SALUDO
AL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN COLOMBIA
Enero
30 de 2003 (Bogotá- Cundinamarca)
Compatriotas:
Quiero agradecer, en primer lugar, las
palabras de su excelencia el Nuncio Apostólico, decano del Cuerpo Diplomático
acreditado en Colombia. Manifestar el reconocimiento del Gobierno
por ese mensaje lleno de talento, bondad, de espíritu de
cooperación para resolver los grandes problemas de Colombia
y de puntos de reflexión.
Como muy bien lo ha dicho su excelencia reverendísima,
el Nuncio, esta es una ocasión consagrada formalmente,
dentro del cronograma diplomático de Colombia. Una ocasión
para reiterar a ustedes, a sus gobiernos, a sus familias, a todos
sus compatriotas, el deseo del Gobierno y del pueblo de Colombia
de que este año sea bueno para todos, para el mundo, para
la convivencia. Y para aprovechar –también- esta
ocasión, a fin de hacer algunas observaciones del mayor
interés para las relaciones internacionales de Colombia.
El tema del terrorismo. Hace 30 años las cátedras
universitarias hacían grandes esfuerzos para establecer
las diferencias entre tres categorías delictuales: el
delito común, el delito político y el terrorismo.
Enseñoreada del mundo, la democracia pluralista como ideal
de Gobierno, hoy es imposible establecer diferencias entre ellos,
cuando se tipifican con actos de violencia.
Si la democracia funciona, el delito político violento
es asimilable al delito común y no diferenciable del terrorismo.
Lo importante para eso es que la democracia funcione, con criterio
pluralista, con respeto a todas las expresiones del pensamiento,
con una sola limitación: que el titular de cualquier expresión
del pensamiento respete el derecho ajeno, de acuerdo con los
textos de los convenios internacionales, de la Constitución
y de la ley.
Derrotado el terrorismo de Estado, eliminadas sus justificaciones
o explicaciones, el paso que toca es no permitir que, en nombre
de objetivos políticos, se siga produciendo el terrorismo
de aquellos que están en contra de las formas estatales.
Pueden tener la certeza que Colombia, para
tener la autoridad moral que le permita combatir con toda ardentía, con toda
determinación, la violencia contra nuestro pueblo, le reitera
al mundo, la garantía del esfuerzo por introducirle todos
los días mayor transparencia al ejercicio democrático
en un amplio marco pluralista.
Cuando no hay terrorismo de Estado es imposible que surja alguna
razón para justificar los hechos violentos de quienes
están contra el Estado.
El Gobierno, en el examen de la naturaleza
de los hechos violentos, simplemente hace un cotejo del hecho
con los textos internacionales.
Muchos de los países que ustedes representan tienen consagraciones
en su legislación interna, como aquella que define el terrorismo
como cualquier acto de violencia o de amenaza de violencia por
razones ideológicas, religiosas o políticas.
Yo comparto esas definiciones, sobre todo
cuando ese terrorismo se expresa contra una sociedad que vive
en un Estado que actúa
con un amplio marco democrático.
Allí aparece el tema de la Seguridad Democrática. ¿Por
qué hemos insistido en calificarla como democrática?:
porque su objetivo es implementarla dentro del marco democrático,
de acuerdo con la Constitución y a favor de todos los
ciudadanos.
Que la seguridad, para ser democrática, proteja por igual
al empresario, al líder sindical, al dueño de la
finca, al trabajador agrario, a quien se exprese en los medios
de comunicación a favor o en contra del Gobierno.
Democracia en la seguridad es igual a seguridad para todos.
Nosotros tenemos la decisión de proceder con toda contundencia
para recuperar la seguridad y ustedes tienen hoy la reiteración
de que nuestra voluntad es que esa Seguridad sea Democrática.
Ustedes son testigos de que todos los días hay esfuerzos
y reveses, de que logramos evitar un secuestro en una parte y nos
secuestran a alguien en otra parte, de que se evita un acto terrorista
en una parte y nos aparecen con un acto terrorista en otra. Eso
nos indica que Colombia tiene que recorrer muchos años,
dando prioridad a la seguridad para reestablecerla, que los logros
no se van a conseguir por milagro, no van a aparecer de la media
noche para las primeras horas de la mañana, crecerán
fruto de esfuerzos ingentes sostenidos en el tiempo.
La acción de seguridad necesita sostenibilidad.
Esa sostenibilidad requiere apoyo popular,
es la única
manera y ese apoyo popular requiere que la política de seguridad
sea creíble y para que la política de seguridad sea
creíble tiene que ser eficaz y transparente y para que sea
transparente tiene que ser respetuosa de los derechos humanos y
tiene que buscar proteger a todos los ciudadanos.
Como una expresión de que la política de Seguridad
tiene que ser Democrática, hemos firmado sin vacilación
y sin deliberación, la carta de Chapultepec.
Como una expresión de que la política de Seguridad
tiene que afianzar las libertades públicas y no para reprimirlas,
no hemos querido incorporar a nuestros decretos de conmoción
y a nuestra legislación permanente, restricciones al ejercicio
periodístico.
Incomoda saber que un periodista puede
llegar donde está escondido
un terrorista y el Gobierno no puede llagar allá.
Incomoda saber que el periodista se informa de un acto terrorista
que se va a cometer y el Gobierno es sorprendido. Pero esos son
los costos de la democracia.
Hay dos caminos para corregir eso, el de la limitación
democrática no es el nuestro. Por eso, como lo reiteré ante
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la política
de Seguridad de este Gobierno descarta limitaciones al ejercicio
de la libertad de prensa, bien sea en la legislación permanente
o en los decretos excepcionales.
El otro camino es el correcto: una reflexión en los medios
de comunicación nacionales e internacionales, para que ellos
se pongan sus propias limitaciones, para que ellos escojan entre
el derecho de los ciudadanos a que no los asesinen o el show de
la chiva noticiosa. Lo quiero remitir al ejercicio deliberativo
y autónomo de los propios periodistas nacionales e internacionales
para que definan qué es lo ético, para que definan
cómo cumplen con su deber ético de informar objetivamente
y cómo no estimulan con sus acciones la posibilidad de que
haya más derramamiento de sangre.
Otra expresión de la Seguridad Democrática es la
preocupación del Gobierno por proteger específicamente
tres sectores: los periodistas, los maestros y los líderes
sindicales. Hemos dado instrucciones a todos los comandantes
de policía, a todos los comandantes de diferente rango
en la estructura del Ejército, al Das, de esa prioridad.
Hemos pedido a los gobernadores y a los
alcaldes que nos ayuden. Hemos dicho: es una vergüenza para una democracia que los
líderes sindicales, que los periodistas, que los maestros
sean asesinados.
Y les hemos pedido, respetando su independencia,
una cooperación
muy eficaz en esa materia al señor Fiscal General de la
Nación.
Cercano a ese hay otro tema. Hace pocos días le expresé a
un Presidente latinoamericano que siendo yo, gobernador de Antioquia,
en medio del debate de opinión, vi una gran oposición
de Ong's internacionales y de medios de comunicación a
mi gestión, una de mis preocupaciones fue proteger la
vida de los militantes de la UP y se logró. Terminó esa
gobernación y los diputados de la Unión Patriótica
recibieron protección eficaz del Gobierno y gracias a
Dios no los pudieron asesinar.
Recuerdo mucho al pensador ingles: “odio tus ideas, pero
daría la vida para que puedas defenderlas”. Ese
es un valor democrático irrenunciable.
Pueden decir ustedes hoy, a todos los disidentes
de Colombia que aquí hay toda la determinación
para proteger la vida de los disidentes.
Ayer recibí la queja de que hay amenazas contra los militantes
de la antigua Corriente de Renovación Socialista del ELN
y esta mañana hemos dado instrucciones por escrito a todos
los organismos competentes de que se les proteja. Hicieron un gran
esfuerzo a favor de la paz, perfeccionaron acuerdos de paz con
el Gobierno de entonces, los han cumplido, con su presencia en
la vida democrática de Colombia honran el pluralismo. Nuestro
deber es protegerlos eficazmente.
Y le decía yo, a ese casual interlocutor, Presidente de
una nación hermana, que este Gobierno tiene la decisión,
con cualquiera, que se haga un acuerdo de paz, de poner todo
el aparato coercitivo del Estado detrás para proteger
su vida.
Me preguntaba con sorpresa: ‘y ¿usted lo cumple?
Y le dije: a fe que lo cumplimos. Y dijo: ‘pero si en el
pasado mataron 3 mil de la Unión Patriótica’.
Respondí: errores de la historia que no se pueden repetir,
errores de la historia que hay que analizar para no dejar que se
repitan, errores de la historia que nos indican que no se puede
combinar la política con la acción armada y que tiene
que haber decisiones de Estado para honrar los pactos de paz, con
la protección efectiva de quienes se reincorporen a la vida
nacional.
Ruego a ustedes transmitir esta decisión del actual Gobierno:
cualquier acuerdo de paz que se haga con cualquier grupo, todo
el aparato coercitivo del Estado estará apoyando el ejercicio
de los derechos democráticos con las personas que suscriban
ese acuerdo de paz, para que esas personas tengan el derecho eficaz
a hacer valer sus ideas en Colombia.
Por eso la semana pasada le decía al grupo de países
amigos que, conjuntamente con la Comisión Facilitadora,
que se ha reactivado para buscar acuerdos de paz con el ELN,
que hasta ahora el Gobierno ha estado esperando propuestas concretas
del ELN para entrar en un proceso de paz y lo único que
hemos recibido es un regaño ideológico.
Está bien que discrepen de nosotros, pero está mal
que no hagan la paz. Para discrepar hay que hacer la paz, los fusiles
no dejan discrepar, los fusiles ponen a los seres humanos ante
la disyuntiva de aceptar o morir.
Veo allí dos etapas. Una etapa ahora: la concreta, práctica,
puntual, de definir cómo se hace un proceso de paz. Y
la siguiente: hecho el proceso de paz, el debate ideológico
con la oferta de plenas garantías para que se les respete
la plenitud de sus derechos y no se repita lo que ocurrió con
la Unión Patriótica.
Por supuesto, es bien importante la cooperación de ustedes
y quiero reiterar la gratitud al Grupo de Países Amigos.
Con el tema de las Farc, el Gobierno ha estimado que para un
proceso se necesita un interlocutor de la mayor jerarquía
internacional que garantice la seriedad de ese proceso y su irreversibilidad.
Por profundas reflexiones alrededor de esa consideración
se le propuso a los ciudadanos de Colombia la tesis de buscar
la gestión de buenos oficios de Naciones Unidas. Creemos
en ella, pensamos que todos los que nos puedan ayudar deben ayudarnos
a que se dé ese proceso con Naciones Unidas.
Por razones humanitarias me he visto obligado a cambiar lo que
fue mi inicial decisión en esa materia. Dije en la campaña
y en las primeras semanas de Gobierno, que el acuerdo humanitario
tenía que darse en el esquema del reinicio serio del proceso
de paz, que tendría que ir acompañado del cese
de hostilidades y de iniciación de diálogos.
Al examinar el tema con Naciones Unidas,
con el Gobierno de Francia, al escuchar a la Iglesia, al escuchar
a los familiares de tantos
colombianos secuestrados, el Gobierno modificó la decisión:
aceptamos un acuerdo humanitario con condiciones razonables, que
tenga el aval, la gestación a través de Naciones
Unidas, que todo el que quiera ayudar sea un facilitador para que
se pueda hacer con esa gestación a través de Naciones
Unidas.
Es justo que si el Gobierno renuncia a
que tenga que ir acompañado
del cese de hostilidades y de la iniciación del diálogo,
por lo menos pueda insistir en que tenga que ir gestado por quien
habrá de ser el interlocutor de largo plazo a ver si es
posible llegar a la paz.
También hemos considerado que debe beneficiar a todos
los secuestrados y que aquellos que de acuerdo con el ordenamiento
jurídico puedan salir de las cárceles, no regresen
a la militancia delincuencial, que retornen a la libertad bajo
la custodia de un país hermano, responsable, amigo, solidario,
con la garantía de que no van a incorporarse a la actividad
de grupos armados.
Quiero repetir ante ustedes –porque sé de su preocupación-
que con condiciones razonables, el Gobierno comparte la angustia
de los familiares de los secuestrados y está dispuesto
a ese acuerdo humanitario.
El tema de las autodefensas.
La verdad es que hoy no vale la pena entrar
en el debate de su naturaleza jurídica.
Hace 30 años las facultades de derecho y de ciencias políticas
enseñaban que las guerrillas eran actores políticos,
porque su propósito era sustituir el Estado que combatía
y que los sectores de autodefensa no podían ser calificados
como actores políticos porque su propósito era defender
intereses personales o defender el orden establecido.
Tan político puede ser atacar un orden establecido como
defenderlo. No vale la pena esa discusión, creo que hoy
debe ser objeto del examen científico de las universidades,
pero no determinar las acciones de Gobierno.
Lo que necesitamos es lo práctico y lo práctico
lo vemos en tres puntos: a partir de que los hechos han sido tan
graves por unos y por otros, lo práctico es eliminar un
actor de violencia, eliminar un actor de narcotráfico y
facilitar el camino del restablecimiento de los derechos humanos.
Sobre esa base, nosotros ofrecimos en la
campaña que también
negociaríamos con ellos y exigíamos como condición
que se comprometieran a un cese unilateral de hostilidades integrado,
que implique no asesinar colombianos, terminar la práctica
del secuestro, eliminar el narcotráfico.
La Iglesia Católica venía en una mediación
desde la administración presidencial anterior, nosotros
aceptamos que continuara y el Comisionado (de Paz, Luis Carlos
Restrepo) se vinculó a esas conversaciones, con la presencia
de la Iglesia, solamente en el momento cuando estas organizaciones –no
todas, parte de ellas, expresaron su voluntad de aceptar ese
cese de hostilidades.
El tema avanzará con prudencia, hemos nombrado una comisión
exploratoria para que explore prudentemente temas: ubicación
sin zona de despeje, vigilancia, garantía del cumplimiento
de los compromisos. Por supuesto, queremos mantener informada a
la comunidad nacional e internacional sobre el tema, prudentemente.
Manejar el tema sin espectacularidad publicitaria y sin cartas
guardadas y, por supuesto, reconocemos que hay intereses legítimos
de la comunidad internacional sobre el tema por tratados como los
de extradición, situación que nos obliga a consultar
con los respectivos países que tienen ese interés
legítimo, cada uno de los pasos que se dé.
El tema de los desplazados.
La política del Gobierno es: primero, con la Seguridad
Democrática, frenar el desplazamiento. No lo hemos logrado
aún, veíamos las cifras y encontramos que entre agosto
y diciembre las familias regresadas a los lugares de origen todavía
no compensan el número de desplazados que se dio en ese
periodo, pero el Gobierno va a seguir insistiendo.
Lo segundo, es una acción de regreso. Aspiramos regresar
este año 6 mil familias, con subsidio de vivienda y con
programas de microcrédito. Bien importante es la cooperación
de ustedes.
Y tercero, definitivamente, incorporarlos
en la política
social para aquellos que no quieran o no puedan regresar a sus
lugares de origen.
Es bien importante para el regreso a los lugares de origen de
ellos, que la comunidad internacional nos acompañe, sobre
todo en el tema de que tengan seguridad.
El tema de Venezuela.
Quiero reiterar hoy nuestra expresión de solidaridad con
la hermana Nación. Antes queríamos que superara la
crisis, hoy lo necesitamos.
En el desarrollo de la crisis de las familias,
en las etapas iniciales del sufrimiento de uno de los seres integrantes
de la familia,
los otros miran el desarrollo con más o menos grado de solidaridad
e inicialmente no se sienten afectados pero llega un momento en
que esa crisis se profundiza tanto que afecta a todos los hermanos.
La verdad es que la crisis de Venezuela
ha dejado de ser un problema de Venezuela, es un problema de
todos sus hermanos y es un problema
del mundo democrático.
Jamás renunciaremos a la prudencia que hemos querido mantener,
pero hoy insistimos en la necesidad de que se apresure una solución
para bien para la democracia de la hermana Nación, para
bien de todo el pueblo venezolano.
Deseo hacer llegar al pueblo de Venezuela la expresión
de solidaridad, de nuestro deseo de que rápidamente se
recupere esa mínima unidad fundamental que requiere cualquier
pueblo para proceder como Nación.
Queremos hacer énfasis en nuestras relaciones económicas
con todos los países que ustedes representan.
Queremos avanzar en los tratados de libre
comercio, con el buen cuidado de buscar mecanismos para compensar
desventajas, para mejorar
competitividad, para tratar cuidadosamente el sector agrícola
de Colombia. Ustedes saben que allí, donde se debilite el
sector agropecuario en Colombia, surge la coca y la amapola.
Queremos avanzar para firmar en el primer
semestre los tratados de protección de inversiones que están
en marcha.
Y queremos mostrar unos resultados de crecimiento
del comercio en las balanzas con cada uno de los países
que ustedes representan.
Necesitamos que nos ayuden en el marco de la cooperación
internacional y que nos ayuden a financiar el programa para sustituir
droga por árboles. Hace dos días, en Santa Marta,
se hizo el primer acuerdo con 1.200 familias de la Sierra Nevada.
Esas familias se han comprometido en dos meses a mostrar sus
terrenos sin amapola y sin coca, a partir de ese momento el Gobierno
empezará a pagarles una suma de 5 millones de pesos al
año por familia, siempre y cuando la monitoría
de Naciones Unidas confirme que el terreno se mantiene libre
de droga y que hay un proceso de recuperación de la vegetación,
del bosque.
Estamos adelantando ya, preacuerdos con familias en el Putumayo
y con familias en el Cauca. Queremos terminar este año
con 15 mil familias en ese programa y recordar al mundo que la
droga ha venido destruyendo la ecología en el país,
que es el segundo en disponibilidad de agua dulce y uno de los
primeros 7 en biodiversidad.
Si no derrotamos la droga, en 20 años la droga puede tener
destruida la cuenca amazónica. ¿Ustedes se imaginan
esa tragedia? Por eso he dicho que ese es un problema de mediano
y largo plazo mayor de la humanidad y que necesitamos una gran
decisión mundial, no retórica sino efectiva, para
derrotar la droga.
En lo militar a nada renunciamos, pero necesitamos –para
derrotar la droga-, darle alternativas a nuestros campesinos
y una alternativa es la de avanzar en este proyecto piloto.
Hemos hecho una serie de reformas bien importantes cuyo proceso
ustedes siguieron en el Congreso de Colombia, falta el referendo,
pero esas reformas configuran un programa profundo de cambios
y de ajustes.
¿Qué necesitamos?: divulgarlas y promoverlas, hacerlas
traducir en confianza al inversionista nacional e internacional,
tener respuesta de los mercados. Hemos tenido dos respuestas de
los mercados: la primera, hace semana y media, recibimos ya un
crédito en el mercado por 500 millones de dólares,
a 30 años de plazo. Y la segunda: se han reducido sustancialmente
los spreads para Colombia.
Pero, yo le tengo que dar respuesta al
pueblo colombiano, le tengo que decir al pueblo colombiano: nuestro
programa de ajuste vale
la pena, ya nos han rebajado los intereses, eso lo vamos a llevar
a inversión social y tenemos la financiación de todo
lo social. Para lograr, plenamente ese objetivo, Colombia requiere
que se le restituya el estatus de “investment credit”.
Es una necesidad.
Creo que podemos hoy, pedir en todos los foros esa restitución,
porque tenemos herramientas que soportan nuestro pedido: las
reformas aprobadas.
Indudablemente falta el referendo, vamos
a trabajar para sacarlo adelante y ustedes serán testigos de un proceso democrático
bello. El Gobierno ha definido no hacer campaña política,
sí hacer campaña cívica. Hacer una campaña
exclusivamente argumental y pedagógica para mostrar a la
totalidad de nuestros compatriotas la conveniencia de esas decisiones.
Quiero –también- pedir a ustedes que, teniendo en
cuenta las reformas aprobadas, nos ayuden a estimular la inversión
extranjera en Colombia. Una decisión del Gobierno es resolver
todas las reclamaciones que hay de inversionistas extranjeros,
hay casos excepcionales que están sometidos a la justicia,
donde no puede hacer nada el Gobierno. Hay casos en los cuales
será muy difícil encontrar arreglos directos, pero
en todos aquellos donde podamos encontrar conciliaciones, transacciones
directamente, estamos dispuestos a avanzar para que eso dé más
confianza a los inversionistas internacionales.
Y queremos tener, en cada caso, una persona de la más
alta condición profesional y moral que ayude a avanzar
en ese proceso y una vez haya un acuerdo no perfeccionarlo hasta
que se le haya comunicado plenamente al pueblo colombiano y la
opinión y los organismos de control se puedan expresar
sobre él.
La reforma tributaria, da un conjunto de estímulos de
gran importancia focalizados a sectores específicos.
Nosotros queremos empezar promoviendo la
inversión en tres
sectores: necesitamos recuperar nuestra producción de petróleo –la
sísmica quedó exenta en la reforma tributaria-, necesitamos
explotar la gran ventaja potencial que tiene Colombia en la producción
de madera y requerimos inversionistas internacionales que hagan
alianzas estratégicas en Colombia con los grupos que trabajan
esa área y con los dueños de la tierra. Y necesitamos
avanzar en turismo.
El país movilizó en la última temporada
19 millones de turistas internamente, eso ayudó mucho
a la economía, ayudó mucho a recuperar confianza.
Tenemos que seguir en esa tarea bajo la conducción de
la señora Ministra de Defensa (Marta Lucía Ramírez)
y del señor Ministro de Comercio encargado del área
de turismo (Jorge Humberto Botero) y eso tiene que reflejarse –también-
en un proceso de recuperación de confianza del turismo
internacional.
Queremos inversionistas para que nos ayuden a financiar el desarrollo
de infraestructura en sitios muy concretos, en parques ecológicos –turismo
ecológico-, en unos sitios avizorados desde hace muchos
años, turismo que atraiga contingentes bien importantes
del mundo a pasar allí sus días de descanso, sus
días de vacaciones.
Piensen en esos tres sectores: reimpulsar
vigorosamente el petróleo
y traer inversionistas a los sectores de turismo y al sector de
madera.
Estamos examinando otros sectores, la reforma tributaria ha dado
una exención a la producción de medicamentos y
de software con gran componente de investigación nacional,
para lo cual también necesitamos la colaboración
del capital internacional.
Reitero a ustedes nuestro saludo lleno de afecto, nuestro saludo
lleno de consideración, el deseo de que sus países
tengan un año de prosperidad, de tranquilidad y el pedido
de que ustedes, todos los días, hundan más su acción
en el alma del pueblo colombiano para que nos ayuden a salir
adelante.
Muchas gracias”. |