DISCURSO
DEL PRESIDENTE EN LA INSTALACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, 20 jul. (SNE).- El siguiente
es el discurso del presidente de la República, Alvaro
Uribe Vélez, en la instalación de las sesiones
ordinarias del Honorable Congreso de la Republica, periodo 2004-2005:
"Muy
respetados Senadores y Representantes:
El
sueño elemental de muchos colombianos
es tener una Nación segura, sin exclusiones, con equidad,
sin odios, con pluralismo, en debate fraterno, sin antagonismos
insuperables. Una Nación que genere confianza y ofrezca
oportunidades. Entonces se requiere el pleno imperio de las instituciones
democráticas y la cohesión social.
La
política social, concebida alrededor
de las 7 Herramientas de Equidad, tiene que ser sostenible y agregar
valor. Para que sea sostenible, debe ir acompañada de un
permanente y elevado crecimiento de la economía, que provea
los recursos. De lo contrario, solamente es posible financiarla
durante algunos momentos y en favor de pequeños grupos.
Para agregar valor, no puede quedarse en la esfera asistencialista,
tiene que contribuir a la incorporación de los excluidos
y a la apertura de los canales de movilidad social, propios de
los pueblos democráticos.
Revolución
Educativa
Nada
mejor para la incorporación de los
excluidos que la Revolución Educativa. Desde agosto de 2002
se han creado más de 750.000 nuevos cupos en educación
primaria y secundaria. Se ha elevado la carga por profesor a casi
30 alumnos, lo cual denota un gran esfuerzo en productividad, liderado
por el Ministerio de Educación con el apoyo de alcaldes,
gobernadores y maestros.
La
cobertura en educación básica
y media ha pasado del 82 por ciento al 85 por ciento durante el
período de Gobierno.
Para
continuar avanzando y cumplir la meta de 1.500.000 nuevos cupos
en el año 2006, se requiere una aplicación
muy eficiente del incremento de las transferencias y la mayor asignación
posible a este propósito educativo de las regalías
indirectas, aquellas que maneja la Nación.
Lo
que aún falta en cobertura de educación
básica, ilustra la imposibilidad de hacer una reforma estructural
de impuestos por la vía de la reducción de las transferencias.
Se
han creado 103.901 cupos en los dos últimos
años en educación superior. De los nuevos cupos,
el 87 por ciento corresponde a Instituciones de Educación
Superior Públicas.
Se
percibe gran entusiasmo por la creación
de los centros regionales universitarios. En la primera etapa se
conformarán 10, que mediante un operador independiente y
con la oferta virtual de programas de varias universidades que
muestren pertinencia para la región, empezarán a
atender 7.000 estudiantes.
Con
el ICETEX se benefician hoy 70.641 estudiantes mediante créditos con recursos propios de la entidad, un
53,7 por ciento más que aquellos beneficiados a julio de
2002. La cartera pasó de $474.000 millones a $698.000 millones.
En
2002, las tasas de interés para estos
créditos del ICETEX eran del 24 y del 22 por ciento. Desde
2003 se redujeron a 12 por ciento para los estratos 1, 2 y 3. Antes
se requería 2 codeudores con finca raíz. Hoy se exige
un solo codeudor, sin finca raíz y al menos con un salario
mínimo. Estos créditos se otorgaban en las grandes
ciudades capitales; hoy cubren 970 municipios, junto con la posibilidad
de hacer el trámite, ingresando por Internet.
Los
resultados de las Pruebas Saber nos empiezan a mostrar las grandes
deficiencias de calidad en educación
básica y media y los caminos para corregirlas. Cada institución
educativa debe desarrollar un plan de mejoramiento con el liderazgo
de sus directivos y profesores.
En
calidad de educación superior han sido
acreditados 113 programas.
En
el SENA se capacitaron 1.100.000 jóvenes
en 2002 y se llegó a 2.200.000 en 2003. La meta para este
año es capacitar 2.600.000 y llegar a 4.000.000 en 2006.
Todo ello de la disminución de los gastos administrativos
no misionales, la suspensión de nuevas construcciones y
la mayor apelación a la formación virtual.
El último seguimiento a los egresados
del SENA mostró que el 62 por ciento ha encontrado vinculación
laboral u oportunidad de trabajo. En Diciembre evaluaremos la meta
de presencia de esta entidad en todos los municipios de la Patria.
El
SENA se ha hecho cargo del programa Jóvenes
en Acción, que ahora se complementa con Jóvenes Rurales.
La graduación por estos días de 19.000 jóvenes
en ese programa, será sucedida por un nuevo curso para 25.000
muchachos. Estos programas benefician a jóvenes de estratos
1 y 2, bachilleres que no han ingresado a la universidad, que además
carecen de alternativas económicas. Hace pocas semanas en
Simití, Bolívar, iniciamos la convocatoria para más
de 64.000 jóvenes rurales.
Gracias
a la reforma del SENA, estos 2 programas son hoy sostenibles,
con recursos de la entidad, sin apelación
a contratación de créditos.
Dentro
del Programa de Bandas Musicales han sido creadas o fortalecidas
189 en municipios pobres. Con ello se han
beneficiado directamente 4.700 niños y jóvenes.
Como
parte del programa País de Lectores,
la Red Nacional de Bibliotecas ha creado o fortalecido 348 bibliotecas.
El
turismo cultural y la afluencia de los colombianos a los eventos
folclóricos muestran una magnífica
recuperación.
16.962
promotores de convivencia se han capacitado para formar en la
solución pacífica de conflictos
a otros colombianos, mediante la cual se enseña a respetar
la diversidad, a convivir fraternamente, a pesar de que existan
intereses o derechos en discusión.
Con los recursos que se garantizaron mediante
el cobro del 4 por ciento por llamada de celular, Coldeportes atiende
de modo preferente los proyectos para los juegos nacionales, los
Bolivarianos y los centroamericanos.
Ampliación de la protección
social.
Durante
el año 2003, 1.123.658 colombianos
ingresaron al Régimen Subsidiado de Salud, de los cuales
más de 600.000 hallaron su posibilidad gracias a la corrección
de la multiafiliación. La meta de 2004 es afiliar 1.500.000
colombianos. Empujemos para que esta meta se supere para que sean
1.700.000. A la fecha de la meta de 2004, ya se ha superado el
1.000.000 en vinculación efectiva. Además, en septiembre,
estará en marcha la entrega a 1.500.000 compatriotas de
un seguro básico contra enfermedades de alto costo. Por
primera vez en largo tiempo, los recursos del fondo de solidaridad
en salud se aplican en su totalidad y no se utilizan para financiar
otros rubros de gasto público.
Durante
el Gobierno hemos reducido la cuota de administración de las administradoras de Régimen
Subsidiado del 15 al 8 por ciento. El Congreso aprobó que
cualquier nueva administradora que se autorice debe ser sin ánimo
de lucro; hemos incrementado el número mínimo de
afiliados; hemos sancionado sin vacilación casos de corrupción;
pero es mucho lo que falta por hacer para tener un Régimen
Subsidiado plenamente confiable.
Son
frecuentes las quejas de corrupción
por la contratación de las actividades de prevención.
Aspiramos a concertar y aprobar con el Congreso
la reforma definitiva que nos garantice transparencia, el mejor
uso de los recursos y un salto definitivo hacia la cobertura universal.
La
nueva reforma debe crear mecanismos para sacar adelante la red
pública hospitalaria, con la condición
de que los hospitales públicos sean reestructurados y viables.
Este año se aplican más de $100.000 millones del
presupuesto nacional para financiar reformas estructurales de hospitales
públicos. El hospital público debe ser una fuente
de servicios y no un órgano de destrucción de recursos
presupuestales y de desatención a los pacientes.
Desde
agosto de 2002 a diciembre de 2003, 639.738 colombianos han ingresado
al Régimen Contributivo de Salud.
A las cajas de compensación familiar lo han hecho 281.559
entre diciembre de 2002 y marzo de 2004.
Para
impulsar la ampliación de la afiliación
a la salud se disminuyó a 1.5 salarios mínimos la
base de cotización de los trabajadores independientes. Estaba
en dos salarios mínimos, no ha sido posible reducirla por
razones financieras a un salario mínimo, pero haberla reducido
en medio salario mínimo ha sido un paso importante.
Los
afiliados al régimen de pensiones
aumentaron en cerca de 1.000.000 desde agosto de 2002, entre el
Seguro Social y los fondos de pensiones.
El
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende 4.600.000
niños. Especial atención se ha
prestado a un nuevo programa de desayunos infantiles iniciado en
Arauca, Sucre y Bolívar, que completará este año
la meta prevista para el cuatrienio de 500.000 niñitos y
esperamos poder llevarlo a 1.000.000 de niños beneficiarios
en 2005. Su más importante impacto es la retención
escolar.
La
reforma administrativa, en aras de la productividad del Estado,
asignó al Instituto de Bienestar Familiar el
manejo del programa de subsidios a la tercera edad. Venimos de
atender 62.837 ancianos en 350 municipios, con irregularidad en
los pagos. Este año serán 170.00 ancianos atendidos
en la totalidad de los municipios. El reto es pagarles cumplidamente.
Tenemos que crecer el programa de alguna manera porque, a pesar
del esfuerzo presupuestal y del aumento en cobertura y territorio,
la Patria tiene alrededor de 500.000 ancianos indigentes. Este
programa cohesiona la familia y reconcilia la Nación.
Nos
hemos propuesto cumplir en los pagos a 340.000 Familias en Acción. El cumplimiento es la única manera
de ganar credibilidad para la política social. El costo
oscila en $37.000 millones cada 2 meses. Se subsidia a la familia
para la alimentación del niño con la condición
de que acredite su asistencia escolar. Beneficia alrededor de 800.000
niños. La evaluación del programa demuestra excelentes
resultados en nutrición y asistencia escolar.
La
ganancia en nutrición infantil y en
asistencia escolar hace de Familias en Acción un típico
programa de política social que agrega valor comunitario
y abre oportunidades de oportunidades a los beneficiarios. Ojalá podamos
superar tanta estrechez presupuestal para incorporar otras 60.000
familias el próximo año.
La prioridad del Gobierno ha sido pagar cumplidamente
a las 340.000 familias beneficiarias. Estamos explorando los recursos
para poder llegar a la cifra de 400.000.
El
Programa de Seguridad Alimentaria tiene como meta para 2006 la
atención de 3.000.000 de campesinos. A
la fecha hemos llegado a 500.000. Es una manera de evitar el desplazamiento.
Si
bien el desplazamiento ha disminuido de 400.000 a 100.000 desplazados
por año, este número sigue
siendo alarmante.
El
programa de retorno de desplazados ya ha favorecido cerca de
16.000 familias. Este año ingresarán otros
100.000 desplazados al régimen subsidiado de salud. Este
flagelo del desplazamiento es de las peores tragedias que ha sufrido
la Patria.
Si
bien no hemos podido reducir el desempleo en la proporción anhelada, la economía privada reinició el
proceso de generación de empleo. En efecto, 1.200.000 nuevos
empleos han sido creados.
Los
incrementos de salario mínimo han
superado la inflación.
Manejo Social del campo
La
oferta exportable que se avizora, la población
rural que todavía crece, la dependencia del campo de muchos
centros urbanos, nos obligan a promover un tonificado sector agropecuario.
La
recuperación del campo es imprescindible
para recuperar el empleo y asentar la paz.
En
2003 se reactivaron 160.000 nuevas hectáreas
y este año la meta es llegar a otras 140.000.
En
financiamiento agropecuario, FINAGRO aumentó sus
colocaciones un 48 por ciento en 2003 y un 42 por ciento en lo
corrido de 2004. El Banco Agrario en 55 por ciento en 2003 y en
41 por ciento en los últimos mismos meses, comparables del
2004.
El
incentivo de Capitalización Rural en
2003 financió 4.500 proyectos, que gracias al aporte que
hacen quienes intervienen en los proyectos y que complementa el
incentivo, ejecutaron inversiones por $275.000 millones.
Se
han creado 58 Bancos de Maquinaria agrícola,
fundamentalmente administrados por campesinos.
No
hemos ahorrado esfuerzos para superar la crisis de la caficultura.
La promoción de los cultivos de maíz
y fríjol, en las áreas de soqueo, ha adicionado ingresos
a los campesinos. El año pasado, esos dos cultivos, en las áreas
agrícolas cafetera, de soqueo, sumaron 33.000 hectáreas.
Este año aspiramos que consoliden 40.000.
Es
esencial continuar con el incremento de los cafés especiales, orgánicos, con mayor valor agregado
nacional y con las tiendas Juan Valdéz - Café de
Colombia, a fin de que el mejor producto y el más directo
canal de mercadeo defiendan el ingreso de los productores.
La
mejor manera de recuperar la prima del Café de
Colombia, ha sido con la publicidad remunerativa de abrir las tiendas
Juan Valdéz. El compromiso con la Federación nos
anticipa, que al terminar este año, ya debe haber un buen
número en el extranjero.
Con
las reformas y agilización de los
procesos de extinción de dominio, esperamos acelerar el
programa de dotación de tierra a los campesinos. Hasta ahora
se han entregado 3.527 hectáreas que benefician a 611 familias.
Ustedes
aprobaron, al inicio del Gobierno, el proyecto que agiliza los
procesos de extinción. Aspiramos
que empecemos a tener sentencias ejecutoriadas para poder hacer
la asignación definitiva y masiva a las comunidades campesinas.
Un programa importante es Familias Guardaboques al que se han integrado 21.000
familias. Las familias reciben $5.000.000 al año, cuidan 553.000 hectáreas
para mantenerlas libres de droga y recuperar el bosque.
Este
programa es esencial en fábricas
de agua como el Macizo Colombiano y la Sierra Nevada.
Manejo
Social de los servicios públicos
En
el tema de los servicios públicos el
Gobierno ha trabajado para introducir armonía en las relaciones
entre prestadores y usuarios, por ejemplo, en la provisión
de energía en la Costa Caribe. En lugar del enfrentamiento
que ahuyenta al inversionista y maltrata al usuario, necesitamos
relaciones constructivas, basadas en la solidaridad, la ausencia
de abusos, el pago oportuno. Vale la pena destacar el experimento
de microempresas de distribución de energía, con
alta participación de los usuarios.
Se
han incorporado 280.000 nuevos usuarios de energía eléctrica.
Se
ha dado un incremento en los subsidios de energía contra el presupuesto nacional, debido a la decisión
de atar a la inflación la elevación de tarifas en
los consumos básicos de los estratos populares.
Debo
registrar la preocupación por la
desproporción entre el aumento de las trasferencias nacionales
para acueductos y alcantarillados y los pobres resultados en mejoramiento
y cobertura obtenidos en muchos municipios. Durante 2003 se amplió el
total de suscriptores en acueducto, alcantarillado y recolección
de residuos sólidos en un poco más del 2 por ciento,
cifra muy baja. Con la partida de $365.000 millones asignada en
las audiencias públicas, daremos un buen impulso a tan angustiosa
preocupación.
Confiamos
construir un gran consenso, lo estamos trabajando, para emprender
en forma definitiva la limpieza del
río Bogotá.
En
telecomunicaciones se han instalado 19.000 nuevas líneas y se han repuesto 24.000. Se han creado 56
puntos de comunicaciones para personas con deficiencia visual y
auditiva. Hemos continuado con mayores crecimientos del programa
Compartel, que ha contratado la instalación de 3.000 puntos
de Telefonía Rural Comunitaria y 500 telecentros.
Los
1.097 municipios de Colombia cuentan con telefonía básica e Internet. En estos dos años
se pasó de un cubrimiento de servicio telefónico
del 67 al 83 por ciento de las 21.000 localidades de la geografía
nacional. En muchas de ellas la densidad telefónica todavía
es muy baja.
Mediante
el programa de Computadores para Educar se han entregado 23.104
computadores en 2.523 instituciones educativas
públicas, que han beneficiado a 769.515 niños y niñas.
En
la tarea de reestructurar empresas sensibles de servicios públicos debe destacarse el caso de Emcali,
próximo a ser concluido. Continuará siendo estatal,
sostenible y con un Fondo de Capitalización Social, del
cual serán socios todos los usuarios, que la dotará de
apalancamiento e independencia financiera. Capitalismo Social.
La
empresa firmará con el fondo un plan
de desempeño y unos compromisos de administración
con transparencia y austeridad, que den al pueblo caleño
las mejores garantías de prestación del servicio.
Hoy
están en proceso de reestructuración
EIS Cúcuta, Enertolima, Telesantamarta, Cedelca, y la Empresa
Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla. Se han superado
las crisis de las electrificadoras de Caldas, Tolima y Quindío.
En
presencia de algunos de ustedes, distinguidos congresistas, se
realizó hace poco la reunión de
todos los prestadores de servicios públicos, que contó con
asistencia de representantes de los usuarios. A pesar de todo lo
que falta, pudimos notar un gran mejoramiento en el clima de confianza
en Colombia y en las relaciones entre prestadores y usuarios. Esas
relaciones no pueden seguir con el antagonismo insuperable, con
la acidez. Vamos a insistir para construir unas relaciones fraternas
que permitan consensos eficaces.
En
esa reunión nos comprometimos a dictar
una norma administrativa que introduzca la audiencia pública
obligatoria para tramitar reclamos ante las comisiones de regulación.
La reclamación a puerta cerrada corre el riesgo de ser objeto
de sospecha. La reclamación y su trámite en audiencia
pública, obligan a mayor objetividad en los argumentos,
a mayor equidad en la decisión y, sobre todo, genera credibilidad.
País
de Propietarios
Nadie
puede sentirse dueño del País
y nadie excluido del derecho de propiedad. Colombia nos debe doler
a todos.
Para
aproximarnos al País de propietarios
trabajamos como instrumentos el micro crédito, los fondos
de capitalización social a la manera de Emcali, las empresas
con participación propietaria de trabajadores, la asignación
campesina de los predios rurales de extinción de dominio
y la vivienda.
El
micro crédito es uno de los ejes fundamentales
para la construcción de un país de propietarios.
Entre
agosto de 2002 y junio de 2004 se ha realizado un desembolso
efectivo de $3,2 billones para microcrédito.
De ellos, $2,1 se otorgaron a 1.027.000 microempresarios a través
de las líneas IFI- Bancoldex, la Banca Comercial, ONGs especializadas
en microcréditos, FINAGRO y Fundaciones. Y $1,1 billones
se destinaron a la financiación de 11.500 pequeños
y medianos empresarios.
La
cartera a favor de los microempresarios ha crecido un 44 por
ciento y el saldo asciende a billón 378.000
millones de pesos. Ha sido definitiva la vinculación de
gobernaciones y alcaldías para otorgar garantías
que protegen el 70 por ciento del valor del crédito.
A
pesar de este avance, el reclamo de la pequeña
empresa y del microempresario, por microcrédito, continúa
siendo aquello que prima. Por eso el Gobierno no se puede conformar
con este avance, la idea es duplicar esta meta año tras
año, para que los colombianos puedan acceder al crédito
y sacar adelante la pequeña empresa y la microempresa.
Necesitamos
que las buenas fundaciones y el SENA, que forman y acompañan
a los microempresarios, hagan presencia en todas las regiones
de la Patria.
Los
trabajadores se han convertido en copropietarios de tres empresas
de servicios públicos: Hydros Melgar, Hydros
Mosquera e Hydros Chía. Y se están adelantando otros
7 procesos similares.
Anoche
me informaba el señor Superintendente
de Sociedades, en la empresa Titán ya hay un arreglo para
que sea de propiedad y administración de los trabajadores.
En
Paz del Río se logró un modelo
empresarial participativo. Con el aporte de los líderes
sindicales y la administración de la empresa, los trabajadores
pasaron a ser dueños del 43 por ciento. Antes poseían
el 9 por ciento. En 2003 las utilidades netas llegaron a $40.000
millones. En lo que va corrido de 2004, ascienden a $68.620 millones.
Hace
pocos días me decía un grupo
de empresarios que cómo insistía el Gobierno en recuperar
a Paz del Río, que esa era un empresa muerta desde hace
tiempo. Se ha logrado recuperar por muchos factores, por supuesto,
lo que la ha pasado en el mercado mundial de hierro y aceros, la
reactivación de la construcción, pero quiero destacar,
por el sacrificio de los trabajadores, por el sacrifico de los
pensionados, porque se entendió el paso del sindicalismo
meramente reivindicativo al sindicalismo de participación,
con responsabilidades empresariales.
Creo
que hoy el ambiente social de Boyacá ha
tenido alguna mejoría, gracias a este proceso de recuperación
de Paz del Río. Capitalismo social dentro de una sociedad
sin exclusiones, de una sociedad sin antagonismos insuperables.
Continúa la recuperación de la
construcción, pero estamos retrasados en la ejecución
de vivienda social. No obstante, tenemos confianza en que las reformas
introducidas a esta política, permitirán mostrar
unos mejores resultados en los meses que vienen. Se ordenó la
liquidación de Inurbe. Fue reemplazado por las cajas de
compensación y un fondo en Findeter. Hemos dictado las normas
para levantar bloqueos de ciudades a la vivienda social. En muchas
ciudades y municipios se reclama subsidos para vivienda social,
pero los planes de ordenamiento urbano local excluyen la vivienda
social. Por eso el Gobierno, en aras de las normas constitucionales,
ha debido dictar un decreto para posibilitar la vivienda social
en aquellas ciudades que la han excluido.
En
el caso de los desplazados, para buscar agilizar la entrega de
subsidios, la exigencia de ahorro será posterior,
sin requisito previo.
Buscamos
que los adjudicatarios de subsidios tengan los requisitos para
poder acelerar la ejecución de
los proyectos. Todavía tenemos alrededor de 120.000 millones
de subsidios adjudicados en el pasado, sin desembolsar porque los
adjudicatarios no acreditaron los requisitos.
En
el período gubernamental se han asignado
99.352 subsidios y se han otorgado 9.541 créditos de vivienda,
para un total de 108.893 soluciones de interés social.
Hay
que agilizar la ejecución para poder
completar la meta de 400.000 en los cuatros años.
Con
la línea de redescuento de Findeter,
alimentada por el sector financiero, se han aprobado recursos a
27 entidades por $250.000 millones, lo que permitirá financiar
25.000 familias para vivienda social.
Aspiramos
a ejecutar $60.000 millones este año
en mejoramiento de vivienda rural, lo que equivale a duplicar el
presupuesto inicial.
Con
los micro hoteles hemos empezado a desarrollar el concepto de
vivienda social productiva. Esperamos terminar el
año con cerca de 500 en el País y de 150 en el Cabo
de la Vela en La Guajira, con la comunidad Wayuú. La posada
Wayuú.
Infraestructura y calidad de vida urbana
Cada
día es más urgente mejorar
la infraestructura en aras de la competitividad y la calidad de
vida de los ciudadanos.
A
la fecha se han logrado 1.039 kilómetros
de pavimentaciones y repavimentaciones. A esta cifra se adicionarán
los 2.500 kilómetros de nuevos pavimentos, con un sistema
de patrimonio autónomo y vigencias presupuéstales
futuras, para cuya estructuración financiera se estudia
una propuesta de la Corporación Andina de Fomento.
La
reciente adjudicación de la doble calzada
Bogotá-Girardot y de la primera etapa del túnel de
la Línea, tendrá una gran incidencia en el transporte
entre Bogotá y el Pacífico.
Para
asegurar el mantenimiento de los corredores viales principales,
durante un período relativamente extenso,
fue cerrada la licitación que se espera adjudicar en los
próximos días, también en audiencia pública
televisada.
Uno
de los objetivos de la política internacional,
que es la participación de Colombia en el capítulo
de infraestructura del plan Panamá-Puebla, resucita el proyecto
de la vía panamericana entre el Chocó y el Istmo.
Esperamos el acuerdo de los dos gobiernos para definir el punto
de encuentro en la frontera, que debe beneficiar el futuro del
corredor turístico de esta parte del Caribe chocoano. En
ese momento emprenderemos la gestión de los recursos internacionales.
Con
los recursos de la ley de puertos y gestiones ante gobiernos
europeos nos acercamos a la ejecución de
un ambicioso plan de obras en el puerto de Barranquilla. Estamos
en plena ejecución del dragado del canal de acceso a la
bahía de Cartagena, y en diciembre el puerto debe despachar
buques con el doble de capacidad de contenedores.
El
movimiento de carga por el río Magdalena
ha crecido en un 37 por ciento. Con el Gobierno de Brasil se examina
la posibilidad de un crédito de largo plazo para mejorar
la navegabilidad del río Meta, arteria fundamental en la
comunicación con el Caribe y con la hidrovía suramericana.
Se
adelanta un plan aeroportuario que va desde la aviación social en zonas aisladas hasta el Plan Maestro
para el Dorado que, con la necesaria consulta a la comunidad de
Bogotá, al señor Alcalde y a las autoridades distritales,
debe adjudicarse en los próximos dos años.
La
Nación financia el 70 por ciento de
los sistemas de transporte masivo. La obra se ejecuta con velocidad
en Bogotá, ya se inició en Cali y estamos agotando
estudios y procesos de contratación en Pereira, Bucaramanga,
Valle de Aburrá, Cartagena y Barranquilla.
Reitero
la voluntad política del Gobierno
de que los concesionarios de esos sistemas de transporte, sean
los transportadores locales.
Han
sido activados 650 kilómetros de las
concesiones férreas del Pacífico y del Atlántico.
En esta última, a pesar de haber duplicado su capacidad
de carga, para superar el límite actual de 24.000.000 de
toneladas por año, se requiere definir el litigio entre
el concesionario, el usuario y la Nación.
A
propósito de litigios, es imposible
que crezca la inversión y mejore la infraestructura cuando
la mayoría de los grandes contratos terminan en pleitos
y frustraciones. Litigios en telecomunicaciones, concesiones viales,
ferrocarriles.
Tenemos
la voluntad política de seguir
adelantando conciliaciones, donde se pueda, con 3 requisitos: ajuste
riguroso al ordenamiento jurídico, equidad en las mutuas
prestaciones y transparencia. Presupuesto esencial de la transparencia
es la difusión amplia a la opinión ciudadana de los
términos de los acuerdos, antes de su perfeccionamiento.
Pensiones
Nuestro
programa de saneamiento macroeconómico
incluye más confianza, más seguridad, más
ingresos fiscales, más base de contribuyentes, más
estímulos productivos, más inversión social,
menos nómina estatal, menos gastos generales.
Los
dos nubarrones fiscales que debemos despejar son la deuda pensional
y la declinación en la explotación
de petróleo.
Después de la ley 100, el primer siguiente
paso para corregir el déficit pensional fue la ley 796 de
2002, aprobada durante los primeros meses del Gobierno. Se hizo
el intento no aprobado del Referendo. En las entidades públicas
sometidas a reformas, se ha avanzado bastante en la solución
del problema pensional. Lo mismo en el Fondo Prestacional del Magisterio.
Sin
embargo, el problema continúa con
el agravante del agotamiento de las reservas del Instituto de los
Seguros Sociales. Este peligro se desestimó durante años,
pero ahora demanda una transferencia anual de la Nación
al Instituto, que este año alcanza la suma de $1 billón
700.000 millones y el entrante $3 billones 800.000 millones. La
proyección anticipa años de transferencias de $5
billones.
Es
grave continuar difiriendo el problema hacia adelante para que
lo resuelvan los futuros gobiernos y las futuras
generaciones. Es grave poner a los pensionados del Seguro Social
ante la incertidumbre de no contar con los recursos para pagar
sus pensiones. Es grave sacrificar otras inversiones sociales por
dedicar el poco dinero disponible al pago de pensiones. Es urgente
resolver el problema pensional. Las soluciones generan más
debate político inmediato, pero la falta de soluciones aleja
más la recuperación de la economía y del tejido
social.
En consecuencia, proponemos una Norma Constitucional
para pensiones, una ley y unas normas tributarias que ayuden a
resolver el tema.
La
Norma Constitucional se examinó en
el consenso político. Propone eliminar los regímenes
privilegiados a partir del año 2008. En el caso del Presidente
de la República sería de aplicación inmediata.
También de inmediato elimina la mesada 14 para los nuevos
pensionados y adopta un techo de 25 salarios mínimos para
las nuevas pensiones públicas. Respeta derechos adquiridos
para no crear el precedente de desconocerlos con reformas constitucionales.
La
ley vigente fija la edad pensional en 62 años
para los hombres y 57 para las mujeres, que regirá en el
2014. El proyecto de ley propone anticipar la fecha.
Estos
esfuerzos son insuficientes y no contribuyen al pago inmediato
de pensiones. Por eso agregamos en la propuesta
un impuesto a las pensiones altas, de la misma forma que opera
la retención a los altos salarios. Y conectamos el tema
con unas normas tributarias.
Es
necesario que la tributación general
contribuya al pago de pensiones y debemos entender que este pago
constituye un gasto o inversión social.
En
el esquema de beneficios y requisitos pensionales no tenemos
espacio sino para lo propuesto en los anteriores renglones,
pues en leyes anteriores se aumentó la cotización,
el número de semanas de cotización y se redujo el
valor de la pensión como porcentaje del salario.
La
propuesta de generalizar el IVA con una tarifa pequeña que no grave servicios públicos, educación
ni salud, la presentaremos por descarte de otras opciones. También
con el compromiso de devolver al estrato más pobre el costo
que el impuesto implique para los sectores populares. Así lo
han propuesto algunos congresistas liberales, conservadores e independientes
de la bancada Primero Colombia.
La
devolución debe ganar credibilidad
con el cumplimiento que el Gobierno ha demostrado para devolver
a los usuarios de dinero plástico el valor de 2 puntos del
IVA del 16 por ciento.
Se
propone el IVA general porque hemos gravado el patrimonio, aumentado
la tarifa de renta y las cotizaciones
pensionales. El IVA general crea disciplina impositiva, ayuda a
controlar evasión y quien paga impuestos eleva su sentido
de pertenencia a la Nación.
Para
los sectores populares es mejor que el Estado les devuelva el
dinero, a que el dinero lo acaparen los especuladores.
Nos oponemos mucho a un IVA general, pero nunca protestamos cuando
los especuladores trasladan aumentos de precios en la canasta,
inconsultamente y sin consideración a la capacidad adquisitiva
de los sectores populares.
Para
garantizar la destinación al pago
de las pensiones debidas se crearía una cuenta especial.
En
exenciones tributarias no disponemos de margen para incrementar
el recaudo. Las más importantes son el
Banco de la República, cuyas utilidades pasan al Gobierno;
los ingresos laborales hasta determinado monto, que por una razón
social debe mantenerse su exención; y los dividendos, que
se gravan previamente en la empresa.
Este
Gobierno ha marchitado beneficios tributarios que no tenían justificación social ni aportaban al
crecimiento de la economía. Además, ha introducido
beneficios para actividades nuevas, que necesitamos, y para expandir
la economía y el empleo como la deducción del 30
por ciento a las nuevas inversiones. Dada la alta tasa de tributación,
sin esos beneficios un buen porcentaje de las nuevas inversiones
no estaría en ejecución. El crecimiento económico
que de ellas se infiere será también bondadoso para
el fisco en los próximos años.
Hemos
logrado una tributación elevada
para quienes no quieran crecer y estimulante para quienes crezcan
y generen empleo.
Un
grupo de senadores, encabezados por el Doctor Luis Guillermo
Vélez Trujillo, ha insistido en la tesis
de utilizar por parte del Gobierno 500.000.000 de dólares
de las reservas que administra el Banco de la República.
Ya hemos utilizado 100.000.000 de dólares y creemos que
deben utilizarse los 400 restantes, pero con el buen cuidado de
no estimular la revaluación que tanta preocupación
nos causa. Para que estas medidas no nos afecten el riesgo país
y el costo de deuda, deben acompañarse de esfuerzos tributarios
adicionales como los que proponemos.
Energía
e Hidrocarburos
El
otro nubarrón en el frente fiscal es
la crisis en la declinación de la producción de petróleo.
Este año las exportaciones de carbón darán
el enorme salto a 52 millones de toneladas. En el 2002 alcanzaron
39.5 millones de toneladas. Pero sigue decayendo la producción
de petróleo y aun no se confirman hallazgos que tranquilicen.
Los
estímulos tributarios y la racionalización
de regalías, la creación de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, la extensión de contratos y el mejoramiento
de la seguridad, han ayudado a aumentar el área de sísmica,
los contratos efectivos de exploración y los pozos explorados.
En el año 2003 regresamos a 28 pozos explorados, cifra que
no conocíamos desde 1992. En junio completamos 18, en 2004.
Grandes compañías que habían abandonado a
Colombia están de regreso.
La
reforma de ECOPETROL la hace más competitiva,
más austera y más sostenible. No somos partidarios
de privatizar la empresa, pero requerimos su sostenibilidad y pujanza.
En
gas natural ha empezado una etapa de recuperación
de producción.
Con
Venezuela hemos acordado la construcción
del gasoducto para suministro de gas de La Guajira a Maracaibo,
que en sentido contrario y en años venideros, permitirá alimentar
a Colombia, una vez Venezuela conecte el occidente con los yacimientos
del este.
Tan
pronto concretemos el ingreso al Plan Panamá-Puebla,
que ya está bastante adelantado, el gasoducto deberá extenderse
hasta la región centroamericana, lo mismo que la línea
de transmisión de energía.
Firmamos
con Venezuela el acta de intención
para la construcción del oleoducto de Maracaibo al Pacífico,
que hará posible la exportación de combustibles de
Venezuela al Asia, el desarrollo del Puerto de Tribugá en
el Pacífico chocoano y dará a Colombia una alternativa
de abastecimiento.
Los
puertos de la Patria, como todos los intereses de la Patria,
tienen que mirarse de manera convergente y no excluyente.
El sueño de contribuir a Tribugá en una realidad
no se excluye con el afán que debemos imprimir para que
Buenaventura todos los días sea un puerto con mayor capacidad
y más moderno.
Ese
oleoducto de Venezuela a Tribugá también
le dará a Colombia una alternativa de abastecimiento.
Una
política energética integral
y eficaz debe evitar que seamos víctimas de la crisis de
energéticos que amenaza el desempeño de la economía
mundial.
Las
exportaciones de energía harán
factible el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos,
por ejemplo Sogamoso y Pescadero, que se sumarán a los que
están en marcha como Porce III, Brazo Seco en el Pacífico
Caucano y Amoyá en el Tolima.
La
interconexión de Puerto Carreño
que realizamos después de 20 años de reclamos, nos
invita a proceder con obras semejantes en la Amazonía y
el Pacífico. Debemos mezclar interconexiones, pequeñas
hidroeléctricas y sistemas pelton.
Me
sorprendió negativamente que las soluciones
de consultoría para estos problemas de la Patria, dan unas
recetas excesivamente costosas. Por eso estamos teniendo el buen
cuidado de adoptar unos mecanismos y unas soluciones eficientes,
modernas, pero que estén al alcance de los recursos escasos
de la Patria.
Gracias
a los estímulos tributarios, Empresas
Públicas de Medellín instaló en La Guajira
el primer complejo de 20.000 kilovatios de energía eólica
o de brisa, fuente que tiene en ese departamento un porvenir brillante.
Colombia
cuenta con grandes posibilidades para combustibles de origen
biológico. El año entrante
se dispondrá de las primeras plantas de alcohol carburante.
Estamos empeñados para que también se instalen en
zonas tradicionalmente paneleras como la Hoya del Río Suárez.
Invito
al Congreso a aprobar el estímulo
tributario para la producción del diesel biológico,
que en el caso de la palma africana ofrece enormes posibilidades.
Creo profundamente en las energía alternativas. La Patria
es promisoria y los más experimentados estudiosos del tema
petrolero, coinciden en que en 50 años es posible que en
el mundo no se utilice petróleo. 50 años para sustituir
un energético de esa magnitud, es un periodo corto. Por
eso este esfuerzo que invito a ustedes a complementar para desarrollar
las alternativas energéticas.
Reactivación Económica
Durante
el primer trimestre de 2004 la economía
colombiana creció 4.08 por ciento. La empresa privada se
ha constituido en el principal dinamizador. El índice es
alentador al considerar que este crecimiento se da no obstante
el necesario combate a la economía de la droga y la reducción
del déficit fiscal.
La
reducción del déficit no es
ideológica. Al contrario, tuvimos que imponerla por las
dificultades para financiarlo, que eran crecientes, debido a su
desbordamiento. Nadie financia un déficit en una economía
sin recursos para pagar a los soldados, a las mamás de las
familias en acción o a los ancianos.
Y
qué difícil resulta reducir el
déficit reducir el déficit cuando simultáneamente
es necesario mejorar la seguridad, ampliar la protección
social y reanudar el ritmo en desatraso de infraestructura.
Por
eso ha sido fundamental la reforma del Estado, que aún no ha culminado. Este Gobierno es ajeno a la moda
privatizadora que recorrió el continente. Creemos en la
necesidad del Estado para proteger a la comunidad frente al mercado;
para proveerla de servicios a tarifas accesibles cuando el mercado
no lo haga, o para dar una opción frente a este; o para
ejercer una función oficial exclusiva.
La
cláusula social, que debe ser rectora
de una economía privada, necesita la presencia garante del
Estado.
Los
gastos de funcionamiento del sector central y descentralizado
de la Rama Ejecutiva, sin tener en cuenta el
sector defensa, disminuyeron en un 7,7 por ciento real en 2003
comparado con el año anterior. A mayo de 2004 se registró una
reducción del 13,5 por ciento, frente al primer trimestre
del año anterior.
En
2003 el sector defensa creció en 8,4
por ciento, en virtud de la política de Seguridad Democrática.
En la financiación de esta política han contribuido
los sectores más pudientes del país a través
de los impuestos al patrimonio.
Culminada
la primera fase de las reformas el pasado 31 de enero, de las
302 entidades de la rama ejecutiva del
orden nacional que había en agosto de 2002, hoy tenemos
276. Se han rediseñado 142 entidades: 99 han modificado
su planta o estructura organizacional, se crearon 6, se escindieron
3, se liquidaron 30 y se fusionaron 4.
Con
el Plan de Protección Social, introducido
por el Congreso en la ley que nos dio las facultades para la reforma
administrativa, cerca de 14.000 personas se han beneficiado del
retén social para madres cabeza de familia, discapacitados
y personas próximas a cumplir los requisitos de pensión,
además con formación en el SENA.
Solamente tres preguntas para ilustrar el escenario que se avizoraba en ausencia
de la reforma administrativa: ¿qué habría pasado con
los pensionados de Telecom, cuando la vieja empresa perdía medio billón
al año?; ¿de dónde habrían salido los $350.000
millones para sostener al IFI?; ¿cómo habría logrado
el SENA dar el salto en estudiantes formados, asumir la carga de los jóvenes
en acción y lanzar el programa jóvenes rurales?
Entre
las reformas más importantes que
hacen falta está la de las clínicas del Seguro Social.
La
reforma del Estado contribuye a construir condiciones más favorables para la reactivación económica.
Necesitamos
que la economía crezca de
manera sostenida por encima del 5 por ciento para combatir el flagelo
del desempleo. Propuestos sin vacilación, lograremos la
meta. La mayor confianza, la tendencia de las tasas de interés
y la afluencia de inversión privada, son buenos augurios.
El
Honorable Congreso conoce las razones por las cuales impulsamos
acuerdos de comercio para ampliar los mercados
de la producción colombiana.
Hemos
logrado el acuerdo entre la Comunidad Andina y Mercosur, facilitado
por un alto nivel de consenso nacional.
Los efectos pueden ser no muy significativos en el corto plazo.
En el futuro lo serán. Se crea un mercado muy grande y se
espera mejor desempeño de las economías que lo integran.
Surgen posibilidades de que el bloque Comunidad Andina-Mercosur
realice convenios con países y bloques asiáticos
que hoy nos son distantes.
El
acuerdo Comunidad Andina-Mercosur tiene un notable valor para
la unidad política suramericana.
En
la compañía de Perú y
Ecuador, estamos en la negociación del acuerdo con los Estados
Unidos. Bolivia participa como observador pero ya ha empezado a
manifestar intenciones de ser socio activo y aspiramos que a ello,
el referendo recientemente aprobado por los bolivianos permita
que el Gobierno le de vía libre. Hemos dado plenas garantías
a Venezuela y deseamos su participación.
Es
diferente la situación de una economía
petrolera que le arrebata su producto en los países industrializados,
a una economía como la nuestra, que debe franquear toda
suerte de barreras para que sus productos accedan a destinos comerciales.
Los
sociólogos de los años 70 señalaban
una gran injusticia en los términos de intercambio entre
los países industrializados, única fuente de bienes
de capital y tecnología, con recursos fiscales para subsidiar
agricultura, y países como Colombia exportadores de productos
básicos.
Los
procesos de sustitución de importaciones
se agotaron sin corregir esos desequilibrios. Finalmente no nos
abrieron mercados y la tecnología volvió a dejarnos
atrás. Las aperturas unilaterales tampoco han causado reciprocidades
en acceso a mercados. Los acuerdos de comercio deben dar pasos
de equidad.
Equidad
debe ser la palabra tutelar de esos acuerdos. Equidad con la
pequeña empresa, con el agro, con los productos
sensibles.
Equidad
para que la propiedad intelectual derivada de la biodiversidad
amazónica pueda ser apropiada solamente
por los países concurrentes a la cuenca.
A
todos mis compatriotas de la cuenca amazónica,
del oriente de la Patria, quiero reitera este compromiso: que en
los acuerdos de comercio se diga claramente que los derechos de
propiedad intelectual, sobre la biodiversidad amazónica,
solamente pueden ser reclamados y reconocidos a los países
concurrentes a la cuenca.
Estamos
a la expectativa de la confirmación
oficial de la Unión Europea para una extensión por
10 años del sistema general de preferencias, ya anticipado
positivamente por los mandatarios europeos. Esos 10 años
deberían servir para el acuerdo definitivo.
El
Gobierno es consciente que este acuerdo con los Estados Unidos
debe basarse en un gran consenso nacional. El
proceso seguirá su curso hombro a hombro con el Congreso.
Largo plazo
Planeación Nacional labora en un documento
de visión de largo plazo, que será sometido al debate
popular. Servirá de insumo para proyectar las diferentes
tendencias y aquello que empieza a ser conocido con el nombre de
agenda interna de competitividad.
Estamos
en la exploración de un proyecto
especial para el Vichada, para su conquista definitiva. El Presidente
Betancur concibió a Marandúa, donde hoy la Fuerza
Aérea dispone de 64.000 hectáreas. Allí sería
el principio de un desarrollo agro-ambiental, con palma africana,
caucho, pino caribe, y otras especies. El proyecto buscará inversión
internacional financiada por los mercados verdes.
Ese
departamento tiene en los ríos Meta-Orinoco
una vía privilegiada y 6.300.000 hectáreas de sabanas,
sin incluir los ríos ni las protecciones forestales de los
nacimientos de agua. El régimen de lluvias es muy aceptable.
Con las tierras idénticas de los departamentos vecinos,
se convierte en alternativa para el direccionamiento de las tendencias
poblacionales del futuro. La construcción de una barrera
de protección a la selva se proyecta como ventaja adicional.
En
ejercicio del control político podrá examinar
el Congreso la marcha detallada del Gobierno, de la cual me he
atrevido a hacer mención con el ánimo de señalar
avances y dificultades concretas.
El
Gobierno agradece a todos ustedes el gran esfuerzo en la legislatura
que concluyó. Todos ansiamos
que la que se inicia sea pródiga para la Patria.
Extiendo
de manera muy especial nuestra gratitud a las mesas directivas
encabezadas por el Senador Germán
Vargas Lleras y el Representante Alonso Acosta Osío. En
medio de tanto debate, con abnegación y austeridad, presentaron
un balance de trascendencia.
Este
20 de Julio, día de la Patria, día
de júbilo, día de reencuentro, día para hacer
balances y proyecciones ha sido engalanado por los actos del Congreso.
Que emocionante fue haber asistido anoche a la inauguración
de la biblioteca 'Luis Carlos Galán', con colecciones de
obras tan importantes como la de Juan Lozano y Lozano y la colección
de Luis Eduardo Nieto Caballero y de Luis Eduardo Nieto Calderón.
Que importante haber asistido anoche a esa detallada rendición
de cuentas que hicieron el señor Presidente del Senado y
el señor Presidente de la Cámara. Abordaron lo macro
y lo micro, la agenda legislativa, el recuento, las proyecciones,
el capítulo de administración del Congreso. Qué bueno,
lo hicieron de cara al país, eso recupera enormemente credibilidad
en las instituciones.
Me
acompaña en este acto Francisca Sierra,
una de las mamás de Familias en Acción. Tiene cuatro
hijos: Paula Andrea, Lina Matilde, Leonel Armando y Franklin Rodolfo.
No le estamos financiando sino uno, en esto hay alegrías
y faltantes. Por intermedio de Francisca un saludo lleno de afecto
a todas las Familias en Acción de la Patria. Ojalá podamos
avanzar para que no sean solamente 800.000 niños los beneficiados,
sino muchos más.
Me
acompaña en este acto Pedro Nel Alzate.
Como otros miles de muchachos abandonó los actos terroristas
y se acogió al programa de reinserción en un encuentro
fraterno con sus compatriotas. Pedro Nel es un ejemplo de rectificación
para quienes insisten en el camino tortuoso de la violencia. Hace
rato le pregunté y él esperaba que un Gobierno presidido
por mi lo tratara peor y fue muy generoso en la respuesta. Actualmente
está estudiando mecánica automotriz en el SENA y
se gradúa en dos meses. Es el llamado a un compromiso del
Gobierno y la sociedad para albergar a todos los compatriotas que
regresen a la vida Constitucional.
Ha
escrito bellos versos, uno de ellos para llamar a todos quienes
insisten en el camino tortuoso de la violencia
a que sigan su ejemplo. Qué compromiso tan grande con Pedro
Nel y con casi 5.500 compatriotas que han abandonado las armas
en este Gobierno y han buscado reencontrarse con la Constitución.
Me
acompaña en este acto María
Esperanza Córdoba, una de tantas colombianas y colombianos
que han sufrido el secuestro y regresado a la libertad. Maria Esperanza
recuperó la libertad por el Ejército de la Patria.
Es un llamado de atención para derrotar el secuestro y para
que los secuestrados regresen sin que su liberación implique
fertilizar el delito. Si mantenemos el secuestro en Colombia, quienes
quieran escaparse del riesgo tendrán que vivir desplazados
en el extranjero.
Me
acompaña en este acto Janeth del Rocío
Quintero, quien como miles de microempresarios ha recibido por
primera vez un crédito. Como Janeth, millones de colombianos
esperan una oportunidad para que su talento pueda ser de mayor
utilidad a la Patria. Suerte Janeth, qué buen ejemplo y
qué reto.
Me
acompaña en este acto Heiber Herrera
Cuyare, soldado de la Patria, de la Patria Nuestra, de mi Patria.
El sufrimiento de su mano, de su cara, es el producto de su batalla
heroica contra el terrorismo. Sufrió graves quemaduras en
la cara y en el cuerpo, como consecuencia de la explosión
de un carro bomba en Arauca. Como Heiber Herrera, cientos de héroes,
policías y soldados, en las ciudades y campos de Colombia,
exponen a esta hora su salud, su vida y su tranquilidad para garantizar
la salud, la vida y la tranquilidad de la Patria.
Gratitud
infinita con los soldados y policías
que hacen este sacrificio por la Seguridad Democrática.
Su trabajo permitirá rescatar el poder real que había
perdido el Estado a manos del terrorismo.
La
experiencia de la Patria es clara: las fuerzas institucionales
proceden con eficacia, más allá de
las disponibilidades presupuestales, cuando hay indeclinable voluntad
política en el mando civil, acompañamiento de las
otras instituciones del Estado y apoyo del pueblo.
La paz se obtiene cuando las instituciones aterran
y disuaden al delincuente y ganan la confianza ciudadana; cuando
el Gobernante busca que al Estado se le respete aunque al Gobierno
se le ataque.
Cuando
las instituciones estatales ceden el poder real y preservan solamente
el formal o de apariencia, el vínculo
como Nación que une a los ciudadanos empieza a disolverse,
cada quien busca cómo defenderse y se esfuma la solidaridad.
La
Seguridad Democrática busca el imperio
de las instituciones; el imperio de las instituciones que es el
poder basado en la legitimidad o aceptación popular y por
ende, el único generador de confianza y unidad.
El
imperio de las instituciones, apoyado en la Seguridad Democrática, restablece la confianza entre quienes
piensan de manera diferente, estimula el debate fraterno, primero
obtiene la seguridad y finalmente propicia la discusión
reconciliada entre todos los ciudadanos.
Hemos
ganado terreno en la seguridad. La paz definitiva necesita el
diálogo. La seguridad es condición
y fuente generadora del diálogo sincero que reconcilie a
todos.
Sin
seguridad eficaz y transparente, no hay diálogo
sincero y por ende no hay reconciliación.
La
política de seguridad que practicamos
es firme y libre de jactancia. La ausencia de jactancia mantiene
abiertas las puertas del diálogo.
Un
Estado con amplia participación de
la comunidad, asegura que esta sea la beneficiaria y el juez de
la tarea pública.
Con
amor por la Patria continuaremos laborando día y noche, de cara a la comunidad, a fin de que las instituciones
ganen credibilidad, que es el presupuesto fundamental para que
lleguen las soluciones que el País demanda en todos los
campos.
Yo
me atrevería a afirmar que lo primero
que necesita Colombia, antes que soluciones a los problemas concretos,
es el más alto y sostenido nivel de credibilidad en sus
instituciones, es el camino que posibilita las soluciones.
En
cada nueva hora debemos proceder con el ánimo
de quien empieza, porque cualquier difícil logro es apenas
minúsculo para las necesidades de esta gran Nación.
Bienvenidos distinguidos Congresistas de mi Patria
a esta legislatura. Bienvenidos a que busquemos opciones para resolver
los problemas de la Patria sin dogmatismo, con agilidad para encontrar
alternativas y sin aplazamientos.
Mil gracias a la Mesa Directiva que concluye
y que este 20 de julio abra un buen periodo para esta gran Patria
que tanto amamos.
Muchas
gracias. Declaro oficialmente instaladas la sesiones ordinarias
para la legislatura del año 2004
- 2005". |