INTERVENCIÓN
ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL DURANTE
AUDIENCIA PÚBLICA
SOBRE EL REFERENDO
Junio
04 de 2003 ( Bogotá – Cundinamarca)
UNIDAD DE PROPÓSITO
Quiero agradecerle, señor Presidente, esta importante oportunidad
para la democracia participativa, para la pedagogía de la
liberación, para la pedagogía de que nuestro pueblo
se pueda liberar del debate solo en función de la obsecuencia
a los armados y pueda estimular el debate en función del
respeto exclusivamente de los argumentos.
Celebro esta oportunidad como una oportunidad para incentivar
una Colombia deliberante, una Colombia fraterna, una Colombia
que encuentre en sus formas pluralistas, los canales necesarios
para que se expresen todas las tendencias del pensamiento.
Soy conciente de que todo este proceso
hace doctrina. No solamente para el referendo en curso sino para
los del futuro. Soy conciente
de que se ensaya la figura de que un gobierno proponente, al entrar
a defender el texto propuesto, adelante una acción prosélita
que exige la más cuidadosa actitud para no maltratar los
derechos de los gobernados. Por eso, pensando en el presente y
en el futuro, en este y en los venideros referendos, quiero como
Presidente de los colombianos participar activamente cabalgando
sólo en el lomo del argumento.
Ojalá con capacidad para rechazar la tentación de
la ironía del argumento peyorativo, de la descalificación.
Aspiro, que al final de este Gobierno, haya una Nación más
unida alrededor de la discrepancia fraterna.
Voy a referirme fundamentalmente a algunas de las intervenciones
que han hecho mis ilustres antecesores en el uso de la palabra
hoy.
El procedimiento discursivo. Como candidato,
en todos los momentos, sin importar el grado de respaldo de la
opinión en un momento
u otro, propuse los lineamientos de está reforma.
Realizada la elección nos dedicamos con un equipo a concretarla.
Con celo hicimos el esfuerzo para que quedara radicada a consideración
del Congreso el 7 de agosto. Es concordante y coherente con el
programa que ofrecí a los colombianos como candidato -que
se difundió ampliamente- y con la brújula conductora
de la acción de este Gobierno que se acaba de aprobar en
el Plan de Desarrollo. Creo que esos son elementos esenciales para
referir cuando se tenga el interés de despejar si ha habido
procedimiento discursivo o no.
Propuse a los colombianos un Estado Comunitario,
que no es la sustitución del Estado constitucional. Que no es una creación
al margen o en contra de la Constitución. Que es una manera
fiscal, política, económica y social de como debe
proceder nuestro Estado constitucional.
¿Y en qué lo fundamenté? He visto la discusión
de la operatividad del Estado estancada en los últimos lustros.
De un lado atrincherado en nombre de tendencias de la social democracia
sectores que, detrás del bello escudo de la social democracia,
simplemente enseñorearon el Estado clientelista y corrupto.
Y de otro lado, el extremo antagónico, la ilusión
neoliberal. No comparto ni lo uno ni lo otro.
El clientelismo no ha permitido que la
social democracia -y esto es muy importante para el procedimiento
discursivo- cumpla con
los objetivos iniciales, con la equidad distributiva, con la descentralización,
con la universalización de la seguridad social. Y el mercado,
en sus excesos sin rienda, ignora la cláusula social.
Por eso he propuesto el Estado Comunitario
como una expresión
del Estado Constitucional, en el cual haya más participación
de la ciudadanía para la toma de decisiones del Estado,
para la ejecución, para su vigilancia. Todo con el propósito
de que el gran beneficiario del Estado no sea un grupo de poder
determinado, protegido en determinado momento histórico
o el favorecido por la elección del mercado, sino la comunidad
en un derrotero de mejoramiento de la equidad.
Unidad de Propósitos
Y es bien importante examinar el tema de
la unidad de propósitos,
que trasciende el marco más reducido de la unidad de materia
y frente a la cual los constitucionalistas suelen converger alrededor
de aquella tesis derivada de la definición constitucional
de La Salle, que dice que la Carta es la regla de convivencia que
se dan los poderes reales y pacíficos de una sociedad, y
por supuesto todo lo que esa sociedad determine válido para
que participe en su regla de convivencia, hace parte de la unidad
de materia. Déjenme entonces hablar y ejemplificativamente
de la unidad de propósitos.
Yo veo que Colombia ha tenido un Estado
derrochón en lo
burocrático y en lo clientelista y enano en lo social. Aquí ha
habido toda la plata del mundo para sistemas privilegiados de pensiones,
para sueldos del Congreso, para auxilios parlamentarios y tenemos
tres millones de niños sin cupos escolares –para no
seguir haciendo todas las comparaciones entre el Estado burocrático
derrochón y el Estado de las carencias sociales-.
En los últimos años los departamentos y los municipios
hicieron un esfuerzo, plausible pero incompleto: la aplicación
de la Ley 617, que hace falta en la Nación. Por eso estamos
adelantando la Reforma Administrativa.
Le propuse a mis compatriotas en la campaña que había
que dar ejemplo desde las cumbres del Estado. Que nosotros no podíamos
avanzar en el recorte del Estado burocrático solamente allá en
el municipio y en el departamento si no dábamos ejemplo
en la Nación, y entonces, propusimos la disminución
del Congreso y propusimos un sistema unicameral. No fue posible
en la concertación con el Congreso obtener la aprobación
del sistema unicameral, pero si una reducción sustancial
del Congreso y una serie de normas de austeridad que van a ayudar
a transformar al Congreso.
Con todo respeto, yo le pido una rectificación a quienes
creen que este referendo ignora temas esenciales. Uno no puede
pensar que lo esencial para Inglaterra tiene que ser lo esencial
para Colombia. Aquí relegitimar un Congreso es de la esencia
para la sostenibilidad de esta democracia. Este referendo trae
aspectos muy importantes para recuperar la legitimación
del Congreso, el apoyo permanente de la ciudadanía a la
institución a través de sus reformas.
¿Cómo no van a ser esenciales esas reducciones?
Hoy hay una trampa. No se ha aprobado un censo y por eso no tenemos
un Congreso de casi 400 personas. El referendo no acogió exactamente
lo que yo propuse, pero mantuvo unidad de propósito. Un
Congreso que estaría hoy elevadísimo por el censo,
lo reduce a 218 personas. ¿Qué afecta la representación?
No. Nuestro país ha venido estimulando la democracia regional
y local, la representación hay que mirarla en su conjunto.
Nuestro país ha venido creando un balance muy equilibrado
entre democracia participativa y representativa. En ese universo
la austeridad en el Congreso, para dar ejemplo, no afecta la representación.
La unidad de propósitos. El servicio militar. Yo quisiera
decirle a mis compatriotas que queda suprimido ya el servicio militar
obligatorio. Soy un convencido de que a los grupos terroristas
hay que enfrentarlos con tecnología y con equipos humanos
profesionales. Las circunstancias fiscales no nos lo permiten en
el corto plazo. La Ley que hoy está a consideración
del Congreso que busca eliminar muy graves discriminaciones, que
busca que frente al servicio militar no haya exclusión por
rango económico entre los varones, también prevé que
en algún momento posterior, cuando las circunstancias lo
permitan, se podrá eliminar el servicio militar obligatorio.
No proponemos servicio militar para las
mujeres, como hoy se ha dicho aquí. Proponemos un servicio social, que está bien.
Este Estado de Derecho, en 1991, tomó la decisión
de denominarse Estado Social, y que todo ciudadano preste el servicio
social armoniza con ese Estado Social.
El congreso introdujo modificaciones que
el Gobierno aceptó producto
de una profunda y extensa deliberación, pero no desnaturalizó la
unidad de propósitos.
Voy a referirme ahora a algunas de las
preguntas, para formular algunos comentarios sobre lo que hoy
se ha dicho aquí.
El tema del bloque de constitucionalidad.
Los tratados internacionales. Déjenme, honorables Magistrados, en una casa del derecho
como es nuestra Corte Constitucional, por mis obligaciones de Presidente
de la República, expresar conceptos jurídicos que
no debería hacer si hiciera una interpretación parcial
a los diálogos, a los cuales mi buen amigo y profesor se
refirió esta tarde.
Los tratados internacionales no son tratados
a perpetuidad. Esta tarde releía los de la OIT. Tienen unas reglas de denuncia.
Así como los países signatarios se convierten en
adherentes o formadores obligados por esos tratados, también
pueden denunciarlos.
¿Qué ocurre a mi juicio si en una reforma constitucional
se entra en pugna con uno de esos tratados? El Constituyente le
está dando al Ejecutivo, el mandato imperativo de proceder
a cumplir con las formalidades para la desafiliación del
país a ese tratado.
Pero quiero avanzar más. Esos tratados de la OIT hacen
parte del nivel legal interno. Así lo hemos entendido muchos.
En la pirámide normativa no están en el nivel constitucional,
sino en el legal. Es obvio que la Constitución puede reformar
la Ley, pero quiero ir más allá, honorables magistrados.
A mi juicio no los violamos, ni los desconocemos en la propuesta
del Referendo.
Estaba leyendo el uno y el otro. Confío que Colombia salga
bien librada en las semanas que vienen en Ginebra. Cuando el mundo
conozca lo que venimos haciendo en Emcali con los sindicatos de
trabajadores para salvar esta empresa y para hacer el tránsito
del sindicalismo reivindicativo al participativo. Para sacar adelante
figuras tan importantes para unir esta sociedad, como el contrato
sindical. Para no quedarnos en la alternativa con dos opciones
de lo estatal -con riesgo de quebrarse- o privatizarlo todo para
buscar la sostenibilidad en el largo plazo de las empresas estatales.
Confío que la OIT conozca qué estamos haciendo para
salvar a Paz del Río y que sus trabajadores sean fundamentalmente
sus dueños Confío en que la OIT sepa qué estamos
haciendo para impulsar capitalismo social en las empresas de servicios
públicos.
Confío que la OIT registre las estadísticas, la
disminución de los asesinatos de líderes sindicales
en Colombia. Es muy grave que asesinen uno, pero la tendencia hay
que reconocerla. Cuando este Gobierno asumió estaban asesinando
114 por año. En los últimos meses la estadística
más pesimista me habla de que han asesinado a nueve. Ni
uno sólo por razones políticas.
Para demostrar nuestro compromiso con esa
Seguridad Democrática
estamos haciendo especiales esfuerzos para proteger el sindicalismo,
el periodismo. Claro que en el Gobierno uno se preocupa y se tensiona
cuando una ONG dice que estamos violando el DIH porque tenemos
soldados campesinos. ¿Cuál ha sido mi respuesta?
Hay que insistir con los soldados campesinos. Explicarle a la ONG,
respetar la discrepancia y que esta democracia colombiana, en esta
etapa fundamental donde queremos derrotar el terrorismo, se muestre
ante el mundo como un libro abierto. Hay que protegerlos así tengamos
todas las discrepancias con ellos. La orden es una: protegerlos
totalmente y proteger el periodismo. Confío que la OIT reconozca
esos esfuerzos y que definitivamente superemos la amenaza que viene
desde hace mucho rato de que a Colombia le asignen la Comisión
de Encuesta.
Hay unos temas que ofrecí en la campaña. Otros que
ahora están en el texto del Referendo y no los mencioné expresamente
en la campaña.
Veamos los fiscales. Pero preguntémonos: ¿se violó la
unidad de propósitos? NO. Hace parte de la propuesta esencial
de derrotar el Estado burocrático y clientelista, para poder
llevar nuestro Estado a que tenga mayor capacidad de inversión
social. Que el país escoja entre clientelismo y educación.
Entonces acepto. Sí, son temas que no mencioné expresamente
en la campaña, pero guardan unidad de propósito con
todo lo que se dijo en la campaña.
Quiero disipar esta duda, eso no lo impuso
el Fondo Monetario Internacional. Aquí está el Ministro de Hacienda,
cuando nosotros logramos formar el convenio con el FMI, el Congreso
ya había aprobado el Referendo. Y les voy a decir qué encontramos
nosotros: encontramos un déficit en el sector central del
Estado del seis por ciento. Históricamente se maneja con
el superávit del sector descentralizado, entonces no se
le asignaba mucha importancia al déficit central porque
se decía: eso se resuelve. Se enjuga con las utilidades
de Ecopetrol, con las de Telecom, con las del Seguro Social, poniendo
utilidades muy ficticias que empiezan a desvanecer. Como lo voy
a referir, ese déficit se rebajaba al 4,1 por ciento del
PIB. Le he preguntado a muchos de mis amigos que piensan diferente
en cuestiones económicas: ¿Para qué conseguimos
un techo de déficit más alto con el Fondo Monetario,
si no tenemos con qué financiarlo? ¿Las alternativas
de financiación: que el crédito externo? Nosotros
encontramos los mercados cerrados, porque muchos habían
entendido que el Estado había copado su capacidad de endeudamiento.
Otros que la moratoria de la deuda. Yo no voy a cometer la irresponsabilidad
de cambiar la vía colombiana. Colombia ha sabido reciclar,
ganándose la confianza de los mercados. Además el
50 por ciento de esa deuda es de ahorradores colombianos, de pensionados
colombianos y nadie sabe lo que es reparar una confianza perdida.
Miren, vamos por buen camino en medio de
estas dificultades. Colombia, este año, es el país con mayor desembolso en el Banco
Interamericano. Cuando yo llegué, el BID se proponía
desembolsarnos este año 300 millones de dólares y
le teníamos que pagar mil. Gracias a todas estas reformas,
ahora nos va a desembolsar más de lo que tenemos que pagar.
Hemos recuperado la confianza de los mercados. ¿Qué tal
perderla? Pregúntenle a nuestros vecinos del sur, que vienen
de escuelas económicas de izquierda, ¿cómo
quisieran estar en nuestra situación con los organismos
internacionales?. Se resuelve el problema, por algunos, con emisión.
Miren lo sensible que es la inflación. Un aumento de impuestos,
una tasa más competitiva de cambio -por la que hemos peleado,
que ha ayudado bastante al cafetero, al agricultor nacional, al
exportador. Una economía con mayor dinamismo e inmediatamente
aparecen amenazas inflacionarias. ¿Qué tal que cometiéramos
la irresponsabilidad de inundar al país de emisión?
Si con estos esfuerzos se pone en amarillo el semáforo inflacionario,
nos da señales de alarma, ¿qué tal que cometiéramos
esas irresponsabilidades?
No es fácil nosotros en el Gobierno mantenemos una profunda
deliberación, en el buen sentido, yo le peleo a toda hora
al Ministro Junguito, deliberamos. A la Junta del Banco de la República
a ver cómo tenemos más dinero para lo social. Pero
creo que vamos bien, en medio de estas grandes dificultades que
vamos a ir sorteando.
¿Qué propuestas me presentaron a mí como
presidente electo? Una de ellas, ¡óigase bien! gravar
todos los bienes y servicios, como tarifas de energía, gastos
médicos y educación con un 16% de IVA o subir todo
lo que estaba en el 16 al 34 por ciento. ¿Qué buscamos
nosotros? Una canasta de soluciones, unas reformas tributarias
más moderadas y, al mismo tiempo, unos mayores esfuerzos
en control del gasto y eso nos llevó a tener tres escalas
en el IVA : 16 %, 7% , 2%. Con la tarifa del dos aplicable a partir
del primero de enero del 2005 para lo que está en el corazón
de la canasta familiar. Muy diferente al 16%, pero teníamos
que compensar el esfuerzo con el gasto público. Entonces
vino la congelación de salarios. ¿El proceso? Yo
no tengo claridad de que nosotros lo podamos hacer sin norma constitucional.
Si lo pudiéramos hacer, lo hago por Decreto y asumo la responsabilidad
y se la quito al Congreso y al Pueblo. ¿Por qué no
tengo claridad? porque lecturas de jurisprudencias de la Corte
me han hecho pensar lo contrario. Entonces por eso tuvimos que
acudir al nivel constitucional.
Veamos el efecto de esa congelación de salarios: dos años
para aquellos funcionarios públicos que devenguen por encima
de dos salarios mínimos legales mensuales. Por debajo de
ese tope está el 71 por ciento de los trabajadores. Es decir,
que afecta sólo al 29%. Cuatro años de congelación
para los funcionarios públicos que devenguen por encima
de 25 salarios mínimos mensuales. Son 1.800. Ese sacrificio
no es mucho, pero ayuda mucho.
Yo recuerdo, en las discusiones en el Congreso,
se decía
que eso afectará el crecimiento de la economía. Como
va la economía, creemos que nos está demostrando
que no la afecta, por el contrario, el juicio en el manejo de ese
tema nos va a ayudar a hacer más obras públicas,
a invertir en lo social.
Educación, salud y pensiones
Miren en la educación, los aparentemente afectados, los
maestros, tienen una salvaguardia que es el escalafón. El
escalafón no queda congelado.
En la salud, es una gran contribución que salvemos los
hospitales públicos. Este Gobierno se ha comprometido a
salvarlos, por eso se creó, por parte del Congreso a propuesta
del Gobierno, un impuesto a la telefonía móvil adicional
para salvar los hospitales públicos.
¿Saben para dónde van los ahorros del sector salud
y del sector educación? A los fondos departamentales de
pensiones, para salvar las pensiones del sector salud y del sector
educación.
Las pensiones. El 80 por ciento de los
colombianos tienen pensiones por debajo de dos salarios mínimos, a ellos no les conviene.
Unos poquitos las tienen por encima por encima de 25 salarios mínimos.
A los últimos se les congelan por cuatro años. A
los primeros, por dos años. En ambos casos son una minoría.
Pero miren lo más triste, apenas una mínima cantidad
de colombianos puede aspirar a tener una pensión. Hoy sólo
tenemos afiliados al sistema pensional a 4 millones de ciudadanos
y un poco más de un millón de pensionados. Eso es
una tristeza.
Esta reforma tuvo mucha concertación. Yo tengo buena memoria,
ahora que uno de los ilustres antecesores en el uso de la palabra
decía que estábamos afectando la autonomía
de las regiones, recuerdo que uno de los pedidos del Congreso –y
lo compartí plenamente y de inmediato-- fue que la congelación
no cobijara las transferencias, y no las cobijó. Al otro
día, un distinguido vocero de la oposición cobraba
eso en las emisoras como un gran logro suyo. Espero que no nos
abandone a la hora de sacar el referendo adelante.
Con los maestros, hay que mirar todo el
proceso legislativo. Acabamos de tener una gran concertación. Prácticamente en
un artículo del Plan Nacional de Desarrollo queda definido
el nuevo sistema de pensiones del magisterio, nos pusimos de acuerdo
con ellos, se les preserva su Fondo: a los antiguos se les mantienen
sus condiciones, pero se comprometen a aumentar cotizaciones. Los
nuevos entran con las condiciones del sistema general y los que
están en transición quedan sometidos al régimen
general de transición del referendo, que elimina los sistemas
generales, pero con una transición hasta el 2007. Salvo
el del Presidente de la República que lo eliminaría
de inmediato y sería el primer ex presidente sometido al
régimen general de pensiones.
Esto no ha sido una aplanadora contra sectores
sociales. Aquí estamos
buscando alternativas para sortear una situación muy difícil
que hemos tenido que enfrentar.
Quiero referirme al Literal i. No al tema
de unidad de materia, sino al tema de unidad de criterio, de
propósitos. Todos
los artículos del referendo están conectados con
el propósito de derrotar la politiquería, de derrotar
la corrupción. Cuál más, cuál menos.
Hay unidad de propósito, están conectados con el
concepto social, económico del Estado Comunitario.
Le decía yo al doctor Camilo Ospina: ¿cuál
le parece que tenga bien difícil conexión y me decía:
el de la prórroga de los periodos de los senadores y los
alcaldes. Dije ¿usted sabe que implica eso? De pronto, es
más pesada la carga en la compañía de ellos,
que sin la compañía de ellos porque ¡como están
de desgastados los gobiernos al final del mandato! De pronto políticamente
sería mejor buscar a los candidatos que aparecen bien colocados
en las encuestas, pero a mi me parece un ejercicio pedagógico
bien importante. Le dije a la Federación de Alcaldes y de
Gobernadores: pónganse las pilas tienen que conseguir el
apoyo popular y eso hoy no es comprado. Hoy no es con gamonalismo,
miren a ver donde han errado, corrijan equivocaciones reconcíliese
con el pueblo. Ese reto está profundamente ligado con un
proceso de limpieza en las administraciones locales.
Yo creo que es más difícil adelantar un referendo,
que si bien no tiene que coincidir en fecha electoral –o
de pronto no puede, no conozco bien el punto jurídico- con
elección de gobernadores y alcaldes este año, por
lo menos va a coincidir en campaña si no se permitiera la
prórroga por un año. Eso si que es más difícil
para el referendo, porque ahí si que van a meter a la gente
en la refriega local y de acuerdo con las conveniencias, unos se
van a acomodar a favor del referendo y otros en contra del referendo.
El tema de las personerías, de las contralorías.
El de las personerías, el artículo 161, mi lectura
elemental de esta Constitución del artículo 161 me
dice que el concepto de discrepancia no se excluye con el concepto
de contradicción. Si ambos proyectos están aprobados
por ambas Cámaras, pero la una le dijo a un artículo
no y la otra sí, hay aprobación del proyecto y discrepancia
en algunos textos.
Y el articulo 161 dice claramente que: “si después
de repetición del segundo debate persisten las diferencias
se considerará negado el proyecto”.
Las cámaras tienen la oportunidad de volverse a pronunciar
sobre lo que les propongan las comisiones de conciliación.
Miren, nosotros no estamos afectando la autonomía de las
regiones. Ya había avanzado la Ley 617 en esto, obligó a
reducir los costos de personerías y contralorías.
Hoy quedan muy poquitas personerías en Colombia, las más
costosas están en las grandes ciudades empezando por Bogotá.
Si este referendo se aprobara en su totalidad,
para Bogotá equivale
más que una Reforma Tributaria y siempre es mejor sacar
esa platica de la eliminación de la politiquería,
que de nuevos gravámenes a los ciudadanos. Para el pueblo
bogotano eso es de gran importancia.
Repasando la lucha colombiana por la descentralización,
aquí durante un siglo se batalló por la elección
popular de alcaldes y después más tarde se empezó a
batallar por la de gobernadores, por la descentralización
política, por la descentralización administrativa,
por descentralización de manejo de recursos, porque poco
hemos avanzado en la posibilidad de descentralizar tributos.
Se dio un paso bien importante cuando el
doctor Jaime Castro era ministro de la administración Betancourt en esa materia
y bastante avanzó en materia de transferencias la Constitución
de 1991.
El control no ha sido punto esencial en
la discusión de
la descentralización, entonces hoy estaríamos centralizados
porque quedan pocas contralorías y unas pocas personerías.
Y lo digo: las hay buenas, pero la norma es que se han utilizado
para degenerar con clientelismo la política local.
Yo le consulté al señor Procurador y al señor
Contralor si con la misma planta podían prestar esas funciones
y ambos me dijeron que sí. Yo no fui improvidente al presentar
la propuesta. Y qué bueno que esos dineros se puedan utilizar
en educación. Además lo propusimos en la campaña.
Ahí no solamente hay identidad de propósitos, sino
identidad en el discurso de campaña y el texto.
Yo fustigué duramente como candidato presidencial el manejo
de las regalías y me declaro inconforme porque desde la
Presidencia de la República no hemos podido derrotar la
corrupción de las regalías. Qué bueno que
se aplique este referendo para que las regalías tengan que
atender lo primero que se necesita: mejorar la equidad distributiva
que es la educación. No estamos afectando los principios
descentralistas de la Constitución.
Se ha dicho que la propuesta de Reforma
Política afecta
a las minorías. De ninguna manera, problema esencial de
la política colombiana ha sido la dispersión. Aquí hay
un reagrupamiento prudente. La Cámara de Representantes
tendrá que ver esta semana que le conviene más al
país, si el reagrupamiento prudente del Referendo o el excesivo
del Congreso. El reagrupamiento prudente del Referendo corrige
la dispersión sin afectar a las minorías. El umbral
prudente va en la misma dirección, concepto en la lista
repartidora de la cifra repartidora.
Hombre, la verdad es ésta: es muy difícil manejar
el texto de un Referendo. Si uno explica eso en el Referendo, le
dicen que es una norma abstracta que los campesinos se van a enredar
leyéndola y si no la explica le dicen que está engañando
a la gente, que tiene un tapado. Yo presumo que el pueblo colombiano
ha madurado sustancialmente en materia política. Yo presumo
que al pueblo colombiano no lo van a seguir arriando para que vote
de una u otra manera.
Además ¿qué es la cifra repartidora? Es una
expresión moderna de las garantías de las minorías,
como son el cociente y el residuo. Sobre eso no ha habido mayores
discrepancias. En el Congreso no las hubo. Había discrepancias
cuantitativas sobre el umbral, pero sobre la cifra repartidora
y sobre la necesidad de utilizar instrumentos de esta naturaleza
para corregir la dispersión no hubo mayores discrepancias,
hasta donde pude seguir los debates del Congreso.
Entonces ¿por qué le creamos suspicacias a una norma
sana? No es fácil de entender, pero es mejor tener la franqueza
de ponerla en el Referendo que ocultarla y que todo mundo está convencido
de que es útil para la democracia.
El tema de la droga. Alguna vez le oí decir al general
Rosso José Serrano que la droga en Colombia corrompió hasta
la guerrilla. Aquí tengo las cifras, las voy a dejar en
la Secretaría de la Corte. Respetable la sentencia de 1993,
pero a partir de ese momento aumenta sustancialmente el consumo
de droga en Colombia y se debilita la preocupación de los
jóvenes por la droga.
Muchos candidatos presidenciales en el
94 propusieron la reforma constitucional para que esto se pudiera
sancionar y abandonaron
el tema. Del tema hablamos en la Campaña, no lo propusimos
en el texto inicial del Referendo, pero entró en las discusiones
en el Congreso. Sano, uno no puede estar fumigándoles los
cultivos a los campesinos, extraditando colombianos y enseguida
con una actitud permisiva frente a los consumidores de droga.
Además, ahí no hay sanciones napoleónicas,
apenas unas sanciones políticas y morales, se excluye la
pena privativa de la libertad. Entonces uno encuentra que estos
temas son bastante defensables, pero habrá tiempo.
Los derechos del elector, un tema jurídico. El artículo
378, dice: “Será presentado de manera que los electores
puedan escoger en el temario o articulado qué votan positivamente
y qué votan negativamente”.
Yo no veo que haya una contradicción entre esa redacción
y el espíritu que denota el voto en bloque, que se permite
en la Ley estatutaria de los mecanismos de participación.
Déjenme decir esto: La libertad del elector no se puede
circunscribir al texto. Hay que mirarla en el contexto, en el país,
es una cuestión de Estado. La libertad al elector la están
protegiendo ustedes. La libertad al elector la protegió el
Congreso con el debate. La libertad del elector la protegió este
largo periodo de Referendo en Colombia. Hace 10 meses lo radiqué en
el Congreso y todavía, le falta una etapa procesal tan importante
como el control de la honorable Corte.
Este país tiene libertad de independencia de la televisión.
Yo he sido un enemigo de que la comisión de televisión
se gaste 20 mil millones, tiene que ser austera, pero soy un defensor
de la institución de la televisión independiente.
Miren, si analizamos este Referendo en concordancia con las otras
propuestas del Gobierno, con lo que pasa en el país, en
Colombia tenemos el mayor desafío terrorista del mundo y
la mayor libertad de prensa.
A mi se me dijo que una de las propuestas
que tenía que
hacer era modificar los estados de excepción para darle
al ejecutivo la facultad de suprimir transitoriamente libertades
como la de prensa y me negué a hacerlo.
Si ustedes ven las normas que hemos propuesto
para la lucha antiterrorista, verán que no afectamos las libertades. La Registraduría,
es independiente. Por Dios, yo ruego que la libertad del elector
se mire en el contexto de lo que pasa en Colombia.
Tengan la certeza que recuerdo claramente
las lecciones de mi ilustre profesor, el hoy senador Carlos Gaviria,
sobre el Estado
de Derecho y he procurado, a pesar de las discrepancias, aplicarlas,
especialmente, dos para él puntos fundamentales de la estructura
del Estado de Derecho: el sometimiento del gobernante a la Ley
y la libertad y la garantía de las libertades públicas.
Quiten el temor de que aquí hay tentaciones napoleónicas
o plebiscitarias. Yo soy un demócrata con autoridad, pero
sé y he practicado, que es aquello que diferencia la autoridad
del autoritarismo. Fundamentalmente ese límite lo traza
el sometimiento del gobernante a la Ley.
Gracias, señores Magistrados.
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