DISCURSO DEL VICEPRESIDENTE SANTOS EN GINEBRA
Ginebra, Suiza, mar. 16 (SNE).- El siguiente es el texto del
discurso del vicepresidente, Francisco Santos Calderón,
en el segmento de altas personalidades de la 60° sesión
de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
Esta 60 sesión de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU está marcada por graves y recientes hechos producto
de una amenaza que hoy afecta a todos los ciudadanos del mundo:
el terrorismo.
Quiero evocar y exaltar ante todo, el recuerdo y la memoria
de ese extraordinario hombre que fue Sergio Vieira de Melho,
ejemplo de ponderación, compromiso e inteligencia, quien
murió junto con varios de sus colaboradores en Bagdad,
sacrificado por la irracional acción de los terroristas,
precisamente cuando realizaba la tarea a la cual dedicó la
mayor parte de su vida: trabajar por la dignidad y los derechos
humanos de los habitantes del planeta.
Hace cinco días España, y Europa en general, sufrieron
el más cruel y cobarde ataque terrorista en la historia
reciente de este continente. Sentimos este ataque como propio,
no solo porque entre los doscientos muertos hay dos colombianos,
John Jairo Ramírez Bedoya y Gloria Inés Bedoya,
sino porque sabemos como país el dolor imborrable que
deja el terrorismo en una sociedad. El gobierno y el pueblo de
Colombia expresamos nuestra indignación, nuestro dolor,
nuestra solidaridad y acompañamos al pueblo español
y a su gobierno en estos momentos difíciles.
Así mismo, sentimos como propia la muerte de cada uno
de los seres humanos que perecieron en los atentados en la isla
de Balí, en el Teatro Dubrovka y en el metro de Moscú,
en las calles y los buses de Jerusalén, en el consulado
británico de Estambul y en tantas otras acciones sanguinarias
que ha padecido el mundo durante el último año.
Colombia es el país del mundo que ha sufrido con mayor
rigor e intensidad la violencia y el terrorismo y por ello entendemos
mejor que nadie el significado y alcance de esos ataques.
Fuimos víctimas de más de 8.300 ataques de destrucción
colectiva con explosivos en los últimos seis años.
Para que ustedes tengan una idea exacta del tamaño del
sacrificio que imponen los terroristas a nuestro pueblo bastaría
citar que en la masacre de Bojayá (Chocó) perpetrada
por las FARC el 3 de Mayo de 2002, murieron 120 personas, 46
menores de edad. En la masacre del río Naya (Cauca) ocurrida
el 14 de abril del 2001 las AUC asesinaron 130 personas, mientras
que el ELN dio muerte a 82 colombianos en la masacre de Machuca
(Antioquia) ocurrida por un ataque al oleoducto que incendió este
pueblo el 18 de Noviembre de 1998.
Durante el 2003 se registraron en Colombia hechos abominables
como el asesinato de un niño que engañado murió al
explotar su bicicleta convertida en bomba; un carro bomba que
mató a 32 personas, seis de ellos niños, en el
club El Nogal de Bogotá; una casa bomba que dejó 15
muertos al estallar en Neiva, Huila; un caballo bomba en Chita
(Boyacá) donde murieron 8 personas; dos motocicletas bomba
que cobraron la vida de 14 personas; un carro bomba en un centro
comercial en Cúcuta que dejó 7 muertos y 60 heridos;
decenas de miles de minas anti-personal que hirieron a 495 colombianos
y quitaron la vida a 160 más y 2.200 personas secuestradas
que son mantenidas en condiciones infrahumanas.
Desde la experiencia colombiana somos enfáticos en señalar
que el tamaño y la gravedad creciente del accionar de
las organizaciones terroristas envían un mensaje contundente
a la humanidad: no pueden persistir dudas ni vacilaciones frente
al terrorismo.
Tampoco son admisibles ambigüedades ni caminos intermedios
en la respuesta que los gobiernos y los pueblos debemos dar en
este momento de enormes dificultades: tolerancia cero con el
terrorismo. Estamos comprometidos en una guerra entre los defensores
de la libertad contra organizaciones criminales que pretenden
imponer sus fines y su voluntad a las mayorías, a sangre
y fuego.
La historia nos exige grandeza, fortaleza y determinación
para defender y consolidar los principios y valores fundamentales
que ha construido la humanidad a lo largo de su historia: la
justicia, la democracia plena, la libertad, los derechos humanos
y la convivencia pacífica, entre otros.
La experiencia colombiana, que además hoy sufre el mundo
con gran intensidad, demuestra que en todas partes el terrorismo
comparte sus crueles características. Cualquiera que sea
su pretexto u objetivo las acciones de los grupos terroristas
siempre se distinguen porque:
Sus ataques afectan por igual a niños y adultos, a hombres
y mujeres, a pobres y ricos.
Ningún principio ético ni humanitario les es importante.
No responden políticamente ante nadie.
Se proponen crear un clima de zozobra y paralizar a la sociedad.
Quieren suspender y eliminar la deliberación democrática.
La dignidad humana y la limitación de los medios de combate
son conceptos extraños a su práctica.
Pretenden limitar y retroceder las conquistas democráticas.
Siempre están articulados a las formas de criminalidad
más ruines como el narcotráfico, la corrupción,
el tráfico de armas y sustancias explosivas.
Envilecen cualquier causa esgrimida como pretexto.
Nuestro país ha acumulado valiosas lecciones y ha obtenido
importantes logros en su esfuerzo por evitar que el terror imponga
sus designios en su territorio y a la vez para mejorar la vigencia
de los derechos humanos en el país.
La nuestra es la democracia más antigua y una de las
más estables de América Latina. Desde inicios del
siglo pasado ha experimentado cambios pacíficos de gobierno
cada cuatro años, con excepción de la dictadura
militar entre 1953 y 1958. Nuestros líderes han sido elegidos
siempre por el pueblo a través de elecciones libres, justas
y competitivas. Hay plenas garantías a la oposición
política de izquierda que el año pasado en octubre
derrotó al Gobierno en un referendo y eligió al
Alcalde de la capital y al Gobernador del Valle del Cauca, uno
de los departamentos más importantes del país.
En nuestro país hay plena libertad de prensa. Y aún
en estas épocas de grandes dificultades económicas,
el Gobierno destina decenas de millones de dólares al
año para proteger actividades vulnerables -sindicalistas,
autoridades locales, defensores de derechos humanos, miembros
de partidos de oposición, periodistas y minorías étnicas
entre otros- y a dar asistencia humanitaria a las víctimas
del terrorismo.
Esa democracia está seriamente amenazada por las minorías
que integran las FARC, el ELN y las AUC, que realizan constantemente
todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos y del DIH.
La respuesta del Gobierno a esta amenaza es la política
de seguridad democrática cuyo objetivo fundamental es
rescatar el imperio de la ley y extender una presencia activa
y constante de las instituciones en todo el territorio para dar
seguridad, justicia, fortalecer la institucionalidad local, propiciar
oportunidades para el desarrollo con dignidad y promover la transformación
de las regiones marginadas e inseguras.
Un Estado no puede permitir que sus ciudadanos y ciudadanas
sean víctimas del terror y pierdan la posibilidad de ejercer
sus derechos y libertades. Por eso, mandato del Presidente Álvaro
Uribe es fortalecer en todos los rincones del territorio nacional
la capacidad del Estado para proteger a toda la ciudadanía
sin distingo de raza, credo u orientación política.
Estamos defendiendo legítimamente a nuestro pueblo, con
persistencia y sin vacilaciones, contra los violentos.
Y aunque todavía nos falta un largo camino por recorrer
me complace informarles que lo estamos defendiendo con buenos
resultados. Gracias a la política de seguridad democrática,
durante el año 2003 se redujo el homicidio en Colombia
en 20%, lo cual equivale a decir que 5800 colombianos preservaron
su vida. Logramos reducir el desplazamiento forzado en 52%, las
masacres en 33%, el secuestro en 26%, los ataques a poblaciones
en 84% y el asesinato de sindicalistas 57%.
Más colombianos que no murieron. Que no fueron secuestrados.
Que no fueron víctimas del desplazamiento forzado. Millones
de colombianos que recuperaron el derecho a la libre circulación,
organización o empresa. Más colombianos que vuelven
a sentir el amparo del gobierno y los beneficios de la seguridad
gracias a que ahora hay autoridad y fuerza pública en
todos los municipios del país y a que el Gobierno recuperó el
control de las carreteras. Ese es el principal y mejor logro
en promoción y defensa de DDHH y DIH que pueda presentar
un Gobierno.
Seguridad sin desarrollo no es sostenible. De ahí que
al mismo tiempo logramos reducir el desempleo del 15 al 12%,
ampliamos en 500.000 los cupos educativos, vinculamos a un millón
nuevas personas a los servicios de salud, duplicamos en un año
el número de estudiantes beneficiarios de formación
técnica, acudimos con complementos nutricionales a más
de 320 mil niños.
Estas cifras demuestran de manera contundente que la aplicación
de la Política de Seguridad Democrática tiene una
importante incidencia sobre la garantía y protección
de los derechos y libertades de colombianos y colombianas. Y
explican claramente el respaldo popular, más del 80 por
ciento según sondeos independientes, a la gestión
gubernamental.
Nuestro gobierno ejerce autoridad, no autoritarismo. La política
de seguridad democrática se aplica con estricta observancia
de las normas internas y de los tratados internacionales de derechos
humanos y DIH.
Es una política firme para combatir a los violentos pero
a la vez generosa con quienes dejan las armas. 2.600 personas
fueron acogidas en los programas del Estado para su reincorporación
a la vida democrática, durante el año pasado.
Nuestro Gobierno no exige condiciones indignas pero tampoco
acepta imposiciones surgidas del terror. Hemos permanecido abiertos
al diálogo pero todos los intentos acometidos con las
FARC y el ELN, con la ayuda de países amigos y de la ONU,
han sucumbido ante la intransigencia de quienes orientan esas
organizaciones armadas ilegales.
Nos preocupa la persistencia de algunos problemas como lograr
el funcionamiento eficiente de la justicia. Ningún sistema
judicial puede funcionar bien en medio de las presiones y la
debilidad de las instituciones en el territorio; hemos dado el
primer paso al ampliar el control territorial por parte de las
autoridades legítimas pero problemas estructurales, técnicos,
de cultura y de recursos impiden un pleno ejercicio de la justicia.
Respetando la independencia de este poder, el Gobierno respaldará las
acciones que se adelanten para superar esta grave deficiencia
y prestará la protección necesaria para su adecuado
y cabal funcionamiento.
Redoblar esfuerzos para limitar los crímenes de los grupos
armados ilegales contra la población es otra de nuestras
preocupaciones centrales. Quienes se involucren en un proceso
de diálogo tendrán que respetar el cese de hostilidades
al que se comprometan y quienes persistan en la violencia serán
combatidos con rigor. Al respecto, el Gobierno tiene grandes
expectativas en la Misión de Acompañamiento a los
Procesos de Paz decidida por la Organización de Estados
Americanos y espera avanzar hacia la concentración de
los miembros de las autodefensas para lograr su desmovilización.
La Fuerza Pública de Colombia goza de un gran respeto
por parte de la población y su accionar siempre se acoge
a las normas vigentes y a los derechos humanos. Lo certifican
los hechos: mientras las operaciones tácticas de las FFMM
se multiplicaron en un 137% entre 2002 y 2003 -pasaron de 4.500
a 10.700-, los cargos formulados por la Procuraduría General
de la Nación contra miembros de la Fuerza Pública
por presuntas violaciones a los DDHH y al DIH se redujeron un
92%. El informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente
al año 2002 señala que de 9.000 denuncias por infracciones
al DIH con responsable conocido, sólo 261 fueron atribuidas
a miembros de la Fuerza Pública. En el año 2003
esta cifra se redujo a 161 denuncias.
Somos conscientes sin embargo de que contraviniendo la política
estatal y las órdenes superiores, integrantes de las Fuerzas
Armadas incurren ocasionalmente en violaciones a los derechos
humanos. Trabajamos y continuaremos haciéndolo para fortalecer
los mecanismos de prevención y control así como
para sancionar estos comportamientos inaceptables para el gobierno,
el Estado y la sociedad.
Colombia considera conveniente y acepta el escrutinio internacional.
Acorde con esa tradición formulé en el pasado período
de sesiones, una invitación abierta a los organismos de
la Comisión. Hoy, debo agradecer la visita de la Relatora
para la Educación, del Relator contra el Racismo, del
Relator para la libertad de Opinión y de Expresión
y del Relator para los Pueblos Indígenas.
Todos ellos visitaron nuestro país, se entrevistaron
con diferentes actores de la sociedad colombiana, visitaron regiones
y fueron atendidos por funcionarios del Gobierno al más
alto nivel. Fueron testigos de los esfuerzos de nuestro Estado
para hacer realidad los mandatos contenidos en la Constitución
de Colombia, constataron nuestros esfuerzos y palparon las dificultades,
obstáculos y limitaciones.
Nuestro Estado estudia sus recomendaciones e informes y formularemos
próximamente nuestras observaciones acerca de los mismos.
En un caso encontramos que se llegó a Colombia con ideas
preconcebidas y que sus visitas a funcionarios del gobierno fueron
una pura formalidad. Su informe así lo refleja y con esa
actitud le hacen daño al sistema de relatores de Naciones
Unidas. Pero esto no hará cambiar nuestra política;
las puertas siguen abiertas y de manera respetuosa expresaremos
nuestras opiniones cuando sea necesario.
El Estado ha hecho un análisis juicioso del informe que
presentará el Alto Comisionado en el presente período
de sesiones. Destacamos los reconocimientos a la labor desarrollada
durante el período objeto de estudio y el contundente
señalamiento a los grupos armados ilegales por su responsabilidad
en graves violaciones de derechos humanos y desacato a los mínimos éticos
acordados por la humanidad.
En la respuesta que está a su disposición expresamos
nuestras observaciones respecto a la defensa del carácter
democrático del régimen político colombiano,
el propósito de la política de seguridad democrática
de garantizar derechos, los evidentes logros alcanzados durante
el año 2003 y el compromiso del Estado colombiano con
las recomendaciones hechas en el informe del año pasado.
Durante el 2004 seguiremos trabajando con la Oficina del Alto
Comisionado en Colombia, mantendremos la interlocución
permanente y buscaremos hacer mejor uso de su capacidad asesora.
La Oficina en Colombia es una instancia importante para el Estado,
la sociedad colombiana y para los interesados de la comunidad
internacional en nuestra realidad.
Nada nos hará desistir del empeño y del compromiso
de proteger a los colombianos y devolver la seguridad a nuestro
país. Para ello necesitamos y convocamos una vez más
la ayuda del mundo para enfrentar el terrorismo que surge de
la letal alianza de grupos armados ilegales y narcotráfico.
Para que la humanidad no vuelva a padecer hechos como los del
11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el 11 de marzo de
2004 en Madrid y para que nuestro país no siga siendo
el más afectado del mundo por el terrorismo, es preciso
eliminar todo vínculo, tolerancia o relación de
individuos, gobiernos y organizaciones de distinta índole
con dichos grupos terroristas, tal y como lo ordena la resolución
1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es inaceptable
que los terroristas puedan transitar libremente por diferentes
países, que les sea posible adquirir armas, municiones
y explosivos, movilizar y hacer cada día más rentable
el dinero producto de la extorsión, el secuestro y el
tráfico de drogas ilícitas. Hay que decirlo con
toda claridad: luchar en serio contra el terrorismo exige quitarle
a los terroristas toda fuente de financiamiento y toda posibilidad
de moverse de un lugar a otro.
Esta ocasión es propicia para agradecer la inmensa solidaridad
internacional con el pueblo de Colombia expresada en la Declaración
de Londres con la cual estamos comprometidos. Y a la vez para
reiterar nuestro compromiso por hacer cada día más
vigentes los derechos constitutivos de la dignidad humana, de
la democracia y la convivencia pacífica. El pueblo de
Colombia espera seguir contando con ese respaldo político
a nuestra democracia y con una creciente presión internacional
que cierre todo espacio político a los grupos armados
ilegales.
Nos duele cada colombiano y cada habitante del mundo víctimas
del terrorismo. Tenemos como país el derecho a la seguridad.
Tenemos asimismo, como obligación, derrotar al terrorismo
con todas las herramientas que permite una legitimidad democrática
que por ningún motivo vamos a quebrantar. El dolor de
un país víctima del terrorismo nos ha enseñado
que el principal valor del sacrificio de inocentes colombianos
y la mejor acción posible para garantizar los derechos
de las presentes y futuras generaciones, consiste en que los
hombres y mujeres de este planeta que creemos en la democracia,
fortalezcamos nuestra conciencia acerca del tamaño y la
naturaleza del terrorismo que es la mayor amenaza que enfrenta
la humanidad. Y que no podemos ahorrar esfuerzo alguno para poner
fin a este flagelo.