“Quiero saludarlos muy respetuosamente a todos. Agradecer la inmensa tarea que adelantan los Fondos y las Administradoras.

Hay una cifra elocuente. El sistema empezó apenas en 1994, después de su aprobación por la Ley 100. En diciembre de 2002 tenía 16 billones. En febrero de 2008, más de 50 billones.

Un gran crecimiento para un país que ha tenido serias dificultades de ahorro y que aquí ha encontrado un gran mecanismo de ahorro y de propiedad social, en cabeza de sus trabajadores, quienes son sus titulares.

A esto hay que sumarle aproximadamente 7 billones de las pensiones voluntarias, y unos 4 billones de las cesantías.

Quiero agradecer inmensamente las palabras del doctor Santiago Montenegro. Él, como Director de Planeación, es uno de los más importantes artífices de la tarea desarrollada por este Gobierno.

Todavía me asusté cuando él recordó la cifra del déficit de 2002, que era en agosto del 4,2 (por ciento). El año pasado el consolidado fue del 0,7 – 0,8.

Y lo más importante es la evolución del Gobierno Nacional Central.

Si le sumamos al déficit del Gobierno Nacional Central, que en 2002 estaba expresado abiertamente, lo que ha debido pagarse al Seguro Social año tras año para que pueda cumplir con el pago a los pensionados, ese déficit era del 5,5 (por ciento). El año pasado, y hoy se conoció el dato definitivo, fue del 3,2 (por ciento).

Es un buen resultado, no obstante lo que falta, con serios nubarrones en la economía mundial, que ustedes conocen mejor que cualquier explicación que pueda dar esta tarde.

Modelo de Gobierno

Permítanme hacer una referencia al modelo que está siguiendo este Gobierno. Ahí entraríamos al tema de seguridad social. A algunos temas relacionados con las peticiones de ustedes, donde deberíamos hacer unos comentarios sobre el tema de infraestructura, sobre el tema de multifondos, sobre el tema de lucha contra la informalidad, empezando por lo que este Gobierno está trabajando.

Algo muy fundamental, apreciados visitantes y compatriotas: nosotros miramos a Colombia como una casita, en cuyo techo hemos escrito la palabra “confianza”. Y está soportada en tres pilares: la seguridad desde la democracia. Fundamental repetirlo una y otra vez.

Cuando se plantea el tema el tema ante europeos y norteamericanos, que estaban familiarizados con los productos de seguridad dictatoriales que recorrieron el continente, proponer un esquema de seguridad desde la democracia, y probada su vocación democrática en casi seis años de Gobierno, marca toda la diferencia.

El segundo pilar es el de la confianza inversionista desde la responsabilidad social. El tercero es el de la construcción de cohesión social desde las libertades.

Están relacionados todos. Sin ellos no se construye confianza en el país. Hay una relación allí vertical, de abajo a arriba, y de la palabra “confianza” que está en el vértice superior, a cada uno de los pilares.

Y están horizontalmente relacionados.

La seguridad –y lo entendió muy bien Santiago Montenegro cuando empezábamos el Gobierno–, es un presupuesto necesario para la inversión.

Claro que si no se complementa, por ejemplo, con el buen manejo económico, con la decisión política de reformar el Estado, el resultado de la inversión no es tan alto como se obtiene con esos complementos. Pero la seguridad es un presupuesto necesario.

Y sin seguridad y sin inversión, lo social se reduce simplemente a discurso demagógico, que en algunas ocasiones produce resultados, en la mayoría no. Discurso de campaña, pocos resultados de gobierno.

En mi larga carrera política, siempre me ha sorprendido que el tema que trata el discurso político es el tema social. Pero hay un gran abandono del tema de seguridad y del tema de confianza inversionista.

Nosotros creemos que es muy importante que Colombia haga una reflexión política sobre la necesidad de construir confianza sobre esos tres pilares.

Por supuesto, cuando el doctor Santiago Montenegro menciona el tema de reducción del desempleo, de incremento de afiliación a la seguridad social

–que viene siendo bastante impulsado en los últimos meses por el tema de la declaración única, del formulario único y del pago único, que se ha convertido en un factor muy importante para controlar evasión–, cuando el doctor Santiago Montenegro menciona el tema de reducción de pobreza, ahí empezamos a llegar a ese tercer pilar, que es la cohesión social, que se convierte en el gran legitimador de la seguridad y de la confianza inversionista.

La seguridad es un tema con el cual hay que luchar todos los días. Y no faltan sin sabores y dificultades. Pero hay que tener una voluntad recia, una determinación total. No se puede abandonar.

Uno lo ve en los campos. Hay malezas, que si no se están combatiendo todos los días, aunque en un momento parezcan extinguidas, tienen una gran capacidad invasora y afectan los buenos cultivos y las buenas praderas. Ese es el terrorismo. La erradicación de esa maleza exige un proyecto sostenido de seguridad en Colombia que no claudique en la determinación.

Incluso los inversionistas se tranquilizan más con la sostenida determinación en materia de seguridad, que con aquello que pueden ser los buenos resultados en un momento específico.

Esfuerzos del Gobierno para reparar a las víctimas

Hay una discusión en este momento en el país sobre la extradición de uno de los señores que lideraban la acción terrorista de los grupos paramilitares.

El Gobierno y mi persona, como Presidente, hemos anunciado la decisión. Es el resultado lógico frente a alguien que ha reincidido en el delito.

Por supuesto, como Presidente que tengo que culminar el proceso jurídico, examinar los temas jurídicos que se van presentando en el camino, siento que no estoy en el momento oportuno del proceso para hacer pronunciamientos de fondo. Se deben hacer en los actos administrativos que tomen la final decisión, una vez ejecutoriada, de enviar esta persona al país requirente.

Simplemente permítanme hacer un comentario, especialmente con la presencia aquí de un grupo muy significativo de periodistas de la Patria con una gran curiosidad, porque sé que la final no me van a preguntar por el proyecto de multifondos.

Sé que al final no me van a preguntar por un decreto que hoy expedimos, para facilitar las negociaciones en el mercado secundario de acciones y de papeles.

Sé que la final no me van a preguntar por los nuevos incentivos que hoy se formalizaron en un decreto, para que los colombianos más pobres puedan acceder al sistema financiero.

Me van a preguntar es por la extradición de fulano. Y que qué opina de lo que dijo tal juez, tal magistrado de la Corte, etcétera.

Entonces, de una vez, muchachos, para que tengan tiempo de calmar su frustración por lo parco que debo ser, les quiero decir lo siguiente:

Colombia ha creado en este Gobierno muchos mecanismos para proteger a las víctimas, para repararlas.

El primero de ellos es la lucha para derrotar la violencia, a fin de que los colombianos no continúen siendo victimizados. Esa es la primera protección de las víctimas.

Segundo: los colombianos adquirieron confianza para reclamar como víctimas o para denunciar como testigos. Eso no se veía antes. Los herederos de las víctimas, sus familiares, se mantenían atemorizadas de que les sucediera lo mismo que a sus seres queridos: asesinados, mutilados. Y la gente no tenía confianza para testificar ante las autoridades competentes.

La Políticade Seguridad Democrática, imparcial, que desde la hora cero del Gobierno se dio a la tarea de derrotar por igual a guerrilla y a paramilitares; la Ley de Justicia y Paz, sus exigencias, fueron creando confianza en los colombianos.

Las víctimas se organizaron, empezaron a reclamar. Y a la justicia se le ha facilitado la tarea, porque algunos están cumpliendo su obligación de decir la verdad, y en general hay más confianza para declarar ante las autoridades y administración de justicia. Eso es protección de víctimas.

Adicionalmente, este Gobierno reformó la Ley de Extinción de Dominio. Incluso tuvimos temor con lo que pudiera ser el fallo de constitucionalidad de la Corte. Se reformó, siendo Ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos.

Dispone la nueva norma que cuando haya dudas de que una persona ha adquirido una propiedad ilegítimamente, se le requiere y se le traslada la carga de demostrar que la adquirió legítimamente. Si no lo hace, esa propiedad es objeto de la extinción de dominio.

Creo que es una de las legislaciones más efectivas del mundo en materia de extinción de dominio. Eso es protección de víctimas. Y ese es uno de los caminos para recuperar los bienes de los terroristas y asesinos, a fin de dedicarlos a proteger víctimas.

La Leyde Justicia y Paz ordena a aquellos que se someten a su imperio que para ser beneficiarios de la reducción de la sentencia, tienen que confesar los crímenes, ayudar a la justicia, y tienen que entregar su patrimonio para reparar a las víctimas.

Adicionalmente, el Gobierno está próximo a expedir un decreto, bien importante, que reglamenta el proceso para que el Estado, por la vía de la conciliación administrativa, repare víctimas.

Hemos creído que es más importante ese proceso que el simple litigio judicial, porque el simple litigio judicial puede tardar muchos años y puede provocar unas presiones insoportables sobre el fisco.

En los próximos días expediremos ese decreto. Se ha venido consultando nacional e internacionalmente.

Hace tres días, el Ministro de Agricultura firmó con varias universidades colombianas un acuerdo para que los consultorios jurídicos de esas universidades ayuden a los desplazados a recuperar las tierras que han perdido.

El Gobierno ha dado pasos de trascendental importancia, como todo el proceso jurídico para recuperar tierras de comunidades negras, en el sur del Urabá antioqueño, en el norte del departamento del Chocó.

Estamos en esa tarea.

Entonces hay muchos mecanismos para la protección de las víctimas. Anticipo lo siguiente, porque sobre los otros raciocinios, sería de mi parte, como responsable de la decisión de la extradición, de acuerdo con la Constitución, sería imprudente, prematuro, profundizar en otros argumentos.

Dicho sea esto, de manera general, también de manera general quiero expresar lo siguiente:

La mayor desprotección a las víctimas es no sancionar al victimario, cuando el victimario ha reincidido.

Si al asesino victimario en alguna forma se le ha perdonado y reincide, no sancionar esa reincidencia con toda la severidad es exponer a los colombianos a que crecientemente sigan siendo víctimas del terrorismo.

Estas son algunas reflexiones sobre el tema que, con toda determinación, con tranquilidad pero con firmeza, el Gobierno terminará de resolver con el mayor cuidado sobre todas las decisiones jurídicas.

Confianza inversionista

En el tema de confianza inversionista, ya decía el doctor Santiago Montenegro el resultado del país. Hemos pasado de una inversión del 12 – 15 por ciento del PIB a una inversión que el año pasado estuvo cerca al 28.

Cuando hacemos el examen comparativo, en América Latina vemos que si se tienen en cuenta la inversión privada y la estatal, es la más alta del continente, en esa combinación. Y es quizá la más alta por el sector privado en el continente. Creo que es algo bien importante.

¿Qué concluye ello? Primero, buscar la palabra “confianza”, que tenga un significado real en la vida colombiana.

Segundo, el concepto de Estado. Yo pensaba que este tema estaba totalmente superado. Pero los nuevos proyectos estatistas de América Latina, después de que fracasó el estatismo brasilero de 1930 a los 60, el estatismo boliviano de la revolución de 1952, el estatismo peruano de Velasco Alvarado, y así sucesivamente, los nuevos proyectos estatistas de América Latina obligan a cada país a decir cuál es su visión sobre el sector privado.

Nosotros la repetimos: Colombia es un país que le da todo el espacio a la inversión privada, doméstica e internacional. Colombia reforma el Estado, Colombia no desmantela el Estado, pero Colombia no está en el estatismo. Colombia está dando todas las garantías para la expansión de la inversión privada con responsabilidad social.

¿Cómo entendemos esa responsabilidad social? También de manera muy elemental. Responsabilidad social es transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. Transparencia en la contratación, transparencia en la solución de disputas, transparencia en la tributación.

Responsabilidad social es la obligación ética de los inversionistas de ir más allá de los mínimos legales en temas muy sensibles para la comunidad, por ejemplo, el tema ambiental.

¿Qué ha venido diciendo nuestro Gobierno? En zonas donde se han presentado conflictos, como el Cesar, por la gran explotación de carbón, lo que hemos hecho es salirnos de los moldes de América Latina y buscar soluciones que se acomoden a lo que piensa hoy el Gobierno.

Hemos reunido a la comunidad, los inversionistas, el Gobierno. El año pasado fueron tres reuniones en la Jagua de Ibirico. Y en lugar de proceder con el extremo de acallar la protesta comunitaria, o con el otro extremo de la hostilidad al inversionista, hemos logrado acuerdos para resolverles esos problemas a las comunidades. Y creo que así hay que hacerlo en todos los casos de inversión.

Responsabilidad social es fraternidad en las relaciones laborales. No a las relaciones laborales de capitalismo salvaje, no a la relaciones laborales de odio de clases. Fraternidad en las relaciones laborales.

Creo que están avanzando en el Congreso de la República proyectos muy importantes. Uno de ellos para regular, restringir, las cooperativas de trabajo asociado. Por la queja de que hay un crecimiento desbordado allí, que ilegalmente se han convertido en intermediarios laborales y que se vienen cometiendo abusos contra los trabajadores.

Cuando empezó el Gobierno, dictamos un reglamento constitucional sobre la materia. Creímos que con los principios constitucionales teníamos los elementos suficientes para regular la materia por decreto. El Consejo de Estado declaró inexequible ese decreto. Pero ya el nuevo proyecto ha completado tres de los cuatro debates aprobatorios que requiere en el Congreso de la República.

Ojalá para el primero de mayo podamos sancionar la nueva ley.

Y hay otros dos temas que se han venido reclamando por la Organización Internacional del Trabajo, de tiempo atrás: la calificación del ejercicio de huelga en Colombia, y otro es el tema de los tribunales de arbitramento.

Se ha dicho por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que en el ejercicio del derecho de huelga, cuando es el propio Gobierno el que califica si la huelga es legal o ilegal, a través de un acto administrativo del Ministerio de Protección, el Gobierno es juez y parte. Sobre todo cuando es huelga en el sector público.

Entonces se le está trasladando esa calificación a la justicia, que es independiente en Colombia.

Y el otro tema, en aquellos sectores de la producción y de los servicios donde no hay restricciones a la huelga. Aquí básicamente la restricción a la huelga es en los servicios públicos esenciales, que deben quedar para que en cada caso sean los jueces de la República los que definan si el servicio es esencial o no.

En aquellos casos de la huelga permitida se ha propuesto cambiar la norma actual, que a los 60 días de huelga le dice al Gobierno: ‘Usted convoca un tribunal de arbitramento obligatorio’, para ponernos a tono con la OIT y, entonces, permitir que sean empleadores y trabajadores los que de común acuerdo definan en qué momento se convoca ese tribunal de arbitramento obligatorio.

Tenemos confianza que estos temas están siendo evacuados con toda diligencia por el Congreso de la República y que nos van ayudar muchísimo en el tema de fraternidad en las relaciones laborales.

Para la confianza inversionista es muy importante la continuidad en la política de seguridad, el manejo macroeconómico. Voy ahorrarme repetir las cifras que ya destacaba el doctor Santiago Montenegro. Hay que continuar esa tarea.

Yo no puedo ocultar la preocupación por fenómenos como la crisis mundial y la revaluación. Ahora le preguntaba al doctor Santiago Montenegro: ¿qué vamos a hacer con esta reevaluación? Nos va a costar fiscalmente. El Banco de la República ha dicho: ‘Eso llega hasta un punto en lo general alivia, de un punto para abajo empieza a costar’.

El Banco de la República ha dicho que una serie de peticiones que el Gobierno le ha hecho, si las atendiera, haría más daño que bien. El Gobierno está en permanente deliberación con el Banco, pero finalmente respeta su autonomía. Y somos cuidadosos en las decisiones que tomemos para poder llegar a que a Colombia le devuelvan el grado de inversión, ojalá más pronto que tarde.

Entonces, por ahora, la decisión es que el Gobierno enfrente este desafío con recursos fiscales.

Hoy hace dos semanas se creó un fondo para ayudar a la capitalización de las empresas del sector agropecuario, intensivas en mano de obra, con el único propósito de defender a los trabajadores, de defender el empleo y su afiliación a la seguridad social.

Sectores muy intensivos en mano de obra, muy afectados por la revaluación, es tal el caso del plátano, que en Colombia básicamente está en propiedad de pequeños productores. El sector de flores, tan importante en la Sabana de Bogotá, tan importante en el oriente antioqueño. ¿Qué sería de Bogotá donde colapse el sector de las flores? El sector de los camarones, de la piscicultura, tan importante en todo este litoral.

Un fondo para capitalizar las empresas de 500 mil millones, con un subsidio de tasa de interés del Gobierno hasta ahora del 100 mil millones y con un fondo garantías también del Gobierno de 150 mil millones.

Hemos revisado el sistema de garantías, por ejemplo para que en las hipotecas se considere no solamente el valor bruto del terreno, sino también el valor de las mejoras que no son removibles, que no se deterioran fácilmente, lo que va ayudar a hacer esos desembolsos rápidamente.

Y no obstante que en la organización mundial del comercio, frente al sector manufacturero, hay restricciones que no existen para el sector agropecuario sobre los subsidios, sobre los apoyos del Estado, también estamos buscando cómo a estos sectores los podemos apoyar.

Lo que me preocupa es hasta dónde tiene el Gobierno capacidad fiscal para soportar este proceso de reevaluación en defensa del empleo, con una revaluación tan pronunciada que nadie esperaba.

Pero sí quiero asegurar ante ustedes que nosotros no somos indiferentes, no somos indolentes frente al tema.

Uno de los grandes objetivos del Gobierno es poder terminar julio de 2010 con una tasa de desempleo no superior al 8 por ciento.

Y también necesitamos que ese médico, que es el Banco de la República, piense qué puede pasar si esto se sigue agravando.

Porque sí, está bien, con dólar a 2 mil pesos le dicen al Gobierno: ‘Usted tiene que hacer estos esfuerzos fiscales’. Los hemos hecho. Es el tercer año continuo en que los estamos haciendo, con un mecanismo, con el otro. Con dólar a mil 900 pesos, le dicen al Gobierno: ‘Usted tiene que hacer estos esfuerzos fiscales’. ¿Qué hacemos con dólar a mil 800 o a menos? Ese médico que es el Banco de la República va a tener que pensar ahí en algo, en alguna medicina extraordinaria, porque la receta del Gobierno de pronto no le alcanza, doctor Juan Mario (Laserna, codirector del Banco de la República).

Y nos fracasa la Seguridad Democrática si no somos capaces de defender el empleo.

Nos preocupa ese problema y nos preocupa el problema de la crisis mundial.

Sobre la crisis mundial estamos no en óptimas condiciones, sino en mejores condiciones. El endeudamiento que necesitábamos este año con los mercados, se obtuvo en enero. Hemos mejorado mucho nuestra presencia y las condiciones que nos ofrecen los bancos multilaterales. Tenemos una situación de endeudamiento y de déficit que hacen más llevadera una crisis internacional.

Y, sobre todo, tenemos confianza inversionista.

Diría yo que un gran aporte al saneamiento macroeconómico de la Nación, el gran aporte, la herencia que quiere dejar este Gobierno, es la reforma de la administración pública, en lo cual le quiero reconocer todos los méritos al doctor Santiago Montenegro, cuando fue Director Nacional de Planeación.

A la fecha, nosotros hemos reformado 420 entidades del Estado. Y la decisión es reformar entidades del Estado hasta el último día de Gobierno.

Hemos reformado más de 200 hospitales. La primera gran reforma se dio en Telecom, después en Paz del Río, la última en Ecopetrol y ahora estamos en la reforma de las clínicas del Seguro Social.

Hoy me entregaron la cifra definitiva del déficit. Y una de las cosas que alegra muchísimo al desagregarlo es encontrar que en las empresas de la Nación hay un gran superávit. ¿Qué habría pasado sin esta reforma?, con el Gerente de Telecom pidiéndole este año más de 500 mil millones al Ministro de Hacienda para pagar pensiones. Y el de Ecopetrol diciendo: ‘Yo necesito invertir 4 mil millones de dólares y no tengo sino mil 500’. Y las clínicas del Seguro Social reclamando un billón de pesos al año para poder sostenerse.

Yo creo que esta reforma que ha ahorrado 6 puntos del PIB puede ser el legado de manejo macroeconómico más importante que este Gobierno deje. Y se ha hecho con unas características políticas bien importantes, casi que ha contrapelo de la tendencia de la América Latina. Uno ve que en América Latina, lo único que quieren en petróleo es tener monopolios estatales.

México, por ejemplo necesita un gran capital privado para hacer unos desarrollos de producción de crudos a profundidades excepcionales. No han podido obtener la mayoría política para permitir que entre la inversión en ese frente tan necesario.

Haber logrado, primero, la reforma laboral; después, la reforma pensional y, finalmente, la capitalización de Ecopetrol, dice mucho de la conciencia progresista del pueblo colombiano. El pueblo colombiano ha sido capaz de superar radicalismos ideológicos que impedían estas reformas.

Yo recuerdo el trámite de la Ley 50, el trámite de la Ley 100. Por un lado, los radicalismos ideológicos y, por otro lado, los radicalismos de los acomodados, sin dejar sacar adelante esa reforma. Si me hubieran preguntado en esa época: ‘¿Es posible hacer la reforma laboral de Ecopetrol?’. Le hubiera dicho, después de la reforma de la Ley 50 y de la Ley100 es imposible la reforma laboral de Ecopetrol.

Y si todavía hace 5 años, cuando estábamos haciendo la reforma laboral de Ecopetrol, me hubieran preguntado: ‘¿Es posible la capitalización privada de Ecopetrol?’. Habría dicho, los radicalismos ideológicos no lo permiten.

Yo creo que algo bien importante de nuestro Congreso, de nuestro país, es la capacidad de enfrenar los radicalismos ideológicos, para tomar medidas que le van a convenir mucho al tejido social de la Nación.

Es más fácil superar la pobreza con la nueva estructura y la nueva capacidad de inversión de Ecopetrol, que con el prurito ideológico de un Ecopetrol exclusivamente estatal. Eso es lo que hay que entrar a jugar.

Las clínicas del Seguro Social. Si ustedes van hoy a la Clínica Enrique de la Vega en Cartagena y comparan con lo que había hace dos años, eso era un desastre, como en todo el país. El país, desde la Ley 100, socializó las clínicas. Antes había clínicas para ricos y para pobres. Desde la Ley 100, los afiliados al sistema pueden ir a cualquier clínica.

Empezaba a ver otra división, las clínicas eficientes y aquellas clínicas que parecían muladares. Uno entra aquí a unas clínicas que da gusto y entraba a la clínica del Seguro Social y los pacientes tirados en el suelo, etcétera. Hoy da gusto verla. Se la entregamos a un tercer operador después de liquidarla; lo mismo la de Santa Marta. La de Santa Marta la maneja la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, entidad sin ánimo de lucro; la de aquí, los Hermanos de San Juan de Dios.

Una reforma parecida hemos hecho en Medellín y acabamos de hacer una negociación en Bogotá, donde las clínicas del Seguro Social en esta ciudad quedan en poder de una entidad sin ánimo de lucro, con tres socios sin ánimo de lucro: la Caja de Compensación Familiar Compensar, la Universidad del Rosario y la Fundación Internacional de los Hermanos de San Juan de Dios.

Vamos a continuar esta tarea de la reforma de todas las entidades del Estado, sobre lo cual hay que avivar una conciencia pública colectiva que apoye esas reformas todos los días.

Lo que si nos ha demostrado esto, es que en Colombia ha sido más el temor que nos ha infundido el radicalismo ideológico, que el apoyo que el radicalismo ideológico o los acomodados ideológicos han podido obtener. Por eso, el Gobierno se tiene que motivar para seguir avanzado en esas reformas.

Otro tema bien importante para la confianza inversionista ha sido la tributación. El país, en su literatura económica, en sus centros de estudio, en su política, era muy adverso a introducir incentivos a la inversión.

En este Gobierno se han introducido, gracias al Congreso, y que importantes, en lugar de hacer lo que hoy se critica en Estados Unidos de haberle bajado la carga tributaria a todo el mundo, lo que viene a beneficiar a los mayores contribuyentes, a los más ricos, aquí lo que hemos dicho es: hay que darle un tratamiento diferente, más benéfico al que invierte que al que no invierte.

Por eso, nuestra norma ha sido incentivos a la inversión; incentivos a la inversión en turismo; incentivos a la inversión a ese sector de los cultivos de tardío rendimiento, tan importante en el futuro inmediato para la producción de biocombustibles; incentivos a los biocombustibles. El incentivo general, la deducción del 40 por ciento a cualquier inversión; la posibilidad de que si el primer año no se puede hacer efectiva se convierta en un crédito fiscal y se deduzca en el número de años que se requiera. El nuevo concepto de zonas francas. Ayer ya había 20 aprobadas. El país en toda su vida había completado 11 zonas francas; ahora tenemos 20 nuevas, con la nueva Ley, y aspiramos terminar el año con 50.

Hoy se pueden crear zonas francas en cualquier sitio del país, gracias a la nueva Ley; por una empresa o por varias, en los diferentes sectores de la economía, para producir bienes o dar servicios en el mercado doméstico o al mercado internacional, con tres beneficios: tarifa de renta del 15 por ciento y el beneficio de no tener que pagar IVA ni arancel para la importación de bienes de capital. Y en el caso de materias primas solo lo pagan cuando vaya a destinarse esa materia prima a producir para el mercado doméstico.

Y es bien importante allí el tema -también nos lo autorizó el Congreso después de una gran discusión- el tema de los pactos de estabilidad de reglas. Ya hay muchos firmados, porque la gente dice: ‘Bueno, yo me someto a hacer estas inversiones gracias a estos incentivos y qué me pasa si mañana los quitan’. Entonces, están firmando unos pactos a 20 años con los inversionistas, lo que está redundando en confianza en Colombia.

Y creo que otro tema bien importante ha sido también el Acto Legislativo para regular las transferencias a las regiones. Qué difícil políticamente. Qué bueno que el país se lo valore al Congreso. Aprobarlo el año pasado, con la Plaza de Bolívar llena de contradictores, ejerciendo su libertad a la protesta, en vísperas de las elecciones de alcaldes y gobernadores y el Congreso tuvo el valor civil de aprobarlo; con realismo.

A mi alguien me dijo: ‘Hombre, Presidente, deje que eso vuelva a la Constitución del 91, eso nada pasa. Usted se va en el 2010’. Y dije: ‘Eso es lo malo, siempre dejarle al que viene el problema. Yo me agacho y el que viene atrás que arree’. Esa manida costumbre del país hay que superarla y el Congreso lo entendió.

Entonces, se hizo esa reforma. ¿Por qué no podíamos volver a la Constitución del 91?: Impagable. La manera más fácil de arruinar la descentralización es halagándola con normas que la hagan impagable. El país ya había aprobado, en el 99, que las normas del 91 en esa materia eran inaplicables.

Hoy analizaba yo el tema con el ex presidente (Eduardo) Duhalde de Argentina. Él me contaba que las regiones en Argentina ejecutan el 30 por ciento del gasto público de todo el Estado; en Colombia, el 52.

Este es un país muy descentralizado. Pero no podíamos llegar a excesos. Lo que buscamos fue crear ese equilibrio entre la promoción de la descentralización y no quebrar a la Nación.

Seguimos teniendo dificultades, porque han presentado un referendo al Congreso para derogar el Acto Legislativo y volver a la fórmula de la Constitución del 91, impagable. Entonces, yo me encuentro con un colombiano en cada esquina y le echo el discurso de porqué no podemos volver al Acto Legislativo del 91 por ahora.

Y, entonces, me toca abusar de ustedes y volverles a decir. Pero es que con un referendo, ahí hay un poco de firmas, si nosotros no llamamos la atención de los colombianos sobre las dificultades que viviría el país, de aprobar ese referendo, nos queda muy difícil.

Eso ayudó mucho, lo que aprobó el Congreso el año pasado, a crear confianza inversionista en nuestra Patria.

Ahora, hay sectores que necesitan mucha más actividad: el sector de infraestructura.

Primero, nosotros reconocemos el atraso en infraestructura; segundo, algunas razones: a nosotros, en 2002 y en 2003 nos daba mucho temor empezar cualquier proyecto de infraestructura. No habíamos asegurado el pago de los soldados; no teníamos los recursos de la Seguridad Democrática. Tercero, estaba muy quebrada la ingeniería. Cuarto, teníamos casi todos los contratos y todas las concesiones del Estado en pleito. Hoy hemos superado todos esos pleitos; estamos pendientes de acabarlo de superar en el Ferrocarril del Pacífico. Ustedes saben qué era el pleito de Commsa, en la vía Bogotá al río Magdalena; pleito del Ferrocarril del Atlántico, todas las concesiones viales en pleito.

Todos esos factores influyeron en un país con muchas exigencias de infraestructura. Por ejemplo, uno lo compara con otros países latinoamericanos que tienen sus centros productivos muy cerca al mar.

La hermana nación chilena tiene hoy el problema del Transmilenio de Santiago. Nosotros estamos construyendo 9 Transmilenios. Uno aquí, en Cartagena. Entonces, el saludo que me daba la Alcaldesa, dinámica, echada pa’ adelante, me decía hace dos semanas: ‘Me faltan 100 mil millones para el Transmilenio de aquí, 140 mil’. Y yo no se cómo los consiguieron. Ya por lo menos se los consiguieron; hoy me recibió con sonrisa. Yo no sé si se los van a pagar o no, pero ya se los consiguieron y la obra está avanzando. Dijo que necesitaba 140, que ya el Gobierno le resolvió el problema en 120 y que los otros 20 mil los va a aportar ella. El Gobierno le da 100, ella aporta 20 y otros 20 los aporta con el sistema de canales de Cartagena. Me prometió que en diciembre me traía a hacer unos desplazamientos en lanchita por el primer sistema de canales, de un sistema de transporte masivo multimodal de la ciudad. Ahí le estoy haciendo propaganda para que vengan en diciembre a montar en esos barquitos, así me toque a mi anticiparle la plata.

Uno ve los centros productivos de América Latina tan cerca al mar. Nosotros tenemos estas ciudades del Caribe, pero Bogotá esta a casi mil kilómetros del Caribe y está a 580 kilómetros de Buenaventura y hay que trasmontar dos cordilleras y de la tercera bajar al río Magdalena. Medellín está a 400 kilómetros de Turbo, está a casi 700 kilómetros de Cartagena. Cali no está sino a 140 kilómetros de Buenaventura, pero que dificultades geológicas y topográficas.

Les voy a mencionar solamente obras grandes porque se han adjudicado concesiones recientes en todo el país.

El compromiso de este Gobierno de dejar totalmente contratada y en ejecución la doble calzada Bogotá-Buenaventura con el Túnel de La Línea, que les hemos propuesto a los compatriotas que se llame el Túnel del Segundo Centenario.

Santiago (Montenegro) hizo ese primer trabajo tan importante de la visión Segundo Centenario desde Planeación. Con el Banco Mundial estamos en la estructuración de la Ruta del Sol, que es la doble calzada Bogotá-Santa Marta, que esperamos abrir la licitación a finales de este año y esperamos allí la participación, en esa licitación, de los fondos de pensiones. Esperamos también dejar en proceso de ejecución la doble calzada Medellín-Turbo. Está avanzando bastante la doble calzada Bogotá-Sogamoso, que con un mejoramiento de la carretera de Sogamoso a Yopal, y con los kilómetros que se han pavimentado en la carretera Tame-Arauca, es la gran salida al río Arauca y otra gran salida a la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Debemos contratar la doble calzada Cúcuta-Bucaramanga, proceso en el cual estamos, etcétera.

Hemos avanzado bastante en los puertos. En los próximos días se firmarán los contratos de extensión de las concesiones portuarias, con unos compromisos de inversión muy altos. Se ha demorado algo porque hay unas revisiones ambientales y unas revisiones, también, de la Contraloría General de la Nación.

Los puertos en Colombia empiezan a ser hoy muy competitivos para atraer inversiones, porque caben en el sistema de zonas francas. Sectores de servicios que caben en el sistema de zonas francas especiales son puertos, generación de energía, en telecomunicaciones la telefonía larga distancia y aquellos que los anglicistas llaman los call certers, que ya tienen mas de 40 mil empleos directos generados en nuestro país.

O sea que estamos optimistas. Yo creo que el país va a ver un gran desarrollo en infraestructura bien importante, para no mencionar el tema del Aeropuerto El Dorado; el tema del Ferrocarril del Atlántico que ya empezó a construir la segunda línea, etcétera.

Pero reconocemos todas las dificultades y atrasos.

Ojalá podamos tener la participación de los fondos. Yo suscribo todo lo que dijo el doctor Santiago Montenegro sobre eso.

Me preocupa un punto: hay licitaciones que uno no puede esperar para abrirlas a que este el ciento por ciento el estudio técnico. Demoraríamos siglos para abrirlas. Nos tenemos que preparar para abrirlas, sin tener el ciento por ciento el estudio técnico, pero con unas cláusulas claras sobre responsabilidades en la asunción de riesgos.

Yo los invito a ustedes, encabezados por el doctor Santiago y el doctor Jaime Humberto, a que nos den un margen de flexibilidad para poder abrir esas licitaciones, sin la totalidad del estudio técnico, con lo básico, sí, y a discutir en el prepliego, que es una de las reformas para la transparencia de la contratación introducidas por este Gobierno, a discutir en el prepliego unas cláusulas muy claras de cómo se asumen los riesgos derivados de problemas de esa naturaleza.

En el tema de la informalidad hemos mejorado. A mí me sorprendió la cifra que dio ahora el doctor Santiago Montenegro del 42. Me sorprendió gratamente. Pero todavía tenemos una informalidad muy alta. A mí me parece bien crear la comisión; vamos a hacerlo, hágalo Viceministro. Aceptemos la propuesta de los fondos hoy, presentada por el doctor Santiago Montenegro.

¿Qué me preocupa? Que la propuesta que siempre hacen es la de quitar los pagos parafiscales a las cajas de compensación, al Sena y a Bienestar. Y con los problemas de pobreza e inequidad en Colombia eso resulta imposible.

Yo creo que nosotros hemos mejorado mucho la captación de recursos para esas entidades, porque también son beneficiarias del formulario único de declaración y de pago, como los fondos de pensiones, como el régimen contributivo de salud y como riesgos profesionales.

Y hemos mejorado mucho la eficiencia de esas entidades, especialmente el Sena. El Sena ha pasado de capacitar un millón 100 mil estudiantes por año a capacitar 6 millones. Ha dado un salto de 5 millones de horas de enseñanza a 16 millones de horas de enseñanza. Tenía 37 mil estudiantes en formación titulada; va a terminar el Gobierno con casi 300 mil en formación titulada.

El tecnólogo del Sena hoy puede ir a una cualquiera de cien universidades, le reciben los créditos estudiados en el Sena, completa los créditos en esa universidad y accede al título de educación superior.

Acaba de incorporar una plataforma tecnológica que le permite tener, adicionalmente, un millón de estudiantes estudiando a través de Internet.

Hay un programa bellísimo: el Sena va a terminar este año con más de 500 mil estudiantes estudiando inglés como segunda lengua y la mayoría de los profesores, en San Andrés. ¿Quiénes son los profesores?: Nuestros compatriotas raizales que nacen con dos lenguas maternas: el español y el inglés. Vamos a terminar con 500 profesores en San Andrés; ya tenemos más de 200.

Este año, los sectores raizales de nuestros compatriotas de San Andrés pueden recibir una remuneración de 6 mil, 7 mil millones de pesos. El año entrante 10, 12 mil. Eso va a tener una profunda incidencia en el mejoramiento del tejido social del Archipiélago, cuya infraestructura hemos mejorado mucho.

El Sena es, a no dudarlo hoy, el mejor instituto de formación vocacional de América Latina. Y allí, como en muchas entidades, hemos dado la batalla contra la politiquería y contra los excesos sindicales y contra los radicalismos ideológicos. Como lo desfinanciamos o como desfinanciamos Bienestar Familiar.

Nosotros, entre Bienestar Familiar y Familias en Acción estamos atendiendo hoy 9 millones de niños, pero necesitamos llegar a 12 millones de niños. O las cajas de compensación, ese sistema peculiar de Colombia. Chile, si la memoria no me falla, tomó la decisión de quitar esa parafiscalidad, de trasladarle esa carga al fisco y vino un marchitamiento.

Entonces, cuando se ha propuesto que esas cargas las asuma el fisco uno encuentra dos problemas: esas cotizaciones deben valer cuatro billones este año. Entonces, de pronto el primer año se hace un esfuerzo y se financian.

Alguien me dijo: ‘Bueno, si la van a financiar este año…’ ¿Saben cuánto nos cuesta la financiación del Seguro Social este año? Pagarle al Seguro Social la diferencia entre lo que el Seguro Social paga por pensiones y lo que recauda por cotizaciones, eso nos cuesta 6 billones 400 mil millones. Solamente en un año, mucho más de lo que puede costar la vía al Sol Bogotá-Santa Marta.

Dije: ‘Si le han pagado eso al Seguro Social, cómo no le van a pagar a las cajas, al Bienestar y al Sena 4 billones al año y qué puede pasar en el largo plazo’.

Además yo creo esto que lo controvierten los economistas y lo respeto: yo creo que en una economía que tiende a integrarse con muchos mercados del mundo, finalmente el único estímulo eficaz al empleo es el estímulo a la inversión.

Yo pienso que si no crece la inversión, si la gente no ve posibilidades de invertir, crear empleo por crear empleo nadie lo hace. Nosotros hemos introducido unos estímulos bien importantes a la inversión, que son los que, a la hora de la verdad, nos tienen que ayudar en la creación de empleo que el país necesita.

No veo la manera de complementar eso quitando esas parafiscalidades. Y entiendo, mucho sector de pequeña empresa dice: ‘Pero es que le tengo pánico a las parafiscalidades’.

Hagamos la comisión. Pero yo muy francamente les digo ‘ahí vemos un obstáculo’: el de quitar esas tres parafiscalidades.

En el tema de la seguridad social, tema pensional, lo insertamos nosotros en ese tercer pilar que es la construcción de equidad social, donde hay unas metas muy exigentes: llegar a plena cobertura en educación básica, a 12 millones de niños en nutrición, a 34 por ciento de educación universitaria, a las metas del Sena, a multiplicar por seis el Icetex, etcétera, a tener plena cobertura en salud.

Yo creo que vamos estando más cerca de lo que esperábamos, a entregar cinco millones de créditos a cinco millones de familias microempresariales en este segundo Gobierno. Ese es un tema que ha evolucionado muy favorablemente en Colombia con el esquema Banca de Oportunidades.

Y viene el tema de la seguridad social. Pienso que ha habido un gran avance en régimen contributivo. Hemos pasado de 13 millones de beneficiarios a alrededor de 17 millones de beneficiarios. Un gran avance en el seguro de riesgos profesionales y un avance, pero con una cobertura todavía muy baja, en pensiones.

Uno no puede negar que el avance ha sido bueno. Hemos crecido los cotizantes en un 37, 38 por ciento, de 2002 a la fecha. Y mantiene una línea permanente de crecimiento. El año pasado fueron alrededor de 600 mil y confiamos que este año se repita la cifra.

Pero todavía, con los que se llama cotizantes activos, en el número que los tenemos, es un porcentaje muy bajo de la población trabajadora de Colombia. Cuatro millones y medio de cotizantes activos, más un poquito del Seguro Social, con una población trabajadora entre 18 y medio y 19 millones de trabajadores, una población formal de 9 millones de trabajadores, esta es una cobertura muy baja.

Hemos creído que el formulario único tiene que ayudar y hay que seguir trabajando con eso.

Y el Gobierno se propone, en los próximos días, reglamentar una ley que permite crear un sistema complementario de ahorro para los colombianos sin expectativa de pensionarse.

El problema que hemos tenido es que para garantizar esa renta, en muchos casos se necesita una contrapartida fiscal. Entonces, estamos en la discusión con el Ministerio de Hacienda, a ver cómo garantizamos los recursos. Pero esa medida se va a expedir en los próximos días.

El tema de multifondos. Hoy se radicó el proyecto. Yo creo que el proyecto ha recogido lo que se acordó en las discusiones con ustedes. Yo creo que le va a dar más tranquilidad a todo el mundo, porque una administradora va a poder administrar no un fondo sino tres fondos, de acuerdo con el nivel de riesgo.

El muchacho que empieza, que tiene muy lejana la jubilación, su reserva, su cuenta puede ser manejada con unos riesgos diferentes a aquel señor que le faltan menos de ocho años para jubilarse. Yo pienso que eso le va a dar mucha flexibilidad a los fondos y van a poder manejar mejor su portafolio, de acuerdo con la expectativa de pensionamiento de cada uno de los titulares de las cuentas y buscar y mostrar unas rentabilidades más realistas.

Aquí hay una representación muy distinguida del Congreso de la República y nos van a ayudar, estoy seguro, para que tramitemos ese proyecto que no debería tener mayor discusión, porque ahí no se afecta una sola de las garantías de los trabajadores. Ahí no se afecta la garantía de pensión mínima, ahí no se afecta la rentabilidad mínima, no se afecta la obligación de tener un seguro de rentabilidad, etcétera. Simplemente, se le dice a la administradora, ‘usted en lugar de un fondo puede tener tres’, y lo mismo en cesantías, para que tengan más flexibilidad, de acuerdo con el riesgo de cada uno de los trabajadores dueños de las cuentas individuales.

No sé, creo no estar equivocado, al decir que es una reforma sin tocar la esencia del modelo. Y eso debería tener la menor dificultad en el trámite parlamentario.

De todas maneras, el Gobierno estará atento con los parlamentarios a examinar cada uno de los artículos, en los cuales ellos encuentren dificultades, como lo hemos hecho con todos los proyectos de ley a lo largo de esta administración.

Hoy produjimos otros dos decretos: uno para estimular el ingreso a la banca institucional de los sectores más pobres de la Nación. Ya veníamos aplicando una Ley, que ha sido muy útil en el proceso de Banca de Oportunidades. Esa Ley que permite que los colombianos tengan una cuenta registrada en la Dian, por cuyos movimientos hasta 7 millones 300 hoy, por ahí cerquita, no tengo la cifra exacta, movimientos mensuales, no se paga el cuatro por mil. Eso ha ayudado.

Nosotros procuramos que todos los colombianos que están entrando a Banca de Oportunidades, el crédito se les haga obligándolos a abrir cuentas de ahorro. En el primer Gobierno fueron millón 800 mil familias; la meta del segundo Gobierno es de cinco millones de familias. A corte de febrero, llevábamos dos millones 200 mil. De ellos, casi 700 mil que por primera vez adquieren un crédito institucional; casi 700 mil. Yo creo que es un buen avance.

Y eso se complementa ahora con el decreto que hoy salió, debidamente concertado.

Aquellas pequeñas cuentas hasta de dos salarios mínimos van a tener un gran alivio, porque ese decreto obliga, después de la concertación, al sector financiero, a no cobrarles servicios financieros. Entonces, las cuentas de los colombianos más pobres con movimientos de dos salarios mínimos, no van a pagar servicios financieros, a partir de hoy que se expidió el decreto.

Y el otro decreto es el que le da flexibilidad a las negociaciones en bolsa. Facilita -cuando lo estábamos firmando esta mañana a mí me parecía imposible que no lo tuviéramos. Me dije: ‘Pero cómo, cómo seguimos de atrasados en tantas materias-, es el decreto que facilita que las negociaciones se hagan por teléfono, etcétera, con unos sistemas para finalmente registrarlas. Pero eso le da más velocidad, le da más agilidad.

Aquí está en Superintendente; casi no lo leo por largo y complejo. Prepárese para explicarlo rápidamente. Yo pensaba ahora en el avión: ‘Bueno, ¿cuál es la explicación sencilla de esto?; la que yo le tengo que dar a aquellos muchachos de atrás, aunque después de que les di la otra noticia y no se las di como querían, ya perdieron el entusiasmo. Prepárese Cesar (Prado), cómo lo explicaría usted; compleménteme un poquito más de esta cosa tan elemental, para que les dé la noticia a los compatriotas de ese decreto que se firmó hoy.

Superintendente Financiero, Cesar Prado: Le diría, Presidente, que la explicación más sencilla es que el decreto permite la negociación en el mercado secundario de títulos, por fuera de los sistemas de negociación organizados.

Esa fue una obligación que se introdujo en el país hace muchos años, hace algunos años, y sobre la cual el mercado de valores evolucionó en el país, básicamente porque se entendió en ese momento que la única manera de lograr unos precios justos para la inversión de los recursos de entidades públicas y de aquellos que administraron recursos de terceros como las AFP, era obligando a esos operadores a tener que tranzar obligatoriamente a través de sistemas de negociación.

De manera que lo que hace el decreto es liberalizar el modelo para que todos esos operadores puedan definir, con libertad, si tranzan en sistemas organizados o si lo hacen en los mercados que en la jerga financiera se denominan UPC, es decir, mercados básicamente que se hacen a través de negociaciones telefónicas.

Presidente Álvaro Uribe Vélez: Ojalá le de fortaleza a estas negociaciones. También había sido muy concertado con quienes manejan la actividad.