Muchas felicitaciones a la ‘Corporación Excelencia de la Justicia’ por esta tarea, abnegada, persistente, en medio de dificultades, con escasez presupuestal, y muchas veces con propuestas excelentes, que se demoran mucho tiempo en ser acogidas. Pero una tarea que vale la pena persistan en ella.
Muchas gracias a usted, doctor Rafael Santos, a toda la Junta Directiva, a la doctora Gloria María, y a quienes los acompañan en esta buena gesta quijotesca para los bienes superiores de la patria. De nuevo muchas felicitaciones a quienes han sido premiados esta noche, que nos ponen un punto muy alto.
Nosotros seguimos luchando, apreciados compatriotas, por construir confianza en Colombia. Sobre la seguridad democrática, la confianza inversionista con responsabilidad social y la construcción de cohesión social.
Tienen una relación reciproca entre todas. Si hay seguridad democrática y hay confianza inversionista, se crea un marco de prosperidad que permite avanzar en cohesión social. La que a su vez opera como el gran validador de la seguridad y el gran validador de la confianza inversionista.
Los intangibles de la seguridad democrática
Sobre la seguridad democrática, permítanme referir esta noche, no a lo cuantificable de sus resultados, no a los números que representan los avances, o aquellos otros que nos indican lo mucho que falta por hacer y que reconocemos. Permítanme referirme a los intangibles.
Se ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos. Seguimos con criminales, pero se ha superado aquello de crear bandas privadas criminales con el objetivo de combatir a otros criminales. Además la justicia institucional y democrática que, como la seguridad institucional, estaba también derogada por las organizaciones terroristas en muchas regiones de Colombia, ha recuperado ese monopolio. Creo que allí hay un gran intangible.
Muchos de nuestros compatriotas en muchas regiones eran indiferentes. No querían acudir a las instituciones en busca del servicio de seguridad. Temían o encontraban inútil apelar a ese apoyo. Hoy se observa en todo el país mayor confianza en todas las instituciones, en el colectivo. La gente está abandonando aquella tendencia de pretender resolver todo por sus propios medios. Y hay una tendencia creciente bien importante para acudir a las instituciones democráticas.
Uno de los obstáculos derivados del avance del terrorismo era la falta del testimonio. Los ciudadanos no se atrevían a dar testimonio por temor, o lo consideraban inútil. Hoy los ciudadanos se aprestan con mayor diligencia a rendir testimonio. Creo que esto es un gran avance. Es importante, sí, apreciados compatriotas, ser conscientes del extremo al cual habíamos llegado, y evitar que se llegue al otro: al de la utilización del testimonio, para saldar la animadversión política.
Las víctimas. Las víctimas temían reclamar por sus derechos o lo consideraban inútil. Hoy se han registrado más de 135 mil víctimas que reclaman sus derechos. El tema de las víctimas se ha situado en el primer renglón de la agenda política del país. Me voy a referir más adelante a algunas apreciaciones del Gobierno sobre el proyecto de ley de víctimas.
Un intangible bien importante: esta política de seguridad democrática ha avanzado sin legislación marcial. Hemos superado la época del Estado de Sitio. Al inicio del Gobierno no fue fácil superar la idea de que todo avance requería un estatuto de seguridad o una declaratoria, vía conmoción, de zonas especiales de orden público.
Hoy el logro importante que se puede mostrar es que la eficacia en la seguridad democrática, se ha obtenido con la legislación ordinaria. Eso dice bien de un concepto democrático de seguridad, ejercido en un concepto pluralista de Estado de Derecho.
Bien importante para resaltar es que hemos pasado de una especie de estado de cosas en el cual en las fuerzas no había la suficiente motivación para la eficacia, ni tampoco había consciencia mayoritaria sobre la transparencia, a todo lo contrario: hoy hay un gran compromiso con la eficacia y un gran compromiso con la transparencia.
Qué difícil para nosotros haber impulsado investigaciones administrativas en el caso Guaitarilla, en el caso Cajamarca, en el caso de los sindicalistas de Arauca. Menos difícil haber impulsado esa investigación administrativa en el caso Soacha.
A medida que hay más capacidad, más voluntad de avanzar en investigaciones administrativas, de llegar a conclusiones que permitan tomar severas decisiones administrativas, y de trasladar los hallazgos, no a la justicia penal militar sino a la justicia ordinaria, como el caso de Soacha, podemos concluir que al interior de la institucionalidad hay no solamente el compromiso con la eficacia, sino el compromiso con la transparencia.
La Ley de Víctimas
La Ley de Víctimas debemos entender en secuencia con la Ley de Justicia y Paz. El Gobierno, el año pasado, después de amplias consultas, expidió el decreto para la conciliación administrativa con las víctimas, buscando una reparación integral. Reparación total no hay, apreciados compatriotas. Pero el esfuerzo que se haga por reparación, es el esfuerzo que en cada caso concreto anula un germen de venganza, elimina una posibilidad de odio.
Nosotros entendemos la preocupación del Congreso por complementar el decreto del Gobierno con la Ley de Víctimas. Invitamos al Congreso a que se le dé aprobación.
Tengo los siguientes comentarios, que los he expuesto a bancadas congresionales: debe esta Ley, en concepto del Gobierno, soportarse en el principio de solidaridad. La legislación colombiana concibe muy bien todo lo que se deriva del principio de responsabilidad. Lo tenemos plenamente integrado y desarrollado en la legislación interna. Y esa legislación se complementa con los tratados internacionales de los cuales somos signatarios. Como aquel que nos lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Costa Rica.
El desarrollo nos relaciona plenamente las responsabilidades del Estado con las víctimas, y las tareas del Estado frente a los victimarios. Necesitamos, en procura de la reconciliación, en procura de anular la venganza y el odio, necesitamos es desarrollar el principio de solidaridad.
Y el principio de solidaridad produce sus consecuencias en la medida en que se avanza en la reparación y en la protección de las víctimas. Creemos que debe soportarse la Ley en el principio de solidaridad.
Creemos que no debe incluir a los agentes del Estado, por tres razones: una primera razón, porque sus responsabilidades están totalmente definidas en nuestra legislación, con consecuencias en el derecho interno y en el derecho internacional.
Por una segunda razón, porque en varias ocasiones la Fuerza Pública colombiana, con muy buenas razones, se ha opuesto a que en proyectos de amnistía o de indulto se incluya a los integrantes de la Fuerza Pública colombiana, como se incluye a los integrantes de las organizaciones delictivas.
La Fuerza Pública colombiana, una fuerza profesional y subordinada, una fuerza constitucional, ha expresado reiteradamente que esa nivelación es altamente inconveniente.
Y por una tercera razón: en un país que necesita superar paramilitares y guerrilla, y su principio financiador, el narcotráfico, el único camino es el del estímulo a la institución armada constitucional. Nivelarla con los delincuentes, en una ley de reparación, es propinarle un grave desestímulo.
Por eso, muy respetuosamente, insistimos ante el Congreso de la República que se excluya el tema de los agentes del Estado de esta ley.
Y tercero: proponemos mucho cuidado con el tema fiscal.
Nosotros hemos mejorado la situación fiscal. Más adelante, para hablar del tema presupuestal de la justicia, voy a hacer algunos comentarios. Pero tenemos riesgos. Riesgos que se aumentan en esta difícil coyuntura de la crisis económica mundial, que no sabemos cuánto pueda durar.
Nada ganamos con aprobar una Ley sin techos fiscales, que cree mucho entusiasmo en la parte formal al final del proceso legislativo, y que después sea una cantera de frustraciones.
Es mejor una ley que podamos cumplir. Una ley que no se constituya en un fardo pesado para los gobiernos venideros. Quedamos menor con ello.
Pensamos que en un país con tantas desigualdades sociales y económicas, la reparación más aproximada a la total, debe ser para los sectores más pobres. Para los sectores pudientes, la reparación integral debe incluir la reparación sicológica, la devolución de bienes. Pero no debe incluir la reparación en aquello del componente pecuniario a cargo del tesoro público.
Estas son las anotaciones que hemos propuesto a la Cámara de Representantes, ahora que se tramita allí este proyecto.
Los esfuerzos por la justicia
Se ha hecho un gran esfuerzo estos años en materia de normativa, a pesar de todo lo que falta, y en materia de apoyo presupuestal a la justicia. Con las diferentes Cortes, con la Fiscalía, hemos examinado esa evolución de recursos. Reconocemos todo lo que falta. Pero lo hemos hecho en un país con insuficiencia de recursos. Muchas veces, con escasez crítica.
Por ejemplo, entre el año 2002 y el presupuesto aprobado para el 2009, en pesos corrientes, hay incrementos acumulados del 115, del 139, del 96, del 106, del 104. Reconocemos que falta mucho, pero hemos hecho esos esfuerzos.
Es bien importante también anotar, y la noche da la oportunidad, porque es un elemento esencial de todo el proceso de conciliación, el crecimiento de casas de justicia. Cuando empezó el Gobierno, teníamos menos de 20. Hoy tenemos 52. Allí ha habido un esfuerzo presupuestal grande.
El paro judicial y la remuneración. Se discute mucho si se ha cumplido o no con la nivelación, que se ordenó con en la Ley Cuarta de 1992. Los gobiernos anteriores y el concepto de nuestros juristas, dicen que esa nivelación se cumplió.
Este Gobierno, haciendo caso omiso, dejando a un lado la discusión, ha aceptado entrar a hacer esfuerzos adicionales: primero en el 2004, después en el 2005, en el 2006. Y ahora, con decretos de remuneración. Primero, para mejorar la remuneración de los magistrados de los tribunales, después de los Jueces, después de los empleados.
El año entrante los esfuerzos adicionales en remuneración, adelantados por este Gobierno, ascienden a 311 mil millones. Y eso es costo recurrente.
Cuando a mí me dicen los 41 mil empleados de la justicia que su remuneración sigue siendo baja, lo acepto. Todavía es más baja en otros sectores de empleados del Ejecutivo.
Lo que les he pedido es comprensión a los esfuerzos adelantados. Y les he pedido también comprensión para que no forcemos al Gobierno a tomar decisiones que después no se puedan cumplir.
Este Gobierno no los ha engañado aceptándoles reclamaciones que después no se puedan cumplir, pero tampoco ha sido indolente. Ha estado en permanente diálogo constructivo, buscando opciones, haciendo esfuerzos, sin salirnos de ese techo que nos impone el realismo presupuestal.
El paro judicial
El paro judicial. Coincide el paro judicial con una nueva ley, que se aprobó, impulsada por este Gobierno, para avanzar en fraternidad laboral. Esa nueva ley incorporó dos puntos. Primero, despojó al Ejecutivo de la competencia para declarar la ilegalidad de las huelgas. La asignó en la justicia. Y segundo, eliminó la posibilidad de que en aquellas huelgas de 60 días, el Ejecutivo por decreto les pusiera punto final, y convocara a un tribunal de arbitramento, al que obligatoriamente se tuvieran que someter las partes.
Desde la promulgación y sanción de esta nueva ley, son empleadores y trabajadores quienes, por mutuo consentimiento, con la ayuda de la Comisión de Concertación Laboral, tienen que definir su sometimiento a un tribunal de arbitramento.
Tengo una preocupación, una preocupación que respetuosamente expreso. Es por la falta de pronunciamiento del tribunal competente sobre la legalidad o ilegalidad del paro de la justicia.
Y permítanme expresar un motivo adicional de preocupación: La Ley Estatutaria de la justicia define a la justicia como un servicio público esencial. En este caso no habría margen de deliberación.
El Gobierno, por regla general, ha dicho que lo que más conviene a Colombia no es pretender hacer una enumeración taxativa de servicios públicos esenciales en la ley. Tampoco entrar con una especie de ley de criterios generales a decir cuáles deben ser calificados, de acuerdo con esos criterios, como servicios públicos esenciales.
El Gobierno entiende que la realidad del país impone un tratamiento casi casuista para definir si un servicio público es esencial o no es esencial. En un municipio, con un hospital, ese servicio puede ser esencial. Como en otro, del mismo tamaño, con cuatro hospitales, que se cierre temporalmente un hospital, puede que no afecte un servicio público esencial.
Más aún. Ahora que se ha asignado a la justicia la competencia para definir sobre la ilegalidad de las huelgas, creemos que se da todavía más oportunidad para que sea la jurisprudencia la que nos vaya diciendo cuál es el servicio público esencial y cuál es el servicio público no esencial. Pero en el caso de la justicia, por definición de la Ley Estatutaria, no hay lugar a esa deliberación. Tenemos esa preocupación, muy apreciados compatriotas.
La conmoción interior
Declaramos la conmoción no como instrumento para intervenir en los paros. Eso es muy importante decirlo. Mal haríamos si pretendiéramos crear en Colombia un antecedente de utilización de una figura extraordinaria de la Constitución, para intervenir en los paros. La conmoción ha tenido como único alcance desatrasar ese trayecto de acumulación de atraso que se dio en consecuencia del paro.
La congestión tiene dos grandes etapas, si simplificar pudiéramos. Una es la congestión histórica, y otra es aquella representada por ese trayecto de la congestión accidental, derivada de esa causa, que es el reciente paro.
Nuestra única pretensión con la congestión, es poder desatrasar este segundo componente: la congestión directamente derivada del paro.
Tenemos la sólida convicción de que la conmoción no puede modificar competencias. Por eso ni siquiera se aceptó el debate de entrar a despojar para este caso, y excepcionalmente, a la justicia, de la nueva competencia asignada en la ley para pronunciarse sobre la ilegalidad o legalidad de las huelgas.
También hemos procurado tener el buen cuidado de que la conmoción no se utilice para fortalecer poderes del Ejecutivo.
Los decretos de conmoción han buscado solamente darle herramientas a la justicia, para que sea la misma justicia la que logre ese trayecto de desatraso que se requiere a raíz de los agravantes traídos por el paro.
El proyecto de Ley de Descongestión
Invito a que logremos el mayor nivel de consenso. En una sociedad pluralista el consenso total es imposible, pero si todos hacemos un esfuerzo, nos aproximamos al mayor nivel de consenso.
Se han oído muchas inquietudes. Una de ellas dice: es bien importante fortalecer la competencia de los jueces para el rechazo ilimine de las demandas, y darle al juez la posibilidad de que ese rechazo no tenga recursos.
Se oyen propuestas para que, por regla general, la apelación se surta en efecto devolutivo no suspensivo, para eliminar el grado de consulta.
Llegan propuestas también para que las notificaciones, la justicia, las pueda adelantar a través de los correos privados, no necesariamente a través de empleados de la justicia.
El Gobierno comprende que hay un grave problema que lo tenemos que enfrentar. Yo invito no a que haya rechazo sino deliberación.
Mala costumbre nacional la de sustituir la deliberación por el rechazo, la de sustituir el argumento por la agresión personal.
El Gobierno está abierto para escuchar razones que digan ‘proponemos esto, no estamos de acuerdo con esto’, abierto a un proceso de deliberación, a ver con ese proceso de deliberación cómo logramos el mejor proyecto posible de descongestión de la justicia.
Con deliberación se construye, con pugnas no se destruye. Y un problema nacional tan sentido como este, necesita la deliberación de todos.
Nosotros hemos incluido en el presupuesto del año entrante alrededor de 50 - 60 mil millones adicionales para la justicia, solamente para apoyar los programas de descongestión. El Presupuesto que se entrega a la justicia solamente para los programas de descongestión.
Y estamos dispuestos a entregar vigencias presupuestales para el año 2010, si fuere necesario en el ejercicio del 2009, para avanzar en la descongestión.
Cuando uno oye casos tan interesantes como el de la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se llena de entusiasmo pensando que no es imposible la meta de que Colombia en 2010 tenga una justicia bastante descongestionada.
Cuando el doctor Rafael Santos se refería ahora al programa Doing Business del Banco Mundial, ahí vamos bien y tenemos atrasos.
En los últimos dos años, el año pasado y este año, Colombia ha sido destacada por el Banco Mundial como uno de los países que más ha avanzado en reformas para el ambiente de inversión.
Ayer tuvo lugar en el Hotel Tequendama la ceremonia de reconocimiento por parte del Banco Mundial, a la nueva mención que Colombia ha ganado este año. Pero hay puntos delicados, atrasados, que nos restan competitividad. Que infraestructura, que congestión de la justicia.
Miren qué paradoja: mientras en América latina hay unos países con gobiernos totalmente hostiles a la inversión y aquí en Colombia la confianza inversionista es uno de los tres pilares de la acción del Gobierno, por problemas de falta de agilidad en trámites de todas las ramas de poder, hay la percepción de que nuestro ordenamiento no es suficientemente garantista de los inversionistas.
Yo creo que si sacamos adelante esta reforma para descongestionar la justicia, remontamos ese obstáculo.
Tema de la crisis económica
No puedo dejar de referirme al tema de la crisis económica, porque aquí hay un tema normativo, pero también hay un tema económico subyacente a la solución de todos estos problemas.
Voy a tratar de hacerles un breve resumen de aquello en lo cual estamos bien y de los retos que tenemos.
Estamos bien. Nuestras reservas en el año 2002 ascendían a 10 mil 600 millones de dólares, hoy ascienden a 24 mil millones de dólares. Las provisiones bancarias para cartera morosa eran de 39 centavos por cada peso de cartera morosa. Hoy por cada peso de cartera morosa tenemos 101 pesos con 10 centavos de provisiones.
En 2002 Fogafin tenía 400 millones de dólares para atender el seguro de depósito. Este Gobierno ha hecho ahorros que ha elevado ese seguro de depósito a tres mil millones de dólares, que hoy están representados en reservas de Fogafin. Yo creo que allí hay unos avances importantes.
La controversia de los dos últimos años. Hubo una crítica permanente al Gobierno porque el Gobierno no desmontaba los controles a los capitales de corto plazo. El Gobierno se resistió a desmontarlos. La tesis del Gobierno fue que la promoción del capital tiene que ser la promoción del capital productivo, no la rienda suelta al capital especulativo.
La tesis del Gobierno fue que la confianza inversionista se cimenta en un país comprometido con el capital productivo, no en un país que a manera de ruleta permita todas las aventuras del capital especulativo.
¿Qué nos trajo haber sostenido esas restricciones al capital de corto plazo? Que no alcanzaron a entrar al país esos capitales de corto plazo, que no se aumentaron esos endeudamientos con capitales de corto plazo.
Al amanecer de hoy los analistas económicos de Europa le daban mucho peso a la noticia de que cinco países, entre ellos Islandia, Hungría, Ucrania, han demandado del Fondo Monetario Internacional 42 mil millones de dólares de créditos de emergencia, para superar esta crisis.
Y traían en caso de Hungría, donde se construyó gran bienestar, bastante furtivo, a través de capitales externos de corto plazo. Que ahora con el cuento de que hay que hacer un traslado hacia las inversiones de calidad, están abandonando estos países donde llegaron. Colombia tiene la fortaleza de no tener esos capitales.
Uno ve países como Brasil. Su empresa privada se endeudó mucho, se endeudó mucho, no. Se expuso mucho en esas inversiones que ahora llaman derivados secundarios, papeles especulativos.
Diría algún novelista que se expusieron en esa pirámide financiera que resultó siendo Wall Street y que se acaba de quebrar, haciendo simplemente piruetas especulativas. Por fortuna en el sector privado colombiano no aparece esa exposición.
Ahí tenemos ventajas.
Riesgos. Tenemos riesgos en la financiación, riesgos en el recaudo, riesgos en el comercio exterior, en la financiación pública y privada.
En la pública. Nuestro endeudamiento ha disminuido. Era del 50 por ciento, hoy es del 27. Si pudiéramos incluir a Ecopetrol en las finanzas de la Nación –ya no lo podemos incluir porque la reforma obliga a que tenga una contabilidad aparte- el endeudamiento estaría en el 25. Ecopetrol es acreedor neto, no debe un dólar. Hemos reducido el endeudamiento.
En el endeudamiento público, antes estaba representado un 70 por ciento en moneda extranjera, un 30 por ciento en moneda nacional. Ahora está representado el 25 por ciento en moneda extrajera y el 75 en moneda nacional. Creo que hicimos una afortunada recomposición de esa deuda, en momento oportuno.
Tenemos menos vulnerabilidades con la financiación externa, pero tenemos que poner un gran cuidado con la financiación interna, porque donde nos excedamos en la financiación interna le hacemos un grave daño al mercado financiero del país, al valor de los TES, a los fondos de pensiones y a los recursos de inversión y de crédito que necesita el sector privado.
El Gobierno se ha propuesto asegurar el endeudamiento del año entrante. Los bancos multilaterales nos han dicho que está asegurado, y avanzar en la prenegociación del endeudamiento de los años 2010 y 2011.
¿Cuál es la preocupación que tenemos? A Colombia se le recibe muy bien. Un país con una historia totalmente de excelencia en materia de deudor, el problema ahora es por la situación de los bancos.
Los multilaterales hasta hace dos meses no tenían mayores solicitudes de crédito, les sobraba dinero. Hoy tienen una avalancha de requerimientos de crédito, que uno se preocupa si sí o no van a poder cumplir.
Vamos a tener que ser muy cuidadosos en materia de financiamiento del crédito público.
Y esto lo tengo que decir al oído de todos los actores colombianos, porque esto nos obliga a ser más cuidadosos en materia de presiones de gasto público. Se lo he expresado al Congreso (de la República), se lo he expresado a la justicia, lo he expresado a los gobernadores y a los alcaldes, debo expresárselo a todos los compatriotas.
Y nos preocupan también las dificultades que en materia de liquidez para sus proyectos, pueda enfrentar el sector privado.
Nosotros teníamos 11 zonas francas, ahora con la nueva legislación de zonas francas, que hace parte de la estrategia para que Colombia crezca en inversión, hemos agregado otras 40, esta semana se aprobaron 3. Cada zona franca tiene 3 años para instalarse, la preocupación que tenemos es que lleguen a tener dificultades para los cierres financieros de esos proyectos, dadas las limitaciones en el crédito internacional.
Colombia es un país que está recibiendo mucha inversión, la preocupación que tenemos es que esa inversión se vea afectada por la restricción de las fuentes de liquidez.
Segunda preocupación, el recaudo. Se lo dijo de la manera más constructiva a Asonal. A primero de octubre nosotros teníamos un recaudo inferior en 312 mil millones al esperado, todavía no sabemos qué noticia nos va a deparar el primero de noviembre.
¿Por qué se nos cayó el recaudo en el primer semestre? Porque los impuestos aduaneros fueron menores, por la reevaluación y por el menor dinamismo del comercio internacional.
Un vehículo que suponíamos costaba 100 dólares, llegaba al país se iba a liquidar a una tasa de cambio de 220 pesos, los impuestos arancelarios y de IVA debía pagarlos sobre un valor de 220 mil pesos, con la tasa de cambio a 1.700 – 1.800 pesos, ese vehículo liquidó impuestos sobre un valor de 170 - 180 mil pesos.
Y ese es el caso que ilustra. Eso fue la regla general, y se nos cayó el recaudo.
También tuvimos que eliminarle aranceles, por ejemplo, a los fertilizantes, dado el problema del sector agropecuario, a materias primas de bienes manufacturados muy afectados por la revaluación para proteger el empleo, se nos cayó el recaudo.
Vamos a ver cómo esta parte la superamos, pero no puede dejar de comunicarle a todos mis compatriotas, que tenemos preocupación por lo que pueda pasar en el recaudo de IVA y de renta en los meses que faltan del año y en el año 2009. Tenemos que ser cuidadosos en esto.
Las exportaciones colombianas en este Gobierno han pasado de 11 mil millones dólares y pueden llegar este año a 39 - 40 mil, pero por la situación de los vecinos y del mercado mundial tenemos temor de que el año entrante podamos tener una sensible disminución de exportaciones.
Todo esto nos obliga a ser muy cuidadosos en el gasto público, apreciados compatriotas. Vamos a hacer todos los esfuerzos por la justicia, pero todos los compatriotas vamos a tener que ser concientes de que es un momento grave de la economía mundial, que nos obliga a proceder con mucha prudencia.
Tema de la autorregulación. Cuando el Gobierno empezó, dictamos un decreto para exigir que en una buena cantidad de cargos de libre nombramiento y remoción, se introdujera el concurso de méritos. Sena, Bienestar Familiar, inspecciones de trabajo, oficinas de Invías, etcétera. Y eso se ha cumplido.
Cuando empezó nuestro segundo Gobierno, tomamos la decisión de que toda persona que vaya a ser nombrada por el Gobierno, antes del nombramiento, su hoja de vida debe s exponerse en Internet.
La nueva decisión que hemos tomado es que los candidatos que vaya a proponer el Gobierno en ternas, o para conformar ternas, antes de adoptarlos formalmente y enviarlos a la respectiva corporación que debe decidir sobre esos cargos y sobre esos candidatos, esas hojas de vida van a ser publicadas ampliamente.
Bienvenidas las observaciones en materia de autorregulación, de la Corporación Excelencia de la Justicia. Todo lo que nos puedan ayudar en la Corporación para sacar adelante la ley de descongestión, magnífico. La vamos a acompañar de la ley para desarrollar el arancel.
Yo creo que hay facultades para que la ley ordinaria reglamente el arancel, defina cuál es el hecho generador, cuál es la base tributaria, cuál es la tarifa.
El principio general de que la justicia es un servicio por el cual no se puede cobrar, en Colombia empieza a ver unanimidad de que se debe cobrar a sectores pudientes, en casos que se supone, a ellos les pertenecen por la cuantía y que refieren al tema comercial, al tema civil o al tema contencioso. Es para altas cuantías.
Creemos que puede ayudar a descongestionar y puede genéranos un recurso adicional, para atender las cuantiosísimas demandas que todavía no hemos podido responder a la justicia.
Los invito a que hagamos, todos, un esfuerzo. Ayudemos distinguíos magistrados, ayúdenos Corporación, a ver si antes del 16 de diciembre el Congreso de la República puede darle por lo menos el primer debate, al proyecto de ley de descongestión y al proyecto de ley de regulación del arancel para ayudar a financiar la justicia .
Muchas felicitaciones a la Corporación Excelencia a la Justicia. Doctora Gloria María, doctor Rafael, solamente una insinuación: A pesar de la crisis, pongan la ponchera el año entrante para que el nuevo premio no sea dentro de dos años, sino en 2009.
El Ministro de Agricultura me llamó muy enojado conmigo que porque no lo iba a acompañar esta noche a la Asamblea de Fenavi en Bucaramanga, que tenían un diálogo allá complicado que proponerme.
Y yo le dije: ellos por lo menos le están vendiendo un millón de huevos a Venezuela, semanales, en este momento no están pasando mal. Yo me voy para la Corporación Excelencia de la Justicia, a ver si allá me permiten encontrarme con unos compatriotas y crear buen ambiente.
Muchas gracias”. |
