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LANZAMIENTO DEL LIBRO “POR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS”
Febrero 4 de 2003 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Quienes día a día nos empeñamos en construir un Estado eficaz y transparente en el manejo de los recursos de la comunidad, un Estado que sirva a la comunidad, que por eso llamamos “Comunitario”, saludamos la publicación de la obra del doctor Antonio Hernández Gamarra, Contralor General de la República, “Por el buen uso de los recursos públicos”, como un gran esfuerzo intelectual al servicio de los más altos intereses de la Patria, que fija un métodos, que es compromiso y que es guía para el control, que forzosamente, a él tendrá que ajustarse el Gobierno y que será de gran importancia para la información ordenada a la ciudadanía.

Condensar diagnósticos serios mediante el estudio de casos reales en todos los sectores del Estado, describir con rigor técnico las prácticas viciosas que han erosionado toda confianza en la gestión estatal y ensayar correctivos audaces y oportunos para erradicarlas, son los aportes más destacables de este libro que hace honor al control fiscal. Es un libro vivo.

Además de su impecable formación académica, da cuenta del conjunto de estrategias e instrumentos que conforman el programa para el buen manejo de los recursos públicos llevado a cabo por la Contraloría General.

Digna de encomio, es la puesta en marcha del sistema de información para la vigilancia, la contratación estatal y, en especial, la aplicación del registro único de precios y de referencias, valioso instrumento para cortar los circuitos privados de corrupción que nos carcome.

El Gobierno Nacional hará su aporte y es así cómo, el próximo viernes, entregaremos actualizada, a la opinión colombiana, la página web del Gobierno para contribuir a este sistema de control.

Cabe resaltar –también- la implementación del programa de planes de mejoramiento como instrumento para inducir a la administración a corregir las fallas de gestión detectadas en el ejercicio de la auditoria.

El Gobierno recibe con interés las advertencias generales y específicas del señor Contralor sobre ciertos riesgos de ineficiencia y de corrupción que se solapan tras los procesos de liquidación de entidades oficiales.

Somos solidarios con estos propósitos de regeneración moral y nos congratulamos con la renovadora actitud del organismo de control fiscal. Un Estado Comunitario reclama, como ningún otro modelo, intensificar y optimizar los mecanismos tutelares de los bienes colectivos. Leer tan rigurosos diagnósticos y tomar nota de los correctivos en que está empeñada la Contraloría General, reafirma la convicción de que este organismo nacional debe asumir, cuanto antes, el control fiscal de las entidades territoriales.

En esta obra, hay argumentos irrefragables para votar afirmativamente en el referendo la supresión de las contralorías departamentales y municipales. Lo planteado en el libro por el señor Contralor guarda perfecta armonía con los objetivos y estrategias del Gobierno en esta materia.

Por muchos años, la corrupción, el clientelismo, han sido la más abominable forma de apropiación privada de los recursos comunitarios, la más repudiable privatización del Estado. La contratación se ha convertido en el flanco más vulnerable para la avidez de corruptos y el desangre originado en la ineficiencia.

Aspiramos, nosotros, que los colombianos nos acompañen masivamente en la lucha contra la corrupción que trae en el referendo, un paso en la dirección correcta.

Por ejemplo, se ha dicho que la eliminación de las contralorías departamentales y municipales es un paso atrás en materia de descentralización. ¡De ninguna manera! La discusión de la descentralización ha girado, históricamente, alrededor del tema de la descentralización política, de la descentralización fiscal, de la descentralización operativa, pero en ningún momento ha tenido como elemento esencial el control fiscal.

El control fiscal ha mi juicio, hoy no tiene que ser central y descentralizado sino técnico y transparente.

El control fiscal hoy no tiene que estar en cabeza de amigos del Gobierno o de la oposición, sino en manos transparentes, en organismos técnicos, imparciales, que le den total garantía a la comunidad.

Además, la propuesta de referendo que tuvimos oportunidad de consultar en ese punto y de acordar con el señor Contralor, en el caso de las contralorías, define que la Contraloría General, para sustituir las territoriales, se apoyará en universidades, en cooperativas, en entidades sin ánimo de lucro, y que los funcionarios que requiera para cumplir la tarea de vigilancia territorial, deben ser oriundos en el respectivo departamento y seleccionar mediante procedimientos objetivos.

Con el decreto 2170 de 2002, reglamentario de la ley 80, hemos tratado de precaver en la fase preparatoria de la licitación u oferta, otorgar transparencia en los procesos de selección y abrir oportunidades de contratación al mayor número de personas. Que los pliegos de condiciones no se elaboren secretamente por las entidades públicas. Que en la etapa de pre-pliego cualquier ciudadano pueda participar con observaciones y sugerencias antes que ese pre-pliego quede convertido en pliego definitivo. Que cualquier persona pueda inscribirse ante una entidad estatal para ser invitada a presentar oferta, previa selección aleatoria de entre inscritos. Que con tales medidas logremos una amplia concurrencia de oferentes, garantizada por la publicación de los procesos y la ampliación de la oportunidad para llegar a ser contratista.

El decreto estable, además, las veedurías comunitarias obligatorias, convocadas a ejercer control de contratación. Aspiramos que podamos cumplir con instrumentos que exijan la obligatoriedad de esas veedurías.

Hemos pedido a organismos como Findeter que se imponga como condición, a las entidades territoriales, para acceder a sus líneas de crédito, que acrediten la observancia del decreto 2170, que demuestren que están cumpliendo con el pre-pliego, que están cumpliendo con las veedurías comunitarias, que están cumpliendo con las audiencias públicas para la evaluación de las propuestas y la adjudicación de los contratos.

El Estado Comunitario procura acercar a la comunidad a la gestión pública, para garantizar que la comunidad sea la única beneficiaria de los recursos del Estado.

La descentralización tan debatida en el mundo y tan reclamada ante los visos de crisis del Estado – Nación, exige que los recursos públicos –y especialmente aquellos que se llevan a la descentralización- presten el servicio de reivindicar a las comunidades en los sectores más pobres y vulnerables.

Eso exige que, para que la comunidad sea beneficiaria, participe activamente en la definición de las políticas públicas, en la ejecución de las políticas públicas y al mismo tiempo en la vigilancia de esas políticas públicas.

La comunidad tiene que ser la gran compañera del Ejecutivo y de la Contraloría para poder erradicar la corrupción en Colombia.

Es necesario erradicar los auxilios parlamentarios, la falta de planeación, la no definición de prioridades, el derroche y la politiquería, eso queda claro en esta formulación llena de método que es el libro “Por el buen uso de los recursos públicos”.

Mucha democracia participativa y reglas de juego abiertas y limpias, es el camino para definir la inversión estatal, la experiencia de los Consejos Comunales de Gobierno nos ha permitido descubrir una forma de democracia y de transparente expresión de todos los sectores de una región. En ellos se definen las verdaderas necesidades, estas se expresan y también la propia comunidad hace asomos muy importantes a la calificación de prioridades.

Es un ejercicio directo de democracia, que al contrario de hacer populismo con los recursos públicos, exige del diálogo sincero con la comunidad reconocer las limitaciones, cuantificar la escasez y entonces, definir con mayor rigor la prioridad.

Aspiramos que el referendo nos ayude a erradicar la manipulación clientelista y nos ayude a que aumente la participación comunitaria. También la participación del Congreso en el debido camino, de las asambleas y de los consejos, para que estos, en lugar de estarse peleando por auxilios parlamentarios, participen activamente como líderes políticos de la comunidad, al lado de la comunidad, en la formulación y control en los presupuestos de ingresos y gastos del Estado.

Así como no puede haber contribuciones sin consentimiento de la representación popular, tampoco debe haber gastos sin la participación comunitaria.

Con el referendo, proponemos que el pueblo tenga una participación directa más eficaz en la ordenación de los gastos de inversión, que las audiencias públicas consultivas, convocadas por los diferentes niveles de gobierno, recojan esas aspiraciones populares.

Igualmente se ordenará que se analice ese presupuesto de manera abierta por las comisiones constitucionales y las bancadas de cada departamento y de Bogotá.

El presupuesto ya no incluirá, para inversión, partidas globales –excepto las necesarias para atender emergencias y desastres-. El mismo Gobierno, como ejecutor del presupuesto, tendrá que ser muy cuidadoso tanto para proponer un presupuesto desagregado, como para participar en su discusión y aprobación, como para ejecutarlo con rigor en el respeto a esa desagregación.

En lugar de que el Congreso tenga una privada connivencia con el Ejecutivo para repartirse el Presupuesto Nacional a cambio de votos, el Congreso de la República participará activamente y de manera pública en la dirección y control de los ingresos y gastos.

Hemos propuesto que la práctica de negociar en una oficina una partida presupuestal contra un voto, se elimine y se sustituya por las audiencias públicas especiales de control político, en las que los congresistas, diputados y concejales, formulen los reclamos y aspiraciones de sus comunidades para la elaboración del presupuesto. Que no puede haber negociaciones de partidas por debajo de la mesa, que haya representación y control ciudadano.

El referendo prohíbe en consecuencia, a los miembros de las corporaciones públicas convenir directamente o por intermedio de terceros, la apropiación de partidas presupuestales con organismos o funcionarios o adoptar las decisiones sobre la destinación de la inversión de dineros públicos.

Habrá pérdida de investidura por gestionar o aceptar auxilios con recursos públicos, cualquiera hubiese sido su forma de aprobación o ejecución. Y el servidor público que ofrezca cuotas o prebendas burocráticas a un congresista, diputado o concejal a cambio de su voto, será sancionado por falta gravísima con pérdida de empleo.

El pueblo, en el referendo, decidirá la separación de las funciones legislativas y administrativas del Congreso, para que los congresistas bajo ninguna circunstancia, participen en las funciones administrativas de dicha rama del poder. Que no se repitan escándalos, que los congresistas se consagren plenamente a la función legislativa y al control político.

Con el referendo no se acaba el control fiscal en lo local, se le arrebata a los directorios de la politiquería regional para que los realice con profesionalismo, con criterios técnicos, con total imparcialidad, la Contraloría General y además, de manera austera.

La amplia autonomía de las entidades territoriales para gestionar sus recursos, no sufre desmedro cuando se establece un control fiscal sustraído de los vicios de la baja política local.

Tal función fiscalizadora requerirá el auxilio técnico de fundaciones, corporaciones, universidades, instituciones de economía solidaria o empresas privadas y escogidas en audiencia pública, celebrada previo concurso de méritos. Pero las decisiones administrativas, las decisiones judiciales, serán de competencia privativa de la Contraloría.

Todos aquellos que concurrirán a poyarla, serán simplemente instructores de acuerdo con lo que defina la propia Contraloría.

Por mandato del referendo, el ahorro por la supresión de las contralorías y las personerías se destinará a la ampliación de la cobertura y al mejoramiento de la calidad de educación preescolar, básica y media. Además, a la construcción y sostenimiento de restaurantes escolares y al saneamiento básico.

Los dineros dedicados a educación, financiarán los costos de matrícula de los estudiantes pertenecientes al estrato uno.

El Fondo de Regalías, en el que se ha despilfarrado tanto, sin misericordia, empieza a tener en el referendo un paso muy importante de reestructuración. Nos hemos quedado cortos, nos toca ahora empezar a pensar en correctivos para las regalías territoriales.

El Gobierno después de muchos esfuerzos infructuosos, de invertir las regalías territoriales de Arauca. Queremos, señor Contralor, su compañía, su crítica, sus luces, para garantizar la mejor destinación de esos recursos, para que esos recursos no vayan a ninguno de los destinos de la corrupción, para que simplemente sirvan al pueblo araucano.

Y ese caso nos debe dar una idea para una norma general sobre el manejo de las regalías territoriales, tema que ha quedado por fuera del refrendo.

Señor Contralor: la confluencia de propósitos estratégicos, me permiten pensar que marchamos hacia un horizonte que la Patria requiere. Valoro el trabajo intelectual que se plasma en esta obra y lo aliento a poner en ejecución las medidas que se ponderan inaplazables. El Gobierno estará presto a ofrecer la colaboración necesaria.

El mundo hoy no discute la empresa privada, las naciones del otrora mundo socialista ponen sus ordenamientos jurídicos en la vanguardia para hacer más atractivos a la inversión internacional privada. El propio gobierno de Cuba, de no ser por la ley Burton – Helms, sería hoy el principal captador de inversión privada internacional.

La gran discusión hoy, es la equidad y la pertinencia. Por eso nosotros tenemos que hacer esfuerzos muy grandes desde el punto de vista del Gobierno para poder avanzar hacia la equidad. Y esa equidad no se logra si no hay transparencia, porque los recursos para la equidad han sido devorados por la corrupción y por el derroche.

Alguno de los ministros de Hacienda de administraciones pasadas dijo sabiamente que “el problema de Colombia hoy es más de política que de recursos, los recursos son escasos pero el rigor de la escasez golpea con mayor severidad a los sectores populares cuando hay derroche”.

En buena hora necesitamos este reto que usted nos propone, señor Contralor, del buen uso de los recursos públicos.

La legitimidad es un elemento esencial hoy para la elección de los gobiernos, para la gobernabilidad, para las políticas del Estado y para la permanencia de las instituciones estatales.

La legitimidad es ese grado de aceptación popular de las instituciones.

Hoy, la legitimidad depende mucho más de la transparencia de los gobiernos, que de la disponibilidad de recursos para realizar grandes obras. Lo dicen los sectores populares de la Patria, ellos le reclaman a alcaldes, a gobernadores, a ministros, a mi –como Presidente en este periodo-, que no demandan tanto grandes obras como gobiernos que tengan transparencia y que den credibilidad.

En materia de honradez, el gobierno de Colombia tiene que proceder como un buen padre de familia: convencido que no puede proveer a sus hijos con cuantías infinitas de recursos, pero sí que tiene que tener la credibilidad en el hogar por su buen manejo.

La honradez en el Gobierno es necesaria no para el periodo circunstancial de esta administración, sino para el fortalecimiento de la credibilidad popular en nuestras instituciones democráticas.

En buena hora sus esfuerzos, señor Contralor. Cuente con todo nuestro apoyo.

Aspiramos que rápidamente los pactos de transparencia involucren todas las entidades del orden nacional, todas las gobernaciones, todos los municipios. Y aspiramos empezar con 190 entidades del Estado en la página web, que ayudará a la ciudadanía y a los organismos de control a ejercer fiscalización sobre las compras y contratos.

Y aspiramos que eso avance geométricamente y que en no mucho tiempo, Colombia pueda tener un sistema de control ciudadano estimulado por el Gobierno y por los organismos de control que nos permita contar con la más valiosa condición de transparencia: el control comunitario.

Muchas gracias señor Contralor y le reitero toda la disponibilidad del Gobierno de contribuir para el éxito de su tarea de transparencia. Éxito que demanda la patria entera.

 
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