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Palabras del Presidente Álvaro Uribe durante el Consejo Comunal celebrado en San Marcos, Sucre

Junio 21 de 2008 (San Marcos - Sucre)
     
 

Muchas gracias por permitirnos estar hoy en San Marcos, aquí en Sucre. En este bello municipio que, podríamos decir, es el límite entre las tierras altas de la sabana y las tierras bajas de La Mojana. Podríamos decir que San Marcos es la puerta de entrada a La Mojana, por aquí, por el departamento de Sucre.

Cruzado por el Río San Jorge, que forma un bellísimo conjunto de ciénagas. De memoria, les digo a mis compatriotas que el Río alimenta, aquí cerca, la Ciénaga de Ayapel, al sur. Aquí la Ciénaga de San Marcos, bellísima. Además alimentada por el Caño Carate. Sigue el Río aguas abajo y alimenta la Ciénaga de San Benito Abad, para ir a desembocar al Río Cauca.

Aquí podemos decir: estamos en el Delta de San Jorge, que se junta con el Delta del Río Cauca, y confluyen al Río Magdalena, formando la gran Depresión Momposina. Una tierra muy rica, muy golpeada por inundaciones y en otras partes muy golpeada por sequías.

Estamos haciendo unas obras muy importantes que han defendido parte de las inundaciones. Todavía nos faltan muchas obras para seguir avanzando. Por ejemplo, en la ultima inundación me decían: de Achí hacia el sur ha funcionado muy bien toda la obra y se han controlado inundaciones. De Achí hacia el norte, se presentó una inundación por Playa Alta, donde apenas estábamos empezando a intervenir. Y como toda la obra la hemos hecho a este lado del Río Cauca, aguas abajo, margen izquierda, entonces ahora se han presentado unas inundaciones en el otro lado del Río Cauca.

Hay que seguir en esa tarea. Vamos a escuchar hoy al Director de Invías, al Director de la Corporación del Río Magdalena, a ver cómo avanzamos en esa tarea.

De todas maneras aquí hay 400 mil hectáreas que, rescatadas de las inundaciones, sin afectarles un nivel razonable de humedad, pueden ser despensa de la Patria y del mundo, en esta época de tremenda crisis de alimentos en todo el planeta.

En medio de las dificultades, pienso que se está avanzando en dos obras reclamadas durante 40 años: la carretera San Marcos – Majagual – Achí, de 98 – 102 kilómetros, que es la que conecta este San Marcos con La Mojana. Y las obras de defensa en el Río Cauca, para prevenir estas inundaciones de La Mojana.

Y falta mucho. Pero diría que hay un buen avance de la obra.

Le quería preguntar a Grodco (firma contratista), ¿por qué tienen unos pasos tan malos en el trayecto de la vía? ¿Y cuál es el cuento de que el Gobierno Nacional no les paga?

Porque el Gobierno Nacional ha hecho todo el esfuerzo para que estos contratos no se pueden atrasar por falta de plata. Otra cosa es que no cumplan los requisitos para las cuentas.

En este Gobierno, en seis años de Gobierno que vamos a ajustar en agosto, no pueden decir los contratistas que hemos dejado de pagarles por no tener la responsabilidad de tener presupuestados y disponibles los recursos.

Siempre hemos presupuestado los recursos. Los hemos tenido disponibles para pagarles a los contratistas. Otra cosa es que se tengan que surtir unos trámites legales.

Porque me decía ahora el Alcalde de San Marcos, Cecilio Acosta, y el señor Gobernador de Sucre, Juan Carlos Barraza, que Grodco alega que el Gobierno no ha sido diligente para pagar. Y una norma de este Gobierno es que los contratistas no se puedan quejar de que no presupuestamos los recursos, de que no giramos los recursos a tiempo.

Uno de los temas importantes de los Consejos Comunitarios es el de contratistas visibles. Cada día tenemos que informar a los compatriotas qué son los Consejos Comunitarios. Y ahora que les aparecen unas críticas a los Consejos Comunitarios, toca informar más.

Uno de los aspectos buenos de los Consejos Comunitarios es que contratistas e interventores tienen que dar la cara a la comunidad.

El mejor control que hay para que avancen las obras públicas es el control comunitario. Y nosotros tenemos unas convicciones sobre la manera como debe funcionar el Estado, que creemos que pueden ser útiles a la Patria.

El Estado Comunitario: una gran participación de la comunidad para definir la acción del Gobierno, para participar en la ejecución de la acción del Gobierno, una gran participación de la comunidad para vigilar la acción del Gobierno.

Entre más participe la comunidad, menos malos deben ser los gobiernos. Por eso nosotros hemos estimulado tanto el Estado Comunitario.

Y también creemos que el Estado tiene controles. Si uno comete un delito, la Fiscalía lo mete a la cárcel: control penal.

Si defraudo al Fisco, la Contraloría le hace un juicio fiscal y lo embarga, y le embarga el salario, los bienes: control fiscal de la Contraloría.

Si viola una norma disciplinaria, la Procuraduría lo sanciona o con multa o con sanción o con destitución: control administrativo, disciplinario.

El Congreso de la República tiene que cumplir su tarea de citar permanentemente al Gobierno, a pedirle cuentas: control político.

Y creemos que a todos esos controles del Estado de Leyes, hay que sumarle un control muy importante, que es el control de opinión. Lo ejerce la comunidad, la organización comunitaria, los dirigentes de base, lo ejercen los medios de comunicación.

Nosotros creemos mucho en el control de opinión, como un medio para que el Estado funcione, para que los funcionarios del Estado tengamos que ser más responsables.

¿Qué le pasa con la plata de Grodco, para poderlo acosar por los huecos que aparecen en los periódicos?

Gustavo Rodríguez, delegado de Grodco: Buenos días. Nosotros también estamos consternados con las calumnias, las mentiras y los chismes que a veces la gente emite. Nosotros jamás hemos dicho que el Gobierno no nos ha pagado. Hubo conflictos y controversias contractuales, que fueron debidamente resueltas entre contratista, la interventoría y el Invias”.

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: “Recuerdo una de ellas, porque a esta carretera le hemos puesto toda la atención. Yo creo que La Mojana es una de las zonas del país que más hemos visitado en este Gobierno. Una de las controversias fue por la fuente de materiales pétreos y la distancia de acarreos. Y el informe que tuve es que eso se resolvió.

Gustavo Rodríguez, delegado de Grodco: “Sí, señor Presidente. A pesar de que las condiciones de explotación de la fuente de materiales son muy difíciles. Allá en este momento tenemos un buldózer D9N, una 330, una 320, una primaria de 25 por 40, y tenemos 94 dobletroques trabajando en el sector. Más de 60 equipos de maquinaria trabajando. Eso es un esfuerzo que demuestra la capacidad de la organización para responder el reto que adquirimos para ejecutar este contrato. Nosotros no hemos tenido problemas en la solución de continuidad. Hemos garantizado la transitabilidad.

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: A mí en todo el país me dicen, los colombianos, los compatriotas: Grodco es una empresa muy seria, muy buena. Confíen en ella.

Gustavo Rodríguez, delegado de Grotco: Confíe usted, Presidente. Nosotros le respondemos.

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: ¿Qué le decimos al periódico El Meridiano, que saca esta foto? No me extraña, esto es muy difícil. Uno llega a San Marcos por unas tierras onduladas muy bellas. Y de aquí para allá, unas tierras hundidas en el agua. Estos 98 – 100 – 102 kilómetros de carretera son de terraplenes. Es construir una carretera rescatándola del agua.

(…)

Proyectos laborales aprobados por el Congreso

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Entre las leyes que aprobó el Congreso de la República, que terminó este período ayer, hay dos leyes laborales de gran importancia. Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, ¿puede dar un resumen?

Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt: Hay dos proyectos de ley muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Tradicionalmente ha sido el Ejecutivo, el Gobierno, quien tiene la posibilidad de declarar o no la ilegalidad de una huelga. En este caso no va a ser el Gobierno, sino que va a ser directamente la Rama Judicial la entidad encargada de la declaratoria de ilegalidad o no de la huelga.

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: ¿Se alcanzó a conciliar el proyecto?

Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt: Sí, Presidente.

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: O sea que ya lo único que le falta es la sanción por el Ejecutivo.

Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt: Sí, Presidente. Eso nos permite solucionar una de las cuatro divergencias legislativas que todavía tiene Colombia frente a los convenios firmados con la OIT.

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Yo rogaría a las centrales obreras de Colombia entender esto como el cumplimiento de un compromiso en el cual el país estaba retardado, y como una expresión de nuestra solidaridad y de la solidaridad del Congreso con los trabajadores de la Patria.

Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt: Ese mismo proyecto tiene también un tema que es muy importante, que es la convocatoria de los tribunales de arbitramento. Tradicionalmente, después de determinado número de días, era el Gobierno quien tenía la potestad de convocar el tribunal de arbitramento. Este proyecto de ley dice que serán conjuntamente las partes, empleados y trabajadores, los que, si se ponen de acuerdo, convocan el tribunal.

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Se decía: después de que pasen 60 días de huelga, el Gobierno la acaba, convocando un tribunal. El Gobierno renunció a esa competencia legal. Y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se presentó el proyecto, que el Congreso acaba de aprobar, para que, donde es legal la huelga, el Gobierno pierde esa potestad, no la pueda frenar y tenga que ser un acuerdo de trabajadores y empleadores el que diga: le ponemos fin a la huelga y nos sometemos a un tribunal de arbitramento. Así queda.

Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt: Así quedó, Presidente. El otro proyecto de ley, que también era prioritario en el contexto laboral, es el que tiene que ver con cooperativas de trabajo asociado. En Colombia habíamos encontrado que, a través de algunas cooperativas de trabajo asociado, se estaba abusando de la relación de muchos de los cooperados.

Salió un proyecto de ley con el que quedamos muy tranquilos. Las cooperativas deben asegurar que sus cooperados no reciban una compensación menor de un salario mínimo, deben asegurar el pago de la seguridad social de sus afiliados (ese es un elemento muy importante), deben pagar parafiscales a nivel de Sena, Bienestar y Cajas de Compensación, y no pueden delegar algunas cosas.

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: No pueden ser intermediarios laborales. Tienen que ser cooperativas verdaderamente de servicios. Que no se utilicen simplemente para hacer pensar que el empresario no es el empleador. Que no se utilicen para engañar al trabajador sobre quién es el empleador.

Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt: Y no pueden delegar la potestad disciplinaria, que es un elemento también importante.

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez: Las centrales obreras de Colombia decían que se prohibieran las cooperativas. Nosotros no podemos, porque el cooperativismo le presta grandes servicios a la comunidad colombiana.

Pero esta ley, pediría también a los trabajadores de Colombia que la reciban bien. Porque es un gran paso, donde se evita que las cooperativas se utilicen para abusar de los trabajadores. Esos son los dos proyectos.

Proyecto de Reforma Financiera

El Congreso avanzó en otros proyectos. Son muchos. Quisiera mencionar la importancia de haber aprobado, en primer debate de Comisiones Conjuntas, el proyecto de reforma financiera, también de gran interés para los trabajadores, porque les da unas flexibilidades a los fondos de pensiones para manejar sus ahorros.

Proyecto sobre reparación a víctimas de la violencia

En el proyecto de víctimas es bueno decirle al país lo siguiente: aquí todos nos dolíamos por la violencia, pero en la práctica no había derecho para las víctimas. Ese derecho empieza a darse, gracias a la política de Seguridad Democrática de este Gobierno.

Las víctimas empezaron a denunciar y a reclamar. Tenemos identificadas en la Ley de Justicia y Paz unas 135 mil víctimas. El Gobierno expidió hace meses un decreto para reglamentar una especie de reparación integral a las víctimas, porque reparación total no hay. La muerte del ser querido, el atentado contra el ser querido, eso duele durante toda la vida. Esa violencia ha dejado dolores muy duros. Pero la reparación por lo menos mitiga el dolor. Y lo más importante, crea reconciliación en la comunidad.

Ese decreto implica al Gobierno y a los gobiernos que vengan en los próximos años, un gasto para reparar víctimas, que puede ser de siete billones. En un país que todavía tiene tanto endeudamiento y tanto déficit, esa es una suma mayor.

¿Qué pensamos nosotros del proyecto de ley que se acaba de aprobar en la plenaria del Senado y que va a la Cámara? Lo importante es que ese proyecto de ley se ajuste al equilibrio. Hay que reparar a las víctimas, teniendo en cuenta las limitaciones fiscales de Colombia.

Yo le expresaba a los Ministros: ojalá ese proyecto de ley se ajustara totalmente al decreto. Con toda la solidaridad con las víctimas, vamos a pedirle a la Cámara, ahora que entra a la Cámara de Representantes, una revisión cuidadosa. Porque si nos excedemos, llega un momento en que les van a decir: No. Eso sí está en la ley, pero no hemos podido.

La peor consecuencia del exceso en las leyes es la incapacidad de cumplirlas.

Como decíamos con las transferencias: ¿para qué volver a la Constitución del 91 si no somos capaces de cumplirla en transferencias? Eso quiebra a la Nación y le quedamos mal a todo el mundo.

Y lo que sí hemos pedido también es: hombre, no más burocracia. Este Gobierno, que ha venido eliminando tanta burocracia, con las instituciones estatales que tenemos, tenemos que ser capaces de reparar y de atender a las víctimas. No más burocracia.

Entonces, con la mejor buena voluntad, miraremos, con la Cámara de Representantes, a partir del 20 de julio, el tema.

Y aspiramos avanzar en el tema de ajustes constitucionales de política y de justicia. Vamos a ver las recomendaciones que nos haga la Comisión de eminentes colombianos que acaba de nombrarse.

Recursos para la primera infancia

Esta semana, recuerdo que el Congreso de la República aprobó lo siguiente. Dijo: cuando la economía crezca más del 4 por ciento, se le da un reajuste a los departamentos y a los municipios.

Antes de ayer se aprobó el reajuste para 2008, que es con base en el resultado económico de 2006. Eso lleva dos años de retraso. Entonces el año entrante será con base en el resultado económico de 2007. Y así sucesivamente.

El Congreso de la República dijo: ese dinero tiene que ir a primera infancia.

El reajuste que ahora les llega a los departamentos y municipios vale 270 mil millones para primera infancia. 270 mil millones.

A Sucre, al departamento de Sucre, le llegan 9.790 millones.

A la ciudad de Sincelejo, 2.109 millones 952 mil 735.

Al municipio de San Marcos le llegan 716 millones 607 mil 022.

Y vamos a tener que explicar y defender en cada caso lo que hicimos en materia de transferencias.

Porque si bien no pudimos volver a la Constitución del 91, porque era impagable, se ha hecho un gran avance por el país.

¿Qué pueden hacer, de acuerdo con los reglamentos legales? Entidad que reciba más de mil millones, los puede dedicar a construir jardines sociales de primera infancia.

Sincelejo puede dedicar esos 2.109 millones a jardines sociales.

La entidad que reciba entre 700 y mil millones, hogares múltiples de bienestar.

(…)

Inflación

Finalmente el tema inflación, el tema tasa de cambio.

Sobre tasa de cambio, el Gobierno Nacional ha hecho unos grandes esfuerzos y los seguirá haciendo.

En el primer semestre nos gastamos 500 mil millones de pesos para apoyar a los sectores afectados por revaluación, intensivos en mano de obra.

¿Apoyo para que? Para que mantengan las nóminas de los trabajadores, para apoyar a los trabajadores, para apoyar el empleo. Y tendremos que hacer un esfuerzo enorme en el segundo semestre, dependiendo de cómo evolucione la tasa de cambio.

No voy a hacer la numeración de todas las decisiones que se han tomado en esa materia.

Estamos diseñando un Cert laboral. ¿Qué es eso? Es un estímulo del Gobierno Nacional a estas empresas afectadas por los bajos ingresos provenientes de la revaluación, para ayudarles a que con un dinero que les entregue el Gobierno en un título valor, en un papelito del Estado, paguen algo de los parafiscales.

Estamos trabajando en eso.

El país conoce las decisiones que ayer tomó la Junta del Banco de la República.

Hay preocupaciones por la inflación. Y desde San Marcos, Sucre, propongo lo siguiente:

El Gobierno quiere convocar a los gremios y a las centrales obreras, el próximo martes, a la Presidencia de la República. Cuatro de la tarde. En la mañana tengo unas reuniones en los Llanos. Cuatro de la tarde.

¿Para buscar qué?

Les pido a los Ministros de Hacienda, Comercio, Agricultura y Protección que vayan examinando eso con los gremios y las centrales obreras. Un acuerdo de precios. Un acuerdo de precios, a ver si ayudamos a mitigar esta inflación, que empieza a ser muy dura.

Y el Gobierno está dispuesto a hacer el siguiente aporte: a revisar los precios administrados.

Si hay que hacer un esfuerzo en servicios públicos, se lo pediremos a las empresas de servicios públicos y se lo pediremos a las Superintendencias.

En combustible hemos hecho dos esfuerzos recientes: el primer esfuerzo es que para efectos de liquidar sobretasa de departamentos y municipios e impuestos de la Nación, congelamos, para ese efecto solamente, el precio del barril de petróleo a 80 dólares.

Y hemos hecho otro esfuerzo: aplazar, diluir más en el tiempo, el desmonte del subsidio del combustible, para que no tenga que ser tan elevado el ajuste mensual.

No disminuye el ajuste mensual. Pero por lo menos no tendría que ser tan elevado, como nos están obligando las circunstancias.

Es que con el petróleo a 136 – 138 dólares, el subsidio que tiene que pagar el Gobierno en estos 12 meses que vienen es de 5 billones de pesos.

 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
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