“Nos honra mucho esta sesión que emprende la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Agradezco inmensamente que hubieran aceptado esta invitación, que honra la tradición jurídica de Colombia. La decisión política de Colombia de respeto a la ley, como punto fundamental del Estado de Derecho. Respeto a la ley, del cual tiene que dar ejemplo el gobernante.

He tenido la oportunidad en dos ocasiones, en San José de Costa Rica, de hablar ampliamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los temas de mayor interés para este organismo que se suceden en nuestra Patria.

Esta mañana, en compañía de los Presidentes de las Altas Cortes y de mis compañeros de Gobierno, tuvimos un nuevo espacio en la Casa de Nariño para intercambiar opiniones sobre muchos temas, para escuchar los comentarios y preguntas de la Corte Interamericana y para procurar dar respuesta a todos.

Permítanme, honorables Magistrados y Jueces, referir a ustedes unas palabras sobre la visión política del actual Gobierno de Colombia, sobre el tema de Seguridad Democrática, el tema de los Derechos Humanos, la Ley de Justicia y Paz, la reinserción, el caso de la Unión Patriótica, el caso de la Justicia Penal Militar, las acusaciones que circulan en la comunidad internacional, el tema de los desplazados, el tema de la concentración de la tierra como consecuencia de esta violencia que ha vivido Colombia, y el tema de nuestra visión de la justicia internacional.

Nosotros estamos luchando por una sociedad con todas las posibilidades pluralistas, en permanente debate, pero en debate con la posibilidad de encontrar opciones, grados de consenso. No el debate estancado en los antagonismos insuperables. El debate que siempre esté buscando la síntesis a la contradicción.

Nosotros estamos buscando una sociedad sin exclusiones, pero sin odio de clases. Nosotros no desmantelamos el Estado, pero lo reformamos. Le damos todo el espacio a la inversión privada, pero le exigimos todo el compromiso con la responsabilidad social.

Reforma del Estado

Hemos reformado 420 instituciones del Estado. Y seguiremos en esa tarea, buscando premiar la eficiencia social sobre el desgreño burocrático.

Una de esas reformas, la más reciente, la de la Empresa Colombiana de Petróleos, muestra que hemos superado obstáculos provenientes de radicalismos ideológicos que parecían insuperables, y también que hay confianza de los colombianos en el rumbo de la Nación.

Hace unos años los radicalismos ideológicos hacían anticipar que sería imposible una reforma pensional o laboral en Ecopetrol, y todavía más imposible un proceso de capitalización democrática de la empresa. Todo lo hemos logrado. En el último paso, 520 mil colombianos se hicieron socios de la empresa. En la oportunidad en que este país ha tenido más participación en una empresa, había sido de 140 mil accionistas, un caso excepcional. Además se vincularon los fondos de pensiones de propiedad de 7 millones de trabajadores colombianos.

Estos hechos sociales no pueden pasar desapercibidos. Muestran que la sociedad colombiana tiene más confianza en el presente y el futuro de la Nación. La confianza es fundamental.

Quiero invitar a los dignatarios y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a explorar, en estos días de estadía en Colombia, cómo ha evolucionado el grado de confianza de los colombianos en su país, porque ese tema no es ajeno a ninguna de las disciplinas colectivas. Por supuesto, no puede ser ajeno al orden jurídico ni a su aplicación.

Le exigimos al sector privado responsabilidad social, como contraprestación al espacio ilimitado de oportunidades que se abre en Colombia. Creemos que la responsabilidad social debe exteriorizarse en tres áreas.

En la transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. Transparencia para adjudicar contratos, para ejecutarlos. Transparencia en la tributación. Transparencia para sortear disputas.

Debe expresarse en la solidaridad de todos los inversionistas con las comunidades, que trasciende los mínimos de la ley.

Y debe expresarse en las relaciones laborales fraternas. Fraternas por oposición a las relaciones laborales de capitalismo salvaje. Fraternas por oposición a las relaciones laborales de odio de clases, que trajeron las guerrillas marxistas a este país, que tanto daño hicieron y que todavía no se han podido superar plenamente.

En ese marco tenemos tres objetivos principales de Gobierno: consolidar la Seguridad Democrática, consolidar la confianza inversionista y cumplir las metas sociales. Van de la mano. Sin seguridad, no hay confianza inversionista.

Cuando las guerrillas marxistas empezaron a agitar sus tesis, reclamaban falta de democracia en Colombia y falta de equidad social. Espantaron el capital, produjeron la cruel reacción del paramilitarismo, condenaron al país a tener más pobreza, más inequidad, más desempleo.

La historia de Colombia muestra claramente que hay que llevar de la mano la prosperidad social de la prosperidad económica. Y que sin seguridad, no se da esa confianza para que haya la prosperidad económica, que permita que la prosperidad social no sea tema de discurso sino hecho verificable de resultado. Es algo bien importante.

Para nosotros, el tema social en América Latina y en Colombia es un tema más de resultado y menos de discurso.

Voy a referir más adelante al tema del avance de la Seguridad Democrática. La confianza inversionista es un hecho. Nosotros la cuidamos enormemente, porque en el lenguaje político se habla fácilmente de lo social, aunque se incumpla lo social, pero poco se compromete en el lenguaje político con la confianza inversionista y con la Seguridad Democrática.

Confianza inversionista

Para nosotros el compromiso de la confianza inversionista con responsabilidad social es muy importante.

Hace cinco años, en este país, de cada 100 dólares que se producían se invertían entre 12 y 15. Actualmente entre 26 y 28. Solamente nos gana en tasa de inversión un país en América Latina, que hoy no tiene inversión privada sino pública. Aquí hay un gran renacer de la inversión privada. De esos 26 – 28 de tasas de inversión, 19 – 22 corresponden al sector privado.

¿Qué influye en eso? Un modelo de Estado donde no se desmantela el Estado y no se agita la bandera del estatismo. Donde se le da toda la oportunidad al sector privado, pero se le exige la responsabilidad social.

¿Qué influye en eso? La Seguridad Democrática. La permanente determinación popular y gubernamental de avanzar en Seguridad Democrática, a pesar de dificultades, de reveses, de momentos amargos. La orientación de medidas de gobierno para estimular la confianza inversionista. La seguridad jurídica. El saneamiento fiscal de la Nación, aunque falta mucho, es bien importante. Y me referiré a él cuando hablemos de la financiación de la justicia.

La confianza inversionista ayuda. Es fundamental para poder lograr las metas de prosperidad social. Encuentran ustedes un país con muchas dificultades sociales, pero con toda la determinación de superarlas.

Por ejemplo, en educación básica, hace cinco años teníamos un 77 por ciento de cobertura. Hoy un 92. La meta para 2010 es un ciento por ciento.

Hace cinco años teníamos una cobertura universitaria del 22 por ciento. Hoy del 29. La meta para 2010 es 34 por ciento.

Trabajamos tanto el estímulo a la oferta como el estímulo a la demanda. En este último, con una institución estatal ejemplo en América Latina, que hemos reformado en este Gobierno, el Instituto de Crédito para Educación Superior, que estamos multiplicando por cinco, y aspiramos a hacerlo por seis, el número de usuarios de crédito para acceso a universidad de los sectores más populares de la Nación.

Encuentran ustedes un país que tiene la mejor institución de formación vocacional, técnica y tecnológica de América Latina: el Sena –Servicio Nacional de Aprendizaje–, financiado exclusivamente con aportes de empleadores.

Aquí, en aras de la equidad, hemos defendido totalmente la tesis de que los empleadores tienen que pagar unos impuestos de nómina para poder contribuir a instituciones como ésta. O como otra, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargado principalmente de la asistencia a la niñez. Y como otra muy singular, las Cajas de Compensación Familiar, nadministradas por empleadores y trabajadores, con todas las posibilidades de flexibilidad y eficiencia del sector privado, pero con toda la responsabilidad social que compete al sector público.

Política social

A pesar de las recetas de organismos internacionales, nuestra tesis ha sido que para construir justicia social, los empleadores tienen que pagar el sostenimiento de estas instituciones.

No se puede hablar de la problemática social de Colombia en abstracto. Hay que mirar sus orígenes, su evolución. Y hay que mirar los esfuerzos que se hacen, lo logrado, las metas que se tienen, y, por supuesto, el primero en reconocer todo lo que falta es el Gobierno.

Nosotros, por ejemplo, teníamos hace cinco años un millón 100 mil estudiantes en formación vocacional, año tras año. Este año, 4 millones 600. Estamos instalando un sistema de formación virtual que, con excelente calidad, nos permitirá masificar totalmente el acceso a la formación técnica y tecnológica.

Y hemos creado un sistema de educación por fases, que le permite a los sectores graduados en técnicas y tecnologías acceder a la universidad, que les reconozcan los créditos acumulados y buscar los grados de educación superior y los posgrados.

Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el programa Familias en Acción, hace cinco años se atendían en Colombia 3 millones 700 mil niñitos. Hoy atendemos en nutrición a 9 millones de niños, pero tenemos que llegar a 12 millones.

Nos hemos propuesto tener plena cobertura en salud. Hace cinco años teníamos 23 millones y medio de colombianos vinculados al sistema de salud. Hoy tenemos 36 y medio. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que en el año 2010 tengamos plena cobertura. Habríamos pasado en ocho años de 23 millones a 43 millones.

Y no será suficiente. Si nosotros logramos esa dura meta, los gobiernos que nos sucedan tendrán la obligación de nivelar el sistema de atención subsidiado con el sistema de atención de los trabajadores formales, que aquí llamamos “contributivos”. Y por supuesto, de avanzar sustancialmente en calidad.

Uno de los factores de exclusión en América Latina y en nuestro país, ha sido la falta de acceso al crédito de los sectores populares. Hemos comprometido todo el sistema financiero público y privado, de primero y de segundo piso, las Ong’s especializadas en crédito popular, recursos del Estado, para superar esa barrera de exclusión.

Hemos multiplicado por ocho la cartera en poder de los microempresarios colombianos. El sistema lo llamamos: Banca de Oportunidades. Qué importante poder decir ante ustedes –que como juristas aprecian los hechos sociales, como fuente final del Derecho–, que la cartera de los microempresarios colombianos representaba el 1,5 por ciento de la cartera total del país, hace cinco años. Hoy representa el 5,5 por ciento.

Sobre todos estos temas mantenemos un diálogo intenso con el pueblo colombiano, todos los días. Creemos que nuestra era es una era que exige un gran equilibrio entre democracia representativa y participativa. Creo que eso ha ayudado a legitimar estas instituciones. Y no son diálogos de aplausos. Son diálogos de reclamos.

Vienen ustedes al país en un momento de discusiones. Pero está bien. Para la democracia es más sano discutir los problemas de fondo, que por reglas de cortesía esconder esos problemas. Pero discusiones con franqueza y con severidad, pero con total observancia del respeto debido a las reglas democráticas y a la Constitución.

Pueden saber que para nosotros el tema social es tan importante como el tema de seguridad, como quiera que la seguridad provee los recursos para el tema social. Y en un Estado de Derecho, finalmente la sostenibilidad de la seguridad la da la legitimación popular, que no se obtiene si no se avanza en el tema social.

Seguridad Democrática

Nuestra Seguridad Democrática. Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía. El más importante triunfo es un intangible, que ustedes perciben en las grandes mayorías colombianas: que hoy rechazan guerrillas, paramilitares y narcotráfico. Rechazan la condena a temerles a esas organizaciones criminales y demandan la presencia del Estado.

Hasta hace pocos años, se quiso hacer creer que Colombia reclamaba una política social y rechazaba una política de seguridad. Antes de que lo hayan aceptado algunos sectores de cúpulas directivas, el pueblo colombiano hoy todos los días reclama por igual más presencia de la autoridad garante de la Seguridad Democrática, y más presencia de la política social.

En la base del pueblo colombiano, aquí cerca, en las más remotas aldeas, hoy las grandes mayorías reclaman que vaya por igual la Seguridad Democrática y la política social. Y rechazan con menos temor, con fortaleza, sin vacilación, la presencia de los grupos armados.

Hace cinco años se mantenía la Nación como expresión sociológica, pero habíamos perdido la eficacia del poder estatal. En amplias áreas del país, había sido superado por el poder usurpador del terrorismo guerrillero y paramilitar. Lo hemos recuperado bastante.

Las regiones colombianas muestran hoy cómo se han debilitado los poderes criminales. Y el Estado democrático, que fue suplantado allí, de facto, ha empezado a recuperar su vigencia eficaz.

¿Por qué es democrática nuestra seguridad? El continente recuerda las épocas aciagas de la doctrina de la seguridad nacional. En su nombre se sustentaron dictaduras. Para dar seguridad nacional, se suprimió el pluralismo. En Colombia hoy el pluralismo florece como en ninguna época anterior.

La seguridad nacional eliminó el disenso. En Colombia hoy el disenso tiene todas las garantías. Muchos de mis críticos estaban en el extranjero. Paradójicamente, han regresado a ejercer su crítica en el país, ahora que rige el Gobierno que ellos odian, gracias a nuestro concepto democrático de seguridad.

Muchos países del continente, en aras de la doctrina de seguridad nacional, con la excusa de enfrentar el terrorismo, se cerraron a la vigilancia internacional. Aquí hay cualquier cantidad de Ong’s, nacionales e internacionales, que critican y vigilan, rodeadas de todas las garantías. El Presidente de la República en ocasiones discute con ellos. Y yo no sé discutir en palabras muy elegantes. Pero ellos gozan de las más eficaces garantías en nuestro país. Eso es bien importante. Lo digo ante las Cortes. Ante la Corte Interamericana, después de haber cumplido más de cinco años en el Gobierno.

Por todo esto, hay un profundo contrate entre lo que fue en la doctrina de la seguridad nacional y lo que es nuestra práctica de la Seguridad Democrática. Es necesario que el continente lo reconozca.

Colombia tiene muchas dificultades sociales, pero no un conflicto con grupos armados. Colombia no tiene insurgentes. Colombia tiene terroristas. ¿Por qué lo digo? Porque aquí los grupos violentos afectaron más el tejido social de la Nación, que se proponían mejorarlo. Porque aquí hay una democracia profunda que, por contrate con las dictaduras, no da ninguna legitimidad para atenuar la acción de los terroristas llamándolos insurgentes.

En otros países se les calificó de insurgentes. Y ese atenuante, que en alguna forma les dio un apelativo noble, provino del hecho de que combatían dictaduras. Aquí maltratan la democracia.

Es diferente una insurgencia contra una dictadura, que unos grupos armados contra una democracia. Eso hace la diferencia. Por eso el Gobierno que presido no ha dudado en denominarlos terroristas.

Cuando mira, distinguidos magistrados, las legislaciones de Europa Occidental, encuentra que en varias de ellas se define terrorista la acción armada o la amenaza de acción armada. La simple amenaza de acción armada por razones ideológicas, políticas o religiosas.

Y cuando se le pregunta a los profesores de las facultades de Derecho de Europa por qué esa severidad para calificar el terrorismo, ellos dicen: tenemos unas democracias pluralistas que ofrecen todas las garantías y por eso no podemos permitir que sean atacadas por la vía armada.

Esa razón asiste a Colombia: una democracia pluralista, respetable, que da todas las garantías y que, por ende, no puede permitir, ni validar, ni atenuar, que se le ataque por la vía armada.

Si ustedes miran, hemos avanzado mucho en la reducción de la violencia. Cifras difíciles de dar, porque finalmente es tan grave un homicidio como miles. Finalmente no le puedo decir a la familia de un secuestrado que ya no se secuestran 3 mil al año sino 250. Esto no atenúa el dolor de esa familia.

La reducción de la violencia nos estimula a seguir luchando con nuestra política de Seguridad Democrática, pero nunca estamos contentos, porque la sociedad que, antes, anestesiada ante el dolor, parecía inmutable ante un nuevo crimen, hoy, en la confianza de la Seguridad Democrática, cualquier crimen, cualquier secuestro, la conmueve.

Aquí hubo años en los que asesinaron a 256 integrantes de organizaciones sindicales. Nuestro Manifiesto programático de la campaña presidencial ofreció, como una de las pruebas de que nuestra seguridad sería democrática, la protección por igual a sindicalistas y a líderes gremiales.

En el año 2005, gracias a esa política nuestra que empezó en 2002, fueron asesinados 25. En 2006 hubo un recrudecimiento. Sumando profesores a líderes sindicales, hubo 60. Al viejo enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares, se sumó el enfrentamiento, en algunas áreas del país, entre las dos principales guerrillas: el Eln y las Farc.

Este año nos han asesinado a 6 sindicalistas, y nos han asesinado a 15 profesores. Hemos hecho todo el esfuerzo por protegerlos, por superar la impunidad. Hoy hay más de 6 mil personas que reciben protección directa del Estado. Un programa que cuesta 39 millones de dólares al presupuesto. De ellos, más de 1.200 son afiliados a las organizaciones sindicales.

Cuando nuestro Gobierno empezó, en Colombia asesinaban a 68 personas por cada 100 mil habitantes. El año pasado 37 – 38. Todavía muy alto.

Cuando nosotros le pedimos al mundo que se reconozca el esfuerzo que se ha hecho en Colombia, es porque nosotros reconocemos todo lo que falta. Y alguien me decía: Presidente, si asesinan a 17.500 en una población de 43 millones de habitantes, ¿por qué hay tanta acusación a Colombia, si el asesinato de líderes sindicales tiene una tasa infinitamente menor?

En Colombia infortunadamente todo el mundo ha sido víctima de esta violencia. Un estudio publicado por la Universidad de los Andes, no hace mucho tiempo, demostraba que el 50 por ciento de las familias colombianas han sido directamente afectadas por esta violencia.

Pero el concepto democrático de seguridad obliga a proteger a grupos de gran significación para la democracia. Por eso nuestra preocupación por proteger a líderes sindicales, por a proteger periodistas, por proteger a maestros y por proteger a voceros de la oposición.

Hasta ahora nos ha dicho la justicia que en los 6 casos de líderes sindicales asesinados este año, no han encontrado evidencias que vinculen esos asesinatos con sus actividades sindicales. Pero nosotros no cesaremos hasta lograr que en este país haya cero asesinatos de líderes sindicales.

En este país tuvo años en que asesinaron a 15 periodistas al año. Este año se ha alegado un caso en el Valle del Cauca. Ha dicho la justicia que no tenía ninguna relación con su actividad periodística.

Encontramos a los periodistas más protegidos, y en las regiones colombianas con más fortaleza para denunciar. Menos amordazados por el terrorismo, que los amordazaba hace cinco años.

Cuando nosotros llegamos, de los 1.098 alcaldes de Colombia, todos de elección popular directa, más de 400 estaban amenazados y alrededor de 200 no podían ejercer sus obligaciones de alcaldes en su municipio. Hoy, con excepción de alguien del Huila, que va y viene de su municipio a la capital, gracias a la Seguridad Democrática todos pueden ejercer en sus municipios. Allí hay una gran expresión del carácter democrático de nuestra seguridad.

Gobernabilidad

Nosotros hemos colaborado con todos los alcaldes y gobernadores de Colombia. Y los hemos apoyado en materia de seguridad, sin detenernos en el origen político de su elección. Eso ha contribuido enormemente a construir gobernabilidad.

De otra manera, ¿cómo se construiría gobernabilidad en un país con esta problemática, con 1.099 alcaldes elegidos popularmente, 32 gobernadores? El Alcalde de Bogotá, no más, que ejerce allí a pocas cuadras, fue elegido por una coalición de oposición. Está terminando su período. Y cualquiera sea la diferencia que puede tener con el Presidente de la República, he escuchado el reconocimiento público a lo que ha sido una relación respetuosa, cooperante, fraterna, con el Gobierno Nacional.

Hemos construido gobernabilidad en la diferencia, distinguidos magistrados. Y la Seguridad Democrática ha contribuido enormemente a eso. De pronto en otro país, en condiciones semejantes, la solución habría sido extirpar la elección popular de gobernadores y la elección popular de alcaldes. Aquí la hemos protegido.

Y anoto esto: era yo estudiante universitario, y las guerrillas marxistas hacían llegar a nuestra universidad comunicados en los cuales decían que su violencia cesaría el día que Colombia permitiera la elección directa de alcaldes y gobernadores.

Después de un debate de más de un siglo, que lo empezó el Partido Liberal y lo terminó un gobierno conservador, se incorporó a la Constitución la elección de alcaldes. Y la Constitución del 91 trajo la de gobernadores.

Y aquellos que en la víspera reclamaban esos pasos de ampliación democrática como presupuestos necesarios para ellos abandonar la violencia, lo que hicieron fue convertirse en sicarios de los elegidos.

¿Cuántos alcaldes han asesinado? ¿Cuántos gobernadores han amenazado? Nuestra Seguridad Democrática ha venido recuperando esa seguridad que se había perdido a manos del terrorismo.

Y nada más importante que este proceso electoral (del 28 de octubre) para señalar cómo procede la Seguridad Democrática. Hoy hay una cobertura de puestos de votación en porcentaje nunca antes obtenido en Colombia. Para elegir a personas que habrán de ocupar 18.332 cargos, hay casi 87 mil candidatos de 235 orígenes políticos diferentes. Y estamos a diez días de las elecciones.

El Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Policía, hacen todo el esfuerzo para proteger a todos los candidatos. Han sido asesinados 17, entre aspirantes inscritos a alcaldías y a concejos, la mayoría de ellos de partidos afectos al Gobierno, uno del Movimiento Social Indígena, cuatro de sectores del oficialismo liberal, cuya base en múltiples ocasiones ha apoyado sin vacilación el Gobierno que presido.

Seguridad Democrática y elecciones

Es bueno mirar cuál ha sido el impacto de la Seguridad Democrática en los procesos electorales de Colombia.

El tema de la parapolítica tiene una característica: la mayoría de los delitos de los cuales hoy se acusa, fueron cometidos con antelación a este Gobierno. Durante este Gobierno, gracias a la Seguridad Democrática, la ingerencia terrorista en los resultados electorales ha venido en proceso de drástico debilitamiento.

Hay que mirar la elección de 2003, el Referendo de 2003, la elección de Congreso y la elección de Presidente de la República el año pasado. Candidatos de todas las orientaciones y el único que se podría quejar en la elección presidencial del año pasado es el Presidente que aspiraba a la reelección. Porque en departamentos del sur del país las guerrillas marxistas (eran marxistas, hoy son mercenarios del narcotráfico), por falta todavía de eficacia de Seguridad Democrática, amenazaron a amplios sectores campesinos, les impidieron votar de acuerdo con su libre albedrío y les daban permiso de votar solamente por opciones diferentes al Presidente que aspiraba a la reelección.

Hoy la oposición recorre el país, tranquilamente, protegida por la Seguridad Democrática. Y cuando se piensa en el tema de la Unión Patriótica, al que me referiré más adelante, es bien importante comparar aquel fenómeno con este fenómeno electoral de hoy, donde la oposición recorre el país tranquilamente,protegida por la Seguridad Democrática.

Lucha contra el terrorismo y reinserción

Encontramos cerca de 60 mil terroristas. San desmovilizado en este Gobierno 46 mil. Una desmovilización sin precedentes. Y más de 10 mil guerrilleros. Los procesos de paz con las guerrillas en los años noventa, en la década de los noventa, no desmovilizaron más de 4.500. Solamente en este Gobierno hay más de 10 mil guerrilleros, 32 mil paramilitares en negociaciones colectivas y unos 2.500 – 3 mil en deserciones individuales.

Hemos debilitado a la guerrilla y hemos desmontado el paramilitarismo como paramilitarismo.

Es importante mirar lo que falta, pero también mirar dónde estábamos y dónde estamos. Muchos compatriotas me dicen que cuando ellos observaban el poder del paramilitarismo hace cinco años, habrían sido incapaces de anticipar que cinco años después la mayoría de los líderes del paramilitarismo estén en la cárcel, la mayoría de las bases desmovilizadas y unos pocos líderes fugitivos.

Eso es una transformación de mucho fondo. Competían con la guerrilla a ver quién se quedaba con el Estado colombiano. Y han pasado de ese poder inmenso a la cárcel.

Manejar un proceso de reinserción de 46 mil personas es muy difícil. Pero en medio de limitaciones, costos, complejidades, va bien.

Aspiro que durante sus sesiones en Colombia, distinguidos integrantes de la Corte Interamericana, tengan oportunidad de intercambiar ideas con el Alto Comisionado para la Reinserción. Me parece pertinente, dadas las preguntas que sobre el tema ustedes me hicieron esta mañana, especialmente las inquietudes sobre el tratamiento que se les da a las mujeres que se reinsertan y a los niños, me parece de la mayor importancia que, en extenso, el Comisionado pueda explicarles a ustedes cómo está procediendo el Estado colombiano en esa materia.

¿Por qué digo que se ha acabado el paramilitarismo como paramilitarismo? Hoy quedan guerrillas y grupos criminales dedicados al narcotráfico. Los paramilitares que no se han desmovilizado están dedicados al narcotráfico, a la extorsión. Y la decisión del Gobierno, de hoy y desde la hora cero de la administración, es combatirlos con toda la determinación.

Después de cinco años de Gobierno, permítanme decir que aquí ha habido una política de seguridad que es democrática también porque ha sido imparcial. Aquí desde la primera hora de Gobierno nos propusimos desmontar por igual guerrilla y paramilitares. De ese 5 por ciento que han reincidido, muchos ya han sido llevados a la cárcel.

Nosotros en este Gobierno hemos extraditado 674 personas, cifra que no tiene antecedentes ni paralelo en el mundo. En 12 casos hemos suspendido el envío en extradición de integrantes de grupos paramilitares, sin haber negociado la extradición, como una decisión del Gobierno para ayudar a la desmovilización que ellos han liderado.

En un caso, por un paramilitar que ha reincidido, el Gobierno ha anunciado que no está de acuerdo que siga en el proceso de paz, que debe ser retirado y que, de surtirse el pedido de extradición con aprobación de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno lo enviará en extradición y no le dará el beneficio de suspender la extradición.

¿De dónde surge la palabra paramilitar? El vocablo se utiliza para señalar organizaciones privadas criminales, cuyo objetivo ha sido combatir a la guerrilla. Hoy no existen. El Estado ha recuperado el monopolio que nunca debió perder, el monopolio de combatir a los delincuentes.

Los otrora paramilitares que hoy delinquen, ya no combaten otras organizaciones criminales, simplemente están dedicados a la extorsión, al secuestro.

En estas elecciones Colombia todavía tiene guerrilla, narcotráfico, con bandas criminales dedicadas a ese negocio y a la extorsión, pero no tiene la organización paramilitar, que contribuyó con la guerrilla a desnaturalizar, a desfigurar la claridad democrática.

Derechos humanos

Nuestra política de Seguridad Democrática se sustenta en la credibilidad, y la credibilidad nace de la eficacia y de la transparencia. Para nosotros es tan importante la eficacia como la transparencia, y la transparencia la asociamos a la observancia de los derechos humanos por parte de esa política.

No hemos tenido vacilación para separar de las Fuerzas Armadas y de Policía, a aquellos integrantes que han querido manchar la organización institucional con vinculaciones a grupos criminales. Pero sí hemos tenido el buen cuidado de motivar con nuestro respaldo a la institucionalidad.

Un país que requiere derrotar los criminales, necesita una alta motivación de su Fuerza Pública. Y no se le motiva, cuando se asocian conductas delictivas individuales como comportamientos institucionales.

La queja reciente que escucho de parte de algunos críticos, es que hay un número de 200 ejecuciones extrajudiciales.

Primero, en Colombia no hay ejecución judicial. Este país desde 1910 eliminó la pena de muerte. Segundo, nuestra política ha sido de eficacia y transparencia. Tercero, el Gobierno no vacila en tomar las decisiones administrativas que le correspondan, y en colaborar con la justicia, cuando quiera se de el caso de algún integrante de la Fuerza Pública que viole los derechos humanos.

Recientemente, fueron condenados a 40 años unos soldados en el departamento de Arauca. Por fuera de combate, asesinaron a unos sindicalistas. Y el Gobierno nunca ha obstruido esa justicia.

Yo tengo la personal convicción de que la justicia obró bien, y de que los sindicalistas estaban en el Eln.

Es que ese punto de combinar las diferentes formas de lucha le ha hecho mucho daño a este país.

Quiero reiterar ante ustedes, que cualquier violación de derechos humanos, cualquier acción militar o policiva para asesinar a alguien y no dándolo de baja por fuera de combate, tiene de parte del Gobierno Nacional toda la determinación para aplicar las sanciones administrativas, para acusar ante la justicia y para ayudar a que la justicia cumpla su deber.

Pero tampoco podemos caer en una trampa. Aquí cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es el recurso de violación de derechos humanos.

Se avanza en la acción contra la guerrilla, y entonces cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial.

Así como el Gobierno reitera, por mi conducto, todo su compromiso por los derechos humanos -política liderada con toda transparencia por el Vicepresidente de la República- también mi Gobierno pide que se tenga el buen cuidado de examinar muy bien esas quejas, porque en la historia reciente de Colombia se conoce, que cada vez que las guerrillas sienten que hay un avance de las fuerzas institucionales contra ellos, el expediente al cual apelan es que se están violando los derechos humanos.

Sindicalistas

¿Quién ha asesinado a los sindicalistas? Un tema bien importante de examinar aquí. Hoy lo tenemos que repetir todos los días en Estados Unidos, porque es una acusación reiterada contra nuestro país, para que no se le apruebe en el Congreso de Estados Unidos el TLC.

No han sido los empleadores colombianos los que han asesinado a los sindicalistas, ni han sido los sindicalistas los que han secuestrado a los empleadores. Los que han cometido uno y otro delito han sido los terroristas.

¿Dónde se origina eso? Quienes vivimos la universidad pública en los 60, en los 70, sabemos cómo las guerrillas marxistas trajeron la tesis de la combinación de todas las formas de lucha.

Nos habían dibujado un mundo, donde el pluralismo se reducía a escoger entre la naciente revolución cubana, la revolución de Ho Chi Minh en vía al triunfo, las políticas de Mao Tse-tung en China.

No era posible anticipar que en pocos años se desplomara el muro de Berlín, y llegara la tortura de Deng Xiao Ping y las políticas de Unión Soviética, cuyo colapso tampoco era posible anticipar, pocos años antes de que se hubiera dado.

Era un pluralismo restringido. ¿Quién podía anticipar en la universidad pública de América Latina, en los 70, que pocos años después se iría a derrumbar el Muro de Berlín? Y en esa furia, se practicó la combinación de las formas de lucha.

Se asesinaba y se penetraba el movimiento obrero. Se secuestraba y se penetraba sectores del periodismo y de la política. Avanzaban estos grupos criminales sin contención, sin eficacia estatal, en un país donde muchos dirigentes eran más obsecuentes con los criminales, que diligentes con los reclamos populares de seguridad.

Y vino la reacción paramilitar, a competir en crueldad con la guerrilla. Y empezaron a asesinar líderes sindicales, acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla. Y a futuro las guerrillas empezaron a asesinar líderes sindicales, acusándolos de ser colaboradores del paramilitarismo.

Y llegó lo de los últimos años. Mientras las Farc y el Eln actúan asociadamente para delinquir en Norte de Santander, en otros territorios como Arauca se enfrentan y matan líderes sindicales, vinculándolos, supuestamente, como miembros de la otra organización criminal.

Pero nuestro Gobierno se ha dedicado, por encima de éstas consideraciones, a protegerlos a todos. Y aspiramos que año tras año el mundo pueda constatar el mejoramiento.

Y hemos avanzado mucho en superar la impunidad. Primero se introdujo la reforma constitucional para que se adoptara el Sistema Penal Acusatorio: la oralidad como método para el trámite de los procesos, la reforma de los códigos, y se ha hecho un gran esfuerzo presupuestal.

No obstante que este país tenía un déficit del Gobierno Nacional Central del 6 y medio (por ciento), agravado hasta 7 y medio (por ciento) por la carga pensional, y que todavía es del 4 por ciento. De 2001 al presupuesto ya aprobado del 2008, casi se doblan los recursos para la Justicia.

Y eso ocurre, honorables magistrados, no obstante que este país ha tenido otra severa limitación fiscal: un endeudamiento público que estuvo en el 50 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), todavía en el 28 (por ciento del PIB).

Hemos hecho un gran esfuerzo. Cuando yo me reúno con la Justicia -como hace unas semanas con la jurisdicción contenciosa- vienen los reclamos. Y en un país con tantas limitaciones, todos esos reclamos son justos, pero hemos hecho un gran esfuerzo.

El presupuesto recientemente aprobado, le permitirá a la Fiscalía fortalecerse enormemente en investigadores y fiscales, y fortalecer la unidad especial, acordada por empleadores, trabajadores y Gobierno, bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para clarificar 256 casos de asesinatos de líderes sindicales.

El informe que tengo es que en los últimos meses se han producido 56 sentencias, que han condenado a más de 108 personas como responsables de crímenes contra sindicalistas.

Para nosotros, superar la impunidad es un reto democrático, y en esa tarea estamos, distinguidos magistrados.

Ley de Justicia y Paz

Por supuesto, la Ley de Justicia y Paz, que tanto se discutió, es una ley bien novedosa, antecedente en el mundo en exigir -en nombre de la paz- justicia, verdad y reparación.

Los que quieran beneficiarse de ella, además de decir la verdad, tienen que aportar su riqueza para la reparación de las víctimas. Ojala pueda acelerarse la aplicación de la ley, pero creo que el tema de esclarecer la verdad, es un tema que ha avanzado mucho en Colombia gracias a esa ley, y a la voluntad política de defenderla.

Me parece -y lo digo con todo el respeto ante el Fiscal y ante todos quienes encabezan la diferentes expresiones de la rama judicial del poder público- que en el momento en que se dicte la primera sentencia, se abrirá el mayor espacio de credibilidad a la ley. Ojala podamos llegar rápidamente.

La ley es un gran antecedente para el mundo, marca la diferencia con leyes del pasado, que permitieron, por ejemplo, que quienes incendiaron este Palacio de la Justicia y sacrificaron a los magistrados, pasaran directamente de sus madrigueras de terroristas al Congreso de la República. La nueva ley no permite eso.

Pero qué discusión la que se viene en el futuro, qué discusión, y por eso hay que anticiparla.

Muchos creen que así como se debe ser totalmente severo con los paramilitares, hay que ser totalmente flexible con las guerrillas. Entonces, nosotros hemos creído que esta ley se le debe aplicar por igual a paramilitares y guerrilla. Sin embargo, hay muchos que piensan que en el caso de las guerrillas se requieren leyes más flexibles.

Cuando el ELN empieza conversaciones dice: nosotros necesitamos, para todos, indulto.

La Ley de Justicia y Paz, en concordancia con la Constitución, impide el indulto a los delitos atroces, de lesa humanidad.

Reclaman, para todos, amnistía. La Farc dice que ellos no se reconocen como sujetos del delito, porque desconocen el Estado colombiano.

¿Cómo vamos a manejar eso en el futuro? Porque ellos tarde que temprano van a llegar a la paz, destino último de la política de Seguridad Democrática es la paz. Yo creo que a la paz se llega, cuando hay una política que le hace sentir a los violentos, la necesidad de la paz que no aman.

Ellos no aman la paz, no van a llegar a la paz porque la amen, pero van a llegar a la paz por necesidad. Y ahí tenemos que abrir un debate, y pensar y discutir muy bien qué normatividad se les va aplicar.

Y creo, como lo he dicho ante el país, ante las cortes, que nosotros no podemos distinguir entre el delito del paramilitar y el delito del guerrillero.

Que el uno ataca al Estado y quiere suplantarlo; el otro, en aras de defender el orden socioeconómico, suplanta al Estado. Ambos son violadores del ordenamiento jurídico.

Cuando se miden esos delitos por su impacto ante el pueblo, no hay manera de diferenciar la crueldad del uno frente a la crueldad del otro.

Nuestro compromiso es ayudar a la aplicación rigurosa de la Ley de Justicia y Paz, que ojala se pudiera acelerar. Y también participar y estimular el debate sobre qué se va a hacer en materia normativa, dados los reclamos que anticipan el ELN y las Farc, que dicen que la Ley de Justicia y Paz es un obstáculo para que ellos entren en la paz.

Justicia Penal Militar

Conversé con ustedes, distinguidos magistrados, en San José de Costa Rica, sobre el tema de justicia penal militar. Nosotros tenemos toda disposición de reformarla, pero he encontrado razonables los argumentos del Ministro de Defensa, de los altos mandos, de las reservas, en el sentido de que no se puede prescindir de la justicia penal militar.

Aspiramos que la reforma que se introduzca, sea la adecuada. El Gobierno no ha tenido inconveniente, en pedir en algunos casos que la justicia penal militar no se ocupe de ellos.

Hoy hay una mujer civil al frente de la justicia penal militar, gran paso dado por el actual Ministro de la Defensa, que garantiza más independencia. Hay una independencia para los fallos, que se pone en duda por la jerarquía administrativa. Justamente para disipar esa duda, se ha nombrado esta señora. Y queremos encontrar los textos, en la nueva reforma legal, para que esa duda quede totalmente eliminada.

El Gobierno presente ha utilizado la jerarquía administrativa, no para manipular la justicia penal militar, sino para darle más garantías la justicia ordinaria. Por eso, cuando se presentó la masacre contra los policías en Jamundí, Valle del Cauca, a pocos días de la elección presidencial del año pasado, el Gobierno no dudo en pedirle a la justicia penal militar que se abstuviera de conocer ese caso, y en pedirle a la Fiscalía General que asumiera su conocimiento.

El tema de la Unión Patriótica. Me preocupa enormemente que un proceso de conciliación con la Unión Patriótica, en nombre del Gobierno Nacional liderado por el Vicepresidente de la República, con toda la buena fe y determinación para salir adelante -se ha tenido siempre el apoyo del Procurador General- que ese proceso tenga hoy más orientación hacia la disputa que hacia la conciliación.

El Gobierno Nacional reitera por mí conducto la vocación del encontrarle una salida conciliada a ese reclamo

Violencia contra partidos políticos

Durante los años de exterminio de la Unión Patriótica, grave y condenable, fueron asesinados más dirigentes de los partidos históricos, que el número de dirigentes de la Unión Patriótica asesinados. Y eso parece que no hubiera importado

En el exterminio de la Unión Patriótica confluyeron dos causas: las Farc estaba en armas, y en muchas partes del país estimulaba el proselitismo político; combinaban la política con el terrorismo, combinación condenable. Y ese avance del terrorismo no tuvo proporción, con la determinación estatal para proteger a los luchadores de la política.

Hubo falta de eficacia en la protección del Estado, lo hemos reconocido, como la hubo en más casos para luchadores de los partidos tradicionales, pero también hubo una intención criminal de las Farc, al mantener control sobre sectores de la Unión Patriótica. Creo que hay que recocer lo uno y lo otro.

Y creo que es necesario, también, que el mundo conozca qué le pasaba a los partidos históricos mientras se sucedían los asesinatos contra la Unión Patriótica. Y creemos que la solución está en reconocer y en conciliar.

Desplazamiento

El tema de los desplazados. El tema por el cual me han preguntado en las tres reuniones, los distinguidos integrantes de la Corte Interamericana.

Colombia desde los años 50 ha sufrido periodos graves de desplazamiento, por violencia partidista por las oportunidades de crecimiento y de industria y de urbanismo en las grades ciudades, por desprotección del campo.

Esta violencia guerrillera, paramilitar, ha producido el número de desplazados que ustedes conocen, al interior del país y hacia fuera. Hemos hecho todos los esfuerzos para protegerlos, se ha disminuido el ritmo del desplazamiento sustancialmente, pero todavía no lo hemos podido frenar.

Reiteramos nuestra voluntad de adelantar todos los esfuerzos, para frenar el desplazamiento. Ya han regresado a sus lugares de origen 70 mil personas, rodeadas de la seguridad del Estado, y de apoyos para reemprender su actividad económica y su vida social. Poco número frente al total de desplazados, pero buen precedente.

Hemos pasado de un presupuesto anual de 40 millones de dólares, para atender desplazados, a un presupuesto ahora de 500 millones de dólares para atender desplazados.

Creo que hay un gran avance en la afiliación de los desplazados al régimen subsidiado de salud, a Familias en Acción, que ya llega a millón y medio de familias colombianas desplazadas y pobres. Un subsidio para la educación y la nutrición de sus hijos.

Y hay faltantes grandes, yo los reconozco.

La semana anterior en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), recibíamos esta cifra: podemos ofrecer 40 mil viviendas para desplazados y hay 170 mil solicitudes. Necesitamos 700 millones de dólares más. Estamos buscando hacer todos los esfuerzos para logarlo, no es fácil, ya me referí a algunas de las limitaciones fiscales del país.

Atender el desplazamiento es una prioridad en este Gobierno, lo muestra el crecimiento de los presupuestos, las políticas, pero todavía tenemos faltantes graves como en el tema de vivienda, que estamos buscando los recursos para poderlos superar.

Combate al narcotráfico

La concentración de la tierra. El narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, han sido los grandes determinantes de la concentración de la tierra en los últimos 30 años.

¿Qué ha hecho nuestro Gobierno? La Seguridad Democrática muestra algo bien importante en todo el país. Si ustedes preguntan ¿con qué recursos están financiando los nuevos hoteles de Bogotá?, ¿con qué recursos se está financiando la nueva prosperidad de Cartagena?, ¿con qué recursos se transforma la ciudad de Medellín? Verán una noticia muy buena: con recursos honestos.

Por fortuna, en la prosperidad colombiana que empieza hoy a asomarse, y que nos ayudará a superar la pobreza, ya no aparecer esa influencia de los recursos del narcotráfico.

Y hay algo bien importante: en las regiones rurales de Colombia se ha detenido la adquisición de predios rurales por parte de narcotraficantes, y mucha gente ha podido volver a sus tierras, a recuperarle a esas tierras capacidad de producción y generación de empleo.

Este país en los años 96 y 97, introdujo la figura de la extinción del dominio. Y una de las primeras leyes que el Gobierno presento al Congreso, una de las primeras aprobadas por el Congreso a iniciativa de este Gobierno, es una ley que hace más expedita la extinción del dominio.

Introdujo a esa ley dos reformas. Primera reforma: que la conducta de enriquecimiento ilícito sea autónoma, que no tenga que estar presidida de la condena al sujeto, por un delito.

Segunda reforma: que una vez haya dudas sobre la licitud de los fondos del adquiriente de una propiedad, la justicia, la policía judicial, puedan emprender la investigación y requerir a esa persona, a que demuestre la licitud de sus bienes, el origen de sus bienes.

Por fortuna, esa ley de gran importancia fue declarada exequible por nuestra Corte Constitucional.

Entre 1997 y 2002, hubo cinco sentencias de extinción de dominio en Colombia. Y esto quisiera que se conociera en todo el mundo, en los Estados Unidos, donde hoy hay sectores que tanto nos combaten: mientras entre 1997 y 2002 hubo cinco sentencias de extinción de dominio en Colombia, en este Gobierno se han producido 598 sentencias de primera instancia, 386 de segunda instancia, y ha habido sentencias que involucran, una sola sentencia, más de 400 bienes, en los cuales se ha extinguido el dominio del propietario, quien no pudo demostrar el origen licito de sus recursos.

Y tenemos hoy 1.114 procesos, que la Fiscalía ha trasladado a los jueces, de bienes que tienen una medida cautelar de secuestro, y que al haberse terminado la parte investigativa de la Fiscalía, están a espera de la sentencia que deben dictar los jueces.

Creemos que la Seguridad Democrática, la aplicación de las normas de extinción de dominio, el combate al narcotráfico, y las políticas para impulsar la economía campesina en Colombia, van a frenar y a regresar esta tendencia regresiva de concentración de la tierra.

Me preguntaba la señora Vicepresidente de la Corte: Presidente ¿cómo evalúa las extradiciones? Y otro de los magistrados: ¿cómo evalúa la política antidroga? Colombia derramó mucha sangre por las extradiciones. La destrucción de este Palacio y el asesinato de los magistrados, tuvo un origen: la mezcla entre una organización política y el narcotráfico, para extraer de aquí unos expedientes de extradición.

Y eso terminó en un holocausto a la Justicia. Ministros de Justicia asesinados, jueces de la Republica asesinados.

La Constitución del 91 es muy buena. Tiene aspectos discutibles, uno de ellos es que nunca se hizo claridad de por qué se eliminó, se prohibió en esa Constitución del 91 la extradición.

Después, por muchas razones que los historiadores analizarán, se restableció la extradición. Este Gobierno la ha aplicado sin prejuicios: 674 extradiciones ordenadas por este Gobierno, suspendidas 12, de personas que han participado en el proceso de paz, tomada la decisión política frente a uno a quien se le iría a suspender la extradición, para no suspendérsela, porque el Gobierno tiene una la convicción de que ha violado las condiciones del proceso de paz.

Yo creo que la extradición ha ayudado a desmontar los viejos carteles de Medellín y de Cali. Creo que la extradición ha ayudado en el proceso de desmonte de los carteles de nueva generación que encontramos hace cinco años, en el norte del Valle del Cauca y en la costa norte de Colombia.

Creo que la extradición es un elemento importante de la política de seguridad, que disuade criminales. Creo que el resultado para Colombia, después de tanta sangre, ha sido bueno.

El tema de la droga. Si no fuera por la droga, aquí ya no habría grupos terroristas. Recuerdo siempre a Joaquín Villalobos, el ex comandante de la guerrilla salvadoreña, con quien tuve la oportunidad de ser compañero 12 meses en la Universidad de Oxford.

Yo acababa de salir de la Gobernación de Antioquia. El señalamiento que me hacia la oposición era de gobernador paramilitar, y él provenía de la guerrilla salvadoreña, con qué suspicacia me miraría.

Después de meses de interlocutar y de construir confianza, me dijo: en la guerrilla salvadoreña tomamos la decisión de negociar la paz, cuando nos convencimos que no había posibilidad de triunfo militar, y no recibimos en adelante recursos provenientes de (Organizaciones No Gubernamentales) ONG de Europa occidental.

Qué sorpresa la mía. Yo pensaba que la financiación de esas guerrillas venía de la antigua ‘Cortina de Hierro’. Y él me decía: no, esos países ya estaban en muy mala situación fiscal, esa financiación venía de ONG de Europa occidental. Importante esto, para estudiarlo en los episodios de América Latina y de Colombia.

Haciendo el paralelo, hasta hace cinco años, la guerrilla colombiana creía que se podía quedar con una parte del territorio, e implantar allí su dictadura de mercenarios y de droga. Y en la misma creencia estaban los paramilitares.

Y pienso que el avance de la Seguridad Democrática les demuestra hoy, que no tienen futuro en su actividad armada y criminal.

Pero tienen dinero, porque tienen el narcotráfico, y eso es lo que hace la diferencia con aquellas decisiones que se tomaron en Centroamérica. Mientras allá se tomó la decisión cuando habían perdido la fuente de recursos, aquí todavía no la han tomado porque no han perdido la fuente de recursos. Por eso hay que seguir en esta batalla contra el narcotráfico.

Nosotros este año fumigamos unas 160 mil hectáreas, y estamos acercándonos a final de diciembre, podemos erradicar manualmente 70 mil hectáreas, o una suma cercana. La erradicación manual la introdujo este Gobierno, no se pactó en el Plan Colombia, con los Estados Unidos.

Este es el tercer año de erradicación manual. En el primero erradicamos 31 mil 200 hectáreas, el año pasado 43 mil, este año propusimos una meta inicial de 50 mil, una meta subsiguiente de 70 mil, vamos a ver cómo nos acercamos, con la mayor proximidad posible, a esta segunda meta.

Los Estados Unidos dicen que el año pasado había 156 mil hectáreas de droga en Colombia, Naciones Unidad dice que eran 79 mil. Se imaginarán ustedes el desconcierto para el Gobierno colombiano, al ver la contradicción, la distancia entre esas dos cifras.

Hemos pedido a los Estados Unidos y a las Naciones Unidas, que se pongan de acuerdo en la metodología. Yo le pregunté a los Estados Unidos, a los voceros: ¿si ustedes dicen que tenemos 156 mil hectáreas, y cuando empezó el Plan Colombia hablan de 180 mil, entonces hemos perdido el tiempo? Me contestan: no, lo que pasa es que en esa época no se midió todo el territorio, ahora vamos avanzando en la medición de todo el territorio. ¿Entonces cuántas había, por Dios?

Confiamos que este año se pueda mostrar mejor resultado. Llevamos seis meses de un indicativo que nos da optimismo: los sucesivos estudios de los mismos Estados Unidos, en más de 30 ciudades norteamericanas, muestran en los últimos seis meses una tendencia muy pronunciada al alza, en el precio de la droga en las calles de esas ciudades, y una disminución de la pureza.

Y encontramos eficacia en el gobierno mexicano, la tierra del señor Presidente de nuestra Corte Interamericana. Vamos a seguir en esa lucha.

Me preguntaban ustedes: ¿y las alternativas? Y me preguntaban: una persona que va recibir los ingresos de las alternativas que se ofrecen, ¿si va a desistir de un negocio tan lucrativo?

Nosotros dividimos el país, en materia de alternativas, en dos áreas: en un área donde puede prosperar la actividad económica ordinaria, y en otra área donde solamente lo único que cabe es proteger la selva.

Un gran aporte de Colombia contra el calentamiento global es que este país tiene el 52 por ciento del territorio en selva, 578 mil kilómetros cuadrados. Ha sido una gran ventaja para el terrorismo, un gran aporte de Colombia contra el calentamiento global.

La droga ha destruido cerca de dos millones de hectáreas de selva. Nosotros no podemos estimular la colonización de la selva, hay que preservarla. Por eso hemos creado el programa Familias Guardabosques. Tiene 56 mil familias, pero necesitaríamos 100 mil.

Familias que estaban en la droga, abandonan la droga, se comprometen a mantener un área libre de droga, son supervisados por Naciones Unidas, y el Gobierno -con la previa certificación de Naciones Unidas- hace unos pagos bimensuales, que finalmente equivalen a cerca de dos mil dólares al año. Un programa ejemplar, ha dicho Naciones Unidas.

Y en las zonas donde puede adelantarse la actividad económica ordinaria, con ayuda de Estados Unidos, con alguna ayuda europea y con un gran esfuerzo del presupuesto colombiano, avanzamos inmensamente en tema de palma africana, de caucho, de café orgánico, de piscicultura, de especies animales menores y de otras alternativas.

¿Falta mucho en esa tarea? Sí falta. Yo estoy convencido que la mejor alternativa será garantizarle a este país, vía Seguridad Democrática y confianza inversionista, una época de largo plazo, de prosperidad de la confianza inversionista en Colombia.

Y me preguntan ustedes: ¿puede un proyecto alternativo atraer a alguien que ganaba mucho más dinero en el narcotráfico? Combinado con la Seguridad Democrática sí, porque la Seguridad Democrática causa y trae consigo un elemento de disuasión.

Pero también ha ocurrido lo siguiente: en todos estos grupos hay una división pronunciada de clases. Unos jerarcas del terrorismo llenos de dinero, y unas bases mercenarias que pueden vivir mucho mejor, inclusive con más estabilidad y más ingreso, en las actividades alternativas que nosotros estamos promoviendo.

Acuerdo humanitario

Esta mañana tuve la oportunidad contarles qué piensa el Gobierno del Acuerdo Humanitario.

Hemos hecho todos los esfuerzos posibles. En cada discusión, debo recordar que primero liberamos 27 personas de las Farc, y después ordenamos la liberación de 150. Que a petición del Presidente Sarkozy, de Francia, liberamos a Rodrigo Granda. Que hemos autorizado todos los facilitadores. La última facilitadora, la senadora Piedad Córdoba, bastante crítica de este Gobierno, quien se ha apoyado en la gestión del Presidente Hugo Chávez, gestión que nosotros hemos apoyado.

La única respuesta que hemos tenido hasta ahora, es dos masacres. Primero, la masacre de las Farc al Gobernador de Antioquia, al ex ministro de Defensa y a unos integrantes de la Fuerza Pública que estaban con ellos en ese secuestro.

Este relato lo oí yo de un sobreviviente: los helicópteros militares volaban esa mañana a la selva, cuando las Farc los percibió emprendieron la fuga, al ver que no llegaban los soldados, regresaron al campamento y ordenaron el asesinato de los cautivos.

Me contaba el sobreviviente, que el ex ministro Gilberto Echeverri y el ex gobernador de Antioquia, muchas veces intentaron hablar con el jefe de ese grupo de las Farc. Le dijeron: ¿pero cómo nos secuestran a nosotros, si nosotros no somos sus enemigos, nosotros somos sus amigos, nosotros hemos sido los que hemos buscado el diálogo para la paz? ¿Qué respuesta le dio las Farc? Ustedes son nuestros enemigos de clase, los idiotas útiles.

Allí hay un problema de narcotráfico, de odio, de ansia criminal, muy complejo. Por eso hay que combatirlo con toda la firmeza. Esos bandidos no van a hacer la paz por amor a la paz, sino por necesidad. Por eso hay que persistir en esta política.

El Gobierno Nacional, salvando unos puntos que consideramos necesarios, convenientes para la vida de la Nación, ha buscado el acuerdo humanitario.

La segunda masacre en respuesta, fue el asesinato de los diputados del Valle del Cauca, con todo el cinismo, buscando toda la mentira, pero afortunadamente la buena fe termina por imponerse.

Durante estos días de su estadía en Colombia, de sus sesiones en Colombia, cuenten con el afecto, el respeto del pueblo colombiano, con todo el respeto y con todo el apoyo del Gobierno Nacional.

Mis compañeros de Gobierno y yo, estaremos atentos para que su estadía en Colombia sea grata, y para que ningún aspecto de la vida nacional se escape del escrutinio de ustedes. En la seguridad que es un país con muchos problemas, pero un país que ha recuperado la confianza, el ánimo y que quiere salir adelante.

Los invito a observar algo, en la psicología colectiva de los colombianos. Con el sufrimiento que ha tenido este país, debería ser el país con la población más amargada, y es el país con la población más alegre. Eso que expresa la espontaneidad el pueblo colombiano, es una clave muy importante para un futuro, que lo queremos solamente de felicidad para las nuevas generaciones de colombianos.

Muchas gracias, señor Presidente (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y distinguidos juezas y jueces, por haber venido a Colombia para realizar este período de sesiones”.