DISCURSO DE CANCILLER COLOMBIANA EN LA ONU

Nueva York, 10 dic (CNE). El siguiente es el discurso pronunciado por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Carolina Barco, durante el debate adelantado hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección de civiles en conflictos armados.

“Quisiera comenzar expresando los agradecimientos de mi país al Secretario General Kofi Annan por las inspiradas palabras que nos ofreció al comienzo de esta sesión en la presentación del tercer informe sobre protección de civiles en conflictos armados. También deseo agradecer al Director General del Comité Internacional de la Cruz Roja, señor Angelo Ganaedinger, por su valiosa contribución a este debate.

Mi delegación se siente igualmente complacida de contar con la participación de distinguidas delegaciones de países no miembros del Consejo, cuyas ideas y recomendaciones ayudarán a orientar la gestión del Consejo, y contribuirán a la elaboración de la Declaración que emitirá más adelante como resultado final de este debate.

Excelencias:

La naturaleza de las guerras ha variado de manera dramática en el último siglo y, en particular, en la última década. En la primera guerra mundial, cinco por ciento de las víctimas fueron civiles; en la Segunda Guerra Mundial esta cifra llegó al cincuenta por ciento; y en los conflictos de la década final del siglo XX, sobrepasa el noventa por ciento.

Vivimos no sólo una terrible crisis humanitaria sino una crisis del régimen legal global humanitario. Los conflictos armados se han degradado. Hoy el terrorismo lleva esa degradación al máximo, sus acciones son brutales y de impensable crueldad.

Estamos aquí y ahora, en las Naciones Unidas, preservando bienes públicos universales: la dignidad de cada uno y de todos los seres humanos, el derecho a la vida, el derecho a vivir sin temor. Son bienes públicos que sólo pueden ser preservados por todos y con la colaboración de todos. Esa es la dimensión de nuestra responsabilidad compartida. Aquí está la pertinencia de las Naciones Unidas. Y de allí se desprende la ineludible necesidad de fortalecerla para que esté en capacidad de afrontar debidamente las nuevas amenazas.

Las nuevas guerras y el terrorismo hacen evidente que el problema ya no es el de los crímenes contra los civiles en los conflictos armados sino, peor aún, que los conflictos armados de nuestro tiempo están deliberadamente dirigidos contra los civiles desarmados, instalaciones o medio de transporte civiles. Las víctimas son civiles inermes.

Cuando se presentó el primer informe sobre este tema al Consejo, no teníamos tanta claridad al respecto. El 8 de septiembre de 1999 es bien diferente al 11 de septiembre de 2001. En ese primer año, otros informes comisionados por el Secretario General, como el de “La caída de Srebrenica”, y el relativo al escalofriante genocidio en Rwanda, dejaron en claro que los civiles eran las víctimas de tanta atrocidad. Esos dos acontecimientos deberían haber sido suficientes para recordarnos siempre que las graves tragedias humanitarias pueden evitarse o, por lo menos aliviarse, si aprendemos de nuestros errores y omisiones.

De hecho, el Consejo de Seguridad cuenta ya con herramientas idóneas para la protección de civiles en conflictos armados, contenidas en los capítulos VI y VII de la Carta, así como diversas resoluciones adoptadas en años recientes sobre la prevención de conflictos; los niños en conflicto armado; el comercio ilícito de armas pequeñas y la lucha antiterrorista, entre otros temas. En este día, quisiera destacar de manera especial, la resolución 1325 en donde el Consejo abordó la protección de la mujer y el papel que ella puede desempeñar en la prevención del conflictos y en el mantenimiento de la paz.

Excelencias:

Colombia coincide con el Secretario General cuando afirma en la sección del informe sobre “estado de derecho, justicia y reconciliación”, que el restablecimiento de la ley y el orden es fundamental para que un país pueda superar un período de conflicto y alcanzar una paz sustentable. Y, además, que es necesario para fortalecer sus instituciones en materia de seguridad y justicia, y para proteger los derechos y libertades fundamentales de la población.

Igualmente concordamos cuando señala que no puede haber solución de largo plazo a los problemas de seguridad hasta tanto el Estado cuente con un Ejército y Policía Nacional bien entrenados, bien equipados y justamente remunerados, en el marco de un sistema de justicia penal completamente funcional.

Colombia se identifica con estas ideas porque ellas reflejan elementos que sustentan la política de Seguridad Democrática que adelanta el presidente Alvaro Uribe Vélez. Una política integral con estrategias orientadas a rescatar y consolidar el contenido democrático del concepto de seguridad; a la recuperación del orden público y a la promoción del desarrollo económico y social. Pero también una política para asegurar la presencia del Estado en todos los rincones del territorio nacional; garantizar el debate democrático y ofrecer la seguridad que el individuo requiere para su desarrollo personal y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

La evidente determinación del Gobierno Nacional por alcanzar estos objetivos ha producido un efecto realmente alentador: el colombiano de hoy aparece más dispuesto a asumir su papel ciudadano en la recuperación de la seguridad nacional y su asociación con el Estado para el restablecimiento del imperio de la ley.

Nuestro objetivo es el de seguir mostrando resultados, seguros de que el apoyo de la sociedad en su conjunto es la mejor manera de enfrentar a aquellos grupos aislados que han tratado de desestabilizarnos por décadas.

Excelencias:

El desbordamiento de algunos conflictos internos, o la internacionalización de los mismos en razón de su asociación con actividades criminales, nos indica que no siempre un problema nacional se supera o resuelve con un tratamiento puramente nacional. Se vuelve necesario enfocarlo en el contexto de la responsabilidad compartida, para manejar fenómenos asociados como el problema mundial de las drogas ilícitas. Con mayor razón en tiempos del terrorismo, que es una amenaza global para la comunidad de naciones democráticas.

Permítanme, por tanto, ofrecer una reflexión sobre uno de los aspectos importantes que el Secretario General nos informa que han surgido recientemente, en conexión con la protección de civiles. Es el relativo a la

explotación comercial y financiación ilegal tanto de los conflictos como del terrorismo.

Colombia considera que hay tres actividades que forman parte de esta explotación comercial y la financiación ilegal, que es preciso conocer y compartir:

1. La próspera industria criminal de las drogas ilícitas, en todas sus etapas, mucho más rentable que las de los diamantes ensangrentados y que otros recursos que han alimentado varios conflictos armados.

2. La creciente industria del secuestro, que busca jugosos rescates en dinero o propiedades y, en ocasiones, es un arma de chantaje político que sustituye la ausencia de apoyo popular de estos grupos violentos.

3. La alternativa criminal al secuestro que es el uso extendido de la extorsión.

Todos ellos tienen como objetivo a los civiles inermes. En muchos casos, alientan ataques contra la infraestructura vital como acueductos, torres de conducción de energía, puentes, o sitios tradicionalmente intangibles como las iglesias y los centros culturales. Y además, siembran destrucción y muerte, angustia y daños irreparables o muy costosos para el precario bienestar de millones de civiles. El riesgo se ha vuelto mayor para los civiles que para las personas que fueron entrenadas para protegerlos.

Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, tenemos aquí un formidable desafío. Esta noble institución se creó, entre otras razones, para “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” y para “... reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana”. Y en esa misión ha obtenido logros innegables. Hoy existe toda una cultura de los Derechos Humanos y del respeto a la vida, que es lo que nos corresponde defender ahora ante las nuevas modalidades de la violencia y del terrorismo. Y no vamos a ahorrar sacrificios ni esfuerzos para seguir proclamando y protegiendo estos bienes públicos universales.

En ese empeño es urgente que el Régimen Legal Global Anti-Terrorista y en especial la Resolución 1373 tengan el más riguroso, pronto y cabal cumplimiento. La barbarie no impondrá la crueldad de sus métodos.

Nuestro compromiso en contra de todas las formas de barbarie tiene que ser contundente. Nuestros ideales tienen que prevalecer para que nuestra tarea no sea tanto la de proteger a los civiles en los conflictos armados sino la de impedir, oportunamente, los conflictos armados intraestatales e interestatales. Y sin hacer pausa alguna en esta campaña, la de erradicar el flagelo del terrorismo.

Colombia acepta que hay una responsabilidad compartida en la noble tarea de proteger la dignidad humana. Es una responsabilidad que nuestro país asume con plena determinación”.