PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE EN EL CONSEJO COMUNAL No.43 EN KENNEDY, BOGOTÁ
Julio 28 de 2007 (Bogotá D.C. - Cundinamarca)

“Me complace mucho que podamos hacer este nuevo Consejo Comunitario aquí en Kennedy, sobre temas tan importantes como Banca de Oportunidades y la revisión del proyecto de infraestructura para todo el país.

Anoche, el Gobierno Nacional puso en Internet -para que los colombianos lo conozcan- un anteproyecto de ley sobre el cual queremos conocer la opinión de la ciudadanía y las diferentes instituciones, en la página de Internet de la Presidencia.

Ese anteproyecto ya está en Internet, se puede ver en la página de la Presidencia qué es: www.presidencia.gov.co, que es el distintivo internacional de Colombia en Internet.

Este proyecto es muy sencillo. Este proyecto busca que el Gobierno Nacional pueda resolver el problema con 19 mil, de los 43 mil desmovilizados.

Ustedes saben que en este Gobierno se han desmovilizado de todos los grupos terroristas 43 mil personas, más o menos 33 mil de los paramilitares, 10 mil de la guerrilla. Eso no tiene antecedentes.

Cuando nuestro gobierno empezó había, más o menos, 60 mil terroristas en Colombia. Haber desmovilizado 43 mil hasta la fecha, yo creo que es un gran avance.

¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema con aquellos paramilitares a quienes todavía no se les había resuelto definitivamente la situación jurídica, que no están incursos en delitos atroces. Eran más o menos 31 mil, 30 mil. Le hemos resuelto el problema a 12 mil. Pero ahora con la sentencia de la Corte Suprema, en un caso particular sobre la cual yo he hecho amplios comentarios esta semana, el Gobierno tiene la preocupación de que es muy difícil, después de conocida esta sentencia, resolverle la situación a 19 mil de estos muchachos, y por eso nos vemos en la obligación de presentar un proyecto de ley.

El anteproyecto que estamos proponiendo busca que la sedición se le pueda aplicar como delito político a estos paramilitares desmovilizados, con una salvedad: no es para los responsables de delitos atroces, ni delitos de lesa humanidad, esos están en la cárcel. Esos, si dicen la verdad, entregan los bienes para reparar a las víctimas, tienen derecho a una condena reducida, pero están en la cárcel.

Esta solución es para 19 mil, a quienes no los han acusado de delitos atroces, ni delitos de lesa humanidad.

Esta solución no es para la parapolítica. En el parágrafo se dice, del anteproyecto: “lo previsto en el presente artículo, no será aplicable a quienes se beneficien de estas conductas para acceder a la función pública, o tengan la calidad de servidor público durante su realización”.

Y también aclaramos ahí en otro proyecto, en otro artículo -es un anteproyecto de ley de 12 artículos- que estos beneficios no se aplican a las conductas constitutivas de genocidio, terrorismo, secuestro, extorsión en cualquiera de sus formas, desplazamientos forzado, desaparición forzosa, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión, tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, y aquellos a que se refiere la Ley 67 de 1993. Hechos de ferocidad o barbarie, o aquellos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad, y en general conductas excluidas de tales beneficios por la legislación interna, o tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia.

¿Cuál es nuestra preocupación con la sentencia de la Corte Suprema? Que se nos quedan estos 19 mil muchachos sin solución. ¿Los meto a la cárcel? ¿Les incumplimos el acuerdo? Yo creo que un acuerdo que le ha significado al país un gran avance, como quiera que se han desmovilizado 43 mil personas, un acuerdo que refiere a intereses superiores del Estado, a un bien jurídico superior de la sociedad, porque ha contribuido a reducir los niveles de violencia, un acuerdo que nosotros hemos exigido que lo cumplan, por eso primero los llevamos a La Ceja, después a Itagüí, aquellos que han reincidido los hemos perseguido con toda la severidad del Estado, es un acuerdo que el Estado también lo tiene que cumplir.

Lo que hemos pedido nosotros es que hay que darle un tratamiento igual a guerrilla y a paramilitares. A mí me parece muy grave que mantengamos la vieja doctrina de darle a la guerrilla todos los beneficios, y no permitir resolver problemas que el país ha tenido con los paramilitares.

¿Por qué digo yo que hay que hay que darles el mismo tratamiento? Por varias razones: sobre un cadáver de un colombiano mutilado, yo creo que no es dable empezar a hacer disquisiciones para decir que el delito fue más grave porque lo cometió tal grupo, o menos grave porque lo cometió tal grupo. Es igualmente grave, cualquiera sea el autor.

Si estos 19 mil muchachos fueran guerrilleros, ya les podríamos resolver el problema, de acuerdo con la sentencia de la Corte, pero como son paramilitares no se los podemos resolver.

¿Qué diferencia hay entre estos 19 mil, casi todos campesinos, paramilitares, y otros 19 mil guerrilleros, igualmente campesinos? La diferencia es que siendo ellos iguales, los guerrilleros han sido engañados por Manuel Marulanda y sus secuaces, y los paramilitares engañados por los jefes paramilitares. Pero finalmente son idénticos, de la base, de la esencia, de la química del pueblo colombiano.

Yo no puedo ir a decirle a estos muchachos: “vea, si ustedes hubieran sido guerrilleros, ya les podríamos resolver el problema, pero como eran paramilitares, no se los podemos resolver”.

Por allá en el siglo 19 se decía que los delitos guerrilleros eran delitos altruistas, porque buscaban matar a los tiranos. Existía la tesis del altruismo, del delito político.

Yo he sido de la idea que en Colombia no debería haber delito político. En un país, donde todo el mundo puede decir lo que quiera, donde hay plenitud de libertades, donde no hay delito de opinión, no debería haber delito político. Pero uno tiene, en aras de los superiores intereses superiores del país, que deponer sus convicciones.

Yo creo que tenemos que aceptar, para poder resolver los problemas, que hay delito político, así no lo compartamos. Y hay que buscar es que se le de el mismo tratamiento a estos grupos. No puede ser que el país siga con esos tratamientos diferenciales: los unos asesinaban y podían salir de la cárcel al Congreso o a la Presidencia de la República; los otros, tienen que pasar por la cárcel. Yo creo que a todo el mundo hay que darle el mismo tratamiento.

A mí me preocupa mucho que si no se corrige esto, entonces ¿qué va a pasar el día de mañana cuando haya un proceso de paz con el ELN, con las FARC -allá se va llegar- si el pueblo colombiano no ablanda su decisión, si el Gobierno no ablanda su decisión de derrotar todos estos bandidos, un día tendrán que negociar. Y en la historia de la humanidad no se conoce que grupos de bandidos, hayan sido capaces de derrotar un Estado democrático de buena fe.

Entonces, como son guerrilleros, otra vez perdónenle la atrocidad, y ábranle las puertas para que pasen del asesinato de los diputados al Congreso y a la Presidencia de la República. Yo creo que hay que dar el mismo tratamiento a todos.

Nosotros estábamos en la convicción de que les podíamos dar el mismo tratamiento, porque además así se lo dijimos al país. Este proceso de paz no es de mi capricho, es un proceso que primero surge por la presión de la Fuerza Pública en nuestro gobierno a estos grupos. Ellos sienten que hay una presión militar que no habían tenido antes. Este es el primer gobierno que combate al paramilitarismo, antes no se le había combatido.

Llegamos al Gobierno, empieza la doctora Marta Lucía (Ramírez) como Ministra de la Defensa, a combatir a todos por parejo. Sienten esa presión militar y dicen: “entonces queremos dialogar y queremos el cese de hostilidades”. Y el Gobierno acepta eso y se entra en ese proceso de paz.

¿Cómo se rige ese proceso de paz? por una ley. Esa ley la aprobó el Congreso en un texto que tuvo muchas variaciones frente al texto inicial del Gobierno. Tampoco salió del Congreso el capricho del Gobierno.

Se discutió ampliamente con la opinión pública, pasó por el tamiz de la Corte Constitucional. Y ahí es donde hemos tenido diferencias, nosotros interpretábamos que la sentencia de la Corte Constitucional nos permitía aplicarles el principio de favorabilidad a estos 19 mil muchachos, con la sedición. Muchachos que estaban en esos grupos paramilitares, pero que a diferencia de los de Itagüí, que eran los comandantes de esos grupos, mientas los de Itagüí están incursos en delitos de lesa humanidad, en delitos atroces, estos no. Todos los Itagüí tienen que pagar cárcel, se suponía que estos no. Que estos con la confesión, con la desmovilización, con la reinserción, se reincorporaban a la sociedad colombiana y no tenían que pagar cárcel.

Y por eso esta sentencia nos tiene muy preocupados, y creemos que debemos buscar una solución jurídica, que la hemos propuesto en este anteproyecto.

La Constitucióncolombiana no dice qué es delito político, solamente menciona el delito político en dos o tres casos sin definirlo. Uno no puede decir que la Constitución colombiana dice que el delito político beneficia a la guerrilla, pero no a los paramilitares.

Cuando yo he dicho: hombre, hay que darles el mismo tratamiento, alguien me dijo: “no, es que la Constitución exige que se le de el reconocimiento de delincuente político a la guerrilla y prohíbe que se le de a los paramilitares”. Eso no es cierto. Nada de eso dice la Constitución.

Tampoco lo dicen los tratados internacionales. Uno encuentra en los tratados internacionales que las principales referencias al delito político son dos. Una, dice qué no puede ser delito político, no puede ser delito político el asesinato, el secuestro, la atrocidad, los delitos de lesa humanidad, el genocidio. Y dos, dicen los Convenios de Ginebra, que se considerará como grupos con los cuales el Estado entiende que puede negociar, si ellos se comprometen a desmovilizarse, aquellos grupos violentos, con organización y jerarquía, que operan de manera permanente y que están en contra del orden constitucional.

Ahí caben ambos, guerrilla y paramilitares. Grupos al margen de la ley ambos, producen violencia ambos, con jerarquía ambos, con operaciones sostenidas ambos, y en contra del orden constitucional. Ahí caben ambos. Yo creo que esto es muy claro.

Y, entonces han dicho: “no, lo que pasa es que cabe solamente la guerrilla porque está en contra del orden constitucional, la guerrilla quiere derrotar al Estado y los paramilitares lo defienden”. Defienden el orden constitucional violándolo.

Uno no puede diferenciar el Estado, del ordenamiento jurídico. Finalmente son una misma cosa. Sí, “que los paramilitares dicen defender al Estado”, pero finalmente lo hacen violando el orden constitucional. Y eso los iguala en violación del orden constitucional con la guerrilla. Yo creo que no hay bases para darle ese tratamiento diferencial.

Decían: “no, es que la guerrilla quiere cambiar la situación social”. Primero, no la cambió, la empeoró. ¿Cuánto de estos desplazamientos, de este desempleo, de este atraso del país se le debe a la guerrilla?

Entonces decían: “no, como la guerrilla quiere cambiar el orden social, sí es delincuente político, y como los paramilitares lo quieren mantener, no”. Tan grave puede ser querer cambiarlo como querer mantenerlo, por la vía ilegal de las armas.

O para los de la teoría altruista, tan altruista pudiera ser querer cambiarlo, como querer mantenerlo.

A mí me parece muy grave seguir con esa discriminación.

Este gobierno ha demostrado querer una Colombia sin guerrilla, sin paramilitares, sin narcotráfico, sin corrupción.

Hoy, hay guerrilla y criminales, pero no hay paramilitares actuando como paramilitares. ¿Por qué lo digo? ¿De donde surge la palabra “paramilitar”? Es la denominación que se le da a unos grupos armados, privados, ilegales, que combaten la guerrilla.

Si algo hemos recuperado es lo que nunca debimos perder: el monopolio del Estado para combatir a los grupos criminales. Hoy en toda Colombia, la única fuerza que combate a la guerrilla es la fuerza del Estado. Por eso yo digo que hoy no hay grupos paramilitares.

Entonces me dicen: Presidente pero si no están todos en la cárcel, hay unos líderes del paramilitarismo fugitivos. Es cierto, pero no están combatiendo a la guerrilla. O están escondidos, o están en el narcotráfico, o están en otras actividades criminales.

Presidente, pero es que de los reinsertados han reincidido más o menos tres mil. Pero el Estado los está combatiendo, han perdido los beneficios de la ley, hemos puestos más de mil, les hemos dado de baja a más de 400. No están en organizaciones para combatir la guerrilla.

Yo creo que es muy importante que todos los colombianos empecemos hoy a hacer esa discusión, esa reflexión. Todavía subsisten grupos criminales, guerrilleros, pero el concepto de grupos paramilitares, entendido como grupos de justicia privada, organizados ilegalmente para combatir a la guerrilla, ha desaparecido en Colombia.

Gracias a que el Estado ha venido recuperando el monopolio de enfrentar la criminalidad.

Yo tengo angustia, yo le confieso al país que yo tengo preocupación por resolverle el problema a estos 19 mil.

Ahora, alguien me decía: “bueno, pero si usted les da el indulto, si se logra la nueva ley, y le aparece a un muchacho de esos un delito atroz”. Se le juzga por el delito atroz. El indulto se le da en virtud de lo conocido.

Si resulta que se desconocía que había cometido un delito atroz y le aparece, perdió el indulto y se le juzga por el delito atroz.
Sobre eso hay total claridad, y ayer nos lo reiteraba el señor Fiscal General de la Nación.

Yo hablé anoche con el Presidente de la Corte Constitucional, con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el Fiscal, con el Defensor del Pueblo, con el Presidente del Consejo de Estado. No he podido hablar todavía con el doctor Flechas, el presidente del Consejo de la Judicatura. Vamos a ver si hoy puedo hablar con él, lo llamé anoche pero estaba viajando.

Y estamos empezando a llamar a los presidentes de los partidos políticos. El doctor Luis Carlos Restrepo (Alto Comisionado de Paz) y el Ministro del Interior y de Justicia (Carlos Holguín Sardi) explicaron este anteproyecto ampliamente al país y esta en la página de Internet. Mírenlo y quien nos quiera hacer comentarios, son bienvenidos esos comentarios.

Lo estamos haciendo con las cartas sobre la mesa, como siempre ha actuado este Gobierno.

Y me parece, y así como hemos sido de firmes para combatir a los violentos, hemos sido generosos a la hora que quieren la paz. Si estos 19 mil muchachos quieren la paz, se desmovilizaron, están en el programa de reinserción, ¿por qué les vamos a incumplir?

Si nosotros los obligamos a ellos a cumplir ¿por qué les vamos a incumplir? Entonces quería apreciados compatriotas a hacer hoy estos comentarios.

Les repito, para que no haya dudas: este proyecto excluye a los servidores públicos, expresamente, expresamente, para que no haya ninguna duda. Porque por ahí dicen: “ah no, es que van a favorecer la parapolítica”.

¡Por Dios! Si esos delitos de parapolítica que hoy, supuestamente, que se cometieron y que hoy se investigan, en su inmensa mayoría se cometieron antes de nuestro Gobierno.

Y se han conocido ahora porque los colombianos, gracias a nuestro Gobierno le han perdido el temor a testimoniar. Antes de nuestro Gobierno le tenían todo el temor al testimonio, ahora la gente le ha perdido el temor al testimonio.

Ahora la gente le ha perdido el temor a los grupos violentos. Ahora hay la Ley de Justicia y Paz que obliga a la verdad.

Hace cinco años al único que le decían paramilitar era a mí, por maltratarme políticamente, pero se morían de miedo de decirles paramilitares a los verdaderos paramilitares. Ya hoy les perdieron el miedo, como llegó un Gobierno que los puso en la cárcel y los persigue, ya hoy si no hay que tenerles miedo. Hace cinco años se morían de miedo.

Compatriotas, estos temas hay que hablarlos es con ustedes. Por eso yo apelo tanto a la democracia directa.

Hay que respetar todas las instituciones y respetar los trámites institucionales, pero esta es una democracia de opinión. Lo mismo que uno habla entre las cuatro paredes del Palacio de Nariño, hay que hablarlo permanentemente con el pueblo colombiano, con toda claridad, reconociendo dificultades.

Vamos ver qué aparece ahora con estos bandidos de las FARC. Porque secuestraron a los diputados y mantienen secuestrados a nuestros diputados muertos.

El Gobierno, como lo dijo el Comisionado (de Paz), ha seguido en un contacto muy activo con la Cruz Roja Internacional, y también le pedimos al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), al doctor (José Miguel) Insulza, la creación de la Comisión Internacional Forense, para que con nuestra Fiscalía examine, haga el examen pericial de los cadáveres.

Estos bandidos de las FARC saben que entre más demoren la entrega de los cadáveres, va ser más difícil para los médicos forenses, para los peritos forenses, el examen y la apreciación exacta de la modalidad del asesinato.

Según los mismos bandidos de las FARC, los asesinaron el 18 de junio, hoy es 28 de julio y no han devuelto los cadáveres, los asesinaron. Bufones, asesinos, mentirosos, y ahora lo que quieren es consumar la mentira.

Yo celebro mucho la sentencia que se dio anteayer en Estados Unidos, que absolvió a la Compañía Drummond, que había sido acusada de asesinar a sindicalistas. Los diez jurados, unánimemente votaron esa absolución, y lo celebro por Colombia.

Porque a toda hora ese cuentico, con montajes en Estados Unidos, con testigos falsos, con traidores a la Patria, haciendo acusaciones injustas, nos hace mucho daño.

Qué descanso contar con esa sentencia. Qué descanso poder decir que 10 jurados, la totalidad del jurado, votó por la absolución.

Cuando este Gobierno empezó, aquí asesinaban 256 sindicalistas al año. Nosotros nos hemos dado a la tarea de protegerlos.

Hoy hay seis mil colombianos con protección directa del Estado, de ellos 1.500 son sindicalistas. Eso nos cuesta 76 mil millones este año. Venimos de un asesinato de 256 por año antes de este Gobierno. Este año han asesinado seis afiliados a organizaciones sindicales y 12 maestros, todavía mucho. Quisiéramos decir cero casos.

Nos ha dicho la justicia que no hay una sola evidencia hasta ahora, que comprometa que el asesinato de los sindicalistas ha sido ocasionado con su actividad sindical. Pero nosotros estamos es encima, para protegerlos, para poder llegar a cero casos. Y encima para que se elimine la impunidad.

El Gobierno nuestro, con el Congreso, reformó la Constitución, introdujo el Sistema Penal Acusatorio, los códigos, los reformó. Solamente para implementar el año pasado el Sistema Penal Acusatorio, nos gastamos 70 millones de dólares adicionales en las Fiscalía y ahora hemos hecho otro acuerdo con la Fiscalía para darle 75 mil millones (de pesos) más.

Son sumas que hay que repetir año tras año, eso le va a permitir tener 235 fiscales más y 800 investigadores más, para superar esta impunidad que ya empieza a superarse.

Este año se han producido 48 sentencias, que han condenado por asesinato a sindicalistas a 78 personas. El Gobierno esta en la protección y en la superación de la Impunidad.

Ahora, ¿qué le hemos dicho al mundo? Nosotros reconocemos lo que falta. En este país hubo 3.500, casi cuatro mil secuestros por año. Hasta anteayer iba este año 112 secuestros extorsivos. Un dice: mucho menos de lo que había, pero uno quisiera que no fuera uno solo.

Nosotros le decimos al mundo: Nos falta, pero también reconózcanos el avance.

Yo quisiera decirle al mundo: No han asesinado este año un solo sindicalista; han asesinado seis y 12 profesores. Pero es que antes asesinaban 256 en el año. Yo creo que hemos avanzado, no obstante lo que falta.

En la protección del periodismo si que se ha avanzado. Antes de éste Gobierno en Colombia asesinaban 15 periodistas al año, este año no han asesinado uno solo.

Y están más libres, yo ciento a los periodistas hoy menos presionados por los grupos violentos en las diferentes regiones de Colombia.

Muchas gracias”.