Señoras y señores:

Hace tres años vine a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hablar sobre nuestra política de Seguridad Democrática. La denominamos democrática por razones históricas y de vocación.

¿Cuál es la razón histórica? El continente fue recorrido por la doctrina de la seguridad nacional, en nombre de la cual se suprimieron las libertades públicas, se impusieron dictaduras, se persiguió a los disidentes, se descalificó a la oposición, se anuló la democracia. Entonces la nuestra es democrática para establecer una diferencia con lo que fue el fantasma de la seguridad nacional que recorrió el continente.

¿Cuál es nuestra vocación con esta Seguridad Democrática? Profundizar el pluralismo a través de proteger por igual a todos los estamentos de la sociedad colombiana. Seguridad Democrática implica seguridad para los amigos de las tesis del Gobierno y seguridad para los críticos. Seguridad Democrática implica proteger por igual al campesino que al empresario del campo, al líder gremial que al líder sindical.

Lo que antes parecía un concepto teórico, con cuatro años de vigencia la Seguridad Democrática ha brindado todas las garantías y la protección en cuatro procesos electorales: el Referendo y las elecciones para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en 2003, y las elecciones para Presidente de la República y Congreso en 2006.

Las tipificaciones de terrorismo se han basado en la circunstancia de que Europa Occidental es respetuosa del pluralismo. Y eso les ha dado la razón para señalar en sus legislaciones, tipificar en sus legislaciones como terrorismo, toda acción de fuerza o de amenaza de fuerza, por razones políticas, ideológicas, religiosas.

En nuestro continente americano muchos grupos guerrilleros recibieron la calificación, que en alguna forma ennoblece, de insurgentes, porque luchaban contra dictaduras. En Colombia la lucha de estos grupos es contra la democracia. Son sicarios de la democracia, además alimentados por el narcotráfico.

En el continente se pudieron llevar a cabo procesos de paz, como lo dicen tantos investigadores, ahora que se conmemoró un nuevo aniversario del proceso de paz de El Salvador. Porque esos grupos entendieron que había llegado un punto de no avance en la lucha armada y porque perdieron financiación internacional.

En Colombia ellos hoy desprecian la financiación internacional. No la necesitan. Son muy ricos por el narcotráfico. Por eso se nos dificulta mucho la paz y por eso tenemos que derrotar el narcotráfico.

De los aproximadamente 60 mil que encontramos hace cuatro años, se han desmovilizado 40 mil: 30 mil de los paramilitares y el resto de las guerrillas. En las guerrillas es la desmovilización más grande de la historia de Colombia.

Desmovilizar casi 10 mil guerrilleros sin un proceso formal de paz con ellos, rebasa las cifras de los desmovilizados en antiguos procesos de paz con la guerrilla: el ELN desmovilizó 900, el EPL 2 mil, la Corriente de Renovación Socialista 300.

Esos procesos de paz del pasado no desmovilizaron más de 4 mil. Nosotros hemos desmovilizado casi 10 mil guerrilleros.

La entrega de armas ha sido muy importante, en términos relativos nacionales e internacionales.

Nacionales: cuando el M-19 se desmovilizó, los 900 desmovilizados entregaron 270 armas. Los 30 mil paramilitares desmovilizados de Colombia han entregado más de 18 mil armas.

O sea que son cifras elocuentes. Además verificadas por la OEA, que ejerce una tarea de vigilancia, tutoría, apoyo a esos procesos en Colombia, lo cual indica que es un proceso efectivo de desarme.

¿Qué sigue con el paramilitarismo? Siguen dos caminos. A los desmovilizados, aplicarles la Ley de Justicia y Paz. A quienes no se han desmovilizado no se les debe llamar más paramilitares.

Las circunstancias históricas son otras. Ellos surgieron como una respuesta a un avance guerrillero contra la población que no tenía confrontación de parte del Estado. Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo para que el Estado, el Estado de Libertades, el Estado de Orden, el Estado de Derecho, cope con sus instituciones todo el territorio.

No fácil. Es un país de un millón 164 mil kilómetros, y la mitad de su territorio está todavía en selva. Para bien del medio ambiente, pero para dificultades en la recuperación del orden.

Los grupos remanentes derivados del paramilitarismo son hoy tratados como delincuentes comunes. Y la instrucción que la Fuerza Pública ha recibido de mi parte, en público y en privado, es perseguirlos y derrotarlos. Y las cifras son elocuentes.

¿Qué sigue con la guerrilla? Entra en un proceso de paz, o el Estado colombiano terminará derrotándola.

Hay avances, pero falta mucho.

El proceso de paz, en medio de dificultades, yo creo que tiene unos puntos muy importantes para destacarlos. Primero: hoy está aplicándose la Ley. En la cárcel están 90 líderes paramilitares, los importantes, en la cárcel. Y quedan 3 o 4 de ellos que están huyendo, y el Estado los está persiguiendo con toda decisión. Aquellos que están en la cárcel, si cumplen con todos los requisitos de la Ley de Justicia y Paz, van a tener unas sentencias reducidas.

¿Pero cuáles son las características de nuestra ley y de nuestro proceso? Es ley de paz, pero sin impunidad. Ley de paz, pero con imperativo de verdad. Y ley de paz, pero con búsqueda o imperativo de reparación.

Eso marca diferencias con el pasado colombiano y con muchos procesos del mundo.

En el pasado colombiano los procesos de paz fueron de perdón sin verdad, de paz con impunidad. Gentes de procesos de paz en Colombia del pasado, hicieron el tránsito de haber producido con dineros del narcotráfico el holocausto de la justicia. Hicieron el tránsito al Congreso de Colombia o a aspirar a la Presidencia. La verdad apenas la ha esclarecido una comisión informal, reciente. Nunca se esclareció.

Ahora, por ejemplo, como ustedes lo saben, nuestra ley no permite amnistía ni indulto para delitos atroces. No remueve las talanqueras jurídicas de Colombia que impiden que los responsables de delitos distintos al homicidio culposo o al delito político, lleguen al Congreso. Es bien importante.

Yo creo que lo que se está haciendo en Colombia es un ejemplo para el mundo. Porque uno ve que en una parte hubo un proceso de paz basado en la verdad, muy bien difundido internacionalmente, pero hubo muy poca verdad. Simplemente se impusieron unas nuevas mayorías electorales.

En otras partes se han superado problemas, pero simplemente con aparente reconciliación y con impunidad. En otras partes donde hubo leyes de punto final o de perdón y olvido, llegaron gobiernos de oposición y revivieron los procesos, no para construir la paz sobre la verdad, sino para estimular retaliaciones.

El proceso de Colombia marca diferencias con los procesos nuestros del pasado y con los del mundo. Y yo creo que debe producir los siguientes efectos: primero, nuevos procesos en Colombia, los que se den en el futuro con las guerrillas, no podrán ser menos exigentes que el actual que se da con los paramilitares. Y va a producir otra consecuencia: a Colombia, que se le señalaba como un país de impunidad, el mundo le va a tener que hacer ahora el reconocimiento por este proceso.

En este momento hay una gran discusión en el país, porque las audiencias se están transmitiendo en televisión y se ha producido mucho debate, porque, en nombre de la verdad, estas personas que están siendo juzgadas han acusado a mucha gente. El primero que ha estimulado que digan la verdad es el Gobierno.

Inclusive de los acusados hay personas que me apoyan a mí en el Congreso. Pero he aplicado una tesis: se le hace mucho daño a la democracia cuando se es severo con los adversarios e indulgente con los amigos.

Nosotros estimulamos una justicia imparcial que, además, en Colombia es independiente. Y la verdad es que no puede tener sesgos.

He dado mi opinión de que esas audiencias se deben seguir transmitiendo por muchas razones: primero, para que no haya interpretaciones mediáticas. Segundo, para que estos señores se vean obligados a decir totalmente la verdad. Porque si no la dicen, esos millones de colombianos que siguen las audiencias, van a ser los primeros en decirles a los jueces: no les den los beneficios porque están mintiendo. Eso es bien importante.

Tercero, porque para que haya reconciliación tiene que haber verdad y propósito de enmienda. Sin verdad, el propósito de enmienda no es creíble. Cuando alguien considera que pudo engañar, se siente que puede engañar en el propósito de enmienda. Engañó en lo que reconoció, va a engañar en lo que prometió.

A mí me parece muy importante estimular la verdad, para que los colombianos reflexionen sobre lo que pasó (un país en el cual la soberanía real del Estado pasó a manos de paramilitares y guerrilla), y los colombianos exijan que hacia delante el país solamente tenga la vigencia de la instituciones democráticas. Que el país no permita más poderes de guerrillas, de paramilitares, de narcotráfico, de corrupción.

A mí me parece muy importante la verdad total. No solamente la verdad sobre la colusión de la política con el paramilitarismo, sino que hay que prepararnos para que se sepa la verdad de la colusión de la política con la guerrilla. Y que sean los jueces los que digan en qué casos líderes colombianos estuvieron con estos grupos por coacción insuperable, por estado de necesidad, por falta de un Estado que los protegiera, y en qué casos lo hicieron con el propósito de asociarse al delito. Que eso lo digan los jueces.

Ahora, la búsqueda de la verdad no puede ser para generar odios. Nosotros creemos que la búsqueda de la verdad hay que hacerla tranquilamente, para buscar reconciliación y para buscar un futuro institucional del país. Ahí vamos. Respetamos todas las decisiones de la Corte.

Por supuesto, en el país hay preocupaciones por tantos temas, tantos costos, pero somos un país de leyes, un Estado de Derecho inserto en la comunidad internacional. Todo lo que podamos transigir allá, estamos dispuestos a hacerlo. Ojalá el Vicepresidente de la República pudiera entregarle al mundo una transacción con la UP. Y todo lo que ustedes nos ordenen tenemos que aceptarlo con humildad democrática.

Estamos reformando profundamente la Justicia Penal Militar. Inclusive creo que en un momento hay que llegar a eliminarla. Y yo lo estoy pensando: que simplemente haya un tribunal disciplinario en la esfera militar y policiva.

Hemos dado varios pasos. El año pasado, una semana antes de elecciones, en una zona de narcotráfico, cerca de Cali, en Jamundí, en hechos que a todos nos sorprendieron, el Ejército asesinó a unos policías: fuego amigo. La Policía dijo que iba a esa zona a capturar a unos narcotraficantes.

Ustedes sabrán cuánto me preocupó eso, por el impacto electoral. Se dio una semana antes de las elecciones. La decisión que tomamos fue decirle a la Justicia Penal Militar: No asuma el caso, y pedirle a la justicia ordinaria que lo asumiera.

Algunos criticaron y me dijeron: El Presidente de la República tiene que respetar la independencia de la justicia, aun de la Penal Militar, y no le puede decir a la Justicia Penal Militar que se abstenga de conocer un caso.

Por el bien de la democracia, yo le exigí que se abstuviera de conocer el caso. Hice una disección entre lo que es el debido respeto a la investigación, a la prueba, al contenido del fallo, que el Presidente de la República debe profesarle también a los fallos de la Justicia Penal Militar.

Separé ese tema de lo que es la jerarquía administrativa. Dije: Yo, como Presidente, le respeto sus fallos, sus investigaciones, pero tengo una jerarquía administrativa. Y por el bien de la democracia voy a utilizar esa jerarquía administrativa para decirles: no conozcan del caso, que lo conozca la justicia civil, la justicia ordinaria.

Ahora hay una mujer al frente de la Justicia Penal Militar, una mujer civil. Y confío en que le podamos entregar al mundo un buen avance en esa materia. Y voy a convencerlos de que la Justicia Penal Militar la reduzcamos a una justicia disciplinaria para la Fuerza Pública.

Yo les confieso que más hablar de paz, yo he hablado de seguridad, porque he creído que la paz es el resultado de la seguridad. En un país que ha sufrido por tantas décadas, la seguridad no se recupera de medianoche para el día. Necesita sostenibilidad en el tiempo. Y esa sostenibilidad requiere transparencia y eficacia. Por eso nuestra adhesión a los derechos humanos.

En los últimos tiempos hay una tendencia muy importante de disminución de quejas de derechos humanos contra la Fuerza Pública. Por primera vez, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos acaba de anticipar un reporte, que hará público oficialmente en marzo, reconociendo el mejoramiento en materia de derechos humanos.

Las Ong’s han controvertido mucho conmigo. Cuando yo empecé a hablar de Seguridad Democrática en Colombia, era una especie rara. Entonces cuando yo llegaba al 2 por ciento de las encuestas, decían: De ahí no pasa, ya llegó al techo.
Colombia no es proclive a la seguridad. Cuando llegaba al 4 por ciento, lo mismo. Al 10 por ciento, lo mismo. Entonces me tocó abrirme paso en contracorriente. Y eso me ha llevado a mucho debate nacional e internacional. Por supuesto, he debatido mucho con las Ong’s, pero con todo el respeto. Creo que en mi Gobierno han sentido todo el espacio en Colombia.

Ayer me decía el congresista de la bancada negra de los Estados Unidos, el congresista Donald Payne, que ha tenido también buenos reportes de unas Ong’s sobre el avance de los derechos humanos. Y yo le dije: ¡Un milagro! Porque yo entiendo que el oficio de las Ong’s no es el de ‘complement’, sino el de ‘complaint’. Y yo creo que esas cosas son buenas. Nos falta mucho, pero tenemos toda la voluntad de acertar.

Quisiera terminar con esto: Colombia ha reducido bastante la tasa de homicidios, pero no lo suficiente. Yo la encontré en 66 – 68 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ahora está en 37. El promedio, porque ya hay unas ciudades como Bogotá, que presenta unas de las tasas más bajas del continente. Y la reducción en Medellín ha sido sorprendente. Todavía tenemos unas regiones que nos dañan el promedio: Buenaventura en el Pacífico, nuestra querida ciudad de Cali.

Pero nosotros no podemos estar contentos por la reducción. Entonces hemos llamado este año el Año de la Vida, que deberían ser todos los años, para crear mas sensibilización colectiva al respeto a la vida.

Todos esos años de avance al terrorismo llevaron a los colombianos, en medio de la debilidad del Estado, a buscar justificar los crímenes, antes que repudiarlos: asesinaban a alguien, y en la tertulia comunitaria, en lugar de haber rechazo, se buscaban justificaciones. ¿Que por qué lo asesinaron? Que porque era mafioso. ¿Que por qué lo asesinaron? Porque era guerrillero, porque era paramilitar, porque era auxiliar de la guerrilla, de los paramilitares.

Y nosotros hemos dicho: cero asesinatos. El don, que Nuestro Señor nos dio, de la vida, hay que respetarlo en favor de todo el mundo: del inocente y del culpable.

En los primeros cinco días de febrero empezaremos algo, que vamos a cumplir todo este año: haremos un acto público para hacer un reconocimiento al establecimiento educativo del país que mejor programa tenga en materia de derechos humanos y de convivencia y de respeto a la vida. Para premiar la brigada militar que esté trabajando en esa dirección. El cuerpo de Policía que lo esté haciendo. La ciudad que presente la mayor reducción de homicidios. El pequeño municipio que presente la mayor reducción de homicidios.

Y lo vamos a hacer durante los cinco primeros días de los meses de este año, empezando en febrero.

Con eso terminaría, señor Presidente, distinguidas y distinguidos magistrados. Lo que ustedes quieran preguntarnos, objetarnos, lo escuchamos con el mayor gusto.

Muchas gracias.