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APOYO DEL GREMIO CAFETERO AL REFERENDO
Febrero 26 de 2003 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Quiero saludarlos muy respetuosamente a todos. El Gobierno agradece este nuevo gesto de solidaridad con las instituciones democráticas, del gremio cafetero.

Si recorremos hacia atrás la historia de Colombia, lo único que encontramos en el gremio cafetero es, capital social para superar todas sus dificultades y capital social para darle la mano a la Nación en el momento en que la Nación lo ha requerido.

Cuando vemos al gremio cafetero asumiendo el liderazgo de esta tarea del referendo, los caminos se despejan. Son ustedes unos compañeros necesarios para que la Nación salga victoriosa de este desafío, como gracias a la compañía de ustedes, la Nación ha sido victoriosa en tantos desafíos del pasado.

Tres temas generan el norte de este Gobierno: el rescate de la seguridad, la reforma profunda del Estado con la derrota de la corrupción y la reactivación económica y social. Con los tres tienen profunda relación el referendo.

Con el tema de la seguridad, el país para poder tener una política sostenida de seguridad, de largo plazo como se requiere porque los resultados no se obtienen en el corto plazo, porque en esta política hay que insistir, porque el fenómeno de la violencia está tan hundido en los tejidos colombianos que para erradicarlos se requiere tiempo, persistencia en la acción, lo que llamamos: sostenibilidad de la política; para eso también se exige que el pueblo tenga credibilidad en las instituciones democráticas.

Y la tarea de mejoramiento democrático, de derrota de la corrupción –que en buena parte se le asigna al referendo, es una tarea llamada a obtener credibilidad popular en nuestras instituciones, que es a su vez un presupuesto necesario para darle sostenibilidad a una política de orden público.

El segundo tema, el tema de la corrupción que hace parte de ese primer gran referente, encuentra en el referendo avances muy importantes, por ejemplo: el referendo permite que el pueblo colombiano de manera directa la muerte civil de los corruptos. Norma bastante discutida, muchas veces propuesta y bien difícil de incorporar al ordenamiento jurídico. Una sanción permanente, la prohibición de que las personas condenadas por corrupción puedan volver al Estado por nombramiento, por elección o por contrato.

Es tal el fenómeno de la corrupción que hemos tenido que apartarnos de los principios que enseñaban las facultades de derecho, uno de los cuales, era que no podía imponerse una pena a perpetuidad. Aquí se impone una pena a perpetuidad. Se excepciona ese principio, pero se hace ante la necesidad de adoptar las decisiones más drásticas para poder derrotar la corrupción.

Creo que es un gran avance para el país, que es la demostración de un compromiso férreo de toda la sociedad colombiana para erradicar ese mal que tanta legitimidad le resta a nuestras instituciones.

Nosotros, le hemos propuesto a Colombia pasar de un Estado burocrático y derrochón a lo que llamamos un Estado Comunitario, en el cual la comunidad tenga creciente ingerencia en la toma de las decisiones oficiales, en su ejecución y en su vigilancia, para que a través de esas tres instancias de intervención comunitaria, se garantice que los recursos públicos beneficien exclusivamente a la comunidad, al colectivo.

Pues bien, el artículo 4 del referendo propone un sistema muy importante para discutir el presupuesto: un sistema de audiencias públicas para que el presupuesto no se convierta en una negociación entre sectores parlamentarios y el Ejecutivo, entre cuatro paredes, a escondidas de la opinión general.

Practicar la democracia es mucho más difícil que predicar la democracia. Practicar la democracia participativa en la adopción del presupuesto es mucho más difícil que predicar la participación popular, pero es un gran reto para la legitimidad democrática.

Qué bueno que en lugar de negociar partidas presupuestales de aquellas que se llaman auxilios parlamentarios, que el referendo prohíbe totalmente, pueda el país practicar las audiencias que establece el artículo 4 del referendo.

Eso nos va a ayudar –también- a practicar una democracia participativa sincera, hay que perderle el temor a la democracia, hay que tener la capacidad de decir: ‘esta obra se puede, esta no se puede’, decirlo de frente al pueblo. Hay que tener la capacidad de examinar las finanzas públicas de cara al pueblo, de examinar cuándo los recursos son escasos, cuándo los recursos impiden satisfacer determinadas aspiraciones populares de involucrar al pueblo en el análisis de nuestras limitaciones, de nuestras dificultades y en la priorización en la aplicación de los recursos. Creo que ese es un buen paso para la democracia colombiana.

El referendo nos ayuda a transformar el Estado –para derrotar ese gigante que es el Estado burocrático, el Estado derrochón-, conseguir que el país pueda aumentar ahorro y dedicar ese ahorro sustancialmente a construir equidad, a mejorar la competitividad a través de una mejor infraestructura y atender lo social, el referendo es un paso en la dirección correcta. Tiene ese componente fiscal en esa dirección, que es de gran importancia.

Quiero referirme a algunas de las normas.

Se propone la congelación de los gastos de funcionamiento del Estado durante dos años, con una excepción en aquellos casos del Congreso, de funcionarios y servidores públicos de alto rango, con remuneraciones y pensiones por encima de 25 salarios mínimos legales mensuales, la congelación no es por dos, sino por cuatro años. Pero en el otro extremo, en el extremo de los salarios y de las pensiones por debajo de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, no hay congelación.

Y además se procede con prudencia, porque, si llegare a haber –y aspiramos que así no sea- un comportamiento inflacionario superior a determinadas metas, se hace un ajuste automático al punto de la congelación.

Entonces, nos parece que ese es un tema bien importante ¿por qué?, porque nos va a ayudar a sanear las finanzas públicas.

Cuando este Gobierno empezó con un déficit del 4.2 por ciento (del PIB), la solución que nos presentaron fue una reforma tributaria que gravara el 70 por ciento de nuestros bienes y servicios con un IVA del 16 por ciento. Eso implicaba derramarle un IVA del 16 por ciento a las matrículas universitarias, a las matrículas de educación primaria, de educación secundaria, de educación media técnica. Eso implicaba un IVA del 16 por ciento a las facturas de los servicios públicos, un IVA del 16 por ciento a las cotizaciones a la seguridad social. El Gobierno descartó esa reforma tributaria extrema y buscó lo que ha llamado una canasta de herramientas para hacer frente a la situación fiscal de la Nación.

Entonces, adoptamos una reforma tributaria que aumenta la base, incrementa impuestos, pero es mucho menos dramática que la que estaba propuesta. Basta recordar que se haría la ampliación de la base en el impuesto al valor agregado en dos etapas: en una primera etapa pasamos de 41 a 51 por ciento de los bienes y servicios que se gravan pero con una tarifa, inicialmente del 7 (por ciento) y después del 10.

Y en una segunda etapa, que habrá de empezar a aplicar el primero de enero de 2005, llegamos al ciento por ciento de los bienes y servicios, pero con una tarifa del 2 por ciento. Esto es, se va a pagar por todo, pero con una tarifa escalonada, que es más baja y llega hasta el 2 por ciento, en la medida que más se aproxima al corazón de la canasta familiar.

Es una solución razonable pero no suficiente, por eso hemos tenido que hacer un esfuerzo con la reforma administrativa y proponer estas normas fiscales del referendo.

La reforma administrativa es muy ambiciosa, ya empieza a producir sus primeros efectos. Alrededor de 30 mil personas que habrán de jubilarse en este Gobierno, sus cargos serán suprimidos una vez esas personas se jubilen. Y, estamos disminuyendo la nómina en muchas entidades del Estado de manera bastante ambiciosa y eliminando entidades del estado que no se requieren.

Pues bien, eso se está haciendo con criterio social. Excluimos de la desvinculación del Estado a la mujer cabeza de familia sin alternativa económica, excluimos al discapacitado y excluimos al que esté próximo a jubilarse.

Y otra expresión de ese criterio social, es que aquellos que finalmente sean retirados del Estado y que estén por debajo del nivel directivo, salen con el derecho a una bonificación que se puede percibir durante los siguientes 12 meses, mes a mes, después de la desvinculación. Una bonificación semejante en cuantía al nivel de remuneración que se venía devengando. Y lo único que se exige para que se perciba esa bonificación por la persona desvinculada, es que acredite que está estudiando.

Es traumático hacer una reducción de nómina del Estado en momento difíciles de la economía, pero en este caso, gracias al criterio social con que se está haciendo, eso se va a convertir en una gran oportunidad, porque todos estos colombianos desvinculados, van a percibir una bonificación por estar estudiando, lo cual les va a ayudar muchísimo en materia de readaptación laboral.

Esa reforma administrativa incluye elementos muy importantes como el avance hacia el Gobierno electrónico e incorpora una serie de herramientas que van a contribuir muchísimo en la eficacia de la lucha contra la corrupción.

Entonces, llevamos hasta ahí, esa reforma administrativa, la reforma tributaria y viene el refrendo.

Esa congelación de gastos de funcionamiento en el referendo tiene una significación coyuntural y estructural muy importante.

Coyuntural ¿por qué?, porque la sola congelación en los dos año, en los gastos de funcionamiento, sumados el año 2003 y el año 2004, representa un ahorro para el Estado de cerca de tres billones –dos billones 900 mil millones y algo más-, ahorro distribuido ente la Nación, entre las entidades territoriales y entre las empresas industriales y comerciales del Estado.

¿Dónde va ese dinero que se ahorra en los municipios y en los departamentos? Va a los fondos de pensiones, del sector salud, del sector educativo y a los fondos territoriales de pensiones.

Por eso le he dicho a sectores del Magisterio: ustedes por qué se oponen al referendo so pretexto de la norma de congelación, si esa norma de congelación lo que hace es proveer de recursos los fondos requeridos para pagarle las pensiones al Magisterio.

Ese referendo, en materia de reducción de gasto público, propone –también- eliminar una serie de entidades: las contralorías, las personerías.

Las contralorías departamentales, distritales, municipales, salvo honrosas excepciones, son un foco de derroche de recursos públicos con muy poco beneficio recíproco para el colectivo nacional. Aspiramos que sin mayores costos, con el presupuesto actual, esa tarea sea reemplazada por la Contraloría y por la Procuraduría General de la Nación. Y que esos ahorros por la eliminación de contralorías y de personerías los puedan llevar, los distritos, los departamentos y los municipios, fundamentalmente, a fortalecer el presupuesto educativo.

En Bogotá, solamente, el referendo implica para la ciudad un ahorro de 100 mil millones de pesos al año, una de las reformas tributarias propuestas por el alcalde (Antanas) Mockus estimaba proyectar un recaudo adicional para el Distrito de 70 mil millones. Pues bien, las solas normas del referendo rebasan las aspiraciones de esa reforma tributaria distrital. ¡Cuánto le va a ayudar a la Capital de la República un ahorro de 100 mil millones de pesos al año, para dedicarlo fundamentalmente a la tarea educativa!

Todo esto muestra cómo el referendo va castigando el Estado burocrático y clientelista y privilegiando el Estado social, porque la discusión en Colombia hoy no es cuánto más eliminamos el Estado sino cómo hacemos que el Estado cumpla los objetivos sociales que le ha asignado la Constitución del 91 y como hacemos que las instituciones del Estado sean sostenibles.

¡Qué bueno derrotar Estado burocrático y clientelista para poder fortalecer el Estado social!

El referendo avanza para ponerle orden al tema pensional de la Nación. Se propone que por tarde, en el año 2007, estén eliminados los regímenes privilegiados de pensiones. Ejemplos –hay muchos-: el Congreso de la República, Ecopetrol, Telecom, etcétera. Creemos que ese plazo que convino el señor ministro Juan Luis Londoño con el Congreso de la República, es prudente y además necesaria.

El país no puede seguir con este déficit pensional y al mismo tiempo con unos costosísimos regímenes privilegiados. El 86 por ciento de los colombianos que tienen pensión, tienen pensión por debajo de dos salarios mínimos legales mensuales. Y, en ese mismo porcentaje, se espera que tengan pensión, de acuerdo con ese nivel.

Cuando eliminamos los regímenes privilegiados, es para que el Estado se pueda hacer a los recursos que garanticen el pago de las pensiones que hoy tienen o a la que aspira el 86 por ciento de los colombianos, que son pensiones superiores a dos salarios mínimos.

Y esto es justo, porque la reforma pensional no fue suficiente y de pronto se necesita otra en el futuro, entonces necesitábamos tocar el nivel constitucional y eliminar por Constitución los regímenes privilegiados de pensiones.

Eso va a ayudar muchísimo para resolver un problema de una magnitud infinita: hoy, por cada peso que producimos, necesitamos dos pesos con 30 centavos para cubrir el déficit pensional. Eso es una de las bombas de tiempo más graves que afectan contra la estabilidad de la Nación.

Y para dar ejemplo, ese referendo también desmonta –sin afectar derechos adquiridos- el régimen especial de pensión de los ex presidentes de Colombia. Yo seré el primer ex presidente sometido al régimen ordinario de pensiones porque es necesario dar ejemplo en las altas esferas del Estado para poder pedir a los colombianos estos sacrificios.

En 1994, el entonces vicepresidente de Colombia, el doctor Humberto de la Calle Lombana –quien tendrá que ayudarnos muchísimo para sacar adelante el referendo-, propuso una reforma constitucional para que el país reestableciera la posibilidad de sancionar el consumo de droga. No fue aprobada. Él conoce cómo esa sentencia de la Corte Constitucional –que respetamos pero que no compartimos- del año 93, ha hecho un tremendo daño porque prácticamente legalizó la dosis personal y eso ha tenido incidencia para que hoy cerca de un millón de colombianos sean consumidores de droga.

El país no es solamente un país productor o un país traficante, el país es -también- hoy un país consumidor, con grave daño para las familias. En casi todos los asesinatos sicariales de nuestras ciudades, aparece el tema de la droga. Hoy no se puede desvincular el sicario del consumo de droga, la droga ha sido un factor de estímulo a la contracultura del asesinato sicarial en Colombia.

El país está haciendo grandes esfuerzos y los tiene que aumentar para derrotar la droga en todas sus facetas, en la producción, en el tráfico y también tiene que hacerlo en el consumo. Si no damos ejemplo, derrotándolo en el consumo, perdemos autoridad moral para exigirle a los países industrializados que hagan lo propio y perdemos autoridad moral para maltratar campesinos del Putumayo con las fumigaciones o para seguir extraditando colombianos.

Yo creo que la imposición de sanciones al consumo es un paso necesario para demostrar el compromiso integral de la Nación contra la droga. Eso nos va a dar una inmensa autoridad moral al interior de la Nación y también en el contexto de las relaciones internacionales. Un país con la decisión de incorporar, por participación popular directa, al texto constitucional la posibilidad de sancionar el consumo de droga.

Es un referendo sin populismo, algunos analistas internacionales me han dicho: ‘el pueblo colombiano, si gana el referendo, se tiene que ganar el campeonato mundial de seriedad en el manejo de los temas políticos y de las finanzas públicas, porque un pueblo pobre, con desempleo y atreverse por ejemplo, a congelar los gastos de funcionamiento por dos años, eso le agrega al referendo elementos que lo enaltecen’.

Es un referendo sin populismo, un referendo de temas serios, de temas controversiales pero necesarios y convenientes para la Nación y por eso la compañía del gremio cafetero es muy importante.

Va a ayudar el referendo a sanear costumbres de la política, indudablemente, sin afectar el derecho de los colombianos de fundar partidos políticos, de presentar sus aspiraciones al Congreso de la República.

Sí crea el referendo unos mínimos para que los partidos funcionen verdaderamente como partidos, para que las aspiraciones al Congreso de la República, a las asambleas y a los consejos, no estén motivadas por el ánimo de ir a obtener un salario o de tener ‘palanca’ para influir ante las decisiones del Estado de buscar una pensión, sino por reales compromisos de servir a las conveniencias colectivas.

Ustedes conocen de manera detallada las propuestas de ese referendo, serán unos compañeros muy importantes en el proceso pedagógico de convencer a los colombianos para que lo aprueben mayoritariamente y yo por eso, no quiero, saturarlos más esta tarde con el examen de unas materias tan importantes.

En ningún momento de la vida nacional ha brillado por su ausencia el gremio cafetero, toda la vida nacional ha estado caracterizada por la presencia oportuna, diligente, constructiva y patriótica del gremio cafetero. Compañeros, ustedes, en esta nueva etapa importante para la Patria, les queremos expresar toda nuestra gratitud.

Digo hoy a mis compatriotas, todos, que la compañía del gremio cafetero en la tarea del referendo es garantía de éxito y es la protocolización –por parte de una entidad como es la cafetera, tan apreciada por los colombianos- de que el referendo vale la pena por Colombia.

Doctor Gabriel Silva y distinguidos dirigentes cafeteros: nuestra inmensa gratitud por esta nueva expresión superior de patriotismo de ustedes.

Muchas gracias.

 
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