“HAY QUE DECIR LA VERDAD, ES LO QUE MANDA LA LEY”: URIBE
Mayo 12 de 2007 (Caucasia - Antioquia)

“Estamos en un momento muy importante de la Ley de Justicia y Paz. Esa ley, a diferencia de procesos anteriores, esa ley es una ley de paz, pero sin impunidad. A los responsables de delitos atroces no les da amnistía ni les da indulto, bajo ciertas condiciones les ofrece una sentencia reducida.

Primera diferencia con procesos anteriores, primer limitante para procesos futuros.

En la misma dirección, no permite que los responsables de delitos atroces sean elegidos al Congreso de la República.

Tercera diferencia, exige la verdad.

Fueron las guerrillas marxistas -yo las conocí en la universidad pública- las que le enseñaron a este país a combinar las formas de lucha. Estábamos en la Universidad de Antioquia y ellos combinaban las formas de lucha. Hacían violencia guerrillera y penetraban la política, penetraban el movimiento sindical, penetraban el movimiento estudiantil.

Lo que pasa es que esas verdades nunca se supieron. En cambio la ley ahora exige que se conozca la verdad de los paramilitares. Los paramilitares aprendieron lo mismo, y por eso las revelaciones de ahora.

¿Qué país encontramos nosotros?, y ustedes que lo han vivido díganme. Estas regiones, lo que no estaba controlado por guerrilla estaba controlado por paramilitares. Y el gran ausente era el Estado.

Yo creo que sin que estemos en el paraíso, hemos mejorado.

Hoy hay un gran debate paramilitar en Colombia, pero hay paz paramilitar. El debate no se hizo cuando había violencia paramilitar.

Al único que le decían paramilitar aquí, por hacerle oposición política, era a mí en la elección presidencial de 2002. Pero a quienes eran paramilitares a esos no les decían, frente a esos se morían de miedo.

¿Y cuál es el resultado? De los 40 - 43 mil desmovilizados hay más de 30 mil paramilitares y 10 mil guerrilleros. De eso no se ha hablado, Colombia nunca había tenido una desmovilización guerrillera tan grande. Es que el M-19 desmovilizó 270 guerrilleros, perdón, en total 900 personas. El EPL no pasó de dos mil, y sigamos. En este Gobierno 10 mil guerrilleros, esa desmovilización no tiene antecedentes en Colombia.

Y ahora vamos a hacer otra cosita que yo empecé a anunciarle al país ayer: con la guerrilla que está en las cárceles, a ver si esos bandidos que hay en el monte son capaces de tener un gesto de gallardía con este país y soltar a los secuestrados, y me la voy a jugar con eso. Estoy esperando la ayuda jurídica del Procurador.

Es muy importante saber de dónde venimos y dónde estamos. Sé que los jueces de la República, los fiscales en cada caso, tendrán que ver en qué condiciones se dieron esos delitos, y tendrán que ver quiénes colombianos, fueron a reunirse con paramilitares, por lo que se llama coacción insuperable o en busca de alguna gestión humanitaria o con ánimo de delinquir.

Esta semana me visitó la Confederación de Alcaldes, y me decía: “Presidente, es que en los municipios nuestros -decía la Confederación de Alcaldes- muchos años teníamos que ir a pedirle permiso para hacer política a las Farc, al ELN, al EPL, y después a los paramilitares”. ¿Quién protegió esos alcaldes?

Por eso yo he dicho, ahí hay una responsabilidad muy grande del Estado. Unas regiones con una ciudadanía muy vulnerable. Un día esa ciudadanía sometida por unos grupos, y al siguiente por otros, y el Estado no los protegía. Yo confío que todo eso lo miren las autoridades judiciales.

Apreciados amigos de los medios de comunicación, tengan en cuenta esto que voy a decir: hace unos pocos días fui visitado por dos miembros de la Comisión Nacional de Conciliación. A la misma reunión acudió el presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro.

No él, sino los dos miembros de la Comisión de Conciliación, me dijeron lo siguiente: que me habían pedido cita para transmitirme una propuesta que enviaban desde la cárcel de Itagüi, algunos paramilitares.

¿Qué propuesta me llevaron?, la siguiente -y quiero hacerla pública desde Caucasia para todo el país- que se dividiera la verdad en dos. Que ante los fiscales solamente se diera la verdad sobre los crímenes cometidos, pero que ante los fiscales no se dijera la verdad sobre personas involucradas, que porque hay personas de la política, de las empresas, de las Fuerzas Militares, del Gobierno, involucradas, y que eso podría ser desestabilizante para la Nación.

Y que en lugar de hacer esa confesión ante los fiscales y ante la justicia, ellos la harían ante la Iglesia, para que la Iglesia la mantuviera en secreto, equis número de años.

Mi respuesta de inmediato, fue la siguiente: no lo puedo aceptar. Y a partir de que les dije no lo puedo aceptar, entré a hacer esta explicación: veamos el tema desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la legitimidad del Estado.

Aceptar eso iría en contra de la Ley de Justicia y Paz, que exige la confesión. Yo he jurado dos veces cumplir la Constitución y la ley, para posesionarme como Presidente de la República. Jurídicamente no lo puedo aceptar.

Y para abundar en claridad dije: en gracia a la discusión, hipotéticamente, si alguien dijera que eso es posible desde el punto de vista jurídico, yo pediría que lo que se tenga que decir frente al Presidente de la República, no se le diga a nadie en secreto, sino que se le diga a los jueces y a la opinión pública, pública y abiertamente, porque este Estado necesita legitimidad.

Quiero hacer este comentario: hay cinco suspensiones de extradición, una de Carlos Castaño, todo indica que fue asesinado. Quedarían las otras cuatro: una del señor Salvatore Mancuso, otra del señor Murillo Bejarano, a quien se conoce con el nombre de Don Berna, y otros dos casos.

En la comunidad internacional algunos dicen, ¿y por qué no los extraditan? Creo que con lo firmado ayer ya llevamos 563 extradiciones, eso no tiene paralelo, no hay país del mundo que lo pueda decir.

¿Por qué tenemos estas cuatro extradiciones suspendidas? Porque ellos han cooperado con la desmovilización de más de 30 mil integrantes de estos grupos, mal llamados paramilitares.

Esas extradiciones están suspendidas bajo estrictas condiciones de que no vuelvan a delinquir.

Si se llegare a probar que han reincidido en el delito, automáticamente se levanta la suspensión de extradición y son extraditados.

Recuerdo esto, para decir, los señores que están en el proceso de desmovilización en la cárcel de Itagüí, que hoy son sujetos de una extradición y beneficiarios de la suspensión de extradición, pueden saber lo siguiente: el Gobierno no maneja la extradición con criterio político, la maneja con criterio de conveniencia para el país -por eso las suspendió- y con criterio rigurosamente jurídico.

¿Qué me han dicho? Es que el Gobierno utiliza la extradición para presionarlos, para que no digan la verdad. No, de ninguna manera, de ninguna manera.

Lo único que hace que el Gobierno levante la suspensión de las extradiciones y los envíe al país que los ha requerido, es que ellos incumplan con las condiciones rigurosas que están contenidas en las resoluciones de suspensión de la extradición.

¿Qué repito hoy desde Caucasia? Hay que decir la verdad, es lo que manda la Ley, serena, tranquilamente, y predisponer la mente de todos los colombianos a la reconciliación.

La verdad, pero la verdad con objetividad, ayuda a lo siguiente: a producir un efecto jurídico y a producir un efecto sociológico. La verdad ayuda a producir el efecto jurídico de que la persona que dice la verdad, tenga una sentencia reducida. Y ayuda a producir el efecto sociológico de que los colombianos avancemos mental y espiritualmente en el camino de la reconciliación.

Ahora, es muy importante tener en cuenta esto frente al ELN, y frente a las FARC, porque lo que no se puede es dar tratamiento diferente.

Miren, muchos de los críticos de la Ley de Justicia y Paz dicen: “es que el Gobierno es muy blando con los paramilitares”. Y cuando uno dice que hay que aplicarle la misma Ley a la guerrilla, responden: “ah no, a la guerrilla, no”.

Porque en este hay que ser equilibrado, uno no puede hoy distinguir entre atrocidades de unos y atrocidades de otros. Cometen iguales atrocidades, entonces la Ley hay que aplicarla por igual a unos y otros.

Quería contarle esto al país desde Caucasia”.