PALABRAS DEL PRESIDENTE DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE BBVA Y LA U. DE LOS ANDES
Mayo 17 de 2007 (Bogotá D.C. - Cundinamarca)

“Quiero felicitarlos por este buen esfuerzo, que congrega hoy a la Universidad de Los Andes, al BBVA y al SENA. Un buen ejemplo para lo mucho que necesitamos en este momento en Colombia.

Permítanme decirles unas palabras esta noche. Ustedes no son muchos pero son muy importantes y yo no puedo desaprovechar este auditorio en este momento de la vida del país.

Esto es muy importante en tres objetivos en que estamos empeñados: primero, consolidar la Seguridad Democrática; segundo, profundizar la confianza inversionista en Colombia y tercero, cumplir rigurosamente las metas sociales que hemos propuesto.

Eso lo desmarcamos en un concepto de Estado que ha sido necesario empezar a reexaminar, dados los acontecimientos que se dan en América Latina.

Primero, se ha querido dividir a América Latina entre gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, una división obsoleta, polarizante e impráctica.

Tenía razón de ser en los años de las dictaduras, quienes las confrontaban trajeron de la izquierda europea el bagaje ideológico de la izquierda para sustentar su acción. Hoy todo el mundo dice estar girando alrededor de la regla democrática, división polarizante que ha frenado muchos de los pasos que tiene que dar América Latina e impráctica.

Tuve una conversación con una periodista internacional, me decía: ¿cómo sobrevive un Presidente de derecha como usted, en una América Latina de izquierda? Le dije, ¿Por qué me dices que soy presidente de derecha? Me dijo, pues por su política de seguridad.

¿Es qué la izquierda no necesita seguridad? Enseguida le dije: ¿Y qué Gobierno de América Latina hay de izquierda? Me dijo: pues el de Lula. Y le repliqué: ¿Cuáles son las características del Gobierno del Presidente Lula que te permitan decir que es un Gobierno de izquierda y el nuestro de derecha? No moduló palabra. Finalmente me dijo: es que yo soy de izquierda, y me dijo ¿por qué? Y no explicó. Y todos los días la realidad de los gobiernos en la región, muestra que esa es una división obsoleta, que desde que se cumpla con la regla democrática son más las diferencias en los discursos de campaña que en las acciones de Gobierno.

Nosotros hemos propuesto, en lugar de persistir en esa división, exigir altos niveles de comportamiento democrático. Por eso, para esos altos niveles de comportamiento democrático, demandamos cinco elementos: la seguridad con alcance democrático, el respeto a las libertades públicas, la construcción de cohesión social, la independencia entre ramas de poder y la transparencia.

La seguridad, se le ha asignado tradicionalmente a la derecha como un imperativo, decían los marxistas, para reproducir condiciones económicas de explotación. Pero, experiencias europeas, latinoamericanas, los procesos de dictaduras han demostrado que para aquellos que reclaman ideas de izquierda la seguridad es una necesidad.

Nadie que esté en el Gobierno puede prescindir de la seguridad, nadie que quiera erigirse como alternativa de Gobierno puede prescindir de la seguridad. Finalmente es un valor democrático.

Y como valor democrático tiene que reflejarse en su capacidad de contribuir a crear todas las condiciones para que funcione el pluralismo y allí conecta con el segundo elemento: el pluralismo, las libertades.

Por supuesto, esas libertades también se imputaban a la derecha, so pretexto de que eran unas libertades formales que trataban de sustentar artificialmente unos modelos de reproducción de condiciones de inequidad. Hoy la necesita cualquier expresión del pensamiento que esté compitiendo en el espectro de la política. Libertades necesitan todas las tendencias.

La atención social. El avance hacia esa meta es lo único que hace posible que una política de seguridad sea sostenible en el tiempo y que una política de confianza económica, de libertades, sea legitimada en los sectores mayoritarios de una sociedad.

La transparencia es un factor de confianza sin el cual no se da aquello que reclamaban los ingleses, la unidad sobre lo básico para permitir que a partir de ella se den las diferentes discrepancias y la división del poder en ramas y su respeto a la independencia entre las ramas se constituye en un imperativo necesario para evitar desbordamientos.

Yo creo que inclusive si se insistiera en replantear esa división en América Latina entre izquierda y derecha, encontraríamos que muchos de los que hoy reclaman el liderazgo de la izquierda en la medida que empieza a eliminar la diferencia entre las ramas del poder a desconocer su independencia, se asemejan más a los procesos de derecha que en algún momento sustentaron dictaduras.

El trabajo por esos cinco elementos democráticos tiene que ser una constante de nuestra Patria.

Y allí hemos venido ubicando estos objetivos de Gobierno: seguridad, confianza inversionista y las metas sociales.

Para nosotros la confianza inversionista es más importante que el crecimiento, el crecimiento puede haber un año por buenos precios de café o por mucha producción de petróleo y al siguiente se agotó ese pozo petrolero, se cayeron los precios de café, no hay crecimiento, la confianza inversionista que permita altas tasa de inversión en el largo plazo, es el gran fundamento para lograr unas tasas sostenidas, elevadas de crecimiento también en un horizonte de largo plazo.

Los tres elementos: la seguridad, la confianza inversionista y las metas sociales, están conectados mutuamente entre ellos, con un lazo transitivo entre los tres.

En una sociedad como la colombiana, la seguridad contribuye a crear confianza inversionista, y la confianza inversionista contribuye a generar el alcance de exigentes metas sociales.

Conseguidas estas, a medida que se avance en ellas, se le estima una política de seguridad y se hace sostenible y también se legitima una política de altas tasas de inversión.

Nosotros creemos que la confianza inversionista ha mejorado y requiere un gran compromiso para sustentarla. A mejorado, como lo indica las cifras: en 2002, la tasa de inversión en el país estaba en el 12, el año pasado cerca del 26, la del sector privado en el 6,5, el año pasado cerca del 19 y ha venido creciendo año tras año, o importante es proyectarla, hacerla sostenible en el largo plazo y para hacerla sostenible en el largo plazo, mis compañeros de Gobierno y yo creemos que es importante el modelo de Estado, que es importante la política de seguridad, que son importantes algunas políticas, como la tributaria, las garantías de estabilidad, y que es muy importante que el país ofrezca proyectos, para lo cual el evento de esta noche es trascendente.

El modelo. Hoy no deberíamos estar discutiendo en América Latina el rol del Estado, pero las circunstancias políticas de la región obligan a discutirlo.

En los años 90, buena parte de América Latina, en esa exageración del Consenso de Washington, se dio a la tarea de desmantelar el Estado. Ahora esta de regreso al estatismo.

En Colombia ni lo uno ni lo otro. Estos cinco años que cumplirá nuestro Gobierno hemos hecho un gran esfuerzo por reestructurar el Estado. Creo que hoy llevamos 360 entidades del Estado reestructuradas, empezando por Telecom, Paz del Río –donde el Estado tenía una participación muy importante- 190 hospitales públicos, pero a la tarea todavía le falta muchísimo.

Ha sido de una gran incidencia para empezar a sanear las finanzas nacionales, y también hay que reivindicarla como una aproximación que no desmantela el Estado, que sí lo reestructura.

A partir de la idea de que el Estado no puede estar al servicio de la ineficiencia, de la politiquería, de los excesos sindicales, sino al servicio de las mejores aspiraciones comunitarias.

Esta tarde, en una discusión franca, constructiva con las centrales obreras, les decía yo: ustedes que tanto se opusieron a lo de Telecom, y que ahora se oponen a lo de las clínicas del Seguro ¿qué Telecom prefieren? El difunto de hace cuatro años, que no tenía con que pagarles a los pensionados, no garantizaba las nóminas de los trabajadores, carecía de recursos de inversión.

¿O el de hoy? El Estado ya no es dueño del ciento por ciento, es dueño del 50 (por ciento) menos una acción, pero se están pagando al día pensiones, no hay problema con la nómina de trabajadores activos, tienen ocho billones (de pesos) para invertir en ayudar a desatrasar al país en banda ancha, en conectividad, y como ocurre en todas estas empresas que se reestructuran y donde entran buenos socios particulares, se imponen las prácticas de Buen Gobierno.

Ya nadie va a la Presidencia de la República a pedir un puesto en Telecom, como aspiro que una vez hayamos capitalizado el 20 por ciento de Ecopetrol, nadie vaya a la Presidencia de la República a pedir un puesto en Ecopetrol.

Allí hay una gran ganancia en materia de Buen Gobierno en esas empresas.

Nosotros creemos en un Estado como garante de la responsabilidad social, como garante de la equidad y de otros valores democráticos, pero en un Estado que le de todos los espacios a la empresa privada. No lo desmantelamos, y tampoco permitimos el florecimiento del estatismo.

Decirlo y practicarlo en este momento de América Latina es bien importante para profundizar esa confianza inversionista.

La inversión en nuestro país goza hoy de todas las posibilidades, con la exigencia de responsabilidad social.

Queremos medir esa responsabilidad social en tres expresiones: primero, la transparencia en la relación de los inversionistas privados con el Estado; transparencia en la adjudicación de contratos, de concesiones; transparencia en las relaciones de tributación, etcétera.

Segundo, en las relaciones con la empresa privada con los particulares, con las comunidades, con el interés colectivo que trasciende la relación entre la empresa y sus usuarios directos.

Y allí aparece sobresaliente el BBVA. No se ha limitado a tener una responsabilidad con sus cuentahabientes, ha asumido una gran responsabilidad social con la comunidad colombiana.

Y hemos recibido una gran contribución en Banca de Oportunidades. En el propósito de hacer una amalgama de todo el sector financiero del país, público y privado, primer piso, segundo piso, fundaciones, universidades, SENA, para llegarles con microcrédito a cinco millones de familias pobres de Colombia en este período, para que la cartera de microcrédito –que en el 2002 representaba el 1,5 (por ciento) de la cartera total- al final de este Gobierno esté representando cerca del ocho por ciento. Y allí hemos tenido un gran compromiso del BBVA.

Semana tras semana, con las comunidades pobres de la Nación, allí nos ha acompañado.

Y no es fácil, una persona pudiente y una empresa organizada llama al doctor (Luis) Juango (presidente del BBVA Colombia) y le dice: “necesito un crédito de 100 millones”, se lo manda por teléfono, no hay problema. Otra cosa es conseguirle un crédito de 400 mil pesos a una mujer pobre, que no tiene un empleo formal, que tiene la plancha de la casa en una casa de usura y que necesita 200 mil pesos para capitalizarse. Esa tarea es muy difícil, y allí hemos encontrado un gran apoyo del BBVA.

Y sea la oportunidad para reiterar toda la gratitud. Y esta noche concurre nuevamente a demostrar su responsabilidad social con Colombia.

Y en esa confianza inversionista es muy importante la seguridad, es muy importante la tributación, es muy importante la estabilidad en las reglas de juego y es muy importante que el país ofrezca posibilidades de proyectos.

Se discutió mucho con la academia económica la validez de nuestra propuesta, no de reducir las tarifas tributarias para que los contribuyentes más poderosos pudieran apropiar más utilidades, pero sí la de ofrecer incentivos a la inversión.

Cuando comparo lo que hoy se critica en los Estados Unidos con lo que nosotros hemos hecho, la diferencia es clara. Allí la crítica a la legislación tributaria se basa en el punto que simplemente redujeron tarifas, y han facilitado que los sectores más acaudalados apropien más utilidades, sin garantías para el ahorro y sin garantías para la inversión.

Lo que hemos hecho nosotros es dar estímulos a la inversión; estímulos específicos y estímulos generales.

Tesis contrarias a la nuestra eran muy renuentes a que Colombia lo hiciera, con el argumento de que la inversión no es sensible a este tipo de estímulos.

En el Gobierno hemos pensado que no es el todo, pero que son importantes, y que más allá de la discusión económica, están los puntos de comparación.

Si vamos a trabajar hotelería, por ejemplo, tenemos que poner una legislación tributaria que nos haga comparables con Cuba, o con Costa Rica, o con República Dominicana.

Si vamos a impulsar biocombustibles, tenemos que tener una normatividad tributaria que permita que los biocombustibles florezcan cualquiera sea el precio del petróleo.

Y yo creo que eso ha contribuido a acelerar inversiones en Colombia.

Es muy importante también el tema de estabilidad en las reglas de juego. Depende de que se logre la estabilidad macroeconómica, que le evite al país sobresaltos. Inestabilidad empuja al vacío, todo el mundo es víctima, y es víctima la confianza inversionista.

Y depende, también, de que los inversionistas tengan seguros adicionales del Gobierno.

Por eso, para nosotros ha sido muy importante la ley que autoriza al Gobierno a firmar pactos de estabilidad con los inversionistas, que ya se viene aplicando y para esa confianza inversionista es fundamental tener proyectos, y para tener proyectos no basta el halago, como lo decía el rector Angulo Galvis, de que el país está buscando acceso a mercados, que vamos a tener acceso a nuevos mercados. Para tener proyectos hay también que estar investigando permanentemente.

Cuando empezó nuestro Gobierno, en el consolidado los recursos aplicables a investigación, estaban representando el 0,26 del PIB, el año pasado el 0,71, son muy bajos. Estamos haciendo esfuerzos, yo creo que hay un componente de la ley Agro Ingreso Seguro bien interesante, orientado hacia allá.

Vemos hoy mucha voluntad en todas las universidades para mejorar su contribución a la investigación. Solamente lo que está haciendo la Universidad de Los Andes es plausible, acabamos de oír algunas referencias al rector, sobre la cantidad de profesores con doctorado, dedicados a la investigación, etcétera.

Y este esfuerzo del BBVA, la Universidad de Los Andes y el CEGA, contribuyen muchísimo a estimular en el país el ánimo investigativo que requerimos. Y nos parece de la mayor importancia orientarlo en buena parte a los biocombustibles. Allí tiene Colombia un gran porvenir, allí tenemos una alternativa del petróleo hasta hoy declinante en nuestro país, una gran respuesta a los requerimientos ambientales, y por supuesto la gran posibilidad de generar en algunos años, dos millones de empleos de buena calidad y con afiliación a la Seguridad Social, en el sector agropecuario.

Los críticos de los biocombustibles dicen: ¿Colombia por qué va a avanzar en eso?, si van a afectar la selva, van a afectar la seguridad alimentaria, pues Colombia tiene todas las condiciones para no hacerlo.

Primero: este país que preserva 578 mil kilómetros de selva, más de la mitad del territorio, ha aprobado una ley bien importante, la conoció el doctor Eduardo Uribe Botero, que prohíbe y crea, elementos de cumplimiento legal, eficaces, seguir tumbando la selva para cambiar de uso en los suelos.

Segundo: nosotros tenemos 44 millones de hectáreas de sabanas, bastante inutilizadas, que apenas albergan cuatro millones de hectáreas de agricultura comercial, y 26 millones de cabezas de ganado. Allí hay un territorio inmenso, con condiciones de topografía, de suelos, de lluviosidad y de climas, para hacer una gran revolución de biocombustibles.

Y por supuesto eso permite crecer toda la oferta alimenticia, y evitar que el crecimiento de los biocomustibles, sea en desmedro de la seguridad alimentaria. En buena hora, manifiestan el interés en este acuerdo, de avanzar en la investigación hacia los biocombustibles.

Hace cuatro años no producíamos un litro, hoy producimos millón 200 mil litros diarios de etanol. Ya empezó a producir el primer proyecto de biodisel, a partir de palma africana, en Codazzi. Ya hay las primeras sociedades constituidas entre Ecopetrol e inversionistas privados, para el desarrollo del biodiesel, en el Magdalena Medio. Dos proyectos en instalación en Santa Marta, y varios proyectos en instalación en los llanos.

Tenemos toda la certeza sobre la palma africana, para el etanol, la caña de azúcar, la yuca. Y necesitamos gran investigación en Jatrof, y en otras fuentes, sobre las cuales hay mucho optimismo en nuestro país.

Deseamos que ustedes nos ayuden a dar luces para que el país avance rápidamente en ese campo tan promisorio.

Y una idea, en muchas regiones del país, el campesinado y los pequeños propietarios rurales están esperando pequeñas plantas. El estudio que hemos hecho hasta ahora nos demuestra que en la pequeña planta, el costo por unidad de producción, es mucho mayor que en la grande. Pero el beneficio social puede compensar esa desventaja inicial.

Nosotros queremos terminar este año con dos pequeñas plantas experimentales en instalación: una en la olla del río Suárez entre Boyacá y Santander, y otra en el nordeste de Antioquia. Hemos instalado una planta de alta tecnología para procesar caña a partir de vapor, en Sasaima, Cundinamarca, que puede complementarse, para ser una pequeña destilería de alcohol carburante.

Y eso nos tiene que llevar a otra investigación, el país necesita rápidamente definir la fecha a partir de la cual no se permitirá que lleguen motores convencionales de automóviles, sino que tengan que llegar motores de automóviles, adaptables a cualquier mezcla de combustibles, que tengan la posibilidad de trabajar con ciento por ciento de gasolina a partir de petróleo en un extremo o con ciento por ciento de biocombustibles en otro extremo. Estamos en mora de definir esa fecha, y los centros de investigación nos tienen que ayudar.

Y aquí aparece relevante el tema de la universidad. El capítulo de educación es el capítulo básico de nuestra política social. Hace cuatro años la cobertura universitaria era del 22, hoy es del 29, confiamos dejarla en el 35.

Creo que lo que se está haciendo con los exámenes a los egresados, con el Observatorio Laboral de los Egresados, va a ayudar mucho en calidad. Y vemos una gran recuperación de todas las universidades.

Tenemos una discusión con algunas universidades públicas sobre el tema pensional. Esta semana hemos tenido extensísimas reuniones con ellos, les hemos mostrado casos donde hemos sido exitosos, hemos resuelto a futuro el caso pensional de la Universidad de Antioquia, pública, de la Universidad del Cauca, de la Universidad Industrial de Santander, y estamos reestructurando universidades que estaban en una anarquía total de corrupción, de desgreño, como la Universidad del Atlántico.

La tarea que la universidad tiene que cumplir para Colombia es inmensa, nosotros estamos promoviendo ese acercamiento diario entre la universidad y la comunidad. Nos hemos propuesto que en toda universidad pública, haya un enlace universidad – comunidad, porque hemos encontrado mutua desconfianza. La empresa privada ve en la universidad pública un enemigo, un promotor del marxismo, y la universidad pública ve en la empresa privada un factor de división de clases, de explotación, y esa mutua desconfianza hay que superarla.

Creando esas fundaciones que integren cada universidad pública con la comunidad, ayuda a superarlo y en esa tarea nos encontramos empeñados.

Por supuesto entra un tema de discusión nacional, las transferencias. Yo no puedo dejar de referirme a un auditorio, y a un auditorio tan calificado como el de ustedes, sin pedir el apoyo a la propuesta gubernamental de transferencias. Diría yo que es la decisión económica más delicada.

Estamos procurando profundizar la descentralización, sin arruinar a la Nación. Hemos pedido llegar hasta el año 2016, con una fórmula de ajuste año tras año, sin recorte. Pero sin llegar a los aumentos de la Constitución del 91, porque son impracticables, impagables. En el 2016 regresaríamos a un aumento de las transferencias a las regiones en la misma proporción en que crezcan los ingresos corrientes de la Nación, ¿por qué no antes?, por el problema pensional.

Hace dos días le decía a Fecode, no hemos terminado de cerrar el estudio actuarial sobre los profesores del Estado, y ya vamos en 37 billones. Muchas de las universidades con las cuales tenemos hoy discusiones pensionales, tienen unas cargas pensionales inmensas, y todavía van muy atrasadas en esos cálculos actuariales.

Y esa gran responsabilidad pensiona ha recaído especialmente sobre la Nación, que se agravó mucho en estos años, porque se agotaron las reservas del Seguro Social, y eso ha implicado para la Nación un traslado al Seguro Social que este año vale 5 billones 100 mil millones, y que representa más o menos el 1,3 del PIB.

Por eso esta lucha por las transferencias, en un país muy descentralizado y que no lo vamos a reversar, un país muy importante de América Latina, que en su constitución dice que tiene una organización federal. En la realidad muestra que sus regiones recaudan el cuatro por ciento del total del total del recaudo del Estado, en Colombia ya recaudan el 21. Otro país muy importante de América Latina, también federal en su constitución, en su realidad muestra que las regiones gastan el 30 por ciento, y el Gobierno central el 70. En Colombia, las regiones gastan el 51, el Gobierno central el 49.

Y ahí no sumamos sino lo recurrente, porque las regiones reciben mucho apoyo extraordinario del Gobierno central que ellas lo ejecutan. El Gobierno central le entrega a todos los proyectos de Transmilenio en el país, el 70 por ciento del costo, y lo ejecutan las ciudades. Le entrega una suma importante a los municipios para vías municipales, y lo ejecutan los municipios. Le entrega una suma importante en subsidios de vivienda a todas las regiones, y lo ejecutan descentralizadamente las regiones.

Es bien importante tener en cuenta eso, porque una propuesta que hemos hecho equilibrada para lograr que contribuya a la salud fiscal de la Nación, en ningún momento es regresiva en materia de descentralización.

Se discute hoy mucho, el tema de la tasa de cambio. Y aprovechando que hay aquí, dos distinguidos codirectores del Banco Central, y economistas del primer orden en la vida nacional, permítanme decir lo siguiente:

Yo creo que le tenemos que transmitir al país confianza, en buena parte esto es resultado de que hay inversión en Colombia, que la gente quiere invertir en Colombia, de que Colombia está de moda para invertir, y hay unos problemas, como el problema del empleo, en sectores que se afectan por esa tasa de cambio.

Nosotros hemos tomado la decisión, hoy ya consultada con los gremios y las centrales obreras, los gremios le han dado todo el respaldo, las centrales obreras en principio, pero han pedido que la quieren estudiar más profundamente, de hacer un esfuerzo, de hacer un esfuerzo para proteger el empleo.

El país todavía está pagando alrededor de un billón de pesos al año, de bonos que en su momento se emitieron para el rescate de la banca. Hay que hacer ahora un esfuerzo, para evitar el desplome del empleo.

Por eso, el Gobierno ha tomado la decisión de hacer un esfuerzo presupuestal para contribuir con aquellos sectores intensivos en generación de empleo, y ponderando en la matriz otros elementos, como el porcentaje de insumos importados, etcétera, que puedan verse afectados en la tasa de cambio. Y vamos a ofrecer que el Gobierno pague parte y sus contribuciones a las Cajas de Compensación, al Sena y a Bienestar Familiar.

Además, como el requisito es que los trabajadores estén afiliados a esas instituciones, se convierte en un apoyo gubernamental, en un momento difícil de tasa de cambio para la formalización del empleo, que es una aspiración de tantos colombianos.

Ha pedido el Banco Central que el Gobierno haga mayores esfuerzos en materia de gasto público. Quiero proponer esta noche, desde la Universidad de los Andes, lo siguiente: el Gobierno ha tomado la decisión de congelar este año el endeudamiento. Hace cuatro años el endeudamiento público representaba el 50 por ciento del PIB, hoy representa el 30 – 32. Allí ha habido un gran esfuerzo.

Sin embargo, a tiempo que se ha venido presentando ese declive relativo del endeudamiento, el monto del endeudamiento, como cifra absoluta, no relativa frente al PIB, como cifra absoluta ha crecido. Está en 147 billones. La decisión es congelarla. Y hacer todos los esfuerzos para que este año terminemos con los mismos 147 billones. Y atender en esa forma el reclamo que nos hacen.

No es fácil para el Gobierno recortar gasto público. Nosotros teníamos en agosto de 2002 un déficit de 4,2. El consolidado está ahora alrededor de 0,5 – 1. El déficit del Gobierno Nacional central era de 6,2. A eso hay que sumarle 1,3 – 1,4 de pensiones del Seguro Social. Sin embargo lo tenemos hoy alrededor del cuatro, y aspiramos terminar el año no por encima del 3,5. Esto es: no estamos en el paraíso, pero hay una tendencia de mejoramiento.

Yo tengo tres preocupaciones en materia de gasto público: la Seguridad Democrática, el tema de infraestructura y la política social.

El país no tiene infraestructura para hacer un gran país exportador. El reclamo de la ciudadanía sobre la carencia de infraestructura es un reclamo totalmente válido. Nosotros tenemos un plan ambicioso para poder avanzar en infraestructura, conectada con el comercio exterior. No me parece prudente afectar ese plan.

Como no es prudente en el momento del país, con una pobreza todavía en el 45 que llegó a estar en el 60, afectar problemas sociales de la importancia de Familias en Acción.

Le he pedido al Ministro de Hacienda, que en coordinación con el Banco de la República, definan una comisión de economistas que mire cuidadosamente nuestro gasto público, y el Gobierno estará atento a sus recomendaciones.

Por lo pronto, nuestro compromiso para aportarle soluciones a esta preocupación por la tasa de cambio, es congelar este año el endeudamiento y entrar con recursos presupuestales a buscarle un alivio, una protección al empleo vía pago a los empleadores, de lo que ellos tengan que pagarle, porcentajes que tengan que pagarle, empleadores afectados por tasa de cambio, a Cajas de Compensación, a Sena y a Bienestar Familiar.

Y esto discurre cuando avanza el proceso de paz. Con todos los sobresaltos. Yo le decía hoy a algunos interlocutores: “mire, ningún país del mundo ha hecho una apuesta por la verdad, como la que está haciendo Colombia”.

Hace poco me llegó un libro sobre procesos de reconciliación en el mundo. En Sudáfrica se inscribieron siete mil casos y apenas hubo dos o tres confesiones. Ha habido procesos en el mundo muy aplaudidos, pero a la hora de la verdad, con mucho tilín y muy pocas paletas. El nuestro es serio, yendo hasta las últimas consecuencias.

La semana pasada me visitó la Comisión de Conciliación y me dijo: “Presidente, le traemos un mensaje de Itagüí: Que divida la confesión en dos. Que la confesión de crímenes sea ante los fiscales y la confesión de involucrados sea en secreto ante la Iglesia católica, para evitar desestabilizar al país”.

Yo les dije: “De ninguna manera. Yo juré dos veces cumplir la constitución y las leyes al posesionarme como Presidente. Además, tenemos que pensar en la legitimidad del Estado, no se consigue tapando, se consigue esclareciendo. Y si eso fuera posible jurídicamente, excluyan al Presidente. Cualquier mención, por legitimidad del estado la tienen que hacer ante la ciudadanía, y la tienen que hacer ante los fiscales”.

Además, yo creo que es muy importante que los colombianos interioricemos la tragedia que ha vivido el país. Tantos años en poder de las guerrillas marxistas, tantos años desatendidos por el Estado, tantos años con esa reacción paramilitar. Y es muy importante decirle al mundo y a la comunidad colombiana qué pasó.

Yo le decía a las Centrales Obreras hoy: “mire, -porque ellos me traían el caso de Chiquita, de la Drummond- les dije: “si una empresa de esas es condenada en el extranjero o aquí, por un crimen contra líderes sindicales, el Gobierno es el primero que acepta esa condena. Que tomará todas las medidas, pedirá las extradiciones”.

Pero déjenme decir que mi aproximación al tema de asesinato de sindicalistas me hace concluir, sin perjuicio de que la justicia diga otra cosa que respetaré, que aquí a los sindicalistas los han asesinado guerrilleros y paramilitares, no empresarios.

¿Y por qué? Era yo estudiante de la universidad pública. Las guerrillas nos hacían pensar que ya Colombia era socialista, rumbo al comunismo. Y practicaban la fórmula de Marx, de la combinación de todos los elementos de lucha: mataban, y al mismo tiempo mataban y penetraban el movimiento sindical. Secuestraban y al mismo tiempo penetraban el movimiento estudiantil. Ponían una bomba terrorista y al mismo tiempo penetraban la política. Y eso se lo enseñaron a los paramilitares.

El país lo está esclareciendo con los paramilitares, no lo conoció frente a la guerrilla. Ojalá llegue a conocerlo.

¿Y entonces qué ha pasado? ¡Ah, este sindicalista le colabora a la guerrilla!, lo matan los paramilitares. ¡Ah, este sindicalista es colaborador de los paramilitares!, lo mata la guerrilla.

Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por la protección efectiva de los sindicatos, y no en vano. Lo hemos dicho ahora, especialmente a los Estados Unidos: “Cuando llegamos, en ese año 2001 asesinaron en Colombia entre líderes sindicales y maestros, 256. Empezamos una tendencia de reducción: en el 2005, 25. El año pasado se recrudeció, subió a 60. Y a eso contribuyo el enfrentamiento entre Farc y Eln porque uno ve hoy en Arauca, en Cauca: “Las Farc mató un maestro”, diciéndoles que es del Eln, o al revés. Este año, llevamos a la fecha dos sindicalistas muertos y ocho maestros. Un sindicalista del Inpec, por razones no relacionadas con su oficio. Y un caso que se está investigando. Un sindicalista de Sucre, que estaba armado en un grupo ilegal, y murió en un combate con la Fuerza Pública, el 3 de mayo.

Yo le decía hoy a una Organización de Derechos Humanos: “si esa hipótesis se desvirtúa, objetivamente, objetivamente, el gobierno acepta lo que decida la justicia”. Pero el informe que tenemos hoy es este, y el levantamiento del cadáver lo hizo el CTI.

Y de los ocho profesores asesinados, se ha estudiado caso por caso, en Arauca, en el departamento del Cauca, etcétera. Y yo creo que lo que se ha venido haciendo, de perseguir cada caso de estos en detalle, con toda determinación, está trayendo un intangible importante en Colombia.

Aquí antes no importaba que se matara líderes sindicales o profesores, hoy sí importa.

Y esa tarea de protección la empezó el gobierno no presionado, sino desde la hora cero del gobierno. Y es bueno informarle a la universidad: Nosotros tenemos hoy un programa de protección de seis mil colombianos, 1500 de ellos líderes sindicales. Este año cuesta 76 mil millones.

Y hemos empezado a derrotar la impunidad. En los últimos meses se han producido ya 37 sentencias, que han condenado a 59 responsables de asesinatos de líderes sindicales. No fue fácil llevar a la Constitución el sistema penal acusatorio, el procedimiento oral, desarrollarlo en los códigos y financiarlo. Solamente el año pasado, lo que hubo que darle a la Fiscalía en adición para atender el sistema penal acusatorio costó 70 millones de dólares.

Ese programa de protección de 6 mil colombianos este año vale 76 mil millones. Y el Plan de Desarrollo acaba de aprobar un artículo para seguir fortaleciendo la Fiscalía en la lucha contra la impunidad.

Yo confió que la apuesta colombiana de exigir la verdad va a contribuir a que interioricemos la tragedia y a que el país se prepare para dejar atrás estos años tan difíciles de guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico, para recuperar plenamente el sendero de la vigencia de las instituciones del Estado de Derecho.

Muchas felicitaciones a la Universidad, al BBVA, al CEGA y a todos ustedes muchas gracias.