“Acudo con mucho respeto a esta reunión, en el marco de un aniversario tan importante. Los 190 años del Consejo de Estado han sido 190 años de consolidación institucional de la República.

Casualmente, con los Ministros del Interior y de Justicia y de Defensa, pasamos desde horas de la mañana hasta hace unos momentos en la cordillera quindiana, donde está instalado uno de nuestros batallones de alta montaña, que han ayudado a regresarle la paz a este departamento que la tenía totalmente perdida, como la mayoría del país hace cinco años, y que había visto frustrada la posibilidad de tener en el turismo una alternativa a la recesión en que se encontraba la caficultura.

Hemos enfrentado dos intentos de retoma por parte del terrorismo. Uno, con el saldo doloroso de ocho soldados de la Patria y dos suboficiales asesinados. Y otro con el feliz resultado de que se capturaron a doce integrantes de la columna terrorista ‘Teofilo Forero’ de las Farc. Nuestra Fuerza Pública salió ilesa en la totalidad de sus integrantes.

Cuando nos desplazábamos de ese batallón de alta montaña a encontrarnos con ustedes en este hotel, pasaba por mi mente una reflexión: todo lo que hace pasa por la justicia. Venimos de una lucha por la Seguridad Democrática, que finalmente es una lucha por la justicia. En la medida en que detengamos el crimen en Colombia, se facilita más la acción de la justicia.

He sostenido que una de las causas de la impunidad nacional ha sido la falta de una política sostenida de Seguridad Democrática. En un país que llegó a tener 35 mil asesinatos en un año, ninguna justicia del mundo es capaz de derrotar los altos niveles de impunidad.

Y llegaba a este hotel, que en el Gobierno nuestro ha sido decomisado al narcotráfico, gracias a instituciones de justicia tan importantes como las que tiene el país en sus diferentes expresiones, y al acompañamiento de leyes, como la ley de extinción de riqueza ilícita, que en este Gobierno tuvo un gran avance, en la medida en que se ha facilitado a los fiscales y jueces de la República perseguir esa riqueza ilícita, siendo la ley mucho más exigente con las personas vinculadas a esos procesos, para que ellas, sin ambages, tengan que demostrar el origen de los dineros con que han adquirido esos bienes.

Y he escuchado con todo el respeto a nuestro Presidente, el doctor Gustavo Aponte. He venido diciendo, apreciados magistrados y jueces, que la división de América Latina no debe ser una división entre izquierda y derecha, obsoleta. Cabía cuando la región tenía muchas dictaduras y movimientos insurgentes que habían tomado idearios de izquierda de Europa. Las combatían. Hoy alrededor de la regla democrática, eso empieza a ser historia del pasado.

Además es polarizante -como se vio en la última elección del Secretario General de la OEA (Organización de Estados Americanos)- e impráctica. Es más la diferencia entre izquierda y derecha en un discurso de campaña, que en una obra de Gobierno. Finalmente las obras de Gobierno en los sistemas democráticos se van aproximando en los diferentes caminos.

Le decía a una periodista internacional que me acusaba de que a Colombia le iba muy mal con un presidente de derecha en una América Latina de izquierda, y le decía: “¿Usted por qué dice que yo soy de derecha y que América Latina es de izquierda?”. No supo contestarme.

Le dije: “Déme un ejemplo de un gobierno de izquierda en América Latina”. Y me dijo el gobierno del Presidente Lula.

Le dije: “¿Dígame por qué ese gobierno, que lleva el mismo tiempo que el nuestro, es de izquierda y el nuestro de derecha?”. No supo contestarme.

Le dije: “Déme el ejemplo de otro”.

Me dijo, tal gobierno.

Le dije: “A la hora de la verdad es más de izquierda el nuestro, que es más respetuoso de la independencia entre las instituciones del Estado, que ha sido uno de los pilares de las formas del Estado de Derecho, desde el nacimiento del Estado de Derecho.

Recuerdo, en las bancas de la universidad, las lecciones de Estado de Derecho, a la luz de intérpretes nacionales como Jaime Sanín Greiffenstein. Un Estado de controles objetivos, un estado de leyes heterónomas, no de caprichos del gobernante. Un Estado de amplia participación de opinión pública. Un Estado de instituciones independientes.

Y eso se había tomado de los pensamientos democráticos de avanzada.

Nosotros hemos venido diciendo que América Latina y nuestro país deben trabajar cinco elementos: la seguridad con alcance democrático, para todos, dentro del pluralismo. Acompañada de uno segundo: el respeto a las libertades. Con uno tercero: la lucha por la cohesión social. Con uno cuarto: la transparencia, que es gran camino de construcción de confianza de la ciudadanía en las instituciones gobernantes. Y uno quinto: como estructura de formación del Estado, la independencia entre las ramas del poder público, y el compromiso de hacerlo con la Constitución, de trabajar armónicamente a partir de la independencia de cada una, en busca de los fines superiores del Estado y de los ciudadanos.

Y es bien importante, apreciados magistrados y jueces, entrar a mirar también los modelos de Estado que hoy se practican en América Latina.

Hace poco tiempo, América Latina estaba en la idea neoliberal de desmontar el Estado. Y cómo va y viene el péndulo rápidamente: ahora predomina en muchas partes de América Latina la idea de imponer el estatismo. Nosotros no estamos ni en lo uno ni en lo otro.

Nosotros hemos reformado 419 entidades del Estado, empezando por Telecom. Ecopetrol ahora en pleno proceso de capitalización, 190 hospitales públicos, el inicio de la reforma de las clínicas del Seguro Social, pero no desmantelamos el Estado.

Creemos en un Estado más eficiente, más responsable con la comunidad, totalmente transparente y desvinculado de las ingerencias que lo privatizan para intereses protervos, como son la politiquería y en muchos casos los excesos sindicales.

Y tampoco estamos en el estatismo. Nosotros hemos dicho que en Colombia se le da todo el espacio a la iniciativa privada con responsabilidad social, con un sistema capitalista de emprendimiento social, no de monopolios de Estado, no de monopolios particulares, sino de una gran dinámica de emprendimiento.

Hace pocos días el país recibió la buena noticia de que un órgano privado internacional, que califica las dinámicas de emprendimiento en el mundo entero, expresó que Colombia es el segundo país en dinámica de emprendimiento en los últimos tiempos, en los países de su mismo nivel de desarrollo.

Y la responsabilidad social, como condición a la iniciativa privada, la miramos en tres áreas: primero, la transparencia, de la cual el gran garante es la justicia. En América Latina se frustraron muchos proyectos democráticos y se sustentaron muchas dictaduras, porque no había transparencia en la asignación, por ejemplo, de contratos para extraer recursos naturales no renovables, para resolver las disputas entre los particulares y el Estado, en la tributación.

Para nosotros es fundamental que la responsabilidad social se refleje en esa transparencia que tiene que regir las relaciones entre los inversionistas y el Estado, y que se refleje en la responsabilidad de los inversionistas con las comunidades, que es una responsabilidad ultra legal. No pueden los inversionistas sentirse que han cumplido cuando simplemente se ajustan al temor literal de la ley. Las sociedades modernas exigen que vaya más allá.

No pueden, por ejemplo, quienes extraen carbón en el Cesar, decir que cumplen la ley y le den la espalda a reclamos comunitarios de ciudadanos que se sienten asfixiados porque no se ha pavimentado una carretera para evitar que las tractomulas que crucen por allí, levantando una polvareda de carbón, asfixien a los moradores que viven en esas aldeas que otrora no conocían vehículos.

Y una tercera expresión de responsabilidad social: las relaciones laborales ni de capitalismo salvaje ni tampoco de odio de clases que tanto daño hizo en Colombia.

Recuerdo mis años de universidad pública. Entré a la facultad de Derecho y antes que conocer la teoría general del Estado, la teoría general del Derecho, nos enseñaron en intensas jornadas académicas la dictadura del proletariado.

Antes que conocer los mecanismos de funcionamiento de la democracia y la estructura republicana del poder público, de contrapesos y controles, nos enseñaron la lucha de clases como motor de la historia para poder definir los procesos políticos.

Creo que, sin perjuicio de las inquietudes académicas que no deben tener campos vedados, eso le dejó mucho daño a Colombia. De allí viene la tragedia que han padecido sindicalistas de nuestro país. Porque esas guerrillas marxistas, en nombre de la combinación de formas de lucha, penetraron sectores del movimiento sindical y de la política. Penetraron sectores del periodismo.

Siguieron avanzando los terroristas frente a un Estado que tenía la equivocada concepción de que la civilidad era buscar el diálogo con los terroristas y no enfrentarlos. Y después llegaron los otros terroristas, los paramilitares, a competir en crueldad e hicieron lo mismo. Y asesinaban líderes sindicales acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla y viceversa.

Estamos trabajando en esta visión tres objetivos de Gobierno: consolidar la seguridad democrática, consolidar la confianza inversionista y, por supuesto, cumplir las metas sociales. Van de la mano: sin seguridad democrática no se invierte. Si no hay crecimiento de la economía, no hay recursos para lo social.

En ausencia de seguridad y de confianza inversionista, en presencia de la desfinanciación de lo social, lo social se reduce a un discurso demagógico que no es proporcional con los resultados. Y en lugar de que haya una cadena de prosperidad que vaya mejorando la situación de los ciudadanos, en medio del discurso todos los días es más grave la pobreza.

Así como lo social tiene como presupuestos la seguridad democrática y la confianza inversionista, éstas a su vez tienen en lo social el legitimante más importante para su sostenibilidad en el largo plazo.

Hemos avanzado en seguridad democrática, pero falta. Los reclamos de ustedes allí los inserto, en lo que falta para consolidar nuestro proyecto de seguridad democrática.

Hemos avanzado en confianza inversionista. Las cifras son elocuentes. Esta Patria nuestra, hace cinco años, de cada 100 pesos que producía, invertía 12. Hoy se invierten 25 – 27. De cada 100 pesos que producía, el sector privado invertía 6,5. Hoy invierte 19 – 21.

La confianza inversionista con responsabilidad social, es lo único que en el largo plazo genera empleo de alta calidad con afiliación a la seguridad social. Le da dinamismo al emprendimiento y permite resolver la aguda problemática social.

China. Si no hubiera sido por el viraje de Deng Xiao Ping, cuando dijo que la economía social, centralmente planificada, tenía que ser compatible con la economía social de mercado porque no podían insistir en un socialismo pobre, nos dio el camino.

Estos últimos 18 años, China ha tenido en promedio 67 mil millones de inversión al año. Y eso le ha permitido recuperar de la pobreza a 400 millones de ciudadanos, de total de un billón 200 mil ciudadanos. Pero llevan 18 años en el proceso.

Por eso este país tiene que pensar en la confianza inversionista como un valor de largo plazo. Y la justicia es fundamental. La confianza inversionista depende de la seguridad, del modelo de Estado, de la tributación, en lo que creo que hemos acertado con los incentivos para estimular la inversión en Colombia.

Un hotel que se construya hoy en nuestro país tiene 30 años de exención tributaria. Hay exenciones para la producción de los biocombustibles, introducidas en este Gobierno. Una inversión que se haga hoy en Colombia tiene una deducción del 40 por ciento. Hay un nuevo concepto de zonas especiales de producción con tarifas del 15 por ciento.

Y es fundamental para la confianza inversionista un país con una justicia sólida. Quiero hacerles ese reconocimiento.

Así como pienso que las Fuerzas Militares y de Policía son hoy causa eficiente de la recuperación de la seguridad y de la esperanza del país de que la recuperemos plenamente, reconozco que la confianza inversionista depende de varios aspectos. Y que uno de sus presupuestos fundamentales es que la comunidad nacional e internacional diga: estamos regidos por una justicia sólida. Allí enmarco las peticiones de ustedes.

Me voy a referir a algunas de ellas. No vamos a hablar de lo avanzado. Yo creo que son años en los cuales el esfuerzo ha sido importante. Hacer inversión, atender las solicitudes de los ciudadanos cuando hay dinero, no es problema. Lo que pasa es que nos ha tocado trabajar, apreciados magistrados y jueces de mi patria, con muchas ganas, pero con una chequera débil.

Sin embargo, cuando comparo los presupuestos de 2002 con 2008, prácticamente hemos doblado la rama, la Fiscalía. Se ha hecho un enorme esfuerzo.

En el 2003 la justicia representaba el 0,83 del PIB. El doctor Gustavo, nuestro Presidente, nos decía que 10 años antes representaba mucho más. En el 2004 se nos bajó al 0,68. En el 2005 lo subimos al 0,80. En el 2006 al 0,88. Este año al 0,96. El año entrante al 1,03.

Yo les acepto una cosa: en un país con tantas necesidades, se hacen muchos esfuerzos para algunos logros, pero siempre esos esfuerzos quedan pequeños frente a lo que se necesita.

Hace tres días me visitaba en Contralor General de la Nación y me decía: sí, es que ustedes le han atendido reclamos a los magistrados auxiliares y a los fiscales y a los jueces, y le han atendido reclamos a la Procuraduría y a nosotros no.

Me puse a revisar las cifras con él y miren lo difícil que es esto: tiene un presupuesto para el año entrante de 205 mil millones y me decía que necesita 179 mil más.

Vengo de la cordillera con la Gobernadora y ella, que es generosa, siempre nos dice: Presidente, gracias por lo que se ha hecho en el Quindío, que la seguridad, está en plena construcción el Túnel de la Línea, la doble calzada Bogotá-Armenia-Buenaventura, a ver si este país empieza a transformar su competitividad. El Plan 2.500.

Y hoy me decía: no, va bien, Presidente, el Centro de Convenciones, va bien el acueducto regional turístico, pero necesito una cosita así de chiquita: el anillo vial de la cordillera, que el presupuesto inicial es 22 mil millones.

Y por donde uno lo voltea. Y yo lo comprendo. Yo lo comprendo por las necesidades de la Patria. Entonces es una situación bien, bien difícil.

¿Qué ha pasado con todos los sectores frente al PIB? Señor Presidente, todos han mermado participación. Y les voy a dar una pequeña explicación. Voy a procurar ser claro.

¿Por qué han mermado? Por los esfuerzos fundamentales para reducir el déficit y el endeudamiento. Para reducir el déficit y el endeudamiento tiene que crecer más el PIB que el gasto público. Si no, no se reducen. Si uno crece el gasto público al ritmo que crece el PIB, se mantienen los niveles de déficit y de endeudamiento.

Cuando nosotros llegamos el déficit del Gobierno Nacional central, que es el que tiene que aportar los recursos de la justicia, era del 6,5.

A eso se le sumó el agotamiento de las reservas del Seguro Social, que nos obliga a transferir del presupuesto de la Nación al Seguro Social, para que cumpla sus pensiones, solamente este año cinco billones.

Es el tercer año en el cual el Gobierno Nacional tiene que transferir del presupuesto nacional al Seguro Social. Habría sido una tragedia si no lo hacemos. Habría sido una tragedia. Eso suma: 6,3 y 1,3 del PIB, un déficit del Gobierno Nacional central que empezó en el 7,6.

Cuando empezaba este Gobierno, me decía el Banco Mundial: cuidado, que Colombia está perdiendo la viabilidad financiera. Acudí al ministro Roberto Junguito a decirme: “Presidente, no hay con que pagar los soldados”. Me llevó una propuesta para congelar el gasto en el segundo semestre del 2002 en un billón y tuvimos que derramar impuesto a la seguridad democrática por vía legislación de emergencia.

Hoy ese déficit esta en el 4. Es aún muy alto. Pero lo hemos rebajado en 3,5. Ojala pudiéramos terminar este año en el 3,5.

¿Qué habido que hacer? Tener un crecimiento del gasto público inferior al crecimiento del PIB.

Lo mismo en endeudamiento.

El endeudamiento de la Nación estaba en el 50 del PIB. Y subió muy rápidamente al 50. Hay unos indicadores que a mí me sorprenden por la manera como se dispararon negativamente. Les voy a contar algunos.

En el año 90 este país tenía prácticamente unas finanzas públicas en equilibrio. Nosotros recibimos un déficit del Gobierno Nacional central de más del 7.

En el año 90 este país tenía un endeudamiento del 16 por ciento. Nosotros lo recibimos en el 50. De cada 100 pesos que producíamos, debíamos 50. Todavía lo tenemos en el 28. Lo hemos bajado 22 puntos. No es suficiente.

Este país subió el desempleo en pocos años del 7,5 al 20. Este país subió el desempleo de jefes de hogar en pocos años del 4 al 10 por ciento.

Lo primero que le miro a la cifra de desempleo es qué pasa con los jefes de hogar. Porque es el desempleo que más maltrata. Si se desemplea el jefe de hogar, inmediatamente tiene que salir el cónyuge o la cónyuge a buscar trabajo afanosamente. Se descuida el hogar. La angustia de los niños los lleva a la deserción. Los muchachos no piensan en la universidad ni buscan esas posibilidades por las dificultades de la familia.

Una serie de esos indicadores negativos que se dispararon velozmente en pocos años. Frenar esa inercia ha sido muy difícil.

Si ustedes miran, la misma seguridad no ha aumentado su participación sobre el PIB. Ha disminuido dos centésimas.

La educación: he procurado situarla en el 5 por ciento del PIB. Este año si mucho llegamos al 4,7. Estamos bregando a llevarla al 5.

Estamos haciendo esos esfuerzos, pero reconozco que todo el Estado, por esta tarea de sanear las finanzas, ha mermado su participación en el PIB.

La descongestión de la jurisdicción contenciosa. Todo lo que el Ministro Holguín y yo podamos hacer, hagámoslo.

Podríamos intentar con el Ministro de Hacienda lo siguiente: veo difícil el manejo presupuestal de los tres años que le quedan a este Gobierno.

Lo que no alcancen a tener ustedes en el presupuesto del 2008, lo propondría (y le pediría al Ministro Holguín, al Consejo de la Judicatura, al Viceministro, al doctor Guillermo Reyes), que lo busquemos.

Que se haga un compromiso contra vigencias presupuestales futuras de 2009 y 2010. Y me dirán: pero eso hay que pagarlo de contado. Le pediríamos al Ministro de Hacienda que haga unos anticipos de dinero vía créditos a la rama para ese programa, contra vigencias de los años 2009 y 2010. Esto no es fácil.

Para mí la solución facilista, para competirle al Presidente del Consejo de Estado en el aplauso de ustedes, sería decirles: ahí tienen la plata. Pero no. Por eso mientras lo oí allí, pensaba y pensaba: cómo resolver esto. Y es la fórmula que se me ocurre, que creo que es trabajable. Pero nos tenemos que aplicar a ello.

Repito: unas vigencias futuras, años 2009 y 2010, que se anticipen con unos créditos del Ministerio de Hacienda a la rama, para aplicar ese dinero exclusivamente a la descongestión, como lo proponen ustedes. Paren, paren. No me aplaudan, porque de pronto me hacen emocionar y después me desautoriza el Ministro de Hacienda.

El atraso tecnológico. Cuando a mí me dicen: ¿usted por qué no vuelve a juntar los Ministerios del Interior y de Justicia? Les voy a dar unas razones. El Ministerio de Gobierno, que es el Ministerio de la política, antes de la elección popular de alcaldes y de gobernadores, tenía que intervenir en el nombramiento de los 32 gobernadores, de los mil y tantos alcaldes del país y de cada inspector de Policía. Por fortuna eso se cambió sustancialmente con la elección popular de alcaldes y gobernadores.

Recuerden ustedes: antes de la Constitución del 91 no había Fiscalía General de la Nación, y su equivalente era la Dirección de Instrucción Criminal del Ministerio de Justicia.

¿Quién administraba los recursos de la justicia? Prácticamente el Ministerio. ¿Entonces qué crea la Constitución del 91? Dice: la justicia se administra autónomamente y se le crea un ente autónomo: el Consejo Superior de la Judicatura.

¿Qué más dice la Constitución del 91? La justicia se ejerce autónomamente y se crea la Fiscalía General de la Nación. En materia criminal la pusieron al nivel del Presidente. Dice la Constitución: el Presidente tiene que manejar la política criminal con la Fiscalía General de la Nación, con la diferencia de que el Presidente conceptúa y ellos toman decisiones.

Entonces por esas razones he dicho: es muy distinto el país que tenía los dos ministerios al país de hoy. Y he insistido que debemos trabajar con un Ministerio. Además me parece que son tareas inseparables.

Finalmente, como decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado, la política más importante de un estado es la justicia. Porque es la que le da confianza y tranquilidad a los ciudadanos.

Y tienen razón ustedes cuando reclaman frente al atraso tecnológico. Nosotros logramos en nuestro primer cuatrienio desatrasar el país en telefonía celular. Pero empezamos el segundo cuatrienio con un gran atraso en conectividad y en banda ancha.

¿Hacia adonde estamos orientando ahora los esfuerzos? Al desastraso en conectividad y banda ancha.

Vamos a ver si al terminar el Gobierno, el 70 por ciento de los estudiantes de las escuelas y colegios públicos quedan con sus establecimientos conectados. Todas las alcaldías conectadas. Estamos procurando que estén conectados todos los hospitales públicos, las bibliotecas. Pero el país todavía esta muy atrasado en eso.

Yo sugiero lo siguiente, con el respeto al Consejo de Estado y al Consejo de la Judicatura: ¿Por qué en lugar de comprar plataformas tecnológicas, no se procura comprar servicios? Por ejemplo: las firmas productoras de computadores y de software en el mundo han entendido que todos los días hay menos clientes para comprarles y más clientes para tomarlos en arrendamiento.

Nosotros hemos dado enormes estímulos tributarios al leasing. Y lo digo muy respetuosamente. Y si no sirve, lo descartan. Pero déjenme decirlo como un aporte afanado porque comparto plenamente el reclamo de ustedes de estar al día en materia tecnológica.

¿Por qué no hacemos el estudio? Que nos ayude el Consejo de la Judicatura. Para ver en dos columnas: ¿cuánto cuesta la dotación tecnológica de la justicia contenciosa comprando esa plataforma, y cuánto cuesta tomando esa plataforma en arrendamiento?

Yo aprendí computadores un poquito, a manejarlo como máquina de escribir, ya viejo. Y casi me saco los ojos, viejo, en una universidad, aprendiendo a hacer en el computador una fórmula de valor presente y aprendiendo hacer una gráfica. Yo no soy ningún experto. Pero comparto la angustia de mis compatriotas. Y el país será competitivo en la medida que resulta ese atraso.

¿Qué ve uno en el mundo hoy? La velocidad de obsolescencia de todos esos equipos, el avance de invención de software, hace que todos los días tengan menos clientes para comprarlos y más clientes para recibirlos en arrendamiento.

Estudiemos eso. Estudiemos eso, señor Presidente, Doctor Gustavo Aponte, Ministro, Viceministro y nuestro Consejo de la Judicatura. Y nos ponemos todos ayudar a encontrar caminos a ver si por esa vía del leasing en plataforma de comunicaciones.
Y nos puede ayudar la Ministra. Yo no sé si el Fondo Social de Comunicaciones permite dedicarle un dinero a apoyar la dotación tecnológica de la justicia, pero explorémoslo con la Ministra de Comunicaciones. Al menos para un experimento. Para pagar uno o dos años, para pagar uno o dos años iniciales del costo de arrendamiento de equipos y de prestación de servicios para dotar a la rama.

Miren: hemos tenido que hacer esfuerzos como este: yo soy un convencido de la educación virtual hoy, que además facilita que los colombianos nos orientemos a estudiar y a trabajar toda la vida. Que uno como profesional pueda, a través de un computador, ir estudiando una o dos materias semestrales. Yo soy un convencido de la educación continuada. Y eso la facilita la educación virtual.

En el mes de agosto que acaba de concluir, el Sena adquirió la plataforma tecnológica más importante que se hubiera imaginado, que le va a permitir mínimo, mínimo, tener un millón 200 mil estudiantes permanentes en ambiente virtual, además de los presenciales.

Nosotros hemos crecido mucho en la Universidad Abierta y a Distancia. La recibimos con 14 mil estudiantes, la tenemos con 37 mil y vamos a procurar dejarla con 60 mil.

Y no hemos tenido el presupuesto para darle todo lo que necesita, por ejemplo, para dotar el Pacífico de sedes suyas. ¿Qué estamos haciendo? Le dijimos: “únase con el Sena y cómprele servicios al Sena, de la plataforma del Sena”

Ahí veo otra opción. Decirle al Sena: ¿por qué no le alquila a la rama contenciosa plataforma tecnológica? Algunos años. Y buscamos y lo pagamos, si nos permitiera el Fondo Social de las Comunicaciones, vía ensayo. Alguna solución de esta naturaleza.

Yo creo que el mejor matemático del mundo es el juez o el magistrado de la jurisdicción contenciosa, porque tiene que hacer cuentas con equidad. Ustedes no solamente hacen cuentas con la frialdad de los números sino que siempre están pensando en la equidad. Pongámosle números a todo esto. Busquemos opciones a ver cómo lo resolvemos.

El tema de códigos y procedimientos. Les tengo una respuesta: lo que definan con el Ministro Holguín lo apoyamos. Tiene que ser muy rápido. Esto corre muy rápido. A ver si presentamos lo que se vaya a presentar rápidamente.

La visión de la justicia en el largo plazo. Plan 2019. Admito la queja de ustedes. Afortunadamente ese es un plan democrático que se puede estar ajustando todos los días. Yo le rogaría al Ministro Holguín y al Viceministro Guillermo Reyes que reúnan la justicia y, con la Directora Nacional de Planeación, actualicen el capitulo de justicia en el Plan 2019.

Y la oralidad. Yo juntaría la oralidad con el tema del desatraso tecnológico y le buscaría una solución por la misma vía.

Creo que si nos proponemos, vamos abriendo caminitos. Pero lo que sí les tengo que decir a mis compatriotas es: todavía en la situación de un país que tiene sus finanzas públicas convalecientes, uno no puede pretender resolver todos los problemas girando contra el presupuesto. Hay que ser muy creativos, buscar mucha opción, a ver cómo salimos adelante.

Me comprometo a ayudar a buscar opciones en estos caminitos que hemos dicho, a ver si se les puede responder en algo a las justas aspiraciones de ustedes.

Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, con el mayor gusto, apreciados magistrados y jueces”.