ALOCUCIÓN
PRESIDENCIAL
Septiembre 10 de
2006 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Debo ocupar el tiempo
de ustedes, esta noche, para referirme a las noticias
sobre hechos de orden público gravísimos
para el país.
El hecho que nos
ocupa es, la noticia de la eventual participación
de militares en atentados terroristas, cometidos o
frustrados, antes del 7 de agosto.
Acabamos de terminar
una nueva reunión del consejo
de seguridad y de acuerdo con la información final
del Fiscal General de la Nación, el hecho aún
no está probado.
¿En que contexto se han dado las situaciones
de orden público este año? El país
ha vivido un proceso electoral, uno de los más
amenazados de la historia y también uno de los
más pacíficos.
Nos aproximamos
al 7 de agosto con mucho temor, el temor causado por
el recuerdo de los sucesos violentos de hace
4 años, en la tarde del 7 de agosto cuando se
hacia la transferencia presidencial.
La amenaza al proceso
electoral, la amenaza al 20 de julio, al 7 de agosto,
el recuero de los hechos violentos
de hace 4 años, llevó al Gobierno, a la
Fuerza Pública a extremar medidas, a extremar
controles, a extremar coordinaciones. No en vano.
¿Cuál ha sido la secuencia de los hechos
considerados en la noticia? La Policía de Bogotá recibió una
información, el general Jorge Daniel Castro Castro,
comandante de la Policía, la recibió posteriormente
como noticia y se trasladó al conocimiento de
la Fiscalía General de la Nación.
El pasado jueves,
antes de las 4 de la tarde, 7de septiembre, el Ministro
de la Defensa Nacional me informó sobre
una reunión que había sostenido horas antes,
con el Vicefiscal General de la Nación, en la
cual él le daba cuenta de la investigación
sobre presuntos graves hechos relacionados en la noticia.
Mi reacción fue: Ministro, nuestra práctica
es decir la verdad. Cuéntenle al país la
verdad y vamos a buscar cómo ayudamos a la justicia
a esclarecer los hechos.
Convocamos un consejo
de seguridad que empezó el
viernes 8 de septiembre, a las 2 de la tarde, duró más
de ocho horas, amplísimo, con la participación
del Vicefiscal, con la participación del Fiscal
Jefe de al Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía.
En ese consejo de seguridad examinamos temas sobre hechos,
responsabilidades y también sobre la eventualidad
de asignación de responsabilidad política.
¿Qué encontramos? La Fiscalía General
de la Nación le había contado, informalmente,
sobre el hecho, al viceministro Hernán Sanín.
Rumores de estos suelen presentarse con muchísima
frecuencia. El Viceministro compartió la información,
casual, de rumores, con el Ministro, lo que conoció el
Ministro y también el Almirante Moreno, Jefe de
Estado Mayor Conjunto, fueron rumores.
¿En qué momento el Ministro de la Defensa
conoce sobre la investigación y la presunta gravedad?
Solamente el día jueves de la semana anterior,
7 de septiembre y ese mismo día lo comunica al
Presidente de la República, a la opinión
ciudadana y emprendemos nuestro aporte a la investigación.
El general Mario
Montoya, comandante del Ejército
y el general Fredy Padilla de León, comandante
General de las Fuerzas, en ese consejo de seguridad afirmaron
de manera contundente lo que han repetido en el día
de hoy: que ellos no conocían sobre la investigación,
que apenas se informaron el día jueves. Esto,
que lo dijeron en presencia, primero del Vicefiscal General
de la Nación y hoy en presencia del Fiscal General
de la Nación, es un elemento muy importante que
el Gobierno tiene que tener en cuenta para asignar o
para no asignar responsabilidades políticas.
No he vacilado,
en ocasiones anteriores, en asignar con toda firmeza
responsabilidades políticas.
Incluso, se me ha acusado de ser el Presidente que ha
llamado a calificar servicios a mayor número de
generales de la República. ¿Por qué no
lo hago en esta ocasión? Porque no hemos encontrado
mérito para poder hacer la asignación de
responsabilidades políticas.
¿Qué mas encontramos en ese consejo de
seguridad? Encontramos la filtración de una investigación
judicial, la filtración ilegal con grave riesgo
de frustrar la investigación. Lo menos que pasa
en una filtración, es que la noticia de la filtración
previene a las personas presuntamente involucradas y
ellas toman todas las precauciones para impedir la práctica
de las pruebas. He recibido la queja de la Fiscalía
General y de la Policía Judicial sobre el daño
que esa filtración puede causar al avance de la
investigación.
En cuanto a la investigación, en un país
democrático como Colombia donde todos respetamos
la libertad de prensa, queda imposible al Presidente
de la República llamar la atención de los
medios. Pero en la filtración participa el órgano
investigativo o el funcionario investigativo que conoce
o lleva la investigación y el periodista que presiona
por la filtración. Eso está haciendo muchísimo
daño. ¿Por qué?, porque está afectando
el avance de las investigaciones y eso puede conducir
a que se prefiera la espectacularidad de la noticia,
que la claridad concluyente de la investigación.
Hemos llamado la
atención a los investigadores
de las Fuerzas del Estado para que no haya filtraciones,
para que se limiten a cumplir su deber, de poner en conocimiento
de la Fiscalía los hechos delictuales o presuntamente
delictuales que conozcan y adelantar las investigaciones
que les sean encomendadas por la Fiscalía.
En esto de la filtración, cabría el símil
de la frase bíblica, en la relación entre
el periodista y el investigador: “tan grave pagar
por la peca, como pecar por la paga”. El país
tiene que hacer una reflexión en esa materia y
los organismos de investigación que dependen del
Gobierno, tienen que tomar una decisión categórica
de no seguir afectando investigaciones con filtraciones.
Quiero referirme a algunos detalles que fueron apareciendo
en ese consejo de seguridad.
Primero: el Vicefiscal
General de la Nación y
el Fiscal Director de la Unidad de Antiterrorismo –allí presentes-
expresaron que no habían encontrado méritos,
todavía, para vincular los militares aludidos.
Esa misma noche, el Fiscal General de la Nación
lo dijo al país y es lo que nos han repetido en
el día de hoy.
Ayer, cuando terminó el Consejo Comunitario en
Medellín sobre el SENA, regresé a Bogotá y
trabajamos hasta horas bien avanzadas de la noche con
los investigadores de las diferentes Fuerzas. Hoy hemos
trabajado todo el día y se hizo la última
sesión a partir de las 4:00 de la tarde. En ella
intervinieron el Fiscal General, los fiscales investigadores
y agradezco la participación del Procurador General
de la Nación. Y el Fiscal General de la Nación
repitió esta noche, lo que nos dijo el viernes
en la noche: que no tiene, en el estado actual de la
investigación, mérito para vincular al
proceso a los militares mencionados ni para llamarlos
a una versión.
Quiero contar que
en estas largas horas hemos preguntado por el número de militares mencionados y la respuesta
que hemos obtenido de la Fiscalía y de la Policía
Judicial es que la investigación, en la mención,
apenas refiere a dos militares, no a cuatro. Es grave,
así fueran dos, pero es muy importante hacer esta
precisión.
Me preocupó, en el curso de nuestras indagaciones,
encontrar la noche anterior, que los militares aludidos
no habían sido escuchados por la Fiscalía
ni tampoco habían sido escuchados en el procedimiento
disciplinario que simultáneamente debe adelantar
la Fuerza Pública. Me hice esta reflexión:
están condenados ante la opinión pública
y no han sido escuchados. Eso me parece grave. Me parece
que es una violación del derecho de defensa.
¿Qué ha dicho la Fiscalía? La Fiscalía
dice que no ha encontrado mérito para vincularlos
ni para escucharlos. Pedí, sí, a las Fuerzas
Militares que fueran escuchados en procedimiento administrativo.
Apenas se hizo a partir de las primeras horas de la noche
del día de ayer.
En este proceso
aparece una señora a quien se
conoce con el nombre de ‘Jessica’. Esa persona
fue detenida por la Fiscalía General de la Nación
el pasado viernes. El informe que he obtenido de esta
señora es que durante los últimos tres
años ha cooperado con varias entidades del Estado.
Hay un punto importante:
hasta el momento, las autoridades de investigación no tienen comprobado que los
militares aludidos hubieran conocido la participación
de la señora ‘Jessica’ en el atentado
que costó la vida a un conciudadano reciclador
de Bogotá y que dejó heridos a 18 soldados.
Más que preguntar si ‘Jessica’ participó o
no en ese atentado, he preguntado si los militares aludidos
conocían de la posible participación de ‘Jessica’ en
ese atentado. Porque hay una gran diferencia, para el
curso de la investigación, entre que ellos hubieran
conocido o no hubieran conocido que esta señora,
cooperante de la Fuerza Pública, hubiera participado
en ese atentado. La respuesta que he recibido es que,
hasta el momento, no hay prueba para poder decir que
los oficiales mencionados hubieran sabido que esta señora
participó en el atentado.
Hay una serie de
detalles que voy a omitir, pero que los hemos estado
estudiando, sin ser nosotros las autoridades
competentes para la investigación, pero teniendo
especialmente yo, la responsabilidad del orden público
en el país, que los hemos estado estudiando alrededor
de esta pregunta: ¿las acciones de los militares
aludidos fueron acciones de un procedimiento de inteligencia
para proteger a la ciudadanía o fueron acciones
delictuales?
En la inteligencia
en el mundo entero, esa pregunta es pertinente. La
respuesta que tenemos hasta este momento
es, de parte de las autoridades investigativas, que los
militares aludidos aún no se les ha comprobado
que estuvieran incurriendo en acciones criminales. Que
hasta ahora lo que hay, es que se encontraban en un procedimiento
de inteligencia para proteger a la ciudadanía.
Por ejemplo, se
han citado unas grabaciones donde alguien dice que ‘instalen otro carro, pero que no estalle’.
Pregunté si en esas grabaciones participaba alguno
de los militares, me dicen que las pruebas recaudadas
hasta ahora no permiten a las autoridades de investigación
decir que hubo participación de los militares,
probada en esas grabaciones.
Y los militares
lo que han dicho, a partir de anoche, cuando empezó a escuchárseles
en procedimiento administrativo, es que estaban adelantando
un procedimiento
de inteligencia para evitar atentados terroristas.
Miremos el caso
de la recompensa. Hablemos de las recompensas en el
caso particular y hablemos de las recompensas como
una política general o como un eslabón
muy importante de nuestra política de orden público.
En el caso de los
atentados de Bogotá, el Comando
General de las Fuerzas Militares pagó 7 millones
y medio de recompensas a informantes. Hubo un pago de
5 millones y otro pago de 2 millones y medio.
Las pruebas que
han recaudado hasta ahora los organismos competentes
dicen, que no hay una sola evidencia para
pensar que los militares aludidos participaron como beneficiarios
de las recompensas. El Comando General ha dicho a quién
se las pagó, cómo las pagó y que
además tiene los comprobantes de recibo.
El tamaño, la cuantía de las recompensas
y la falta de pruebas de que hubieran sido desviadas,
nos permite decir que hasta el momento no hay prueba
que evidencie un móvil económico para presumibles
delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública.
Y ahora entro a
hablar de la política general
de recompensas.
Colombia es un Estado
Social de Derecho, donde cada ciudadano tiene que proceder
con solidaridad, así lo
determina nuestra Constitución. En virtud de ese
principio constitucional y de otras normas en el nivel
constitucional y en el nivel legal, todo ciudadano está obligado
a denunciar, a cooperar con las instituciones de la República
para el bienestar de todos sus compatriotas.
De acuerdo con esto,
no tendríamos que pagar
recompensas. La colaboración ciudadana con las
instituciones del Estado es algo que tendría que
hacerse siempre sin recompensas. ¿Por qué hemos
pagado recompensas? Porque la situación del país
nos ha obligado a hacerlo, porque el grado de desconfianza
que encontramos frente a las instituciones, el grado
de indiferencia ciudadana, nos ha llevado también
a utilizar este instrumento para romper esa indiferencia.
Durante estos cuatro
largos años, hemos practicado
una figura que se llama Lunes de Recompensa. Instruí,
hace cuatro años, al principio del anterior gobierno,
a la Fuerza Pública para que todos los lunes se
pagaran recompensas a personas que con su información
contribuyeran a esclarecer delitos, a evitar delitos,
a capturar delincuentes.
Hay una circular
que define la manera como procede el pago de esas recompensas. ¿Qué hemos encontrado?
A lo largo de estos cuatro años, las recompensas
han sido útiles. Hay muchísimos casos que
pudiera enumerar, por ejemplo, en un atentado que nos
conmovió recientemente, esa misma noche dije al
país a través de los medios, que el Gobierno
ofrecía una recompensa hasta de mil millones a
los ciudadanos que con su información ayudaran
a la captura de los autores materiales e intelectuales
de ese caso. Quien ha sido el líder de esa investigación,
el general de la Policía, Óscar Naranjo,
me decía hoy que esa recompensa fue útil
y que van a tener que utilizar alguna parte de esa suma
ofrecida.
He recibido muy
pocas quejas de recompensas. Mi recorrido por todo
el país, periódico, buscando mejorar
la seguridad, indica que las recompensas se han pagado
bien y han sido de inmensa utilidad.
Voy a abstenerme de enumerar casos recientes en los
cuales las recompensas han sido de gran utilidad para
derrotar la impunidad.
Y quiero dar tranquilidad
sobre lo siguiente: Colombia es un país con controles y con auditoria. Aquí los
gastos reservados de todas las Fuerzas, son gastos que
tienen que ser auditados.
Por ejemplo, hace
pocas semanas me reuní con
el Contralor saliente, Antonio Hernández Gamarra,
en un proceso de trabajo con él durante los cuatro
años, encintramos que en el cuatrienio, las entidades
del Estado cuya fue fenecida por la Contraloría,
pasaron del 36 al 72 por ciento, muchas mejoraron calificaciones.
Ahora el propósito es llegar al ciento por ciento,
lograr el fenecimiento en las 57 entidades que aun no
lo tienen.
Y he encontrado
que la Armada ha logrado un gran avance en materia
de fenecimiento. En la Policía también
hay avances muy importantes. Una de las 57 entidades
que todavía no tiene fenecimiento es el Ejército,
está en proceso de obtenerlo, el informe que recibí esta
tarde es que los gastos reservados del Ejército
también están sometidos al proceso de auditaje.
Y en el DAS se ha avanzado muchísimo en fenecimiento
y en auditaje.
El país puede tener confianza de la política
de recompensas, de la manera como se auditan esos gastos
en Colombia y todos ustedes, compatriotas, pueden tener
la certeza que en el evento de presentarse errores en
materia de pago de recompensas, el Gobierno será el
primero en reconocerlos y en buscar correctivos.
He practicado los
consejos de seguridad en las regiones. ¿Por
qué? Porque es muy importante que sobre la situación
de seguridad no solamente dialoguemos los altos mandos
radicados en Bogotá, el Ministro de la Defensa
y yo, sino que incorporemos a los comandantes regionales,
en la búsqueda de que la política de seguridad
permee desde el Presidente de la República hasta
el soldado de más reciente incorporación,
hasta el más joven de los policías.
Y en esas regiones
y aquí mismo en Bogotá,
hemos vinculado a los consejos de seguridad a la comunidad.
Generalmente, cuando realizamos un consejo de seguridad,
lo dividimos en dos partes: en la primera, los altos
mandos, los mandos regionales, el Ministro, el Fiscal
o su delegado, mi persona, escuchamos la comunidad. En
la segunda, evaluamos, tomamos decisiones y avanzamos
en la política de seguridad.
Escuchar la comunidad
ha sido una reforma estructural de gran importancia
porque eso le ha dado confianza a
la comunidad, eso nos ha permitido conocer una versión
diferente a la que nosotros tenemos en la Fuerza Pública
y a eso le hemos sumado el control diario.
En efecto compatriotas,
yo ejerzo un control diario sobre la política de Seguridad y lo acentúo
por ciudades o por regiones. El año pasado ese
control fue muy estricto por el crecimiento del homicidio
en Cali. Este año ese control ha sido muy estricto
porque el año pasado creció muchísimo
el robo de vehículos en Bogotá y este año
con ese control y con ese esfuerzo de todos los días
lo hemos reducido.
He ejercido el control
recientemente, diario, para procurar desbaratar, desmantelar,
unas bandas de sicarios que
han venido produciendo asesinatos selectivos en la ciudad
de Barranquilla. Ese control hay que mejorarlo pero a él
no puedo renunciar, tengo que ejercerlo todos los días,
es uno de mis compromisos con el país.
Por su puesto, acepto
que he sido muy exigente con la Fuerza Pública, la he acompañado con cariño,
me siento soldado y policía en el alma, creo muchísimo
en la necesidad de nuestra Patria de avanzar en seguridad,
pero es cierto, he sido muy exigente. Exijo resultados
y exijo en el mismo grado transparencia.
He procurado dar
buen ejemplo. Le he dicho a la Fuerza Pública: aspiro que cuando termine la Presidencia,
al recordar ustedes todos mis defectos, al recordar,
de pronto para algunos, la molestia de un Presidente
que ejerce tanto control y que es tan exigente, me puedan
recordar como un Presidente que les exigió resultados
y transparencia. Como un Presidente que les dio buen
ejemplo en privado y en público.
Siempre he procurado
tener consistencia entre mi discurso privado ante la
Fuerza Pública y el discurso público.
Consistencia alrededor de exigir resultados y transparencia.
Nosotros hemos avanzado
mucho en derechos humanos. Hay esfuerzos muy grandes
y las cifras son elocuentes. Estos
cuadros –que aquí tengo- muestran lo siguiente:
en el año 2002 en Colombia se presentaron más
de 2.000 quejas por violación de derechos humanos
contra la Fuerza Pública. El año pasado
ya eso se había reducido a 986. Hemos reducido,
de más de 2.000 a 986 el año pasado. Nuestro
propósito es avanzar en derechos humanos, con
el liderazgo del Vicepresidente de la República,
para que Colombia pueda honrarse de esa transparencia
en derechos humanos ante el mundo entero.
¿Cómo valoramos este avance? En el mismo
período hemos pasado de 256 mil integrantes de
la Fuerza Pública a 392 mil. Entonces mucho dicen
y temían, que al crecer tanto la Fuerza Pública
iba a crecer la violación de derechos humanos.
Al contrario, se ha reducido.
Y en el mismo período hemos pasado de más
o menos 4.500 operaciones al año, a 11.792. Hemos
multiplicado, casi por tres, el número de operaciones
militares y policivas y se ha reducido muchísimo
el número de quejas en materia de derechos humanos.
El país debe tener confianza en la transparencia
de la política de Seguridad Democrática,
una de cuyas mediciones como avanzamos en materia de
derechos humanos. Por supuesto, hechos como Guaitarilla,
Cajamarca, Jamundí, Honda, son hechos que nos
ponen en alerta.
¿Qué hemos procurado? Hemos procurado
decir la verdad, promover la verdad, reconocer la verdad,
a través de ello generar confianza y provocar
la denuncia. La confianza ha ayudado a que muchos casos
que antes no se denunciaban, ahora se denuncien.
Honda. En el pasado
escuchábamos quejas de padres
de familia sobre torturas a los muchachos reclutas en
los cuarteles militares, pero esas quejas se hacían
en voz baja, en privado, no había denuncia pública.
La confianza permitió que este año se hicieran
denuncias de gran importancia y llegamos con las investigaciones
hasta la últimas consecuencias y asignamos las
más severas responsabilidades políticas.
Jamundí. En otro contexto, Jamundí habría
podido pasar como un episodio de error militar. El Fiscal
de la Nación me dijo, con gran rapidez, que tenía
allí pruebas muy contundentes sobre lo que podría
ser participación de militares, participación
criminal.
¿Qué decisiones tomamos? Una decisión
histórica. El Presidente de la República,
aprovechando que a pesar de no ser superior jerárquico
de la Justicia Penal Militar en materia de justicia,
si lo es en materia administrativa, tomó una decisión
en virtud de esa jerarquía administrativa, de
decirle a la Justicia Penal Militar que se separara del
conocimiento del caso de Jamundí y lo asumió exclusivamente
la justicia ordinaria. Y eso ha sido muy importante para
la credibilidad de nuestra política de derechos
humanos.
El ministro Juan Manuel Santos ha tomado otra decisión
de gran importancia recientemente: ha nombrado una
mujer civil para dirigir la Justicia Penal Militar.
Este es un proceso dinámico, nosotros reconocemos
los problemas que se han presentado y estamos en búsqueda
de adicionar soluciones estructurales. El Ministro
en los próximos días le comunicara al
país una serie de decisiones que está estudiando
para mejorar la armonía en los códigos
de procedimientos entre las diferentes Fuerzas, para
mirar cómo complementamos y mejoramos la educación
integral de nuestros soldados y policías. Yo
confío que manteniendo esto en un proceso dinámico,
vamos a salir adelante.
Al terminar el consejo
de seguridad de esta noche, aparecen unas conclusiones:
no hay aún elementos para asignar
responsabilidad política al Alto Mando. Cuando
lo ha habido, nunca hemos dudado en hacerlo. Aún
no está probada la participación militar
en atentados.
La filtración, que tanto daño ha hecho,
debe investigarse. El Gobierno ha pedido a todas las
instituciones colaborar con la justicia para esclarecer
estos hechos. Y le hemos pedido al Fiscal General de
la Nación, que así como aceptamos su afirmación
de que aún no hay elementos para vincular al proceso
a los dos militares ni para oírlos judicialmente,
el Gobierno será el primero en aceptar un cambio
en el curso de las investigaciones.
Si el Fiscal nos
dice que han aparecido nuevas pruebas, que la evaluación de pruebas no judicializadas
lo ha llevado a determinar responsabilidades de personal
militar, el Gobierno será el primero en aceptarlo,
en tomar las decisiones administrativas con la severidad
que se requiera y además, en apoyar las decisiones
de la justicia para llevar a los responsables a la cárcel.
El Fiscal me recordaba
que así como hoy me dijo,
que aún no tiene méritos para vincular
a los militares al proceso, en muchas ocasiones me ha
dicho que sí y el Gobierno ha procedido en consecuencia.
Tenemos casos como
el de Jamundí, con oficiales
y soldados presos. Casos como las torturas de Honda,
con personal desvinculado, con generales de la República
a quienes se les asignó responsabilidad política.
Las denuncias sobre derechos humanos de principios de
año en Medellín ya tienen a varios integrantes
de la Fuerza Pública en la cárcel. Y lo
propio una denuncia reciente contra Fuerza Pública
en la ciudad de Barranquilla.
Los hechos han demostrado
que nosotros no vacilamos en asignar responsabilidades
políticas, en tomar
las más severas medidas administrativas, en reconocer
los hechos ante la opinión pública, cuando
están probados.
Quiero solicitar
a la ciudadanía confiar en la
Fuerza Pública. Colombia, en medio de circunstancias
difíciles como estas se presentan, ha mejorado
muchísimo. Nosotros tenemos que confiar en la
Fuerza Pública, acompañarla y por supuesto,
no ocultar hechos que pudiera cometer la Fuerza Pública,
negativos, hechos criminales o hechos inconvenientes.
Una manera de ser
solidarios con la Fuerza Pública
es exigirles transparencia, pero confiemos en la Fuerza
Pública. La falta de confianza en la Fuerza Pública
acabó mucho con el capital social del país,
la gente sustituyó la solidaridad por la indiferencia.
Esa falta de confianza permitió que creciera guerrilla,
narcotráfico, paramilitares. La recuperación
de la institucionalidad colombiana requiere que los ciudadanos
mantengamos nuestra confianza en la Fuerza Pública.
Y quiero hacer un
llamado a todos los soldados y policías
de mi Patria, de todos los grados, para que cuidemos
la confianza ciudadana. Casos como Guaitarilla, Cajamarca,
Honda, Jamundí, Barranquilla, deterioran esa confianza.
Recuperar el orden
público en Colombia ha sido
muy difícil. Todavía hay un trecho largo
y difícil para recorrer. En esto se pierden muchas
batallas militares, pero la única batalla que
no podemos perder, en un país de opinión,
es la batalla de la confianza. Y eso depende de nosotros,
de ustedes soldados y policías de Colombia, de
ustedes suboficiales y oficiales de todos los niveles
de graduación.
En la medida que
procedamos en búsqueda de la
eficacia y con total transparencia, habrá confianza,
el mayor activo. Si procedemos sin transparencia, la
eficacia no generará confianza sino desconfianza.
Buenas noches compatriotas y muchas gracias.
