“Expreso mi inmensa gratitud, en nombre de todos los colombianos, al Parlamento Latinoamericano por reunirse en la capital de nuestro país, con una agenda de temas de gran importancia y bien trascendentes para lo que vive y ha vivido nuestro país.

Quiero, en primer lugar, hacer votos por la integración. Falta mucho, pero en los últimos años ha habido avances. Hace seis años, parecía imposible el primer acuerdo entre la Comunidad Andina y Mercosur, lo logramos.

Yo recuerdo que el ambiente era de indiferencia, desinterés y pánico.

En el sur veía total indiferencia, desinterés. En la Comunidad Andina veía desinterés en unos sectores y pánico en otros. Se logró ese primer paso.

Se ve muy consolidada la integración de la visión centroamericana y mesoamericana, con el Plan Panamá – Puebla, y con los otros acuerdos que unen a los países centroamericanos.

Colombia ha ingresado al Plan Panamá – Puebla, y desde allí aspira cumplir una tarea que, naturalmente por su localización geográfica le corresponde, que es la tarea de puente entre esa integración y la integración suramericana.

Ha avanzado la unión suramericana. Y cuando se creía que la polarización alrededor del Alca (Área de Libre Comercio de las Américas) -que finalmente lo llevó a un entierro que no sabemos cuanto tiempo va a durar- mataría cualquier nuevo esfuerzo por la integración, pero no, se han venido dando esfuerzos alternativos por la integración.

A mí me parece de gran importancia, por ejemplo, lo que ocurre hoy en la Comunidad Andina. Es el avance de la negociación integral con la Unión Europea, el diálogo político, la cooperación, el acuerdo de comercio.

Que eso, ojalá, pueda llevarse a países latinoamericanos, ojalá a todos, más allá de la Comunidad Andina.

Hago pues votos para que podamos acelerar la integración.

Concepto de Estado

Llegan ustedes a Colombia, distinguidos parlamentarios latinoamericanos, un país con mucho sufrimiento, pero con mucho optimismo, una Nación con espontaneidad, un pueblo alegre, laborioso, dispuesto siempre a superar dificultades.

Nosotros, hemos reformado el Estado, pero no lo desmantelamos. América Latona vivió unos lustros de desmantelamiento del Estado, se le atribuía al Estado la culpa de toda la problemática.

En esta administración hemos reformado 415 entidades del Estado. Seguimos reformándolas, para tener un Estado más comprometido con la comunidad, más transparente, más eficiente, un Estado que cree valor social y que no sea simplemente carga fiscal. En esa dirección hemos avanzado.

Y no estamos en el estatismo. Nosotros reasignamos toda la importancia al emprendimiento particular. Abrimos todos los espacios con la exigencia de la responsabilidad social. Un Estado que se reforma, que no se desmantela, que le da todos los espacios al emprendimiento de los particulares y que exige responsabilidad social.

No queremos monopolios estatales ni monopolios privados, sino una gran dinámica de emprendimiento. Y ya se ha visto reflejado en estudios nacionales e internacionales, que muestran una gran reacción del emprendimiento en Colombia.

Trabajamos la responsabilidad social en tres expresiones: Primero, en la transparencia de las relaciones entre los inversionistas y el Estado. Transparencia en la contratación, transparencia en las concesiones, transparencia en la tributación, transparencia en la solución de disputas.

Segundo: responsabilidad social como solidaridad de la inversión con la comunidad, especialmente en el tema de los requerimientos ambientales, para poder garantizar el desarrollo sostenible.

Y tercero: responsabilidad social en las relaciones laborales. Relaciones laborales no de capitalismo salvaje, no de odio de clases -que tanto daño ha hecho en este país- sino relaciones laborales fraternas.

Nos preocupa la polarización del continente, que creo que es más mediática y superficial que real, entre izquierda y derecha.

Creemos que cuando todo el mundo se somete a la regla democrática, esa división empieza a ser obsoleta. Tenía razón de ser cuando pensadores y luchadores de la democracia del continente trajeron esas ideas de la Europa de la posguerra, les agregaron valor aquí para combatir las dictaduras. Hoy vemos que la frontera para esa división se ha desvanecido, que la división es obsoleta, impráctica.

A la hora de la verdad, es mayor la diferencia en el discurso, en el proselitismo político, que en la acción de Gobierno. Y además, muchas veces en la acción de Gobierno quienes se proclamaron de izquierda, terminan con prácticas de derecha y al revés.

Características de la democracia

Nosotros en lugar de insistir en esa división, creemos que el continente debe trabajar para avanzar hacia una democracia profunda y moderna, que a nuestro juicio, debe tener cinco características: Seguridad Democrática, libertades públicas, cohesión social, transparencia como factor de confianza, y respeto a las instituciones democráticas que componen cada Estado, independientes como razón para el equilibrio, para evitar excesos, pero también armónicas, como razón para conseguir los bienes superiores de la comunidad, que son de la esencia de la unidad nacional.

Cuando miramos la seguridad, inicialmente algunos la reivindicaban como una añoranza de la derecha. Pero uno se pregunta: ¿acaso no la necesitan las izquierdas para poder avanzar en su agitación, en su Gobierno o en su condición de alternativa de Gobierno?

Las libertades públicas eran denostadas como una categoría burguesa, simplemente para reproducir las condiciones de explotación. Hoy todo el mundo las necesita.

Por eso vemos que es mucho más importante trabajar esos cinco valores, que mantener la vieja división entre izquierda y derecha.

(Norberto) Bobbio alcanzó a mostrarnos cómo esos valores que podían tener orígenes en una u otra cantera ideológica, finalmente tenían que ser valores adaptados por toda la comunidad, independientemente de las creencias políticas particulares de cada uno.

Objetivos de Gobierno

Bajo estos conceptos, nosotros trabajamos hoy tres principales objetivos de Gobierno: consolidar la Seguridad Democrática, consolidar la confianza inversionista y avanzar hacia la cohesión social.

Son indisolubles. La prosperidad social no se puede desvincular de la prosperidad económica.

El continente vivió periodos en los cuales se le asignó toda la importancia a la prosperidad económica. Recordamos el desarrollismo, agitado fundamentalmente desde el Brasil. Años de crecimientos económicos del 14 por ciento y de una profunda agudización de la pobreza.

Se creyó que bastaba con la prosperidad económica, que la prosperidad social llegaría automáticamente. No llegó.

También recordamos fracasos estatistas, como finalmente ocurrió con la Revolución Boliviana de 1950, con la revolución del General Velasco en el Perú.

También recordamos cómo cuando se le dio exclusiva importancia a la prosperidad social, se ignoró la necesidad de la prosperidad económica, hubo un discursos social muy beligerante y unos resultados muy contradictorios.

Cuando la prosperidad social no está alimentada por la prosperidad económica, la prosperidad social corre el riesgo de generar mucha ilusión en el discurso y total frustración en la realidad.

Nosotros hemos creído que la Seguridad Democrática es un factor fundamental de la confianza inversionista. Que las dos tienen que crear las condiciones para que el país construya cohesión social, expresada esa cohesión social en derrota de la pobreza, en construcción de equidad, y que la perdurabilidad de la Seguridad Democrática y de la confianza inversionista dependen de un factor que las legitimice: el avance de la cohesión social.

Las dos primeras son presupuestos para la tercera. Y la tercera es factor de legitimación y de permanencia de las dos primeras.

Seguridad Democrática

¿Por qué Seguridad Democrática, apreciados parlamentarios del continente? Por razones del continente, de la historia y por nuestras propias particularidades.

Cuando propusimos desde el año 2000 que nuestro proyecto político sería de Seguridad Democrática, esa proposición la fundamos sobre muchas bases. Una de ellas, establecer claramente la diferencia con lo que había sido la doctrina de la seguridad nacional en el continente.

Una Seguridad Democrática que profundizara el pluralismo, que en dirección opuesta a la doctrina de la seguridad nacional, no introdujera a la censura.

Una Seguridad Democrática para las libertades, no para la eliminación del disenso que vivió el continente durante la época de la doctrina de la seguridad nacional.

Seguridad Democrática para todos los ciudadanos: para los empresarios y para los trabajadores, para los agricultores y los campesinos, para los amigos de las tesis del Gobierno y para los opositores de las tesis del Gobierno.

Seguridad Democrática cuya sostenibilidad depende de su credibilidad, credibilidad que tiene que fundamentarse en la lucha diaria por la eficacia de la Seguridad Democrática, en la lucha diaria por su transparencia, y su transparencia es la adhesión a los derechos humanos.

Seguridad Democrática para que el país se mantenga abierto. En muchos países las puertas se han cerrado no solamente al disenso interno, sino a la vigilancia internacional.

Colombia, enfrentando un problema de seguridad, quizá el más grave que haya vivido el continente, ha mantenido las puertas abiertas al disenso interno y a la crítica internacional.

Aquí, a las ONG críticas no se les exige ni visa. Hoy el único riesgo que corren, es de pronto tener un debate con el Presidente de la República, pero son rodeadas de todas las garantías.

Yo creo que la vivencia de libertades en Colombia no se aprecia lo suficiente, porque se goza lo suficiente.

Es difícil encontrar un país enfrentando el desafío del terrorismo, que nosotros enfrentamos, con la vivencia de libertades que rodea a todos los ciudadanos.

Hemos avanzado en materia de seguridad, pero no hemos ganado. Hay que persistir en esta tarea. Y además de los delitos atroces del terrorismo, tenemos la lucha por la seguridad cotidiana.

Recientemente este Congreso aprobó una ley que da mejores posibilidades para enfrentar el tema de la seguridad cotidiana. Ejercemos una labor diaria de trabajo con la Fuerza Pública, con las autoridades locales y de todas las regiones, para avanzar en el tema de la seguridad ciudadana.

También se ha aprobado la nueva ley para proteger a las familias contra la violencia, que consideramos de fundamental importancia. En esa ley se incluyen unos artículos bien importantes, especialmente para proteger a la mujer y para proteger a los niños.

Seguridad, el camino hacia la paz

Nosotros creemos que la seguridad es el camino a la paz. Estamos convencidos que los terroristas no hacen la paz por convicción sino por necesidad.

La historia de este país ha demostrado que los pocos que han hecho la paz la hicieron cuando estaban militarmente derrotados.

Nosotros creemos que el apaciguamiento es una manera de fortalecer el terrorismo. Pensamos que la seguridad aplicada con eficacia, es el camino que obliga al terrorismo, en algún momento, a aceptar que tiene que negociar la paz.

Este Congreso, en medio de un gran debate nacional e internacional aprobó la Ley de Justicia y Paz. Primero se le criticaba mucho, diciendo que era un acto de legalización del narcotráfico y del paramilitarismo. Por fortuna ahora, los críticos de ayer lo que piden es más celeridad en su aplicación.

Fue una bella discusión democrática de un tema muy difícil, muy controversial. Una de nuestras prácticas democráticas es mantener las cartas sobre la mesa.

Hace pocos días, un congresista de los Estados Unidos me preguntaba: “¿Presidente es verdad que el Gobierno de Colombia ocultó en el proceso electoral de 2006 la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos?”.

Y le contesté: eso es opuesto a nuestra práctica democrática. Al contrario, pedimos que se acelerara la negociación, para que hubiera suficiente tiempo para que el electorado conociera ampliamente lo que habíamos negociado y el electorado pudiera llegar al día de elecciones con clara conciencia sobre el tema.

Lo mismo ha pasado con el tema de seguridad: gran controversia, pero nada se ha ocultado. Hemos preferido la controversia intensa y permanente, que el ocultamiento, apreciados parlamentarios.

Esa Ley, a mi juicio, es bien importante porque ayuda a la desmovilización, pero es muy exigente en materia de justicia y de reparación.

Este país, como en tantos países del mundo, tiene experiencia en leyes de perdón, amnistías e indulto, desconociendo delitos atroces.

En nombre de procesos de paz, de leyes generosas que yo mismo ayude a aprobar en este recinto como Senador de la República, aquí pasaron delincuentes comprometidos en atrocidades, a ser miembros de este parlamento y a aspirar a la Presidencia de la República.

Eso en la Ley de Justicia y Paz no se repitió. La Ley de Justicia y Paz es un buen balance entre la paz, la justicia y la reparación; no permite la amnistía ni el indulto para delitos atroces.

Tampoco desafió la provisión constitucional de venir a este parlamento, a aquellas personas condenadas por delitos diferentes al delito político o al homicidio culposo.

La Ley de Justicia y Paz ofrece a los responsables de delitos atroces, el beneficio de una sentencia reducida, sin amnistía, sin indulto, sin que puedan ejercer el derecho político de ser elegidos, pero les obliga confesar los crímenes y les obliga a entregar su patrimonio para reparar a las víctimas.

Un gran desafío, un gran precedente para este país y para el mundo.

Pero tenemos un problema: muchos de los críticos han dicho que esa Ley es laxa, indulgente con el paramilitarismo, y al mismo tiempo dicen que es muy dura e inaplicable frente a la guerrilla.

Yo he sido de la tesis, en la discusión con mis compatriotas, que nosotros no podemos seguir buscando pretextos históricos o motivacionales, para darle un tratamiento diferente a guerrillas y a paramilitares.

Creo que les tenemos que dar un tratamiento igual, y que eso tiene que provocar al interior del país y con la comunidad internacional, una muy constructiva discusión sobre los estatutos legales que se adopten, en el momento en que se den acuerdos de paz con las guerrillas que persisten.

Tendremos que mirar también las limitaciones de los tratados internacionales. Y tendremos que aceptar que, al darle el mismo tratamiento a la guerrilla que a los paramilitares, hay que ser igualmente severo con la guerrilla o igualmente concesional con los paramilitares.

Estos temas son de mayor cuantía, generadores de debate, pero deben ser agitados permanentemente, como se obliga en la democracia, para que la opinión pueda hacer una permanente reflexión sobre los mismos.

La Ley de Justicia y Paz, que es una segunda etapa de la Seguridad Democrática. La primera etapa ha sido el enfrentamiento radical al terrorismo, imparcial, desde la hora cero de Gobierno, por igual a guerrillas y a paramilitares.

Esta Ley ha permitido desmovilizar 46 mil personas. Este año estamos llegando ya a la desmovilización de 3 mil personas.

Cuando nuestro Gobierno empezó, Colombia tenía cerca de 60 mil integrantes de los grupos terroristas. Comparen eso con lo que ha pasado en otros países del mundo.

Recuerdo en aquel Viernes Santo de 1998, cuando se firmaba el acuerdo de paz de Irlanda. Registraban allí que en casi 100 años de esa confrontación, en 80 años, se habían producido 3 mil 300 asesinatos.

Solamente en el año 98 en mi ciudad y los alrededores, hubo 5 mil asesinatos en Colombia. Solamente en 10 años, 23 mil secuestros denunciados en Colombia. Ven ustedes la dimensión del problema.

Se han desmovilizados 46 mil terroristas. Unos 10 mil de la guerrilla y el resto de los paramilitares. Yo creo que es un gran avance, pero todavía falta mucho, y falta que se produzcan las sentencias de la Ley de Justicia y Paz, está en los procesos de audiencia.

Hay un proceso muy esforzado de reinserción de los desmovilizados. Es un proceso complejo, es un proceso costoso. Este país tiene 1.099 municipalidades, de ellas, casi 800 son municipalidades en promedio con menos de 25 mil habitantes.

La complejidad del problema la da esta comparación: imaginen ustedes dos municipalidades con la totalidad de la población, como población desmovilizada de grupos terroristas en plan de reinserción.

El desplazamiento, las víctimas

Si ustedes me preguntaran por tres grandes preocupaciones actuales sobre materia semejante les diría: el reto de la reinserción, complejo, difícil, costoso. El reto del desplazamiento y el reto de las víctimas.

Este proceso terrorista produjo un éxodo de colombianos hacia el exterior, y un desplazamiento interno de más de 2 millones de personas.

Se ha disminuido mucho el desplazamiento, pero todavía no lo hemos podido evitar totalmente.

Nosotros hemos mejorado en este país, pero así como le decimos al mundo que nos reconozca lo que hemos mejorado, también reconocemos todo lo que nos falta.

Hemos multiplicado por 10, en este Gobierno, el presupuesto para atender desplazados, pero todavía es insuficiente.

Creo que vamos muy bien con los desplazados en materia de salud, de educación y de un programa que se llama Familias en Acción, que hasta donde conozco, lo tiene México, lo está introduciendo Ecuador, lo ha tenido el gobierno del Brasil. Nosotros ya tenemos millón y medio de Familias en Acción. Allí hay muchos desplazados.

Me preguntarán ustedes: ¿Cuál es el primer problema con el desplazamiento? Hoy por hoy, la falta de vivienda.

Teníamos presupuestadas 40 mil soluciones de viviendas para desplazados, y apenas ellos percibieron que el Congreso y el Gobierno estaban en disposición de cumplir con ese requerimiento, aparecieron 200 mil solicitudes. Eso nos implica unos recursos adicionales del orden de 800 millones de dólares, que estamos buscando a ver cómo lo resolvemos.

Y el tema de las víctimas. Hasta ahora han aparecido 87 mil víctimas. Antes, las víctimas se quejaban en el extranjero o aquí en voz baja.

La Seguridad Democrática, la protección, el avance de la política de seguridad, de la política de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, le ha dado valor a las víctimas para que aparezcan a reclamar. Han aparecido 87 mil.

El Ministro del Interior y de Justicia (Carlos Holguín Sardi) y el Alto Comisionado (para la Paz, Luis Carlos Restrepo) están preparando un decreto que aspiramos expedir en diciembre, para buscar un mecanismo de conciliación con las víctimas por la vía administrativa, que tiene unos costos fiscales y unos costos no fiscales.

En materia de costos fiscales, el tema es enorme. Preferimos enfrentarlo por la vía de la conciliación administrativa, que esperar que todo vaya a los estrados judiciales.

Narcotráfico

El tema del narcotráfico. Estamos haciendo un gran esfuerzo para derrotarlo. Este país todavía tiene el 51 por ciento del territorio en selva. Colombia es un país de 1 millón 150 -164 mil kilómetros cuadrados, y tiene más o menos 578 mil kilómetros cuadrados todavía en selva, por fortuna.

El gran enemigo de nuestros recursos ambientales ha sido el narcotráfico. El Ministerio de Ambiente tiene un informe de cerca de 2 millones hectáreas de selva destruida por el narcotráfico: tumban la selva para sembrar droga. Y allí ha habido una discusión que hace más daño: el narcotráfico o la fumigación para eliminarlo.

Lo primero que ocurre es que destruyen la selva, se produce una erosión de suelos, un fenómeno de desconrentía, un fenómeno de alteración del sistema de lluvias. Después viene la siembra, la utilización de los agroquímicos durante el cultivo, y la utilización de los precursores para convertir la hoja de coca en cocaína. Y eso contamina los ríos.

Hemos visto un daño ecológico tremendo, en la fauna y en la flora, por ejemplo, en el río Putumayo.

He sostenido en muchas discusiones nacionales e internacionales, frente a aquellos que se han opuesto a la fumigación, que el gran daño lo hace es la siembra y el procesamiento.

En Colombia hay grupos terroristas, porque hay narcotráfico.

Cuando uno lee a los estudiosos de las soluciones de paz, por ejemplo de Centroamérica, encuentra en las diferentes tesis doctorales que han incorporado el pensamiento de quienes fueron actores en esos conflictos centroamericanos, en el caso del El Salvador, que se llegó a la paz en el momento en que la guerrilla salvadoreña encontró que no tenía posibilidades de avance militar y perdió las fuentes de financiación, que no eran donaciones de los países de la antigua cortina de hierro, sino donaciones de ONG de Europa Occidental. Bien importante para tenerlo en cuenta en América Latina.

¿Por qué se ha dificultado tanto la negociación en Colombia? Porque aquí han tenido una autonomía de financiación, que es el narcotráfico. Y por eso hay que avanzar en la derrota del narcotráfico.

Hemos tenido el Plan Colombia con los Estados Unidos, pero hemos hecho un esfuerzo adicional muy grande nosotros.

En el Plan Colombia se incorporó la fumigación, pero no la erradicación manual. Hace tres años este Gobierno incorporó la erradicación manual.

En el primer año erradicamos 32 mil hectáreas, el año pasado erradicamos 43 mil, y este año ya vamos por encima de 53 mil.

Está previsto para el año 2008 erradicar 100 mil hectáreas manualmente, con unos sistemas de erradicación y regreso a la misma área dentro de un intervalo, que nos permitan ser más eficaces en la eliminación definitiva de los cultivos.

Las estadísticas venían mostrado una gran declinación, hasta el año 2004. Según los Estados Unidos, en el año 2004 terminamos con 125 mil hectáreas, y después en los años 2005 y 2006 con 156 mil. Según Naciones Unidas, terminamos el año 2006 con 72 mil hectáreas, una gran diferencia.

Le hemos pedido a los Estados Unidos y a las Naciones Unidas: “pónganse de acuerdo en la metodología”.

Yo le he dicho a los Estados Unidos: “bueno hemos perdido el tiempo después de este esfuerzo, se han crecido las áreas”. Y ellos dicen: “no lo que pasa es que cuando empezó el Plan Colombia, en el 2000, se midió apenas una pequeña porción del territorio”.

Y ahora están en una discusión metodológica, porque nos han dicho que han abarcado más territorio en la mensura y que ha hecho unas extrapolaciones que en este caso conducen a error, como quiera que los cultivos están en determinadas áreas. No son unos cultivos ocupando porcentajes en todo el territorio, sino muy concentrados en determinadas áreas, donde van saltando pero al interior de esa misma área.

Acabamos de tener una información de los Estados Unidos que es importante: la DEA ha hecho una encuesta en los últimos 10 meses en 37 ciudades de los Estados Unidos, y ha encontrado que ha aumentado el precio (de la droga) en un 44 por ciento, ha disminuido la pureza casi en un 30 por ciento y ha disminuido el número de positivos en los exámenes a las personas.

Sentimos que tenemos más eficacia hoy en la eliminación de cultivos, por la suma que hemos hecho a la erradicación manual a la fumigación; más eficacia en la interceptación, por dos decisiones que se tomaron: la primera, la interceptación aérea.

Naciones Unidas muestra hoy en el espacio aéreo colombiano una eliminación sustancial de trazas de vuelos ilícitos, pero el narcotráfico, los terroristas se aprovechan, sacan la coca de Colombia por lo ríos, por la carreteras, y la embarcan en otros países, por eso se necesitan una gran cooperación internacional de todos.

Y nos ha dado muy buen resultado en los últimos tiempos el trabajo integrado con México. Los decomisos que se han venido logrando en México han ayudado enormemente a los buenos resultados.

Cultivos alternativos

Cultivos alternativos. El país tiene dos áreas: un área donde puede prosperar la agricultura comercial la agricultura lícita. A mi juicio esa es la mejor alternativa. Y unas áreas difíciles en la selva, lejos de terminales, de las vías, donde lo indicado es preservar y recuperar la selva, eliminar la coca y recuperar la selva, no sustituir la coca, no sustituir la selva por cultivos convencionales.

Allí hemos introducido un programa que se llama Familias Guardabosques. ¿En qué consiste? Familias que estaban en el cultivo de la coca, el Gobierno ha hecho pactos con esas familias: “ustedes se comprometen a no cultivar más coca, mantienen determinada área libre de coca, supervisan la recuperación de la selva”.

Se le está pagando a cada familia de esas entre 1.500 y 2.000 dólares al año, además de otros apoyos en educación, en crédito, etcétera. Aspiramos llegar a 80 mil familias, tenemos 56 mil, necesitaríamos más de 100 mil.

El programa ha sido financiado exclusivamente por el presupuesto nacional de Colombia. No está en el Plan Colombia de los Estados Unidos, se introdujo en este Gobierno.

¿Quién lo monitorea? Naciones Unidas. El Gobierno de Colombia les paga a las familias solamente cuando Naciones Unidas da el certificado de que las familias están cumpliendo con sus obligaciones.

Las Naciones Unidas han aplaudido este programa, lo ha presentado como un programa de desarrollo alternativo muy eficiente, y como un programa muy importante para preservar la selva. En Colombia contra la amenaza a la selva, que es justamente el narcotráfico, y en otros países contra la amenaza a la selva, que es la idea de tumbar selva por ejemplo para sembrar cultivos como la Soja.

Familias Guardabosques pienso yo que es una gran aporte de Colombia, como alternativa para cuidar la selva y como alternativa al narcotráfico.

Penalización al consumo de droga

El tema del consumo, la legalización. Yo fui gobernador en la zona más afectada por la violencia del narcotráfico en Colombia, en Antioquia. Y antes había sido alcalde de su capital.

La experiencia allí, buscar el equilibrio entre el empirismo y la recomendación de los científicos, nos ha indicado que la manera más afectiva de avanzar en la prevención es acompañar la educación de la sanción.

Hay dos escenarios: en el uno, tratar de prevenir y de ayudar a los consumidores a resarcirse, sin sancionar el consumo. Y el otro, con sanción al consumo. En esa experiencia, la combinación de empirismo y de la recomendación de los científicos, indica que es mejor el segundo escenario.

Además, yo miro el tema también con aprehensión de padre de familia. Sinceramente yo creo que la experiencia colombiana indica que hay que dar toda la lucha por erradicarlo, y que el camino no es la legalización.

A mí me preocupa mucho es que nos quedamos a medias. Por ejemplo, este es un país con una legislación muy estricta para confiscar. Este país ha avanzado mucho en confiscación de riqueza de narcotráfico.

En el Gobierno nuestro una de las primeras leyes que se aprobó, prácticamente invierte la carga de la prueba: permite que la justicia, al tener simples sospechas de que alguien adquirió un bien con recursos ilícitos, lo llame a preguntarle: “muestre cómo lo adquirió”. Y si no demuestra que lo adquirió con recursos lícitos, el bien es confiscable.

Este país ha avanzado mucho en extradición. Aquí, a pocos metros, en 1985 se produjo la masacre de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, una combinación del movimiento guerrillero -después indultado- con el narcotráfico.

El narcotráfico le pagó a ese movimiento guerrillero para fueran allá y se tomarán el Palacio de Justicia, llamaran al Presidente de época a que tenía que ir a un juicio popular, quemaran unos expedientes que soportaban unos trámites de extradición de narcotraficantes.

Este país derramó mucha sangre por el tema de extradición, se ha aclimatado en la conciencia hoy de los colombianos, que esa es una institución irrenunciable.

La Constitución del 91, que incluyó cosas muy buenas, también dejó sombras. Una de ellas es: ¿por qué en el 91 se prohibió constitucionalmente la extradición? Después se revivió la extradición en 1996. Este Gobierno la ha aplicado sin reservas, llevamos más 600 extraditados.

La preocupación mía es: un país que lucha contra las siembras, que confisca y que extradita, ¿por qué tiene permisividad con el consumo? Por eso hemos insistido mucho ante el Congreso de la República en una reforma constitucional que no se ha podido aprobar, para que nos permita, en la ley, sancionar la dosis personal.

Aquí, con la idea de la autonomía para el desarrollo de la personalidad, se declaró inconstitucional la posibilidad de sancionar la dosis personal. Y la dosis personal es la tronera por donde el narcotráfico ha avanzado mucho en el consumo local. Si eso se combina con la inimputabilidad de los menores de 18 años, entonces ahí aparecen dos casos de falta de culpabilidad penal: la dosis personal y el delito del menor de 18 años. Eso ha ayudado a crecer mucho la criminalidad en Colombia.

Estamos buscando que este Congreso nos apruebe la reforma constitucional para sancionar la dosis personal, con dos aspectos que se le han concedido al Congreso: que sea pena no privativa de la libertad, que se acompañe de la rehabilitación y que no quede registrado como antecedente en contra de la persona.

Nosotros, con esas anotaciones, vamos a ir insistiendo en ese punto.

Denominación de terrorismo

Muchos comentaristas de la comunidad internacional y aquí, dicen que por qué el Gobierno nuestro desconoce el fenómeno con la guerrilla y con los paramilitares como un fenómeno de conflicto, y por qué los señala como terroristas.

Cuando uno lee las legislaciones europeas, encuentra que en muchas de ellas se define terrorismo como el uso de la fuerza o la simple amenaza del uso de fuerza por razones ideológicas, políticas o religiosas.

Y se le pregunta a los profesores europeos: “¿ustedes por qué tan severos?” Y contestan: “porque tenemos una democracia pluralista que tenemos que defender con todo el rigor, y nos vamos a permitir que contra ella se atente por la fuerza”.

Nosotros tenemos aquí una democracia respetable.

En el proceso electoral que acaba de ocurrir se presentaron 87 mil candidatos -en el año 2000 habían sido 45 mil- para 18 mil 332 cargos. No pudimos tener cero violencia, pero sí un mejoramiento fundamental frente a lo que vivía el país.

Fueron asesinados 20 personas, 20 candidatos, de ellos, 18 amigos del Gobierno, ni uno de la oposición. Eso muestra un gran avance de la Seguridad Democrática en Colombia. Doce de ellos -probado hoy- asesinados por las Farc.

Aquí tenemos una democracia que, a semejanza de las democracias europeas, esa democracia tiene la autoridad moral para sancionar con toda la drasticidad, sin utilizar atenuantes, la acción violenta contra esa democracia. Una de las razones para decir que estos grupos son terroristas.

Y por sus resultados. Y por sus métodos. Hablaron siempre de ampliación democrática, y se convirtieron en sicarios de la democracia. Hablaron siempre de injusticia social, y la agravaron. Su resultado fue el desplazamiento, el desempleo, el empobrecimiento, la desconfianza en Colombia.

Desconocer nosotros un conflicto con los grupos terroristas, desconocer nosotros que se les llame insurgentes, calificarlos como terroristas, no quiere decir que desconozcamos las grandes dificultades de Colombia.

Lo que pasa es que las grandes dificultades de Colombia, se obstaculiza su solución, con la persistencia de los grupos violentos.

Acuerdo humanitario

Estamos ahora en el tema del acuerdo humanitario. Este Gobierno ha disminuido enormemente el secuestro. Este país llegó a tener 3 mil secuestrados por año. Este año todavía hay muchos, puede haber alrededor de 300 casos de secuestro, pero el país ha mejorado enormemente.

Se mantienen secuestradas estas personas, estos compatriotas, donde está la doctora Ingrid Betancourt, de nacionalidad también francesa, y tres norteamericanos.

El Gobierno ha hecho grandes esfuerzos. Les voy a hacer una enumeración de esfuerzos.

Primero, aquí hubo un delegado, durante dos años y medio, de las Naciones Unidas. Infructuoso. Después, se autorizó la facilitación del señor ex presidente Alfonso López, fallecido, del señor ex presidente Ernesto Samper. Facilitación infructuosa. La facilitación de la Iglesia Católica. Facilitación infructuosa.

Hemos tenido una facilitación de 2 delegados de Francia, de España y de Suiza, una facilitación que lleva más de 3 años. Infructuosa.

Ellos propusieron una zona de encuentro para hacer el acuerdo humanitario, el Gobierno la aceptó. La guerrilla primero dijo que no había sido comunicada y después dijo que no la aceptaba.

Después la guerrilla les ofreció liberar una persona. Los europeos le pidieron al Gobierno crear un corredor sin presencia militar para esa liberación. Incumplieron.

Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos.

En el último esfuerzo muchos compatriotas me decían: “Presidente, ese es un riesgo político muy grande, porque usted ha permitido esta mediación y entonces les van a entregar los secuestrados, y eso lo van a tomar aquí como una bandera de la oposición. Y se va a utilizar contra las tesis de Gobierno en las elecciones de 2010”.

Yo dije: ‘tengo que mirar dos aspectos. Por un lado, el cálculo de ese riesgo político que me señalan muchos compatriotas; y por otro lado, si noblemente estamos buscando o no el acuerdo humanitario”.

Entonces dije: “voy a ignorar el supuesto riesgo político, si hay que correrlo lo corremos, para demostrar toda nuestra buena fe en la búsqueda del acuerdo humanitario”. Lo hicimos.

Además, en la idea de que el último procedimiento era un procedimiento frente al cual la guerrilla tenía que cumplir la obligación de entregar esos secuestrados.

Yo me pregunté: “si no es ahora y a los ciudadanos que están mediando, a quienes les van a entregar los secuestrados, no hay a quien en el mundo se los puedan entregar”.

Yo les pido a ustedes reflexionar sobre eso. El Gobierno no se detuvo en cálculos políticos. Dejó el cálculo político a un lado, e hizo todo el esfuerzo para que se diera la liberación de los secuestrados.

Es que las Farc a todo el mundo le ha incumplido. Miren todos los esfuerzos que hemos hechos. Súmenle otros. Nosotros liberamos unilateralmente hace 3 años, 27 integrantes de las Farc, hace 3 meses ordenamos la liberación de 150 integrantes de las Farc, unilateralmente. No fácil. Hasta hoy la Corte Suprema nos ha revocado 6 resoluciones de indulto.

A pedido del Presidente (Nicolas) Sarkozy de Francia liberamos a Rodrigo Granda, con dificultades legales para proceder con esa liberación. ¿Y cuales son las respuestas que nos han dado las Farc? Mentiras, dilaciones y asesinatos.

Primero asesinó al Gobernador de Antioquia, que lo tenían cautivo. A un ex Ministro de Defensa, a unos oficiales de la Fuerza Pública, y después asesinó a los 11 diputados vallecaucanos.

Y permítanme detenerme un poco allí, porque ustedes integran un auditorio muy respetable del continente, y yo no puedo como Presidente de Colombia, desaprovechar esta oportunidad para darles detalles y versión. Por supuesto que procuro que sea lo menos subjetiva posible.

Estábamos intentando rescatar al Gobernador de Antioquia, en plena selva, recuerden, este país tiene 578 mil kilómetros de selva.

En ese operativo los asesinaron. Yo hablé esa misma noche con dos sobrevivientes, oficiales del Ejército. Me contaron lo siguiente: cuando los helicópteros militares sobrevolaban la selva, de abajo del campamento prácticamente no se veían los helicópteros por el espesor de la selva, árboles de 40 metros de altitud, con una gran densidad. Y de los helicópteros se veía todo el follaje, la estructura de ramas de los árboles, pero no se veían los campamentos.

Cuando se oyó el ruido, los terroristas se espantaron. Y al ver que no llegaban los soldados, regresaron al cambuche que tenían allí, a un campamento precario, y asesinaron en el suelo, asesinaron en el suelo a los cautivos.

El Gobierno ha dicho: íbamos en una operación de rescate, pero no hubo un combate. No habían llegado los soldados, no se había disparado un tiro. Cómo los mataron.

Y me contaban los suboficiales, porque este país -en mi concepto- tenía una gran inclinación a dialogar con los terroristas y a no dialogar con la gente que vive respetando la ley.

Nosotros tenemos un concepto de Estado Comunitario para abrirle toda participación a la ciudadanía. Creemos en eso, creemos que entre más participe la ciudadanía en la definición en las tareas del Estado, en su ejecución y en su vigilancia, hay más eficiencia, más equidad en la apropiación de los recursos, y hay más transparencia.

Entonces, nosotros hemos tenido una actitud más fuerte contra el terrorismo, y más abierta con la ciudadanía que vive dentro de la ley.

El ex gobernador y el ex ministro trabajaban mucho en el diálogo con la guerrilla. Y en ese cautiverio tuvieron estas conversaciones con los jefes guerrilleros que los tenían secuestrados: “¿Por qué nos secuestran a nosotros, si nosotros hemos sido sus amigos y los amigos del diálogo?

Siempre les contestaron con ese viejo odio que sembraron las guerrillas de la dictadura del proletariado en nuestro país: “ustedes no son nuestros amigos, ustedes son nuestros idiotas útiles”.

¡Cuidado comunidad!

Estos terroristas colombianos han sabido convertir en idiotas útiles a todos aquellos que les han dado la mano. Parecen la fiera carnívora, que cuando se le da una coliflor o una verdura la recibe, pero en la cuarta ocasión, en la cuarta ocasión ya le aparece su rabia, y le devora la mano a quien generosamente le extiende la mano para entregarle una verdura.

Y asesinaron a los diputados vallecaucanos y mintieron. Produjeron show y mentira. Y no fueron capaces de sostener la mentira.

Prepararon una noticia, que la liberaron cuando era media noche en Colombia y amanecía en Europa, para hacer allá el show, de que los diputados habían sido asesinados en un combate con las fuerzas del Gobierno. ¡Mentiras, mentiras, los asesinaron estos terroristas de las Farc!

Esa es la única respuesta que hemos tenido, porque siempre las Farc han incumplido.

Cuando se abrió una zona de encuentro, en un municipio que se llama La Uribe, las Farc engañó a todos los que por allí pasaron. Engañó a la administración del Gobierno del Presidente (Andrés) Pastrana, cuando les entregó durante casi 4 años 42 mil kilómetros cuadrados.

Una zona despejada del tamaño de Suiza, dos veces El Salvador, que la guerrilla lo convirtió en un lugar de cautiverio de secuestrados, en un cuartel de terrorismo, en una zona de cocaína.

Han incumplido. Dijeron cuando yo era estudiante universitario: “si Colombia amplia la democracia, introduce medidas como la elección popular de alcaldes y gobernadores, las guerrillas cesamos nuestras actividades violentas”. ¡Mentiras!

Después de un debate centenario, Colombia abrió su espacio de ampliación democrática, y estos bandidos se convirtieron en los sicarios de las autoridades locales.

Han incumplido. Dijeron: “el día que Colombia le de garantías a la oposición, ese día cesamos la lucha armada”. ¡Mentiras!

La oposición, en este Gobierno, ha tenido garantías no retóricas, garantías eficaces gracias a la Seguridad Democrática.

Muchos de mis críticos vivían en el extranjero. Hoy están en Colombia y ejercen plenamente su libertad, hasta el extremo de llevarla a difamar del Gobierno. Aquí protegidos por la Seguridad Democrática.

Este Gobierno ha presidido las elecciones de 2003, referendos regionales, elecciones de Congreso y Presidenciales de 2006, y acaba de presidir unas elecciones regionales, con un gran avance en materia de garantías efectivas a todo el mundo, gracias a la Seguridad Democrática.

Los que ayer prometieron que dejaban las armas si había garantías a la oposición, son los mismos que hoy siguen matando, matando a los actores de la democracia.

Dijeron estos bandidos que si se desmontaba el paramilitarismo cesaban sus actividades violentas. ¡Mentiras!

Este Gobierno es el primero en haber enfrentado el paramilitarismo en Colombia, y es el que ha desmontado el paramilitarismo. Nosotros hemos desmovilizado más de treinta y pico mil paramilitares. La mayoría de esos jefes están en la cárcel.

Tenían un poder inmenso hace 5 años. Hace 5 años no era anticipable que 5 años después, ese poder tan grande, pusiera estar reducido, desmantelado como hoy está.

Acabamos de tener unas elecciones sin paramilitarismo, un gran avance de este país. Este país mantiene hoy guerrillas debilitadas, narcotráfico, casi siempre juntos, pero ya no tiene paramilitares.

¿Por qué lo digo? porque la palabra paramilitar se usó en Colombia para denominar las bandas privadas de criminales, organizadas con el propósito de enfrentar a la guerrilla.

Ustedes recorren Colombia hoy, y encuentran que el Estado ha recuperado el monopolio que nunca debió perder: el monopolio en enfrentar a cualquier organización criminal, por eso digo que este país ha desmontado el paramilitarismo.

Y miren la reacción de estos terroristas: persistir en su terrorismo.

Estos bandidos le introdujeron a Colombia la combinación de las formas de lucha, crearon la reacción paramilitar, el problema del asesinato de los trabajadores y quieren revivir eso con motivo del acuerdo humanitario.

Las guerrillas marxistas de los años 60 – 70, trajeron a Colombia la combinación de las diferentes formas de lucha.

Era yo estudiante universitario, y ellos asesinaban y penetraban el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, sectores del periodismo, sectores de la política.

Los gobiernos nos las enfrentaban debidamente, engendraron la reacción paramilitar que vino a competir con las guerrillas en crueldad.

Y entonces los paramilitares dijeron: “este líder obrero es colaborador de la guerrilla”. Lo asesinaban.

Después vino la guerrilla y dijo: “este líder obrero es cómplice de los paramilitares”. Lo asesinaban.

El problema que hoy estamos superando, y que hoy nos cobran los Estados Unidos, porque es lo que invocan allí algunos sectores políticos para negarnos el TLC, justamente al Gobierno que ha venido a superar ese problema.

El problema de la Unión Patriótica, un partido de oposición que lo exterminaron. Ahora que hay unas reclamaciones ante cortes internacionales por indemnizaciones, el mundo tiene que saber que allí hubo falla en el servicio público de seguridad del Estado y combinación de formas de lucha.

Muchos integrantes de ese partido político estaban en este Congreso y también en la guerrilla.

Combinación de formas de lucha. Ellos practicaban violencia y eran víctimas de la violencia.

Las Cortes Internacionales, la Justicia Nacional, al definir el tema de los reclamos de la Unión Patriótica, tienen que conocer eso.

Y miren otro tema: ¿por qué la preocupación de Colombia ahora con el Acuerdo Humanitario? Porque estos bandidos han abusado de los buenos oficios internacionales, del dolor del pueblo colombiano por los secuestrados, y han querido volver a las diferentes formas de lucha, mientras hacen protagonismo político en las capitales internacionales.

En Caracas, abusando de la necesidad del acuerdo humanitario. Aquí, en las semanas anteriores, asesinaban candidatos a las elecciones locales. Y el lunes de esta semana intentaron, en un ataque terrorista, asesinar al Gobernador del departamento del Cauca. Eso no lo acepta ningún país del mundo.

Por eso, nosotros hemos dicho: necesitamos el acuerdo humanitario, lo hemos buscado de todas las maneras, pero no podemos permitir que el acuerdo humanitario sea una oportunidad para que la guerrilla terrorista se posicione políticamente, y aquí continúe cometiendo crímenes en nombre de la combinación de las formas de lucha.

Necesitamos encontrar un procedimiento para que se libere a los secuestrados, sin que implique un retroceso en Seguridad Democrática.

A mí me da mucho miedo la confusión babilónica. Este país ha ganado un intangible, apreciados parlamentarios. Este país ha vuelto a recuperar confianza.

Este país estaba en el ejercicio del poder estatal totalmente desinstitucionalizado hace cinco años.

Recuerdo la discusión de los teóricos del derecho, cuando la invasión alemana a Francia. Se preguntaban: “¿quién ejerce el poder estatal en la nación francesa?” Y finalmente concluyeron: quien tenía la capacidad de tomar decisiones y hacerlas cumplir coercitivamente, el estado invasor alemán, no obstante que se mantenían intactos los elementos sociológicos constitutivos de la nación francesa.

Algo parecido le pasaba a Colombia hasta hace cinco años. Se mantenían intactos los elementos constitutivos de la nación colombiana, pero, en muchas áreas de este país el Estado colombiano había sido derrotado por los usurpadores terroristas de la guerrilla y de los paramilitares.

Este país ha ganado el intangible de pensar que se puede recuperar la ley y el orden, la seguridad como servicio del Estado, que es factor de convivencia. Eso no lo podemos perder.

A mí me da mucho miedo que el protagonismo político del terrorismo, abusando del acuerdo humanitario, mientras sigan asesinando en Colombia, nos cree una confusión y nos haga pasar de la claridad que se ha obtenido en las grandes mayorías colombianas sobre la Seguridad Democrática, como valor democrático, nos haga pasar a una nueva confusión, que sería un motivo de retroceso.

¿Qué sigue hacia delante? El Gobierno va a seguir buscando por todos los medios la liberación de los secuestrados.

Y voy a expresarle, como punto final, al Parlamento Latinoamericano: si los terroristas liberan los secuestrados en una decisión unilateral, al Presidente Chávez de la hermana República Bolivariana de Venezuela, o al Presidente Sarkozy de Francia, o a la Cruz Roja Internacional, o simplemente los liberan, el Gobierno de Colombia desde ya dice: bienvenida esa liberación.

Y les pido a ustedes, tomar nota de lo siguiente: tenemos todo el interés en la liberación de los secuestrados, pero tenemos que tener todo el cuidado, para evitar el abuso del terrorismo, que nos lleve a crearle confusiones a la política de Seguridad Democrática.