“Los saludo con mucho afecto. He escuchado con toda la atención las palabras enriquecedoras, primero del doctor Miguel Pérez García y después del doctor William Fernando Yarce.

Las primeras, orientadas a hacer claridad sobre la tarea de las empresas de servicios temporales, su contribución al empleo, su razón de ser. Y también a separar campos con fenómenos que crean distorsiones en las relaciones laborales.

Y en las palabras del doctor William Fernando Yarce hemos encontrado una visión muy moderna de lo que tiene que ser el concepto de empleo en el mundo contemporáneo. Hemos encontrado una visión realista. Nos ha dicho él con sabiduría que el empleo no nace de los decretos ni de las formas que cohíban la iniciativa privada. Y también nos ha hecho ver cómo el empleo hay que defenderlo con productividad y cómo no se puede permitir que haya abusos que atenten contra la responsabilidad social.

He tenido una larga experiencia con ustedes. Dediqué al tema social los años cuando tuve la inmensa responsabilidad de ser senador de la República. Fue muy larga la lucha por la Ley 50, por la Ley 100 y por una docena más de iniciativas de la materia, que incluyeron el ingreso del servicio doméstico a la seguridad social, la carrera administrativa como norma obligatoria y otras iniciativas.

Recuerdo particularmente las discusiones de la Ley 50. Cuando hoy se habla de nuevas reformas laborales, pienso que hay que hacer ajustes, como a los que me voy a referir más adelante, referidos a las cooperativas de trabajo asociado. Pero la legislación laboral colombiana, en términos generales, ha encontrado un gran equilibrio.

Una gran equilibrio entre lo que es un buen grado de fexibilidad para poder alta tener alta productividad y alta competitividad, y también un buen grado de estabilidad para contribuir a la armonía social.

No nos podemos olvidar de los esfuerzos que hubo que hacer para sacar adelante la Ley 50 y posteriormente la Ley 100.

Tal vez los colombianos que en esa época estaban todavía pequeños, no alcanzan a imaginar los obstáculos que debimos sortear. Enfrentar los cambios de esa legislación era imponerse a todos los riesgos derivados del terrorismo, era enfrentar un radicalismo ideológico, que, nacido en las guerrillas marxistas, le hizo profundo daño al tejido social de la nación.

Todavía pienso cómo lo hemos superado. Todavía pienso cómo logramos hacer la ley 50, cómo logramos hacer la Ley 100, cómo logramos hacer la reforma laboral y pensional de este Gobierno, cómo hemos reformado 419 entidades del Estado, cómo reformamos Telecom, cómo estamos reformando las clínicas del Seguro Social? Todavía pienso y me pregunto con asombro: ¿cómo logramos la reforma pensional y laboral de Telecom y cómo hemos logramos que hoy ya más de 250 mil colombianos sean accionistas de Ecopetrol?

Había unos radicalismos ideológicos apoyados en la acción terrorista, que prácticamente se convertían en obstáculos infranqueables para hacer estas reformas. Por eso hay que apreciar el camino reformista recorrido y no desesperarse por desestabilizar lo que ha venido logrando buenos equilibrios.

Permítanme separarme un momento de este tema laboral para hacerles algunas consideraciones generales sobre la manera como veo el país y regresar a algunas puntualizaciones sobre lo que hoy nos ocupa. Pero antes de ello, para no quedar solo en la mención de la Ley 50, déjenme recordad algunos aspectos.

Se había valorado muchísimo políticamente en el país la retroactividad de las cesantías. Y para nada servía. Se habían quebrado empresas como Aerocondor, muchas del sector financiero en Bogotá, en Medellín.

Mis paisanos y yo recordamos lo que pasó aquí a principios de la década de los 80. Las cesantías de los trabajadores se habían esfumado. Aparecían muy altas en los libros de contabilidad, en las resoluciones de las oficinas del trabajo y en las sentencias laborales, pero no estaban representadas en los activos de las empresas que se quebraron. Fueron frustrados los trabajadores.

Era una legislación de ilusiones y finalmente con un resultado de frustraciones. Eso desde el punto de vista del trabajador. Y desde el punto de vista de empleador, era una legislación que creaba todo el temor, porque quien empieza una empresa, quiere que esa empresa se consolide, madure y envejezca. Y trascienda más allá de su propia generación. El viejo sistema de auxilio de cesantías no permitía esa proyección.

Si no hubiéramos hecho esas reformas, estarían todos los trabajadores colombianos quebrados y habríamos acabado con la posibilidad de que en el país hubiera iniciativa privada con confianza. Y nadie que se propusiera emprender una actividad empresarial, podía hacer proyecciones de mediano y largo plazo sobre los costos laborales. Eso nos quitaba toda la posibilidad de ser competitivos.

Creo que la reforma fue buena. Tan controvertida. Tan difícil. Yo sufrí dos cantaleticas en mi vida política. En esa época era Uribe, el sicario de los trabajadores, el de la Ley 50 y el de la Ley 100.

Y cuando logré, a pesar de eso, ganar la Gobernación de Antioquia con tantas dificultades, y empezar a enfrentar a todos los bandidos del terrorismo, ahí me colgaron la otra cantaletica: Uribe paramilitar.

Hay que afrontar éstas y las que se vengan, trabajando por el bien público. Uno tiene que escoger en la vida pública si se va por el fácil camino del acomodo personal, o si enfrenta todos los debates que sea menester enfrentar para sacar adelante los superiores intereses de la Nación.

Teníamos otro problema, grave, en esa legislación laboral. El problema de la cláusula de reintegro para trabajadores de más de diez años. ¿Y qué estaba pasando? No más del 3 por ciento de los trabajadores podían pasar la barrera de los diez años. La norma que los protegía en la teoría, lo expulsaba en la práctica.

¿Y qué ha pasado de allá para acá? En medio de unos años muy difíciles de la economía, del terrorismo, nadie puede decir que se le ha perdido un peso en los fondos de cesantías.

Y los creamos en el 90. Los de pensiones en el 93. Ya tienen unos períodos de prueba bastante importantes. Creo que los empresarios han estado tranquilos porque se liquida el 31 de diciembre y se paga antes del 15 de febrero. Se frena el taxímetro cada año.

Y los trabajadores tranquilos, porque ese dinero se les ha manejado con razonable rentabilidad, con seguridad y, por supuesto, con esa liquidez condicionada, que algunos critican, la consideran excesiva, para hacer retiros para vivienda, para educación universitaria, y creo que una Ley reciente introdujo la posibilidad para otros destinos que en este momento no recuerdo.

¿Qué discutíamos en esa época de las empresas de servicios temporales? Primero, la definición del servicio temporal. Y segundo, las obligaciones.

Es importante para lo que hay que hacer en el futuro, en el futuro inmediato, referirnos a lo básico de la definición de servicio temporal. Es un servicio para proveer a las empresas trabajadores en misión, que atiendan necesidades estacionales, no de la naturaleza del giro laboral permanente de las empresas.

Necesidades estacionales: remplazar trabajadores en vacaciones, remplazar trabajadores en licencia, poder atender picos de producción, atender con trabajadores especializados nuevas demandas, para las cuales no se estaba preparado en la nómina ordinaria de la empresa.

Tener eso en cuanta para lo que hay que hacer en el futuro inmediato, me parece muy importante.

Y además de haber creado todo el marco para que las empresas fueran responsables y no piratas, que impuso la obligación de que tenían que pagar la prima sin el requisito mínimo de que el trabajador por lo menos hubiera trabajado tres meses, y lo mismo la compensación por vacaciones proporcional, eliminando ese requisito mínimo.

Esto hay que recordarlo, porque allí prestacionalmente ganaron los trabajadores.

En esa época dije algo en lo que hoy creo. La temporalidad en alguna forma se estaba autorizando para quebrar la legislación laboral anterior a la Ley 50. Aprobada la Ley 50, la temporalidad toma un nuevo rumbo: el rumbo de atender las necesidades temporales de las empresas, no de su giro permanente, y el rumbo no de contribuir a quebrar la legislación laboral sino de cumplir más rigurosamente con ella, como se exigió en el caso del pago de la prima y en el caso de la compensación de las vacaciones.

Déjenme hasta ahí este tema y hablemos de algunos conceptos generales del país. Y permítanme al final referirme al tema de cómo debemos evitarle abusos a la temporalidad y al tema de las cooperativas de trabajo asociado.

Nosotros no podemos perder de vista hoy, al examinar al país, el marco político. La situación de América Latina exige revisarlo con mucho cuidado.

Yo vengo de estar desde las horas de la mañana en el suroeste de Antioquia, cerca del límite con el Chocó, en la compañía de los directivos de la Federación Nacional de Cafeteros, del Ministro de Agricultura, poniendo en marcha un programa para convertir a 50 mil jóvenes en nuevos propietarios cafeteros.

Nos ha ayudado, con financiación de plazo amplio y de baja tasa de interés, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No estuvimos en ningún casco urbano, no estuvimos en ningún batallón militar, no estuvimos en comando alguno de policía. Estuvimos en toda la cordillera cafetera, donde se ha comprado la primera finca para instalar a los primeros 44 muchachos, donde no se podía ir hace cinco años.

Y no fue una visita de médico. Generalmente, y no es para que se entusiasmen esta noche, yo me gasto la agenda saludando a mis compatriotas, despidiéndome de ellos, porque así me enseñó mi abuelo Martín Vélez. Y en conversatorios. Allá no fue cortico. Allá tuve seis horas Allá fue medio consejo comunitario.

Allá hablaba con el doctor García Parra: es increíble, increíble, pensar hace cuatro o cinco años que podíamos estar aquí durante seis horas. No hemos ganado, pero vamos ganando.

Hay que cuidar unas tendencias. Y para cuidar esas tendencias hay que tener mucha claridad del significado político. Nosotros queremos una sociedad pluralista, sin exclusiones, pero sin odio de clases. Y eso hay que cuidarlo desde el punto de vista político, por lo que uno ve de América Latina.

Nosotros no desmontamos el Estado, pero tampoco queremos el estatismo. Hemos reformado 419 entidades del Estado y vamos a continuar reformando el Estado, con la ayuda de Dios, hasta el último día de Gobierno, sin desmantelarlo.

Telecom, Paz del Río, clínicas del Seguro Social, televisora nacional, ahora Ecopetrol. Esas reformas nos ayudan a tener unas entidades estatales que le sirvan más a la comunidad y menos apropiadas por excesos sindicales y feudos politiqueros. Estas reformas nos ayudan a tener unas entidades estatales que le agreguen valor al país y no aumenten el déficit fiscal.

Si no hubiéramos hecho la reforma de Telecom, hoy el Ministro de Hacienda estaría recibiendo al Presidente de Telecom reclamándole cada año 500 mil millones para pagar las pensiones de Telecom. La reforma nos permite tener una Telecom al día con los pensionados, con los trabajadores activos. No tenía un peso para invertir, y hoy está haciendo una inversión de 8 billones, trascendente para este país.

Si no hubiéramos hecho la reforma de Paz del Río, ¿qué sería de Boyacá? Tenía valor negativo, no había con qué pagarles a los trabajadores ni a los pensionados. Hicimos un acuerdo de sindicalismo gerencial, salirnos del viejo esquema del sindicalismo político reivindicatorio y evolucionar hacia la visión del sindicalismo gerencial, participativo. Los trabajadores y los pensionados aceptaron desmontar prestaciones. Nosotros, a través del IFI, logramos que ellos pasaran de ser copropietarios del 9 por ciento al 46 de Paz del Río. Se eliminó la politiquería para nombrar gerentes y junta, y se sustituyó eso por la meritocracia.

Nos ayudó el precio virtual del acero y se empezó a recuperar Paz del Río. Hace un año me dijeron los trabajadores que ellos querían vender. Yo inicialmente les dije que no. Se llegó allá a un esquema: abrimos la subasta pública. Se presentaron cuatro gigantes del mundo, la compró Votorantim, de Brasil. Compró la parte de los trabajadores y una parte del Gobierno. Allá quedó el departamento de Boyacá. Compró algo más del 50 por ciento, a razón de 2 billones de pesos, la empresa. Mil millones de dólares. Los trabajadores están recibiendo alrededor de 700 mil millones. Hace cinco años tenían perdidas la fuente de empleo, las prestaciones y las pensiones.

La empresa la entregamos produciendo 300 mil toneladas al año. Ahora le están haciendo inversiones para producir un millón de toneladas al año. Y ya están pensando en el ferrocarril que suba por el departamento de Santander, siguiendo todo el Cañón del Chicamocha, a Boyacá. He ido varias veces este año. Y les dije: muchachos, cuidado con esa platica. No vayan a comprar todo eso en latas. Primero fui a decirles: compren unas acciones de Isagen. Y ahora fui a decirles: compren unas acciones de Ecopetrol.

Uno quiere mucho a este país, uno se emociona con las cosas de los hijos y se emociona con las cosas del país. Uno exagera lo bueno del país. Estoy muy emocionado saber que sin incluir los siete millones de trabajadores de los fondos de pensiones, ayer iban 248 mil accionistas de Ecopetrol. Y de todos los pueblitos de Colombia.

La semana pasada fui allá a Paz del Río a una reunión de tres horas. Todo lo que me preguntaron los trabajadores de Paz del Río, fue por la situación económica del país y las posibilidades de Ecopetrol. ¿Y las nuevas reservas? ¿Y las refinerías? ¿Y los socios? ¿Y la diversificación hacia los biocombustibles? Un lenguaje totalmente distinto.

Allí no hubo una puja de prestaciones, sino un conversatorio de futuras empresas. Le dije a César Mauricio Velásquez: “Hombre, hágale tomar una foto, que quede el registro histórico”. ¿Saben dónde se han vendido las acciones de Ecopetrol en Paz del Río? En la oficina del sindicato.

Milagros, piensa uno. ¿Iba a dejar la USO hicieran eso? ¿Iba a permitir el sindicato del Paz del Río hacer eso? Y allá están en la oficina del sindicato de Paz del Río vendiendo las acciones de Ecopetrol.

Yo he entrado a la clínica San Juan de Dios, del Seguro Social de Cartagena, ya no manejada por el burocratismo del Seguro. La liquidamos y se la entregamos en manejo a la comunidad de San Juan de Dios. Entró a la Campus Serrano de Bucaramanga, administrada ya por la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Entro a las de aquí de Medellín, en proceso, administrada por la IPS de la Universidad de Antioquia, que es mixta, con la fundación de ex trabajadores. Ya se está consolidando el negocio aquí con la universidad. Y siento más contentos a los médicos y a las enfermeras, y sobre todo a los usuarios y pacientes.

Esas reformas hay que hacerlas. Y durísimas, durísimas. Si fuera por los gritos y las protestas, esas reformas no se podrían hacer. Y hay que reformarlas todas.

Toda esta reforma le ha significado al Estado colombiano un ahorro de un punto del PIB al año, que hoy equivale a tres billones y medio. ¿Qué sería del fisco si no hubiéramos hecho esas reformas?

Pero lo hemos hecho sin desmantelar el Estado. El Estado colombiano no pierde un peso en Telecom. Es mucho lo que gana. No vendemos una acción de Ecopetrol. Es mucho lo que ganamos con esa capitalización.

Empresas que tenían incertidumbre, hoy son unas empresas que tienen una gran confianza en su prosperidad y se gana buen Gobierno.

Me decía el sindicato de Telecom: “Pero, Presidente, ¿por qué nos imputan a nosotros todas las culpas. Nosotros presentábamos pliegos de peticiones y los gobiernos nos concedían. Muchos gerentes decían: no me desacredito con estos trabajadores, salgo en hombros de aquí, firmo esta convención y el que venga atrás que arree. Y muchos gobiernos mandaban sus amigos a jubilarse a Telecom o a mejorar la jubilación”.

Hoy eso está corregido. A mí nadie me volvió a pedir un puesto en Telecom. Todavía me piden puestos en Ecopetrol. El que vaya ahora a pedirme un puesto en Ecopetrol le digo:¿ya habló con los otros 250 mil socios?

O sea que en la lucha contra el clientelismo, en la lucha por el buen gobierno empresarial, estas reformas son fundamentales. Yo confío que la reforma del Seguro Social nos permita tener un Seguro Social liberado de la politiquería y de los excesos sindicales.
Reformar el Estado sin desmantelarlo, pero no incurrir en el estatismo. Nosotros no estamos en el estatismo. Y tenemos que repetirlo.

A mí me decía un colega suramericano que había que desmontar mitos, que había que desmontar el mito de la inversión extranjera y otro mito, el de la economía. Y le decía: ¿ustedes con qué van a invertir? Y me decía: Pues con nuestros recursos de petróleo.

Yo le decía: Colombia no puede, tiene muy poco. Además Colombia tiene una gran dinámica empresarial que uno puede matar. Y los recursos de hidrocarburos, por grande que sean en todo el mundo, son finitos. Y los ecologistas dicen que en 40 se acaba el petróleo o lo acaban. Y que el mundo tiene que estar preparado para una sustitución total del petróleo en 40 años. Y para tamaña empresa, 40 años no es nada.

Nosotros tenemos hoy que decirle al mundo: le damos todas las garantías a la inversión privada. Eso es necesario para separar cobijas, en una América Latina donde quiere florecer de nuevo el estatismo, a pesar de sus fracasos.

Los gobiernos de Brasil, entre 1932 y mediados de los 50, fueron totalmente estatistas. ¿Y qué dejaron allí? Atraso, pobreza, inequidad.

La revolución boliviana de 1950 fue totalmente estatista. El gobierno de Velasco Alvarado en el Perú fue totalmente estatista. Lo de Perón, con una excepción, esa riqueza en recursos naturales de Argentina, que empieza por ser un país que tiene 30 millones de hectáreas de la mayor fertilidad.

Esos períodos estatistas nada bueno dejaron en América Latina. Por eso en Colombia nosotros le tememos al renacimiento del estatismo en América Latina.

Y por eso le tenemos que decir al mundo: Colombia no está en el estatismo. Colombia políticamente está en la confianza de la inversión privada, exigiéndole responsabilidad social.

Esa responsabilidad social la definimos en tres áreas.

Primero, transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado, transparencia en la adjudicación de contratos, de concesiones, transparencia en la tributación, transparencia en la solución de disputas.

Segundo, solidaridad con las comunidades. Yo le decía a las empresas que explotan carbón en el Cesar: “Ustedes no se pueden quedar en el mínimo legal. Ustedes están sacando carbón por unas carreteritas destapadas que cruzan unos pueblitos. Antaño pasaban tres motos al día por esos pueblos. Hoy pasan 600 tractomulas. Es de la responsabilidad social de ustedes, así digan que la ley no se los exige, pavimentarles a esos pueblos por lo menos el tramo de carreteras por donde cruzan esas tractomulas, para evitar que ese polvorín que levantan 600 tractomulas por una carretera destapa, le haga todos los daños a la salud y al confort que merecen quienes viven en esas casitas. Responsabilidad social traducida en solidaridad con las comunidades”.

Y finalmente las relaciones laborales, donde no podemos permitir ni el capitalismo salvaje y el odio de clases. Creo que el equilibrio en las relaciones laborales lo da la fraternidad cristiana.

En esas tres tareas vemos nosotros la responsabilidad social en nuestro país.

Y trabajamos tres objetivos de Gobierno: consolidar la seguridad, consolidar la confianza inversionista y cumplir las metas sociales. Van relacionadas.

Uno ve este hotel al pie del aeropuerto, cerquitica de la ciudad de Medellín. Hace 15 años lo veíamos invulnerable, hace cinco años era vulnerable, éste donde estamos.

El país avanzó, por el fenómeno del terrorismo, a una situación de vulnerabilidad, que años antes habríamos sido incapaces de predecir.

No hemos ganado, pero vamos ganando. Hay que persistir en la Seguridad Democrática, es el único camino.

Esta mañana me preguntaba un periodista: ¿usted no cree que lo que usted está haciendo para buscar la liberación de los secuestrados no afecta la soberanía.

Que afectaba la soberanía era permitir aquí zonas de despeje. Porque ahí se entregaba la soberanía del Estado a los terroristas. Nosotros no permitimos zonas de despeje. Lo que afectaba la soberanía era reconocerles a los terroristas el derecho de liberarles gente de la cárcel, para que se reintegrara a sus acciones violentas.

Nosotros decimos: Colombia tiene que recuperar el monopolio institucional de la fuerza. ¿Por qué vamos a nutrir con presos liberados de las cárceles a los grupos terroristas?

Entonces por esa razón les tenemos dos inamovibles, que es decirle no a la zona de despeje y no a que salgan guerrilleros de la cárcel para volver a delinquir.

Respetando eso, nosotros tenemos que buscar opciones a ver cómo liberan a los secuestrados. Por eso hemos autorizado facilitadores nacionales e internacionales. Tema no fácil. Pero es que el problema no es chiquito. Es el dolor de las familias por esos secuestrados, que no hemos podido liberar, no obstante nuestros esfuerzos militares y nuestros esfuerzos humanitarios.

Hemos liberado unilateralmente a 178 guerrilleros de las Farc, incluido Rodrigo Granda. Y la única respuesta que hemos tenido es el asesinato de los diputados.

Hay que insistir en la política de Seguridad Democrática, que no excluye la negociación.

Yo creo que en nombre de la seguridad y de la mano dura, como algunos dicen, hemos logrado la mayor desmovilización de que da cuenta la historia del país. En este Gobierno se han desmovilizado 46 mil integrantes de grupos terroristas.

Las guerrillas. En la década del 90 no se desmovilizaron cinco mil. Y fue la desmovilización del M-19, del Quintín Lame, de la Corriente de Renovación Socialista.

En nuestro Gobierno se han desmovilizado 12 mil guerrilleros. Se han desmovilizado alrededor de 33 mil paramilitares y alrededor de 12 mil guerrilleros.

¿Y de dónde ha nacido eso? Ha nacido de la política de seguridad. Se van quedando sin espacio para avanzar por lo que ellos llaman la vía militar, pero que nosotros señalamos como la vía terrorista. Pero falta un camino por recorrer largo. Por eso hay que hablarles todos los días a los compatriotas de perserverancia en la política de seguridad, porque el país le ha dado la espalda a eso.

En mi concepto, desde que terminó la Guerra de los Mil Días y quedamos en esa postración, hasta el año 2002, con algunas cortas excepciones, habíamos olvidado los colombianos la necesidad de asignarle a la seguridad primera prioridad, de entenderla como una fuente de recursos, como un valor democrático. Se hablaba de seguridad y se decía: no, es que ese es de derecha, es que ese es fachista, es que es paramilitar.

Ahora, abierto ese camino en favor de la seguridad, en la conciencia del pueblo colombiano, es un gran logro.

Por ejemplo, hoy no hay paramilitares. Están desmovilizados en la cárcel. Y los que están huyendo, están en el narcotráfico.

¿De dónde surge la palabra “paramilitar”? Es la palabra que se utiliza para denominar a aquellos grupos privados, criminales, cuyo objeto debe enfrentar la guerrilla.

Hoy no hay grupos privados enfrentando la guerrilla. Hoy hay guerrilla y hay narcotraficantes. Pero el Estado ha recuperado el monopolio que nunca debió perder, el monopolio de enfrentar a los grupos armados. Allí tenemos una gran ganancia.

En materia de confianza inversionista, creo que el resultado es elocuente. Hace cinco años, de cada 100 pesos que producíamos, invertíamos doce – quince. Hoy invertimos entre 25 y 27.

El sector privado invertía seis y medio, y hoy invierte entre 19 y 21.

Hay que buscar que el país mantenga una tasa de inversión no inferior a ese 25 por ciento año tras año. Es lo único que en 15 – 17 años ha sustraído de la pobreza a 450 millones del billón 200 millones que tiene China. Continuidad en las políticas, para tener confianza Inversionista.

¿A eso qué contribuye? A la confianza Inversionista contribuye el modelo, decirle “no al estatismo”, decirle “sí a la inversión con responsabilidad social”; contribuye perseverancia en la seguridad, contribuye el esfuerzo de todos los días para que la nación mejore su salud fiscal, para bajar ese déficit y ese endeudamiento, que crecieron tan velozmente en tan poco tiempo.

El país en el año 90 tenía equilibrio fiscal, en 2002 el déficit era del 4,2 y hoy es del 0,7.

Al del Gobierno Nacional central hay que sumarle lo que falta. Este año, por ejemplo, le tenemos que trasladar al Seguro Social 5 billones para que pague las pensiones, porque no alcanza con sus recaudos. Y voy a tener que empezar a hablar de eso en todos los escenarios, especialmente en los laborales.

Hubo países de América Latina que cuando vivieron crisis parecidas, redujeron las pensiones. Aquí las hemos honrado, ajustado a la ley, pero haciendo un gran esfuerzo. Este Gobierno lleva tres años, lo que hace que se agotaron las reservas, trasladándole enormes sumas al Seguro, año tras año, para poder pagar las pensiones. Este año va a ser entre 4 billones 900 y 5 billones 100.

El Plan 2.500 nos vale a nosotros 3 billones y el Seguro Social 5 billones por año.

Sin embargo, hemos logrado rebajar ese déficit del Gobierno Nacional del 7 y medio al 4. Pero todavía es muy alto.

Este país, en el 90, tenía un endeudamiento público entre el 12 y el 14, en el 2002 era del 50. Ahora es del 28. Todavía muy alto.

Cuando nosotros empezamos los bonos del Estado colombiano tenían un castigo de más de 700 puntos, frente a los bonos de los Estados Unidos. Hoy el castigo es de 134 puntos.

La salud fiscal de la Nación hay que buscarla todos los días. Me acaba de decir el Ministro de Hacienda que en el informe hoy de crecimiento económico hay que destacar lo siguiente: los gastos de funcionamiento del Estado, el consumo del Estado, no la inversión, sólo creció el 0,6. Eso muestra que se ha venido avanzando en una política de austeridad.

Trabajar la salud fiscal de la nación es de gran importancia. Por eso tengo que pedir en todos los auditorios hoy que nos ayuden a no aprobar el referendo propuesto contra la norma de transferencias. No fue fácil para nuestros congresistas, en medio de la rechifla en la Plaza de Bolívar, aprobar el acto legislativo de transferencias. Fue un acto de responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a echar para atrás con un referendo por calentura electoral?

¿Qué hicimos con esas transferencias? Un equilibrio entre la necesidad de fomentar la descentralización y la necesidad de no quebrar a la Nación.

El año entrante las transferencias van a crecer bastante: crecen inflación más cuatro puntos. Pero hay un punto adicional para educación. Ahí va inflación más 5.

Y por cada punto de crecimiento de la economía sobre el cuatro, hay otro punto de crecimiento de las transferencias.

Y dispone el acto legislativo que en el año 2016 las transferencias deben crecer, a partir de ahí, en la mínima proporción en que crezcan los ingresos corrientes de la nación.

¿Por qué hasta el 2016? Por la carga pensional que tenemos. Antenoche les decía en la Universidad Nacional, que cumplió 140 años: solamente las pensiones de los maestros valen 37 billones, solamente las pensiones de la Universidad Nacional valen 4 billones, y finalmente eso lo tiene que pagar la nación. Volver a la norma de la Constitución del 91, quiebra a la Nación.

Yo soy un político de región, de pueblo. A mí lo que más me convendría, frente a núcleos electorales, sería decir: volvamos a la Constitución del 91. Pero sería un irresponsable, porque la Nación no está en condición de pagar eso, y quebramos a la Nación y afectamos la confianza.

Una decisión de esa naturaleza nos dispara las tasas de interés al 30 por ciento. Y creo que han gozado, en este Gobierno, departamentos y municipios con unas tasas de interés mucho más razonables, que las que vivimos hace algunos años. Ese es un elemento fundamental para la salud fiscal de la nación.

Confianza inversionista, la tributación. En este país no nos atrevíamos a utilizar la tributación para estimular la inversión. Lo hicimos. Un hotel nuevo que se construya hoy en Colombia tiene 30 años de exención tributaria.

Hoy se están construyendo en el país 5 mil habitaciones hoteleras. Y eso no fue fácil: oposición de amplios sectores del Congreso. La academia económica decía: no, es que eso es para favorecer a los empresarios, es que Uribe es de derecha, es que es neoliberal. Es para favorecer la inversión, con responsabilidad social.

Este país tiene un gran futuro en cultivos de tardío rendimiento, en palma africana, en caucho, en biocombustibles. Todo eso tiene hoy estímulos tributarios.

Cualquier inversión que se hace hoy en Colombia tiene una deducción del 40 por ciento. Hace pocos días fui a ver una represa aquí en el norte de Antioquia y pregunté: ¿cuánto les va a costar? Y me dijeron: “2 billones”. Les dije: “¿Ya hicieron cuenta de lo que les regala el Estado? Dijeron: “No”. Dije: “Hagámoslo aquí a mano alzada.

Una deducción del 40 por ciento sobre 2 billones, es una deducción de 800 mil millones. Multiplique eso por el 30 – 33, de tarifa. Eso da una aporte estatal más o menos de 270 mil millones de pesos. Es un buen regalo. Eso ha estimulado mucho la inversión en Colombia.

Y utilizar el instrumento tributario, bien focalizado, estimular la inversión, es el mejor camino para el empleo.

El docto Yarce me da la razón con su discurso. Nosotros no podemos pensar en empleos deprimidos. Nosotros tenemos que pensar en empleos de alta productividad, de afiliación a la seguridad social, en empleos de alta calidad, de buena remuneración.

Un país que se quiere incorporar a todas las economías del mundo, si se queda pensando en empleos deprimidos, nunca es capaz de superar las inequidades en la distribución del ingreso ni es capaz de superar las altas tasas de desempleo.

Por eso he dicho: “El mejor estímulo al empleo, en el tema tributario, es el estímulo a la inversión”.

Por eso he dicho que no estoy de acuerdo con quienes piensan que para estimular el empleo, hay que eliminar las contribuciones al Sena, a las Cajas de Compensación y a Bienestar Familiar.

Este país tiene mucha pobreza y es muy inequitativo. Esas contribuciones han ayudado mucho. Esas entidades vienen mejorando mucho en este Gobierno.

Ustedes conocen cercanamente lo del Sena: ha pasado de un millón de estudiantes a 4 millones y medio de estudiantes este año. De 5 millones de horas de enseñanza, a 15 millones de horas de enseñanza.

Y acaba de adquirir una magnífica plataforma virtual, que le permitirá tener un millón 200 mil trabajadores permanentemente estudiando en ambiente virtual.

El crecimiento de Bienestar Familiar en nutrición de niñitos es formidable. Y antes de ayer empezamos la nueva meta, que es empezar a escolarizar los niñitos menores de cinco años.

Me dicen: “Bueno, pero, quite esa carga y que la asuma presupuesto nacional”. No estaría en condiciones. Creo que el año entrante las Cajas, el Sena y Bienestar pueden recaudar 6 billones. ¿Cómo le trasladamos eso al presupuesto nacional?

Les quiero decir a todos los auditorios laborales y empresariales de Colombia que pensemos que el mejor estímulo al empleo, además de la seguridad, la confianza inversionista, etcétera, es el estímulo tributario a la inversión. Que lo estamos logrando con los estímulos a los cuales me he referido. Y que no insistamos en la tesis de eliminar las contribuciones al Sena, a las Cajas y a Bienestar Familiar.

Lo que hemos hecho, con algo con lo cual ustedes tienes que estar familiarizados, es la unificación del pago de parafiscales y de contribuciones a la Seguridad Social, el formulario único. Me imagino que ya todos ustedes lo están utilizando. Eso elimina trámites y evita evasión. Yo tengo mucha fe en el buen resultado de esa medida.

Ahí estamos abriendo acuerdos de comercio para que haya más confianza inversionista en Colombia. Una de las cosas que me preocupa a mí de que se demore, la aprobación del tratado en el Congreso de Estados Unidos, es que cada día que se demore, es un día que se nos aplazan las inversiones que quieren llegar a Colombia.

Colombia está de moda. Vamos a ver cómo nos vemos a defender de esta crisis internacional de hipotecas. Hace cinco años a mí me decían en el Banco Mundial: “Cuidado que Colombia tenía muy buena trayectoria de manejo económico, pero está perdiendo la viabilidad”. Y lo miraban a uno de reojo en los mercados internacionales.

Ahora decía yo, con alguna exageración de estas montañas, que sale uno a los mercados internacionales y tiene que espantar gente interesada en poner plata en Colombia.

Es un arrume, es una carga de plata la que quieren poner en Colombia a toda hora. El país está de moda, por eso hay que cuidarlo, manejarlo muy delicadamente.

Esa confianza inversionista y esa seguridad son necesarias para cumplir la política social. Sin inversión no hay posibilidades de prosperidad social.

El discurso político latinoamericano y colombiano, a mi juicio, ha tenido una grave falla, que es divorciar la prosperidad económica de la prosperidad social. Todo el mundo habla de metas sociales, casi nadie se compromete con confianza inversionista.

En el discurso político históricamente se le ha tenido miedo a la seguridad y a la confianza inversionista, y sin ellas es imposible cumplir las metas sociales.

Por eso hay que llevar de la mano esos tres objetivos de gobierno: seguridad, confianza inversionista y metas sociales.

Yo tengo preocupación porque no obstante el buen equilibrio de la legislación laboral colombiana, hay nubarrones. Permítanme referir a algunos.

En el Congreso de Estados Unidos hay una tendencia que dice: “No aprobamos el TLC, porque Colombia mata a los sindicalistas”. Hay una creciente preocupación por la utilización de modalidades, como cooperativas de trabajo asociado, para burlar prestaciones y afiliación a la seguridad social, y hay quejas porque se burla el derecho de asociación sindical.

¿Qué ha pasado con la muerte de sindicalistas? Cuando nosotros llegamos, aquí asesinaban a 256 sindicalistas al año. Nosotros quisiéramos que hoy no asesinaran uno solo. Desde el primer día de gobierno nos propusimos protegerlos. Este año todavía han asesinado a seis sindicalistas y 13 maestros.

Es que no nos podemos olvidar que en este país asesinaban a 35 mil personas al año. Las estadísticas hablan de años de 28 mil asesinatos, de 29 mil asesinatos. Y las fosas recientemente descubiertas le suman a eso 7 – 8 mil por año; años de 35 mil. Y todavía estamos padeciendo 17 mil homicidios al año.

La población de trabajadores sindicalizados, más maestros oficiales, es de un millón 250 mil. Si nosotros midiéramos eso por tasas, y el homicidio generalmente se mide en cuántos homicidios por cada 100 mil habitantes, alguien diría: pero es que mientras matan 38 colombianos por cada 100 mil habitantes, aquí están matando tantos en millón 200.

Pero ese no es el caso, porque uno no puede estar tasando la vida para una familia, uno no puede ir a decirle a una familia: “No, siento mucho que lo hubieran matado, pero es que ahora no matan sino seis y antes mataban 256”.

O en el secuestro. Por eso digo todos los días a las Fuerzas Armadas: nadie desconoce que hemos avanzado mucho, pero tenemos que procurar llegar a cero casos.

Nosotros hemos mejorado, no estamos contentos, pero así como nosotros reconocemos que tenemos que llegar a cero casos, también le decimos al mundo: reconozcan lo que hemos avanzado.

Y en esto tienen que tener mucha claridad todos los compatriotas, y especialmente grupos tan especializados en el tema laboral, como el que ustedes integran, para ayudarnos con la comunidad internacional.

Hemos avanzado bastante en eso. Y hemos avanzado en protección y en superación de impunidad. Hoy tenemos seis mil colombianos que reciben protección individual, o tienen un carro blindado o un escolta del Estado. Eso nos cuesta este año 78 mil millones (de pesos), el año entrante 86 mil millones.

¿Cuántos líderes sindicales tenemos con protección individual? Mil 243 integrantes de organizaciones sindicales con protección individual. Aquel de quien se conozca que tiene una amenaza, lo entramos al programa de protección, sin dificultades, sin demoras. Eso hay que contárselo al mundo.

Y dicen: “Bueno, pero es que hay impunidad”. Hemos hecho grandes esfuerzos de reforma constitucional, legal, de dinero para la Justicia.

¿Cuántas sentencias ya se han producido? Cincuenta y un sentencias, noventa y seis personas condenadas. Y hoy, que ya condenaron a algunos de los asesinos de trabajadores de la Drummond, a dos.

Estamos haciendo un gran esfuerzo para superar la impunidad. No es fácil. Cuando empezó nuestro gobierno la Fiscalía valía 600 mil millones (de pesos). El presupuesto para el año entrante es de un billón 140 mil (millones de pesos). Nosotros casi hemos doblado el presupuesto de la Justicia en este gobierno. Por eso uno les hace reclamitos, como el que le hacía yo al Consejo de la Judicatura la semana pasada.

Faltan, faltan cosas, y para nosotros no ha sido fácil el tema de la plata. Ya les decía que ha sido el tema del endeudamiento y el tema del déficit.

Y entonces en Estados Unidos hay otro cuento: “No, es que los empresarios colombianos matan a los trabajadores”. Eso hay que desvirtuarlo. A mí me gustó mucho la sentencia de la Drummond, porque un jurado por unanimidad dijo: “Eso es mentira”.

Aquí son los terroristas los que han asesinado a los trabajadores. ¿Y de dónde viene eso? Y lo dice quien vivió esa época.

Las guerrillas marxistas le trajeron al país la idea de la combinación de todas las formas de lucha. Era yo estudiante de la Universidad de Antioquia, y en esa época se tenía que el mundo tenía cuatro opciones: el modelo de Unión Soviética, el modelo de Mao Tse Tung en China, el modelo de la naciente revolución cubana y el modelo de Ho Chi Ming en Vietnam.

No se aceptaba en la vida universitaria una posibilidad distinta a esos cuatro modelos.

Y no había la posibilidad en la universidad pública sino de estar en la Juco -que era Juventud Comunista- o en la Jupa -que era Juventud Patriótica- o de afiliarse al Moir, que en esa época no había roto lazos con el terrorismo, o de estar en alguna de las agrupaciones guerrilleras. No había alternativa política diferente en la universidad pública.

Y practicaron la combinación de todas las formas de lucha. Entonces asesinaban y penetraban al movimiento obrero, penetraban sectores del periodismo, de la política. Y en el país había indulgencia con eso, y esa guerrilla crecía y crecía.

Y vino la reacción paramilitar a competir en crueldad y a hacer lo mismo. Entonces asesinaban a trabajadores, porque los acusaban de ser colaboradores de la guerrilla. Y las guerrillas, en venganza, asesinaban a trabajadores porque los consideraban vendidos a los paramilitares.

Y hoy tenemos una realidad. Mientras en Norte de Santander Farc y ELN son compinches, en Arauca son enemigos, y en Arauca se matan. Son los terroristas los que han matado los trabajadores.

El empresariado colombiano ha sido un empresariado, en términos generales, responsable. Admirable haber resistido tantos años de dificultades.

Creo que en el mundo hay muy poquito empresariado con la coraza de resistencia para poder hacer empresa, en una década donde hubo 23 mil secuestros declarados. Eso no lo hay sino en Colombia.

Díganme un país de 40 ó 43 millones de habitantes, con 23 mil secuestros declarados en una década, que sea capaz de hacer empresa. Este, porque la gente nuestra es de hierro, no sé de qué material están hechos mis compatriotas.

Y eso hay que contárselo al mundo, porque todo el que discrepa sale por allá afuera y le ponen una grabadora: “Es que Uribe es un asesino, es un gobierno para los ricos, allá lo que hacen es matar a los trabajadores”. El Gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, y le dicen el gobierno paramilitar. Hace cinco años crecía y crecía ese paramilitarismo, y al único que le decían paramilitar era a mí, por razones políticas. Se morían de miedo de hablar de los paramilitares.

Hoy ya se revelaron los antiparamilitares, hoy ya salieron del closet los antiparamilitares, porque ya no es gracia. Valiente gracia criticarlos cuando están en la cárcel y unos en vía de extradición, y los otros perseguidos, con la responsabilidad principal del Presidente de la República de dirigir a la fuerza pública para perseguirlos.

Hay que hacerle mucha claridad al mundo, y ayúdenme ustedes, a través de sus correos electrónicos, de sus corresponsales, de sus amigos, sobre la realidad colombiana, sobre el puntico de quién ha matado los trabajadores, qué ha pasado en eso, para que defendamos el derecho de poder hacer empresa colombiana, la ética de los empresarios colombianos.

A mí me preocupa el tema de que se utilicen trabajadores temporales para oficios de naturaleza permanente.

Está muy bien, como lo dice la Ley, trabajadores temporales para licencia, trabajadores temporales para adecuarse a nuevos pedidos, a nuevas estaciones, a picos de producción, trabajadores temporales para reemplazar vacaciones.

Pero hay una queja de las centrales obreras, que es muy importante revisar: que hay, en algunos sectores, abusos al utilizar trabajadores temporales, llamándolos temporales cuando están en actividades permanentes.

Yo he pedido a los gremios de la producción que hagamos un esfuerzo para corregir eso. Y he visto que ya hay empresas que han empezado a hacerlo.

Creo que con la reforma laboral de 1990, con la de 2002, la empresa que necesite un trabajador permanente, después del período de prueba lo debe vincular con contrato a término indefinido.

Nosotros necesitamos crear armonía social en Colombia. Los trabajadores en misión, que están a cargo de ustedes, para lo que la Ley dice y para lo que ustedes hagan.

Yo les pido que me ayuden y le ayuden al ministro Diego Palacio y a Andrés, el viceministro, a ver cómo logramos un camino en Colombia para que no haya ese abuso.

Porque, miren, me reúno cada mes, cada mes y medio, con los presidentes de las centrales obreras y los gremios en la Presidencia. Yo creo que es el país que más diálogo tiene a ese nivel. Y siempre el primer punto es ese. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo, a ver cómo no se nos presentan abusos en temporalidad.

Las cooperativas de trabajo asociado. Una cosa es una cooperativa de trabajo y otra cosa es un intermediario laboral.

A mí me preocupa mucho. Por esas cooperativas trabajábamos enormemente en el Congreso. Nos demoramos tres años. A mí me tocó el honor de ser ponente y luchar durante tres años para sacar la Ley. Pero me preocupa mucho que el cooperativismo, que es de origen fraterno, que una de sus razones, uno de sus puntos de génesis en la historia es sintetizar contradicciones entre el capital y el trabajo, se utilice para burlar afiliación a la seguridad social y pago de prestaciones. Eso es insostenible.

Yo utilicé al principio del Gobierno la figura del reglamento constitucional, que me la enseñaron mis profesores de derecho para algunos temas. Y dicté un decreto para exigir que las cooperativas de trabajo asociado tuvieran que cumplir la obligación de afiliar los trabajadores a la seguridad social y de pagar los parafiscales. Pero el Consejo de Estado lo declaró ilegal, inconstitucional.

Hemos presentado en dos ocasiones el proyecto al Congreso de la República y no ha pasado. Ahora lo ponemos a consideración de la Comisión de Concertación Laboral. Estamos esperando que la Comisión de Concertación Laboral nos dé finalmente un visto bueno para presentarlo de nuevo al Congreso de la República, con el aval de empleadores y trabajadores que concurren a la Comisión de Concertación Laboral.

Creo que es una necesidad, para nosotros legitimar nuestra empresa privada, para que no haya resistencia. Yo veo, con asombro, buen asombro, que ustedes han crecido. Ahora le preguntaba al doctor Pérez García: cuando estábamos en aquellas discusiones yo recuerdo que yo hablaba con 11 empresarios y hoy son 600 empresas, 570. Hoy tienen 600 mil trabajadores, 650. Todos afiliaditos. Y los parafiscales al día”.