CONMEMORACIÓN DEL
DÍA DE LA RAMA JUDICIAL
Diciembre 13 de 2005 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Hace poco tuve oportunidad
de acudir al edificio de la justicia de la Patria,
con ocasión de una nueva
conmemoración de la luctuosa fecha del holocausto
de la justicia a rendir tributo a los héroes que
fallecieron en aquel holocausto. Servidores de la justicia
que el país nunca olvidará.
Hoy, tengo la oportunidad
de regresar a esta sala de audiencias de la Corte Suprema
de Justicia, a participar
con ustedes, del homenaje que se le rinde a los actuales
servidores de la justicia por su abnegada y patriótica
labor.
Los condecorados
representan las virtudes del juez colombiano: honradez,
dedicación, abnegación, respeto
a la ley, respeto al estado de normas, respeto a una
estructura de instituciones independientes, pero que
tienen que colaborar armónicamente.
Como lo recordaba
el doctor José Alfredo Escobar
Araujo, Presidente de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, la independencia de las ramas
del poder es fundamental para poder constituir el estado
de leyes y la colaboración armónica entre
ellas es fundamental para la gobernabilidad y no solo
para ella, sino también para la eficacia y la
eficiencia del Estado en su conjunto, en el cumplimiento
de sus deberes con la comunidad.
Quiero felicitarlos
pues, en este día que Colombia
tradicionalmente dedica a honrar a distinguidos servidores
de la justicia y a poner sobre el pecho de ellos, la
condecoración José Ignacio de Márquez
que honra la memoria de aquel Presidente, ejemplo de
virtudes democráticas, ejemplo de acatamiento
a la justicia, ejemplo de dedicación a la promoción
del civismo y a la promoción de la permanente
reconciliación entre los colombianos.
Indudablemente el
tema de la administración de
justicia es un tema fundamental en un país como
Colombia, caracterizado por los elementos que configuran
una democracia moderna, caracterizado por una lucha por
la seguridad con alcance democrático, caracterizado
por una lucha por el respeto eficaz a las libertades
públicas, por la construcción permanente
de cohesión social, por un ejercicio que busca
que todos los días haya más transparencia,
especialmente en el ejercicio de las tareas públicas
y caracterizado por el respeto a la independencia de
las instituciones que integran el Estado de Derecho.
Hemos hecho esfuerzos
bien importantes para mejorar condiciones de remuneración de magistrados de
tribunales, de fiscales, de jueces. Procesos dispendiosos,
reclamos a los que no era fácil de responder por
la situación fiscal de la Nación y lo hemos
logrado en un proceso dedicado de concertación
con la administración de justicia.
Hemos logrado avanzar
para que el país tenga,
a partir del próximo mes de enero 290 jueces administrativos
que ya cuentan con la debida partida presupuestal.
Hemos hecho esfuerzos
muy importantes para buscar cooperación
internacional para que funcione el sistema penal acusatorio,
para financiar con el presupuesto de la Nación
los mayores recursos que exige, sobre todo en ésta
primera etapa las de implementación del Sistema
Penal Acusatorio –uno de los logros más
importantes, de las innovaciones más trascendentales,
de la justicia de nuestra Patria-.
Con el Consejo Superior
de la Judicatura, el Ministro del Interior y de Justicia,
el doctor Sabas Pretel de
la Vega –quien no nos acompaña porque esta
terminando una visita oficial al Reino Unido- y la señora
viceministra (del Interior), la doctora Ximena Peñafort,
adelantan una tarea bien importante para poder avanzar
en propósitos de descongestión, en tareas
que nos permitan mayor celeridad en la extensión
de dominio, para implementar la oralidad en lo laboral –que
es uno de los grandes anhelos en la reforma de justicia
en Colombia-, para avanzar en temas de revisión
de lo civil y lo agrario, en general del programa de
descongestión.
Sobre el Sistema
Penal Acusatorio quiero decir lo siguiente. En primer
lugar, reconocer que es una de las reformas
más atrevidas, más innovadoras que se han
introducido en Colombia. Es una verdadera reforma estructural
en materia de justicia penal.
La implementación no es fácil, ha demandado
mucha capacitación, ha demandado más cooperación
de la Policía, de todas las entidades del Estado
y también ha demandado más recursos.
Hay que hacer ajustes
permanentes, como hemos hablado con el señor Fiscal General de la Nación
(Mario Iguarán Arana) y entonces, en alguna ciudad
se queja la comunidad porque ha habido aumento en el
robo de vehículos debido a instituciones como
la excarcelación, etc. Todo eso es corregible
en la medida que ese proceso de implementación
se administre con una actitud dialéctica, con
una actitud receptiva a los cambios que hay que introducir.
Y se presentan resultados
muy buenos en disminución
de tiempos procesales. Por ejemplo, el tiempo procesal
para el hurto –en las ciudades donde se ha implementado
el Sistema Penal Acusatorio- presenta una disminución
del 93 por ciento. El tiempo procesal para lesiones personales,
del 84 por ciento. Para el tema de tráfico de
importación de armas, del 92 por ciento. Del 78
por ciento para el tráfico y consumo de estupefacientes.
Y el 90 por ciento para homicidios.
Dos mil 343 servidores
públicos se preparan ahora
para seguir avanzando en ésta tarea, cuando a
partir del próximo mes de enero, otras ciudades
de la Patria empezarán a experimentar el Sistema
Penal Acusatorio.
Indudablemente hay
temas allí –todavía-
de escasez presupuestales que el Gobierno Nacional no
es indiferente a esa situación y hemos buscado
con el Fiscal General de la Nación, como atender
uno u otro reclamo.
Para hablar de reformas
de la justicia, lo primero que tiene que hacer el Gobierno
o su vocero –en este
caso mi persona- es reiterar el principio de respeto
total a la autonomía de la justicia. Cuando hemos
hablado de reformas al Consejo Superior de la Judicatura,
ha sido de reformas al ente, en ningún momento
a la institución y autonomía de la justicia.
Creo que a pesar
de grandes avances, de eficiencia en muchos resultados,
caben unas reformas importantes y
caben en la estructura del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchos de los magistrados son consientes de esa reforma
y pienso que, con buena voluntad, en un proceso de construcción
de consensos, se pueden lograr.
Hay otras reformas,
que hay que irlas buscando todas, a través de construcción
de consensos.
En un país de instituciones independientes, en
un país donde todos los días hay que profundizar
el respeto por la Constitución y por la justicia,
reconozco que ninguna reforma de esta naturaleza se puede
pretender implementar sin antecederla del mayor esfuerzo
para lograr el más alto nivel en la construcción
del consenso.
Es muy importante
que nos podamos reunir Gobierno y Altas Cortes para
hacer el inventario de las reformas
que se requieren en la justicia y construir el consenso
a ver cómo se introducen por ese mecanismo, el único
posible en un Estado de instituciones independientes.
Hay discrepancias
entre las Cortes sobre algunas instituciones, el único camino es el entendimiento entre las
Cortes. Debemos buscar cómo, para que la autonomía
de las justicia sea cada vez más real, le entregamos
independencia en el manejo de los recursos, pero diría
que eso no es suficiente. Hay que buscar fuentes de recursos
propios para la administración de justicia.
Nada logramos con
consagrar la plena independencia en el manejo de los
recursos, que hoy yo diría, la
justicia tiene independencia para manejar los recursos,
el problema con el Gobierno Nacional y con el Congreso
no es sobre el manejo de los recursos sino sobre los
montos asignados. Y esa definición sobre montos
no es una limitación que se impone por capricho
del Gobierno o del Congreso, sino por la escasez de recursos
presupuestales.
Yo confiaría que, en la medida que encontremos
rentas propias para la justicia y vamos configurando
un fondo de autonomía en financiación de
recursos para la justicia, va siendo menos difícil
la definición de los montos que requiere la justicia.
Por supuesto, eso
no se puede desvincular de otros temas de gran trascendencia
como es el tema de las finanzas
nacionales. Yo quiero que ustedes piensen también
en esas finanzas nacionales, porque si bien hemos superado
algunas de las dificultades, los problemas de las finanzas
nacionales siguen siendo muy agudos.
Este país, en poco tiempo, saltó de
un endeudamiento del 12,16 por ciento del PIB, a un
endeudamiento
del 56 por ciento del PIB.
Recuerdo agosto – septiembre del 2002, prácticamente
teníamos cerrado el acceso a los bancos multilaterales,
los TES –que son unos papelitos que coloca el Gobierno
en el mercado local- estaban en crisis, la gente no quería
invertir en ellos. La tasa de interés se había
subido al 17 por ciento.
Hemos logrado que ese endeudamiento baje al 44 por ciento,
pero no es suficiente, hay que ponerlo por debajo del
40 por ciento.
En muy pocos años, este país saltó de
unas finanzas públicas prácticamente en
equilibrio, a un déficit que en agosto de 2002
se proyectaba en el 4.2 por ciento del PIB y no había
manera de financiarlo. ¿Por qué? Porque
cuando crece el déficit y hay espacios para financiarlo
con endeudamiento, los gobiernos generalmente acuden
a ese mecanismo. Pero cuando coincide un altísimo
déficit, un altísimo endeudamiento y se
cierran las fuentes para seguir financiando ese déficit,
se presenta una crisis muy severa que es la que nosotros
debimos afrontar en aquel momento.
Hemos tomado una
serie de decisiones, entre ellas la de reformar 252
empresas del Estado. Ello nos ha obligado
a reformar 111 hospitales públicos, frenamos el
cierre de los hospitales públicos. Los hemos reestructurado,
faltan muchísimos, pero vía reestructuración
hemos salvado 111 hospitales del Estado.
El dilema ha sido:
en nombre de mantenerlos, no reestructurarlos y dejar
que se cierren o, enfrentar la gran responsabilidad
política de reestructurarlos para poder mantenerlos
abiertos y garantizar su sostenibilidad y lograr que
no estén al servicio de maquinarias politiqueras,
que no estén al servicio de privilegios, de trabajadores
o de políticos, sino al servicio real de la comunidad.
El concepto del
Estado sostenible al servicio de la comunidad, en este
Gobierno, ha sustituido el concepto
tácito que imperó en algunos lustros anteriores,
de dejar que el Estado y sus expresiones –como
los hospitales públicos- se fueran muriendo.
Toda esa reforma
nos ha permitido darle mayor sostenibilidad a entidades
del Estado y empezar a reducir el déficit.
Pero ese déficit, si bien en lo consolidado es
muy diferente a lo que había en agosto de 2004,
en el Gobierno Nacional central sigue siendo muy elevado.
En lo consolidado
ese déficit puede estar este
año alrededor del uno por ciento, muy diferente
al 4.2 de agosto de 2004, pero en el Gobierno Nacional
central ese déficit sigue siendo superior al 5
por ciento.
Ahí le quedan al país unas reformas pendientes
de gran importancia porque la mayor responsabilidad la
tiene el Gobierno Nacional central. Los recursos para
la administración de justicia, provienen del Gobierno
Nacional central. Los recursos para la Fuerza Pública,
provienen del Gobierno Nacional central. Las transferencias
para las regiones, provienen del Gobierno Nacional central.
El pago de pensiones, la inversión social, todo
eso proviene del Gobierno Nacional central.
¿
Qué nos pasó, apreciados magistrados y
respetados compatriotas servidores de la justicia? Muchas
cosas, entre ellas: el agotamiento de las reservas del
Seguro Social. Se le decía al país: ‘pongamos
cuidado que se van a agotar las reservas del Seguro Social’.
Yo creo que hicimos caso omiso y se agotaron. Se amenazaba
con la ruina de ese edificio y se le vino encima ese
edificio a este Gobierno.
Este año,
las pensiones del Seguro Social nos valen 6 billones,
los recaudos del Seguro Social ascienden
a 2 billones, los 4 billones de la diferencia los tiene
que pagar el Gobierno Nacional central. Y hemos cumplido.
El agotamiento de reservas no ha servido de excusa para
incumplirle a los pensionados de la Patria. A pesar del
agotamiento de reservas, hemos cumplido rigurosamente
el pago de pensiones.
¿Saben ustedes cuánto valen las pensiones
que paga el estado colombiano? Este año valen
16 billones y hemos logrado cumplir con esos pagos.
Allí hay un tema bien importante es el de mirar
cómo han crecido los grandes rubros de gasto del
Estado.
Sí, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en
seguridad, 170 municipios que no tenían presencia
de policía, hoy la tienen. La falta de la institución
constitucional la habían suplido terroristas de
origen guerrillero o paramilitar, financiados por el
narcotráfico.
Lo propio hemos
hecho en centenares de corregimientos y veredas, reconociendo –como reconozco- que falta
mucho en este vasto y difícil territorio y por
eso comprendo el clamor del doctor Escobar Araújo,
presidente del Consejo Superior de la Judicatura, para
que avancemos hacia la votación de juzgados en
aquellos municipios que aún no cuentan con ellos.
Ese es un paso fundamental para poder tener allí plena
presencia institucional.
Tenemos Soldados de Mi Pueblo en casi 700 municipios
de la Patria.
Los esfuerzos no
han sido poquitos, Colombia llegó a
tener 32 mil homicidios en un año, uno quisiera
hablar de cero homicidios, cuantificar el derecho a la
vida casi es un absurdo, es tan grave un homicidio como
32 mil, pero con la ayuda de Dios, este año ya
no serán 32 mil ni veintitantos mil, estaremos
por debajo de 17 mil. Sin embargo, sigue siendo una tasa
muy alta y el país tiene que hacer un gran esfuerzo
para derrotar ese flagelo.
Es posible que este
año la tasa de homicidios
no supere el 38 por ciento, el 38 por cada 100 mil habitantes.
Venimos del 66, apreciados Magistrados.
Hemos hecho un esfuerzo
muy grande en secuestros, Colombia llegó a tener 3.650 secuestros por año,
este año los secuestros extorsivos están
por debajo de 400, pero esa es una cifra todavía
enorme.
Hemos hecho un gran
esfuerzo para que nos validaran los hechos, nuestra
prédica de que la seguridad
nuestra no es una de seguridad fascista ni dictatorial
ni hace parte de los capítulos de la Seguridad
Nacional en nombre de los cuales se suprimieron las libertades
públicas y se persiguió a la oposición
en otros países.
Hemos hecho grandes
esfuerzos para que los hechos legitimen nuestra prédica de Seguridad Democrática.
Cuando este Gobierno
empezó, había 400
alcaldes que no podían ejercer en sus municipios
por la presión de los grupos terroristas. Hoy
todos pueden ejercer. En nombre de la Seguridad Democrática
nos hemos propuesto brindar seguridad a todos los alcaldes,
independientemente del origen político de su elección.
Nuestra seguridad
es democrática porque es para
todos los colombianos. El Ejército, la Policía
no son el Ejército o la Policía del gobernante
de turno ni los partidos políticos que lo apoyan,
sino de todos los ciudadanos como lo manda la Constitución.
En esta Patria nuestra,
se asesinaba a 165 dirigentes sindicales en un año, quisiéramos decirle
al mundo que ese flagelo está totalmente superado,
se ha disminuido mucho el número, pero no está totalmente
superado. Todavía este año nos han asesinado
13 afiliados a organizaciones sindicales.
En esta Patria nuestra
la libertad de prensa no se ha afectado en virtud de
acciones de los gobiernos, pero
sí por omisión de políticas de seguridad
para enfrentar a los terroristas. Quince, 20 periodistas
asesinados en un año, todavía nos asesinan,
todavía este año tenemos 2 periodistas
asesinados. Pero en la medida que continuemos esta tarea,
los indicadores tienen que ir mejorando.
¿
Saben ustedes cuánto ha representado el crecimiento
presupuestal en valores reales en materia de seguridad?
22 por ciento.
¿Saben ustedes cuánto
ha crecido el pago de pensiones en Colombia en el mismo
periodo? 78 por
ciento.
¿Y saben ustedes cuánto ha crecido la
inversión social, diferente a pensiones, en el
mismo periodo? 36 por ciento.
Esta mañana en una emisora de Bogotá convocaba
a las familias desplazadas que viven en la ciudad para
que se registren en el programa Familias en Acción.
Hemos estado muy
atentos para poder cumplir los mandatos de la Honorable
Corte Constitucional en materia de atención
de desplazados, haciendo todos los esfuerzos posibles
en materia presupuestal. Este año, el país
termina con 500 mil Familias en Acción, familias
pobres que reciben un subsidio para garantizar la educación
y la nutrición de sus hijos. De ellas, 100 mil
desplazadas.
Hemos encontrado
muchas dificultades, no sólo
las presupuestales sino también las de ubicación.
En la convocatoria en las grandes ciudades para que los
desplazados se registren en el programa Familias en Acción,
en promedio sólo se ha registrado el 40 por ciento
de los que aparecían censados como desplazados.
Ese tema también lo vamos a tener que revisar
para ver qué es lo que ha pasado con esos censos.
Estamos haciendo
todos los esfuerzos presupuestales posibles. En pesos
reales: en este Gobierno, el promedio
anual de atención a desplazados es de 448 mil
millones, cuando venimos de 78 mil.
El año entrante, para atender desplazados, Familias
Guardabosques y reinsertados, el presupuesto de la Nación
es de 1.5 billones. Se ha aprobado un Conpes que obliga
a la Nación colombiana, en los años que
vienen, a invertir en atención de desplazados,
en promedio, un billón de pesos al año.
Entonces tenemos unas grandes exigencias en todos los
temas.
El Magistrado Escobar
Araujo reclama más atención
a la Justicia y tiene razón, más presupuesto
para juzgados y tiene razón. Voy a Buenaventura
el jueves de la semana pasada y los mismos que dicen: ‘Uribe
se gasta la plata en la guerra’, ese día
me pedían allá más policía
para poder enfrentar el terrorismo de Buenaventura.
Y he encontrado
una cosa saludable para el país:
ya no hay exclusión entre la mayor demanda por
inversión social y la mayor demanda por seguridad.
Si algo bueno, resultado de la pedagogía de la
Seguridad Democrática, empezamos a encontrar en
Colombia, es que todos los ciudadanos, los alcaldes,
los gobernadores demandan que se lleve de la mano la
política de seguridad con la política de
inversión social. Pero, los afanes y las angustias
de los colombianos exceden en sus reclamos las posibilidades
presupuestales.
Por eso, hay que
hacer crecer esta economía,
manejar los recursos con transparencia, hacer al mismo
tiempo un gran esfuerzo por mejorar la asistencia presupuestal
a la justicia –ojalá con rentas propias-,
hacer un gran esfuerzo para continuar expandiendo la
Seguridad Democrática, hacer un gran esfuerzo
en materia de inversión social y de inversión
física. Porque, los reclamos son muchísimos.
Voy a La Mojana
a enfrentar las inundaciones –en
la tierra del Presidente de la Corte Suprema de Justicia-
y los ciudadanos reclaman atención inmediata y
reclaman bancos de materiales para reparar las casitas
y reclaman unas obras de contención de los ríos
Cauca y San Jorge –que valen más de 100
mil millones- y reclaman unos pavimentos –que valen
más de 63 mil millones- ya contratados y reclaman
presencia de la autoridad y reclaman más inversión
social.
Es un país que se nos ha atrasado mucho en todos
los frentes de inversión, pero que todos, trabajando
de buena fe, con amor por Colombia, lo vamos a sacar
adelante.
Diría yo que tenemos grandes retos. Los pueblos
necesitan visiones de largo plazo y trabajo cotidiano,
por eso le hemos propuesto a Colombia discutir democráticamente
la Visión del país 2019.
El 7 de agosto de
2019, nuestra Patria cumplirá 200
años de vida independiente, es muy importante
tener desde ya, construida por la vía del debate
democrático, una visión de la Colombia
que queremos para ese día. Plantación Nacional
entregó el 7 de agosto, a consideración
de los colombianos, lo que llamo el ‘primer borrador’.
Es un documento de referencia para discutir la visión
de país que queremos al 7 de agosto de 2019, con
metas parciales permanentes. Entre ellas, una muy importante:
la evaluación que deberá hacerse sobre
esas metas el 20 de julio de 2010, cuando cumpliremos
200 años del Grito de Independencia.
Vengo hoy a invitar
a ustedes, que regentan la justicia de mi Patria, a
que nos ayuden con la construcción
de lo que ser el anexo de visión de justicia en
Colombia para el 7 de agosto de 2019.
Que la justicia,
dentro de su autonomía, dé ese
debate y nos entregue a Plantación Nacional, lo
que la justicia considera ese documento de Visión
de país al 7 de agosto de 2019, con metas parciales,
bien importantes como aquellas del 20 de julio de 2010.
Le pediré al doctor Santiago Montenegro que esté en
permanente coordinación con los presidentes de
las Altas Cortes y al doctor Sabas Pretelt, ministro
de Interior y de Justicia, para que las Altas Cortes,
en su sabiduría, miren cómo coordinan ese
debate democrático en la justicia para poder tener
en la Visión Colombia 2019, un gran anexo sobre
la visión de la justicia.
Y eso hay que acompañarlo con el trabajo cotidiano,
nada gana un pueblo que tenga visión de largo
plazo, si no hay un gran esfuerzo de todos los días
para convertir esa visión en realidad, sobretodo
una visión exigente, una visión muy exigente
en materia de erradicación de la pobreza, una
visión muy exigente en materia de mejoramiento
del ingreso y de su distribución en Colombia.
Y nada gana un pueblo
que haga un gran esfuerzo cotidiano, si no tiene una
visión de largo plazo porque entonces,
así como no cumplir la visión por falta
de trabajo, torna la ilusión en frustración,
carecer de la visión no obstante el esfuerzo de
todos los días, crea el vacío de falta
de objetivos que es un vacío que hace dispersar
los esfuerzos de todos los colombianos.
Confío, que superados periodos, donde por la
naturaleza de los fallos que se esperaban, había
un natural distanciamiento del Ejecutivo y las Altas
Cortes, podamos sentarnos ahora, en virtud del mandato
la Constitución –que nos obliga a respetar
la independencia de cada quien, pero a trabajar armónicamente-
a construir consensos sobre las reformas que la justicia
de la Patria necesita para que esta justicia sea cada
vez más autónoma, más eficiente,
como lo añoran ustedes y como lo demandan todos
los colombianos.
Apreciados presidentes
de las Altas Cortes, condecorados hoy con la medalla
José Ignacio de Márquez,
muy distinguidos servidores de la justicia que la han
recibido: a todos ustedes muchas felicitaciones.
¡Qué gran patriota fue el presidente José Ignacio
de Márquez! ¡Qué gran demócrata! ¡Qué gran
promotor del respeto a la Ley! ¡Qué gran
promotor del respeto a la justicia! ¡Qué gran
promotor del civismo! ¡Y qué gran promotor
de la conciliación!
A todos les deseo
una Feliz Navidad, un Feliz Año
y que compenetrados todos en el objetivo de querer a
Colombia y servirla honradamente, esta Patria le depare
a las nuevas generaciones, felicidad, todas las ilusiones
posibles para desempeñarse aquí, en este
suelo sagrado de Colombia.
Muchas gracias a todos.