DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ANIF

El siguiente es el discurso de Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), pronunciado durante la XXII Asamblea Anual de la agremiación.

"LA SEGURIDAD

El Fraser Institute de Canadá elabora un índice de libertad económica para distintos países. Una de las variables consideradas es la aplicación de la ley y el orden. Para 2000, siendo cero la peor calificación y diez la máxima, Colombia obtuvo 1.67, el puesto 111 entre 113 países. Estuvimos por encima del Congo y de Guinea. En el conjunto del capítulo de estructura legal y derecho, que concluye otras variables como independencia judicial y de las cortes y protección intelectual, Colombia obtuvo 3.53 puntos. La posición de 102 entre 114 países. Este es un récord pobre, no sólo para atraer inversión extranjera, sino para motivar a los inversionistas locales.

Tiene razón el gobierno cuando le apuesta al hecho evidente de que una mejoría en la seguridad física del país debe traducirse en un aumento en la inversión. De hecho, los colombianos sentimos que en los escasos dos meses de gobierno mucho se ha avanzado y ya se siente un impacto favorable en la actividad económica en varias zonas del país. El aumento del tráfico en las principales carreteras muestra ese cambio positivo en las expectativas de seguridad.

Pero la seguridad física, aunque necesaria, no es suficiente para generar un entorno favorable a la inversión. Adicionalmente, se requiere seguridad económica, equilibrio en las variables fundamentales, baja volatilidad. Y sobre todo es indispensable la seguridad jurídica representada por la estabilidad en las reglas de juego y un entorno institucional y normativo favorable a la actividad empresarial.

Las dificultades fiscales del Estado han creado un terreno abonado para el deterioro en la estabilidad jurídica y normativa, y en el entorno institucional, y por lo tanto para la inversión. No es fácil hacer empresa en medio de la expectativa permanente de una reforma tributaria en el corto plazo. Pero el tema es más complejo, la necesidad de recursos ha generado hostilidad del sector público hacia el sector privado. Hay ambigüedad en las normas y existe un sesgo de interpretación adverso al interés empresarial.

Quisiera detenerme compartiendo con ustedes algunos casos que ilustran la actitud inconsecuente de algunas entidades del sector público frente al sector privado y que enrarecen el entorno institucional para la inversión y la actividad empresarial.

Lo primero es observar la posición del particular cuando adelanta tramites ante el estado. Los plazos para los particulares son perentorios y si no se cumplen, las sanciones llegan. Pues bien, los plazos de los funcionarios pueden ser fácilmente soslayados mediante la solicitud de trámites o documentos adicionales. Esto, claro está, implica incertidumbre, mayores costos y menos eficiencia para las empresas.

En Colombia son numerosas las superintendencias. Es normal que las empresas tengan diferencias con los criterios de estas entidades. Cuando esto ocurre, los procedimientos sancionatorios se agotan en la vía gubernativa en muy breve plazo. Muy fácilmente se imponen sanciones que tienen inmediata aplicación. Si la empresa no está conforme tiene la opción de acudir al Contencioso Administrativo para hacer valer sus derechos. Pero allí un proceso puede durar varios años. Cuando la sentencia falla suele ocurrir que las sentencias ya no tengan ni si quiera un interés histórico. En resumen, existe un estatuto de sanciones de contado contra la eventualidad de un resarcimiento a muy largo plazo.

Las reglas del juego con la DIAN no son más equilibradas. Veamos el siguiente ejercicio. Cuando los contribuyentes tienen un saldo a favor el Estado les reconoce una tasa de interés igual. Un 6% anual. Pero si por alguna razón el saldo es a cargo del contribuyente, éste tiene que pagar intereses propios a la usura. Hoy 30% anual. Además, las normas señalan que a partir de tres años los saldos se ajustan por la inflación y, como si fuera poco, en muchos casos se aplica la máxima sanción de 160% por inexactitud. Es decir que, asumiendo que la reclamación se resuelve en cuatro años, si se aceptan los argumentos del contribuyente, se le reconoce el 24% de remuneración en el periodo, si al decisión es adversa, le costaría posiblemente 292% en el mismo término.

La situación se torna francamente inexplicable cuando vemos que si un contribuyente accede a aumentar los impuestos al ser requerido por la DIAN y luego reclamar a fin de evitar esta injusta sanción, simplemente no lo puede hacer. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Pues bien, si paga pierde el derecho a reclamar.

Naturalmente los contribuyentes honrados deberían poder presentar una consulta a la DIAN antes de efectuar la respectiva operación comercial o de presentar la declaración de renta, pero esto no procede porque la DIAN deja claro que a la hora de revisar la declaración puede apartarse de sus propios conceptos y actuar en sentido contrario.

Toda esta situación surge de la falta de claridad y precisión en la redacción de las normas, las cuales admiten diversas interpretaciones aunque se trate de entenderlas con el mayor rigor y la buena fe.

No faltan razones para mostrar preocupación frente a la penalización para quienes incurran en alguna falta tributaría.

Es muy probable que aún actuando de buena fe los contribuyentes terminen en las puertas de un proceso penal. Y lo que no es menos grave, el sistema podía convertirse en si mismo en un instrumento que debilite aún más la capacidad del contribuyente de reclamar ante las autoridades tributarias.

Creemos y estamos convencidos que los impuestos son necesarios, y que todos debemos contribuir con el pago de los mismos. Pero es a todas luces inconveniente y dañino para el ambiente empresarial que, con el ánimo de incrementar el recaudo, se sacrifique la claridad y la transparencia que debe guiar la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes.

Cuando uno busca ejemplos para ilustrar el problema de la inestabilidad jurídica, tiene que mencionar algunos de los fallos de la anterior Corte Constitucional. Son notorias las sentencias económicas de efecto retroactivo y en particular aquellas que exigieron el cambio de las tasas de interés para el resto de la vigencia de contratos en proceso, sin que siquiera existiera, en muchos casos reclamación de algunas de las partes.

En efecto, cuando los créditos se deterioraron y se introdujo la cultura del no pago originada en secuencias de la anterior Corte y declaraciones de algunos funcionarios públicos, la gente no pagó y entregó las viviendas. Las entidades financieras se vieron obligadas a venderlas afectando hacia abajo el precio de las mismas. Los daños sociales superaron de lejos los eventuales beneficios que se pretendían alcanzar. Los más perjudicados fueron aquellos que cumplieron sus obligaciones, pues vieron disminuir el valor de su patrimonio.

Podríamos citar innumerables ejemplos que afectan el ejercicio normal de los negocios y se han constituido en barreras importantes para la actividad empresarial. Hay problemas económicos reales. No le sumemos a estos un trato inapropiado y excesos en la actitud del estado que terminan por lesionar a las empresas y atemorizar a los inversionistas.

Creemos en la ley, pero creemos también que su aplicación debe ser justa, proporcional y equilibrada. No olvidemos que, en medio de la globalización, los países compiten por la inversión, y Colombia tiene en el entorno jurídico e institucional uno e sus mayores limitaciones.

HACIA UNA NUEVA ACTITUD PUBLICA Y PRIVADA

Hay una carga ideológica en el país que se ha venido alimentando del debate político y que enfrenta la actividad y la dinámica de la vida pública y privada. Peligrosamente se ha trazado una raya en el piso, donde de un lado, está la actividad privada que supuestamente defiende únicamente sus propios intereses, y del otro, como antagonista, el sector público como legítimo representante del bienestar social. Una ideología que defiende todo lo que es público y descalifica sin juicio todo lo privado. Esta manera de entender la relación entre lo público y lo privado no sólo es ajena a la realidad, sino que compromete las posibilidades futuras del país. El empleo y la riqueza no se crean por decreto. Es la inversión y la actividad empresarial la que genera empleo, ingresos y salarios para los colombianos.

Señor Presidente: Queremos proponer e insistir en una gran cruzada para reactivar la economía. Se necesita un cambio de actitud que favorezca el establecimiento de nuevas empresas y frene y corrija los obstáculos que hay en todas partes para este propósito. Estamos seguros de que en esta decisión encontraríamos buena parte de la solución a nuestros problemas económicos. Consideramos que resultaría de gran ayuda la conformación de una comisión integrada por funcionarios del alto rango del Gobierno, que tuviera a su cargo la recepción de este tipo de quejas que formulen los empresarios, con miras a buscar soluciones prácticas que simplifiquen las tramitaciones burocráticas y eliminen las iniquidades existentes, cuando consideren que las quejas son fundamentadas.

Este cambio de actitud, además de tener un efecto positivo, tiene el encanto de que no tiene costos. Puede producir resultados en forma confiable y eficiente, sin generar nuevos gastos. Pensemos en el país de una manera diferente, lideremos un cambio en la forma como valoramos la vida, el trabajo y el esfuerzo de los colombianos. El patrimonio del país es uno solo y está compuesto tanto como por el patrimonio del sector público como del sector privado. De él hacen parte los centros de educación y los hospitales, pero también la infraestructura vial y de servicios, así como las fábricas, los bancos, la tierra, el recurso humano y el trabajo de los colombianos. Para sacar al país adelante debemos pensar cuál es la forma más eficiente de usar ese patrimonio representado en recursos de diversa naturaleza. En esta manera de entender la sociedad no cabe antagonismo entre lo público y lo privado, lo que se impone es la complementariedad.

Hay que acabar con el fetiche del antagonismo y construir sobre la idea de la solidaridad. Pensando de esa manera, es posible escrutar el cumplimiento de los deberes del sector privado frente la sociedad, pero también es posible entender que existe un límite para la intervención y el tamaño del Estado, más allá del cual, no el sector privado sino la sociedad en su conjunto, se empobrece.

El sector financiero es parte de la solución.

El sector financiero muestra signos de recuperación de los momentos particularmente difíciles que viviera en tiempos recientes gracias a que en los últimos años, a más de inmensos esfuerzos de su tecnificación y mejoras administrativas, ha invertido billonarios recursos para su fortalecimiento.

Enfrentamos las dificultades que nos impuso la crisis económica, las cuales no sobra mencionarlo, fueron agravadas por decisiones de algunas instituciones estatales. Cito como ejemplo los fallos de la Corte Constitucional sobre el sistema hipotecario, y el establecimiento del impuesto del 3 por mil a las transacciones en momentos de particular riesgo para el sector.

Se ha dicho muchas veces, insistentemente, que el gobierno anterior gasto más de 7 billones en el saneamiento del sector financiero. Vale la pena aclarar que ese dinero se gastó íntegramente en los bancos del gobierno y que ni un solo peso de esos 7 billones se utilizó para ayudar a entidades del sector privado.

Cuando FOGAFIN ha dado créditos al sector financiero privado, estos han tenido que utilizarse en su totalidad adquiriendo bonos emitidos por el mismo FOGAFIN. Es decir, que estos créditos se hicieron en papeles de deuda y en ningún caso en dinero sufragado por el presupuesto del gobierno. Por el contrario, el diferencial entre el crédito y los bonos implica un riesgo de 2% anual para FOGAFIN. Es una cifra aproximada de $1.5 billones, esto genera ingresos anuales por 30.000 millones a esta entidad.

Sabemos que aún queda mucho por hacer y que persisten riesgos importantes, sobre todo el sector hipotecario, problemas que iremos resolviendo de la mano de la recuperación de la economía. Lo fundamental es poder afirmar que Colombia tiene un sistema sólido. Nuestros índices de solvencia superan los requerimientos regulatorios y los estándares internacionales. Estamos preparados para contribuir a la recuperación de la economía. En la medida en que las empresas vayan mejorando sus balances demanden recursos para su operación y expansión, la cartera tendrá una dinámica ascendente.

Hemos tomado nota del interés de fortalecer la micro, la pequeña y la mediana empresa y estamos dispuestos a introducir los procesos de análisis de crédito necesario para apoyar la política de financiamiento que permita intermediar hacia estos sectores los recursos que el gobierno ha previsto para el efecto.

Señor Presidente: quiero terminar reafirmando nuestro optimismo frente al futuro del país. Hemos venido siguiendo muy de cerca y admirando la forma como usted se ha entregado sin reservas y con ejemplar devoción, a ejercer el Gobierno para mejorar el destino de los colombianos y nos viene a la memoria en este momento la sabia sentencia de nuestro Escudo Patrio: LIBERTAD Y ORDEN. Vemos esperanzados como su labor se orienta a recuperar el orden, ese orden que permitirá que los campesinos desplazados puedan regresar a sus parcelas de donde nunca debieron salir, que todos los colombianos podamos recorrer con alegría y sin preocupación las carreteras de nuestra patria y en fin, que Colombia sea otra vez tierra de trabajo donde impere la justicia, el progreso y el derecho a la vida. Estamos con usted; le ratificamos nuestro apoyo incondicional y reclamamos el de todos los demás colombianos para este propósito, porque cuando se logre, automáticamente habremos recuperado la tan anhelada libertad. De eso estamos seguros.

Cuente con nosotros para sacar este país adelante. Como usted, estamos dispuestos a trabajar por una Colombia próspera, democrática y pacífica".