“Muchas gracias al Presidente Colom (Álvaro Colom, Presidente de Guatemala), por acompañarnos en este evento tan importante. Hemos tenido en él un gran amigo, en nuestras relaciones de hermandad y de democracia con todos los países del continente.

El Presidente Colom representa la integralidad de los valores democráticos, en una patria que sufrió bastante como Guatemala, y que tiene mucho que enseñarnos en estas materias. Lo recibimos con todo el afecto y con toda la gratitud.

Muchas felicitaciones a Frank Pearl (Alto Comisionado para la Paz y Alto Consejero Presidencial para la Reintegración); a su equipo. No solo por la tarea tan exigente de conducir este difícil programa de reintegración, sino también por la convocatoria de este gran foro que aquí, en Cartagena, nos permite recibir luces de la comunidad internacional.

Agradecer a todos los que nos han ayudado; contar nuestra historia; también proyectarla para que aquellos que no han tomado la decisión de reintegrarse, lo hagan. Tiene muchísimas consecuencias positivas este foro.

A mi me preguntan: ‘¿Por qué la insistencia, Presidente, de hablar de confianza en Colombia todos los días?’. En este foro, por una razón: para que las nuevas generaciones puedan tener la certeza de que van a vivir felices en Colombia, en un país en paz y próspero.

Me preguntan: ‘¿Qué relación hay entre los valores que el Gobierno propone para la confianza y la reinserción, la Seguridad Democrática y la reinserción, la política de inversión y la reinserción, la cohesión social y la reinserción?’.

La Seguridad Democrática ha determinado la reinserción, pero también ha logrado que sea una reinserción con gusto. En alguna forma la fuerza y, al mismo tiempo, la hace atractiva.

Diría yo que esa reunión entre la tarea de las Fuerzas Armadas, el Consejero de Paz y de Reintegración, Frank Pearl, con toda la ayuda de la comunidad internacional, va produciendo el doble efecto. Por un lado, demostrar que Colombia exige con sus autoridades el cese a la violencia, y por otro lado, de hacer atractivo el cese a la violencia y la decisión de reintegración.

La inversión es un supuesto necesario para que en un país de 45 millones de habitantes, la reinserción sea perdurable, sea el final de años de tormenta de violencia y se evite el reclutamiento.

La política social es fundamental para evitar el reclutamiento; para que nuestro sistema demuestre con hechos que está en condiciones de superar la pobreza y de construir equidad.

Hemos hablado, Presidente Colom, de seguridad con valores democráticos: Seguridad Democrática. Lo hemos propuesto para que la Seguridad de Colombia se distinga de aquello que pasó en otros países, cuando en la época de la doctrina de la seguridad nacional, en nombre de la seguridad se establecieron dictaduras, se recortaron las libertades, se expatrió el pluralismo.

El nuestro es un proceso de seguridad con toda la determinación, pero con todo el respeto a los valores democráticos.

Durante estos años, hemos recuperado dos monopolios que el Estado nunca debió perder: el monopolio para combatir el delito y el monopolio para administrar el servicio de Justicia.

Está desmontado el paramilitarismo. La palabra ‘paramilitar’ se utilizó en Colombia para denominar bandas privadas criminales cuyo objetivo era enfrentar a las guerrillas. Hoy, son las fuerzas institucionales del Estado las únicas que enfrentan cualquier actividad criminal.

Se han desmovilizado más de 50 mil personas, una desmovilización bien grande. Sobre todo, cobra importancia cuando se tiene en cuenta que no es la desmovilización de unos guerreros, sino de unos colombianos que estaban engañados en el terrorismo. Una cosa es desmovilizar guerreros cuando se le pone fin a una guerra -y a la guerra siempre se le busca algún elemento de legitimidad- y otra cosa es desmovilizar personas que estaban engañadas por grupos terroristas.

De los desmovilizados de los antiguos paramilitares, han reincidido aproximadamente 3.000. De ellos, 2.000 han sido llevados a la cárcel y abatidos por las Fuerzas Armadas.

Dos mil reincidentes están simplemente en la extorsión, en el narcotráfico, y en muchas partes del país, como lo hemos visto, aliados con la guerrilla. Así lo pudimos detectar en Tierralta (Córdoba) hace pocos días, cuando Farc y reinsertados del antiguo paramilitarismo se unieron para realizar dos secuestros.

Colombia también ha recuperado el monopolio de la Justicia. Colombia se siente orgullosa de tener una Justicia independiente, democrática. Pero en muchas partes del país había sido desplazada por los grupos terroristas. En unas regiones, los conflictos de familia, las querellas entre vecinos, las dirimían los jefes paramilitares, y en otras regiones, los jefes guerrilleros. El país ha recuperado el monopolio de la Justicia. Bien importante señalarlo.

Las víctimas no presentaban sus reclamos por temor o porque lo consideraban inocuo, inútil. Hoy las víctimas presentan su reclamo. Antes se hablaba de las víctimas en los funerales; hoy la reparación de víctimas es una primera prioridad en la agenda nacional.

Catorce billones de dólares, cifra colosal para el tamaño de nuestra economía, Colombia tendrá que aplicar a reparación de victimas en los años que vienen.

Reparación total no hay. Y lo digo delante de tantos reinsertados de mi Patria, mis compatriotas, que fueron actores, pero finalmente se dieron cuenta que eran victimas.

Cuando se hace el esfuerzo de reparar, uno no puede pretender que va a conseguir la reparación total. Pero cada esfuerzo de reparación anula un germen de odio, elimina una posibilidad de venganza.

Los colombianos denuncian; acuden a las Fuerzas Armadas para buscar el servicio de seguridad.

Antes temían denunciar. Era creciente el número de compatriotas que no apelaban a las fuerzas institucionales en procura de la seguridad. Querían aislarse, salirse del país o resolver el problema por sus propios medios.

Y Presidente Colom, algo que los historiadores deberán señalar: Colombia ha enfrentado el más grave desafío terrorista, con legislación civilista, sin Estado de Sitio, sin recorte de libertades.

Cuando uno estudia el caso de otros países latinoamericanos, avanzaron en procesos de paz porque los insurgentes, en alguna forma, obtuvieron en los acuerdos garantías democráticas. La sustitución de regimenes dictatoriales por democracias en permanente apertura.

Aquí ha habido una democracia plena que siempre ha buscado la manera de avanzar en su apertura. Aquí no se ha enfrentado dictaduras, sino que se ha desafiado la democracia.

En otros países también negociaron porque los insurgentes, en algún momento, perdieron su capacidad económica.

Cuentan, de algunos procesos centroamericanos, que los insurgentes, en algún momento, dijeron: con apertura democrática negociamos, porque, además, no podemos continuar nuestra acción armada, porque ya no nos llegan fondos de las ONG de Europa Occidental.

Aquí ha habido un terrorismo muy rico que no depende de donaciones internacionales, sino del negocio del narcotráfico. He ahí la importancia de derrotar el narcotráfico.

Este país de 45 millones de habitantes llegó a tener más de 60 mil terroristas. Cifra descomunal. Con esa peligrosidad y con esa riqueza. Los ha enfrentado con legislación civilista, sin recorte de libertades.

Y ese proceso de seguridad ha sido acompañado por la Ley de Justicia y Paz, por acción integral, por el programa de Reinserción.

La ley de Justicia y Paz, producto de un proceso de gran controversia nacional e internacional, se construyó en la controversia. Esa Ley es un gran equilibrio entre la Justicia y la paz; de paz sin impunidad; de Justicia sin negación de la paz y de esfuerzos de reparación.

No ha sido fácil su aplicación, pero todos los días se hacen esfuerzos adicionales para que mejore la aplicación.

Una de las razones que nos llevó a tomar decisiones de extradición es que muchos desmovilizados tuvieron más de dos años para decir dónde estaban sus bienes, a fin de cumplir con la obligación legal de aplicarlos a la reparación de víctimas, y no lo hicieron. Pero esos bienes también tienen otro instrumento para perseguirlos: la Ley de Extinción de Dominio.

Colombia tiene una Ley de Extinción de Dominio muy eficaz. Hay dos vías: o los desmovilizados que tienen riqueza la confiesan para aplicarla a la reparación de las víctimas, o la Justicia, la Policía, el Gobierno avanza en el proceso de extinción de dominio. Confiamos que ese proceso se agilice más todos los días.

Este país venía en lo que podríamos llamar una tendencia de mejor distribución de la propiedad agraria. Esa tendencia la afectó totalmente el narcotráfico, los grupos terroristas.

Uno de los objetivos de esa política tiene que ser la extinción de dominio de toda esa riqueza mal habida, para aplicarla a los programas de reparación de víctimas, a los programas de reintegración de desplazados a sus lugares de origen; aplicarla al proceso de crear más Justicia en Colombia.

En el pasado se concedió amnistía o indulto a todos los que se desmovilizaban, sin tener en cuenta que sus delitos atroces no eran amnistiables ni indultables.

En nombre de la Justicia, esta Ley prohíbe la amnistía o el indulto para delitos atroces. Premia con una sentencia corta, pero no amnistía ni indulta delitos atroces.

En el pasado no era necesario confesar los crímenes ni sus aliados. Por eso, todavía siguen en impunidad muchos procesos, por ejemplo, de conexión entre la delincuencia y la política.

Esta Ley exige la confesión de los crímenes, exige que se digan quiénes eran los cómplices. Es una ley de gran avance en esa materia.

Por supuesto, cuando se habla de libertades políticas hay que entender lo siguiente: el mundo democrático ha indicado que la plenitud de derechos no se puede reconocer a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

En el pasado, por encima de las atrocidades, se permitió que pudieran aspirar a todos los cargos quienes se sometieron a esos procesos.

Este proceso, en respeto a la Constitución de Colombia, a los tratados internacionales, es claro: aquellos responsables de crímenes atroces no pueden aspirar a los cargos de elección popular.

Algunos dicen: ‘Bueno, Presidente, pero todavía hay 7, 8, 9 mil personas en las guerrillas; están las bandas criminales del narcotráfico. ¿Cómo se va a aplicar la Ley?

Primero, le es inaplicable a las bandas criminales del narcotráfico. Lo único que queda para desmantelar esas bandas es el ejercicio severo, transparente de autoridad.

Y el Gobierno, con persistencia -y lo declaro hoy ante tan ilustres visitantes internacionales- todos los días trabaja con una clave: perseverancia para demostrar esas bandas.

Las guerrillas. Finalmente no es posible distinguir entre el guerrillero y el paramilitar, para dar un tratamiento más favorable a cualquiera de los dos. Nosotros creemos que es necesario dar el mismo tratamiento.

Seguramente eso dificultará la desmovilización de los jefes de las guerrillas.

Muchos compatriotas, en el diálogo, me dicen: ‘Presidente, ellos no se van a someter a esa Ley’. Y yo pregunto: ¿cuál es el espacio jurídico para ofrecerles una legislación diferente? ¿Acaso podremos pactar con ellos que no confiesen sus crímenes? ¿Acaso podremos pactar con ellos que por encima de la responsabilidad de atrocidades aspiren a los cargos de elección popular? ¿Acaso podremos concederle una amnistía a la riqueza mal habida, que tendrá que dedicarse a la reparación de las victimas?

Y me dicen: ‘Pero si eso no se concede no se van a desmovilizar’.

Yo creo que a los líderes del terrorismo lo único que los hace desmovilizar es el ejercicio severo de la autoridad. Si no hay ejercicio severo de autoridad, cualquiera sea el atractivo de la ley no se desmovilizan.

Por eso, en este foro me corresponde invitar a mis compatriotas a una reflexión: Colombia no tiene espacio jurídico para ofrecerle una ley del corte de las leyes del pasado a los jefes de las guerrillas terroristas.

Además, si ofreciéramos ese espacio, como se les ofreció en el pasado, tampoco lo utilizarían, porque su delirio terrorista los ha llevado a negar muchas ofertas de paz.

Lo único que hará que tomen la decisión de desmovilizarse es la perseverancia en un ejercicio severo y transparente de autoridad en nuestra Patria.

Acompañamiento integral

El tema del acompañamiento integral. Se quejaban los soldados de Colombia de que ellos no podían adelantar políticas de seguridad, porque su sola presencia en las regiones afectadas por la violencia no era suficiente.

Hemos hecho un gran esfuerzo para que la acción de seguridad se acompañe de la acción de cohesión social. Nos falta mucho, pero en cada sitio de la Patria hay expresiones de ese esfuerzo: el esfuerzo de la revolución educativa; que llegar con el Sena -Presidente Colom, creo que es el Instituto más importante de América Latina en formación vocacional-; que llegar con la nutrición infantil; que con los programas educativos; que con Familias en Acción; que con afiliación al Régimen Subsidiado de Salud.

Si me preguntara: ¿cuáles son los dos grandes obstáculos? Le diría: el tema del emprendimiento y el tema de la vivienda social. El tema del emprendimiento, donde Frank Pearl está haciendo los mayores esfuerzos.

Hemos buscado que el acompañamiento integral de la política social vaya a todas estas regiones.

Por ejemplo, en las zonas pobres de Cartagena usted encuentra, Presidente Colom, todavía un gran atraso en vivienda. Están haciendo unos grandes esfuerzos con la señora Alcaldesa, pero hay un gran avance en Familias en Acción, en nutrición, en afiliación al Régimen Subsidiado de Salud. Y esos avances los encuentra hoy en la más remota comunidad rural de Colombia.

Y hay programas a los cuales vale la pena referirse. El programa de Familias en Acción, el mayor esfuerzo para atender el desplazamiento, y el programa de Familias Guardabosques.

Colombia tenía 220 mil Familias en Acción. Ahora se está aproximando a tres millones. Las familias más pobres con un apoyo para que sus hijos puedan completar el ciclo escolar. Eso es lo que hará la diferencia.

Y la hace en un momento de crisis de la economía. Esa es una gran política para evitar la deserción escolar. Lo que hará la diferencia es que los papás colombianos de los sectores pobres, y las mamás, sientan que sus hijos van a tener la oportunidad que a ellos se les negó. Por eso, este esfuerzo.

Atención a los desplazados

El programa para atender a los desplazados.

Esta violencia fue inútil, ha sido inútil. Esta violencia, yo recuerdo que siendo yo estudiante universitario –yo estudié en la universidad pública- las Farc y el Eln decían que si Colombia ampliaba la democracia hacia la elección popular de alcaldes y gobernadores harían la paz.

Este país adoptó la elección popular de alcaldes y, pocos años después la elección popular de gobernadores en la Constitución de 1991.

Al otro día, en lugar de hacer la paz, se convirtieron en sicarios de los alcaldes, en factores de extorsión de los gobernadores. Combinaron las formas de lucha: mataban y penetraban las instituciones y le enseñaron eso al paramilitarismo.

En lugar de haber incidido ellos en la ampliación democrática, la negaron. Empezaron como una guerrilla teórica; querían la lucha de clases como el instrumento de acción política, y la dictadura del proletariado como el modelo de Estado, y terminaron en el ‘mercenarismo’ asesino del narcotráfico.

Mi generación ha visto cómo han discurrido de extremo a extremo en ese ciclo.

Produjeron que este país, mientras triplicaba la población, escasamente avanzara en la economía; que el desempleo llegara a niveles alarmantes; la pobreza al 60 por ciento; más de dos millones de desplazados internos, y una Colombia que tenía millón y medio de ciudadanos en el extranjero, en pocos años llegó a tener más de cuatro millones de ciudadanos en el extranjero.

Por donde se mire, una violencia inútil.

Lo único que deja son las tristezas de las que nos hablaba Sandra (desmovilizada). Por fortuna hoy con luces de alegría en su vida.

En este Gobierno se ha hecho el esfuerzo de multiplicar por más de diez los recursos para atender el desplazamiento interno.

Tenemos dificultades, porque hoy observamos que hay casos que se declaran de desplazamiento de tantos años atrás, que es imposible saber con exactitud si obedecen o no a un desplazamiento de violencia.

Y a medida que hemos aumentado los beneficios, también ha aparecido una especie de ‘sobredeclaración’ de desplazados. Si eso no se raciona, no habrá presupuesto que alcance.

Con ellos hemos avanzado mucho en salud, en Familias en Acción, en educación. Tenemos un gran retraso en vivienda.

Familias Guardabosques

El programa de Familias Guardabosques.

Entre las similitudes de Colombia y Guatemala está la riqueza en biodiversidad: los ríos, las selvas. Este país todavía tiene más de un 51 por ciento del territorio en selva. Tenemos en selva 578 mil kilómetros, una extensión mayor que la extensión de Francia. El narcotráfico ha sido el gran enemigo de esa selva.

El programa que dirige Acción Social se llama Familias Guardabosques. Por él han pasado más de 90 mil familias, hoy hay 65 mil. Esas familias estaban vinculadas a las drogas ilícitas; han abandonado las drogas. Hacen convenio con el Gobierno para mantener un área libre de drogas; asumen la responsabilidad de manera grupal, colectiva; cuidan la recuperación de la selva y tienen actividades económicas, en la mayoría de los casos, marginales.

El Gobierno les paga por esas tareas, bajo la certificación de las Naciones Unidas.

Programas que, creemos, son de gran importancia en todo este proceso.

Muchas gracias a las Fuerzas Armadas de Colombia por su tarea heroica. Presidente Colom, unas fuerzas muy abnegadas, muy abnegadas.

Yo venía en un avión de Bogotá con el Comandante del Ejército (general Óscar González) y qué abnegación.

Por ejemplo, hoy, supuestamente por violaciones de derechos humanos, fueron llevados a la cárcel por la Fiscalía General 12 integrantes de nuestras Fuerzas Armadas.

Una tarea bien difícil es la tarea de la seguridad con credibilidad de opinión.

La gran característica del un Estado de Derecho es obrar como un Estado de opinión. Y para que la seguridad sea sostenible en un Estado de opinión, tiene que ser creíble. Y para que haya credibilidad, esa seguridad tiene que ser eficaz y transparente. Y la transparencia es adhesión a los derechos humanos. En eso no ha habido una sola reserva.

Me decía el Comandante del Ejército: ‘Presidente, nosotros tenemos todo el compromiso con los derechos humanos, pero también el país nos tiene que defender de las injusticias’.

También hay muchas injusticias. Así como hay violaciones de derechos humanos que se conocen y se sancionan y que esperamos que sea cuento del pasado y que se superen totalmente, también pululan las falsas acusaciones.

Una manera de demeritar el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas es acusando cada operativo de violación de derechos humanos.

El Gobierno, que desde un principio ha pedido transparencia como factor de credibilidad de la Política de Seguridad Democrática, también tiene que ser cuidadoso en aquello de no fallar a la solidaridad que se les debe a los soldados y policías de Colombia.

Tiene que mostrar su sentimiento cada vez que uno de ellos es mutilado o asesinado o llevado a la cárcel. Y así como les tiene que pedir a los soldados y policías total transparencia, también le tiene que pedir a la Justicia total imparcialidad.

Uno de los esfuerzos que tiene que hacer Colombia, de inmediato, es organizar la defensa judicial de nuestros soldados y policías. La falta de un Estado que los defienda los desmotiva mucho. En sus ingresos, la contratación de abogados para cualquier defensa se constituye en una tragedia.

Muchas gracias a las Fuerzas Armadas de Colombia. Han entendido que la seguridad es un camino hacia la paz. Y han sido tan exigentes en seguridad, como generosas para entender este proceso de reinserción.

Muchas gracias a las instituciones internacionales que nos ayudan en la reinserción.

Muchas gracias a todos los compañeros que trabajan en la reinserción.

Muchas gracias a todos los reinsertados.

Cada vez que un colombiano que está en esos grupos se desmoviliza, es un motivo de felicidad para la Patria entera.

En presencia del Presidente Colom, y en el cierre de este foro, quiero invitar a quienes aún persisten en la guerrilla a que se desmovilicen.

A mí me dicen: ‘Presidente, pero ¿cuál es su oferta de paz? Sí, puede haber mucho programa de reinserción. El más importante, lo que se constituye en la gran oferta de paz, es la garantía de la práctica democrática. Y este país todos los días demuestra esa garantía.

Lo mejor que se puede ofrecer, finalmente, lo único que se puede ofrecer es la garantía de la práctica democrática.

Hay que hacer llegar un mensaje a todos aquellos que no se han desmovilizado por temor. Los seducen con fantasmas: ‘no se desmovilicen que el Estado los engaña, los asesina’. Más de 50 mil desmovilizados, recibidos generosamente por el Estado.

Para nosotros, el fin de esta política no es el cementerio ni la cárcel; es la paz. Por eso, no hemos vacilado en permitir que integrantes de las Farc que están en la cárcel también tengan el beneficio de la Ley de Justicia y Paz.

Ya se ha empezado a postular como elegibles para la Ley de Justicia y Paz integrantes de las Farc que están en la cárcel, y ojalá lo podamos acelerar en los días que vienen.

Una invitación para todos los integrantes de las Farc y del Eln a que se desmovilicen. Con la misma determinación con que nosotros enfrentamos la violencia, se nos abre el corazón para estimular la reinserción.

Muchos colombianos me dicen: ‘Presidente, ¿y el diálogo?’ Ojalá. Pero aquí hay un diálogo efectivo con 7, 8, 10 que se desmovilizan diariamente. El diálogo, finalmente, es con los que quieren oír; no con los que quieren engañar.

Se han publicado recientemente testimonios de los jefes terroristas de las Farc, cuando la época del Caguán. Les dijeron a los visitantes internacionales – y hoy está registrado en libros, en testimonios de esos visitantes- que ellos no estaban interesados en hacer la paz, sino en utilizar esos 42 mil kilómetros de zona desmilitarizada que les entregó Colombia, para fortalecerse y para derrotar las instituciones democráticas. En esos engaños no podemos caer.

Por eso, este Gobierno es muy cuidadoso para no permitir que nos hagan la trampa de un supuesto proceso de paz sobre falsedades e hipocresías, simplemente por vísperas electorales.

Estamos dispuestos a la paz, como hemos estado dispuestos para la desmovilización de más de 50 mil colombianos. La paz sin engaños.

Por eso, hemos pedido que cesen las actividades criminales durante un tiempo y se empiece el diálogo, pero el diálogo eficaz. El diálogo que necesita como puerto de arranque el cese de actividades criminales, pero en el puerto de arranque no tiene que estar el desarme ni la desmovilización. Esos pueden ser los puntos del puerto de llegada. Para ellos estamos listos.

Mientras tanto, que sigan nuestras Fuerzas Armadas actuando con toda firmeza y con toda transparencia, y que siga este programa recibiendo 7, 10, 12 colombianos por día, y también procurando mejorar la atención a aquellos que se han desmovilizado.

Muchas gracias a todos aquellos que han venido de la comunidad internacional a acompañarlos, y que este foro sea la invitación a los que quedan en la guerrilla para que tomen la decisión.

Muchas gracias”.