FORO “EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LAS REFORMAS PENDIENTES”
Marzo 29 de 2006 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Quiero agradecer inmensamente la invitación a este evento. Me releva el doctor Federico Rengifo (presidente de la Asociación de Fiduciarias de Colombia), de recordar ante los colombianos desde este evento la importancia de las fiducias. En efecto, él ha hecho una cita que me obliga a reiterar el compromiso, para honrar las responsabilidades del Gobierno frente al sector agrícola con la ley “Agro: ingreso seguro”, que debe empezarse a tramitar rápidamente en el Congreso.

Pero eso tiene un antecedente, doctor Federico. Varios.

No le voy a hablar de las tantas ocasiones en que hemos tenido que utilizar la fiducia, por ejemplo para superar los litigios que este Gobierno encontró con concesionarios y asociados del Estado. El último litigio que superamos fue antenoche, cuando firmamos el acuerdo de reforma total y de cambio total de los socios en la concesión del Atlántico, del ferrocarril del Atlántico.

Paso promisorio, porque se supera esa disputa, entran todos los carboneros del Cesar a ser socios de la concesionaria, salen los antiguos concesionarios, los nuevos asumen el compromiso de tener más o menos en tres meses construidos los intercambios del ferrocarril, para poder pasar de 22 a 40 millones, 44 millones de toneladas, en una primera etapa. Y más o menos entre los años 2008 y 2010, gracias a la segunda línea que se obligan a construir, que ese ferrocarril pueda pasar de las 22 millones de toneladas año que hoy transporta, a 66 y medio.

Todo eso va requiriendo fiducia. Yo mantengo dos medicinas en la vida moderna: la fiducia y las cooperativas. La fiducia para tantos problemas colombianos representa algo así como lo que representó la penicilina para sustituir las sulfas. Cuando las sulfas empezaron a ser totalmente inocuas, la receta de todo el mundo era la penicilina. Hoy para tantos problemas que enfrenta el Gobierno la receta tiene que ser las fiducias.

Eso que les propuse a los colombianos en lo del TLC, tiene también un antecedente inmediato. Ustedes saben que el país abrió las importaciones de trigo a comienzos de la década de los 90, y de cebada, que eso ha generado problemas inmensos, en Boyacá, en Nariño, que se empiezan a superar.

Ahora en el TLC nos obligamos a que el trigo entre en canasta, o sea que queda desgravado de inmediato. Y hemos asumido la obligación ante los trigueros nacionales de garantizarles, con patrimonios fiduciarios, la absorción de sus cosechas.

El año pasado para la ratificación en el Congreso del acuerdo CAN – MERCOSUR, el Gobierno presentó ante el Congreso una fiducia, donde los molineros depositaban en esa fiducia los instrumentos necesarios para garantizar la absorción de la cosecha de trigo.

El país consume más o menos millón 300 mil toneladas de trigo y no produce sino unas 70-90 mil. Pero esas 70-90 mil las produce en sectores sociales, casi de microfundio, en Yacuanquer, Nariño, y en algunas partes de Boyacá, que nos obligan a ser muy cumplidos en la compra, para lo cual ha habido que apelar a ese instrumento de credibilidad que es la fiducia. Y también incorporarlos en el proyecto de ley “Agro: ingreso seguro”, porque en el último tiempo no han requerido subsidio de precio, sino garantía de absorción. Pero en el momento en que requieran subsidio de precio, habrá que apelar a la otra fiducia, que permitirá garantizar la aplicación de la ley “Agro: ingreso seguro”.

Permítanme hablar del tema tributario, del tema de transferencias, de las reformas administrativas, de algunas ideas sobre formalización, y un tema que yo no sé por qué se está olvidando en la discusión colombiana hoy, que es la Seguridad Democrática, sin la cual nada de esto funciona.

En el tema de transferencias. Lo que ha ocurrido en este Gobierno, como efecto de las reformas tributarias, le da la razón a la reforma constitucional de transferencias que se adelantó en el Gobierno anterior, con la dirección del entonces ministro Juan Manuel Santos. Pero esa reforma deja de regir en el año 2008, y tenemos que definir con qué normas la vamos a sustituir. Y ojalá cuanto antes, porque a la inversión hay que darle reglas de juego con suficiente antelación, reglas de juego que construya confianza. Y confianza debe ser la palabra-fuerza en todas las reformas que se proponga adelantar el país.

¿Qué vemos nosotros en materia de transferencias? Si el país quiere lograr, y yo soy partidario de que lo logre, plenas coberturas en educación, salud y un gran avance en saneamiento básico en los próximos tres años, vamos a tener que hacer un aumento frente a lo que hoy hay en transferencias focalizadas, especialmente a educación y a salud, mientras se logran esas plenas coberturas. A partir de allí, eso vuelve a reducirse. Y así debería fijarse en la nueva ley que define esas reglas de transferencias.

Pero hay que hacer un gran esfuerzo en controles. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas dificultades para que departamentos y municipios dediquen la transferencia de saneamiento básico inicialmente a lo que tienen que dedicarla, que es a los subsidios.

Anteayer en Sucre encontrábamos que todavía la Alcaldía de Corozal no está cumpliendo con lo que manda la Ley 715. Estamos buscando implementar en todas esas zonas en donde hay tanta dificultad en el saneamiento básico, en el acueducto y en el alcantarillado, unos esquemas de operadores, que además nos ayuden a que se cumpla, por parte de los departamentos y por parte de los municipios, con la destinación indicada por la ley, eficiente y transparente, de estos recursos de transferencias. Controles.

Y se necesita ahí la coordinación con regalías. El tema de regalías es muy difícil. Porque yo escuchaba a distinguidos analistas proponer que parte de las regalías territoriales vengan a la Nación. Eso no tiene ninguna factibilidad política. Ningún departamento productor de regalías va a permitir que le quiten parte de sus regalías para la Nación. Nosotros tuvimos enormes dificultades en el Congreso que está terminando para dar un paso que lo pudimos dar: fue exigirle a los departamentos productores de regalías dedicar un porcentaje, que ya exige, para poder construir reservas de pensiones. ¿Cómo les pudimos convencer? Es para sus propias pensiones, no es para transferirle eso a la Nación.

La verdad es que el Gobierno que represento no cree que sea factible ni conveniente proponer transferencias de regalías de los departamentos y municipios a la Nación.

¿Qué creemos que se debe hacer? En las reglas de cofinanciación se debe ser más exigente con la cofinanciación local, en aquellos departamentos y municipios que tienen regalías. De hecho, ya lo venimos haciendo. Nosotros hemos logrado, como anticipo para lo que tiene que ser la cobertura universal de seguridad social en Colombia, la cobertura en salud universal en los estratos 1, 2 y 3 en seis departamentos. Son ellos Arauca y Casanare, Cesar y La Guajira, que tienen regalías, Huila, que tiene regalías, y Antioquia, que no tiene regalías.

Y a esos departamentos con regalías se les ha exigido, para poder lograra esa cobertura inmediata, una altísima cofinanciación.

Creemos que eso se debe generalizar en el país: una regla de cofinanciación selectiva, más exigente, frente a los departamentos y municipios que tienen regalías.

Y por supuesto, controles. Planeación Nacional ha hecho en este Gobierno el ejercicio de revisar todas las interventorías sobre las regalías territoriales. Creo que es un buen paso, pero no suficiente.

En mi concepto, el mejor control a la corrupción es la participación de la opinión. Todo lo que se pueda hacer en materia de facilitar investigaciones, de darle instrumentos a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, en materia de penas, está bien, no lo voy a discutir. Para mí lo más importante de todo es participación de opinión.

La experiencia de este Gobierno es buena en esa materia.

Mis compañeros de Gobierno no se atrevían a las conciliaciones en todas las concesiones viales. Casi todas estaban en pleito. De las concesiones viales nos falta un pleito por superar: el de Commsa, que hoy está en poder de dos amigables componedores, uno del Gobierno español, designado por Su Majestad y por el Presidente del Gobierno. Y otro componedor designado por el Gobierno de Colombia, que es el señor ex fiscal general de la Nación, el doctor Alfonso Gómez Méndez.

Puedo darles el parte a ustedes que todas las otras concesiones que estaban en pleito, se han superado los pleitos.

En ferrocarril ahora tenemos que superar lo del Ferrocarril del Pacífico. Todos esos contratos de asociación de Colombia Telecomunicaciones, que eran alrededor de 20 disputas, creo que nos falta por resolver una: la de Alcatel.

Los funcionarios tenían mucho temor. En el país había un gran temor y una gran desconfianza a la conciliación. Los funcionarios decían: mire, cualquier cosa que yo concilie, inmediatamente me van a perseguir con un juicio fiscal, me van a abrir una investigación en la Procuraduría. Y en la opinión ciudadana una gran suspicacia: toda conciliación era puesta bajo suspicacia. ¿Qué hicimos? Facilitar mecanismos de participación y opinión.

Entonces cuando empezaron estas conciliaciones, dijimos: hecho el acuerdo, no se perfecciona sino después de publicarlo durante un buen tiempo para que la opinión y los organismos de control lo conozcan. Y eso ha disipado motivos de suspicacia en la opinión y le ha dado confianza y ha hecho disipar motivos de temor a los funcionarios.

La participación de opinión en el esquema de regalías hay que desarrollarla.

Ahora por ejemplo en el Plan 2500 de pavimentos, que está en plena ejecución en el país, no solamente aplicamos unas normas de participación de opinión que introdujo este Gobierno desde el principio. Antes de entrar a vender pliegos para contratos, una etapa de pre-pliegos, que se publica ampliamente, que se somete a la discusión, lo acabamos de hacer en el aeropuerto Eldorado para la concesión.

La adjudicación en audiencias públicas. En el Plan 2500 exigimos que todos los proponentes entregaran dos sobres: un sobre con la propuesta técnica y jurídica y otro sobre con la económica. Primero se abrió en audiencia pública el sobre con la propuesta técnica y jurídica. Los que pasaron esos requisitos fueron seleccionados. A esos solamente se les abrió, sólo a ellos, se les abrió el sobre con la propuesta económica. Y se adjudicó al proponente con menor precio dentro de los seleccionados.

Y estamos en la tercera etapa, que la llamamos Contratistas Visibles. En los Consejos Comunitarios, periódicamente, tienen que dar la cara contratistas ejecutores e interventores, y por supuesto nosotros los funcionarios del Gobierno. Y entonces eso ha estimulado, pero de manera muy positiva y muy masiva, la fiscalización comunitaria sobre esos contratos.

Queremos hacer algo en el tema de regalías. Volver las regalías, en los departamentos que las reciben y en los municipios, totalmente visibles, y crear todos los mecanismos para el control ciudadano como elemento de eliminación de corrupción.

Las reformas tributarias. Ha sido muy difícil el tema para este Gobierno, porque nos encontrábamos ante una contradicción. Por un lado la necesidad de más recursos, por otro lado el temor a que esas tarifas le restaran competitividad a la economía colombiana. Por otro lado el temor de seguir afectando la inversión y el empleo.

La verdad es que hubo un incremento transitorio de tarifas, pero se matizó con los estímulos. El principio rector de esta tributación transitoria de este Gobierno ha sido: premiar al que crezca y gravar más al que no crezca.

Y en lugar de dar unos estímulos por lobby, los focalizamos para estimular ventajas potenciales del país. Estímulos, por ejemplo, al turismo, donde el país tiene una gran ventaja potencial. Y encontramos que había que acompañar la Seguridad Democrática, causa de incremento del turismo, de estímulos a los nuevos hoteles, a las empresas de turismo ecológico, a la renovación de viejos hoteles.

Estímulos a los combustibles biológicos, en lo cual el país tiene una gran posibilidad. A mí me decían los vallecaucanos hace cuatro años: con el actual marco tributario, el país no va a tener alcohol carburante.

Entonces le quitamos al alcohol carburante el impuesto global al combustible y el IVA, y hoy estamos produciendo un millón 50 mil litros diarios del alcohol carburante.

La exención tributaria transitoria a los cultivos de tardío rendimiento, que ayuda mucho en el caso de caucho, para la madera, para el cacao, para la palma africana, fuente del biodiesel, que va a tener el país biodiesel en poco tiempo. Y al biodisel también el mismo tratamiento del alcohol carburante. Y adicionalmente nos hemos comprometido a que la exportación de combustibles biológicos, en lo cual el país tiene todas las posibilidades, pueda tener tratamiento de zonas francas, lo que daría una tarifa del 15 por ciento.

Y yo creo que ha sido muy importante la deducción del 30 por ciento a las inversiones generadoras de renta. Sí, el año pasado con relación a las inversiones realizadas en el año 2004, eso le costó al fisco cerca de un billón, pero el recaudo creció un 15-17 por ciento.

El diagnóstico más pesimista del resultado de esa deducción, podría decir, gracias a esa deducción se anticiparon muchas inversiones que las empresas tenían programadas para períodos de tiempo más extenso.

Y también hay encuestas que muestran que esas exenciones fueron determinantes para que muchas empresas tomaran la decisión de hacer inversiones.

Yo pediría que se tenga en cuenta la necesidad, en la nueva reforma tributaria, de no darle el mismo tratamiento a los que crecen que a los que no crecen. Yo creo que hay que premiar a los que crecen. Me parece que eso es fundamental en una reforma tributaria.

Cuando la administración Reagan impuso la tesis de que había que reducir tarifas para estimular inversión, el resultado no fue tan promisorio como se esperaba. Porque cuando simplemente se reducen tarifas, sí, inicialmente hay una reacción muy favorable en el recaudo, pero no se ha comprobado todavía que haya un crecimiento sostenido en el tiempo, a partir de esa reforma, en materia de inversión.

Y cuando ese crecimiento no se da intenso y sostenido en el tiempo, entonces el recaudo, que aumenta en los primeros años, no sostiene la dinámica en los años subsiguientes.

Yo creo que ese es un elemento muy importante para tener en cuenta, y en lugar de pensar en un estímulo general, darle un tratamiento diferente, con estímulos, a aquel que crezca, y el tratamiento que se les da a aquellos que no crezcan.

Con el Ministro de Hacienda se ha hablado de la necesidad de que los principios inspiradores de esa reforma tributaria sean: una reforma tributaria que simplifique, que construya equidad, que permita financiar aspectos sociales necesarios del país, que cree competitividad y que tenga elementos que ayuden a formalizar la economía.

A algunas personas les he escuchado que el mecanismo más fácil para simplificar la tributación en Colombia, sería el sistema único de impuesto al ingreso, con una tarifa relativamente plana, eliminando los otros impuestos.

Cuando uno pregunta cómo funciona en otras partes, funciona bien, han simplificado mucho, pero son países que habían construido una gran igualdad en la distribución del ingreso. Yo temo, no obstante que se empieza a oír correctivos que tendría en Colombia, que esa pudiera ser la gran objeción en nuestro país.

Es muy importante que los grupos de estudio examinen esas alternativas, examinen cuál es el mejor camino para que Colombia simplifique, pero teniendo en cuenta que tiene que acompañar la simplificación de la equidad distributiva.

En el tema de la tarifa de renta el país tiene que asumir el compromiso político de premiar el crecimiento. Yo escuchaba al doctor Santiago Pardo la tesis de que las reformas tributarias tienen que ser focalizadas a crecer. Yo lo comparto plenamente.

La deducción esa del 30 por ciento y los estímulos focalizados que ha introducido este Gobierno han producido muy buenos resultados. Hay que ver el crecimiento en las siembras de palma africana, cómo empieza a despegar lo de cacao, cómo empieza a despegar lo de caucho, etcétera. Creo que hay que perderle el miedo a esos estímulos.

Para la reducción de la tarifa de renta, mi sugerencia respetuosa es la siguiente: pensemos en dos escalas, que nos permitan mantener estímulos. Por ejemplo: tener una tarifa general más baja que la que hay, pero en un nivel no tan bajo, que nos permita adicionalmente mantener la deducción tributaria por inversiones generadoras de renta.

Esa sería mi propuesta. En lugar de que no haya sino una tarifa general hasta tanto nivel, que tengamos una tarifa general más baja que la actual, más alta que la pensada, y que adicionalmente a eso tengamos la deducción para inversiones.

Repito el argumento: si bien cuando se hacen esas rebajas tarifarias aumentan los recaudos, ese aumento no es sostenido en el tiempo si no va acompañado de una gran dinámica de inversión. Y para la dinámica de inversión es mucho más importante el tratamiento diferencial al que crece, frente al que no crece, que simplemente la tarifa baja para todo el mundo. Esa sería una sugerencia en renta.
En cuanto al IVA, el IVA hay que mirarlo en asocio con el 4 por Mil. Y hay que preguntarse qué es más impopular: ¿el IVA general o el 4 por Mil?

Ahora, este es un problema no solamente de economía. Es un problema de economía política. Y el tema de economía política no es un tema de coyuntura electoral, sino de legitimidad del sistema y de no crearle fisuras a la sociedad colombiana.

La economía política nos obliga a pensar que temas como el tributario no polaricen las sociedades. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se propone, porque nada ganamos con unas propuestas que simplemente polaricen la sociedad colombiana. Eso puede hacer unos daños profundos.

Lo primero que necesita la economía política para su factibilidad, es una gran legitimación a las instituciones y a la normatividad. Y a eso se oponen las propuestas polarizantes.

Creo que al principio del Gobierno se hizo una cosa buena, que fue lo del 2 por ciento. Muchos lo criticaban. Decían: eso no lo va a manejar nadie, tanta tarifa, etcétera.

Pero yo creo que eso estaba llamado, más que a aumentar el recaudo, a aumentar la responsabilidad de todos los colombianos con el fisco, a abrir caminos de formalización.

Por eso cuando se estudie ampliación alguna de la base, hay que tener mucho cuidado en no hacer propuestas polarizantes, en tener en cuenta la factibilidad política, que dependerá de la aceptación social, y en tener en cuenta el tema tarifario.

Y la verdad es que eso tiene complicaciones. Porque yo les pregunto al Ministro de Hacienda y al Director de Impuestos: bueno, este Gobierno pasó de gravar el 37 por ciento de los bienes y servicios, a gravar con IVA hoy el 53. ¿Qué sigue? ¿Entonces siguen los medicamentos, la canasta básica, los servicios públicos, etcétera?

Yo, por ejemplo, he dicho: uno no puede pensar en una coyuntura de ajustes de tarifas servicios públicos y encimarle a la gente el IVA. Eso es excluyente.

Este Gobierno ha tenido que hacer un gran esfuerzo administrativo y tarifario para salvar las electrificadoras. ¿Qué tal que a eso le hubiera sumado el IVA de los servicios públicos?

Por eso yo pediría en eso tener todo, todo el cuidado. Yo prefiero una cosa pequeñita que formalice la economía y que aumente responsabilidades con los colombianos, que una propuesta desmesurada, polarizante.

El 4 por Mil. En la discusión hay que llevar lo uno con lo otro. La ley tributaria dispone que el punto adicional que introdujo este Gobierno es transitorio, y debe ser transitorio.

Yo creo que debe eliminarse en la fecha prevista por la ley, y quedaríamos en el 3.
Se están estudiando varias alternativas. Hay que ser muy cuidadoso, porque uno pudiera proponer hoy varias fórmulas. O eliminarlo, así sea gradualmente.

Si se propone eliminarlo gradualmente hay que asumir la responsabilidad de decir cómo lo vamos a compensar.

Porque lo dijo muy bien el doctor Federico: el año pasado nosotros logramos equilibro fiscal, pero no obstante todos los esfuerzos, en el Gobierno Nacional central el déficit todavía es del 4,9.

Y no obstante que hemos reducido el endeudamiento de la Nación del 53 al 43, hay que llegar al 30, para poder tener en el tiempo la garantía de un acceso a tasas de interés razonables, como las que empieza a lograr el país.

Uno pudiera decir: vamos a deducirlo en su totalidad. ¿Qué me preocupa de la deducibilidad? Que no construye equidad, porque entonces se le va a deducir a los declarantes y contribuyentes de renta. Los sectores populares que pagan IVA no van a tener el beneficio de la deducibilidad.

A mí no me gusta, menos en presencia de un auditorio de expertos como ustedes, llegar aquí a hablar en ex cátedra. Simplemente son reflexiones para estudiar opciones. Yo creo que aquí no debemos proceder con dogmatismo. Estar estudiando una u otra opción. Yo le encuentro ese inconveniente a la deducibilidad, que no es equitativa, porque al incorporar la deducibilidad se le deduce a los sectores contribuyentes, pero no trae alivio para los sectores no contribuyentes, que son los más pobres y que sí lo pagan.

He encontrado una opción. Anoche, por ejemplo, con la Asociación Bancaria veíamos cosas buenas.

Muchachos de la prensa, tómenles estas cifras al Presidente. No, al… ¿Captaron? Allá afuera les hablo del otro tema.

En este Gobierno hemos crecido enormemente la cartera de microcrédito. Cuando empezó el Gobierno ese stock de cartera estaba es 732 mil millones. En diciembre estaba en 2 billones 970 mil millones.

Lo que me ha sorprendido gratamente es esto: nuevos deudores de microcrédito, personas que por primera vez en este Gobierno han accedido a un microcrédito (y aquí no contabilizo lo que ha pasado en fundaciones, lo que ha ocurrido en ONG’s, en cooperativas, sino en el sector de la Asociación Bancaria): 274.185 colombianos han accedido en este Gobierno, a través de la banca vigilada, por primera vez a obtener un microcrédito.

Eso es bueno. Como es muy buena la participación de la pymes en la cartera comercial. En el año 2002 las pymes participaban en el 10,8 del total de la cartera comercial. En diciembre del 2005 ya participaban en el 29,1.

Como es muy importante el crecimiento de los tarjeta habientes, tanto de crédito como de débito. En febrero de 2002 Colombia tenía 2 millones de tarjeta habientes de crédito. En febrero de 2006, 3 millones y medio. Yo creo que ahí hay un gran crecimiento.

En tarjetas de débito: en febrero de 2002 Colombia tenía 7 millones 900 mil tarjeta habientes. En febrero de 2006, 11 millones y medio.

No nos aparecía en el año de 2004 colombianos con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos que tuvieran tarjeta de crédito. Ahora aparecen 55 mil. Eso es importante.
¿ Entonces qué encontramos? Que hay una tendencia a bancarizarse, pero incipiente, que debemos estimular. Y uno se imagina que para un tarjeta habiente de pocos ingresos, el 4 por Mil es una carga muy pesada que lo desmotiva. Me dicen: bueno, está parcialmente eximido. Si el pago con la tarjeta débito se hace contra una cuenta de ahorros vinculada a vivienda no superior a 4 millones 200 mil pesos, ahí no tiene que pagar el 4 por Mil. Si se hace contra una cuenta diferente, sí lo tiene que pagar.

Yo pediría pensar en esta opción: eliminemos el 4 por Mil para los pagos que se hagan con tarjeta de débito. ¿Qué bueno le veo? Trae un alivio con equidad social y ayuda a bancarizar la economía. Yo creo que podría ser un camino de formalización.

Como un camino de formalización el tributario, sin pensar necesariamente en mayores recaudos ni en tarifas polarizantes, sino en mayor responsabilidad de los colombianos con el fisco.

Quería proponerles eso. Estudiando el tema con el Ministro de Hacienda, decimos: bueno, pero lo importante es que ese pago con tarjeta de débito se le quite el 4 por Mil cuando el tarjeta habiente es de los sectores medios y populares.

Ese es el ideal. Busquémoslo. Pero yo creo que allí habría un estímulo a la bancarización, un alivio y un paso socialmente importante: quitar el 4 por Mil de manera selectiva a sectores medios y populares que paguen con tarjeta de débito. No lo propongo ex cátedra. Lo propongo como una opción para estudiarla. Si no sirve, la descartamos y seguimos mirando otras. Porque lo que necesita el país que no nos afinquemos en posiciones, sino que todos tengamos flexibilidad para mirar opciones.

Uno de los problemas que yo le he visto a Colombia es que, sobre todo en épocas políticas, que todo hay que ponerlo en blanco o negro, y radicalizamos mucho posiciones y entonces perdemos la necesaria flexibilidad que se requiere para estar examinando opciones.

De ahí viene el tema territorial. Los departamentos y los municipios están pidiendo las posibilidades de nuevos tributos. Yo quiero hacer una referencia. Primero, se han aliviado muchísimo: pasaron de un déficit del 1 por ciento del PIB en el 2000, a un superávit del 1 por ciento del PIB el año pasado. Han reducido enormemente el endeudamiento. Claro que tenemos el problema de que todavía hay 250 municipios en Ley 550 y hay unos departamentos en lo mismo.

La situación general ha mejorado mucho, pero todavía hay unos casos particulares dramáticos. Por ejemplo, Bogotá en este Gobierno ha crecido sus recaudos entre el 12 y el 16 por ciento. A todo eso ha contribuido el mejoramiento de la economía, ha contribuido la nueva sobretasa territorial para combustibles y ha contribuido la sesión que hizo la Nación a las entidades territoriales del IVA a los licores extranjeros.

Yo diría que un una época en la cual el país tiene que pensar en su competitividad, los departamentos y municipios nos tienen que ayudar con su comprensión. Porque si creamos un sistema tributario nacional más competitivo, no podemos crear el riesgo de que por la vía departamental y municipal se ahuyente la inversión.

En Bogotá han hecho una propuesta que a mí me parece interesante: darles por lo menos la facultad de un gravamen o de una tasa para efectos ambientales. Yo creo que alguna opción tenemos que estudiar allí. Menciono a título de ejemplo esta de Bogotá, que me parece que haría bien y no le crearía riesgo a la inversión.
Estamos buscando soluciones no necesariamente tributarias a las entidades territoriales. Por ejemplo, el próximo gobierno, cualquiera que él sea, se tiene que dedicar a empezar las vías nacionales de competitividad.

Nosotros en el Plan 2500, hoy en ejecución, tenemos mucha vía departamental. Por eso en los departamentos cuando los visito para el control que se llama Contratistas Visibles, los alcaldes me dicen: bueno, Presidente, muchas gracias por tal vía, pero faltó tal otra, tal otra, tal otra. Yo les he contestado: miren, ahí se tienen que preparar para que el Gobierno Nacional no siga pavimentando vías departamentales.

¿Entonces cómo lo vamos a hacer? Les he propuesto esto: tampoco podemos cometer el error de que los departamentos se desboquen imponiendo tributos, porque afectamos la confianza inversionista. Les he propuesto: por qué no planteamos que la Nación gestione un crédito de mil millones de dólares con los bancos multilaterales, lo avalé, lo ejecuten los departamentos en vías departamentales, crédito a 20 años, hoy las tasas de interés han tenido una tendencia de mejoramiento para Colombia, y a medida que los departamentos lo vayan ejecutando y pagando, desde que acrediten cumplimiento en el pago y cumplimiento en la ejecución, la Nación les puede ir reciclando ese crédito.

A medida que amorticen una partida, se les consigue un crédito compensatorio por la misma partida. Y así se mantendría un fondo financiero rotatorio para vías departamentales, apoyado y gestionado por la Nación. Hay que buscar esas opciones.

Por ejemplo, yo voy a ir el viernes nuevamente a la conferencia de Gobernadores. Y ahí va a aparecer la necesidad, que ellos siempre reclaman, de más ingresos para los departamentos y municipios. Y eso hay que manejarlo con mucho cuidado para que no nos afecte lo que queremos hacer en la tributación nacional, para mayor confianza inversionista.

Y los municipios dicen: no tenemos manera de sostener las vías terciarias, las tiene que sostener la Nación. Y la Nación tiene enormes dificultades. Entonces los municipios piden un IVA municipal de gaseosas. Nosotros les hemos dicho: cuidado.

¿Entonces qué les hemos propuesto? Vamos a invertir todos los aportes de la Nación para vías terciarias directamente con los municipios, pero asociativamente. Asóciense, para invertirlos con ustedes. Cuando se asocian, el uno controla al vecino, y así se evitan razones de suspicacia.

En el tema de la reforma financiera, a la cual ustedes se van a referir, creo que hay aspectos importantes. El Tratado de Libre Comercio permite la participación de la banca de los Estados Unidos aquí, sin todas las formalidades de sucursal pero sí con el capital garantía. Yo creo que ahí hay responsabilidad y flexibilización. Eso tiene que ayudarle mucho a la economía colombiana.

Segundo, me parece que el aspecto político, que hay que pensar en una reforma financiera, es cómo legitimar el sector financiero ante el pueblo colombiano. Porque se ha recuperado mucho el sector financiero, pero ahora hay que entrar en la nueva etapa: que en el pueblo colombiano no haya odio contra el sector financiero sino afecto. Es lo único que garantiza la sostenibilidad de un sector financiero sólido, y que evita que los gobiernos, aupados, presionados por el problema de sectores de opinión, hagan intervenciones indebidas en el sector financiero.

Me parece muy importante buscar los mecanismos de masificación del crédito social. Por eso aspiramos, como un desglose del Banco Cafetero, crear el Banco de las Oportunidades y la amnistía para reportados.

Esa amnistía para los reportados es muy controversial, pero es necesaria. Una cosa es la amnistía al moroso, otra cosa es al reportado.

Por ejemplo, aquí me llegan una serie de informaciones de colombianos en el extranjero: se tuvieron que ir del país por la crisis, ya pagaron y no han podido acceder nuevamente al crédito. Yo creo que hay que buscar un compromiso para que aquellos colombianos que ya pagaron puedan recuperar de inmediato su condición de sujetos del crédito. Y que los bancos se comprometan a que la circunstancia de estar reportado después de haber pagado, y eso cortado en una fecha anterior, no se convierta en un obstáculo para acceder al crédito.

Es muy difícil legitimar una política económica y una recuperación del sector financiero, cuando en todas partes le están reclamando a uno porque todavía no se ha remontado ese obstáculo, en un país donde hay un discurso que dice: ¿cómo es que Colombia se gastó tantos billones en la recuperación del sector financiero, cómo es que Colombia les perdona a los paramilitares, les perdona a los guerrilleros, cómo es que Colombia nos invita a invertir para ser competitivos en el TLC, y no nos da esta oportunidad? Yo creo que hay que buscarla.

Y finalmente quiero referirme al tema de la seguridad. Miren, por ejemplo, todo eso de concesiones, a lo cual se refería el doctor Federico, se ha logrado recuperar gracias a un incremento del tráfico. Y esos incrementos del tráfico nos han permitido lograr transacciones para superar esos pleitos con los concesionarios. Y eso se debe a la seguridad.

Yo creo que el país va a tener que hacer unos esfuerzos adicionales en materia de seguridad. ¿Cuál es mi propuesta? Nosotros no podemos poner a competir los recursos sociales con los recursos de seguridad. Hay que llevar de la mano lo uno con lo otro.

Yo creo que el país tiene que pensar en un esfuerzo de los sectores más pudientes, por una sola vez, para completar la tarea de seguridad y producir el efecto social y político de que los recursos de seguridad no compitan con los recursos de inversión social.

Y eso nos facilita la pedagogía, porque Colombia históricamente ha hecho ver la política de seguridad como una política que va en contravía de la política social. En todas partes yo oigo mucho el discurso: Uribe es guerra y no es inversión social. Y eso es sumamente grave para legitimar en Colombia una política de Seguridad Democrática.

Por eso mi invitación a los sectores más pudientes es que pensemos en que hagan un aporte, por una sola vez, para tener unos ingresos que nos permitan hacer el esfuerzo que requiere todavía la seguridad, en la parte de tecnología, en la parte de transporte, para que esos recursos no compitan con los recursos sociales.

Muchas gracias.