En
la Corte Suprema de Justicia
DISCURSO
DEL PRESIDENTE URIBE AL CONDECORAR A MAGISTRADOS
Bogotá,
17 dic (CNE). El siguiente es el discurso pronunciado por el Presidente
de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante
la imposición de la Medalla José Ignacio de
Márquez al Mérito Judicial a varios magistrados
en la Corte Suprema de Justicia.
Esta
distinción reviste especial significación: premia
con estímulos éticos y académicos, a quienes
con abnegación y esfuerzo administran justicia en un contexto
de alta conflictividad y violencia.
Rendimos
merecido homenaje a quienes, con su diaria y callada labor, enaltecen
la majestad de la Justicia y enriquecen con sus sabias y oportunas
providencias la jurisprudencia colombiana.
Al
Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, una vida consagrada a la teoría
jurídica, al derecho internacional, quien pone su ecuánime
criterio al servicio de la guarda de la constitución.
Al
Doctor Germán Gonzalo Valdés Sánchez, alumno
y profesor del claustro rosarista, cultor del derecho laboral
y promotor de la colegiatura profesional.
Al
Doctor Jesús María Carrillo Ballesteros, salido
de la entraña popular, oriundo de Santiago de las Atalayas
(Norte de Santander), estudioso de la responsabilidad civil, quien
muy joven sirvió a su departamento como gobernador y hoy
a la Sección Tercera del Consejo de Estado.
El
Doctor Fernando Corral Villota, destacado por su papel como asesor
de la Asamblea Constituyente, jurista equilibrado, en quien se
destaca su compromiso institucional y su laboriosidad.
A
los magistrados Felipe Francisco Borda Caicedo, de la Sala de
Familia del Tribunal de Buga, Margarita Hernández de Albarracín,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Glenis Cielo Iglesias
de López, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Cesar, y a Yesid Acosta Zuleta,
Juez Promiscuo de Puerto Rondón, Distrito Judicial de Arauca,
el agradecimiento de la Patria, porque sus servicios han sido
valorados como excepcionales a favor de la justicia.
Igualmente,
a las doctoras María Consuelo López Montes y María
Clara Rovira Díaz, jueces de la República, destacadas
por su trabajo en la Red Facilitadora de Formación y por
su participación en el proyecto de modernización,
respectivamente.
Se
ha dicho de ella que es una tarea de dioses. En las
difíciles condiciones de Colombia, ejercer la jurisdicción
con rectitud y oportunidad, es un apostolado que exige sobresalientes
condiciones éticas y profesionales.
Ser
juez promiscuo municipal en Arauca exige talante heroico.
También
mis felicitaciones a quienes, desde su labor administrativa o
auxiliar, aseguran la continuidad y la eficiencia en el servicio
de justicia. Especialmente a la Doctora Martha Victoria Sáchica
de Moncaleano, Secretaria General de la Corte Constitucional,
a Fabio Espitia Garzón, abogado asistente de la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia, a Margarita Díez Ramírez,
Secretaria Nominada del Tribunal Administrativo del Norte de Santander,
y a Alamín Alexander Costa Infante, Secretario de la Sala
Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena.
La
recuperación de la justicia debe convertirse en propósito
nacional inaplazable. Si queremos que Colombia sea una sociedad
viable, necesitamos todos reivindicar al juez como institución
social. Si hay un cargo de un funcionario que requiera la demostración
permanente de admiración y respeto por parte del pueblo
colombiano, es el juez. El juez, históricamente, precede
al legislador y al administrador en la función de construir
el orden social.
Sólo
cuando hay un tercero imparcial que, sustituyendo la fuerza individual
y privada, resuelva en forma cumplida y ética los conflictos
intersubjetivos, está garantizada la paz.
El
juez es ante todo un órgano de la comunidad, más
que un funcionario al servicio del Estado.
La
Nación le pide a nuestra jurisdicción cambios profundos,
de forma y de fondo. Le pide correctivos eficaces.
El
imperativo de cumplida justicia, es el primer reclamo.
Jurisdicción
extemporánea es denegación de justicia.
Cuando
los procesos ejecutivos se convierten en ordinarios,
cuando la indemnización sólo llega a las manos de
la generación siguiente a la que sufrió el daño,
cuando las medidas cautelares y los correctivos provisionales
de juridicidad, toman ciclos propios de la sentencia de fondo,
cuando los delincuentes son privilegiados con la excarcelación
por vencimiento de términos,
entonces
la justicia pide a gritos una intervención providencial
para reivindicarla.
Aunque
no es justificable el aluvión de tutelas, tal fenómeno
se explica, en parte, por la búsqueda desesperada de una
justicia rápida y altamente eficaz.
Fortalecer
la justicia no implica su abultamiento burocrático, ni
su eficacia se mide en el presupuesto gastado en ella. El país
ha hecho un gran esfuerzo presupuestal a partir de 1991.
Invito
a estudiar entre todos la manera de agilizar los procedimientos,
verbi gracia con la acentuación de las formas orales sobre
las escritas.
Mas,
no es sólo cuestión de recursos y de volumen de
expedientes. Conozco muchos jueces y magistrados que apagan muy
tarde la luz de su escritorio y la encienden muy temprano por
las mañanas. Conozco, desde mis tiempos de estudiante de
Derecho, la ejemplar austeridad en que trabajan y viven muchos
jueces y magistrados probos, conscientes de las implicaciones
sociales de sus providencias.
Necesitamos
ese juez enteramente dedicado a su labor, soldado de la ley y
consciente de que la realización de la cláusula
constitucional del Estado Social no es una faena confiada sólo
a su responsabilidad.
Necesitamos
un juez que tome en serio su papel como poder de contención
frente a la arbitrariedad, pero que, con Montesquieu, discierna
claramente entre el poder de impedir y el de estatuir. Que distinga
entre la justicia y el activismo.
El
Gobierno reconoce todos los esfuerzos de la Rama, de todas las
entidades que integran el gran género de la justicia en
Colombia y reitera su propósito de la colaboración
armónica, lo cual impone no sólo cumplir los fallos,
sino también manejo oportuno y control de información
sobre las providencias que a diario se dictan. La falta de coordinación
y oportuna información pueden conllevar a la evasión
de la justicia.
Señores
jueces de la República: la justicia es la primera virtud
de un sistema de gobierno. Entre todos debemos redoblar los esfuerzos
para retomar el imperio de la ley, que por momentos quisiera perderse
en la Nación. Sin la contribución de ustedes, todo
esfuerzo es baldío en este campo. Colombia para recuperar
la sociedad, la Seguridad Democrática, requiere que todos
sometamos nuestras diferencias a la justicia, que todos depongamos
nuestros arrestos a la justicia.
Qué
bueno que este 17 de diciembre, al recordar al Libertador, podamos
distinguir a un puñado de colombianos ejemplares como los
galardonados esta tarde con la orden que rememora a ese probo
Ex Presidente, José Ignacio de Márquez, porque Colombia
está en mora de exaltar con más fuerza a sus buenos
hijos, en lugar de seguir publicitando a quienes le hacen daño.
Hoy
17 de diciembre déjenme recordar con ustedes aquel párrafo
del Libertador a los legisladores reunidos en Ocaña:
Dadnos
un gobierno en que la ley sea obedecida, el magistrado respetado
y el pueblo libre (...). Considerad que la corrupción de
los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad
de los delitos. Mirad que sin fuerza no hay virtud; y sin virtud
perece la república .
Podríamos
agregar hoy que necesitamos la fuerza de las providencias para
que renazca la virtud de la República.
Muchas
gracias.