“Mil gracias por hacer esta convocatoria, y por hacerla en Colombia. Muchas gracias al Consejo Nacional Electoral, a su Presidente (Héctor Osorio), al Registrador (Carlos Ariel Sánchez), y muchas gracias a todos ustedes, distinguidos asistentes.
En América Latina ha venido dándose el debate entre izquierda y derecha. Yo creo que cuando hay un compromiso con la regla democrática, ese debate debe quedar atrás.
Y el debate que debe proponerse es el debate de una democracia en constante avance, donde los mecanismos de participación son de trascendencia. Pensaría yo que esa democracia tiene que estar regida por cinco elementos, no todos del mismo origen, ni históricamente con el mismo significado: la seguridad, las libertades, la cohesión social, la independencia entre ramas del poder, pero su integración sobre los fines superiores del Estado, del pueblo, la colaboración armónica y la transparencia.
El debate acerca de los grados de democracia participativa y democracia representativa, es un debate histórico inacabable, inagotable. La verdad es que necesita un gran equilibrio.
Sobretodo, a medida que se ha presentado este fenómeno de integración de la comunidad global, a medida que la primera prioridad en el mundo hoy es el conocimiento, que el gran esfuerzo en todos los pueblos es avanzar en el conocimiento, superar la barrera, el factor de exclusión que es el conocimiento.
A medida que avanza esta revolución de las comunicaciones, se necesita permitir esos espacios de participación que se constituyen en el gran validador de la democracia representativa.
Colombia no ha sido ajena a ese debate. Yo diría que Colombia puede ufanarse de una gran democracia, pero –por supuesto- los mecanismos de participación han tomado tiempo, no se han incorporado desde el primer momento.
Si repasamos, por ejemplo la elección popular de alcaldes, fue un debate de más de cien años en Colombia. En 1863 este país adoptó una Constitución que algunos denominaron ‘el paraíso federal’. Totalmente libertaria, además, y ni aún bajo su vigencia fue posible incorporar la elección popular de alcaldes.
Las guerras civiles del siglo XIX tuvieron en Colombia un transfondo: la lucha por las libertades. Los procesos de paz tampoco incorporaron esos mecanismos de participación directa.
El congreso ideológico del Partido Liberal, reunido en Ibagué en 1923, y presidido por el General Benjamín Herrera, propuso como primer punto del pliego de ampliación democrática la elección popular de alcaldes.
Vino a adoptarse apenas a final de los años 80, cuando –paradójicamente- la figura emblemática del Partido Conservador, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, quien podría ser definido como el contradictor antagónico del congreso ideológico de Ibagué de 1923, fue quien propuso el acto legislativo de elección popular de alcaldes.
Cuando fuimos convocados a elegir la constituyente, que dictaría la Carta del 91, entre las banderas iniciales para convocarla no aparecía la elección popular de gobernadores. Tampoco aparecieron invitaciones a otros mecanismos de democracia directa.
Pero en el transcurso de la asamblea se adoptaron, y la Constitución del 91 trajo un gran avance en esa materia.
Es una contradicción aparente. Una democracia profunda, respetable, que en el siglo pasado tuvo una cortísima interrupción, diría yo que la más estable del continente, y sin embargo, una democracia que se ha demorado en avanzar en este tipo de mecanismos de profundización.
Permítanme revisar lo que ha sido nuestro concepto de Estado de participación comunitaria a lo largo de casi siete años de Gobierno, concepto que quiero compartir con ustedes, repasándolo en los cinco elementos del avance democrático a los cuales me acabo de referir.
Nosotros creemos profundamente en ese equilibrio entre la representación y la participación. Solamente la participación directa valida hoy la representación, y la representación se necesita para evitar que la participación sea anárquica.
El famoso debate de los fundadores de los Estados Unidos, sobre cuan directa o indirecta debía ser la democracia, en alguna forma sigue vigente. Yo diría que hoy se requieren ambas, y que se requiere un gran equilibrio.
La palabra clave que guía el Gobierno nuestro es buscar confianza en Colombia, sobre tres valores: seguridad con todas las garantías democráticas, estimular la confianza inversionista con toda la decisión con la eficiencia de responsabilidad social, y avanzar en la cohesión social.
Y eso lo enmarcamos en los cinco valores de progreso democrático a los cuales me referí.
Seguridad Democrática
Nosotros hemos hablado de Seguridad Democrática, por oposición a lo que fue la seguridad de la doctrina de la seguridad nacional, a lo que fue la censura de libertades, la expulsión de los disidentes, la afectación del pluralismo.
Y hemos practicado la seguridad con valores democráticos, a lo largo de estos años.
Falta mucho. Hemos avanzado bastante. Si cuantificamos delitos, todavía falta mucho, pero yo diría que hay unos intangibles bien importantes para destacar ante este público.
Hemos recuperado el monopolio del Estado para combatir a los delincuentes. La palabra ‘paramilitar’ surgió en Colombia, para denominar bandas privadas criminales cuyo propósito era combatir a la guerrilla.
El paramilitarismo está desmontado. Hemos debilitado las guerrillas y avanzamos en una lucha, con toda la determinación, diariamente contra el factor que ha financiado el terrorismo en Colombia: el narcotráfico.
Hemos recuperado el monopolio de la justicia. En muchas regiones de Colombia la justicia había sido usurpada por guerrilleros o por paramilitares. La justicia ya no conocía las querellas entre vecinos, los pleitos al interior de las familias estaban siendo conocidos, resueltos por el jefe del terrorismo guerrillero o por el jefe del terrorismo paramilitar.
Hemos recuperado la vigencia de la justicia. Este país ha ganado mucho en independencia de justicia, pero había perdido su vigencia en muchas zonas del territorio. Eso se ha recuperado.
Hemos recuperado valores del colectivo. Mucha gente en Colombia no se sentía integrada al colectivo, no reclamaban el servicio de seguridad de las autoridades competentes. Querían simplemente aislarse o resolver el problema por sus propios medios.
Hoy hay más integración al colectivo, y como colectivo, más confianza en las instituciones para demandar el servicio de seguridad.
Yo diría que se ha abandonado esa tendencia que era creciente de los colombianos, de aislarse del colectivo y de buscar la solución por sus propios medios. Y eso nos ha ayudado bastante a incrementar la participación ciudadana.
Bien importante, apreciados asistentes.
Este país ha enfrentado el más tenebroso desafío criminal, de gente muy rica, autosuficiente, que no depende en dinero de la comunidad internacional sino de su propio negocio del narcotráfico, y con toda la capacidad para cometer crímenes.
Este país ha enfrentado un desafío criminal mucho más profundo que el que se enfrentó en otras latitudes. Allá, la intensidad del desafío los llevó a tratar de justificar el cercenamiento de las libertades. Acá, a pesar de la profundidad del desafío, lo que hemos hecho es profundizar las libertades.
Toda esta política de seguridad se ha conducido bajo legislación ordinaria, sin legislación de estado de sitio, sin recorte de libertades.
Diría yo que ese es un intangible bien importante, que la historia tendrá que tener en consideración para juzgar la política de recuperación de la seguridad en Colombia.
Cooperantes y Fuerza Pública
Dicho esto, ¿cómo hemos avanzado nosotros en la participación de la comunidad? Voy a referirme a dos elementos: la figura de los informantes, de los cooperantes de la Fuerza Pública, y la figura de los consejos de seguridad.
Hoy tenemos más de cuatro millones de colombianos que cooperan directamente con la Fuerza Pública.
Cuando empezaba el Gobierno me dijeron: ‘¿cuándo va a presentar la ley de los cooperantes?’. Contesté: no se necesita, está en el texto de la Constitución. Una Constitución que pasó del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, que define que el colectivo reposa en el principio de la solidaridad.
Es una Constitución de la cual emana la obligación de cada ciudadano de cooperar con el colectivo, la obligación de cada ciudadano de cooperar con las instituciones democráticas de la Constitución, para que ellos cumplan sus fines con el colectivo. Yo creo que fue de mucha importancia.
Si hubiéramos presentado el proyectote ley, hoy lo estaríamos discutiendo.
En agosto de 2002 apelábamos directamente a la Constitución, para decir que los colombianos no podían excusarse de cooperar con la Fuerza Pública, para que la Fuerza Pública pudiera cumplir el deber de proveer a los ciudadanos con el servicio público de seguridad.
Hoy tenemos más de cuatro millones de cooperantes. Ha ayudado bastante en un país con un millón 160 mil kilómetros cuadrados, una geografía abrupta y difícil, el 51 por ciento del territorio en selva. Pudiéramos tener el ejército y la policía del mundo, y sin cooperación ciudadana no sería posible avanzar en el servicio de seguridad.
Todos los días, en el rescate de un secuestrado, en la captura de un delincuente, aparece que la comunidad contribuyó.
Y eso se maneja transparentemente. Algunos decían: es que van a armar a toda la comunidad, todo lo contrario. En este Gobierno ha habido una gran lucha contra el armamentismo comunitario.
Hemos apoyado en muchas regiones, como Antioquia, un desarme total de la ciudadanía.
Y hemos aumentado por ley de la República la pena al porte ilegal de armas. Cuando nosotros llegamos era excarcelable. Hoy, de acuerdo con una ley que promovió este Gobierno, no es excarcelable.
Había la equivocada percepción de que la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública iba a ser una excusa para el armamentismo general en la población. De ninguna manera. La colaboración se llama comunicaciones, la colaboración se llama integración del colectivo y el colectivo con la Fuerza Pública.
Se decía: ‘a través de ese mecanismo lo que van es a estimular la violación de Derechos Humanos’. Todo lo contrario, cuando la Fuerza Pública se siente integrada con la comunidad, la Fuerza Pública se siente más obligada a ser respetuosa de las normas constitucionales y legales.
La integración con la comunidad, equivale a vigilancia, equivale a una nueva limitación, obliga a que haya más autocontrol, sin duda alguna.
Ahora, aclimatar eso no ha sido fácil.
En muchas regiones de Colombia la gente ha temido ser cooperante. Algunos decían: ‘Presidente, entonces si usted está invocando la Constitución ¿por qué tienen que pagar recompensas?’. Todo el mundo debería cooperar por el principio constitucional de la solidaridad, sin apelar a recompensas. En muchos casos hemos tenido que pagar recompensa.
El ideal sería no tenerla que pagar, pero ha sido tan desafiante la criminalidad, y ha dominado tanto en algunas regiones, que no ha bastado con el principio de solidaridad, hemos tenido que ir del principio de solidaridad al pago de recompensas. Y en algunas partes tenemos cooperantes que reciben una bonificación económica periódica del Estado. El ideal sería no tenerlo.
Por ejemplo en zonas muy difíciles del país tenemos redes de cooperantes cuidando líneas de energía, o cuidando otra infraestructura de servicios públicos, y el Estado le paga a esa red de cooperantes una bonificación económica periódica. Ha habido necesidad de eso.
Y no ha sido fácil en muchas regiones, por el temor a la delincuencia, poder comprometer la ciudadanía a cooperar con las instituciones.
La ciudadanía estaba en muchas partes muy dominada por la guerrilla, por los paramilitares, y no veían la posibilidad de que fueran reemplazados por quien nunca debió ser desplazado: el Estado.
La ciudadanía en esas regiones no veía la posibilidad de que el Estado que había sido desplazado, volviera a reemplazar definitivamente a los grupos terroristas que se habían apoderado de esas regiones.
El principal instrumento ha sido comunicaciones. El celular ha ayudado mucho a que avancen las redes de cooperantes.
Ahora, también aquí ha habido que crear disposición en la Fuerza Pública. Para que el ciudadano coopere uno tiene que ser muy diligente: ser diligente para recibir la llamada, para recibir al ciudadano. Si yo llamo a la Policía con ganas de dar una información y allí no me responden al teléfono o me mandan a otra extensión o encuentro que me está respondiendo un agente de policía medio dormido, yo me desencanto.
Entonces, crear esa disposición en la Fuerza Pública, para recibir a toda hora, de buen agrado, diligentemente, la información ciudadana, ha sido una tarea de todas las horas.
Porque también ha habido otra excusa. Se dice: ‘no, lo que pasa es que mucha gente nos llama para tonterías’. Entonces hemos dicho: es mejor recibir esas tonterías, que no escuchar a la comunidad.
Pero la comunidad también aprende a autorregularse. El proceso de participación va creando una gran responsabilidad en la comunidad. Todos los días en la comunidad hay menos llamadas inútiles a la Fuerza Pública. La comunidad ha adquirido un grado muy superior de responsabilidad en lo que es su información a la Fuerza Pública.
Y hay que crear más transparencia. Yo procuro todos los días dar un paso en el apoyo a la institucionalidad armada de Colombia, que los soldados y policías de la Patria se sientan respaldados por quien es por mandato de la Constitución el comandante general de las fuerzas. Pero eso no ha sido obstáculo para que seamos totalmente exigentes en aquello de la transparencia.
Para nosotros la seguridad en un Estado de opinión como Colombia reposa en el principio de la credibilidad, y la credibilidad depende de dos variables: la eficacia y la transparencia.
Y la capacidad de estos grupos criminales ha penetrado en el país no solo segmentos de la política, del periodismo, de organizaciones laborales, sino también sectores de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Hemos tenido el caso de que muchos ciudadanos dicen –ya eso afortunadamente se ha superado bastante- ‘Presidente no, yo no coopero, ¿para qué?, si allá no reaccionan; ¿para qué?, coopero y enseguida van y le cuentan al delincuente y el delincuente viene y toma venganza contra mí’.
Entonces ese proceso de participación ha tenido estos obstáculos, que se corrigen en un proceso en el cual, todos los días, estemos ajustando una valvulita o estemos ajustado la otra.
Nosotros realizamos consejos de seguridad periódicos en las regiones, y con participación de opinión.
Consejos de seguridad
En el proceso del Estado de Derecho que se inicia con aquella carta magna de Inglaterra, de Juan sin Tierra, yo creo, apreciados asistentes, que la evolución de los controles ha sido bien importante, pero lo más importantes es llegar a reconocer que el mejor control es el de la opinión pública.
Sí, muy importante el control fiscal a cargo de la contralorías, el disciplinario a cargo de las procuradurías, el político a cargo de los congresos. Diría yo que el más importante, el que finalmente caracteriza al Estado de Derecho, es la posibilidad del amplio control de opinión.
¿Cómo reflejamos eso nosotros? En los consejos de seguridad.
Este domingo que viene vamos a realizar un Consejo de Seguridad en Tierralta, en el sur del departamento de Córdoba, donde hubo un gran dominio guerrillero, una reacción paramilitar igualmente cruel, un desmonte del paramilitarismo, hoy una persistencia de guerrillas en el Nudo de Paramillo, y unas bandas criminales dedicadas al narcotráfico, hoy no opuestas a la guerrilla sino en coalición con guerrillas, y un gran operativo de las Fuerzas Armadas.
Esta semana fue secuestrada una pareja allí, y hubo una reacción de comunidad - Fuerzas Amadas y primero se rescató al señor, y ayer se rescató a la señora.
Y entonces eso va demostrando que no tienen que pensar en lo ocurrido antes, cuando la reacción ante la guerrilla fue el paramilitarimso, que con unas Fuerzas Armadas comprometidas, comprometidas desde la dirección hasta el último soldado, apoyadas por la comunidad, estimuladas por la comunidad es suficiente y es el único camino.
El domingo vamos a realizar un Consejo de Seguridad allí. Como suele ocurrir, lo partimos en dos: primero escuchamos a la comunidad, y después nos reunimos con los mandos militares, el Ministro de Defensa, las autoridades regionales.
¿Por qué esa primera parte? Porque la comunidad generalmente tiene unas apreciaciones muy distintas a aquellas que surgen de nuestra única reunión con las Fuerzas Armadas. Uno tiende a engañarse: el Presidente, los altos funcionarios, a creer que todas las cosas están ‘color de rosas’, y la comunidad se las hace ver a uno de manera diferente.
Alguna vez asistí a una reunión con el anterior Ministro de Desarrollo, a un consejo de microempresarios. Toda la gente quejándose por la falta de crédito, y el crédito microempresarial ha sido una de las políticas en que más ha avanzado este Gobierno. Hoy representa el cinco y medio de la cartera del sector financiero.
Y él decía: ‘¿pero por qué tanta queja si nosotros hemos avanzado mucho en eso? Le dije: porque nosotros hemos avanzado mucho en lo que vemos en el power point, en las pantallas en la Presidencia de la República, pero aquí están son aquellos que todavía no han recibido el microcrédito, que tienen motivos para quejarse. Aquí esta el ‘power people’.
La comunicación del Gobierno con la comunidad le permite al Gobierno obtener una lectura de los hechos, más realista de la que el Gobierno tiene sin esa relación con la comunidad.
Inicialmente la comunidad era muy temerosa para participar en esa primera instancia de los consejos de seguridad. Hoy es muy abierta, hoy no se callan nada, lo denuncian todo. Y ha sido bien importante, y lo han aprendido a hacer con inmenso respeto.
Algo que se ha logrado conseguir en este diálogo en Colombia es sinceridad y respeto. A mí me asombra. En los consejos de seguridad nadie se calla la verdad, pero la línea general es de gran respeto en esos consejos de seguridad.
Antes la gente no decía la verdad por temor. Hoy la dicen, y la dicen con gran respeto. Eso ha ayudado muchísimo.
Ya en la segunda parte del Consejo de Seguridad ya se restringe, ya se examina el tema con los Altos Mandos, el Ministro de Defensa, los mandos regionales.
¿Por qué con los mandos regionales? La política de seguridad es una política que tiene que estar asimilada desde el Presidente de la República hasta el más recientemente vinculado de los policías. Desde los ciudadanos dirigentes, hasta los electores de los lugares más remotos del país.
Allá ha habido en seguridad otra participación bien importante, ciudadana, en materia de derechos humanos.
En Colombia había mucho temor a la denuncia, o la gente la encontraba inocua. Hoy la gente denuncia.
Es impresionante como ha crecido la confianza de los colombianos para denunciar, y entonces la gente denuncia cualquier violación de derechos humanos.
Entre las decisiones que hemos tomado, y se practica constantemente, está la de darle participación, con televisión en directo, a la comunidad, para hacer las denuncias en materia de derechos humanos.
Acudimos a una sesión el Ministro de Defensa, los Altos Mandos, mi persona, y en televisión en directo, con todos los ciudadanos, se escuchan las quejas que los ciudadanos quieran proponer sobre las regiones, en materia de derechos humanos. Y asumimos la responsabilidad de responderlas.
Yo creo que en un país con unas circunstancias de violencia tan graves como las que ha enfrentado Colombia, yo creo que eso es algo de participación democrática bien importante, los ciudadanos sin censura, los ciudadanos sin filtro, poder llamar a un programa de televisión donde están el Ministro de Defensa, los Altos Mandos, el representante de la Fiscalía (General de la Nación), de la Procuraduría (General de la Nación), de la comunidad internacional y el Presidente de la República, a decir: ‘Tengo tal queja de derechos humanos’ o ‘presenté tal queja en tal oportunidad y no me la han contestado’. Creo que eso ha sido, también, bien importante.
El segundo valor en materia de libertades. Este país tiene una amplísima participación con todas las libertades. Eso yo creo que el Gobierno no necesita abundar en ello.
Cohesión social
Tercero, el tema de cohesión social. Nosotros tenemos muchos escenarios de participación directa. Me voy a referir a consejos comunitarios y a consejos de empleo.
Primero, la participación comunitaria no puede ser accidental, de momento, tiene que ser permanente. El Gobierno realiza eventos de participación comunitaria permanentemente y muy ordenadamente.
Que los consejos comunitarios, que los consejos de empleo en todas las ciudades colombianas, que los consejos de microcrédito. Se trata de, primero se define con las mismas comunidades, en unas mesas que se realizan la semana anterior, la temática del Consejo Comunitario.
Hoy deben estar operando las mesas en Facatativa (Cundinamarca), donde se va a realizar un Consejo Comunitario en el próximo sábado.
Resultados: primero, el Gobierno se convierte en un Gobierno menos promesero, pero más comprometido.
Un Gobierno que esta expuesto a la rendición de cuentas todos los días, que sabe que sale un sábado de un Consejo Comunitario y que tiene que darle la cara a la comunidad un martes, el próximo martes, en un Consejo de Empleo, es un Gobierno que se tiene que cuidar mucho para no hacer promesas que vaya incumplir.
Eso de tener un Gobierno menos promesero, pero más comprometido, es bien importante.
Menos promesero por el temor: ‘fue que usted nos prometió tal cosa en tal parte y tal parte y tal parte’, pero más comprometido.
Un Gobierno que sabe que hoy se está comprometiendo a adelantar una gestión, pero que le van a pedir cuentas el martes y el viernes y el sábado, y el martes y el viernes y el sábado, es un Gobierno que tiene que estar detrás de esa gestión, todos los días.
El mejor gerente para hacer seguimiento, se llama la participación comunitaria. No hay duda.
Cuando a uno los profesores de administración le dicen cómo hay que definir las tareas, adjudicar las misiones y hacer seguimiento, el mejor gerente para hacer seguimiento es la participación de opinión pública. Que no quepa la menos duda. Nosotros lo hemos mirado, lo hemos percibido así en el Gobierno.
Eso desde el punto de vista del Gobierno.
Y el Gobierno tiene que decir muchas veces, no. Pero eso ha sido una escuela para aprender en esos consejos comunitarios a decir no, con argumentos. Y también ha sido una escuela para decir no, pero para buscar opciones.
Es que algo que necesita el diálogo, el proceso de participación, es desarrollar la capacidad de decir sí cuando hay que decirlo, decir no cuando hay que decirlo. Y no decir sí por complacer, no decir no por una actitud negativa.
Decirlo todo fundado en razones, pero en virtud del compromiso. Cuando haya que decir no, buscar opciones.
Creo que esos consejos comunitarios han sido una gran oportunidad pedagógica para aprender a buscar opciones, y ha ayudado mucho.
Y del lado de la comunidad pienso que toda esta participación ayuda a que la comunidad tenga mejor nivel de información y sea mucho más cuidadosa en aquello de priorizar sus aspiraciones, expectativas, y sus demandas al Gobierno.
Hemos encontrado un proceso creciente de madurez. La gente mucho más informada sobre posibilidades y limitaciones; y los ciudadanos mucho más cuidadosos en aquello de establecer prioridades. Yo creo que ha sido bastante formador.
Realizamos unos consejos periódicos también en las ciudades colombianas, ordenadamente, sobre empleo y sobre microcrédito.
Y se hace de la siguiente manera: se realiza entonces, por ejemplo hoy, un Consejo de Empleo con la Cámara de Comercio de Bogotá o con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y siempre en toda reunión comunitaria nuestra quedan unas conclusiones que se leen públicamente.
Se elevan a una especie de acta, para dar credibilidad, y a eso se la hace un seguimiento cuidadoso. Ha ayudado mucho en el diálogo con medianos y pequeños empresarios, en el diálogo con sectores sociales del país.
Yo creo que todo esto ayuda a construir cohesión social, a construir confianza.
Viene el debate de la democracia plebiscitaria. Qué debate tan difícil y que se da ahora en América Latina. Entonces es la instauración de autocracias, a través de democracia plebiscitaria.
Yo pienso que si la democracia plebiscitaria es un hecho aislado para instaurar un poder, puede ser un camino a la autocracia. Pero si la democracia de participación directa es una práctica consuetudinaria, periódica, no tiene porqué producir un efecto distinto al efecto de que el pueblo tenga mayor participación en la definición del rumbo de cada país.
Si se convoca hoy un mecanismo de participación para instaurar un poder, y después se niega la participación, es posible que ese mecanismo de participación sea simplemente una patente de corzo en nombre de la democracia, para instaurar una dictadura.
Por eso es muy importante pensar en la regularidad, en el hábito de la participación. No es la participación como participación asilada, como participación ocasional.
Referendo del agua
Ahora se discuten tres referendos en el Congreso (de la República). Ahora me voy a referir a dos, porque hay uno sobre el cual no hablo.
Me voy a referir al referendo del agua, al referendo que propone la cadena perpetua para los violadores.
Una discusión muy bella. Por ejemplo el Gobierno no esta de acuerdo con puntos en ambos, pero el Gobierno no pude decirle al Congreso que se niegue la democracia. Antier tuvimos una gran discusión con la Cámara de Representantes sobre eso.
El Gobierno decía: ‘mire, yo no estoy de acuerdo con unos puntos de referendo del agua. Claro que yo estoy de acuerdo que lo que hemos definido en la Ley, que interpreta la Constitución se ponga expresamente en la Constitución: que el agua es un bien público; las playas, humedales, lagunas, cauces, retiros, son bienes públicos.
Eso me parece muy bien, que se eleve al nivel de Constitución para darle la debida protección constitucional. Pero no se puede entrar en la contradicción que propone ese referendo, por un lado decir que es un bien público y por otro lado decir que en los cabildos indígenas o en los consejos comunitarios de afrodescendientes, ya no es un bien público sino un bien de esa comunidad. Entonces le van a negar a una ciudad vecina el derecho de proveer un acueducto con un nacimiento de agua que se de dentro de una de esas jurisdicciones.
El Gobierno tampoco, en un país de 45 millones de habitantes, puede estar de acuerdo que el agua sea gratuita para todos. Hay que orientar socialmente los subsidios, y tiene un desacuerdo con esa norma del referendo.
El Gobierno tampoco puede estar de acuerdo que todas las instituciones que presten servicio de acueducto y alcantarillado sean instituciones sin ánimo de lucro. Es que en Colombia las mismas empresas estatales son instituciones con ánimo de lucro, otra cosa es que no reparten utilidades a particulares y son contribuyentes.
Pero esos desacuerdos del Gobierno no pueden ser óbice para que el Gobierno diga ‘entierren ese referendo’. Eso es negar la democracia.
Yo creo que lo que más ayuda es que se respete la voluntad popular que se dé y que se discuta.
Entonces hay un tema también importante: ¿por ser de origen popular el Congreso lo puede modular o no lo puede modular? Yo me atreví a decir antes de ayer que sí, e hice esta analogía: si la Corte Constitucional puede modular sus sentencias, ¿por qué la instancia que tiene que convertir las iniciativas de referendo en Ley de la República, no las puede modular’
Si se niega la capacidad, la competencia para modular, ¿en qué queda el equilibrio entre la democracia participativa y la democracia representativa? He ahí un debate, y acepto que hay un debate.
La verdad es que si el Congreso no pudiera modular eso, no habría razón para que tuviera que convertirse en Ley de la República el proyecto de referendo. Yo diría que entonces bastaría con que lo presenten a la Registraduría o al Consejo Electoral, y que allí hagan el trabajo de revisión de las firmas, y digan: ‘están ya las firmas aquí constatadas, y convóquese para tal fecha’. Si se niega la capacidad de modulación ¿para qué pasa por el Congreso?
Y hay temas ahí filosóficos y temas prácticos.
Tema práctico este último, y un tema filosófico: ¿en qué queda el equilibrio entre la democracia participativa y la democracia representativa? ¿Acaso no hay en el Congreso representantes de los grupos que motivaron las firmas?
Por ejemplo estos dos referendos, los grupos de promotores tienen representación en el Congreso.
Lo otro es entonces que todo se lleve a la discusión popular. También la gente dice: si no hay modulación también se crean riesgos, porque entonces en nombre de la democracia, lo que se va a hacer es permanentemente proponer irresponsabilidades.
Y allí hay un dilema: hasta qué punto en nombre de la democracia, los gobiernos deben despreocuparse por las materias que se propongan, y simplemente dejar que todo se proponga; y hasta qué punto en nombre de la representación, en nombre de la responsabilidad, los gobiernos deben hacer esfuerzos para modular esas materias.
En términos prácticos: yo no me siento bien induciendo al Congreso a que niegue un referendo sobre el agua, pero tampoco me siento bien simplemente lavándome las manos y diciendo: ‘no, que los colombianos definan si los nacimientos de agua que están en los resguardos indígenas son de propiedad de la Nación o son de propiedad de ese resguardo’.
A mí me parece muy grave que el Presidente de la República, mayorías del Congreso, sectores dirigentes, se laven las manos sobre esos puntos.
Y eso crea mucha desconfianza. Es que para la gente es muy fácil ese discurso facilista de decir: ‘odas las empresas de alcantarillado y acueducto tienen que ser sin ánimo de lucro’. Un discurso facilista.
¿Y en qué queda entonces un país que requiere 10 billones de dólares hoy, para resolver los problemas inmediatos de agua y alcantarillado, y que requiere garantizar inversión estatal, inversión privada, inversión comunitaria? Por eso, ese equilibrio es bien importante mantenerlo.
Yo históricamente he dicho que no he estado de acuerdo con la pena de muerte ni con la cadena perpetua, que lo que tiene que hacer Colombia es erradicar la pena de muerte, un país donde asesinaban 30 mil personas. Pero uno también empieza a reconocer unos problemas sociales inmensos, como es ese problema de la violación.
Y uno tiene que aprender a situarse también en los hechos que motivan las personas que quieren una legislación mucho más estricta contra violación, pero también así como no se puede negar el derecho a ese referendo, también hay que ejercer el derecho de discutir las materias que se van a consultar. He ahí pues temas de bastante controversia.
Un sector del Congreso que dice: ‘sí Presidente, está bien, el referendo no se puede negar, esa consulta hay que hacérsela a los colombianos, pero ese tema de cadena perpetua para los violadores debe ser hasta cadena perpetua, para que sea el juez el que en virtud de su discrecionalidad, para evaluar las penas, al tasar la sanción, tenga la posibilidad de imponer una pena definida limitada en el tiempo o una cadena perpetua. Y también circunscribirlo a lo que es la violación en contra de menores o de incapaces’.
Esas discusiones se dan hoy en Colombia. La seguridad que ustedes sí pueden tener, distinguidos visitantes, es que este país vive en una gran ebullición participativa, y el único peligro que tienen con el Presidente de la República es el de discutir con él.
Muchas gracias”. |
