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INTERVENCIÓN ANTE LA CORPORACIÓN
EXCELENCIA EN LA JUSTICIA

Septiembre 09 de 2003 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Acudo esta noche, en primer término, a expresar nuestra gratitud por toda la obra realizada por la Corporación Excelencia en la Justicia y a agradecer al sector privado colombiano el apoyo que le ha dado y el que debe seguir ofreciéndole.

Estos esfuerzos, por un lado empujan al Estado, por otro lado lo limitan y siempre le colaboran y se constituyen en una enorme garantía para la comunidad.

Las intervenciones que hemos escuchado esta noche acá, son de inmensa importancia. Empezando por todo el plan estratégico de diagnóstico y de acciones que ha presentado el presidente Ejecutivo de la Corporación.

Y hemos asistido también, a la firma del acuerdo entre la Corporación y el Consejo Nacional gremial, que debemos agradecer.

La palabra clave para este Gobierno es confianza. Recuperar la confianza de los inversionistas en Colombia, de los ciudadanos para vivir en Colombia, de los trabajadores para trabajar en Colombia, de la juventud para realizarse en toda la dimensión de sus sueños en nuestra Patria.

Por supuesto, la justicia es un elemento esencial para la recuperación de la confianza.

El Gobierno se comprometió, con un antecedente en la campaña presidencial, a acompañar el proyecto de reforma constitucional para incorporar el sistema acusatorio y el principio de la oralidad.

Tenemos mucha confianza que esto nos va a permitir avanzar. No solamente en el mejoramiento de la calidad de la justicia, sino también en su transparencia y en su velocidad.

Después de haberse aprobado el acto de reforma constitucional, se ha venido en la tarea de preparar diferentes códigos que se requieren para poner este acto en plena marcha: el Código Penal, el Procesal Penal, el Estatuto de la Fiscalía, el Estatuto Penitenciario, el Estatuto de la Defensoría Pública, todos a consideración del honorable Congreso.

Quiero referirme a algunos puntos de ese Código Penal. Se eleva la pena máxima de 40 a 60 años y se presentó por parte de los ponentes de esa iniciativa, la tesis de que el juez debe tener la posibilidad de adelantar una negociación con el procesado en el proceso y que por eso es necesario elevar el tope.

En el Estatuto Antiterrorista –en el nivel legal- que ha venido preparando el Ministerio de Defensa, hemos tomado la decisión de que se pueda incorporar como un capítulo de ese Código Penal –si bien lo aprueba así el Congreso-, pero que sea ese capítulo de aplicación inmediata.

Quiero hacer unas referencias al Código. Nos falta el tema del delito de evasión fiscal. El Gobierno lo presentó con el proyecto de reforma tributaria del año pasado y finalmente ese articulado fue retirado por solicitud del Congreso.

Ahora hemos venido en un proceso de concertación con el sector privado. Aspiramos presentar esa normatividad en las próximas semanas y que al aprobarla se incorpore como un capítulo del Código Penal y pueda ser de aplicación inmediata.

Estimamos que es tan necesario consagrar el delito de evasión, como tipificarlo de la manera más juiciosa para evitar abusos. Por eso nos hemos demorado en esa discusión –que se propuso desde la campaña- a fin de obtener el mayor nivel posible de consenso.

Me preocupa en el Código Penal el tema de la edad penal, de la edad de imputabilidad. Nada hemos avanzado en el tema, es uno de los puntos sobre el cual el Congreso debe adelantar un gran debate.

Muchas opciones se han propuesto, entre ellas sugiero considerar las siguientes: que se permita, a criterio del juez, cuando estime que las condiciones de peligrosidad del menor así lo justifiquen, trasladarlo de la justicia del menor infractor a la justicia plena.

Y la segunda, buscar cómo podemos rehabilitar al menor infractor, en lo cual el país va muy mal. Los centros de rehabilitación que existen implican un costo para el Estado, por menor atendido, inmensamente superior a la más costosa de las universidades. Ahí estamos tropezando con muy serias dificultades fiscales.

Por eso hemos propuesto también que, para el caso de la rehabilitación del menor infractor que no le despierte al juez temores de alta peligrosidad, se confeccione una lista de familias de la mayor solidez moral que puedan encargarse de una tutoría sobre el menor infractor en el período de rehabilitación, que pueda ser remunerada por el Estado, para compensar a esas familias los gastos en que incurran.

Recientemente el Congreso de la República aprobó leyes que debemos incorporar al Código, aumentando penas para evitar la excarcelación en algunos delitos, excarcelaciones que han producido grave daño social, como la excarcelación en el robo de vehículos y en el delito de receptación. Confiamos que con esos instrumentos, esos delitos se reduzcan drásticamente.

Veníamos haciendo un esfuerzo policivo importante que nos mostraba una reducción en el año de casi el 30 por ciento en el robo de vehículos. Y estamos optimistas de que con la entrada en vigencia de esta nueva ley, esos porcentajes se van a reducir más severamente.

También es necesario avanzar en el tema del robo de combustible y del contrabando de combustible. Inicialmente expedimos un decreto de Conmoción Interior que autorizaba el decomiso del vehículo de transporte del hurto o del robo de combustible. La honorable Corte Constitucional lo declaró inexequible. Ahora les hemos pedido a los fiscales que en ese delito, que el vehículo de transporte de combustible robado, se asimile a cuerpo de delito y se convierta en objeto de decomiso y de declaratoria de extinción de dominio.

Estamos haciendo un esfuerzo en armonía con la Fiscalía en las últimas semanas y en el mes de agosto se ha presentado una reducción sustancial en el robo de combustible. En la misma dirección tenemos que avanzar en el contrabando.

La semana pasada tomamos decisiones claras en Cúcuta. Dijimos: aquí ha habido un diferencial histórico, ahora más agudo, tenemos que administrarlo fundamentalmente con criterio social. Allá hay 5 mil distribuidores de pequeñas cantidades de combustible, que en la capital nortesantandereana llaman pimpineros. Ahí tenemos un dramático problema social. Vamos a dedicar buena parte de los recursos de reducción del robo de combustible a buscarle alternativas económicas a estas personas.

La idea es darle un tratamiento eminentemente social al área de frontera, pero contundentemente represivo al contrabando que intente ingresar al interior del país. Sobre esos temas necesitamos mucha claridad en el Código Penal, que se ha puesto a consideración del Congreso.

Como ustedes bien saben, el Congreso nos aprobó en un plazo récord la Ley de Extinción de Dominio que agiliza el procedimiento. A 7 de agosto del año pasado, habían quedado ejecutoriadas 5 sentencias, ahora tenemos 68 -63 que corresponden a este Gobierno- representan 285 mil millones (de pesos) de bienes declarados cuyo dominio ha extinguido.

También presentamos el proyecto de norma constitucional antiterrorista. Lejos de proponer para la Fuerza Pública poderes que se observan en legislaciones como la española, la inglesa, la alemana, allí hay cuatro temas: la facultad de la Fuerza Pública para realizar el empadronamiento en regiones colombianas donde la situación de orden público y de terrorismo lo ameriten.

Les he dicho, respetuosamente, a las organizaciones críticas, que lo primero que nos exigen a los colombianos al llegar a establecernos por un tiempo en una capital de las democracias occidentales, es registrarnos, acudir al empadronamiento. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer aquí, cuando se trata de perseguir el terrorismo?

Y se proponen tres facultades para la Fuerza Pública: que pueda allanar con orden administrativa, interceptar comunicaciones con orden administrativa y capturar con orden administrativa. Pero con control y revisión inmediata de fiscales y jueces, con informe inmediato a la Procuraduría y con un control político del Congreso, que tendrá que efectuarlo por lo menos cada seis meses.

Estos tres últimos puntos: el control posterior y la revisión por parte de jueces y fiscales, la intervención de la Procuraduría y el control político por parte del Congreso, sometido a término, es lo que me he atrevido a llamar ‘las salvaguardias humanitarias de la norma’.

Por eso le he pedido encarecidamente al Congreso que si se insiste en someter la norma a que sea desarrollada por una ley estatutaria, ante la emergencia terrorista que vive el país, nos permita poner a regir la norma aún antes de que entre a regir la ley estatutaria, por el tiempo que tomaríamos mientras termina de aprobarse el acto constitucional, se aprueba la ley estatutaria y la ley estatutaria pasa el examen obligatorio en la Corte Constitucional.

Se está discutiendo un anteproyecto de reforma constitucional. Hemos hecho esfuerzos con los presidentes de las Altas Cortes, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Ministerio, para encontrar el mayor nivel posible de consenso.

El tema es muy controversial y por eso, cuando se quería presentar el 20 de julio, en ese momento tomamos la decisión de un aplazamiento para buscar un buen nivel de consenso. Tenemos que presentar el proyecto rápidamente, porque de lo contrario no tendrá tiempo el Congreso de debatirlo.

En ese proyecto el Gobierno quiere proponer la oralidad, porque en la reforma constitucional que introdujo el sistema acusatorio, el principio de la oralidad se incorporó solamente para la justicia penal. Aquí la queremos proponer para las otras expresiones de la justicia, como quiera que es uno de los instrumentos más importantes para dar transparencia y agilidad.

En ese proyecto, entre los puntos controversiales, quiero destacar tres: la tutela, el fortalecimiento del alcance jurisprudencial y el tema de la organización de justicia.

LA TUTELA

La tutela le ha permitido sentir a los colombianos que la Constitución es algo de carne y hueso. A mí no me asusta que se propongan reformas a una institución que el país unánimemente aplaude. ¿Por qué? Porque todos estos años que han transcurrido hay que entenderlos como unos años de aprendizaje sobre la tutela.

En estas mesas ha habido discusiones sobre tópicos y me quiero referir a algunos.

Por ejemplo: ¿cuáles son los derechos fundamentales tutelables?, ¿los que están en el respectivo título de la Constitución o además aquellos calificados en otros títulos explícitamente como derechos fundamentales?, ¿o además aquellos que la honorable Corte Constitucional considere que, no obstante que la Carta no los calificó como fundamentales, encuentra que tienen toda la caracterización de derechos fundamentales?

Expresé en esa reunión que es claro que la Carta define derechos fundamentales en el capítulo consagrado para ellos y en otras normas del articulado. Pero que lo controversial es que, cuando la Carta dio la apariencia de un listado restringido de derechos fundamentales, en la interpretación se le dé alcance a ese listado meramente enunciativo. Eso crea mucha inseguridad jurídica.

Y viene entonces el tema de la conexidad. Necesariamente se requiere la conexidad, lo importante es definir reglas claras para que de la conexidad no se abuse.

Por ejemplo, el derecho a la seguridad social. Se ha aceptado universalmente que ese derecho tiene un trámite legislativo como derecho social y una protección constitucional como derecho fundamental, por su conexidad con el derecho a la vida. Pero hay que definir esa conexidad, hay que tener unas reglas claras sobre lo mismo. Una conexidad sin rumbo es inmanejable.

Está el otro tema: la tutela a las sentencias. Por lo menos, creo que debemos considerar en este debate, respetar la sentencia ejecutoriada. La sentencia ejecutoriada deberíamos considerar que sea una sentencia inmodificable, aun por tutela.

La sentencia no ejecutoriada. No niego la tutela para esa sentencia pero deberíamos tener allí un orden de competencias. Debería ser a través de la jerarquía que en la rama se da sobre la materia, donde se asignen las competencias para conocer de tutelas contra sentencias no ejecutoriadas.

El tema de la jurisprudencia. Tiene que tener valor, por eso creo que debemos considerar muy seriamente la propuesta del Ministro (del Interior y Justicia, Fernando Londoño) de exigir mayor cuidado para el cambio jurisprudencial. Yo no vengo esta noche, de manera dogmática, a decir que la fórmula tiene que ser esta o aquella, sino a pedir opciones, para que quede consagrada en la Carta constitucional una norma que exija mayor cuidado para el cambio de jurisprudencia.

ORGANIZACIÓN DE LA RAMA

Ese tema lo propuse como candidato, está en el Manifiesto Democrático de 100 puntos: la eliminación del Consejo de la Judicatura. Ha creado muchísima controversia, hemos escuchado a los presidentes de las altas Cortes, al Presidente del Consejo de la Judicatura. Yo, respetuosamente, insisto en dar ese paso.

Me parece que podemos encontrar tres sustitutos más ágiles, menos complicados, menos costosos. Para el control disciplinario de los abogados, sus propios colegios. Para el control disciplinario y el análisis de las conductas irregulares de los integrantes de las ramas, una jurisdicción especial, una especie de Tribunal Disciplinario reducido. Y para los asuntos administrativos, en lugar de tener la magistratura central y las regionales, simplemente una Dirección Ejecutiva, sin dispersar la responsabilidad en varias personas, con una Junta conformada por las cabezas de las Altas Cortes.

Hay un tema inmensamente controvertido en nuestra historia: ¿quién y cómo se eligen los Jueces y Magistrados? Hemos encontrado que lo que se aprobó durante muchos años se criticó la cooptación. Y ahora hemos encontrado a lo largo y ancho del país, una muy severa crítica a la manera como funciona el esquema adoptado por la Constitución de 1991.

El Ministro Londoño ha insistido en que haya una elección por parte de las mismas Cortes, pero sometida a la configuración de unas listas previas, a través de concursos de méritos. Por supuesto, ahí aparece un debate de grueso calibre: el de la elección de los Magistrados de la Corte Constitucional.

Y voy a desviarme un poco aquí a la carrera administrativa. Porque en la Reforma Política, por iniciativa del Gobierno, ya aprobada, se adoptó para la Registraduría un régimen de carrera administrativa que consideramos sano: concurso para el ingreso, libre remoción para la desvinculación. Que la gente no ingrese por recomendación politiquera, pero que tampoco la carrera administrativa les dé allí un estatus de inamovilidad que les tolere la ineficiencia y las prácticas irregulares.

Por eso creemos que la combinación de la carrera administrativa, después de la experiencia en Colombia, debe ser: concurso para ingresar, libre remoción para desvincular, por supuesto sometida a razones de buen servicio, que no necesariamente tengan que ser motivadas. Eso está aprobado para la Registraduría.

Hemos propuesto en una reforma Constitucional, ya presentada al Congreso, que se generalice ese concepto de carrera administrativa. Al generalizarlo, sería para la administración nacional y territorial, central y descentralizada. Sería para los organismos de control y sería también para la Fiscalía.

CORRUPCIÓN

Yo no se qué es peor: si la sensación de la impunidad o la sensación de la corrupción. A pesar de que están íntimamente relacionadas, uno se da a la tarea de tratar de mirarlas aisladamente y son dos flagelos, cuya gravedad todos compartimos.

La norma que encabeza nuestra lucha contra la corrupción es el referendo. Allí está la propuesta de que las personas condenadas por corrupción contra el patrimonio público, no puedan regresar al Estado ni por elección ni por nombramiento ni por contrato.

Yo me formé en una facultad de derecho donde nos inculcaron aquel principio caro de que no hay condenas perpetuas ni obligaciones irredimibles. Personalmente tuve serias dificultades de convencimiento para abandonar ese principio pero ante el flagelo de la corrupción, no he vacilado en proponer esta norma.

También para luchar contra este flagelo, se han aumentado las causales de pérdida de investidura y se ha extendido a asambleas y concejos.

Después del referendo, en orden jerárquico, el Gobierno ha expedido el decreto 2170, que es un gran paso en la lucha contra la corrupción. Ese decreto obliga al prepliego antes de la adopción definitiva del pliego de condiciones y que ese prepliego se publique ampliamente para que la ciudadanía pueda hacer observaciones y esas observaciones se tengan en cuenta para adoptar el pliego definitivo.

Creemos que eso está en la dirección correcta de evitar que haya sastrería de pliegos de condiciones al tamaño de la corrupción. Y la evaluación que venimos haciendo en Colombia, es que está dando buenos resultados.

También exige ese decreto la audiencia pública para la adjudicación de los contratos del Estado, las veedurías comunitarias. Juan Alejandro Sánz, a quien hoy enterramos en Pereira, de Jóvenes por el Referendo, venía trabajando en el Programa de Control Social de la Presidencia en Risaralda, en la motivación de las veedurías comunitarias.

Ese Decreto hace obligatorias las veedurías comunitarias en todas las ejecuciones de contratos del Estado. Avanza pero no suficientemente en selección objetiva, entonces hemos propuesto una reforma a la Ley 80, que sí nos va a permitir la selección objetiva completa. Porque el país fue inventando asociaciones y cooperativas de bolsillo, que se presentaron con la más noble motivación y terminaron al servicio de la evasión de los requisitos de contratación y de la corrupción. Por eso una de las propuestas normativas en la reforma a la Ley 80, es que ninguna de estas instituciones pueda evadirse de las normas de selección objetiva de licitación, etcétera.

LAS CÁRCELES

Este Gobierno tiene hoy 10 mil ciudadanos más en cárceles, más de los que había hace un año. Y una de las obsesiones es meter a la cárcel a los corruptos y a los terroristas, yo no sé con cuántos más vamos a terminar el 7 de agosto de 2006.

Por supuesto, para que todo el mundo esté tranquilo, eso se está haciendo de manera transparente. Aquí no tenemos todavía la facultad de la captura administrativa y si se hubiera aprobado el acto legislativo que estamos proponiendo, esa captura administrativa estaría inmediatamente sometida al control y a la revisión de jueces y fiscales.

Lo bueno es que estas capturas han sido confirmadas en un 95 por ciento, eso es un indicativo de que se han venido realizando con toda la prudencia. Allí hay toda la decisión de capturar a los terroristas, a sus auxiliadores, pero también toda la decisión de hacerlo transparentemente, aplicando de manera rigurosa las normas del Estado de Derecho.

Tenemos hacinamiento carcelario. La semana entrante, posiblemente, entran al servicio dos cárceles con 3 mil cupos adicionales, muy poco. El Viceministro (del Interior, Juan Carlos Vives) está buscando la manera de concretar unas convocatorias de cárceles concesionadas, a ver si podemos salir adelante en esta materia.

INVERSIÓN

En el tema de la confianza a la inversión extranjera y a la inversión en general. Cuando presenciábamos la firma del convenio entre la Corporación y el Comité Gremial, hice en voz baja al doctor Rafael y a Mauricio González, el comentario de la conveniencia del proyecto de ley de arbitramento que está en el Congreso presentado e impulsado por el Ministro Londoño.

Han estado buscando una concertación con el Procurador General de la Nación (Edgardo Maya), ojalá eso se dé rápidamente y el país tenga ese proyecto convertido en Ley. Es imperativo un arbitramento ágil, confiable, para la confianza inversionista y también, que esa figura se desarrolle para las pequeñas causas. Es una modalidad de justicia de conciliación que puede incorporar para las pequeñas causas autores como los consultorios jurídicos y ayudar a la descongestión.

Hay temas de gran controversia, como el proyecto de alternatividad de penas. Creo que en algún momento el país lo necesita, hoy porque se desmovilicen unos, mañana porque se desmovilicen otros. Al terrorismo hay que derrotarlo o por desmovilización o por acción militar. Este Gobierno, ayer llevaba 2.090 desmovilizados, ¿qué hacemos entonces en el caso de aquellos incursos en delitos atroces?

Nosotros no tenemos actitud dogmática, que esto lo discuta el Congreso, claramente, que busque las mejores opciones. Escuchando el debate a lo largo de estos días, he pensado que entre las reformas que hay que introducir está la de la vigencia temporal del proyecto, para no mantenerlo indefinidamente.

Y me parece que el tema hay que afrontarlo con claridad, porque en estos días me hacía esta reflexión: el país adelantó procesos de paz, cuya conveniencia nadie discute, pero desde el punto de vista rigurosamente de técnica legal, allí, o se violó la prohibición de amnistiar e indultar a responsables de delitos atroces o para firmar las resoluciones de esos procesos de paz el Estado se hizo el de la vista gorda. Porque se reincorporaron a la vida civil, con plenitud de derechos políticos, cabecillas de organizaciones que habían cometido actos terroristas de aquellos que nuestra legislación, nuestra Constitución y los tratados internacionales señalan como impedimentos para la amnistía o el indulto.

Tener que repetir eso es hacer una trampa. Luego, lo mejor es enfrentar el tema claramente, con una discusión nacional a ver cómo encontramos salidas transparentes.

En el tema de la inversión no quisiera dejar de mencionarles esto: hemos avanzado con la aprobación de la Ley de Arrendamientos, del proceso ejecutivo hipotecario. Y hemos presentado un proyecto de estabilidad de exenciones tributarias.

Nosotros nos propusimos en lo tributario eliminar exenciones caprichosas, pero sí crear estímulos que tengan relación con la reactivación económica y con la generación de empleo. Por ejemplo, uno a la hotelería. Y me decían potenciales inversionistas: ‘bueno, ¿pero quién nos asegura que no nos quiten ese estímulo, que hoy hagamos la inversión, estimulados por la norma tributaria, y mañana la deroguen?’

Yo les he contestado: primero, en Colombia no hay esos antecedentes, se ha intentado, pero finalmente se ha reflexionado. Lo último ocurrió el año pasado: nos estaban aupando para eliminar las exenciones del Páez, ¿qué decisión tomó el Gobierno?: los que ya están establecidos allá, tienen el derecho. Dejemos que gocen de esa exención durante todo el plazo fijado en la ley, bajo cuya vigencia esas inversiones se instalaron y si eso es inconveniente, eliminemos ya la exención, pero hacia adelante.

Sin embargo, no convence del todo a los inversionistas. Por eso hemos propuesto al Congreso que nos autorice convenios, por lo menos para garantizarle a los inversionistas, que esos beneficios –al impulso de los cuales instalen sus inversiones- no van a ser derogados por el tiempo inicialmente aprobado en la Ley.

Dos reflexiones finales.

Es muy difícil comparar la impunidad de nuestro país con la de otros países, 43 millones de habitantes, años de 34 mil homicidios agravados. No hay justicia que sea capaz de atender esa emergencia. Años de 3.500 secuestros reportados, más los no reportados, por eso he creído que un gran camino de justicia es el fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado.

En la medida que el aparato coercitivo del Estado contenga y disuada la criminalidad y vaya rebajando la criminalidad, es menos difícil la acción de la justicia.

Y, la reflexión final sobre el referendo. Yo creo en dos grandes intangibles del referendo, que pueden ser más importantes que sus efectos juridicofiscales y en la estructura del Estado, de inmediato.

Esos dos grandes intangibles son: la movilización de una gran conciencia nacional contra la corrupción y la politiquería, a favor de las prioridades de inversión. Un debate, sin candidatos, con textos complejos –para muchos- tiene que producir ese efecto.

Y segundo, un referendo sin normas populistas, en un país pobre, con estas dificultades sociales, que el pueblo apruebe y que apruebe normas como la eliminación de los privilegios pensionales, se convierte en una gran señal a la comunidad internacional.

Si yo fuera asesor de mercados y me llega la noticia en la noche del 25 de octubre, que el pueblo aprobó el referendo, inmediatamente le mejoraría la calificación a Colombia porque diría: Colombia no solamente ha tenido un tradicional buen manejo de la economía, sino, por sobre todo, una gran responsabilidad de su pueblo. Para mi este es un gran intangible del referendo.

Doctor Rafael, doctor Mauricio, muchas felicitaciones por esta gran tarea, todos se las agradecemos y muchas gracias.

 
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