CONVERSATORIO CON ASCUN
(Asociación Colombiana de Universidades)
Octubre 22 de 2003 (Bogotá - Cundinamarca)
Compatriotas:
Quiero saludarlos muy afectuosamente, celebrar
la circunstancia de que se suceda esta nueva reunión de ASCUN (Asociación
Colombiana de Universidades) y voy a tratar de referirme, de la
manera más constructiva y por su puesto, muy general a este
tema tan sensible, pero tan ilusionante.
En al búsqueda de recuperar confianza, el Gobierno Nacional
ha propuesto tres ejes: el eje de la derrota del terrorismo, el
eje de la derrota de la corrupción y el eje de la recuperación
económica y social.
En la recuperación social hemos venido proponiendo el trabajo
con lo que denominamos Siete Herramientas de Equidad, la primera
de las cuales la hemos denominado revolución educativa.
Y esa revolución educativa la hemos desagregado en cinco
grandes temas: el tema de la calidad, el tema de la cobertura,
el tema de la pertinencia, el tema de la capacitación técnica
y el tema de la investigación.
En el tema de la cobertura en primaria
y en secundaria, se ha avanzado este año, gracias a un enorme esfuerzo de la Ministra
(Cecilia María Vélez), de los alcaldes y gobernadores.
Se ha podido crear casi 500 mil cupos escolares, con el mismo número
de profesores. Ese es un avance derivado de un mayor esfuerzo de
productividad. Pero, la meta que se había propuesto crear
el Gobierno era de crear millón y medio de cupos en el cuatrienio.
Si bien hemos avanzado ahora, lo hemos
hecho con productividad y con mínimo de nuevos recursos. El avance que viene, exigirá un
gran esfuerzo en materia de recursos, la meta es muy exigente,
sospecho que aún en el evento de poderla cumplir, pueden
quedar para el siguiente Gobierno, 500 mil niños de sectores
populares en la calle.
En cobertura en universidad, quiero agradecer
el esfuerzo de todos ustedes. Pienso que en el año vamos a superar la meta de
los 65 mil nuevos cupos, para el cuatrienio son 400 mil. Y también
me preocupa porque la meta es muy exigente, pero todavía
no pondría a Colombia en el nivel de cobertura en que debería
estar, cuando uno compara, por ejemplo, con países de la
región como Chile.
En el tema de calidad, me parece de la
mayor importancia el paso que ha dado en materia de evaluación de profesores de primaria
y secundaria. La Ministra, recientemente, dictó los decretos,
creo que su aplicación nos va a ayudar mucho. Sobre todo,
se pudieron expedir después de vencer una resistencia anunciada,
que parecía, en alguna forma, insuperable.
Y creo que los pasos que se vienen dando,
desde administraciones anteriores, por ejemplo, con el Consejo
Nacional de Acreditación,
son de gran importancia para la calidad universitaria. Indudablemente
que necesitamos mucho más.
En el tema de pertinencia, necesitamos
mayores esfuerzos. Creo que estamos en mora de una más estrecha vinculación
del sector privado y de la universidad colombiana. Que estamos
en mora de dar pasos como el de publicar, ampliamente, profusamente,
la suerte laboral de todos los egresados de nuestras universidades,
para que padres de familia y estudiantes conozcan el récord
de la integración de cada universidad con la economía,
con la vida material de la Nación. Ese paso lo considero
urgente y quería recordarlo hoy.
En materia de capacitación técnica, hemos avanzado
bastante con el SENA. La institución la encontramos con
un millón 100 mil estudiantes, la meta es que en el año
2006 tenga 4 millones de estudiantes. Este año terminamos
con 2 millones de estudiantes. La encontramos con 26 mil aprendices,
este año debe terminar con 90 mil. Flexibilizamos el contrato
de aprendizaje, se creó la cuota empresarial de aprendizaje
y las dos medidas han sido concurrentes al propósito de
aumentar sustancialmente el número de aprendices.
Quiero referirme a la preocupación de ustedes por el tema,
porque ahí entra la discusión: ¿debe la universidad
contribuir al SENA para la capacitación técnica o
debe gastarse esos recursos exclusivamente en su propia ampliación?
Se puede discriminar en contra de la universidad
privada, imponiéndole
la carga solamente a la privada y eximiendo la pública.
Yo no quiero sentar cátedra sobre este ni sobre ninguno
de los temas propuestos por ustedes, les pido un examen como suele
ser el examen de todas las materias que ustedes hacen: mirando
todos los pros y los contras. Estoy seguro que la Ministra, el
Ministro de Protección (Diego Palacio), el director del
SENA (Darío Montoya), con toda receptividad, asimilarán
los puntos de vista de ustedes sobre la materia.
Para el Gobierno y para el país es muy importante la cuota
de aprendizaje, es muy importante todo este programa de renovación
del SENA y todo este crecimiento. Pero tampoco, el Gobierno puede
ponerse en una posición repulsiva, cuando escucha este planteamiento
de la comunidad de rectores. Les ruego, encarecidamente, examinemos
el tema con la Ministra, con el Ministro de Protección y
con el director del SENA.
El SENA es un típico caso que quiero
mostrar como un avance hacia el Estado comunitario.
Por ejemplo, allí tuvimos que recortar 3 mil contratos
clientelistas, ustedes no saben las dificultades con sectores de
la clase política, los reclamos. Allí, por ejemplo,
tuvimos todas las dificultades para aclimatar la meritocracia para
nombrar 22 directores regionales y eso va bien. Empiezo a ver un
gran resultado en las regiones, a partir de que los directores
regionales se independizaron de los grupos políticos y han
empezado a actuar allí, en virtud de que llegaron por meritocracia.
Ahora nos proponemos convocar meritocracia para 118 centros de
formación.
Y hemos tenido que revisar temas de gastos
de funcionamiento, excesos sindicales -que siguen en muchas universidades
públicas-.
En el SENA los hemos tenido que enfrentar, eso nos ha causado mucho
dolor de cabeza, pero he tenido que poner en un lado de la balanza:
furia de la clase política, excesos sindicales y en otro
lado de la balanza: interese de padres de familia e intereses de
estudiantes.
Y hemos tenido que revisar tendencias de
gasto, porque el caso del SENA puede ser un buen espejo para
mirarlo en toda la educación.
El afán del SENA era construir edificios, eso lo frenamos,
no más edificios. Construir edificios sin mucha planeación,
muchas veces edificios magníficos subutilizados y sin presupuesto
para el sostenimiento. La instrucción ha sido: hagan alianzas
estratégicas con universidades, con iglesias, con colegios,
con edificios públicos, con el sector privado, pero durante
un buen tiempo -o para que tenga vigencia durante un buen tiempo-
hemos frenado construcción de edificios en el SENA.
Y hemos buscado que el SENA avance hacia
instrumentos pedagógicos
más modernos, por ejemplo, el reclamo del sindicato de EMCALI
hace dos semanas: ¿por qué no han comprado dos máquinas
moderna?, porque hay tutores en software. Entonces, hace 20 años,
para aprender a manejar un torno electrónico había
que estar frente al torno, hoy hay un software tutor que enseña
eso. Mucho más fácil de manejar, nos ayuda a masificar.
En el tema de ciencia y tecnología les quiero reconocer
que seguimos con una aguda desfinanciación. Colciencias
está haciendo un bellísimo esfuerzo y sus resultados
son infinitamente… mejor dicho, el Gobierno no merece ningún
aplauso por lo bueno que hagan en Colciencias porque Colciencias
lo ha hecho gracias a su esfuerzo, con nulo apoyo presupuestal
del Gobierno, con un mínimo de apoyo presupuestal.
Tengo confianza en la integración de recursos del SENA
a Colciencias, eso sí me parece que nos puede ayudar mucho,
por ahí podemos compensar ese gran vacío en aportes
directos del presupuesto. Ese tiene que ser el camino.
Y el otro camino tiene que ser el de los
apoyos tributarios. En la última reforma tributaria se declaró la exención
de impuestos para los medicamentos y para los software con un alto
agregado de investigación nacional.
El tema de la autonomía universitaria. Nadie lo discute.
Veo que el hermano Fabio ha presentado una serie de decisiones
tomadas por el Gobierno, como decisiones que pudieran afectar la
autonomía universitaria. La Ministra me dice que han tenido
un diálogo dinámico, permanente, con la Asociación
de Universidades, pero en esto no hay criterio de dogma, lo que
haya que revisar se revisa, creo que lo importante es que esta
reunión sirva para ratificar la decisión de dialogar,
muy creativamente, para revisar decisiones que se hayan tomado,
para mirar las decisiones que se deban tomar, etcétera.
A mi si me parece que ha habido abusos
también en la autonomía
universitaria. Por ejemplo, he conocido casos en los cuales se
ha invocado la autonomía universitaria para que las universidades
públicas se desvinculen del Fondo de Solidaridad en Salud.
Para mi eso es inconcebible, que se invoque la autonomía
universitaria en la universidad pública, para decisión
elitista, cuando la universidad pública se ha declarado
abanderada de las causas sociales. Y ninguna causa más social
que la participación en el Fondo de Solidaridad en Salud.
Ese es un caso que quiero mencionar para ilustrar que la autonomía
universitaria debe -también- tener unos límites,
en función del bien público.
Temas de la reforma administrativa. No
veo problema que se reconstituya la participación de la comunidad educativa en Coldeportes,
porque lo único que se ha cambiado es la adscripción
del Coldeportes. Después de una discusión muy amplia
entre las ministras de Educación y de Cultura (María
Consuelo Araújo), ellas me recomendaron que se adscribiera
Coldeportes a Cultura y vemos que también, para la relación
con las regiones, es mejor, porque en las regiones el presupuesto
de deporte y de cultura han sido dos rubros presupuestales con
mucha mayor afinidad, que la que ha podido tener el rubro del deporte
con el rubro de educación.
Entonces, nosotros hemos encontrado que
es más fácil
para el manejo nacional y para el manejo de nuestra relación
con las regiones esa adscripción de Coldeportes al Ministerio
de Cultura, que mantenerlo en educación. Pero, sobre ese
tema no tenemos diferencias, revisemos nuevamente la composición
del Consejo Directivo de Coldeportes y si hay que modificarla,
la modificamos.
No quiero referirme ni al tema del ICFES
ni al tema de la acreditación,
en detalle, no tengo los elementos suficientes para hacer una referencia
a ese tema. La decisión de la Ministra y del Gobierno, es
no afectar nada de lo que nos conduzca al mejoramiento cualitativo
de la educación superior en Colombia. Me parece que esa
es una discusión bien importante para que se siga dando
con la Ministra.
La decisión del Plan Nacional de Desarrollo. Yo soy hijo
de la universidad pública, la defiendo con afecto. No creo
que pueda entenderse la decisión del Plan Nacional de Desarrollo
como un propósito de recorte. Una cosa es pedir cuenta,
a través de exigir indicadores y otra cosa es hacer recortes.
Me parece que legitima mucho, a la universidad pública,
presentar indicadores.
Sobre la universidad pública en Colombia hay mucha hipocresía
porque en público se le lisonja y en privado se le ataca.
He escuchado que en público la gente le tiene mucho miedo
a los votos de la universidad pública, entonces todo el
mundo sale a defenderla y en privado le dicen a uno: ‘lo
que vale cada estudiante, en esta universidad pública, sería
mucho más barato darle la plata para que se matriculen en
aquella universidad privada’.
Entonces, a mi me preocupa ese doble estándar que he encontrado
frente a la universidad pública colombiana y creo que todo
mejoramiento de la universidad pública, que se pueda acreditar
con la presentación de buenos indicadores, ayuda mucho a
legitimar los esfuerzos presupuestales y decisión política
para la universidad pública.
El Gobierno no tiene interés en recortes -en el artículo
14 del referendo sí y ya me voy a referir a él-.
En el Plan de Desarrollo no hay interés alguno en materia
de recortes, lo que hay es el sano interés de que la universidad
pública legitime cada vez más los esfuerzo en materia
de presupuesto del Gobierno Nacional y ayude a legitimarlos, presentando
unos buenos indicadores.
No sabría -Ministra- qué hacer con los departamentos
con ese incumpliendo con sus aportes a la universidad pública,
he vivido una larga experiencia con eso, a mi me tocó redactar
en 1993 aquel artículo de la Ley 100 que le imponía
a departamentos, a municipios y a la Nación, la obligación
de contribuir al Fondo Pensional de la Universidad Pública,
en la misma proporción en que hubieran contribuido a sus
presupuestos, en los últimos años. No sé como
manejar esa relación.
Hay departamentos que pueden cumplirle
a la universidad pública,
otros que están en una situación presupuestal lastimosa,
con estos deberíamos buscar alguna opción de cumplimiento,
que le ayudaran con inmuebles, con edificios, con servicios públicos.
Busquemos alternativas, pero eso es un dolor de cabeza en todo
el país. Debemos ponernos a la tarea para que le cumplan
y aquellos que uno les vea buena voluntad, que quieren cumplir,
pero que tienen una limitación presupuestal insalvable,
buscarles opciones.
Al artículo 4 del referendo. En el referendo, entre toda
la controversia hay dos artículos que la han suscitado y
bastante: el 8 y el 14.
El 8 elimina los regímenes privilegiados de pensiones.
Es una necesidad. Les voy a contar algunas cifras -que seguramente
ustedes conocen- de pensiones, pero tengo que repetírselas
a mañana y tarde a mis compatriotas y cómo no repetirlas
a los rectores de nuestras universidades.
El país tiene, aproximadamente, un millón de pensionados.
El año entrante, ese número debe crecer en 7 por
ciento. La cuenta de la Nación para pagar pensiones el año
entrante, vale 9.8 billones de pesos y ahí no sumo lo que
la universidades públicas pagan de su presupuestos, no sumo
departamentos, no sumo municipios, no sumo algunos establecimientos
públicos, no empresas industriales y comerciales del Estado
ni del orden nacional ni del orden territorial y por supuesto,
no sumo cotizaciones del sector privado. Esta es la cuenta del
presupuesto central de la Nación.
Lo que la Nación se propone transferirle el año
entrante a departamentos y a municipios, para educación,
salud y propósito general, es una suma que asciende a 14
billones (de pesos). Cuando se proyecta, ambas, en poco tiempo,
la cuenta de pensiones superará la de transferencias.
En el Seguro Social se acaban las reservas
en agosto del año
entrante. El año entrante tendremos que transferirle al
Seguro Social más o menos 700 mil millones, pero en el siguiente
más de un billón (de pesos) y no podemos dejar de
honrar las obligaciones con los pensionados del Seguro, hay que
pagarles.
Departamentos con 33 meses de atraso a
los pensionados, ciudades muy importantes con 15, 20 meses de
atraso a los pensionados. El
país ha hecho esfuerzos para revisar la convención
de Ecopetrol, la convención de una empresa, la otra, imposible.
No hemos encontrado más camino que desmontar regímenes
excepcionales vía norma constitucional, que no se atrevió a
probar el Congreso, por eso nos hemos propuesto someterla al pueblo
colombiano y hace un gran esfuerzo para que el pueblo colombiano
lo apruebe.
A mi me parece inconcebible que aquí tenga régimen
privilegiado de pensiones el Presidente, el Congreso, los magistrados
de las altas cortes, maestros con 2, 3 pensiones más el
salario, Ecopetrol con régimen privilegiado y sigamos y
que estemos en estas dificultades para pagar las pensiones de los
pobres.
Por eso se propone eliminar el régimen privilegiado de
pensiones. Solamente se excepciona la Fuerza Pública, porque
hemos tenido enormes dificultades, por ejemplo: cuando nosotros
llegamos el acceso de las familias de los soldados y de los policías
asesinados, a la pensión de sobrevivencia, era casi imposible.
Eso lo hemos tenido que mejorar ahora.
Herían un soldado, herían un policía, quedaba
con una incapacidad, una incapacidad del 74 por ciento y se le
negaba la pensión de invalidez porque esa incapacidad no
era del 75. La hemos rebajado al 50 por ciento.
Le hemos aumentado la cotización, ponderadamente. El gran
recargo de cotización ha recaído sobre los oficiales
de alta graduación. Y hemos tenido que hacer un esfuerzo
que nos va a costar un punto del PIB (producto interno bruto),
traído a valor presente, pero cómo deja uno la Fuerza
Pública sin sobrevivencia y cómo la deja sin invalidez.
El otro elemento que hay allí es que hay un periodo de
transición para desmontar esos regímenes privilegiados.
Salvo en el caso del Presidente de la República -que le
pedí al Ministro Juan Luis Lodoño -q.e.p.d.- que
se aplicara de inmediato para tener la posibilidad de defender
en todos los puntos el tema del referendo ante mis compatriotas-,
en todos lo otros casos se da un plazo de transición hasta
el 31 de diciembre del año 2007.
O sea: no se desconoce el derecho adquirido
y se respeta la expectativa próxima para adquirirlo. Se lo he dicho a los maestros:
el que ya había ganado las dos pensiones y tenga el salario,
no se le desconoce el derecho adquirido. El que pueda adquirir
ese derecho privilegiado hasta antes del 31 de diciembre del 2007,
puede hacerlo. En adelante una pensión equitativa, pero
no la doble pensión.
Creo que este es un paso bueno para el
país pero no suficiente,
nosotros tenemos que seguir trabajando el tema pensional. No va
a ser suficiente, es que la bomba pensional es muy grande, queridos
rectores.
Y el artículo 14. Con el rector de la Universidad Nacional
lo hemos discutido y tengo que agradecerle la publicación
que fue muy franca, de acuerdo con lo que ustedes piensan, pero
muy constructiva y bienvenido el debate democrático en la
Patria, eso está bien. Si algún intangible debe dejar
este referendo, es que ha contribuido a la construcción
de ciudadanía, a la construcción de democracia, a
la construcción de debate. La Patria necesita más
debate que enfrentamiento personal.
Les voy a contar porqué el artículo 14. Por dos
razones: primera razón, en Colombia ha habido un gran desequilibrio
entre el exceso de gastos de funcionamiento en el Estado y la avaricia
de la inversión.
Y por una segunda razón: nuestro déficit no es del
3.6 por ciento -como nos dijeron- ni del 4.2 por ciento, es un
déficit del 6 por ciento. Todo lo que ha pasado es materia
de creatividad contable.
A mi me decían: ‘no se preocupe por ese déficit’,
por un endeudamiento del 52 por ciento del PIB, que venía
creciendo y creciendo y apenas se empieza a estabilizar. Pero muy
riesgoso. Recuerden, Argentina se colapsó definitivamente
cuando eso le llegó al 70, 75 por ciento. Y en niveles del
52 por ciento, si eso no se maneja delicadamente, en un decir ‘amén’,
conduce al colapso.
Entonces a mi me decían: ‘no se preocupe por eso,
ahí están las utilidades del Seguro Social y de Telecom’, ¿cuáles?
Lo primero que tuvimos que hacer nosotros con el Seguro Social
el año pasado fue trasladarle 500 mil millones de pesos
para el pago del déficit en salud en la vigencia, no hablo
de pensiones.
Telecom: si no hubiéramos hecho la reforma, estaría
perdiendo 480 mil millones, esperando que se los transfiriera el
presupuesto central para poder pagarle a sus empleados.
Otra fórmula que me daban era un IVA del 12 por ciento
a educación, a salud, a servicios públicos. Piense
cada uno de ustedes en su universidad. El muchacho matriculándose
y entonces el de la matrícula de 500 mil pesos, súmele
60 mil pesos de IVA. ¿Cómo habría sido eso?
O en servicios públicos. El Gobierno descartó esa
solución.
Me insistieron mucho, algunos integrantes
de la Comisión
de Ingresos del Estado: ‘Presidente, desmonte exenciones’,
nos pusimos a ver, hemos marchitado algunas. ¿Ustedes saben
cuál es la exención de más peso?: la de los
salarios, ¿desmontarla?, es que las otras son unas exenciones
tributarias sin peso alguno, el peso es el de los salarios. Desmontarla
implicaba grabar a los trabajadores. ¿Resiste eso la situación
social del país? El Gobierno lo descartó.
Entonces nos ha tocado apelar a una serie
de medidas: una reforma tributaria moderada -todavía incompleta, tendremos que seguir-,
el impuesto al patrimonio por una sola vez, que lo pagaron los
patrimonios mayores a 154 millones (de pesos), nos alcanzó para
seguridad el año pasado, nos alcanza para seguridad este
año, un poquito para el año entrante. Nosotros tenemos
hoy 439 municipios con Soldados de Mi Pueblo, 170 municipios donde
no había Policía que la tiene, pero falta mucho.
A uno le dicen los compatriotas, uno: ‘qué bueno
desmovilizar los paramilitares’ y otros llaman y dicen: ‘¿y
quién va a cuidar las regiones?’ Una mentalidad de
una Nación en camino a desinstitucionalizarse. Unas regiones
sometidas a la guerrilla, otras amparadas en la protección
de los paramilitares, cuando lo que tenemos que hacer es recuperar
el imperio institucional, pero eso implica un alto costo. Nosotros
tenemos que mantener el financiamiento de lo logrado hasta ahora
en seguridad y de lo que falta, que es mucho.
Estamos en una reforma administrativa del
Estado, importante, tenemos toda la decisión política de llevarla hasta
sus últimas consecuencias.
Empieza por la Presidencia de la República,
que se ha comprometido a bajar en el cuatrienio un 30 por ciento.
Pero todo esto es insuficiente,
por eso entramos en el tema de gastos de funcionamiento que tiene
un impacto salarial.
Si tiene ese impacto salarial, he dicho
claramente que no se congelan los salarios del sector privado
porque no vemos la norma legal
ni la relación directa con los problemas fiscales y por
la situación del sector privado. Los trabajadores del sector
pagan un precio muy grande en esta crisis: recortes, concordatos,
quiebras, ley 550, congelaciones.
No se congela el mínimo ni en el sector privado ni en el
público. Al elevar el mínimo en diciembre, con su
impacto tanto en el privado como en el público, algunas
personas que inicialmente podrían quedar congeladas, quedan
descongeladas.
Estudiamos mucho, a partir de qué nivel congelar en el
Estado. Yo habría querido proponer la congelación
a partir de un nivel superior por encima de los dos salarios mínimos,
pero la cifras no nos daban, por eso le hemos tenido que proponer
a nuestros compatriotas esa congelación, en el Estado, a
partir de dos salarios mínimos. Afecta al 3 por ciento de
la población económicamente activa. En la Nación
afecta al 29 por ciento de los funcionarios de la Nación.
Cuando la Nación ha venido haciendo reajustes año
tras año y pagándole oportunamente a sus servidores.
Por supuesto, en el caso de servidores
públicos, congresistas,
Presidente, magistrados, generales, con más de 25 salarios
mínimos, la congelación es por 4 años. Muy
oportuna, ustedes conocieron el informe de la Contraloría
en relación con el año 2000 y 2001, donde la Contraloría
se quejaba de que se había abierto más la brecha
salarial. Nosotros creemos que con esto, por lo menos, ayudamos
a ajustarla un poquito en el Estado.
Entonces viene el tema del impacto sobre
las universidades públicas.
Les voy a hablar a ustedes con mucha solidaridad, pero con mucha
franqueza, el Gobierno quiere mantener un debate creativo con ustedes,
amable, un diálogo permanente.
A mi me parece muy bueno congelarle a la
universidad pública
los gastos de funcionamiento dos años, porque hay universidades
públicas que han hecho un enorme esfuerzo en control de
gastos de funcionamiento y otros que no, otras que todavía
mantienen derroche. A mi me parece muy sano es esfuerzo: que todos
nos sometamos a esa disciplina como las empresas de servicios públicos.
Ese cuentico, a toda hora de la tarifa y lo que más presiona
en la tarifa, en las empresas estatales son los costos de mantenimiento,
como lo hemos visto en la empresa de acueducto de Bogotá.
Le he estado diciendo a mis compatriotas
en estos días:
si algo nos puede ayudar a moderar presiones en materia de tarifas
de servicios públicos, es que estas empresas se disciplinen
en gastos, que no son poquitos los problemas que tenemos. Empecemos
por la Telefónica de Barranquilla, sigamos con el acueducto
de Cúcuta, EMCALI, la quiebra de la CHEQ -ahí hemos
tenido que ir a rescatarla-, la quiebra de la Electrificadora del
Quindío -hemos tenido que ir a rescatarla-, con una gran
ayuda del sindicato, estamos rescatando la del Cauca. La quiebra
de la del Tolima -nos cuesta 43 mil millones- y sigamos.
Entonces uno ha visto en esas empresas
de servicios públicos
que suben y suben gastos de funcionamiento y apenas las ven en
el borde la quiebra, las salvan, trasladándole el costo
en tarifas a los usuarios. Eso no puede seguir.
Creo que en las universidades públicas tenemos que hacer
el examen y aquellas que han introducido disciplina, austeridad, ¡magnífico!,
pero todavía muchas faltan por hacerlo.
La Ministra me ha expresado la preocupación de universidades
públicas que han utilizado su autonomía para hacer
contratos que corresponden a gobernaciones, que si los adelantara
directamente la respectiva gobernación, tendrían
que someterlo a los procesos contractuales del Estado en general.
Entonces, en alguna forma se burlan formalidades contractuales
cuando una universidad pública le tramita contratos a un
departamento.
Creo que la universidad pública tiene que crecer mucho
en venta de servicios a las entidades públicas y al sector
privado, es fundamental, no solamente para aumentar su percepción
de ingresos propios. La universidad pública, no soy un convencido
de que se le pueda exigir en materia de matrículas, la gente
colombiana está muy pobre, pero sí hay que exigirle
a la universidad pública que aumente los ingresos vía
venta de servicios y eso, además, lo ayuda a integrarse
a la comunidad. Pero, tiene que ser con el buen cuidado de que
no se deje utilizar, con en algunos casos, para eludir formalidades
contractuales de entes departamentales.
A mi, como no me preocupa, antes me parece
sano que congelemos los gastos de funcionamiento para que hagamos
una revisión
muy disciplinada de aquello en lo cual necesitamos gastar, sí me
preocupa la ampliación de cobertura.
Le decía al rector de la Universidad Nacional, en una reunión
que tuvimos con la Ministra, que el Gobierno tiene toda la apertura
para examinar con las universidades públicas, en cuáles
casos habría que hacer un esfuerzos presupuestal para que,
en el evento de que el pueblo colombiano apruebe el artículo
14 del referendo, no se les afecte la ampliación de cobertura.
Hay que mirarlo delicadamente, caso por caso, porque ustedes saben
que hay unas enormes diferencias del costo por estudiante de una
universidad pública a otra.
Entonces, personalmente, en compañía de la Ministra
y del Ministro de Hacienda (Alberto Carrasquilla), estaré examinando
con ustedes esa situación, si el pueblo colombiano aprueba
el artículo 14 del referendo, a ver cómo podemos
sortear el tema del aumento de cobertura.
Quiero decirles que tenemos mucha gratitud
por toda la cooperación
de ustedes para que crezca ICETEX, que ha sido de diferentes maneras,
coordinando muy bien sus fondas de préstamos con ICETEX
y además ayudando en la parte administrativa.
Confío que rápidamente podemos tener bastante desmontada
la burocracia de ICETEX y que ICETEX trabaje con las universidades.
Yo me pregunto: ¿en la mayoría de las ciudades colombianas,
para qué tener una burocracia de ICETEX? Si se hace el convenio
con las universidades y las universidades son las que le tramitan
al estudiante el acceso a esos recursos, eso se puede hacer incluso
sin personal de ICETEX allá, a través de la conexión
computador - internet de la oficina central de ICETEX.
Hemos tenido también el buen anuncio de la Asociación
Bancaria de que todo el sector financiero se va a vincular a ayudarnos
a cofinanciar a los universitarios.
Tenemos un crédito del Banco Mundial, el problema que hemos
tenido para desembolsarlo, más velozmente, es el de tope
fiscal, pero de todas maneras este año debemos terminar
con unos 29 mil créditos nuevos en el ICETEX. Se sostienen
los 60 mil que encontramos, se asignan otros 29 mil y aspiramos
que al final del Gobierno quede un mínimo de 160 universitarios
con financiación del ICETEX.
Quiero entusiasmarlos a ustedes y a la
Ministra, para que rápidamente
le podamos decir al país que está desmontada la burocracia
del ICETEX, todo el manejo del ICETEX se hace a través de
las universidades y que los muchachos sepan que para acceder a
un crédito de ICETEX, en la misma universidad les ayudan.
Ya ocurre en algunas partes pero no en todas.
Lo de la exoneración del 10 por ciento a los que voten.
Eso venía en una vieja ley de estímulos electorales,
ahora me preguntaban los periodistas aquí a la entrada -esas
leyes son bastantes anteriores, la inicial es de la legislatura
del anterior Congreso y ahora se extendió al referendo en
este Congreso.
Nos han pedido que el Estado compense esa
exoneración:
yo no sabría darles respuesta ahora, es un tema que habrá que
medirlo con el presupuesto, pero es un reclamo justo, vamos a mirarlo.
La Ministra y yo lo anotamos a ver cómo lo podemos manejar.
Si me duele mucho que ustedes (las universidades
públicas)
le tengan que pagar a las contralorías. Eso sí me
duele mucho, ojala pudiéramos eliminar eso.
Por ejemplo, una universidad pública, me imagino que al
tener aportes de la Nación, tiene vigilancia de Contraloría
Nacional; si el departamento le contribuye, vigilancia de la departamental
y la departamental (Contraloría) le factura y le cobra y
si hay un municipio que le contribuye y ese municipios es capital
de departamento, también tiene la concurrencia de esa Contraloría
también le cobra.
Excúsenme que también les reconozca debilidades,
yo no puedo entrar ahora a discutir con ustedes temas muy técnicos
que propusieron, los delego con toda la confianza en la Ministra,
pero sí les quiero decir una cosa: el Gobierno no tiene
si no un ánimo de estar en permanente diálogo con
ustedes, esta Patria necesita, fundamentalmente, educación.
Si alguna cosa me ha enamorado a mi de este proceso democrático
del referendo, es que ha sido una oportunidad de educación
democrática.
Entonces, apreciados rectores, cualquier
discrepancia con las políticas del Gobierno, el Gobierno las recibe con todo
el respeto, el diálogo constructivo no se puede romper,
se tiene que alimentar a toda hora. La Ministra y yo tenemos que
tener la mejor disposición para estar examinando problemas
con ustedes, tengan unas sesiones extensas, como se necesiten,
con la Ministra para buscar opciones y en el momento que lo estimen
conveniente, podríamos dedicarnos dos días a un Consejo
Comunitario de Universidades, fue muy útil lo que hicimos
con las Corporaciones del Medios Ambiente. Dos días en donde
se hizo un examen corporación por corporación, de
cara al país y fue muy útil.
Les rogaría entonces: mantengamos ese ánimo de diálogo,
el Gobierno no se incomoda por las críticas, no se incomoda
por los reclamos de ustedes, el Gobierno tiene que asumirlos muy
constructivamente. Busquemos y busquemos soluciones con la Ministra
y en el momento que ustedes y la Ministra lo definan, hagamos un
Consejo Comunitario, podría ser de dos días, para
contarle al país, universidad por universidad, qué está haciendo
su comunidad universitaria.
Les agradezco inmensamente y les deseo éxitos
en estas deliberaciones. Muchas gracias.
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