Bogotá, 23 oct (SP). “Mil gracias por este evento tan oportuno para el país. Mil gracias a la Revista Dinero, a su directora, doctora Rosario Córdoba, por este empeño, y a todos quienes han apoyado esta tarea.

Permítanme referir, primero, a lo que en mi concepto significa el modelo público-privado en la actual situación política de América Latina.

Vivió América Latina unas décadas de desmantelamiento del Estado, después del Consenso de Washington. Una interpretación equivocada. Colombia no está en ello. Colombia está en la reforma del Estado. Hemos reformado 420 entidades del Estado. Empezamos por Telecom, el IFI, muchas de las electrificadotas y 220 hospitales públicos, empezando por los Universitarios de la Costa, el Ramón González Valencia de Bucaramanga, etcétera. Recientemente la capitalización de Ecopetrol, antecedida por la capitalización de Isagen. Y ahora en pleno proceso de reforma las clínicas del Seguro Social.

Nuestra idea es hasta el último día de Gobierno avanzar en la reforma del Estado sin desmantelarlo, buscando un Estado menos privatizado por la politiquería y por los excesos sindicales, y comprometido totalmente con el bienestar comunitario. Esto lo asociamos con nuestro modelo de Estado Comunitario.

Esta reforma hasta el momento le ha ahorrado al presupuesto de la Nación un punto del PIB por año. Significativo. ¿Se imaginan ustedes que habría sido del presupuesto de la Nación sin esta reforma? ¿Las grandes dificultades para los niveles de inversión que se requieren en Ecopetrol? ¿O el gerente de Telecom acudiendo al Ministerio de Hacienda a reclamar 500 mil millones al año para poder pagar las pensiones de Telecom?

Además es una reforma que produce una gran contribución a la productividad, a la competitividad del país. Y sanea la administración pública.

Cuando estábamos en la reforma de Telecom, me visitó el sindicato, muy opuesto a la reforma, y me dijo: “Presidente, ¿por qué nos hacen a los trabajadores la imputación de todos los males de la empresa? La empresa recibió muchas personas enviadas por los gobiernos por razones clientelistas, simplemente para completar el tiempo de labor para una pensión o para mejorarla”. En fin. Y le dije: “Tiene toda la razón”.

Este tipo de reformas acaban ese problema. Por ejemplo, lo que hace que hicimos esa reforma de Telecom, se ha acabado la presión clientelista sobre Telecom.

A mí todavía me pedían puestos en la Junta Directiva de Ecopetrol. Ahora, con esta reforma, habrá que decirle a la presión politiquera que pida puestos en la Junta Directiva de Ecopetrol: ¿ya hablaron con los otros 520 mil accionistas?
Esto tiene un efecto práctico de gran trascendencia para eliminar el clientelismo, para instaurar en estas empresas todas las reglas de buen gobierno.

Y el modelo público privado se acopla perfectamente a ello: a la idea de reformar el Estado, sin desmantelarlo.

Nosotros, por ejemplo, teníamos la sugerencia, cuando llegamos al Gobierno, de que a Telecom lo que había que hacer era extenderle la partida de defunción. Creo que con el desarrollo del modelo público-privado, encontramos una gran salida, como se ha venido encontrando en el sector eléctrico, en el sector energético.

¿Y por qué también es importante vincular el esquema público-privado con la situación política actual de América Latina? Porque en muchos países de América Latina reaparece con gran furia el estatismo. Conversa uno con mandatarios de algunos países de América Latina, y niegan cualquier opción de inversión del sector privado en sectores estratégicos. Quieren solamente monopolios estatales. Incluso algunos tienen problemas constitucionales y políticos de la mayor envergadura, como México.

México ha asistido a una gran disminución de la producción de petróleo. Necesita, lo dice el Presidente Calderón, la alianza con el sector privado internacional para poder hacer unas perforaciones en busca de petróleo costosísimas, y más que costosas, con una tecnología que muy pocos tienen en el mundo y que no la quieren vender, la quieren aplicar como socios. Y no obstante la voluntad del Gobierno mexicano, los obstáculos constitucionales y los problemas políticos para superar esos obstáculos no le han permitido resolver este tipo de problemas.

Hablar del éxito del modelo mixto público-privado, en este momento, de una furiosa tendencia estatista en América Latina, es de gran importancia. Nosotros le damos todo el espacio al sector privado en nuestro modelo, con todos los requisitos de responsabilidad social.

El tema tributario

Y después de estas cosas simples, trabajamos tres objetivos de gobierno: consolidar la seguridad democrática, consolidar la confianza inversionista y cumplir nuestras metas sociales.

Creemos que son inseparablemente objetivos de gobierno unidos. Sin la política de seguridad democrática, no hay interés en inversión. La confianza inversionista necesita la salud fiscal de la Nación. La confianza inversionista necesita la claridad en las reglas de juego, la estabilidad en las reglas de juego.

Por eso también se aprobó la ley que permite que el Gobierno firme los pactos de estabilidad con el sector privado. Creo que eso es de gran importancia para el país.

Nosotros creemos que la orientación de los estímulos tributarios hacia la inversión, ha sido muy benéfica para el país. No fue fácil de introducir en este Gobierno. El país ha tenido una resistencia histórica a introducir estímulos tributarios para la inversión. Nosotros así lo percibimos cuando nos propusimos en el año 2002, cuando quisimos sacarlo finalmente adelante y se logró en la reforma tributaria de 2006: una oposición muy grande de sectores de la política, de sectores de la academia económica, etcétera.

Y hemos logrado no entrar en la tesis de una drástica reducción de tarifas tributarias, sino en la tesis de estímulos muy eficaces a la inversión. Para nosotros hay una gran diferencia entre la simple reducción general de las tarifas, que trata por igual al que hace esfuerzos de inversión y aquel que no hace esfuerzos de inversión, y lo que son los estímulos orientados, conectados directamente con la inversión, como la deducción del 40 por ciento a las nuevas inversiones generadoras de renta.

Esta mañana quedó ya finalmente expedido el decreto que reglamenta la figura de las Zonas Económicas Especiales, con una tarifa del 15 por ciento. Zonas Económicas cuyos requisitos son empleo e inversión. Empleo de buena calidad, empleo estable, empleo con contrato de trabajo a término indefinido. Zonas Económicas que, además de tener el privilegio de la tarifa del 15 por ciento, tienen también el estímulo de no pagar IVA, de no pagar arancel, y se pueden ubicar en los sitios que incluso el monousuario llegue a seleccionar. Todo esto contribuye a crear confianza inversionista.

Vemos hoy mucho entusiasmo en el país. Y las cifras son elocuentes. Hemos pasado de una tasa de inversión entre el 12 y el 15, a una tasa de inversión que ya en el primer semestre de este año estuvo cerca del 28. No nos supera hoy sino un país en América Latina, por pura inversión estatal. Si uno mira la combinación de la pública y la privada, en Colombia, descontado ese país, tenemos en este momento la más alta tasa de inversión en América Latina. El sector privado está participando de esos 26 – 28 puntos, con puntos entre el 19 y el 21. Es algo bien interesante para el país.

Nuestro esfuerzo es proyectar unas condiciones que permitan que esa tasa de inversión se vuelva una tasa estable en Colombia. Creo que lo que va a hacer la diferencia en el país en lo social, es lograr una tasa de inversión alta y estable en el largo plazo.

El tema de Ecopetrol

Y dicho esto, permítanme entrar en el tema energético. El tema de petróleo y gas. La primera decisión de nuestro Gobierno fue sacar adelante la Ley que cambio las regalías de tabla plana por regalías escalonadas. El proyecto lo había presentado la anterior administración presidencial. Nosotros nos dedicamos, después de la elección de mayo de 2002, ayudar a sacar adelante ese proyecto que fue bien importante en su momento.

El ministro Luis Ernesto Mejía y el presidente de Ecopetrol de entonces, el doctor Isaac Yanovich, propusieron la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Inicialmente a mí no me pareció de la mayor importancia, porque creía que como venían manejando el tema Ecopetrol y el Ministerio, estaba bien. Pero cuando eso se conecta con los desarrollos posteriores y la afluencia de la inversión al país en busca de nuevos campos exploratorios, ya uno empieza a encontrarle toda la importancia a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Hoy se convierte la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en una pieza muy importante de la institucionalidad, de ajustes a la política energética hechos por este Gobierno.

Empezamos un proceso muy difícil. El proceso de la reforma laboral, de la reforma pensional de Ecopetrol, sin antecedentes. Solamente en una administración presidencial, un presidente de Ecopetrol había intentado denunciar la convención colectiva de trabajo. Eso fracasó, porque ante una huelga, la administración presidencial de entonces echó para atrás la denuncia de la convención y el gerente salió de la empresa.

Nosotros, durante tres y medio años largos, con la conducción del ministro Mejía y del doctor Isaac Yanovich, adelantamos ese conflicto laboral, bien difícil, que permitió la reforma laboral y la reforma pensional de Ecopetrol, y que le dio a la compañía mucha más fortaleza en todas las proyecciones de largo plazo.

Vino después el tema de la Refinería de Cartagena. La gran necesidad de tener esa refinería, de hacer esas inversiones, y la gran dificultad de la limitación de los recursos. Ahí se presentó una nueva discusión, de si participaba o no el sector privado. Y afloraron los radicalismos ideológicos, que en este país han impedido este tipo de reformas.

Creo que si en algunas empresas encontramos radicalismos ideológicos impidiendo reformas, esos radicalismos ideológicos aparecieron en Telecom y en Ecopetrol. Qué dificultad poder superar el obstáculo propuesto por ese radicalismo ideológico, para lograr la participación de los particulares en la inversión de la Refinería de Cartagena. Se obtuvo.

El proyecto está en plena marcha. Y es una inversión de 2 mil millones de dólares, tan importante, que en los próximos días empieza la construcción de 10 plantas de petroquímica en la ciudad de Cartagena, apoyadas también por el decreto de zonas francas, plantas que encontraron definitivamente su factibilidad en las inversiones que se adelantan en la Refinería de Ecopetrol.

Allí en esa refinería de Ecopetrol, aparece, pues, el esquema público-privado. Ese esquema mixto al cual ustedes se han venido refiriendo en el día de hoy.

Hechas esas reformas: la pensional y la laboral, y la vinculación del sector privado internacional a las inversiones de la Refinería en Cartagena, encontramos que era el momento de emprender el camino de la capitalización de Ecopetrol. Particularmente fui muy celoso para que mientras estuvieran pendientes el tema pensional, el tema laboral y el tema de la Refinería de Cartagena, no adelantaremos el proceso de capitalización.

Resueltos estos problemas, en junio del año pasado expresé al doctor Yanovich que preparáramos el proyecto para presentarlo el 20 de julio al Congreso de la República. Lo hicimos. Si a mí me hubieran preguntado hace cinco años: ¿es posible la capitalización de Ecopetrol?, con la experiencia de enfrentar radicalismos ideológicos en reformas laborales, en reformas pensionales, en reestructuración de entidades del Estado, de la Gobernación de Antioquia, habría dicho: “Lo veo imposible”. Lo logramos.

Presentamos el proyecto y llegó el ministro (de Minas y Energía), Hernán Martínez, y se dedicó con toda la determinación a trabajar con el Congreso de la República, y el Congreso de la República tuvo la decisión de valor, que el país tiene que aplaudir y reconocer, contra tanto obstáculo ideológico, de aprobar el proyecto de la capitalización de Ecopetrol. Los resultados todo el mundo lo conoce.

Preguntaba yo en la Bolsa (de Valores) de Colombia: ¿qué recuerdo tiene el país, el mayor momento en que una empresa haya tenido la mayor cantidad de accionistas? Me decían: en algún momento Bavaria tuvo 140 mil accionistas. Acabábamos de hacer la capitalización de Isagen, a la cual se vincularon 70 mil accionistas.

Y lograr 520 mil accionistas (todos colombianos, porque la primera ronda de la capitalización de Ecopetrol, la que se ha surtido hasta ahora, es exclusivamente para colombianos), 520 mil accionistas, más la inversión de 2 billones 600 mil millones de pesos a cargo de los fondos de pensiones de propiedad de 7 millones de trabajadores colombianos, creo que es algo bien importante para el país, para el proceso del país de propietarios, para el proceso de la capitalización de Ecopetrol, para el proceso de poder apalancar las inversiones cuantiosísimas que se están haciendo, que se tienen que hacer en los próximos años, para la diversificación de Ecopetrol hacia el sector de los biocombustibles, y también expresa confianza de lo colombinos en su país.

En el proceso de fortalecer la confianza en Colombia, para nosotros ha sido trascendental el paso de la capitalización de Ecopetrol, que ha sido una clarísima muestra de ello.

Esta mañana, con el ministro (de Minas y Energía) Hernán Martínez, veía algunas cifras. En 2002, Colombia perforó 10 pozos exploratorios y este año vamos a estar cerca de 80. Tuvimos años de 700 kilómetros, 500 kilómetros, 1.200 kilómetros de sísmica. Este año nos vamos a adelantar a los 30 mil. Creo que allí empezamos a ver un gran avance.

Nosotros llegamos al Gobierno con mucho temor, por la escasez de petróleo. En el empalme, el Ministerio de Minas y Ecopetrol nos mostraban unas proyecciones, donde probablemente el país perdería la autosuficiencia en el año 2008. Se ha venido posponiendo. Hoy hemos llegado al año 2014.

No hemos tenido grandes descubrimientos, pero sí una suma muy importante de descubrimientos. Y he encontrado que en las matemáticas energéticas se acostumbra mucho a hacer este cálculo: ¿cuántos barriles produce el país en el año y cuánto le agrega a las reservas? Mientras hay muchos países en el mundo que, al número de barriles que producen, solamente recuperan con unas reservas un 22 por ciento, nosotros, sin grandes descubrimientos, hemos venido recuperando más barriles en nuevas reservas, que los producidos cada año.

Eso nos ha permitido posponer hasta el año 2014 la autosuficiencia. Y estamos confiados en que la febrilidad inversionista, el entusiasmo inversionista en el país y la fortaleza de Ecopetrol, van a permitir hacer esos hallazgos, de los cuales tenemos urgencia.

Ojalá el país rápidamente pueda tener buenas noticias sobre hallazgos importantes en petróleo, hallazgos importantes en gas.

Una pregunta que suelen hacerme mis compatriotas es: Presidente, ¿y qué pasa con las empresas privadas nacionales o internacionales que recibieron unos campos, cuando el petróleo tenía un precio muy bajo y ahora están vendiendo petróleo con un precio muy alto?

Ahí tenemos tres mecanismos que le permiten al Estado colombiano participar de ese crecimiento de precios:

Primero: las regalías son escalonadas, no solamente por cantidades de producción, sino también por precios.

Segundo mecanismo: en los procesos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para asignar campos, hay unas licitaciones que llevan a los proponentes a competir, ofreciéndole al Estado, por encima de las regalías y de los impuestos de ley, una participación adicional. En las adjudicaciones recientes esa participación ha estado entre el 4 y el 16 (por ciento).

Tercer mecanismo: en los contratos está vinculada la cláusula de una participación del Estado adicional en un 30 por ciento sobre el precio del petróleo que supere 30 dólares el barril.

Entonces, el Estado colombiano tiene instrumentos para beneficiarse tanto del incremento de la producción, que todavía no hemos logrado. Lo que hemos logrado hasta ahora es detener la caída de producción, como para beneficiarse del incremento de los precios.

El tema del carbón

El tema de carbón. El país se aproxima en los próximos años a producir 110 millones de toneladas de carbón.

Creo que ahí tenemos todas las posibilidades, y el país las ha venido percibiendo, sobre todo en estos últimos años.

¿Qué obstáculos veo? Veo obstáculos con las comunidades, veo obstáculos con el ferrocarril y veo obstáculos con los puertos.

Con las comunidades: Nosotros hemos hablado de responsabilidad social de la inversión privada, expresada en tres puntos:

Primero: en la transparencia entre los contratistas, los concesionarios, los adjudicatarios, el Estado.

Segundo: responsabilidad social con las comunidades.

Tercero: relaciones laborales. Ni de capitalismo salvaje, ni de odio de clases, relaciones laborales de fraternidad.

Hemos insistido mucho este año, y esta semana voy a volver a La Loma (proyecto carbonífero), sobre la necesidad de que las empresas hagan unas inversiones en favor de las comunidades, totalmente necesarias.

Me han anticipado a este viaje de La Loma, que ya empiezan a hacerse inversiones, porque protestan mucho las comunidades, y con razón. Y por eso hay que apresurarse con respuestas, para que esas protestas no se conviertan, capitalizadas por la política y por los violentos, en obstáculos a la producción de carbón.

Por ejemplo, una carretera que era una vía de potreros, donde pasaban dos vehículos al día, por la mitad de unos cascos urbanos pequeños, se convierte de la noche a la mañana en una carretera por donde transitan 800 tractomulas al día, con carbón. Entonces, por un lado el polvillo del carbón y, por otro lado, todo el polvorín de la carretera se convierte en un factor que maltrata a la comunidad.

Ahí toca, por parte de las empresas, adelantar unos procesos de mejoramiento de esas carreteras, como responsabilidad social con esas comunidades. Y nosotros confiamos que eso se esté empezando, que eso se vaya a dar. Que ahora que cese la temporada de lluvias y que entre esa temporada seca, donde hay tanto polvorín en las carreteras, esos poblados del Cesar sientan menores dificultades.

El tema del ferrocarril

El tema del ferrocarril. Una de las tareas principales en nuestro gobierno ha sido resolver los problemas con los concesionarios.

Teníamos problemas con 21 asociados en Telecom. Están resueltos en su totalidad. Superadas todas esas disputas. Y se creó un mecanismo que les diera confianza a los funcionarios, que les quitara a los funcionarios el temor a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Procuraduría, y también que le diera motivos de confianza y no de suspicacia a la opinión pública.

Cada conciliación de cada disputa en nuestro Gobierno, antes de firmarla con la contraparte, hemos pedido una amplia consulta a los órganos de control y una amplia discusión a la opinión pública, para que todo el mundo tenga tranquilidad.

Eso se ha logrado también en el tema de las vías. Casi todas las concesiones viales estaban en pleito.

Hoy nos falta la etapa final de la conciliación de Commsa (consorcio español). Desde hace 8 meses pudimos terminar esa conciliación, tiene visto bueno de la Procuraduría, pero falta el visto bueno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De resto, todas están superadas.

Nos falta superar la conciliación del Ferrocarril de Buga a Buenaventura. Este Gobierno ha hecho una inversión allí de 148 millones de dólares, respetando un contrato que venía de gobiernos anteriores.

Los contratistas eran concesionarios. Después se alegaron que no había el equipo, que no había las condiciones para prestar el servicio. Eso entró en una disputa. Vamos a ver cómo lo resolvemos.

Y pudimos resolver el problema con Fenoco (Ferrocarriles del Norte de Colombia) en el Ferrocarril del Cesar-Magdalena.

Después de largos períodos de discusiones se logró un acuerdo, en mi concepto muy bueno, por lo siguiente:

Se modificó la composición accionaria del concesionario, y entraron los grandes productores de carbón como socios de la concesión, no solamente uno, sino todos los que están en esa área.

Segundo, se comprometieron primero a hacer unos intercambios. Ya están hechos. Eso ha permitido que ese ferrocarril pase de mover al año 22 millones de toneladas de carbones, este año va a estar cerca de mover 45 millones de toneladas de carbón.

Tercero, se han comprometido en la segunda línea. Ya están prácticamente empezando la construcción de la segunda línea. Creo que el problema del ferrocarril en esa sección del país, es un problema que ya está en muy serio proceso de solución. Confío que en poco tiempo el país va a tener allí la segunda línea, lo que facilitará llegar a exportar 110 millones de toneladas al año. Por ese ferrocarril, 65 – 70 millones de toneladas al año.

El tema de los puertos

La enorme dificultad la hemos tenido con el sector turístico, y tiene razón el sector turístico, porque en los puertos de Santa Marta se presenta una volatilidad del carbón. Entonces se quejan en los hoteles de que eso produce una película de carbón en las carpas de los turistas, en las mesas de los turistas, en las habitaciones de los turistas. Y muchos científicos me han escrito, me dicen: el carbón no es contaminante, tal cosa. Pero de todas maneras es desagradable para los turistas. Ahí tenemos una gran dificultad que debemos superar.

Eso nos llevó a impedir que se instalara el puerto de carbón al ingreso de la Isla de Barú en Cartagena. Hemos dicho claramente a los concesionarios de Santa Marta lo siguiente:

Primero: no se les pueden renovar los plazos. Una concesión que vence en el 2009, tiene que tener para esa época una alternativa.

Segundo: todos, para finales del 2009, principios de 2010, deben tener resuelto el problema de los patios de almacenamiento, de tal manera que no haya volatilidad. Y de cargue directo.

Seguramente el cargue directo va a exigir unas inversiones, para abrir unos canales que vengan de los sitios donde hay buena profundidad a la orilla. Pero esas inversiones hoy no deben ser obstáculo.

Además quiero decir lo siguiente: en el decreto de zonas francas, que reglamenta la Ley, se ha definido que tienen derecho a recibir ese beneficio, puertos que realicen inversiones y generen empleo de acuerdo con las normas legales, así sean de empresas privadas. Simplemente se exige que los tengan abiertos a terceros. Entonces eso le va a ayudar inmensamente a los inversionistas a realizar las inversiones para poder superar el problema portuario que tenemos en la ciudad de Santa Marta.

Ahora estamos empeñados en ayudar a la exportación de los carbones coquizables de la Sabana Cundiboyacense. Tengo la esperanza con otra gran reforma que pudimos hacer en este Gobierno, la de Paz del Río. También Paz del Río estaba lista para partida de defunción. Yo no quise, no obstante que había todos los elementos para extenderla. Dije: ¿quién se va a hacer cargo de los tres mil trabajadores, de los tres mil jubilados, puede el presupuesto nacional pagar eso?

¿Qué va a pasar en esa región de Boyacá? Después de muchos meses, logramos un acuerdo con los trabajadores, para que ellos renunciaran a cláusulas convencionales exorbitantes, y aumentaran su participación en la propiedad de la empresa. Pasar del sindicalismo histórico reivindicacionista político, al sindicalismo de participación, con vocación gerencial.

Y pasaron de ser propietarios del 8 al 46 por ciento. Y eso empezó a ayudar muchísimo a la empresa. De inmediato se vieron los resultados. Tomamos la decisión (y nos apoyó finalmente la Gobernación de Boyacá) de que la Gerencia y la Junta se escogieran por meritocracia. Eso ayudo muchísimo. Nos ayudó también el mejoramiento del precio internacional del hierro y del acero. Y vino después la decisión de los trabajadores y pensionados que querían vender, y se abrió un proceso con toda transparencia, y entró la firma Votorantim de Brasil.

Se recuperó totalmente el valor de la empresa. Y están haciendo inversiones para que la empresa rápidamente pase de producir 300 mil toneladas al año, a producir más de 1 millón.

Con todos ellos se está trabajando a ver cómo traemos un ferrocarril del Magdalena a Boyacá, para darles también salida a los carbones coquizables de la Sabana Cundiboyacense, que hoy salen pero en muy pequeñas cantidades, por las dificultades de transporte.

El tema del sector hidroeléctrico

Yo diría que hemos dado pasos importantes. Primero, la solución del pleito de Empresas Públicas de Medellín con Isagen. Isagen había perdido la posibilidad de tener presencia exitosa en los mercados financieros por ese pleito.

Cuando nos propusimos resolver el problema de los reclamos de la región Antioquia-Medellín a la Nación, por la deuda del Tren Metropolitano, y se refinanció esa deuda, se le exigió a Antioquia y a Medellín que desistieran de las demandas contra Isagen, por las centrales hidroeléctricas de los ríos Río Negro y Nare. Creo que eso le convino a todo el mundo.

Con ese desistimiento, Isagen recuperó toda la factibilidad financiera. Está emprendiendo hoy proyectos de mucha importancia. Se hizo el proceso de venta parcial. Entraron, si la memoria no me falla, 70 mil accionistas. Y creo que la empresa está bien posicionada a futuro

Y muchos compatriotas me dicen: acábenla de vender. Yo tengo preocupaciones. En Colombia el sector privado ha comprado hidroeléctricas, pero no ha construido hidroeléctricas.

Y hay un tema político bien difícil de manejar. Porque hoy los precios de las empresas los definen trayendo a valor presente flujos. Y no importa el costo de reposición. Eso lo entienden muy bien los financieros, pero es muy difícil de explicar en el lenguaje político.

Ahora sí que ha sido difícil con las regiones donde estamos vendiendo las electrificadoras. Porque allá tenían una idea de que esas electrificadoras valían muchísimo más de lo que ha aparecido en los avalúos, que traen el flujo a valor presente.

¿Qué temor hemos tenido? Hay que disipar esta duda: ¿el sector privado nacional e internacional va a construir hidroeléctricas? Hasta ahora no.

Nosotros tenemos esperanza en la licitación novedosa que va a abrir el Ministerio en enero. Una licitación en la que va a decir: el país para tal año necesita 600 kilovatios, para tal año tantos, para tal año tantos. Se reciben proyectos de las diferentes fuentes energéticas que garanticen, para esa fecha, la oferta de ese número de kilovatios. ¿Qué garantía da el Estado? La del pago del cargo por disponibilidad, por capacidad.

Ese va a ser el factor para competir. Confiamos que eso pueda lograr que despeguen una serie de proyectos hidroeléctricos que en el país se están esperando. Como el proyecto de Sogamoso en Santander, el de Ituango en Antioquia y otros.

A mí me da temor que el Estado venda totalmente a Isagen, sin tener la certeza de que la inversión privada nacional e internacional entre en el tema de la instalación de hidroeléctricas.

Ahora que oíamos en el video al ex ministro Valenzuela, y él se quejaba de lo que implicó para el país el costo de instalación del sector hidroeléctrico, tiene razón en eso. Pero también pienso: no hubo nadie distinto que lo hiciera. Lo tuvo que hacer el Estado. Y todavía no tenemos la seguridad de que haya alguien distinto que lo vaya a hacer.

Hace pocos días Epsa en Cali me dijo que ellos van a emprender ya la construcción de unas hidroeléctricas. Ojalá lo decidamos.

Inserto ahí este punto: me parece de la mayor importancia el programa de licitaciones que empieza en enero, y que nos va a despejar muchas dudas sobre la real voluntad de instalar nuevos proyectos en Colombia. Y esa es la duda que he tenido con la solicitud que hacen muchos colombianos de que se venda más porcentaje de Isagen o de que se llegue a vender toda la empresa.

En el país hoy hay mucho proyecto de pequeña hidroeléctrica, pero pocos están avanzando en la práctica.

El tema de energías alternativas

El tema de otras energías alternativas: la eólica. Tenemos un gran potencial, especialmente en La Guajira, pero hemos avanzado muy poco.

Cuando empezó nuestro Gobierno, Empresas Públicas de Medellín nos dijo: “Estamos dispuestos a instalar en La Guajira una planta experimental de 20 mil kilovatios, pero si tenemos que pagar impuestos se nos altera totalmente la factibilidad financiera”.

En nuestra reforma Tributaria de diciembre de 2002, eliminamos el impuesto de renta a este tipo de plantas. Se instalaron 20 mil kilovatios en La Guajira, se han anunciado otros proyectos, pero no empiezan. Creo que el país allí tiene grandes posibilidades, y ayuda mucho la parte tributaria.

Quiero además llamar la atención en lo siguiente: quienes van a proponer ahora estas hidroeléctricas, tienen la ventaja de la deducción tributaria del 40 por ciento. Y esa deducción no tienen que pagarla en el primer año. La nueva Ley Tributaria les da tantos años como se requiera para pagar esa deducción, lo mismo que para absorber pérdidas.

Creo que estas son reformas trascendentales para estimular dinámicas de inversión en el país.

Quiero aprovechar este foro para invitarlos a ustedes muy seriamente a participar en estas licitaciones, que empezarán en el mes de enero.

El tema de los biocombustibles

El tema de los biocombustibles. Allí tiene el país otra gran posibilidad. Hace cinco años me dijeron los azucareros del Cauca: “Hay una ley que obliga a mezclar un porcentaje de oxigenantes a la gasolina fósil. Pero, ¿quién va instalar eso en Colombia?”. Y empezó la discusión.

Para lograr que se instalaran las plantas, tomamos las siguientes decisiones:

Primero, por ley de la República, se elimina el IVA y el impuesto global al combustible, a los biocombustibles.

Segundo, en consulta con la Organización Mundial de Comercio, se produjeron todas las reglamentaciones.

Y tercero, una fórmula de precios realistas, con piso, pero sin techo. He asumido la responsabilidad política frente a esa fórmula de precios. He dicho: miren, más que preocupación por el costo de los biocombustibles, la preocupación tiene que ser porque verdaderamente contribuyan al saneamiento ambiental, sean una política colombiana contra el calentamiento global y contribuyan a la recuperación del empleo agrícola, en lo cual tiene urgente necesidad nuestro país.

Dándoles prioridad a esos dos temas sobre el tema de precios, el Gobierno ha adoptado una política de precios con piso, pero sin techo.

¿Cuál es el piso? Se pone un piso convencional: si el aceite de palma llegare a ponerse por debajo de ese piso o el precio del azúcar por debajo de ese piso, ese piso le da seguridad al precio del biodiesel del aceite de palma o al precio del etanol de caña de azúcar, así los productos alternativos de la misma materia prima tengan un precio inferior.

Hemos tenido que hacer eso para estimular la producción. Y, por supuesto, hacia arriba, sin techo, el precio se mueve de acuerdo con las oscilaciones del precio del azúcar hacia arriba o del precio del aceite de palma.

Ha habido dos discusiones internacionales: los biocombustibles afectan la seguridad alimentaria y destruyen las reservas forestales. En Colombia, ni lo uno ni lo otro.

A pesar de que la coca ha destruido en Colombia 2 millones de hectáreas de bosque (para eso nuestro programa de Familias Guardabosques, ya son 56 mil), por fortuna nuestro país mantiene 578 mil kilómetros en selva, algo más del 51 por ciento de la extensión territorial.

Francia, si la memoria geográfica no me falla, tiene alrededor de 500 mil kilómetros. Colombia, solamente en selva, 578 mil kilómetros.

La última Ley Forestal nuestra es perentoria en impedir que la selva sea destruida para cambiarle de uso al suelo. Nosotros estamos hoy protegidos del temor del riesgo de que se tumbe la selva para avanzar en la frontera agrícola y darles curso a los biocombustibles.

Además nosotros tenemos en Colombia 43 millones de hectáreas de sabana, para 24 millones de cabeza de ganado vacuno. Sobra mucha tierra. Sabanas con agua, sabanas en condiciones para arreglar los suelos no difíciles, en condiciones de mecanizar en un alto porcentaje, especialmente en la Orinoquía colombiana.

Allí tenemos una gran posibilidad para crecer la producción de biocombustibles, y también para crecer la producción de alimentos. El país tiene allí una enorme perspectiva.

Quiero invitarlos también a ello. Y están dadas todas la condiciones en estímulos tributarios, las condiciones de financiación. A eso está aportando la Ley Agro Ingreso Seguro. Y Ecopetrol se propone, y se los dirá en detalle esta tarde el doctor Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, hacer unas inversiones bien importantes para producir etanol y para producir biodiesel, en asocio con los particulares.

El Tratado de Libre Comercio nos da acceso al mercado de Estados Unidos, sin limitación de cantidad y sin arancel, acceso ilimitado con biocombustibles. Lo mismo estamos buscando con Canadá. Lo mismo estamos buscando en la negociación con la Unión Europea y en las otras negociaciones que adelanta el Ministerio de Comercio.

El tema de las electrificadoras

Las electrificadoras. Inicialmente enfrentamos problemas en la electrificadora del Quindío, en la Chec de Caldas y en la electrificadora del Tolima. El Tolima estaba prácticamente apagado. Todas han sido reformadas.

La del Tolima ya se entregó a particulares, después de que se liquidó la que encontramos. Esa liquidación nos costó 43 mil millones de pesos. Tuvimos un administrador temporal, mientras el Ministerio adelantó el programa de venta, que creo que ha sido finalmente bien recibido por los compatriotas del Tolima.

Cuando visitaba al Tolima en los consejos comunitarios, al inicio del Gobierno, la crítica en el Tolima no era por el costo de la energía sino por la mala calidad de la energía. Hoy se ha mejorado muchísimo. Y si fuéramos a medir el recibo comunitario al tema por el número de protestas, en los últimos consejos comunitarios no he encontrado protestas en el Tolima. Creo que el tema ha mejorado mucho.

Ahora estamos en el proceso de venta de varias electrificadoras. Viceministro Maiguashca (de Minas y Energía), me recuerda: el proceso está Santander, está Norte de Santander, está Meta, está Boyacá, está Cundinamarca. ¿Todavía no tiene Nariño? ¿En qué va Nariño? Está en el banquero de inversión.

Y hemos tenido una dificultad también con Centrales Eléctricas del Cauca, donde tenemos que avanzar.

Esas electrificadoras han pasado todas de unos balances en rojo a unos balances en negro. Creo que salen a la venta en un momento donde se han transformado bastante.

Y hemos encontrado muchas dificultades políticas en las regiones. Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo pedagógico, mis compañeros de Gobierno, algunos congresistas que nos ayudan, en las regiones.

Y hemos definido lo siguiente: aplicar esos dineros a la construcción de obras de competitividad en las regiones. Por ejemplo, los dineros provenientes de la venta de las electrificadoras de Norte y de Santander, van para la doble calzada Cúcuta – Bucaramanga. Aquellos que provengan de las electrificadora de Boyacá, para las obras de competitividad que adelantamos en Boyacá. No la doble calzada Bogotá-Sogamoso, que con peajes y con una gran participación del presupuesto nacional avanza bien, sino para construir las salidas de Boyacá al Llano y de Boyacá al Río Magdalena.

Primero tuvimos que hacer un saneamiento de la electrificadora de Boyacá por el contrato que tenía por la generación a carbón de inversión alemana. Eso le costó al presupuesto nacional alrededor de 400 mil millones, viceministro Maiguashca.

Confiamos, finalmente, además de este proceso, poder enajenar las acciones de la Nación en la Chec, e invertir esos dineros en obras del departamento de Caldas, también de competitividad.

Y nos comprometimos a invertir los dineros de la enajenación de la participación de la Nación en la electrificadora del Quindío, en el acueducto regional turístico del Quindío.

La Nación también vendió la participación en la Electrificadora de Antioquia. Esa electrificadora fue liquidada. La reemplaza Empresas Públicas de Medellín. Y esos dineros, de acuerdo con la política general, se le dejaron al departamento de Antioquia para el Plan Departamental de Aguas.

Adelantado este proceso, quedamos pendientes de finiquitar el proceso de la Chec, el proceso de Quindío, el proceso de Nariño y el proceso del Cauca, Huila y Caquetá. Esperamos que este proceso le salga bien al país.

El tema de la interconexión

El tema de la interconexión. Estamos construyendo la tercera línea al Ecuador. Tenemos dificultades en la fórmula de distribución de utilidades con el Gobierno ecuatoriano, pero ya han entrado expertos a explicarle a uno y otro gobierno cuál debe ser la fórmula final.

Estamos en el proceso de construir la interconexión a Panamá. Uno de los pasos importante de nuestra política exterior ha sido el ingreso de Colombia al Plan Panamá-Puebla t el tratado de libre comercio con tres países centroamericanos, que son Guatemala, Honduras y El Salvador.

Hay varias derivaciones de ingresar al Plan Panamá-Puebla. Una de ellas es la construcción de la línea de interconexión. Se ha venido aplazando. Hubo cambio de Gobierno en Panamá. Primero que para el 2008, después que para el 2009. Ojalá que el país pueda tener esa interconexión por tarde en el 2010, pero hace parte de nuestro mayor interés.

El tema de la relación proveedores-usuarios

Finalmente quiero referirme al tema de la relación proveedores usuarios. Encontramos muchas dificultades. Recuerdo que el primer consejo comunitario de La Guajira, a los 10 días de iniciado el primer Gobierno, encontramos un incendio. Las firmas Electrocosta y Electrocaribe querían irse del país, abandonar esa inversión, y los usuarios estaban incendiados en protestas.

Hemos creado unos mecanismos de diálogo. Han venido ayudado. La situación es hoy más manejable, pero hay que trabajarla todos los días.

Se ha venido trabajando en el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio. Los fondos del Estado para ayudar para extender líneas han venido aumentando. Los proyectos son buenos. Y además los fondos del Estado, a los cuales seguramente se va a referir el viceministro Maiguashca, para normalizar las líneas en los asentamientos subnormales, en eso hemos avanzado, pero falta mucho

Y algo que quiero destacar, y con esto termino: hay que buscar mecanismos novedosos de mercadeo. Tenemos con Electrocosta y Electrocaribe 37 microempresas de distribución, donde hemos vinculado a esas microempresas, a los representantes de las comunidades que tenían un permanente antagonismo con la empresa.

Creo que el país tiene que avanzar (es un pedido que hago) en vincular a sectores de consumidores a los mecanismos a organizaciones de mercadeo. Y hay que hacerlo no solamente en la distribución local de energía, también hay hacerlo con el agua, hay que hacerlo con el manejo de basuras, etcétera.

Creo que es bien importante permitir los prepagos. Vamos a hacer un ensayo en Calarcá, en el Quindío (donde encontramos a 600 usuarios a los que les habían quitado el servicio de agua), con un esquema de mercadeo con prepago. Estamos en urgencia en muchos sitios del país en hacerlo.

Y quiero invitar a todas las empresas distribuidoras de energía, a los generadores que tienen conexión con las distribuidoras, a las empresas de agua, a que vinculemos a los usuarios en organizaciones para prestar servicios.

Y que esos ensayos que se han hecho, como las microempresas en la Costa, ojalá los podamos generalizar en todo el país. Y que avancemos también con el tema de nuevas formas de mercadeo, como el prepago en los servicios públicos. Donde lo hemos propuesto, donde se ha venido explicando, es muy bien recibido por la comunidad.

Nuestro esfuerzo ha sido pasar de un antagonismo muy difícil de manejar entre empresas y usuarios, a una gran armonía. Pero esa armonía tiene que pasar del discurso a la práctica. En la medida en que se dan esas microempresas, que se dan esos nuevos sistemas de mercadeo, que son los mismos vigilantes comunitarios los que están vendiendo las tarjetas de prepago, esa armonía se va logrando.

Cuando hablaban ahora de la Ley 142, hay que cuidarla. Estaba yo en el Congreso, en la administración Gaviria, cuando esa Ley fue aprobada. Fue muy difícil. Y todos los días hay intentos contra esa ley.

Nosotros ahora estamos enfrentando un proyecto en el Congreso de la República, que quiere derogarla y que llegó con millones de firmas. Hacer demagogia contra la Ley 142 es muy fácil. Es tan fácil como hacer demagogia contra la reglamentación que acaba de aprobarse por parte del Gobierno, para que las transferencias a las regiones, al estimular la descentralización, no arruinen a la Nación, al Gobierno central.

Y tenemos que enfrentar todos los días, y sobre todo ahora en etapa electoral, la propuesta de un referendo. Hay que cuidar la Ley 142.

¿Qué se alega en lenguaje radical político? Privatización de servicios, se acabaron los monopolios estatales, que eran los sociales. Es lo que se alega. Que se le ha entregado esto a monopolios privados, a monopolios que esquilman al pueblo colombiano, etcétera, etcétera.

Eso hay que enfrentarlo desde el punto de vista político, mostrado resultados, pero también hay que crear más hechos para mostrar más resultados. Toda microempresa de distribución donde participen usuarios, todo sistema de mercadeo social con tarjetas de prepago, quita motivos políticos, nos ayuda a defender el esquema de lo público-privado, nos ayuda a defender el esquema que en buena hora trajo la Ley 142.

Cada que empiezan sesiones en el Congreso, es un dolor de cabeza para el Gobierno defender la permanencia, la vigencia de la Ley 142. Ayúdennos ustedes a hacer una gran pedagogía, para que todos los colombianos que firmaron ese proyecto de ley hagan una rectificación, reflexión. Ustedes no saben cuando a uno le dicen en el Congreso: no, es que este proyecto es prioritario porque tiene tantos millones de firmas.

Les agradezco mucho. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, con el mayor gusto trataría de contestar”.