“Quiero saludar muy respetuosamente a toda la comunidad Javeriana. En estos 200 años de la historia independiente de la Patria, uno de los temas a resaltar es la contribución javeriana al avance de Colombia, tema sobre el cual debemos profundizar en esta efeméride tan importante.

El diálogo y la discusión construyen confianza. Nosotros nos hemos propuesto construir confianza en Colombia, lo que no se excluye con la pluralidad. Lo que en lugar de hacerse daño con el debate, se alimenta del debate.

Hace unos años preguntaba a los estudiantes universitarios si habían pensado en algún momento irse definitivamente del país, y me asombraba porque muchos levantaban la mano. Una especie de desarraigo, de pérdida de raíces. Por eso nos propusimos escoger una palabra: construir confianza en Colombia. Y la hemos soportado en tres caminos, por los cuales hemos procurado avanzar y que consideramos inseparables: la seguridad como valor democrático, la inversión con responsabilidad social y ese gran validador, que es la política social.

Sin la seguridad, el manejo acertado de la economía no genera prosperidad. La seguridad es fundamental para que haya prosperidad, y la política social es fundamental para que la prosperidad produzca avance en la solución del tema de la pobreza.

El avance simultáneo de la política social con las políticas de seguridad y de promoción de la inversión, se constituye en un gran validador que justifica a la política de seguridad y a la política de promoción de inversiones.

Antes de escucharlos a ustedes, distinguidos profesores y estudiantes, permítanme hacer unos comentarios sobre estos temas.

Intangibles de la política de Seguridad Democrática

Nosotros hemos reiterado que la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Nos parece que América Latina está en un camino que ojalá se corrija, equivocado, de proponer una nueva división entre izquierda y derecha.

En el pasado tuvo algunas justificaciones, por la lucha contra las dictaduras. Se tomaron unas ideas de izquierda de Europa. Hoy, cuando todo el mundo quiere girar alrededor de la regla democrática, esa lucha es una lucha obsoleta, una lucha del pasado, impráctica.

Creemos que debemos avanzar es a una democracia con niveles superiores. Un democracia con seguridad, con libertades, con cohesión social, de instituciones independientes que no dejen de ser deliberantes, y de un alto nivel de participación ciudadana como factor de transparencia.

La seguridad en Colombia tiene unos avances tangibles y otros intangibles. El país llegó a tener momentos de casi cuatro mil secuestros. El año pasado hubo 124 secuestros extorsivos. Deberíamos tener cero, pero el país ha avanzado enormemente en eso.

Llegamos a tener años de casi 30 mil asesinatos: 66 por cada 100 mil habitantes. El año pasado fueron 15 mil 817: 32 por cada 100 mil habitantes. Hemos mejorado, pero falta mucho. En la visión de largo plazo, el país tiene que ponerse en el nivel de los países industrializados.

Algo bien importante es la relación –que simplemente la menciono como para ir relacionando un menú temático–, entre la política general de seguridad y la política de seguridad urbana, porque son inseparables.

Otro tema bien importante es el tema de los intangibles. Creo que hay unos intangibles bien importantes en este tema de la seguridad.

El primero, hemos recuperado unos monopolios que nunca se debieron perder. Hemos recuperado el monopolio del Estado para combatir las organizaciones criminales. Hemos superado el paramilitarismo.

La palabra ‘paramilitar’ surgió en Colombia para denominar bandas privadas criminales, cuyo objetivo era combatir a la guerrilla. En alguna forma pretendieron y avanzaron en la sustitución del Estado en esa tarea. Hoy, en todo el territorio, el único que combate a todas las organizaciones criminales es el Estado.

Las bandas criminales, y es uno de los temas del día, en muchas regiones de Colombia tienen una relación mafiosa con las guerrillas, se enfrentan o se alían para disputarse o para repartirse los beneficios del narcotráfico. Uno lo ve. En la Cordillera Occidental, en las laderas, las guerrillas producen coca; en los esteros del Pacífico las bandas criminales la comercializan.

Creo que hay una afirmación sustentable, muy importante, para decir que en este Gobierno hemos superado el paramilitarismo, se ha recuperado el monopolio del Estado para combatir cualquier organización criminal.

Diría que la diferencia entre las bandas criminales y los carteles de droga del pasado se da en un aspecto: en los carteles de droga del pasado se conocían los cabecillas, pero esas organizaciones no habían sido cuantificadas con aproximación. Hoy las Fuerzas Armadas de Colombia tienen una bastante aproximada cuantificación de los integrantes de las bandas criminales, y hay la determinación total de derrotarlos.

El segundo monopolio que hemos recuperado es el de la justicia. La justicia en Colombia es independiente y autónoma, pero en muchas partes del país había sido desplazada y estaba siendo reemplazada por cabecillas de la guerrilla y el paramilitarismo, no la dejaban operar.

Fiscales y jueces, en muchas partes, tenían que sucumbir en sus empeños de administrar justicia por la arremetida de paramilitares y de guerrillas, que resolvían pelitos de familia, disputas entre vecinos, crímenes mayores y crímenes menores. El país ha recuperado ese monopolio.

Reparación de las víctimas

El tema de las víctimas es de trascendental importancia. En el pasado las víctimas no reclamaban porque lo encontraban inútil o temían a la retaliación. En este proceso de construir confianza en Colombia, las víctimas hoy reclaman sin temor. Tenemos 280 mil víctimas registradas.

Hemos empezado, en medio de las enormes dificultades fiscales, a repararlas. Pero, en este auditorio que lleva el nombre del doctor Luis Carlos Galán, quiero hacer esta afirmación: la mejor reparación, la única reparación finalmente, es el derecho a la no repetición. Nada ganamos con reparar a nuestras víctimas si no suprimimos la violencia. Mañana nos preguntarán para qué repararon a las víctimas de ayer, si no nos han garantizado el derecho a la no repetición.

Por eso la lucha por la seguridad tiene que ser una lucha inclaudicable, permanente. Muchos compatriotas me dicen: ¿hay reparación total? Reparación total no hay.

Creo que en 200 años de vida independiente solamente hemos tenido 47 años de paz. Las generaciones vivas, desde los años 40, no hemos conocido un día completo de paz. El país vio el final de la última guerra civil del siglo XIX en el último trimestre de 1902, cuando se firmaron tres pactos: el de la Hacienda Neerlandia, en el departamento del Magdalena; el del Buque Wisconsin, estaba en ese momento en Panamá, y el de Chinácota, en Norte de Santander.

Esa paz se hizo –al decir del General Uribe, uno de los contendientes, cuando firmaban los acuerdos de Neerlandia, en el departamento del Magdalena–, no porque hubiera voluntad de paz sino porque el país estaba destruido. Al año siguiente, con un país destruido, se separó Panamá. Una separación sin violencia de Panamá; presiones, sí, de la doctrina del Gran Garrote, del Presidente Roosevelt, de los Estados Unidos, y sin voluntad de resistencia de Colombia, y sin condiciones de resistencia.

¿Hasta cuándo duró esa paz relativa? Hasta los años 40, cuando empezó de nuevo la violencia entre los partidos. Se supera con los pactos del Frente Nacional, liderados por los ex presidentes Alberto Lleras y Laureano Gómez. Y todavía a muchas regiones de Colombia no habían llegado las noticias de los pactos de paz, cuando ya estaban irrumpiendo allí las guerrillas marxistas.

Propósito: sustituir la lucha democrática por la lucha violenta de clases; el Estado de Derecho por la dictadura del proletariado; la iniciativa privada por la economía estatizada; el ideal democrático por el ideal, inicialmente del socialismo, y en una fase superior de lo que ellos llamaban la propiedad de toda la comunidad: el comunismo.

Crecieron en Colombia, aumentaron la violencia, y vino la reacción, igualmente cruel, del paramilitarismo, los niveles de violencia, de pobreza de desempleo. Ambos cooptados por el narcotráfico. Es una tragedia que el país tiene que superar, y ha sido nuestro esfuerzo.

Pues bien: es bien importante, como garantía de reparación, el derecho de no repetición.

Se ha enfrentado el terrorismo con transparencia y sin restricción de libertades

Otro intangible, trascendente en esto: nosotros hemos enfrentado el desafío terrorista más grande de la región, con un terrorismo rico, apoyado en su propio negocio del narcotráfico, que no ha dependido de financiación externa, lo hemos enfrentado con varias características. Destaco tres: primero, lo hemos enfrentado sin apelar a la restricción de libertades; no hemos apelado a la suspensión de la libertad de prensa; al contrario, hemos fortalecido las libertades, en la medida en que el país le ha venido perdiendo temor a la agresión terrorista.

Hemos adelantado este proceso con ceñimiento a los derechos políticos, a las garantías ciudadanas, sin Estado de Sitio. Hemos estado totalmente abiertos a la crítica nacional y a la vigilancia internacional. Cuando aparecía el nuevo ejército zapatista en México, y llegaba la señora del Presidente de Francia con una delegación de Ong, de allá los echaron. Y no hace mucho tiempo. Nosotros hemos estado totalmente abiertos a la vigilancia internacional. Discutimos sí; discrepamos, sí, pero con total apertura. Creemos que eso es bien importante.

El Gobierno ha exigido que esta política sea tan eficaz como transparente, porque además tenemos una convicción: en una democracia de opinión, lo único que hace sostenible una política de seguridad es que sea eficaz y transparente. Y la transparencia es sinónimo de respeto a los derechos humanos.

Nada se ha ocultado. Ninguna responsabilidad ha dejado de asumirse. Hemos impulsado, con afecto y con determinación, a nuestras Fuerzas Armadas. Pero no hemos vacilado en tomar decisiones muy importantes para la justicia, tema de esta reunión, como aquello de que, por regla general, aquellos delitos que pudieran imputarse a las Fuerzas Armadas los conozca en primera instancia la justicia ordinaria y no la justicia penal militar. Y que solamente en el momento en que la justicia ordinaria diga: esto tiene las connotaciones de un acto del servicio, solamente en ese momento se traslada a la justicia penal militar.

Creemos que allí reposa uno de los cambios de orientación democrática más importantes de nuestro sistema de justicia.

Garantías para alcaldes y gobernadores, y taponamiento de caminos de corrupción

La democracia moderna no se puede desprender de la descentralización. La descentralización venía siendo afectada profundamente en Colombia por el terrorismo. La hemos recuperado.

Colombia tenía cerca de 400 alcaldes que no podían operar en sus municipios por las amenazas terroristas. Recuerdo aquel 8 de agosto de 2002 cuando, antes de que saliera el sol, llegamos a Valledupar. ¿Qué encontramos allí? No podían transitar hacia Bucaramanga, tampoco hacia Riohacha, tampoco hacia Santa Marta. Retenes de guerrilla y paramilitares. Y ya no les servían de refugio sus casas. Y en la tarde llegamos a Florencia: todos los alcaldes del Caquetá, asilados en la capital, escondidos, porque el terrorismo no los dejaba operar en sus municipios.

Hemos rodeado de garantías a todos los alcaldes y gobernadores. Y quiero anotar este punto, que es muy importante para la unidad nacional: sin detenernos en el origen político de su elección. Este Gobierno ha trabajado ya con tres grupos de alcaldes y tres grupos de gobernadores: el grupo que encontramos, el grupo que se eligió en 2003 y el que se eligió en 2007. Y hemos procedido con inalterado respeto.

Tuvimos esa tragedia de diciembre con el asesinato del Gobernador del Caquetá, pero hemos procurado rodear de plenas garantías a todos los gobernadores y alcaldes.

Y hemos taponado caminos de corrupción. Guerrillas y paramilitares buscaban financiarse de los recursos de la descentralización. ¿Por qué ese gran surgimiento de las guerrillas en el Arauca? ¿Por qué empezaba a presentarse allí, a la hora de la llegada de nuestro Gobierno, una reacción paramilitar? Por disputarse las regalías. Se las robaban.

Se robaban los recursos de salud. Nosotros hemos venido taponando esos caminos de saqueo de la descentralización. Hemos cancelado, por ejemplo, muchas entidades de salud que eran controladas por guerrilla o por paramilitares. Hemos avanzado bastante en la recuperación de una descentralización eficaz y una descentralización transparente.

Es importante el análisis de los elementos intangibles de la Seguridad Democrática.

Confianza inversionista

En el tema de confianza de inversión, diría que mientras en otras partes de América Latina hay un discurso que asusta, el discurso nuestro da confianza. Nosotros creemos en la inversión, en la iniciativa privada.

Creemos que la libertad de iniciativa privada contribuye a la ciencia, que eliminar la iniciativa privada adormece la curiosidad científica. Creemos en la iniciativa privada con responsabilidad social. Pensamos que América Latina ha vivido en un ciclo recurrente, dañino, de estatizaciones y demoliciones del Estado.

Vivimos una década neoliberal o década y media de destrucción del Estado. Nosotros lo hemos reformado, pero no lo hemos destruido: reforma a Ecopetrol, a Telecom, a 430 entidades del Estado, ahora a Estupefacientes, a Etesa. No hemos cerrado un solo hospital público. Hemos obligado a la reestructuración de 220.

Los decretos de Emergencia obligan a una gran austeridad fiscal en los hospitales públicos, porque el dinero de la salud no es para el derroche. Es para cumplimiento de una misión frente a los colombianos.

No creemos en las décadas en las cuales América Latina destruyó el Estado, pero tampoco creemos en las décadas en las cuales América Latina destruyó la iniciativa privada.

La historia reconoce cómo se estancó la iniciativa privada en procesos autoritarios del Brasil, entre los años 30, de Getulio Vargas, hasta muy hace pocos años ¿Qué pasó con la revolución estatista de Bolivia de 1950? ¿Con el desastre que se produjo con la revolución estatista de los generales en el Perú? Nosotros creemos en el papel del Estado como regulador social y en el papel de la iniciativa privada como generadora de austeridad.

Responsabilidad social

Y por supuesto, la contraprestación a la iniciativa privada es la responsabilidad social, que la vemos expresada en los siguientes elementos: transparencia en la relación entre la inversión y el Estado, en la contratación, en la tributación, en la solución de disputas; respeto a los intereses comunitarios, por encima de los mínimos legales, por ejemplo, en el tema ambiental. Un tercer tema: fraternidad en las relaciones laborales, por oposición al capitalismo salvaje o al odio de clases. Y uno cuarto, debemos entender el capital como un factor de construcción de riqueza social, no como un activo de especulación, que fue lo que desató esta última crisis de la economía

Incentivos a la inversión

Hemos trabajado mucho por promover la inversión en Colombia: la tributación orientada a premiar la inversión, porque creemos es el camino al empleo. Y les voy a hablar de algunas evoluciones del país en eso.

Cuando empezamos, la tasa de inversión en Colombia estaba entre el 12 y 14. En los últimos años ha estado por encima del 25. El año pasado, en medio de esta dificultad de la economía, cuando se pondera la inversión pública y la inversión privada, Colombia con el 25,3 tuvo la tasa de inversión más alta de América Latina.

Nosotros teníamos unos rangos de inversión extranjera entre 400 millones de dólares y 2 mil millones de dólares. En los últimos años hemos estado entre 6 mil 500. El año antepasado, récord: 10 mil 578. El año pasado, segundo récord: 9 mil 530. Falta una cuenta de compensación que no ha dado el Banco de la República, sobre diciembre.

Mientras la Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo cayó un 29 por ciento, aquí frente, a un año récord, produjimos el segundo récord, y creo que esa caída de 10 mil 570 a 9 mil 530 es una caída alrededor del 8 por ciento.

Acuerdos de comercio

Hemos venido en este tema de las relaciones internacionales, que es bien importante, procurando que Colombia pase de una economía de apertura unilateral a una economía de integración de mercados, independientemente de las orientaciones políticas de nuestros interlocutores.

Entre el año 89 y el año 2003, Colombia hizo la apertura de su propio mercado, pero teníamos acceso a muy pocos mercados: que la Comunidad Andina; que un acuerdo con México, que quedó muy pequeño, importante en la época y de acuerdo a las necesidades de hoy muy pequeño; que accesos de preferencias unilaterales a los Estados Unidos, a Europa, temporales.

Nosotros hemos hecho el acuerdo Comunidad Andina-Mercosur; el acuerdo con Chile; el acuerdo con Perú, para ir más allá de las reglas de la Comunidad Andina; el acuerdo con tres países centroamericanos; ahora la negociación del acuerdo con Panamá; el acuerdo con Estados Unidos, con Canadá, discutiéndose en sus congresos, y estamos a días de cerrar el acuerdo con la Unión Europea.

Hemos incorporado unos acuerdos bien importantes en las relaciones internacionales. Los acuerdos de desmonte de la doble tributación: que a la inversión no le cobren por el mismo monto dos veces, en un país y en el otro. Y también los de promoción de inversiones. Entre 2004 y 2008, negociamos con China el acuerdo de promoción de inversiones, que finalmente firmamos a finales de 2008. El Canciller acaba de firmar el acuerdo con India.

Nosotros, el único país suramericano con costas en ambos océanos, consideramos de gran importancia la inserción de Colombia en los países del Asia Pacífico. En Corea nos quieren, agradecen la participación de Colombia en la guerra, estamos aceleradamente negociando con ellos el acuerdo de comercio, promoción de inversiones, como el gran camino para la incursión de Colombia con las economías asiáticas.

Estos han sido puntos fundamentales de nuestra política exterior: integrarnos con todas las economías, respetando el pluralismo político.

Política social

En el tema social, creo que hay temas bien importantes, en educación, en salud. En educación: en coberturas, en calidad, en pertinencia. Si ustedes me preguntaran: ¿en concepto del actual Gobierno de qué depende el empleo?, les diría: no es una variable presupuesto, es una variable consecuencia. Nosotros creemos que depende de la promoción de la inversión, el acceso a mercados, la seguridad, la innovación, que a su vez requiere una revolución educativa pertinente, como camino de productividad, de competitividad, y por supuesto, en un país como el nuestro, de poder avanzar en un desarrollo de infraestructura.

Colombia tenía un 78 por ciento en cobertura de educación básica, hoy está llegando al ciento por ciento. Como hay que ver lo bueno y lo malo, salvo Bogotá y Medellín, en el resto del país la cobertura ha rebasado la disponibilidad de infraestructura. Ahí tiene el país un gran reto.

En educación media hemos pasado de una cobertura del 57 por ciento a una cobertura superior al 80. Graduábamos 424 mil bachilleres, este año vamos a graduar unos 730 mil. Teníamos menos de un millón de estudiantes universitarios, nos estamos aproximando a millón 700.

El Icetex, una de las entidades reformadas, antes había que pedir una recomendación política para tener un crédito del Icetex, hoy se aplica por Internet desde la universidad; tenía 60 mil estudiantes financiados, en noviembre del año pasado tenía 284 mil.

Creo que es el país que más se expone hoy a pruebas internacionales con estudiantes entre América Latina, a competir con estudiantes de las naciones industrializadas, en ciencias, en matemáticas. Y el país latinoamericano más exigente en pruebas domésticas. Ya no tenemos solamente las pruebas Icfes, las pruebas periódicas Saber, tenemos los Ecaes. Yo siempre les pregunto a los directivos de las universidades, ahora le estaba preguntando al padre Vicerrector, cómo van con el Icetex, cómo van con los Ecaes.

Tenemos lo que son los exámenes para medir la calidad de los egresados universitarios. Y hemos introducido el observatorio de la suerte laboral y de emprendimiento de los egresados universitarios, para ir manejando el tema de pertinencia.

El año pasado se aprobó una gran Ley de Ciencia. Este año tiene Colciencias, en medio de estas dificultades fiscales, el mayor presupuesto investigativo de la historia.

Hemos introducido el concepto de educación por ciclos. En el Sena para eso se ha hecho una gran revolución, es una de las entidades reformadas en este Gobierno. Atendía un millón 100 mil estudiantes por año, el año pasado siete millones 800 mil.

En formación titulada, técnicos y tecnólogos, tenía el Sena 41 mil, está llegando a 500 mil. Es líder en enseñanza de inglés, está enseñando inglés por Internet a un millón de colombianos, la mayoría de los profesores desde San Andrés. Como la transmisión ha habido que hacerla por satélite, ahora estamos instalando un cable submarino.

Y esa institución ha venido integrándose con las universidades, para que los créditos que cursan los estudiantes para un grado técnico o tecnológico, se los valgan en las universidades para después continuar y acceder al grado de educación superior. Y también ha venido integrándose hacia abajo con el bachillerato. Nuestro propósito es que llegue un momento en que todos los bachilleres de Colombia estén listos para la universidad y para el emprendimiento. Por eso ese trabajo en la promoción de las competencias de emprendimiento con los estudiantes de bachillerato.

Emergencia Social

Se ha discutido mucho este tema de la Emergencia Social, me acompañan el Ministro, el Viceministro, y es bien importante poder responder a todas las inquietudes de ustedes. Simplemente esto, y término para escucharlos.

Antes de la Ley 100, 1993, Colombia tenía unas tres millones de personas en el Seguro Social, creo que muy poquitos tenían cobertura familiar, tengan en cuanta eso.

En los regímenes especiales había otro medio millón de colombianos. Las personas pudientes podían pagar unas clínicas buenas, unos médicos buenos, había millón y medio de colombianos de los estratos altos con póliza de medicina prepagada. Para los sectores populares había un concepto de calidad que en muchas regiones de Colombia era precaria y no alcanzaba a atenderlos debidamente.

Entre 1993 y nuestro Gobierno, se afiliaron al Régimen Contributivo de Salud 13 millones de beneficiarios. Durante nuestro Gobierno hemos pasado a 18 millones.

En Régimen Subsidiado, hasta nuestro Gobierno, 10 millones 700 mil colombianos. En nuestro Gobierno hemos pasado de 10 millones 700 mil a 23 millones de cupos.

Consolidando, hemos pasado de 23 millones de asegurados a 41 millones de asegurados. Estamos aproximándonos a la cobertura universal.

Uno de los objetivos de la reforma: darle sostenibilidad, evitar que falta de recursos y de buen uso de los recursos, frustren este gran avance.

El Gobierno no ha dejado cerrar un hospital público, pero se han reformado 220. Ahora hablaba con un distinguido colombiano en la Presidencia, y me decía: ‘Pero en eso hay que estar todos los días’. Y le dije: ‘Sí. La discusión en muchos países industrializados, de todos los días, es la salud. La administración de los hospitales es un tema de todos los días, eso nunca se agota’.

Creo que hemos hecho una reforma bien importante, que tuvo mucha oposición, en el Seguro Social. Ustedes van a las clínicas del Seguro Social de Bogotá y hoy son decentes. Creo que en esas clínicas pasamos de una tragedia de antaño, clínicas manejadas por el clientelismo, la politiquería, los excesos sindicales, a unas clínicas hoy de primer nivel. Una reforma muy difícil, con mucha oposición política, pero qué bueno para el país tener unas clínicas del Seguro Social distintas, aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali, la Campo Serrano de Santa Marta, la Enrique de la Vega de Cartagena.

También en la EPS del Seguro, tenemos la Nueva EPS, bregando a sacarla adelante con las cajas de compensación.

Queremos con esta reforma que el país pueda darle sostenibilidad al gran avance de salud y seguir mejorando. Se busca tener los recursos para que cuando haya un evento no incluido en el plan, que ponga en riesgo a la persona, como lo dice la Corte Constitucional, haya un fondo con el cual atender a esa persona, orientando principalmente ese fondo a los sectores más pobres, que es necesario en un país como Colombia, con inequidad y con pobreza.

Buscamos también que en no mucho tiempo se eleven los beneficios del Plan Subsidiado a ponerlos en el mismo nivel del Plan Contributivo. Ya hay 11 millones de jóvenes colombianos, menores de 18 años, en el Plan Subsidiado, que están incorporados al Contributivo, y 554 mil ciudadanos de Barranquilla que están en el Régimen Subsidiado, están hoy convertidos en el grupo poblacional piloto para poderles llevar los beneficios del Contributivo.

Los alcaldes, algunos han reclamado porque han dicho: ‘Presidente, nosotros contratábamos las EPS y ahora nos quitaron eso’. Yo les dije: ‘Es que las EPS no las debe contratar el Gobierno Nacional, ni los departamentos, ni las alcaldías, es el ciudadano el que libremente escoge’. Ese principio se reivindica en esta reforma, fundamental para la transparencia.

Porque también ha habido mucha queja de manipulación en la contratación con EPS. Desde el primero de abril, serán los ciudadanos de Régimen Subsidiado los que dirán a qué EPS del Régimen Subsidiado quieren afiliarse. Las autoridades territoriales mantienen competencias para calificar si la red hospitalaria cumple o no cumple.

Y desde el primero de abril, un colombiano de Régimen Subsidiado, en cualquier parte del país, podrá pedir que lo atiendan en cualquier parte del país. Hoy todavía no lo hacen. Si yo tengo un carné de Régimen Subsidiado de Fusagasugá, solamente me atienden allá, salvo en emergencias. Desde el primero de abril, me deberían atender en todo el país.

Estos son algunos temas de esta reforma. Y me honra mucho poder acudir a la Universidad y los escucho de acuerdo con la metodología que ustedes tengan prevista”.