CONDECORACIÓN
CON LA MEDALLA JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ AL MÉRITO
JUDICIAL A LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Diciembre
14 de 2004 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Hago presencia esta tarde para rendir mi
homenaje a la justicia, sin la cual es imposible construir el lazo
vinculante que ate a un
ciudadano con el otro, a cada uno con el todo y forme la Nación
a partir de la individualidad.
Había escrito unas palabras para referirme a este acto de
condecoraciones, pero la brillante intervención del magistrado
José Alfredo Escobar Araújo, me obliga a referir unos
comentarios con el mayor respeto en relación con la justicia
de la Patria.
El Fiscal General de la Nación empezó la tarea por
introducir el régimen acusatorio. En la primera etapa de esa
reforma constitucional tuvo todo el apoyo de la administración
del presidente Pastrana y en la segunda etapa ha contado con todo
el apoyo de la actual administración.
Un paso bien importante, que incorpora la
oralidad, que además
separa al fiscal de la tarea de fallar instancias intermedias, lo
consagra exclusivamente a investigar, con lo cual se tiene mucha
eficacia en la mayor eficacia de la justicia.
Por supuesto, está gran transformación se aplicará escalonadamente.
Empezará en Bogotá, en el Eje Cafetero. Ha requerido
la actualización de los códigos y recursos presupuestales
importantes que, en medio de la escasez, hemos logrado, en compañía
del Congreso de la República, arbitrar. Es un buen paso que
ha dado Colombia.
Hemos estado estudiando otros aspectos de
reforma a la justicia. No es fácil, porque si algo hay que manejar delicadamente
en Colombia es la relación entre las ramas de poder, relación
que finalmente institucionaliza o desestitucionaliza a la Nación.
Cuando nosotros procedemos con paciencia,
tenemos toda la franqueza para proponer lo que pensamos, pero también toda la receptividad
para escuchar las voces opuestas, demoramos la presentación
de los proyectos para construir consenso, es porque queremos contribuir
a la armonía entre las ramas, que es la base sobre la cual
se funda la institucionalidad.
Ahora estamos en frente de la Ley Estatutaria.
Si bien desde el punto de vista de la descongestión de la justicia es mucho
lo que se puede hacer con simples decisiones de la misma justicia,
con apoyos del Gobierno Nacional y con recursos presupuestales, hay
otros puntos, como el de la desjudicialización de las pequeñas
causas, que requieren que avancemos en reformas. Por eso la necesidad
de este tipo de reformas.
Reclamaba el magistrado Escobar Araújo que una de las maneras
de descongestionar la justicia es por la vía de la conciliación
y de la transacción. Estoy de acuerdo. Pero el país
se lleno de pánico y va a tomar tiempo para curar ese pánico.
Cuando este Gobierno empezó, teníamos en pleito todas
las concesiones viales de primera generación, los contratos
de asociación que se habían suscrito con Telecom, concesiones
de aeropuerto, ferroviarias. Con eso no hay posibilidades de construir
confianza en la inversión y nadie se atreve a dar pasos hacia
la conciliación.
Nosotros hemos buscado abrir pasos hacia
la conciliación,
hacía las transacciones. Desde un principio expresé a
mis compañeros de Gobierno: hay que en lo posible acelerar
transacciones para construir confianza en la inversión en
Colombia. Para que no todo se convierta en un litigio.
Y esas transacciones deben soportarse en
tres pilares: ceñimiento
absoluto al ordenamiento jurídico. Toda la delicadeza y el
cuidado para garantizar la justicia conmutativa en las prestaciones
de las partes. Y confianza a la ciudadanía.
A lo cual ayuda inmensamente publicitar esas
transacciones, permitirle a la ciudadanía que las conozca, una vez estén
acordados los textos, antes de ser perfeccionados los acuerdos.
Así lo hemos hecho. Hemos resuelto bastantes problemas de
concesiones. Hemos resuelto bastantes problemas de los que afectaban
a Telecom. Nos falta mucho. Y lo hemos hecho además con todo
el respeto a la institución de la justicia.
Por ejemplo, el honorable Consejo de Estado ha anunciado al mediodía
la revocatoria de la transacción sobre la concesión
Comsa. Un pleito desde la adjudicación hace dos administraciones
presidenciales.
El Gobierno Nacional ha buscado, con toda
la buena fe, desatrancar ese proceso que necesita el país.
Y nos proponemos, primero, lo elemental, recibir la sentencia del
Consejo de Estado, la providencia,
con todo el respeto, acatarla plenamente.
Segundo, reaccionar con alternativas constructivas
para el país.
Buscar en lo inmediato que esos recursos que se han venido recaudando
en el peaje, que ya suman 160 mil millones, podamos aplicar rápidamente
una suma de esos recursos para reparar la carretera del Magdalena
Medio, que está muy destruida. Segundo, en 60 días
abrir una nueva licitación, tramitarla y adjudicarla con toda
la transparencia.
Quiero recordarle al país que hemos venido exigiendo la audiencia
pública en estos procesos que, en aras de la transparencia,
por ejemplo, la concesión de Bogotá a Girardot fue
adjudicada en una audiencia televisada de seis horas, después
de un largo período de discusión.
Y finalmente, en esto de Comsa, cumplir con
las instrucciones del Consejo de Estado para la liquidación del contrato que entró en
litigio desde sus comienzos.
Respetamos la justicia. Le buscamos alternativas
al país.
Deseamos sí que el Consejo de Estado nos dé instrumentos
jurídicos, para poder aplicar de inmediato los recursos que
están en la fiducia, para poder abrir de inmediato la licitación
para las obras, y que eso no vaya a depender de que previamente se
agote el proceso de liquidación del antiguo contrato.
Una lección, punto fundamental para curarle el miedo a las
transacciones, es que los contratos nazcan transparentes. Arbolito
que crece torcido se queda torcido. Es muy difícil, cuando
los contratos no nacen con absoluta transparencia, enderezarlos en
el camino.
Hago ese llamado al oído de todos
mis compatriotas.
Nos toca, además de la Ley Estatutaria, insistir en el tema
de reforma constitucional. Ahí hay dos temas fundamentales:
el Consejo de la Judicatura y la tutela.
Déjenme hablar sin rodeos, pero con inmenso respeto. Yo propuse,
como candidato presidencial, eliminar el Consejo de la Judicatura.
Lo dije abiertamente, doctor Escobar Araújo, en ningún
momento para echar para atrás en aquello de la independencia
de la justicia.
Aprendí con los magistrados y jueces
de mi tierra que era posible que ellos mismos administrasen la
justicia con absoluta independencia,
sin tener que crear estos entes.
Entonces, buena o mala mi propuesta, aceptada
por algunos, discutida por otros, sí pido que por lo menos
se supere un punto: que no haya dudas del respeto del Gobierno
a la independencia de la justicia.
Ese es un paso muy importante que ha dado la Patria y que no vamos
a hacer nosotros en este Gobierno los promotores de reversarlo.
Confío que concertadamente, concediendo la razón o
reclamándola, en un proceso analítico totalmente desprevenido,
podamos llegar al mayor nivel de consenso sobre esta materia.
Se han abierto algunas alternativas que se
están estudiando,
se han discutido ampliamente con el Consejo Superior de la Judicatura,
con las diferentes Cortes, y creo que todos, aportando nuestro granito
de arena, podemos construir ese consenso.
Nadie discute la tutela. Si ustedes me preguntaran,
compatriotas, cuál es en mi concepto el principal problema de la Patria,
diría: la falta de credibilidad en las instituciones. Y es
lo primero que hay que recobrar.
Ha ayudado inmensamente la tutela a recobrar
la credibilidad en la institución superior, que es la Constitución. La
tutela ha logrado que la Constitución pase de ser un cuerpo
abstracto, en ocasiones inerte, a un cuerpo dinámico, totalmente
asible por el pueblo colombiano.
La revisión de tutela. Incluso a mí me sorprende que
muchos de los que se oponen a que la Corte Constitucional la revise,
cuando como funcionarios públicos se convierten en los sujetos
pasivos de una tutela, inmediatamente dicen: necesito que la Corte
las seleccione entre las que va a revisar. Atacan la instancia de
la revisión de la tutela, mientras en su propio interés
no necesite que la Corte Constitucional la revise.
Por eso estos temas hay que manejarlos tan
desapasionadamente, tranquilamente. Creo que ahí el tema es el de unas Cortes que, estando en
el mismo nivel de la estructura del Estado, nos tienen que ayudar
sobre qué pasa con las sentencias de las unas y la competencia
de revisión de las otras.
Punto bien delicado. Llamaría también la atención
para que, en este intervalo de vacaciones de la justicia, todos reflexionemos
desprevenidamente sobre el tema.
Se refirió el honorable magistrado Escobar Araújo
a la Ley de Alternatividad.
Déjenme hablar de la oportunidad de uno de los principios
generales de esa ley y de la propuesta del magistrado Escobar Araújo
sobre el tribunal especial, que en su concepto no se debe crear,
sino que esa competencia se debe radicar en la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, como acabamos de escucharle.
La oportunidad. En un país con 50 mil terroristas, que llegó a
tener 180 mil hectáreas de droga y desconfió porque
muchas veces los terroristas utilizaron los procesos de paz como
oportunidades para afianzarse en el terrorismo y derrotar las instituciones,
un marco legal anterior a hechos de paz es muy difícil de
adoptar.
Se genera cualquier cantidad de suspicacias.
La ciudadanía
no tiene certeza de que ese marco vaya a servir para producir hechos
de paz.
Otra cosa es cuando se dan hechos de paz.
Hemos logrado que se mejore sustancialmente el cumplimiento del
cese de hostilidades por parte
de los grupos mal llamados paramilitares. Se han presentado unas
desmovilizaciones importantes. En este Gobierno se han desmovilizado
cerca de 10 mil integrantes de todos estos grupos. Alrededor de 5
mil de las Farc, los que se están desmovilizando de los paramilitares
y algunos del ELN.
Con los hechos de paz que se vienen dando,
ya se facilita entrar a producir ese marco jurídico.
Ahí hay que tener en cuenta dos o
tres puntos fundamentales. El equilibrio y los destinatarios.
El equilibrio debe ser un equitativo balance entre paz y justicia.
Equidistante. Tiene que tener un concepto de paz, pero distanciarse
de la impunidad. Y tiene que tener un concepto de justicia, pero
distanciarse del sometimiento.
Un proceso de paz en la Colombia de hoy,
con la Constitución
de hoy, con las normas jurídicas de hoy, con los tratados
internacionales que hemos adherido, tiene que ser un proceso sin
impunidad. Pero para que sea proceso de paz requiere ser algo diferente
a una política de sometimiento.
He ahí, pues, una reflexión bien importante que hay
que hacer para adoptar ese marco jurídico.
Los destinatarios deben ser todos los grupos.
Quiero llamar la atención
sobre esto: algún sector de la doctrina política durante
muchos años expresó en Colombia que el delito del guerrillero
siempre era político y el de paramilitar siempre era un delito
ordinario.
Se dijo que el del guerrillero era político porque estaba
en contra del orden establecido, y que el delito del paramilitar
siempre era ordinario porque quería defender el orden establecido
o defenderse a sí mismo.
Creo que esos criterios están rebasados por la evolución
de los hechos. Que son anacrónicos. Que en ambos casos se
está por fuera del ordenamiento jurídico. Y estar por
fuera del ordenamiento jurídico es simplemente estar en contra
del ordenamiento jurídico.
Por eso pienso que hoy no es factible hacer la diferencia entre
el delito cruel, atroz, del guerrillero y el delito cruel, atroz,
del paramilitar. Ambos son atroces. A ambos hay que darles el mismo
tratamiento.
Por eso quiero invitar a todos mis compatriotas
a que pensemos que ese marco jurídico lo tenemos que concebir con todo el equilibrio
para que sea útil frente a todos estos grupos.
No se puede pensar que a un grupo hay que
llevarlo per se, porque sí, a la guillotina, y al otro grupo
hay que concederle la impunidad. Necesitamos todo el equilibrio.
A mí no me gusta rechazar propuestas. Mi actitud siempre
es deliberar en busca de opciones. Creo en una Colombia en profundo
debate democrático. En una Colombia en la cual la deliberación
sirva para hallar opciones.
Aquí vi que premiaron ahora a distinguidos jueces y juezas
de la República por esa tarea de estar conciliando. Y esa
tarea sí que nos enseña que en la deliberación
hay que buscar opciones. Que hay que tener una mente muy abierta
para encontrar opciones. Que el debate no puede ser un debate ácido,
de antagonismos insuperables. Que el debate siempre tiene que orientarse
a la búsqueda y al hallazgo de opciones. Por eso he creido
que tenemos que discutir estas propuestas con toda receptividad.
Sin embargo, honorable magistrado, déjeme proponerle una
inquietud, no un rechazo a la propuesta: un tribunal de un proceso
de paz es un tribunal con un elemento político, el inherente
al proceso de paz, que rebasa el imperativo puramente jurídico,
que debe guiar a la Sala Penal de la Corte Suprema en un tema distinto
a un proceso de paz.
Me surge esa inquietud, pero me parece que su propuesta hay que
discutirla ahora. Que dentro del marco de alternatividad debe definirse
ese tribunal.
Seguridad Democrática y justicia. La Seguridad Democrática: ¿por
qué la llamamos democrática?
América Latina la recorrió durante un tiempo la doctrina
de la seguridad nacional. Se utilizó para castigar al disidente,
para aporrear a quien pensaba de manera contraria a aquellos que
ejercían el poder.
Nuestra Seguridad Democrática es para todos. Para el sindicalista,
para el empresario, para el trabajador, para el propietario. He dicho,
he pedido a la Fuerza Pública, que siempre, para consolidar
esta Seguridad Democrática, la Fuerza Pública tiene
que estar por encima aun del Ejecutivo. Por encima de que lo que
es la emulación política.
Y que para esta seguridad sea democrática, enraizada plenamente
en la aceptación del pueblo colombiano, hay que cuidar por
igual al más duro de los opositores al Gobierno o al más
convencido de las tesis del Gobierno.
Esta seguridad para ser democrática tiene que estar sometida
a la justicia y al ordenamiento jurídico. Esa es la primera
relación. Y la segunda: en la medida que esta seguridad produzca
resultados, va ayudarle a la justicia a ser más eficaz.
Simplemente un escenario: con la tasa de
criminalidad de Inglaterra, aquí debería haber 200 homicidios al año. A
principios de los años 2000, se presentaron 30 mil homicidios
al año. No hay aparato de justicia en el mundo que funcione
con 30 mil homicidios, más 3 mil secuestros, más las
masacres.
Los resultados de la Seguridad Democrática se van produciendo.
Falta mucho. Falta muchísimo. Pero el año pasado tuvimos
un descenso de homicidios del 20 por ciento. Este año va por
el 14. El año pasado tuvimos un descenso del secuestro del
27. Este año los secuestros extorsivos han descendido por
encima del 50.
Creo que ese efecto disuasivo de la Seguridad
Democrática
sobre la criminalidad, tiene que ayudar finalmente a que la justicia
sea más eficaz. Por eso hago una relación mutuamente
dependiente entre justicia y Seguridad Democrática.
La justicia se impone sobre la Seguridad
Democrática y la
Seguridad Democrática produce una acción de réplica
que le ayuda a la justicia a ser más eficaz.
Tenemos inmensas dificultades con la delincuencia
organizada. Pero la hemos venido derrotando. Los indicadores en
este país,
un país libre, es que aquí hemos adelantado la política
de Seguridad Democrática, a diferencia de otros países
de América Latina, sin guerra sucia.
Le he dicho a la Fuerza Pública que esta batalla contra el
terrorismo hay que ganarla con eficacia, agresividad y transparencia.
Sin guerra sucia, con plena adhesión a los Derechos Humanos,
sin limitar las libertades públicas.
Recuerdo otros países de nuestra América Latina cómo
limitaron las libertades públicas en nombre de la lucha contra
el terrorismo. Aquí no. Esas libertades públicas que
se ejercen plenamente en Colombia impiden distorsionar indicadores.
Los indicadores de delincuencia han venido empezando a ceder en Colombia.
Por supuesto, el principal esfuerzo en materia
de prevención
tiene que ser el esfuerzo educativo. Por eso nosotros estamos empeñados
en la Revolución Educativa, que es lo que finalmente construye
una sociedad con igualdad de oportunidades, presupuesto necesario
para el acatamiento general de los ciudadanos al ordenamiento jurídico.
Creo que ese es el gran componente preventivo.
Nos ha tocado trabajar con unos recursos
muy escasos. Por eso al mirar los recursos de la justicia, creo
que hay que mirarlos en el
marco de las cuentas fiscales de la Nación.
El país estaba inviable fiscalmente. Todavía hay muy
serios nubarrones. Por ejemplo, en el Gobierno Nacional central todavía
no hemos logrado lo mínimo, que es un superávit primario,
cuando ya Brasil lo tiene de 4 puntos.
Para obtener ese superávit primario,
tenemos que consolidar al Gobierno Nacional central con las empresas
descentralizadas, con
las entidades territoriales.
Déficit fiscales del 4.2 ó 5.3,
con endeudamientos del 54 por ciento del PIB y servicios de deuda
del 40 por ciento
del presupuesto, dificultan mucho la disponibilidad de recursos.
Hemos tenido muy serias dificultades para
la financiación
general del Estado, pero hay toda la buena voluntad de ir concertando
salidas.
Así como lo hemos hecho para apoyar con recursos la implementación
del régimen acusatorio y también hace poco en un gran
foro en Pereira, presidido por el señor Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, que aquí nos acompaña, pudimos
reiniciar nuevamente los diálogos que nos permitieron llegar
a un acuerdo sobre las asignaciones salariales de un sector de magistrados
y de fiscales.
Ahí vamos dando pasos, en medio de
dificultades y de restricciones, pero creo que los vamos logrando.
Quiero defender respetuosamente la fusión de los ministerios
del Interior y de la Justicia. Es que son dos Colombias para este
efecto. La anterior a la Constitución del 91 y la de ahora.
Antes de la Constitución del 91, si no estoy desacertado,
en la estructura del Ministerio de Justicia se encontraba un cargo,
una jerarquía: la Dirección Nacional de Instrucción
Penal Criminal. Estaba en la estructura, dependía totalmente
del Ejecutivo. Eso se eliminó en la Constitución del
91. Se creó la Fiscalía en el nivel del Presidente.
Más todos los otros pasos en dirección a la independencia
de la justicia.
Es distinto un Ministerio de Justicia cuando
la justicia depende tanto del Ejecutivo, como dependía antes de la Constitución
del 91, a un Ministerio de Justicia post-Constitución del
91, cuando hay una justicia independiente. Hoy es más de coordinación,
de diálogo.
Y el del Interior. Es distinto un Ministerio
del Interior con un país centralizado, sin elección de gobernadores y sin
elección de alcaldes, que un Ministerio del Interior después
de la descentralización de la Constitución del 91,
de la elección de alcaldes, del Gobierno del presidente Betancourt,
o de la elección de gobernadores, del Gobierno del presidente
Gaviria.
Y déjenme expresarles, con todo respeto, que hoy la relación
del Ministerio del Interior y de Justicia con el orden público,
no es una relación tan directa como la tiene que tener por
ejemplo el Ministerio de Defensa.
Porque me ha sorprendido que algunos han
dicho que con esa reforma se afectó la independencia. Al contrario, se respetó la
independencia.
Y además, en esta situación fiscal, uno no debe hacer
una reforma administrativa si no da ejemplo. El país había
expedido la Ley 617 y había exigido una profunda reforma de
departamentos y municipios, y la Nación no la hacía.
Nosotros empezamos por reformar la Presidencia,
para ahorrarnos allí el 26 ó 30 por ciento de los egresos. Seguir con
algunos ministerios. Hemos reformado 160 instituciones, empezando
por Telecom, Ecopetrol, el SENA, etcétera.
¿Para dónde iban las finanzas públicas? Telecom
estaba perdiendo 500 mil millones al año. No tenía
con qué pagarles a los jubilados. Eso se lo iba a reclamar
al Ministro de Hacienda (Alberto Carrasquilla), sumárselo
al déficit fiscal de la Nación. Este año da
más de 800 mil millones de utilidad, lo que le permite pagarle
500 mil millones a los jubilados que están a cargo de la antigua
Telecom en liquidación y reiniciar un proceso de inversiones
en toda la Patria.
Creo muchísimo en la independencia de las ramas y en su relación
armónica. La relación armónica exige un diálogo
permanente. No se puede romper el diálogo. Y el puente del
diálogo hay que mantenerlo. Francamente.
Es que en nombre de la discrepancia uno se
puede aislar, para volverse un tirapiedra. Ni en nombre del diálogo, uno debe perder la
franqueza. No. Hay que tener diálogo con franqueza. Discrepancia
con diálogo. Buscando los intereses de la Patria, buscando
opciones.
Qué bueno que así como le hemos dado hoy una medalla
a los jueces y juezas, dedicados a estimular procesos de conciliación,
nos ganemos la medalla de ser capaz de lograr un acuerdo entre el
Ejecutivo, el Congreso y las Altas Cortes para las reformas que faltan
a la justicia.
Discrepancia creativa, discrepancia con permanentes
fuentes de diálogo
y siempre mirando cómo, a partir de la discrepancia, construimos
la opción que más le favorezca a Colombia.
Muchas felicitaciones, distinguidos presidentes
de nuestras Altas Cortes, distinguidos magistrados, distinguidos
jueces y juezas. Ustedes
son los Soldados de la Ley. Y sin la Ley no hay virtud y sin virtud
perece la República, como lo dijera bellamente El Libertador
en el mensaje a Ocaña.
Quiero desear a todos ustedes, a sus familias,
una Feliz Navidad. Y desear con todos ustedes, para el bienestar
de las nuevas generaciones
de colombianos, que el año 2005 nos acerque definitivamente
al rescate de la seguridad. Muchas gracias”.
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