Bogotá, 3 feb (SP). “Me honra mucho regresar hoy a la Universidad. Voy a referirme brevemente, porque veo que las intervenciones son muchas, al propósito de nuestro Gobierno, simplemente enunciándolo; a la hipótesis que ha traído nuestro Rector, el doctor José Fernando Isaza, propuesta por el profesor Antanas Mockus, y a las preguntas que ha formulado la doctora Claudia López.

Nosotros, en el año 2000, preguntábamos en las aulas universitarias a los jóvenes si en algún momento habían querido abandonar a Colombia definitivamente. Y la mayoría levantaba la mano y decía que ‘sí’.

Había una especie de desprendimiento de la Patria, de desarraigo, de desintegración del colectivo. Eso nos llevó a escoger una palabra para guiar nuestra tarea política: construir confianza en Colombia.

Cuando propusimos la política de seguridad como uno de los pilares para construir confianza, muchos analistas decían: ‘Eso no va a triunfar. En Colombia nunca ha triunfado una política de seguridad’

¿Cuál fue la diferencia? Que la propusimos sustentada, cimentada en los valores democráticos -como se practican esta tarde en este auditorio- después de casi 8 años de Gobierno. Y eso va marcando, señor Rector, la diferencia entre el Estado de Opinión que usted confunde con el Estado de opresión.

Ocho años de profundizar los valores democráticos; de quitarle a la democracia un sicario: el terrorismo, para que la democracia se pueda expresar libremente. Esa fue la diferencia.

Y propusimos, como segundo pilar, un país que construyera confianza inversionista. Porque cualquier examen económico sobre la vida nacional arriba a la conclusión de que uno de los presupuestos que se requieren para superar pobreza, construir equidad, generar empleo con calidad, posibilidades de emprendimiento, es tener una elevada tasa de inversión sostenida en el largo plazo, con responsabilidad social.

Y propusimos una política social que usted menciona cuando habla, señor Rector, de la necesidad de una eventual reforma tributaria. En ese esquema ha venido trabajando el Gobierno.

La hipótesis del doctor Antanas Mockus: si hubiera desmovilización de todos los grupos criminales en Colombia, ¿habría paz sin inclusión?

La verdad es que el examen detallado de la historia de Colombia muestra que la falta de inclusión ha alimentado la violencia y que la violencia ha cerrado posibilidades para que haya inclusión.

Yo creo que esto no se puede mirar exclusivamente desde la óptica de justificar la violencia o de explicarla porque no ha habido inclusión. La violencia ha negado posibilidades de inclusión en nuestro país.

Respuesta al Rector José Fernando Isaza

Yo tengo que discrepar respetuosamente del Rector en algunos puntos.

Por ejemplo, el periodo de 1863 a 1866 fue un periodo de enorme desorden en el país.

Yo he pertenecido a grupos políticos que en Colombia hemos defendido profundamente la Constitución del 63. Pero fue tal el desorden, que la Constitución no pudo producir los efectos políticos deseados. Se requirió llegar por allá a 1921, 1923, en Ibagué, para que el Congreso del liberalismo, presidido por el General Benjamín Herrera, en su Manifiesto Político, le propusiera nuevamente al país aquello que había fracasado con la Constitución del 63, como era la elección popular de alcaldes.

No se avanzó si quiera en esas instituciones democráticas. Fue un periodo de grandes hombres y de profunda inestabilidad.

Hace poco celebrábamos los 80 años del Ministerio de Comunicaciones y teníamos que referirnos a una de las figuras más importantes de la historia de Colombia de ese periodo, el Presidente (Manuel Murillo) Murillo Toro y sus grandes realizaciones.

Ese periodo hubiera permitido tener muchas más realizaciones en Colombia, de no haber sido por la inestabilidad.

El ascenso de (Rafael) Núñez y la reorientación que se le da al país no fueron súbitos ni espontáneos. Fueron generados por el desorden en que estaba el país.

Se presentaron los primeros intentos de separación de Panamá, que recién había llegado por allá en 1822, en 1823. En la Costa Caribe colombiana se presentaba una gran reacción al desorden, que llevó a Núñez a presidir el Estado de Bolívar y después a la Presidencia de la República.

Yo creo que hay que buscar en la historia si fue tal periodo de estabilidad o un periodo de desorden e inestabilidad que se convirtió en la causa eficiente de la Constitución de 1886.

También discrepo de su apreciación de que la paz empieza con aquella Reforma Constitucional de 1910, que abolió la pena de muerte. Usted no mencionó la abolición de la pena de muerte en la Reforma Constitucional de 1910, pero es uno de los elementos sobresalientes de esa Reforma Constitucional.

La paz había empezado en 1902, cuando se firmaron los acuerdos que le pusieron fin a la Guerra de los Mil Días, que fueron tres acuerdos. En uno de ellos, en el departamento del Magdalena, el General (Rafael) Uribe Uribe dijo sabiamente, interpretando el momento: ‘Hemos hecho la paz, no porque estemos convencidos de la paz, sino porque destruimos al país’.

El país en esas guerras había quedado destruido, no había por qué pelear. Y el país, profundamente deprimido, al año siguiente asistió a la separación de Panamá, sin capacidad de reacción alguna. Y se vivió un imperio relativo de paz hasta principios de los años 40, cuando empezó esa violencia partidista.

Y entre el fin de la violencia partidista y la iniciación de las guerrillas marxistas no hay tal periodo de paz. Yo le escucho al Rector (José Fernando Isaza) -he procurado en estos años discrepar con argumentos y evitar, en lo posible, el maltrato a las personas. Yo creo que los colombianos tenemos que aprender a discrepar con argumentos y con respeto a las personas-.

El Rector sabe que -nos conocemos hace muchos años y creo que ha sentido siempre, en cualquier discrepancia, total respeto de mi persona- que no vengo aquí a posar de que lo respeto en su Universidad, sino a acreditar que lo he respetado siempre, y en la discrepancia.

El Plebiscito de 1957 no trajo paz. El esfuerzo que habían hecho los líderes de los partidos para ponerle fin a la guerra entre los partidos, a esa violencia política, fue muy importante. Pero no hubo lugar a la paz, de inmediato empezaron a surgir las violencias marxistas.

Prácticamente en Colombia hay un empalme entre la violencia entre los partidos y la violencia de las guerrillas marxistas, del odio de clases, del objetivo de sustituir la democracia por la dictadura del proletariado. Y genera la reacción igualmente cruel del paramilitarismo. Y los dos son cooptados por el narcotráfico. Y las generaciones vivas, de 1940 a la fecha, no han vivido un día completo de paz.

Me parece, señor Rector, que usted está confundiendo el Estado de Opinión con el Estado de opresión.

Creo que un Gobierno que lleva ocho años y que ha logrado que muchos colombianos discrepantes que vivían en el exilo puedan vivir hoy en Colombia protegidos; que haya despertado un gran sentimiento ciudadano para que se les proteja; un Gobierno que ha orientado a las Fuerzas Armadas para que sean tutelares de los derechos constitucionales, para que protejan a todos los colombianos por igual, independientemente de que sean amigos o adversarios de las tesis del Gobierno, es un Gobierno que no puede, sutilmente, ser llevado a la confusión de imputarle un Estado de opresión, porque defiende un Estado de Opinión.

A mí me parece que las comparaciones que usted ha hecho, señor Rector, no se compadecen con este tipo de foros que se experimentan en Colombia, con plena libertad y con todo respeto. Eso no lo permiten los opresores.

El Estado de Opinión

¿De dónde surge nuestra tesis del Estado de Opinión?

Del proceso evolutivo del Estado de Derecho, que empieza en Inglaterra con la Carta de Juan sin Tierra (Carta Magna). Ese proceso evolutivo mediante el cual la Corona va cediendo, va reconociendo derechos del pueblo, y que lo escribe, lo narra bellamente Bertrand Russel.

Y en nuestra época se configura ese Estado de Opinión como un Estado con una normatividad heterónoma, externa al gobernante, que hoy todo el mundo dice tenerla. Se dice que el Estado de Derecho necesita órganos de control independientes; hoy todo el mundo dice tenerlos. Que el Estado de Derecho tiene que respetar la descentralización; hoy todo el mundo dice tenerla. Que el Estado de Derecho tiene ramas del poder independientes; hoy todo el mundo dice tenerlas.

Usted le pregunta a Cuba y le acredita todos esos requisitos. O a cualquiera de los países de la región.

He pensado yo que lo que definitivamente marca la diferencia para calificar un Estado de Derecho es el nivel de participación de la opinión. Y por eso hemos hablado del Estado de Opinión. Creo que el nivel de participación de opinión en Colombia solamente lo indica, no necesita uno acudir a nada distinto, que señalar el pluralismo de este foro.

Me parece que las palabras del Rector hacen una apología muy peligrosa. Hacen una apología del golpe de Estado, supuestamente, para evitar que se rompa la Constitución. Y crean, pretenden crear un pánico que no tiene ninguna razón. Dicen: como ya se inventó la bomba atómica, ya se inventó la manera de cambiar la Constitución, entonces nada va a quedar seguro. En qué van a quedar los contratos de estabilidad, el respeto a la iniciativa privada, a los pactos del Estado, a las garantías civiles, a los derechos políticos.

Depende del talante del pueblo y de los gobernantes, más que de la Constitución.

Con una sólida convicción democrática, no hay posibilidades de cambiar la Constitución para anular esos derechos; con una débil convicción democrática, por rigurosa que sea la Constitución e inflexible para modificarla, la derogan.

Yo tengo ahí una discrepancia. Me parece, me preocupa. Porque es que este país en estos años ha pasado de tasas de inversión del 12, 14 por ciento, a tener el año pasado, en medio de la crisis, la tasa de inversión más alta de América Latina: casi del 26 por ciento.

Nos movíamos en una Inversión Extranjera Directa entre 400 millones de dólares y 2 mil. Y en los últimos años entre 8 mil 500 y 10 mil 500. El año pasado, en medio de la crisis, tuvimos la segunda récord. Cuando el mundo bajó 29 por ciento en inversión extranjera, Colombia bajó siete. Y bajó de un pico de 10 mil 500 a un pico de 9 mil 531. Yo no creo que convenga crear ese pánico, cuando hemos creado toda la confianza y todos los días se cimientan las normas de confianza.

Ahora, podríamos también analizar una cosa que muy de paso examina el Rector, o por lo menos enuncia, que es el tema tributario.

El esquema tributario nuestro ha tenido las siguientes características: primero, no hemos aceptado una propuesta de reforma estructural porque pregunto qué es y me dicen: una reforma estructural es una reforma tributaria que crea una tarifa única y plana.

He dicho, eso tiene dos problemas: elimina los estímulos a la inversión, y en un país que le falta tanta formación de capital humano y físico no le podemos dar el mismo tratamiento al contribuyente que no invierte, que el tratamiento que se le da al contribuyente que invierte. Hay que estimular al contribuyente que invierte.

Y esa tarifa plana tiene otro problema: elimina la progresividad que es fundamental en un país con inequidades sociales.

Ahora, nosotros hemos introducido unos mecanismos para promover la inversión y también hemos introducido unas mayores cargas.

Por ejemplo, desde el principio de nuestro Gobierno estamos derramando sobre los sectores más pudientes del país el Impuesto al Patrimonio. Nos ha parecido equitativo para la Seguridad Democrática y eso ha permitido que al tiempo que hemos avanzado en seguridad, también hayamos avanzado sustancialmente, como lo podemos examinar en este foro con cifras inobjetables, en toda la política social. Que a tiempo que hemos avanzado en seguridad, hayamos dado el salto de 23 millones a 41 millones de colombianos asegurados en salud. Y que ahora hayamos adoptado por emergencia, acogiendo instrucciones de la Corte Constitucional, otra reforma para evitar un colapso en la salud.

Una reforma que tiene dos características: primero, esta reforma no afecta, en ninguna forma afecta lo que es exento de IVA en la canasta básica; no afecta alimentos, no afecta los servicios públicos exentos, no afecta salud, no afecta educación, no afecta el arrendamiento en vivienda.

Esta reforma se derrama sobre licores, cerveza, cigarrillos, juegos. Y esta reforma no afecta las normas de promoción de inversiones.

Me veo en la obligación de hacer estas aclaraciones. Nosotros creemos que hay que estar haciendo ajustes, pero creemos que hay un rumbo que hay que tener sólido, como ese de la tributación que estimula la inversión.

Hace pocos días me encontré un señor que dice haber instalado la fábrica de confites más grande en China, intensiva en generación de empleo. Y me dijo que pensaba instalar una en América y que nunca había pensado en Colombia; que por primera vez estaba pensando instalarla en Colombia.

Cuando nosotros apenas estamos empezando a descollar en el mundo como un destino de inversión, me parece que nada bueno le hacemos al país si alteramos lo elementos que están atrayendo inversión de propios y extraños.

Respuesta a la columnista Claudia López

La doctora Claudia (López). Usted empieza con unas inexactitudes, doctora Claudia, que han sido comunes en su permanente crítica a mi persona y a mi carrera política.

Yo estuve de Alcalde de Medellín no en el año 81. Por allá en unos libros dicen que yo como Alcalde de Medellín hice el barrio ‘Medellín sin tugurios’ de Pablo Escobar. Cuando llegue a la Alcaldía de Medellín estaba hecho.

Usted dice ahora, y de ahí se sacan inferencias, que coincide con un movimiento que se hizo allá de ‘muerte a secuestradores’.

Eso es anterior a mi Alcaldía. Nada tiene que ver con mi Alcaldía.

Yo ejercí una corta Alcaldía de Medellín, honorable, en 1982, que se creó Metroseguridad (Empresa Metropolitana para la Seguridad) y que ahí sigue, no como una institución parapoliciaca, sino como una contribución de la ciudadanía para apoyar a las Fuerzas Armadas, para apoyar las políticas de seguridad, y creo un impuesto a los teléfonos.

La segunda imprecisión:

Usted me acusa de haber conocido por dentro a la narcoguerrilla y al narcoparamilitarismo.

Por convicciones democráticas, cristianas, responsabilidades de familia y de Patria; yo tengo 57 años, y después de haber ejercido la Presidencia por casi ocho años, puedo mirar a mis compatriotas para decirles lo siguiente: ¡Jamás me dejé someter de la guerrilla ni me dejé halagar del paramilitarismo!

La vida de los hombres no se puede manchar por presunciones que no reposan en el conocimiento de la verdad. Yo he sido un convencido de que se necesita cooperación ciudadana con la Fuerza Publica y que eso ayuda muchísimo. Una Fuerza Pública que reciba cooperación ciudadana, al mismo tiempo se siente vigilada por la ciudadanía y se siente obligada a ser más transparente.

Una Fuerza Pública con cooperación ciudadana es una Fuerza Pública que se siente obligada a ser más eficaz.

En un país con la extensión nuestra, nuestras dificultades topográficas, todavía más del 50 por ciento del territorio en selva, podríamos tener el Ejército y la Policía más grandes del mundo, y sin cooperación ciudadana no somos capaces de garantizar estos dos presupuestos: el de la eficacia y el de la transparencia.

Un país que ha tenido que vivir sometido a guerrilla, paramilitares, narcotráfico, tiene un camino en su Constitución y en sus Fuerzas Armadas para garantizar los derechos que esos terroristas le han negado.

Entonces, acusa usted, las Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada).

Primero, antes que decir algo sobre las Convivir digo: yo he asumido siempre la responsabilidad por 69 Convivir que se crearon en Antioquia siendo yo Gobernador. Jamás he eludido esa responsabilidad. Se crearon en desarrollo de la idea de la conveniencia de la cooperación ciudadana con la Fuerza Publica. Y se crearon porque una Ley de la República había introducido esa figura. Y yo, a lo largo de mi carrera pública, he cumplido la Ley.

Y además eso se hizo abiertamente, nada clandestino. En el país hubo casi 700 Convivir y el debate se hacía sobre las 69 de Antioquia. ¿Y qué apareció, doctora Claudia?

En las 69 de Antioquia apareció que un individuo, que después se desmovilizó en el Magdalena como paramilitar, bastante desconocido, había participado en una de las Convivir de Antioquia.

Yo he asumido esa responsabilidad. Eso se hizo con honradez, dentro del principio de cooperación ciudadana.

Alguna vez le oí decir al doctor Antanas Mockus, siendo él Alcalde de Bogotá y yo Presidente de la Republica, cuando yo empecé con la política de recompensa, él me la criticó en una reunión y me dijo que no se debía ofrecer recompensas, que los ciudadanos tenían que ser solidarios y que por qué recompensas. Y me hizo toda una exposición respetable de la solidaridad.

Por ejemplo, nosotros, en este Gobierno hemos logrado más de 2 millones de cooperantes con la Fuerza Publica. Sin armas. Trabajando básicamente con comunicaciones. Y eso ha sido muy útil. Y creo que es muy importante que cada ciudadano cumpla el deber constitucional de ser solidario con el colectivo, ayudando a la Fuerza Pública y a la Justicia a proteger ese bien superior que es la paz y la seguridad.

Empecé en la hora cero de Gobierno a combatir guerrilla y paramilitares por igual. Y le quiero hacer esta anotación: cuando yo asumí la Gobernación de Antioquia, el departamento estaba plagado de guerrilla y paramilitares. ¿Y sabe, el día que terminé la Gobernación de Antioquia, a dónde llegué? A un exilio en una universidad extranjera.

Mi política de seguridad en Antioquia –sin mando sobre las Fuerzas, que no lo tienen los gobernadores; sin competencia para nombrar comandantes- era una política permanente en procura de la seguridad en un departamento desangrado, contra todos los elementos del terrorismo. Y prácticamente, en esa época, fue una política aislada en el país. ¿Qué departamento había encontrado? Plagado por guerrilla y paramilitares.

Y yo termino la Gobernación de Antioquia el 2 de enero de 1988. Por lo menos la Autopista Medellín-Bogotá estaba transitable. A las tres semanas la cerraron y la venimos a medio abrir en septiembre de 2002.

Sería muy importante estudiar qué pasó en el país entre mi retiro de la Gobernación de Antioquia y mi llegada a la Presidencia de la República, en crecimiento de todos estos grupos de bandidos.

Ley de Justicia y Paz

Me dice usted que por qué se negoció con narcoparamilitares, no se les exigió entregar las estructuras de poder.

¡Por Dios! Esa Ley de Justicia y Paz y nuestro proceso primero arranca no de una concesión sino de un acto de autoridad. Recuerdo esto: se dijo para todos los grupos que solamente habría posibilidad de diálogo si se comprometían a un cese de hostilidades, de actividades delincuenciales.

Cuando yo llegué en el empalme, me informaron que había dos procesos que podían surgir, que estaban en camino: uno con el Eln, a través de Cuba, y otro con los paramilitares, a través de la Iglesia Católica.

Me preguntaron qué hacer y dije: ‘Que los sigan. Y la exigencia es: para que haya diálogo con el Gobierno, que acepten cesar sus actividades criminales.

La Iglesia Católica a los pocos meses dijo que los paramilitares aceptaban eso y se autorizó al doctor Luis Carlos Restrepo a conducir esas negociaciones.

¿Qué pasó en Ralito? Ralito no fue una zona desmilitarizada. Fue una zona de ubicación. Tantas veces como se requirió, por orden mía entró la Fuerza Pública.

Que se denunció que ‘Don Berna’ era responsable del asesinato de un diputado de Córdoba, ahí mismo entró la Fuerza Pública; el Comandante de la Policía, directamente, por orden mía. Hasta que ‘Don Berna’ se entregó. Y así sucesivamente.

Que secuestraron a un señor y que el secuestro fue desde allá. Entró la Fuerza Pública y ahí mismo lo liberaron.

Eso no fue una zona de permisividad, ahí están los hechos.

Claro, la Ley le exigió lo que usted dice que no se les exigió. La Ley les exigió verdad, justicia y reparación.

Primera vez que una Ley de paz en Colombia incorpora una exigencia de justicia.

A mí me tocó, y voté por eso y estuve de acuerdo, darle el reindulto al M-19. Estaba yo en el Senado de la República. Y como estos señores están aquí en el Senado, ya llegaron aquí, para qué les vamos a crear inestabilidad en un proceso. Era la primera vez, en esta Ley nuestra, que se negaba amnistía e indulto para delitos atroces.

¿Cuál fue el beneficio? Ofrecer sentencias más cortas de las ordinarias.

No se buscó excepcionar a estos señores de las provisiones constitucionales. Por ejemplo, la Constitución prohíbe que sea elegido para muchos cargos una persona condenada por delitos distintos al homicidio culposo o al delito político. Que puede ser un problema con las guerrillas, que exigen que les de amnistía por todo, que se les de indulto por todo, para poder avanzar políticamente y aspirar a todos los cargos. En esta Ley se negó. Es algo bien importante.

En enero de 2007 le dije yo al general Oscar Naranjo, y ahí esta su testimonio: ‘General, estos señores no están entregando los bienes. Por orden mía, empecemos a perseguir esos bienes por la Ley de Extinción de Dominio’.

En el análisis crítico frente a este Gobierno, doctora Claudia, debería considerarse esto: cuando este Gobierno empezó, una de las primeras reformas fue reformar la Ley de Extinción de Dominio. En los últimos tres años han sido afectados más de diez mil bienes, gracias a esa Ley. Y una de las reformas que nos demoramos hacer fue la reforma de Estupefacientes. Y hoy hay una entidad nueva, bien importante, para manejar los activos y para evitar focos de corrupción que allí se habían presentado.

Una de las razones por las cuales estos señores fueron extraditados fue: no entregaban los bienes, no decían la verdad, continuaban delinquiendo. Yo no tenía el pronunciamiento judicial que continuaban delinquiendo, pero sí la suficiente información para tomar la decisión como Presidente de la República.

Cuando empezamos con la Ley decían: ‘Lo que quiere Uribe es legalizar el paramilitarismo, evitarles la extradición’. Y los mismos que le hacían esa crítica al Gobierno, al día siguiente de la extradición decían: ‘Cómo los extraditaron, se va a perder la verdad’. Por Dios. Uno no entiende eso.

Este Gobierno ha extraditado más de mil personas; ese récord no lo tiene nadie en el mundo. Este Gobierno ha logrado bajar la producción de coca en Colombia de 800 mil toneladas al año a menos de 350 (mil toneladas al año); ese récord no lo tiene nadie en el mundo. Este Gobierno ha desmontado carteles en toda parte. Este Gobierno mantiene una lucha de todas las horas contra todos los grupos narcotraficantes.

Yo recuerdo que en muchas regiones del país eran intocables. Y a uno se lo decían. Y este Gobierno desde la hora cero los ha enfrentado a todos.

¿Por qué no recuerdan los carteles del Valle del Cauca, los narcotraficantes en la impunidad en la Costa Caribe o en mi departamento (Antioquia) y la actitud de este Gobierno frente a ellos?

A este Gobierno no le cabe la crítica de que ha tenido sesgos. Este Gobierno que va a ajustar ocho años puede demostrar con hechos que se ha combatido a todos, a todos, y con al misma determinación.

Usted menciona los ‘falsos positivos’. Hay ‘falsos positivos’ y falsas acusaciones. Cuando el Gobierno ha tenido informes administrativos sobre fallas en la Fuerza Pública no ha vacilado en sancionar.

¿Cuál ha sido nuestra postura frente al vencimiento de términos? Hemos dicho: no estamos de acuerdo que se aplique esa figura.

Si hay pruebas hay que llamar a juicio o condenar. Y si no hay pruebas, hay que tener el valor de absolver. Pero no salirse por la vía del vencimiento de términos.

Este Gobierno, a escasos días de la elección presidencial de 2006, tomó la decisión, cuando aparentemente, presuntamente, unos soldados asesinaron a unos policías en Jamundí (Valle del Cauca), tomó la decisión de que esos delitos los debía conocer la Fiscalía y no la justicia penal militar.

Una de las grandes transformaciones que honra a este Gobierno es esa: antes el delito era conocido por la justicia penal militar y excepcionalmente por la justicia ordinaria; hoy, el conocimiento lo avoca la justicia ordinaria y es ella la que dice en qué casos lo traslada o no a la justicia penal militar.

Creo que si ha habido una limpieza para depurar al Estado de la influencia ‘narco’ es en este Gobierno.

Yo recuerdo aquel amanecer del 8 de agosto de 2002, cuando antes de que despuntara el Sol llegué a Valledupar. ¿Qué pasaba en Colombia? Cuatrocientos alcaldes no podían ejercer sus funciones por presiones del narcoterrorismo; se robaban las regalías de los departamentos con regalías; los presupuestos descentralizados; estaba afectada profundamente una institución bien importante de nuestro Estado que es la descentralización. La hemos recuperado.

Tuvimos ese golpe tan duro en diciembre con el Gobernador del Caquetá. Todos los gobernadores de Colombia y todos los alcaldes han sido rodeados de garantías por este Gobierno, sin detenernos en el origen político de su elección.

Usted lo sabe, doctor José Fernando (Isaza), porque usted es muy amigo de alcaldes de Bogotá desafectos a mis tesis políticas y sabe de primera mano el respeto de este Gobierno por ellos, y la manera como han recibido todas las garantías, como se les han respetado todas las competencias, como hemos respetado la descentralización.

Un Gobierno que ha hecho eso, que ha cerrado los caminos por donde se han robado esos dineros del Estado, no puede ser objeto de la imputación de que este Gobierno no ha desmontado esa corruptela.

Yo fui elegido sin apoyo parlamentario en el 2002. Y me decían -era uno de los ataques de quienes me confrontaban-: ‘¿Cómo lo van a elegir si ese hombre no tiene apoyo parlamentario? Sí, construí una coalición para una agenda legislativa.

Nuestras leyes pueden ser controversiales, pero en este Gobierno no ha habido una ley punible.

Ocho años de una agenda legislativa que podemos mostrar en cualquier parte del mundo.

Lo ultimo, la reforma constitucional sobre política hoy vigente. Por primera vez hace responsables a los propios partidos políticos y a sus directores, sobre la afiliación a sus listas de personas que hubieran tenido vínculos con grupos terroristas, y los hace responsables sobre violaciones para financiar a esos partidos.

Los crímenes que se imputan, en su mayoría son crímenes anteriores a nuestro Gobierno, al inicio de nuestro Gobierno, en 2002. Eso es bien importante anotarlo.

Y después de allá qué ha pasado. El referendo de 2003. Cuando los historiadores y ustedes, cada uno es historiador en su campo, se refieran al tema encontrarán que ese referendo se perdió porque no descontaron -era un referendo bien útil para el país, bien responsable; de pronto por tener tantas materias y materias de tanta seriedad no sacó más votos, nos obstante que tuvo esa gran cantidad de votos- si se hubieran descontado 600 mil cédulas de muertos que no podían votar; más de 300 mil cédulas no entregadas, luego no podían votar; alrededor de 34 mil de militares que no podían votar, otra habría sido la suerte de ese referendo.

¿Cómo presidimos ese Gobierno? Con total transparencia. No hay un colombiano que tenga una queja de ese referendo.

Al siguiente día se eligieron alcaldes y gobernadores. Todos los candidatos fueron rodeados de garantías. Después vino la elección del Congreso de la Presidencia en 2006. Todo el mundo rodeado de garantías. La elección de alcaldes y gobernadores de 2007, diputados y concejales, todo el mundo rodeado de garantías.

Yo creo que el proceso colombiano está demostrando cómo hemos venido cerrando las vías de intervención del narcotráfico en la política colombiana.

Yo hice una cosita en el 2006 que estoy dispuesto a repetirla ahora: cada que me llegaban con una queja, en lugar de guardármela para después de elecciones, inmediatamente la transmitían públicamente y a la Fiscalía.

Fui responsable para proteger la pureza del proceso electoral que me correspondió dirigir en el año 2006.

Con esto intentaría darle una respuesta a la doctora Claudia López”.