Cuando se hace la cuando se hace la publicación, en cumplimiento de esa condición, la Contraloría presenta sus objeciones, entramos en un proceso de discusión. El Gobierno acepta y se reorienta el proceso para cumplir con las instrucciones, con las objeciones del órgano de control. Y finalmente se consiguió un socio que capitalizó la empresa, y yo creo que el país recibió la transacción con confianza y con optimismo.

Hemos procurado, muy distinguidos visitantes y compatriotas, que los propios funcionarios del Estado denuncien los programas que se presentan en sus entidades. Hemos trabajado con celo para que eso ocurra con la Fuerza Pública y en el Gobierno civil. El ex presidente colombiano Alfonso López Pumarejo solía repetir que los gobiernos que más legitimidad ganan son aquellos que reconocen, con incurable buena fe, sus errores y vicisitudes.

Inspirado en ese pensamiento de López Pumarejo, el Gobierno ha procurado que cuando haya un error en la Fuerza Pública, no tengan que llegar las ONGs internacionales a descubrirlo y a denunciarlo. No tengan que llegar los órganos de investigación de la prensa a hacerlo, no tenga que ir a destaparlo la Procuraduría o la Fiscalía, sino que el propio Gobierno, la propia Fuerza Pública, por iniciativa, les cuente a la opinión y a los órganos de control lo que ha ocurrido.

No hemos tenido la fortuna aún de que en todos los casos se haya procedido así, pero todos los días hay más conciencia al interior de la Fuerza, de que de esa manera hay que proceder.

Y lo mismo del gobierno civil. Hace pocos meses antes de elecciones estuve aquí en Cartagena. Mi buen amigo el senador Javier Cáceres me dijo: tengo una prueba sobre una transacción indebida en Incoder. Llamé al Ministro de Agricultura y le dije: míralo con el Senador. A las horas me llamó: Presidente, he valorado la prueba, el grado, eso amerita unas decisiones.

Dije: cuéntale ya a la opinión pública. Estamos a un mes de elecciones, el Gobierno no puede someter el interés público al interés electoral.

Fue el propio Gobierno el que publicó y denunció ante órganos de control y ante opinión ciudadana, la anomalía en la adjudicación de unos predios del sector agropecuario.

No en todos los casos se ha podido proceder de esa manera, pero es nuestra voluntad política e inquebrantable, y procuraremos que en el nuevo Gobierno la experiencia de estos cuatro años haya creado la convicción en cada funcionario de que para construir confianza nos tenemos que anticipar a denunciar nuestros propios errores y vicisitudes.

Ha sido muy útil, por ejemplo, en unas instancias de diálogo comunitario que abrimos semanalmente que se llaman Consejos Comunitarios, estimular a los ciudadanos a denunciar sus quejas sobre la salud. Creo que no hemos podido corregir todas las anomalías que se presentan en la salud, pero por lo menos hemos avanzado mucho y la ciudadanía ha perdido el temor a denunciar.

La declaración de ustedes y las citas que leyó el señor Contralor, previenen a nuestros países sobre la financiación privada de los procesos electorales.

La reforma reciente a la Constitución colombiana y la Ley de Garantías dieron un paso muy importante.

En la reciente elección presidencial, además de haber impuesto unos topes, inferiores en muchísimo a los niveles de gasto de anteriores campañas presidenciales, también se impuso como máxima contribución del sector privado, el 20 por ciento de esos costos. Yo creo que allí hay un avance muy importante para la transparencia.

Ya lo ha dicho el señor Contralor. Claro que las glosas incomodan a los gobiernos. Las críticas enervan las vanidades de los gobiernos. Pero los gobiernos tienen que someterse a los órganos de control y someter sus vanidades.

Nosotros hemos hecho un esfuerzo, año tras año, para que las entidades públicas colombianas mejoren la calificación de la Contraloría, y para que puedan tener el fenecimiento de sus cuentas.

El señor Contralor con su equipo, me ha permitido reunirme con él en los momentos oportunos. Me ha dicho: éstas han mejorado, éstas no.

Muchas veces se reúnen los funcionarios de la Contraloría, los funcionarios de un Ministerio, discuten ampliamente, presentan los recursos, pero pienso que allí ha habido un avance muy positivo, y la instrucción ha sido: atendamos esas sugerencias y mejoremos.

Permítanme decirles a nuestros distinguidos visitantes internacionales que, en aras de la transparencia, en el Gobierno que termina se eliminaron los auxilios parlamentarios. Partidas casi que de libre disposición de los parlamentarios, unas bien manejadas, otras mal manejadas. Unas tramitadas con honradez, otras con corrupción. Unas con seguimiento a la planeación, otras de espaldas a la planeación. Ha sido muy importante para la transparencia democrática de Colombia, poder decir que en las últimas elecciones no hubo influencia de auxilios parlamentarios, que el Gobierno proscribió y el Congreso aceptó eliminar.

Y fuimos a las elecciones sin presupuesto adicional. Si hubiéramos aprobado un presupuesto adicional el año pasado, se habría ejecutado en pleno período electoral. Qué bueno mirar a la comunidad latinoamericana a los ojos y decir: acabamos de surtir un proceso electoral en el cual el Gobierno no hizo uso de presupuestos adicionales.

Cuando empezamos hace cuatro años, teníamos 180 mil cargos del Estado en carrera administrativa. Hoy hay 120 mil más.

E introdujimos un sistema de meritocracia, todavía con deficiencias pero muy importante para los cargos de libre nombramiento y remoción.

Pero falta mucho por hacer. Les he contado algunas cosas buenas. Por ejemplo, yo comparto la preocupación del Contralor y del Procurador de las regalías.

El Gobierno ha venido trabajando con ellos en una serie de iniciativas, que aspiramos que nos ayuden a corregir, a derrotar la corrupción en regalías.

Por ejemplo, no queremos que los interventores de regalías sean unos interventores invisibles, que reduzcan su función a unas sumas y a unas restas. Necesitamos que sean supervisores visibles.

En las próximas semanas convocaremos en el departamento del Meta a un consejo comunitario sobre regalías, televisado, para estrenar la figura de los supervisores visibles. Entonces esos interventores de regalías como supervisores visibles, tendrán que contarle a la opinión pública sobre el gasto de cada peso proveniente de regalías en ese departamento. Y así lo haremos en todo el país.

Para evitar el derroche, que es otra forma de corrupción, hemos venido trabajando para que los departamentos que perciben regalías, en su autonomía, acepten comprometer esas regalías como contragarantías que apoyen créditos gestionados por la Nación ante los organismos internacionales, para hacer desarrollos de agua potable y saneamiento básico.

Ya hemos logrado los primeros acuerdos en los departamentos del Magdalena, el Cesar y La Guajira, y vamos a procurar hacerlo en todo el país.

En una visita reciente que le hice al Contralor, me manifestó una preocupación por las gerencias de esos proyectos, e inmediatamente el Ministerio competente tomó las acciones para que tengan magníficas gerencias.

Y para evitar el derroche y garantizar transparencia y que esos recursos sirvan a futuro, vamos a proponerle al Congreso de la República un ahorro forzoso en regalías, importante: que las entidades territoriales acepten llevar un porcentaje de regalías a una cuenta de ahorros.

Que debe funcionar como un fondo de desarrollo regional, administrado por una entidad seria, que es la Financiera Territorial, que es un banco de segundo piso. Colombia, y me da pena decirlo por el ejemplo de mi comarca, tiene en esa tierra, en Antioquia, un gran ejemplo: es un departamento con una mínima percepción de regalías, con muy poca tierra arable, tiene dos fortalezas: sus empresas públicas manejadas con un historial de transparencia, y un fondo de desarrollo que creó en los años 60, que hoy tiene alrededor de 300 mil millones de pesos de patrimonio, y le ha dado suficiencia financiera para ser la entidad crediticia de los 125 municipios de ese departamento.

Queremos hacer algo parecido en cada departamento y en cada municipio que tenga regalías. Un ahorro forzoso, que opere como un fondo de desarrollo territorial. No un despojo. Por ejemplo, lo que ahorre Arauca, que esté en Findeter, será de propiedad de Arauca. Pero sometido a unas reglamentaciones severas, a la vigilancia de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Oficina Anticorrupción de la Vicepresidencia de la República, cuyo titular nos acompaña, sin que pueda ser banco de primer piso. Operará para proyectos estratégicos que se deban financiar en esa jurisdicción como banco de segundo piso.

Tarea fundamental en la lucha contra la corrupción es la información. Hemos avanzado mucho. Colombia es un país de cifras creíbles. Yo diría que la causa de ello es la independencia entre instituciones y la madurez de la opinión pública en esa materia. Pero todavía nos hace falta avanzar muchísimo en información.

No puedo dejar de hacer una mención a la OEA y al Programa de Desmovilización y Reinserción. Primero, para decirle al doctor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, nuestra gratitud, por el apoyo de la OEA a este proceso, y para decirle que el Gobierno no tiene sino un propósito, que es conducirlo con transparencia.

Doctor Insulza, reinsertados que cumplan, tienen todo el apoyo del Gobierno. Reinsertados que reincidan, la persecución severa, imparcial de la Fuerza Pública. Esa es nuestra sincera voluntad, puede haber errores pero jamás habrá defraudación. Es la manera que tenemos de corresponder a su confianza y a la confianza de la Organización de Estados Americanos.

Esta mañana me decía el Alcalde de Medellín, a raíz de unos comentarios míos sobre seguridad: “Presidente, tiene razón, porque el reinsertado que reincide comete dos delitos. Un delito contra el ordenamiento jurídico y otro delito contra la generosidad ciudadana que le permitió la desmovilización”.

Por supuesto que nos falta mucho. El país ha mejorado mucho en seguridad. Creo que eso en parte explica esta honrosa audiencia que ustedes han formado en Cartagena. Y una de las cosas que nos falta es eliminar elementos contraculturales, que nos han dejado tantos años de narcotráfico, corrupción y terrorismo.

Me sorprende mucho y déjenme confesarlo. Esta mañana lo dije públicamente en Medellín a raíz de dos crímenes recientes. Hemos tenido la tendencia a justificar primero el crimen, antes que reclamar la cumplida justicia.

Eso se volvió usanza en Colombia, que queremos derrotar, que cuando asesinan a alguien, como ocurrió recientemente en una parte, uno llame y diga: ¿qué pasó? Y dicen: es que era la mafia.

Lanzan una granada contra un establecimiento de comercio. ¿Qué paso? No. Es que el dueño debía un dinero.

Nosotros, ahora que estamos celebrando el centenario del nacimiento del ex presidente Alberto Lleras, tenemos que recordarlo en algún reclamo que él hacía. Decía el ex presidente Alberto Lleras que un gran error de la sociedad colombiana, era creer que había violencia buena y violencia mala. Toda es mala.

Nos quedan, doctor Insulza, remanentes de justicia privada. Los denuncié esta mañana en mi ciudad, donde ha habido unas oficinas de cobro, que son expresiones de justicia privada, y quise hacerlo de nuevo allí, para transmitirle a la Fuerza Pública, para transmitirle a la justicia, toda la voluntad del Gobierno, darles toda la confianza y todo el vigor en la tarea que tenemos de lograr una Colombia sin justicia privada.

Peor expresión de corrupción que la justicia privada, es imposible. En la lucha por la transparencia, la eliminación de la justicia privada, allí donde quedan remanentes, tiene que ser un gran objetivo.

El Gobierno piensa, y me gustó mucho también ese capítulo de la intervención del señor Contralor, que es obsoleta la discusión política para que los órganos de control sean del bolsillo del gobierno y del bolsillo de la oposición.

Ni lo uno ni lo otro. Los órganos de control en las democracias modernas tienen que ser independientes, técnicos, competentes, constructivos, autónomos.

Ni creo que son un escenario y un momento oportuno para plantear esto. El Gobierno no cree que le convenga a la democracia que los gobiernos tengan órganos de control que los presuma suyos, el Gobierno no cree que le convenga a la democracia que los órganos de control sean manipulados por la oposición. Ni manipulación del Gobierno ni manipulación de la oposición. Órganos de control constructivos, imparciales, técnicos, competentes, independientes, autónomos.

Señor contralor Antonio Hernández Gamarra, usted y su equipo se aproximan al final de la gestión, con la autoridad moral de la independencia con que usted ha procedido, que, como generosamente lo ha reconocido, nunca el Gobierno ha querido interferirla. Hemos debatido, hemos tenido puntos de vista diferentes sobre una materia, sobre otra, siempre con un gran respeto y con total honradez intelectual, como tiene que ser en la democracia, permítame felicitarlo por su gestión, agradecerle en nombre de todos los colombianos, que ha sido una gestión limpia, independiente, de aportes intelectuales.

Discutimos usted y yo muchas veces sobre un principio económico, sobre una reforma tributaria, y eso está bien. ¿Qué tal que no? Pero lo saludo hoy con admiración de patriota y con reconocimiento a su gestión.

Muy distinguidos integrantes de la comunidad internacional, ayúdennos en una lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de activos, contra la trata de personas, contra el terrorismo.

Miren lo que pasa en la frontera de algunos de sus países hermanos. Cuando se pensaba que el terrorismo podía concentrarse dentro de fronteras, la realidad hoy demuestra que frente al terrorismo corrupto y corruptor no hay fronteras. Por eso entre todos lo tenemos que derrotar.

Muchas gracias por haber honrado a Colombia con este seminario en Cartagena, y a todos muchos éxitos.