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COMPROMISO: SOLIDARIDAD FRENTE AL DESPLAZAMIENTO
Octubre 3 de 2002 (Bogotá – Cundinamarca)


Compatriotas:

Por las características tan dramáticas que reviste el desplazamiento forzado en Colombia, conmueve las bases éticas de toda la comunidad nacional y aún más de la internacional. El Estado y las instituciones sociales tienen el compromiso jurídico y moral de brindar solidaridad real, coordinada y eficaz con quienes padecen esa dolorosa negación de la dignidad humana.

El desplazamiento originado en la coacción de grupos armados ilegítimos sobre la población civil, agrava la crisis humanitaria que atraviesa nuestra sociedad, constituye de por sí una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Desarraigar a una persona, es negarle todo aquello que le da sentido y hace posible su existencia: su familia, su techo, su entorno, su trabajo y la propiedad, producto de su trabajo. El desarraigo está arrasando el tejido social y familiar de nuestra Nación.

La Red de Solidaridad registra hoy una población de 174.160 hogares en situación de desplazamiento, otros censos nos hablan de más de dos millones de personas desarraigadas. De ellas, el 44 por ciento son menores de edad, es decir, casi 900 mil niños.

El número de desplazados crece abrumadoramente cada año. De 120 mil en el 2000, se pasó a 190 mil en 2001 y a 170 mil en sólo el primer semestre de 2002. Es un fenómeno que está alimentando la miseria de pueblos y ciudades y la degradación moral de parte de nuestra población.

Cuando el desplazamiento forzado expulsa de su terruño a empresarios del campo, medianos y pequeños agricultores y a trabajadores agrarios, produce desolación, pérdida de productividad de nuestras zonas agrícolas y acrecienta el desempleo y el subempleo. Es una amenaza a la seguridad alimentaria.

Ningún sector social se escapa de sufrirlo y este éxodo, se ensaña con mayor dureza sobre la población económicamente más vulnerable.

De cada 100 familias desplazadas, 31 viven en la total pobreza y 54 en el límite de ella.

Es un fenómeno que se expande territorialmente, hoy los flujos de éxodo forzado se originan en el 87 por ciento del territorio nacional y de ser un éxodo de la población rural ha venido, gravitando también sobre los habitantes de las comunas populares de algunas ciudades. Genera situaciones casi irreversibles.

El retorno de los desplazados a su lugar de origen es mínimo, eventual y decreciente. Entre el año 2000 y 2002, sólo 71.056 personas pudieron regresar. En el 2000 retornó el 37 por ciento de los desarraigados, el 11 por ciento en el 2001 y sólo el 2 por ciento en lo corrido del 2002.

Déjenme expresar nuestro total compromiso para que Colombia enfrente este problema que ha tocado tan hondamente las fibras sociales y democráticas de la Nación.

Nos encontramos en un momento de muy serias dificultades económicas, el país ha tenido antecedentes de crisis fiscales –como la que hoy padecemos-, pero jamás una crisis fiscal de estas proporciones había estado acompañada de una crisis de endeudamiento como la que padece la Nación.

Tenemos seriamente afectadas todas las posibilidades presupuestales. Por eso nos hemos dado a la tarea de buscar mayores ingresos para el Estado, de derrotar la corrupción, de derrotar la politiquería, de reducir costos. Vamos a persistir en ese esfuerzo.

Uno en el Gobierno, encuentra las crecientes necesidades de la educación y de la salud. Nuestra incapacidad financiera, fiscal, de atender el problema del desplazamiento y tropezamos contra un Estado impotente, afectado por la falta de prioridades en el gasto público, por eso este problema no lo podemos examinar como un problema micro, no lo podemos examinar solamente como un problema que exige compromiso y que demanda recursos, también hay que examinarlo dentro del conjunto económico y fiscal de la Nación.

Este foro es una oportunidad que aprovecho para llamar la atención, los colombianos tenemos que tomar decisiones: hay que derrotar la politiquería, hay que derrotar la corrupción, hay que aumentar los ingresos del Estado y hay que favorecer la inversión social. El desplazamiento tiene que ser una de las prioridades de la inversión social.

Por eso nosotros vamos a insistir en el referendo, para dar ejemplo, para reducir costos de Congreso, para derrotar auxilios parlamentarios, para reducir costos politiqueros, eliminar contralorías. Para que sea un gran paso para la derrota de la corrupción con la muerte civil de los corruptos.

Por eso, vamos a insistir en la reducción de los costos burocráticos del Estado, por eso vamos a insistir en la reforma administrativa para que el Estado cueste menos en lo burocrático y llegue a tener mejores disponibilidades de recursos para lo social. Por eso vamos a insistir en la derrota de la corrupción.

Hasta el momento hemos presentado dos puntos: la propuesta de muerte civil de los corruptos en el referendo y también otras allí, como el voto público de los congresistas y la eliminación de los auxilios parlamentarios.

Hace dos días expedimos un decreto reglamentario de la ley 80 que estimula veedurías comunitarias, las hace obligatorias, hace obligatorias las audiencias públicas en los contratos, la publicación de los prepliegos para introducir transparencia en las licitaciones y continuaremos este proceso con una reforma a la ley 80, para derrotar la politiquería y la corrupción para que el país llegue a tener recursos presupuestales suficientes para atender estos flagelos sociales.

Y tenemos que dar ejemplo por eso me he empeñado en que la Presidencia de la República reduzca sus costos de 50 mil millones a 30 mil, en una primera etapa, para poder tener la autoridad moral de convocar todos los días a mis compatriotas para que cambiemos la estructura financiera de nuestro Estado.

En ese orden de ideas, permítanme decir que queremos emprender dos acciones en favor de las víctimas del desplazamiento. Primero: frenar desplazamientos.

Quiero informar a ustedes que uno de los objetivos de la Seguridad Democrática es frenar el desplazamiento. Nosotros no queremos campesinos desplazados por la guerrilla. Nosotros no queremos campesinos desplazados por los grupos paramilitares. Todos los colombianos tenemos que rodear a nuestra Fuerza Pública para que nuestra Fuerza Pública sea eficaz en aquello de proteger a todos nuestros ciudadanos y en aquello de evitar desplazamientos. Es una necesidad.

Cuando hablo de que un componente esencial de la política de Seguridad Democrática es que todos los ciudadanos apoyemos a la Fuerza Pública, que aquellos que por una u otra razón han tenido vínculos con la guerrilla o los paramilitares, los rompan y se enlisten en los grupos ciudadanos de apoyo a la Fuerza Pública, esa convocatoria está pensando en una seguridad completa, integral, democrática para todos los colombianos que frena desplazamientos.

En segundo lugar, quiero proponerles una acción concreta: que nos demos a la tarea, sector privado y Gobierno, las organizaciones de la Iglesia, las diferentes instituciones comunitarias que generosamente nos ayudan a enfrentar el problema del desplazamiento en Colombia, los organismos internacionales y el Gobierno –con la responsabilidad del doctor Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, director de la Red de Solidaridad-, nos demos a la tarea de ejecutar un proyecto: un experimento para que 30 mil familias desplazadas regresen a sus parcelas.

Lo propongo de la siguiente manera: ustedes, selecciónenlas con toda libertad, nos indican cuáles son las familias que tendrían esa voluntad y el Gobierno Nacional ayuda con subsidio de vivienda. Que en cada ocasión que el Gobierno pueda asignar subsidios de vivienda se separe una porción de ese número de subsidios para ir ajustando la meta de 30 mil para familias de desplazados que quieran regresar.

La condición es que la familia se haya comprometido a regresar y entonces va a tener el subsidio de vivienda.

Segundo, que tengan crédito productivo. Para el crédito productivo ofrezco la siguiente alternativa: si la familia regresa a una zona rural, el crédito tendrá un originador de recursos: Finagro. Y se puede colocar ese crédito a través de una Ong que tenga la responsabilidad de orientar esa familia de desplazados. Entonces Finagro le redescuenta a esa Ong el recurso de crédito y esa Ong adquiere el compromiso de capacitar ese desplazado en su proyecto económico de regreso, de orientarlo y de vigilar y administrar el crédito.

Finagro origina los recursos y ustedes nos ayudan con la administración de los recursos. Hasta ahí llevaríamos dos componentes, el componente del subsidio familiar y el componente del crédito productivo.

El tercero: seguridad. Cuando en la campaña hablé de la necesidad de un experimento de Cascos Azules a la Colombiana pensaba en lo siguiente que hoy reitero: si se define el regreso de 30 mil familias a sus lugares de origen, entonces que esas familias tengan acompañamiento, ojalá haya una delegación civil de Naciones Unidas que acompañe a esas familias para que esas familias estén totalmente seguras una vez regresen a sus lugares de origen.

Y que haya unos soldados colombianos internacionalmente certificados, preferiblemente por Naciones Unidas, para que cuiden esas familias y les garanticemos total seguridad, para protegerlas frente a ataques de organizaciones guerrilleras u organizaciones paramilitares.

Pienso que si podemos tener éxito y vamos, poco a poco, avanzando en ese objetivo de regresar 30 mil familias con subsidio de vivienda, crédito productivo y seguridad podremos encontrar un camino, un camino efectivo.

Por un lado, contención a través de seguridad para que no haya nuevos desplazamientos y por otro lado, el experimento del regreso de 30 mil familias.

Cardenal (Pedro Pubiano), en medio de todas las dificultades presupuestales que tenemos, comprendemos los esfuerzos de la Iglesia, los esfuerzos de la comunidad internacional por ayudar a Colombia en este problema y tengan ustedes la expresión, por mi conducto, de toda la voluntad del Gobierno, deseo todos los éxitos en este Foro y que nos dé luces para resolver un problema que afecta tan hondamente las fibras sociales de la Nación.

Muchas gracias.

 
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