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CLAUSURA DEL FORO “CONFLICTO ARMADO, LA CARA URBANA”
Noviembre 27 de 2002 (Bogotá, Cundinamarca)

Compatriotas:

Quiero saludarlos muy afectuosamente, felicitarlos por este gran esfuerzo, en tema tan difícil todos tenemos que aprender diariamente. El Gobierno tiene que dar ejemplo para saber combinar la tozudez para insistir en sus políticas con la vocación de dejarse permear por la crítica constructiva, de asimilar esa crítica para poder enderezar y ajustar esas políticas.

No es fácil trazar esa línea divisoria entre la determinación y la capacidad de ajuste, pero hay que hacerlo.

Sobre el primer punto, el de los desplazados. Hoy estuvimos evaluando el tema de desplazados, justamente, con la Red de Solidaridad y con el Alto Comisionado para Refugiados, que esta de visita en Colombia.

La estrategia del Gobierno en el proyecto de desplazados busca: primero, refrenar desplazamientos. ¿Hemos sido eficaces? No. A hoy, en estos tres largos meses de gobierno el resultado es el siguiente: 25 mil nuevos desplazamientos, 25 mil nuevos desplazados y en la estrategia de regresar hemos regresado 12 mil. O sea que el neto es negativo.

Encontramos hoy dos sitios de desplazamiento: el Catatumbo y Sucre. En Sucre estamos interviniendo, hace parte de la zona de rehabilitación, todavía nos falta mucho recurso –que les habrá explicado el general Teodoro (Campo, director de la Policía Nacional)-, los recursos para fortalecer la seguridad en todo el país a penas se están incorporando, vamos a contar con nuevos contingentes de soldados y policías en una primera etapa en marzo, en otra segunda etapa en junio del año entrante.

En el Catatumbo tengo una gravísima preocupación porque el centro del problema en el Catatumbo hoy, lo causan 12 mil hectáreas de droga y la sacan por muchas partes. Por ríos, la sacan a Venezuela, la sacan por Cúcuta, la sacan por la Costa Caribe colombiana.

Está demorado nuestro programa de fumigación, ¿recuerda en el calendario nuestro cuándo debemos llegar al Catatumbo, señor General?

General Teodoro Campo. Director de la Policía Nacional: señor Presidente en abril cogemos Perijá y Catatumbo.

Presidente de la República: de aquí allá se nos destruye el Catatumbo. Ahí vamos a tener que hacer algo excepcional para modificar ese cronograma porque es la zona que hoy está generando mayores desplazamientos.

Y ahí hay un programa muy grave también, hay que buscar cómo, con estos países vecinos, cerramos esas fronteras para la droga y para los grupos violentos porque, en el Catatumbo se muestra la relación de que utilizan nuestros países vecinos para esconderse. Eso les ayuda –también- a manejar el tráfico de drogas.

Todas estas circunstancias confluyen a intensificar la violencia y a provocar mayores desplazamientos.

El segundo punto del proyecto del Gobierno en materia de desplazamientos es regresar 30 mil familias a sus lugares de origen, con subsidio de vivienda, proyecto productivo –financiado a través del programa de microcrédito- y seguridad.

Hemos avanzado bastante en lo del programa de microcrédito. Esta semana se tomaron unas decisiones muy importantes –que confío que el Ministro de Comercio (Jorge Humberto Botero) las comunique rápidamente a los medios y a la opinión en general-, se involucra Bancoldex en el tema.

El Gobierno tiene asegurados 500 mil millones de pesos por año para microcrédito, para completar en el cuatrienio los 5 billones vienen unos recursos del plan de financiación de los bancos internacionales y unos recursos comprometidos con la banca nacional.

En el primer compromiso que se hizo con la banca nacional, en la Convención Bancaria de Cartagena, de 300 mil millones de pesos, ya lo han cumplido en 57 mil a fecha de hoy. Por fortuna, el Fondo de Garantías va bien.

Entonces, con el capital y el crecimiento con capitalización de utilidades que se da en el Fondo de Garantías, podemos triplicar el aseguramiento de créditos de microcréditos. Eso nos va a permitir, a nosotros, avanzar hacia cumplir esa meta: 5 billones de financiación del microcrédito en el cuatrienio, de gran importancia dentro de nuestras 7 herramientas de política social, dentro del capítulo 4 de la política económica que es reactivación y dentro del programa de desplazados.

Esa parte la veo financiada, también hay ahí un compromiso de FINAGRO. Lo que no tenemos financiado son los 30 mil subsidios para vivienda esas 30 mil familias de desplazados.

Hoy se le presentó al Alto Comisionado de Refugiados y de Desplazados esa solicitud, le dijimos: nosotros financiamos el crédito productivo y ustedes nos ayudan a financiar los subsidios de vivienda que hoy no los tenemos financiados.

El otro punto, que es de organizar socialmente, crear un buen tejido social con esas familias en los vecinos que regresen. Regresa un grupo de mil familias a una región específica del Chocó, pues crear una red social entre todas ellas, que se convierta en el gran factor de protección para todos.

En eso no vemos problema. En el desplazado encontramos una gran inclinación a hacerlo, en el desplazado –paradójicamente- se despierta la solidaridad, el desplazado es mucho más propenso a involucrarse en esos compromisos de construcción de red social que personas, que de pronto no han tenido que pensar en el problema porque no han sufrido estos fenómenos.

Esta el tema ahí –también- de la seguridad, en ese estamos regular. ¿Por qué?, por que no hemos conseguido de la comunidad internacional el compromiso que llamé simbólicamente de los Cascos Azules a la colombiana.

Dije: donde regresemos unas familias de desplazados, ayúdennos ustedes con una presencia de civiles, en una acción humanitaria para estar allí acompañando esas familias. Destacamos unos soldados y unos policías de Colombia al servicio de esa delegación humanitaria de Naciones Unidas y le ponen el sello de Naciones Unidas para producir un fenómeno de “detente” frente a guerrillas y a paramilitares.

Mi conclusión de la reunión es que eso no lo van a aceptar, que es posible que acepten la primera parte –que es la delegación de civiles para cumplir una labor ahí de presencia humanitaria y de acompañamiento de las familias que retornen durante un tiempo.

Entonces nos tenemos que comprometer a preparar unos grupos de Fuerza Pública, de manera muy eficiente para proteger esas familias.

Ustedes tocaron ahí un tema que es bien importante y que no lo tenemos en las prioridades, nos llama la atención y nos obliga a ajustar el programa y que es el desplazamiento intraurbano.

Por ejemplo, Medellín lo mostró ahora, en los meses reciente, no sé alcalde (Antanas Mockus) cómo lo han identificado ustedes en Bogotá, pero Medellín muestra unos desplazamientos de un sector a otro de la ciudad, con problemas sumamente graves.

La Red de solidaridad está muy desfinanciada, esto es un déficit del 4.2 (por ciento del PIB), un endeudamiento de 100 billones que representa el 54 por ciento del PIB y le dicen a uno: ‘pero es que Japón debe mucho más que su PIB’, si, pero es que aquí de 67 billones de presupuesto del año entrante, el servicio de deuda representa 27. O sea que, es un endeudamiento que si bien sería presentable en términos de su proporción frente al PIB, es muy difícil de manejar en términos de capacidad de pago del presupuesto, pero eso hace parte del proyecto de manejo económico que incluye cinco puntos, vamos a ver cómo lo vamos resolviendo. Hoy tenemos ese problema de financiación de la Red de Solidaridad.

En la presentación del doctor Sierra, nos contaba él que este fenómeno de esta violencia urbana –en la modalidad que lo estamos viviendo- es nuevo, viejo.

La verdad es que en algunas partes aparece ya viejo. Cuando uno examina el proceso de gestación –en la causas solamente las voy a enumerar- , he creído que hubo un fenómeno de industrialización atractiva pero insuficiente. Las dos palabras claves para señalar esa industrialización son esas, a mi juicio: atractiva pero insuficiente. Y en la medida en que se da esa segunda, entonces eso empieza a incidir en la génesis del problema urbano. Urbanismo atractivo pero insuficiente. El tema del narcotráfico, el tema de las células guerrilleras, lo que pasó en las treguas de los años 80.

Por ejemplo, en Medellín, en esa época coincidieron campamentos de guerrilla entrenando grupos urbanos y organizaciones de narcotráfico entrenando sicarios. Y aparecían en extremos opuestos y el proceso los fue juntando. Después aparecen los paramilitares a hacer lo mismo.

Entonces es un proceso en algunas partes, como en Medellín, que no es nuevo.

Y ahí encontramos –para agregarle un comentario a los que le escuchamos al doctor Sierra- múltiples maneras como se ha expresado. Yo le he querido clasificar en dos grandes grupos: como unos actores urbanos de movimientos en una etapa, y en una segunda etapa y en un segundo grupo, de posiciones.

Lo que hemos visto en la Comuna 13 de Medellín, era que ya se había llegado a una situación de posición, se creía que se tenía un control territorial, que se tenía la capacidad de tomar decisiones y de hacerlas cumplir coercitivamente, coactivamente por sus métodos y la prueba de ello es que: entra la Fuerza Pública y se le hace frente.

Y es una batalla campal, cuerpo a cuerpo en las calles de Medellín. En otra etapa y otro sitio lo que hemos visto es que es todavía un problema de violencia urbana, de movimientos, apelando exclusivamente a la clandestinidad, sin presunciones de control territorial pero sí con un gran poder de hacer daño en una u otra parte.

La sociedad frente a ellos. El fenómeno de la aceptación no es solo para los paras sino para todos, en diferentes momentos históricos. Al narcotráfico se le vio como unos muchachos “Robin Hood”, recuerdo que los campamentos de la guerrilla en la década de los 80’s, en mi ciudad, eran lugar de turismo, eso parecía muy gracioso y muy importante, no se midió lo que ellos estaban preparando allí.

Mientras el visitante llegaba allí frívolamente, ellos estaban preparando un proyecto, no frívolo sino profundo y tenebroso, cuyas consecuencias hemos visto todos estos años.

Las autoridades quisieron tratar eso con todo menos con autoridad, este problema no se devuelve sino dialogando, vamos a negociar con los muchachos, todo el mundo lo legitimaba, en las campañas políticas la competencia era ver quien tenía el respaldo de esos muchachos. Entonces nunca se tuvo presente la necesidad de ejercer autoridad para tratar el problema. Se les legitimaba, se les reconocía, se les buscaba, se competía a ver quién obtenía el apoyo de ellos.

Es sumamente grave para sociedad colombiana asumir actitudes permisivas frente a cualquiera de estos grupos.

El doctor Darío (Arizmendi) mencionaba la presencia del señor Alcalde Barranca. Es una ciudad que pasó de 25 años de permisividad con el Eln a un periodo de permisividad con los paramilitares.

Hoy, hablando con el Ejército, ahí hay un procedimiento muy importante que nos va permitir avanzar en el desmantelamiento de esos grupos en Barranca, pero Barranca –a mi juicio- es un ejemplo de que se hizo el tránsito de permisividad con el Eln a la permisividad con los grupos paramilitares.

En ese panel, presentan ustedes la preocupación de que las medidas del Gobierno puedan ser desproporcionadas, en algún momento.

Yo soy un convencido de que desde nos mantengamos en la línea de la Seguridad Democrática, con la capacidad de que cuando se cometan errores los corrijamos, que no es fácil, no se puede perder la proporción, no vamos a afectar las libertades públicas.

Además, la política de Seguridad Democrática, don Hernando Santos, me decía hace muchos años y lo digo aquí en su casa y al oído del doctor Rafael, estábamos en una reunión con él los doctores Ernesto Samper, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy gobernador del Tolima, Horacio Serpa, otras personas, estaba yo, y nos puso a discutir dos o tres temas sobre el tema de la violencia en Colombia. Nos dijo: ‘vea muchachos, váyanse a estudiar el Brasil, el Ecuador, el uno, el otro, aquí lo que ha faltado es autoridad’.

Entonces apareció todo el tema de las libertades públicas, de los derechos humanos y él decía: ‘mire, es que esta es una historia –era un concepto muy respetable de él, bien importante para examinarlo- de tratamiento peyorativo al ejercicio de autoridad desde 1832 y eso ha llevado a que se confunda la civilidad con la permisividad, a que se crea que la civilidad es la negación de la autoridad, de la autoridad coercitiva, de la autoridad con capacidad de represión y con capacidad de contención’.

Yo comparto eso con don Hernando Santos, pero soy muy conciente que un país que ha tenido tantas décadas de un concepto colectivo imperante, en contra de la autoridad y que necesita instalar muchas décadas a favor de la autoridad, para que haya sostenibilidad en ese concepto de autoridad, esa autoridad tiene que tener un profundo respaldo popular, tiene que ser sostenible. Y esa sostenibilidad no se gana sino en la medida que esa autoridad sea democrática, respete los derechos humanos.

Ahora, para que esa autoridad sea democrática y respete los derechos humanos hay que preguntarse por muchas cosas, una de ellas el marco jurídico. Hay personas que en Colombia creen que el marco jurídico garantista es el marco jurídico débil. Yo no. Yo creo que frente a esta amenaza, el marco jurídico garantista, es el marco jurídico fuerte, que le permite al Estado actuar con agilidad y con fortaleza. Lo importante es que el Estado, en esa actuación respete derechos humanos y cumpla con el propósito esencial de la Seguridad Democrática, que es proteger a todos ciudadano independientemente de su estatus económico, de su credo, de su grado de afinidad o de su actitud crítica frente al Gobierno, frente a cualquier agresor.

Y ahí entran ya, casos específicos, como el tema de la Policía judicial o la Fuerza Pública, el Ejército. Creo que eso parte de un marco jurídico fuerte que en la sociedad contemporánea no tiene porqué afectar las libertades públicas ni tiene porqué afectar los derechos humanos y que al contrario, si puede dar muchas posibilidades para actuar más eficazmente y controlar a los violentos. Esa es una discusión bien importante.

Aquí veo caras con quienes he discutido mucho, a lo largo de la vida, estos temas, siempre he salido de esas discusiones con un sentimiento fraterno, doctor Gallón, y seguramente seguiremos discutiendo el resto de la vida.

Pero está bien, la seguridad que sí les quiero dar es que el afán del Gobierno en esa materia es tener un marco jurídico fuerte y un resultado de respeto a los derechos humanos, porque no solamente hay una convicción filosófica sino práctica. Es la única manera de hacer sostenible una política de seguridad que Colombia la necesita por décadas.

Y el tercer tema que nos presenta Judith (Sarmiento) es el tema de los cooperantes, de la necesidad de construcción de ciudadanía alrededor del respeto, de la convivencia,

La política nuestra de Seguridad tiene una acepción conceptual que parte del calificativo de democrática, tiene unos instrumentos: la búsqueda de un marco jurídico, el crecimiento de la Fuerza Pública, la tecnología y la cooperación ciudadana.

En el escenario más favorable de disponibilidad de Fuerza pública, Colombia necesita la cooperación ciudadana. Imagínense que no tuviéramos 75 mil Policías que hoy tenemos disponibles, sino que tuviéramos 300 mil y que no tuviéramos 54 mil soldados profesionales que hoy tenemos disponibles sino 100 mil. Un escenario ya favorable de Fuerza Pública sin embargo, necesita la cooperación ciudadana.

Por fuerte que llegue a ser el Estado, en su aparto coercitivo para su eficacia y su transparencia, necesita la cooperación ciudadana. En la extensión geográfica de Colombia, en su complicada geografía, ante esa manera tan avezada como se actúa terroristamente en nuestra Patria, la cooperación ciudadana es una necesidad.

Nosotros entendemos que la cooperación ciudadana se convierte en un acicate a la Fuerza Pública para que sea eficaz y en una vigilancia a la Fuerza Pública para que sea transparente.

La Fuerza Pública solita, aislada en sus cuarteles, es una fuerza más proclive a ser ineficaz y a violar derechos humanos. Integrada con la ciudadanía, tiene que entender y asimilar esa integración como un requisito para ser eficaz y como una vigilancia que la obliga a ser transparente.

Esta semana hubo un descuidito porque no se reaccionó, por falta de esa integración en Caldas, entonces se robaron la cosecha de café de Samaná, allá llegamos tarde, hasta ahora que salía yo para acá, todavía la cooperativa de cafeteros no había podido reanudar la compra de café, todo ese minifundio campesino en la ladera oriental del departamento de Caldas.

Entonces ahí qué necesitamos: Fuerza Pública y cooperación ciudadana. Que todo el mundo esté atento, llame, informe y la Fuerza Pública reaccione y se gane esa confianza.

¿Qué más le hemos dicho a la Fuerza Pública?: esa cooperación ciudadana tiene que conseguirla ustedes. ¿Cómo?: de manera voluntaria y sostenerla. Para eso tienen que construir confianza en la ciudadanía. Le hemos dicho a la Fuerza Pública: cada soldado, cada policía tiene que ser un pedagogo que convenza a la ciudadanía en la necesidad de que le colabore. No queremos una sola denuncia de que a la gente se le está coaccionando para que coopere.

Ha habido una profunda discusión sobre el alcance de la solidaridad de nuestra Constitución. Algunos juristas expresan que de acuerdo con la Constitución, la cooperación es voluntaria, la Corte Constitucional –en su última sentencia- sobre la ley de seguridad, adoptó esa doctrina en su jurisprudencia, la cooperación voluntaria.

Yo, particularmente, estoy convencido de lo contrario, que el Estado Social de Derecho, el principio de la solidaridad, incorporado a nuestro ordenamiento, exige una cooperación tan obligatoria como es la obligación de la denuncia.

Algún día le escuché al señor Alcalde de Bogotá, en sus ejercicios de construcción de ciudadanía y convivencia, unas anotaciones referidas al texto constitucional que me hicieron pensar que la obligación de solidaridad en Colombia, de acuerdo con el texto constitucional, va mucho más allá de lo que ha entendido la honorable Corte Constitucional.

Yo soy de la idea de que es obligatoria, sin embargo en el Gobierno la queremos practicar de manera voluntaria, por eso le hemos dicho a la Policía y al Ejército que hay que conseguirse pedagógicamente el apoyo voluntario de la ciudadanía.

Si uno obtiene el apoyo hay que sostenerlo y hay que construir confianza y para sostenerlo hay que tener mucha disposición para recibir cada denuncia, hay que tener los medios, ahí empieza a entrar la tecnología, las suficientes líneas telefónicas, que la ciudadanía se pueda comunicar rápidamente.

Y además de la tecnología, la parte humana, que quien conteste al otro lado de la línea tenga disposición, ganas, que escuche a la gente con atención. Pero, alguien llamando a comunicar un secuestro un sábado a las dos de la tarde y que el que está al otro lado de la línea le conteste con un bostezo y vamos a ver y el lunes. ¡No, eso no puede ser así! Es que tiene que tener toda la diligencia, toda la gana, toda la prontitud, eso es bien importante.

En seguida que la ciudadanía vea que se emprendió la acción y que la acción se cumple con transparencia y que cuando nos equivoquemos, la ciudadanía vea que somos capaces de rectificar.

Yo le acabo de decir al Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas: reanuden esas compras, la señora Ministra (de Defensa, Marta Lucía Ramírez) está organizando en este momento a ve cómo les damos la protección. Allá nos equivocamos, pero vamos a ver cómo rectificamos.

Uno es vanidoso y entonces uno es muy contrario a rectificar, pero en esa materia cuando uno se equivoca tiene que rectificar porque sino, no se construye confianza ciudadana. Sostener esa confianza ciudadana exige mucho detalle de parte de las autoridades.

Y ahí está el tema de la solidaridad y su aparente contraposición con las recompensas. Lo fundamental es despertar un sentimiento general de solidaridad para cooperar con la Fuerza Pública, también necesitamos recompensas y nos ha ido bien. Ayer las evaluábamos con el señor General Teodoro.

Nosotros instauramos el Lunes de la Recompensa y lo estamos cumpliendo en muchas ciudades y lo queremos generalizar en todo el país. La recompensa no puede ser reactiva ni ocasional, tiene que ser proactiva y ocasional, tiene que ser proactiva y permanente. Si es proactiva y permanente es creíble.

Entonces hemos querido que los ciudadanos sepan que la Fuerza Pública paga los lunes recompensas, aquellos ciudadanos que con su información hayan permitido evitar un acto violento o capturar unos terroristas. Y recompensas no muy cuantiosas pero que la gente sienta que llega el chorrito todos los lunes y que se les va a cumplir con eso y que el Estado no les falla la palabra. Y en eso vamos a insistir.

Por ejemplo, un Coronel de la Policía de Sincelejo ha tenido éxito con recompensas de 150 mil pesos, que la gente sabe que se pagan los lunes y que son cumplidas. El ideal sería que se impusiera la solidaridad pero la práctica nos ha enseñado que requerimos –también- apoyar eso en la política de recompensas.

Hay temas que yo quisiera que no los recogieran los medios, bien afectada Bogotá en los últimos meses con acciones terroristas y la política de recompensas ha sido eficaz.

Aquí hemos avanzado mucho en captura de delincuentes, fue bien eficaz en el rescate del Obispo de Zipaquirá. Ha sido bien eficaz la política de recompensas en el desmantelamiento de las milicias de las ciudades de Arauca, en Barranquilla y empieza a ser eficaz en Santa Marta.

Lo que pasa es que nosotros tenemos que anunciar el pago de la recompensa pero no podemos ser muy prolijos en el discurso público sobre la estrategia antimiliciana, que es el instrumento para transportar este terrorismo a las ciudades.

Y soy conciente que no basta con cooperantes, que hay que construir ciudadanía, respeto, convivencia. Vamos a ver, el doctor Luis Carlos Restrepo (Alto Comisionado para la Paz y la Convivencia) cómo va a avanzado con eso.

Yo creo que, doctor Antanas Mockus, la Alcaldía de Bogotá nos van a tener que ayudar a trasladar, al resto de las ciudades colombianas, muchas de sus experiencias y a que se empiecen a aplicar allí.

Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para capacitar promotores de negociación pacífica y conflictos y el proyecto es muy grande. Vamos a ver en este Gobierno cómo capacitamos un millón de colombianos en eso. Luis Carlos Restrepo ya empezó y creemos que eso puede ayudar bastante.

La gente pregunta: ¿y a quienes van a capacitar, al guerrillero, al paramilitar? No, se capacita al padre de familia, al profesor, al estudiante, a la acción comunal, al empresario, al líder sindical, a los dirigentes de los partidos políticos. En la medida que todos estos grupos ciudadanos sepan que cualquier conflicto se puede resolver pacíficamente, en esa misma medida vamos creando una especie de impermeabilización social frente a la violencia.

Reconozco que no nos podemos quedar solo en lo de los cooperantes, tenemos que avanzar hacia allá.

Muchas gracias a todos.

 
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