Julio 20 de 2008
“Honorables Congresistas:
Acudimos a esta cita de la democracia con alegrías y expectativas en la seguridad, confianza en la inversión, dificultades en la economía y toda la determinación para avanzar en lo social.
Confianza en Colombia, de propios y extraños, es el propósito fundamental de nuestra administración. Se soporta en la seguridad desde la democracia, la inversión desde la responsabilidad social y la cohesión social desde las libertades. Estos tres pilares estimulan la confianza y a su vez se fortalecen al nutrirse de ella. También tienen irrompible vinculación horizontal. La seguridad es presupuesto esencial de la inversión. Ambas, seguridad e inversión, causan la prosperidad que con responsabilidad social es equivalente a superación de pobreza y construcción de equidad. En una democracia de opinión como la nuestra, la cohesión social es el legitimador que finalmente da sostenibilidad a la seguridad y a la inversión.
El País y el mundo han sentido alivio con la Operación Jaque, de nuestro Ejército, que concluyó con el rescate de la doctora Ingrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses y once integrantes de la Fuerza Pública. El apoyo del pueblo, del Congreso y del Gobierno a nuestros soldados y policías, ha fortalecido en ellos la autoestima y el compromiso que anima a su inteligencia, imaginación e iniciativa. La constancia concibe sus propios incentivos. Persistimos en la tarea de liberar a quienes continúan en cautiverio y de exterminar el terrorismo.
Cada victoria sobre el terrorismo es una victoria de la libertad. Colombia puede mirar hoy al mundo con la frente en alto y decir: aquí avanzamos frente a los violentos y saboreamos la libertad que nos querían arrebatar sin que esa libertad haya sufrido mengua alguna en la acción gubernamental de derrotarlos.
Confianza Inversionista
Bastante ha avanzado la inversión en nuestra Patria. El objetivo es que la inversión mínima sea equivalente al 25% del PIB.
El requisito es la responsabilidad social traducida en transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado; solidaridad de los empresarios con las comunidades, especialmente en el respeto al medio ambiente; y, fraternidad laboral por oposición al odio de clases y al capitalismo salvaje en la relación entre empleadores y trabajadores.
En esta dirección agradecemos al Congreso la aprobación de leyes que regulan las cooperativas de trabajo asociado, transfieren a la justicia la competencia para declarar ilegalidades de huelgas y radican en el consenso de empleadores y trabajadores la convocatoria del arbitramento como sustituto de la huelga legal.
Las cooperativas tienen que ser fraternas y no utilizarse para evadir prestaciones a los trabajadores ni obligaciones de seguridad social. Deberán ser prestadoras de servicios, realizadoras de obras, pero no intermediarias laborales que escondan al verdadero empleador.
Con este paso, Colombia cumple mejor las obligaciones con la Organización Internacional del Trabajo, que por tercer año consecutivo nos ha excluido de su lista negra, en la cual permaneció el País durante más de tres lustros.
Riesgos de la economía
Varias dificultades vivimos en la economía: la pérdida de valor del dólar, su impacto en la apreciación de nuestra moneda, el riesgo en las exportaciones, en la producción para consumo interno de bienes y servicios transables internacionalmente y en el empleo; la inflación internacional y doméstica de combustibles, insumos agropecuarios y alimentos, con incidencia en peligrosas expectativas alcistas; y, el mayor costo a la producción y al consumo derivado de superiores tasas de interés.
Revaluación
El debilitamiento internacional del dólar ha coincidido con un incremento considerable de inversión extranjera en Colombia, que da más fuerza a la agresiva revaluación. Dicha inversión extranjera no solamente da señales de ritmos sostenidos en cuantías superiores a 9.000 millones de dólares al año, sino que ha pasado de representar el 2.6% al 5.2% del PIB.
Con el Banco de la República se han coordinado decisiones para contrarrestar la revaluación: los controles a ingresos de capitales con vocación de corta permanencia en el País; la pesificación; y, la autorización a los fondos de pensiones para crecer su portafolio en divisas.
En concepto de algunos formadores de opinión, la limitación a los capitales de corto plazo puede posponer la aspiración de rescatar el reconocimiento del grado de inversión y ha afectado la dinámica del mercado de acciones y las tasas de interés de los títulos del tesoro.
Aclaramos que esos controles a los capitales extranjeros de corto plazo tienen vocación transitoria. El objetivo es la defensa del empleo, que a su vez es la garantía de confianza popular en la inversión, para lograr que sus altas tasas se sostengan en el tiempo de modo indefinido.
Aceptamos que la ausencia de esos capitales de corto plazo resta dinámica al mercado accionario y a la demanda por títulos del tesoro. Debemos entender estos efectos como sacrificios para un mejor futuro.
Sin embargo, de esos controles han sido excluidos los dineros que se dediquen a adquirir emisión primaria de acciones, y aquellas partidas que las empresas capten por colocación de fondos de acciones en el extranjero.
Repetimos nuestra invitación a la inversión, nuestro anhelo de elevados flujos productivos con miras de largo plazo.
En este Gobierno hemos reducido del 70% a menos del 40% la participación de la deuda pública en moneda extranjera en el endeudamiento total del Estado. En la misma dirección fue adoptada, en fecha reciente, la pesificación, medida para convertir en pesos deuda contraída en dólares, no obstante su buen largo plazo y la relativa baja tasa de interés. Esto, para favorecer al Estado con el pago de menos pesos en la cancelación de la deuda futura en dólares. La tasa interna de interés ha evitado proceder con rapidez.
Se ha avanzado mucho en el fortalecimiento del mercado financiero de nuestra moneda. En concordancia con esta meta, se ha decidido que los créditos para que los departamentos y ciudades capitales ejecuten los planes de vías y de aguas se gestionen y otorguen en pesos. De este modo se evitan un factor de presión a la revaluación e incertidumbre del costo cuando llegue la exigibilidad del pasivo.
El Gobierno Nacional no ha traído al País un solo dólar de sus créditos desde noviembre de 2006. Han sido utilizados para cancelar vencimientos en el extranjero.
Propondremos al Congreso normas legales para ahorrar en moneda extranjera los recursos que lleguen a obtenerse por producciones incrementales de hidrocarburos que surjan de la nueva dinámica exploratoria.
Para apoyar a los exportadores y proteger el empleo de los trabajadores de estas empresas, primero se pagaron las deudas de antiguos CERTS que oscilaban alrededor de 350.000 millones de pesos, y en los últimos años se han creado nuevos incentivos que en el primer semestre de 2008 superan los 600.000 millones de pesos. Éstos se han orientado a financiar programas de reconversión, adquisición de coberturas cambiarias y aplicación de prácticas sanitarias. Ha existido la condición de preservar el empleo.
El Banco de la República ha decidido comprar divisas, previo anuncio, en un monto fijo de 20 millones de dólares al día, como una nueva iniciativa.
Combustibles
El planeta vive una época de dificultades y retos en materia de combustibles. A diferencia del pasado, los expertos son pesimistas sobre alguna considerable reducción del precio del petróleo. También anticipan el final de la era de esta sustancia fósil, que en 40 años estará agotada o sin posibilidades de uso en un planeta asediado por el calentamiento global.
Los ajustes introducidos a la política de combustibles y la confianza en Colombia han permitido que este año se puedan explorar más de 100 pozos. Hace poco apenas llegábamos a 10. Varios descubrimientos, pequeños aún, garantizan a la fecha reservas alrededor de 2.000 millones de barriles, con lo cual la autosuficiencia se ha extendido de 2008 a más allá del año 2016.
La asignación reciente de 12 millones de hectáreas en 8 bloques de exploración, con participación de ECOPETROL en 3 de ellos y beneficio estatal mínimo del 75% de las utilidades, abre expectativas de buenos hallazgos.
En ECOPETROL, la capacidad de inversión ha aumentado de 500 millones de dólares por año a más de 4.000 millones de dólares, gracias a las reformas como la capitalización aprobada por el Congreso y las relativas a aspectos laborales y pensionales. Por fortuna, esa capacidad de inversión no compromete gasto público ni endeudamiento.
Enormes han sido los incrementos de precios de combustibles a los consumidores. Sin embargo, no se ha podido desmontar el subsidio, que este año puede pasar los 5 billones de pesos. En cada ocasión que estamos cerca de desmontar el subsidio, el petróleo da un nuevo salto en la cotización internacional.
Para mitigar levemente el alza interna del precio, se ha fijado en 80 dólares el valor de referencia base de liquidación del IVA y de las sobretasas. Se ha decidido introducir mayores incrementos en la gasolina que en el ACPM, dado que éste prevalece en el transporte público.
Tenemos todas las posibilidades para obtener combustibles alternativos. Las condiciones naturales del País, el marco tributario y la confianza inversionista, nos permiten afirmar que al concluir este año se estarán produciendo 2 millones de litros al día entre etanol y biodiesel, provenientes de caña de azúcar y palma africana. Los pronósticos son excelentes y se trabaja en la experimentación con otras fuentes.
El Ministerio de Agricultura exige a las plantas de biocombustibles obtener certificación de que no amenazan el bosque ni la seguridad alimentaria. Colombia, con 578.000 kilómetros cuadrados todavía en bosque y 43.000.000 de hectáreas de sabanas, se privilegia con gran potencial de producción de biocombustibles sin maltratar la selva y sin arriesgar la seguridad alimentaria.
Una muy buena noticia para el País es la aprobación reciente a la instalación de 9 plantas de generación de energía, que suman 3.428 megavatios. Con otros proyectos en estudio se dará garantía de suministro adecuado más allá del año 2020. La instalación y operación de estas plantas será por cuenta de empresas independientes que no comprometen el presupuesto ni el endeudamiento de la Nación. Esto constituye gran progreso al recordar que el sector privado había comprado hidroeléctricas en el pasado y ahora por primera vez las instala. Está fresco en la memoria de los colombianos que el sector eléctrico llegó a participar en el 28% de la deuda externa, y en el presente, los nuevos desarrollos no traerán esos riesgos.
Alimentos
Una preocupante inflación en los alimentos golpea al mundo entero. Mayores consumos, alzas descomunales de fertilizantes e insumos en general, disminución de oferta por desastres naturales o desviación hacia la producción de combustibles, aparecen entre las causas.
Nuestra determinación es producir alimentos. El conjunto de apoyos fiscales y financieros, como la ley Agro Ingreso Seguro, los estímulos tributarios, las bonificaciones en precio, el afán por desatrasar infraestructura y la paulatina ganancia de la Seguridad Democrática, deben conducirnos a aumentos sustanciales de la oferta agrícola y pecuaria.
Para estimular la producción, a través de la ley Agro Ingreso Seguro, se ha habilitado la línea de crédito menos cara de la economía, que por cada millón de pesos paga un interés mensual inferior a 7.000 pesos.
Han sido ofrecidos precios adicionales a la producción de maíz amarillo tecnificado y fríjol de zona de renovación o soca de café. Con recursos fiscales, para el maíz el incremento es de 30.000 pesos por tonelada en el primer semestre y de 50.000 pesos para siembras registradas en la segunda mitad del año. En fríjol se agrega un precio de 150.000 pesos por tonelada.
El cumplimiento de las normas de la Comunidad Andina había limitado nuestro potencial productivo de arroz por la necesidad de absorber producción de países hermanos como Ecuador, que al cancelar envíos hacia Colombia nos ha obligado a incrementar producción. Para defender al consumidor en el primer semestre de 2009 se ha incorporado un incentivo de almacenamiento de 25.000 millones de pesos para 230.000 toneladas de arroz.
Se ha procurado dar todo el alivio arancelario a la importación de alimentos, salvo en casos de restricciones legales derivadas de tratados de comercio, a fin de no tener que extender la cláusula de tratamiento más favorable incorporada en esos tratados.
La escasez y carestía en la oferta mundial de alimentos hacen inaplicable la vieja solución de importar sin impuestos para contener la inflación interna.
El precio del petróleo ha jalonado la inflación de insumos agropecuarios. Incluso, fertilizantes como fósforo y potasio, ajenos al petróleo, han incrementado sustancialmente sus cotizaciones. Con empresas productoras se han acordado mitigaciones transitorias en estas alzas hasta el mes de agosto.
Comprendemos la esperanza de muchos colombianos que dicen: ha llegado la hora de producir alimentos. Ningún esfuerzo se puede ahorrar. Avanzamos en obras de infraestructura tan importantes como los distritos de riego de Ranchería en La Guajira y del Triángulo del Tolima. Hemos autorizado semillas resistentes a plagas y de mayor productividad. La ley Agro Ingreso Seguro, apenas en su segundo año de vigencia, empieza a mostrar una tendencia de renovación y dotación de maquinaria agrícola. La misma norma se constituye en un formidable apoyo a la investigación.
La hora de producción de alimentos es la hora de los Llanos Orientales. La topografía mecanizable con leves ondulaciones que evitan inundaciones, el clima, los ríos, el régimen de lluvias, son ventajas que superan la acidez del suelo, su falta de fertilidad y de permeabilidad. Hay experimentos excelentes que con cal agrícola, materia orgánica proveniente de pastos agresivos en raíces, cultivos como la soya que fijan el nitrógeno del aire y rompen el suelo con sus nódulos, la siembra directa de zanja superficial sin voltear la tierra, muestran en la región una realidad óptima para Colombia. Óptima para cultivos de ciclo corto como soya y maíz, encadenados con avicultura y porcicultura, y para plantaciones permanentes como palma africana, maderables y caucho.
Debemos poner cuidado en la titulación propietaria porque es la reserva agrícola disponible en el País. Ojalá prevalezcan las concesiones y los acuerdos entre industriales e inversionistas con los propietarios y poseedores, sin que estos sean desplazados.
Los experimentos que están a la vista indican que Carimagua, la extensión estatal de más de 17.000 hectáreas, debe combinar un proyecto de agro empresarial, de alta productividad, con soluciones a familias desplazadas. El convenio concebido con ECOPETROL para una alianza con estos compatriotas debe lograr un magnífico resultado. Para los desplazados es una oportunidad de actividad e ingresos. Para ECOPETROL el proyecto ofrece una alternativa de investigación y producción de biocombustibles, sin necesidad de entrar a causar un fenómeno especulativo de precio de tierras.
Tasas de interés
La elevación de las tasas de interés contiene un choque de preocupaciones. El Banco de la República considera que era necesario frenar el exceso de confianza para solicitar y aprobar crédito y dar señales para precaver el ingreso del País al estadio sicológico de la inflación. Los productores de bienes y servicios estiman que las tasas son un factor de costo limitante de la oferta. Los consumidores temen a los nuevos egresos por cuenta de una creciente factura de intereses y se privan de compras o sus recursos no les permiten adquirirlas.
El tema es bien delicado: ¿cómo eludir la amenaza de la alta expectativa inflacionaria sin que ello se constituya en una parálisis de la economía?
Algunos opinan que aplaudimos el crecimiento alto y sostenido de otros países y nos atemoriza que ocurra en Colombia.
Es claro que nuestro País no está en presencia de una inflación monetaria. Sufrimos una inflación mundial en combustibles y alimentos.
El aumento de producción es la respuesta necesaria. Nos preocupa que las tasas de interés desmotiven consumos y encarezcan producción, finalmente esta sea reducida y se incremente la inflación.
Pensamos que el exceso de confianza en el endeudamiento es asunto superado. Que la situación financiera es diferente a aquellas de vísperas de crisis. Que hay esfuerzos distintos al riesgo de estancamiento productivo para enfrentar el peligro inflacionario.
El nivel de cobertura de cartera por mora del sistema financiero era del 32% en 1997 y en la actualidad es del 112%, lo que indica una menor posibilidad de riesgo por cartera. Hoy no se protege solamente la cartera morosa, se obliga también a aprovisionar el riesgo implícito al momento de otorgar el crédito.
Endeudamiento del Estado y gasto público
Es normal que en una coyuntura de preocupaciones por inflación y tasas de interés se exija la reducción del endeudamiento y del gasto público. Así lo hemos hecho. El endeudamiento neto ha pasado del 48% del PIB en 2002 al 28% en 2007 y seguiremos la ruta de mantener la tendencia. Para el resto de 2008 la reducción de gasto público es de 1.5 billones de pesos y la programación inicial de 2009 ha sido disminuida en más de 9 billones.
Ha sido constante del Gobierno el saneamiento de las finanzas del Estado. En nuestro período el déficit consolidado ha decrecido de 4.2 del PIB que alcanzó en agosto de 2002 al 1%, pero en el Gobierno Nacional Central, que tiene las obligaciones más apremiantes de la caja pública, la disminución ha sido de 7.5% al 3.2% del PIB. Este 7.5% resulta de sumar al déficit de 6.1% el nuevo costo derivado del agotamiento de las reservas del Instituto de los Seguros Sociales que se paga año tras año desde 2003.
Hemos procurado que, sin incluir los gastos extraordinarios de seguridad, el crecimiento del presupuesto sea inferior al crecimiento del producto. El consumo de la administración pública ha caído del 21.4% del PIB en 2002 al 18% en 2007. Por cuarto año consecutivo, de resaltar el año electoral 2006, el Gobierno no presenta proyecto de adición presupuestal al Congreso, que de acuerdo con el registro histórico, siempre era aprobada una partida muy superior a la inicialmente propuesta, con su grave impacto en el gasto y en la deuda.
Nuestro mayor esfuerzo ha sido la reforma administrativa. Hasta el momento hemos reformado 411 entidades del Estado. Se han suprimido 37.000 cargos, el ahorro de caja anual es de 1.4 billones de pesos, y el ahorro fiscal, en el período 2002-2010, es de 6.28% del PIB.
Son de destacar las reformas de la antigua TELECOM, ECOPETROL y el Seguro Social. La nueva TELECOM, Colombia Telecomunicaciones, tiene hoy valor positivo, futuro promisorio, capacidad grande de inversión, está al día con los pensionados de la vieja entidad liquidada sin recurrir al presupuesto nacional. ECOPETROL despejó su futuro laboral y pensional y ha multiplicado por más de cuatro su capacidad de inversión sin presionar las finanzas de la Nación. En el Seguro Social, reforma que se inicia, los primeros resultados muestran que se hace el tránsito del desgreño estatal a la eficiencia social; basta mirar la aceptación de pacientes y personal a la transformación adelantada ya en varias de sus clínicas.
Estas reformas no desmantelan al Estado, se orientan a ponerlo al servicio de la comunidad y no de la alianza entre politiquería y excesos sindicales. Estas reformas han debido superar el obstáculo del radicalismo ideológico. Continuaremos con ellas como un legado definitivo de seguridad en las finanzas públicas y de legitimación de la función social del Estado.
Muy importante resaltar, para alimentar la discusión doctrinaria, que hoy el patrimonio del Estado vale mucho más que en 2002. Debemos seguir reformando y respondiendo con argumentos a la crítica que nos ha exigido más transferencias a las regiones y además nos emplaza a tener menos gasto público.
Hay gastos imperativos y otros que no podemos reducir. Para 2009, por ejemplo, tenemos 2.8 billones de gastos extraordinarios, entre los cuales se cuentan 100 mil millones para víctimas de la violencia, 250 mil para vivienda de desplazados, 335 mil para la corrección paulatina de la doceava de transferencias que desde 2000 se contabiliza en el siguiente ejercicio fiscal, 700 mil para reliquidaciones pensionales y sentencias sobre invalidez y sobrevivencia, 560 mil para otras contingencias judiciales y 400 mil millones para cesantías del magisterio.
La reducción del gasto no debe afectar la Seguridad Democrática, no debe afectar la necesidad de desatrasar la infraestructura y no debe detener la política social.
Desatrasar la infraestructura
Reconocemos que la falta de infraestructura es una barrera al crecimiento de la economía. En comunicaciones el salto hacia el futuro es veloz. Las dificultades se ubican en los modos de transporte.
En el Plan 2500 se acumulan más de 2.030 kilómetros de nuevos pavimentos. Avanza la construcción de dobles calzadas, el inicio de obras en nuevas concesiones y se preparan licitaciones para otras de la mayor importancia como la doble calzada Bogotá-Santa Marta o Ruta del Sol, la de Bucaramanga-Cúcuta, la de Medellín-Turbo o Ruta de la Nueva Independencia, la Transversal de las Américas, de Palo de Letras en la frontera con Panamá a Paraguachón en la frontera con Venezuela. Esta última tiene como base de financiación, adicional a lo comprometido, un patrimonio autónomo, en proceso de constitución, integrado por los activos de Corelca que han sido saneados por el Gobierno.
Hemos explicado a todo el País que solamente estamos en la posibilidad de acometer como nuevas obras los corredores prioritarios de competitividad y de comercio exterior. En efecto, están en proceso de apertura varias licitaciones.
Esperamos concretar los primeros planes departamentales en vías con créditos en pesos para que las entidades territoriales den otro paso en la dirección del Plan 2500.
Confiamos en que la entrega anual de 145 millones a cada municipio para sus vías, con esfuerzos adicionales de departamentos, la cofinanciación comunitaria y las asociaciones entre alcaldías, supere en algo la angustia por esta red vial.
Después de la concesión sobre el aeropuerto El Dorado se han adjudicado otras que incluyen el José María Córdova de Rionegro.
Las noticias de ferrocarriles son buenas por el progreso de la segunda línea entre Chiriguaná y Santa Marta, la nueva fase de recuperación con destino Tolima y Huila, el cambio de concesionarios de Buenaventura y el inmediato incremento de la oferta de servicios. Gracias a la confianza en el País se estudia la concesión del Carare para dar salida a los carbones de la meseta Cundiboyacense. Sería también un gran alivio para Bogotá.
Estamos en el inicio de un período de inmensa inversión portuaria, apoyada además por estímulos tributarios como la ley de nuevas zonas francas. Solamente en Buenaventura, las inversiones definidas con los diversos concesionarios suman alrededor de 1.000 millones de dólares.
Se ha iniciado la ejecución de las primeras obras portuarias en el río Meta. El reto inmediato en el río Magdalena es la defensa del Canal del Dique.
Empiezan a tomar cuerpo los sistemas de transporte masivo en construcción en 9 ciudades. Con aportes nacionales del 70% del costo, en Bogotá el Transmilenio supera la extensión de 82 kilómetros. En breve iniciará su construcción en la carrera 10ª y en la calle 26. Financiaremos el porcentaje que corresponda del Tren de Cercanías como la primera etapa del metro de la capital. Tenemos ilusión con la inauguración del Mío de Cali, que con el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio, los asentamientos de vivienda social para reubicar a los moradores de los tugurios del jarillón, la nueva disposición final de basuras y otros progresos, contribuirá a un renovado aire de optimismo en la capital vallecaucana.
Estamos explorando todas las posibilidades de financiación de infraestructura.
Política Social
Nuestro afán por la seguridad y la confianza inversionista es el medio para tejer la cohesión social expresada en superación de la pobreza y construcción de equidad.
El recorte del gasto no puede perjudicar las metas sociales en educación, capacitación, salud, nutrición de niños y ancianos, Familias en Acción, Banca de Oportunidades, Familias Guardabosques, atención de desplazados y de víctimas de la violencia.
En la fecha hacemos énfasis en los retos de la economía, porque solamente la prosperidad económica con sentido fraterno permite que los resultados sociales superen las expectativas de los discursos de campaña.
En las últimas semanas los municipios han empezado a recibir, dentro de los recursos de calidad, las sumas para la gratuidad educativa, que este año alcanzan 120.000 millones de pesos para 4 millones de niños, dinero que debe llegar directamente a las escuelas. También se están girando 270.000 millones a las alcaldías, producto del crecimiento de la economía por encima del 4%, para destinarlos a hogares múltiples y jardines infantiles que faciliten la escolarización de la primera infancia. De esto modo cumplimos con el Acto Legislativo de Transferencias que promueve la descentralización sin arruinar a la Nación.
Esperamos que los macroproyectos desaten una era positiva en vivienda social. Los recursos de crédito concertados con el sector financiero y las nuevas estrategias del Fondo Nacional del Ahorro, que ha abierto las puertas para la masiva afiliación de colombianos pobres e informales, deben aportar a concretarla.
Continuamos semana tras semana en la promoción de Banca de Oportunidades para que los compatriotas de menores recursos accedan al préstamo institucional y no tengan que seguir apelando al mercado negro de la usura. La meta para el segundo Gobierno es entregar 5 millones de créditos populares. A 31 de mayo habíamos llegado a 2.568.000, con un saldo de cartera de 6.7 billones, que representa el 5.6% de la cartera financiera sin leasing, cuando en 2002 representaba el 1.5%. En marzo completamos 774.000 microempresas que por primera vez han recibido este tipo de crédito.
Banca de Oportunidades implica esfuerzo público pero no gasto público. Es un programa para superar condiciones de exclusión en el cual predominan la voluntad de compromiso con la Patria y la perseverante determinación de gestión popular.
El último pago de Familias en Acción benefició a 1.7 millones de familias pobres o desplazadas. Se verifica rigurosamente el cumplimiento de las condiciones de asistencia escolar y revisión médica de crecimiento y nutrición. Es causa muy eficiente de disminución de deserción escolar. Es política social estructural que trasciende lo meramente asistencial, pues a través de la educación abre los caminos de movilidad social, esencia de la democracia. Expresamos al Congreso, con entusiasmo, el propósito de llegar en 2009 a 3 millones de Familias en Acción.
Los programas de alimentación infantil de Bienestar Familiar llegan a 6 millones de niños, que con Familias en Acción superan los 9 millones, pero faltan 3 millones. Hay 840.000 ancianos con apoyo oficial, pero necesitaríamos 2 millones. De acuerdo con la decisión del Congreso, la beca de las madres comunitarias representa el 70% del salario mínimo, gran aumento al que se adiciona su afiliación al Fondo del Ahorro, pero no les hemos resuelto el problema de falta de acceso a la pensión. Como todo en la vida pública, por cada problema resuelto quedan mil retos por solucionar.
Tenemos 66.000 Familias Guardabosques y en todo el País nos reclaman más. El presupuesto está estancado, infortunadamente. Ojalá tuviéramos más cooperación internacional para este programa, modelo para sustitución de cultivos ilícitos y preservación del bosque, fundamental en la tarea contra el calentamiento global.
La defensa de la política social se hace más urgente en momentos de inflación y dificultades económicas que descargan las mayores privaciones en los sectores pobres y vulnerables. La democracia se ve amenazada cuando las dificultades se enfrentan con maltrato a los pobres.
Desastres de la naturaleza
Hemos sufrido daños por las fuerzas de la naturaleza que forzosamente incrementan el gasto público. La norma del Gobierno es hacer presencia en todo sitio donde los compatriotas sufran estos golpes y dar soluciones eficaces, con el mayor cuidado presupuestal. Reconocemos que los ciudadanos prologan su angustia por culpa de nuestras demoras.
Impuestos
Debemos defender la estabilidad del régimen tributario al cual hemos llegado, sin perjuicio de ajustes como el proyecto de ley que se presentará para dar mejor orden a los fiscos de los departamentos.
Debemos recordar que el Gobierno y el Congreso han adoptado un régimen impositivo, que sin ser simple, resulta bastante competitivo para atraer la inversión.
En lugar de disminución general y cuantiosa de impuestos, se han introducido incentivos para la inversión que se traducen en un tratamiento más benigno a quienes contribuyen al crecimiento y al empleo.
Estos estímulos tributarios ayudan muchísimo al aumento de la inversión tal como se ha comprobado en los últimos semestres. Sería un error desmontarlos como algunos manifiestan, pues están empezando a dar sus frutos y restarían seriedad al País. Solamente las nuevas zonas francas han presentado ya 31 solicitudes, intensivas en tecnología y empleo de buena calidad, formal, sin intermediarios y con afiliación a la seguridad social. Un ejemplo, competir con países vecinos que atraen la inversión china para la dotación de los puertos sería imposible sin esta figura, que también ha sido definitiva en la factibilidad de los nuevos proyectos de generación de energía.
La deducción del 40% de las nuevas inversiones causantes de renta es un atractivo a la reinversión de utilidades, tan necesaria como la creación de empleo.
La realidad, independiente de opiniones de la academia económica y del pensamiento político, es la adopción, por muchos países, de estímulos para captar inversión, a lo cual no podemos ser ajenos.
Estos incentivos ofrecen al fisco una gran tasa de retorno: operan sobre inversiones que no existían, que equivalen a rentas con las cuales no se contaba y, a su vez, aumentan la base contributiva de los siguientes años con su positivo efecto en el empleo y las cotizaciones a la seguridad social.
Después de dos reformas laborales que han traído un equilibrio entre la estabilidad de los trabajadores, la menor inflexibilidad para el enganche y el despido, la racionalidad de los recargos y la predecibilidad de otros costos como el auxilio de cesantía, la armonía social no daría espacio para otro ajuste laboral. Por lo anterior, el camino correcto ha sido luchar por el empleo a través del estímulo a la inversión y no con medidas como la eliminación de las cotizaciones al Sena, ICBF y cajas de compensación familiar.
Es difícil, en una economía cada vez más integrada al mundo, animar el empleo de manera diferente a la del aliento a la inversión. Parece claro que si la inversión no es factible, el empleo tampoco.
En esta parte tributaria debemos tener en consideración la tarea de lucha contra la evasión que acelera la relación electrónica entre la Administración de Hacienda y el contribuyente. Los resultados son importantes: los contribuyentes de renta en 2002 eran 395.000, en 2008 son 1.556.730; en IVA de régimen común han pasado de 221.000 a 513.400; y en IVA de régimen simplificado eran 611.000 y hoy son 2.666.801.
El País necesita estabilidad tributaria como factor de confianza. El Gobierno prefiere recortes en el gasto público, que producen sacrificios a corto plazo, que bandazos tributarios que afectan la inversión y derivan en sacrificios a mediano y largo plazo.
Confianza inversionista y política social constituyen la clave para resistir la crisis de la economía global que nos golpea.
Reforma Constitucional
En los próximos días presentaremos el proyecto de Reforma Constitucional con temas políticos y de justicia. Una política más pura da más confianza. Compartimos la tesis de acompañar la lucha contra la impunidad individual con la sanción a los partidos. Que las colectividades sean plenamente diligentes para evitar la penetración de la delincuencia. Que la financiación de la política sea transparente y austera, la contabilidad simple y fácil de verificar.
En los temas de justicia insistiremos en la necesidad de autorizar la sanción a la dosis personal de droga. En todo el territorio, las comunidades, especialmente las más pobres, estiman que la indulgencia frente a la dosis personal se utiliza para vincular menores en la distribución de narcóticos e inducirlos en la carrera del delito. No hay proporción entre la lucha contra el narcotráfico y la permisividad con la dosis personal. Nadie comprende que se haya extraditado a más de 800 personas en los últimos años y se autorice el consumo con la disculpa de su prohibición en lugares públicos o en presencia de menores. Más difícil la prevención y la rehabilitación sin sanción al consumo, que con el debido castigo.
La Reforma a la Justicia debe evitar la politización de la justicia y la judicialización de la política.
Invitamos al Congreso a sacar adelante la mejor reforma, que se aplique plenamente para el debate electoral de 2010. Que para estudiarla no haya diferencias entre principales y suplentes de este período, sino convergencia alrededor del propósito de tener un Congreso de Opinión, respetado por cada ciudadano.
La Paz
Deberíamos entrar en la hora de la paz definitiva. En mi juventud, en la Universidad leíamos comunicados de las FARC que pedían la elección popular de alcaldes y gobernadores, como pasos de ampliación democrática, para ellos dejar las armas. Estas reformas fueron introducidas. A raíz del debate sobre la Unión Patriótica, las FARC reclamaron las garantías a la oposición política como condición de paz. La Seguridad Democrática ha hecho efectivas esas garantías. Después presentaron como pliego fundamental el desmonte del paramilitarismo. Hoy no existe. La palabra paramilitar surgió para denominar bandas privadas criminales cuyo propósito era combatir a la guerrilla. El Estado ha recuperado el monopolio de combatir el crimen. Los delincuentes de diferente denominación hoy son cómplices unidos en el ilícito y no antagonistas.
¿Por qué no se hace la paz definitiva? El Gobierno tiene toda la voluntad.
Las víctimas
Es la hora de las víctimas. Así se desprende de la evolución Constitucional y legal del derecho penal, que asigna más importancia a la sanción como elemento de protección de víctimas, que como castigo al delincuente. Pedimos al Congreso ponderación en lo fiscal y administrativo. Nada repara totalmente el dolor por el daño causado por la violencia, en la propia persona o en un allegado. El ánimo de reparación integral, en lo económico, debe considerar las dificultades fiscales y en lo administrativo la necesidad de evitar más gastos de nómina.
Celebramos que la Seguridad Democrática quitó a las víctimas la mordaza para reclamar.
Los Juegos Olímpicos
Nuestras delegaciones para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos han recibido la mejor preparación de nuestra historia. Hicimos todo el esfuerzo presupuestal para lograrlo. Concluidos los Juegos Suramericanos de Argentina y los Panamericanos de Brasil, nuestros deportistas no interrumpieron el ritmo de entrenamiento. La delegación consta de 68 deportistas, 14 más que hace 4 años, que participarán en 15 deportes, uno más, y en 19 disciplinas.
Tenemos todas las energías en la construcción y adecuación de escenarios en Cali, Buenaventura y en San Andrés, especialmente, para los Juegos Nacionales de este año.
Esta mañana conmemoramos el 20 de Julio en Leticia, como lo propusimos hace un año en San Andrés. Nos honró la compañía de los Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Alan García de Perú. El Himno Nacional entonado por Shakira y el concierto de Carlos Vives, en el corazón amazónico, rompieron las tonadas musicales de más de 120.000 artistas que a esta hora adelantan conciertos en 1.048 municipios de la Patria. Es un anticipo del Bicentenario de 2010, en cuyo lucimiento reflexivo y prospectivo están inmersas nuestras emociones de Patria. Que el grito de millones de colombianos y de extranjeros que nos han acompañado haga eco en el oído de quienes deben liberar a los secuestrados que permanecen en cautiverio.
Agradezco al Congreso, a sus directivos, encabezados por la Presidenta del Senado, doctora Nancy Patricia Gutiérrez y Oscar Arboleda, Presidente de la Cámara, la tarea cumplida en el período anterior y hago votos porque el período que empieza sea de gran utilidad en el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la institucionalidad política.
Colombia segura, próspera, equitativa, será motivo de felicidad para las nuevas generaciones. Persistamos sin desmayar, ajustemos sin desistir. Construyamos confianza en la Patria, trabajemos con amor por este bello concepto del colectivo nacional. Trabajemos por una democracia más objetiva en la crítica, menos enfrentada en lo personal, más argumental en la contradicción. Más unida en lo fundamental. Hagamos pedagogía sobre la seguridad desde la democracia, la inversión desde la responsabilidad social y la cohesión social desde las libertades.
Honorables Senadores y Representantes, declaro instaladas las sesiones ordinarias del Congreso de la República.
Muchas gracias”. |
