FORO "SOSTENIBILIDAD
DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA"
Febrero
23 de 2005 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Primero que todo quiero agradecer inmensamente
a los organizadores la buena iniciativa, en un momento oportuno
para la Patria, de
convocar a este foro. Agradecer inmensamente el espacio que le
han abierto al Gobierno Nacional, a los Comandantes, a los Ministros,
y esta invitación a instalarlo esta mañana.
No podría estar más de acuerdo con las palabras
patrióticas, valerosas, definidas, expresión de carácter
y de compromiso, que acabamos de escuchar del Presidente de la ‘Fundación
Buen Gobierno’, ex Ministro de Estado y uno de los convocantes
de este foro, Juan Manuel Santos.
Quiero referirme al tema de la sostenibilidad
desde tres puntos: el fiscal, el militar y el político.
SOSTENIBILIDAD FISCAL
El Gobierno para poder financiar inicialmente
la política
de Seguridad Democrática, dadas las circunstancias fiscales
del país, derramó por una sola vez el impuesto para
la Seguridad Democrática, a los sectores más pudientes
de la Nación. Fue un impuesto sobre el patrimonio, sobre
la riqueza. Los sujetos contribuyentes de ese impuesto fueron los
colombianos, personas naturales o jurídicas, con patrimonios
líquidos superiores a 160, 162 millones de pesos.
Es muy importante ver no sólo la temporalidad del impuesto
sino el sujeto contribuyente del impuesto. Recaudamos alrededor
de dos billones 600 mil millones. Eso nos permitió sostener
la política de Seguridad Democrática en el primer
tramo. Se pregunta por la sostenibilidad fiscal hacia adelante.
Lo que empieza a mostrar el país de recuperación
en el crecimiento, de recuperación en el recaudo, nos da
la seguridad que superada la financiación de esa inicial
temporalidad, como van a poderlo ver hoy con la presentación
del Ministro de Hacienda (Alberto Carrasquilla), tenemos las condiciones
para la sostenibilidad permanente adelante en el tiempo.
¿Qué hemos hecho? Hemos aumentado los ingresos del
Estado. En el año 2003 los recaudos crecieron un 18 por
ciento. En el año 2004, si se excluye la comparación
de la Seguridad Democrática que era un recurso temporal
y se compara simplemente el crecimiento del comportamiento del
recaudo de los impuestos permanentes con el 2003, hay otro crecimiento
del 22 por ciento.
¿Cómo hemos logrado ese crecimiento del recaudo?
La Seguridad Democrática tiene con el crecimiento de la
economía una relación de mucha implicación.
Una señal de Seguridad Democrática estimula el crecimiento,
y el crecimiento a su vez garantiza la financiación, la
sostenibilidad financiera de la política de Seguridad Democrática.
Por ejemplo, hay que ver dos temas: ¿qué ha pasado
con la inversión privada? De acuerdo con el Banco de la
República, en el año 2003 ya creció el 23
por ciento y en el año 2004 el 19 por ciento.
¿Qué ha pasado con el crecimiento de la economía?
Se han superado todos los pronósticos que incluimos en el
Plan de Desarrollo.
El Plan de Desarrollo hablaba de un crecimiento
del dos, dos y medio para el 2003. Y rayó el cuatro. Hablaba un crecimiento
del dos y medio, tres, para el 2004, y todavía no se ha
cerrado. Pero tenemos indicadores como éste: en la industria
el crecimiento fue entre el 6 y el 7. En el comercio fue muy cercano.
En la agricultura, a pesar de unas dificultades, en agricultura
lícita debe ser superior al tres y medio.
No vamos a mostrar el crecimiento que hubiéramos querido,
estábamos apuntando al 5 por ciento, fundamentalmente por
el tema de obras públicas, donde ha habido unos problemas
fiscales, unos problemas de trámite que esperamos ir superando.
¿Y qué ha pasado con la base de contribuyentes?
Ese es otro de los puntos básicos de este Gobierno para
aumentar ingresos. Nosotros nos propusimos pasar de 320 mil contribuyentes
del año 2002, a dos millones de contribuyentes en el año
2006. Terminamos el año 2004 con 730 mil contribuyentes.
Pasamos de 320 a 730 y aspiramos terminar este año con millón
y medio de contribuyentes. Tenemos mucha fe en el programa antievasión
de la DIAN, el programa Muisca. Creemos que allí hay un
avance bien importante.
¿Qué ha pasado con el gasto militar? En su relación
con el PIB, ha pasado del 3 al 3.3. O sea que ha sido un crecimiento
absoluto muy importante, pero un crecimiento relativo frente al
PIB, prudente. Porque cualquiera se imaginaría que nos hemos
desbordado en el gasto militar al ver las cifras absolutas. Pero
cuando se le aprecia en cifras relativas frente al PIB, aparece
una evolución prudente.
¿Y qué ha pasado frente al gasto militar frente
al presupuesto? Pasó inicialmente del 11.2 del presupuesto
al 12.7. Pero este año baja al 12.2. Entonces vemos que
ha crecido en este Gobierno del 11.2 al 12.2 sobre el presupuesto.
Nosotros nos hemos dado a la tarea de reducir sustancialmente los
gastos de personal y los gastos generales del Estado. Esos gastos
en términos reales se han reducido en un 6 por ciento.
Tenemos este año tres crecimientos: en seguridad, en pensiones
y el presupuesto de inversión en infraestructura, que estamos
buscando recuperarlo, e inversión en el área social,
donde, por ejemplo, después de haber completado un crecimiento
de 4 millones 900 mil colombianos en el régimen subsidiado
de salud, este año estamos buscando llegarle mínimo
a otros dos millones de colombianos.
Porque hay un punto esencial: en los Estados
de opinión,
hay que llevar la política de seguridad de la mano de la
política social. No se pueden presentar como excluyentes.
Creo que ese es un punto político bien importante a considerar
en nuestra Patria. El Gobierno es conciente que la una tiene que
ir de la mano de la otra. Tienen un impacto conjunto en la aceptación
popular a la política de seguridad y también una
relación de mucha implicación.
¿Por qué? Porque si la política de seguridad
es efectiva, se posibilita el crecimiento que permite la financiación
de la política social. Y si la política social es
efectiva y empieza a mostrar resultados, entonces eso le da enorme
legitimación a la política de seguridad. También
tienen una mutua implicación.
Para la sostenibilidad financiera es muy
importante ver qué ha
pasado en gastos del Estado, en el nivel central de la Nación
y en las empresas de la Nación. Porque generalmente se mira
solamente el nivel central de la Nación.
El déficit del nivel central de la Nación se ha
reducido en un punto del PIB, no obstante que este año tenemos
que pagar cuatro billones al Seguro Social por el agotamiento de
las reservas. A este Gobierno le ha correspondido enfrentar el
agotamiento de las reservas. Durante muchos años se habló en
Colombia de que se agotarían las reservas del Seguro. No
hicimos caso. Era como estar al pie de un edificio y le decían
a las personas que estaban ahí abajo: retírense que
se va a caer. No se retiraron y se cayó.
El año pasado nos tocó girarle al Seguro Social
un billón 800. Este año el Seguro Social tiene que
pagar en pensiones seis billones, recauda dos y el presupuesto
de la Nación le tiene que trasladar cuatro.
Si ustedes me preguntaran: ¿para garantizar la política
de sostenibilidad financiera hacia delante, qué reforma
urgente se requiere? Sin perjuicio de las revisiones que haya que
hacer en materia tributaria, donde todo el mundo tiene una acepción
de lo que es reforma tributaria estructural. Yo he hecho una comparación
entre lo que pensamos los colombianos de reforma tributaria estructural
y el concepto de reforma constitucional que tenían los soldados
que salían de la Guerra de los Mil Días, de las guerras
civiles. Se terminaba una guerra civil en Colombia y en todos los
procesos de paz se hablaba de una nueva Constitución. ¿Cuál
era el problema? Que cada uno de los soldados que salía
de la guerra llevaba en su morral un concepto diferente de Constitución.
Lo mismo pasa con el tema de reforma estructural tributaria en
Colombia. Yo hablo con muchos de mis compatriotas y el uno da un
concepto de reforma estructural, el otro, el otro, pero con paciencia
ahí iremos encontrando un mejor punto de acuerdo.
El problema grave son las pensiones. Por
eso me parece fundamental que podamos aprobar en el período
legislativo, que empieza ahora el 16 de marzo y que termina en
junio, la segunda ronda del
acto legislativo pensional.
Este Gobierno en matera de pensiones ha
hecho los siguientes esfuerzos: primero, con el ex ministro Juan
Luis Londoño que en paz
descanse, el Congreso nos aprobó la primera reforma pensional,
diciembre de 2002. Después hicimos el gran esfuerzo en el
Referendo, fallido. Nos faltaron 40 mil votos para aprobar lo que
habría sido la reforma pensional más importante de
la vida de Colombia. El Consejo Electoral no quiso descontar cédulas
de militares, cédulas de personas muertas, cedulas de personas
que no las habían recibido. Bueno, pero uno no se puede
arredrar. Como dice Juan Manuel Santos, hay que hacer de cada dificultad
una oportunidad. Entonces empezamos a tramitar esa reforma fallida
del Referendo por un acto legislativo ordinario legislativo del
Congreso.
Se ha hecho un gran esfuerzo en otros frentes
pensiónales.
Por ejemplo la eliminación de regímenes privilegiados
de pensiones en muchas entidades del Estado. Sostuvimos durante
más de dos años un conflicto laboral en Ecopetrol.
Se pudo lograr finalmente un ladudo arbitral que desmonta privilegios
pensionales a futuro. Y así sucesivamente en muchas empresas
del Estado.
Y estamos ahora en el cuarto esfuerzo:
el esfuerzo de esta reforma constitucional, que si se aprueba
en su segundo período,
honorables congresistas, estoy seguro que le daremos mucha mayor
sostenibilidad a la política de Seguridad Democrática
desde el punto de vista fiscal. Llevada de la mano esa inversión
con la inversión social, sostenibilidad que es el tema de
este foro.
En la reducción de gastos generales,
de gastos de servicios personales, a eso hay que sumarle otro
tema: la reforma del Estado.
Nosotros hemos reformado 145 empresas del
Estado. Telecom ha pasado de dar unas pérdidas de 480 mil millones a una utilidad
de 950 mil millones en el año 2004. ¿Ustedes se imaginan,
compatriotas, que llegara el Presidente de Telecom a pedirle al
Ministro de Hacienda 480 mil millones para pagar las pensiones
de Telecom?
El cierre del IFI, la entrega de los mejores
activos del IFI a BANCOLDEX, le ahorra a la Nación 300 mil millones al año.
Una reforma tan difícil y tan importante como la de INRAVISIÓN
va a ahorrar 60 mil millones al año. Y así sucesivamente.
Emcali, con unos pasivos de dos billones, en algún momento
superiores al activo, gracias a la reforma a la que la hemos sometido,
pasó de 500 mil millones de pérdida y ya dio el año
pasado 120 mil de utilidad. Y creo que la vamos a sacar adelante.
Todas las electrificadoras en las cuales era socio mayoritario
la Nación han pasado de saldos en rojo a dar utilidades.
Todo eso ayuda muchísimo y no es fácil verlo. ¿Por
qué? Porque generalmente se ven las cifras que más
se publican, que son las cifras de las cuentas nacionales, todavía
en la etapa de no consolidarlas con empresas del Estado.
Pero tengo confianza que esa reforma va
a producir el impacto más importante y menos esperado para el saneamiento de las
finanzas públicas. Nos falta mucho. Apenas estamos empezando
la reestructuración de los hospitales públicos. Acabamos
de dar un paso formidable con la red hospitalaria de Boyacá,
la de Caldas, la del departamento del Huila. Por ejemplo, Santander,
el hospital Ramón González Valencia: insostenible,
unas pérdidas permanentes, a cada momento una súplica
a la Nación para que le hiciera un giro. Lo acabamos de
liquidar, pagamos a un altísimo costo la liquidación,
lo sustituye una nueva empresa social hospitalaria blindada, que
tendrá que garantizar equilibrio fiscal.
Porque a toda esta reforma también nos ha ayudado un concepto
político: este Gobierno no ha estado en una carrera de privatización
a ultranza sino de sostenibilidad del Estado. Hombre, por qué no
deja morir tal hospital. No. Lo importante es que lo volvamos totalmente
sostenible, que lo equilibremos fiscalmente. Entonces ha tocado
liquidar hospitales y sustituirlos por hospitales nuevos, pero
con estructura de administración totalmente blindada que
garantice su equilibrio.
A mí me decían mucho: “con el sector privado
en el área de telecomunicaciones, ¿para qué Telecom?”.
Una razón política: no podemos seguir con esa contradicción
aguda de neoliberalismo-social-burocracia. Tenemos que buscar puntos
de acuerdo en esta Nación. Entonces dijimos: el sector privado
tiene su espacio, pero nosotros tenemos que reservar instituciones
del Estado para proteger a los colombianos frente a fallas del
mercado, para poder tener quien intervenga para ayudar a racionalizar
tarifas y también para proteger a Colombia frente a la globalización
y para proteger comunidades rurales, comunidades remotas.
Yo quisiera sembrar en la mente de ustedes
un gran interés
para mirar lo que es la reforma del Estado, porque eso va a ayudar
muchísimo, muchísimo, al equilibrio fiscal de la
Nación.
¿En qué etapa estamos en este momento? Esta difícil
coyuntura de tasa de cambio nos ha puesto en la tarea, por un lado,
de buscar unas ayudas a los exportadores, pero pedagógicas,
a cambio de que sean capaces de comprar cobertura frente a tasa
de cambio. Y por otro lado, aprovechar esta tasa de cambio que
infortunadamente se ha bajado, para resolver problemas de deuda
pública.
El endeudamiento cuando empezó este Gobierno estaba alrededor
del 54 por ciento del PIB. Creo que se ha rebajado unos 8 puntos.
Hemos sustituido, aprovechando esta tendencia de tasa de cambio
-que yo no comparto y me preocupa mucho por la productividad, la
competitividad a las exportaciones pero tenemos que asumir la responsabilidad
política de aprovecharla fiscalmente-, hemos sustituido
ya 1.825 millones de deuda en dólares por deuda en pesos.
Se los desagrego: el Ministerio de Hacienda
compró el año
pasado 500 millones de dólares en el mercado, los giró afuera.
El Banco de la República nos vendió 500 millones
de dólares, los giramos afuera. Ahí van 1.000. Y
hemos hecho tres operaciones por 825 millones de esta naturaleza:
colocamos unos bonos en pesos en el mercado internacional. Eso
es muy importante. Pocos países hoy del nivel nuestro, creo
que ninguno, ha podido colocar en el mercado internacional bonos
en su propia moneda.
Hemos colocado 825 millones en nuestra
propia moneda. Recaudamos dólares, evitamos que esos dólares lleguen al país,
prefondiamos deuda. Es muy difícil el prepago, porque los
bonos colombinos están bastante valorizados. La única
posibilidad que vemos cercana de prepago es de un crédito
de emergencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que para
eso estamos, está Ministro de Hacienda concertando con el
Banco de la República otra operación.
Entonces en esos 825 millones de dólares recibimos esos
dólares, entregamos unos títulos denominados en pesos,
hemos logrado una rebaja en la tasa de interés, no captamos
pesos aquí, entonces no presionamos la tasa de interés
en el mercado local.
Esa reestructuración de la deuda en este momento, a lo
cual estamos esperando sumarle 1.300 millones de dólares
adicionales este año, es un punto fundamental para la sostenibilidad
fiscal de la política de Seguridad Democrática.
He querido traer estos temas porque algunos
de los más
distinguidos analistas todavía no se han referido en sus
análisis económicos a temas como la reforma administrativa,
la reestructuración de la deuda, la preconversión
que se está dando en 145 empresas del Estado, donde todavía
falta mucho.
SOSTENIBILIDAD MILITAR
Hemos crecido la Fuerza Pública aproximadamente en 96 mil
hombres. Tenemos Policía hoy en 168 cabeceras municipales
que no contaban con Policía. Sí, allí no había
problemas, pero vivían a merced de guerrilla o paramilitares.
Y estamos ahora atendiendo una gran cantidad de corregimientos,
que son cascos urbanos de gran tamaño que no aparecen como
cabeceras principales de municipios y que tienen la misma necesidad
de Policía.
Tenemos hoy Soldados de mi Pueblo en 598
municipios y aspiramos terminar este año con 754 municipios con Soldados de mi
Pueblo, a pesar de la dificultad que tuvimos, por ejemplo, en Iscuandé.
Esa acción ha dado un gran resultado porque compromete mucho
al joven para brindarle seguridad a su comunidad y compromete mucho
a la comunidad con sus soldados.
Dentro de un punto cardinal de nuestra
política de Seguridad
Democrática, cual es la integración de la ciudadanía
y la Fuerza Pública, el tema de Soldados de mi Pueblo es
fundamental. Eso ha forzado esa integración entre ciudadanía
y Fuerza Pública.
Nosotros hemos buscado dos conjuntos estratégicos. Primer
conjunto: aislar a los violentos, desabastecerlos, crear confianza
ciudadana y lograr total transparencia. Segundo conjunto: enfrentarles
los corredores de movilidad, enfrentarles las áreas campamentarias
y enfrentarles la retaguardia.
Hay que trabajar en todas partes. Recuerdo
las milicias ‘Antonio
Nariño’ en Bogotá, cuando era candidato a la
Presidencia, y lo que vivimos el 7 de agosto de 2002, lo que vivimos
posteriormente, se hace un gran esfuerzo para desmontarlas en Bogotá,
pero nada nos ganamos si no les afectamos los corredores de movilidad
con el Huila, con el Caquetá o con otros sectores que son
sus áreas de retaguardia. Por eso hay que trabajar integralmente
esos tres puntos que conforman este segundo conjunto.
Y en el primer conjunto rogaría
conectar las acciones concretas que hemos desarrollado con los
enunciados de ese conjunto, por
ejemplo, con el aislamiento y con el desabastecimiento.
Hemos querido trabajar con la Fuerza Pública a partir de
demostrarle a la Fuerza Pública que hay toda la voluntad
política y con muchas consignas, de las cuales quiero destacar
dos: agresividad y transparencia.
La voluntad política es fundamental. Cuando era estudiante
universitario –no voy a decir cuándo para que no haya
Gobierno que se pueda sentir aludido, advierto-, a mí me
tocó estudiar en la universidad pública, debatir
todos los días con los marxistas, con los mahoistas –para
poder combatirlos me tocó estudiar el marxismo en sus diferentes
vertientes más que el promedio de ellos-, y recuerdo que
un día les propuse esta reflexión: Colombia no ha
tenido ejércitos golpistas, pero sí ejércitos
que saben hacer operación tortuga cuando los gobiernos no
los motivan y los abandonan.
El Ejército de la Patria necesita una voluntad política
permanente en sus comandantes civiles, una gran decisión
de motivarlo. Lo indica la historia de la Patria. Nada se gana
uno con crecer en Ejército si no lo motiva. Nada se gana
uno con darle toda la posibilidad logística, si la Fuerza
Pública no siente la voluntad política en los comandantes
civiles. Por eso el tema de la voluntad política es fundamental
en esto.
Y han venido trabajándose dos consignas:
agresividad y transparencia. Hay que estar permanentemente a
la ofensiva con
toda la agresividad y proceder siempre con toda la transparencia.
Ayer me decía la Ministra de Relaciones Exteriores (Carolina
Barco): ‘Presidente, a su tesis de que aquí no hay
un conflicto sino un desafío terrorista, entre las objeciones
que le surgen, le surge la objeción de que ahora hay más
combates’. Por supuesto. Es que tenemos una Fuerza Pública
toda a la ofensiva, con toda la agresividad. Y todo el mundo en
la Fuerza Pública se acosa a ver quién va más
a la ofensiva y esa dinámica hay que mantenerla.
SOSTENIBILIDAD POLÍTICA
La voluntad política es muy importante mantenerla en todos
los momentos. Por ejemplo, la he relacionado con el acuerdo humanitario.
Por eso he dicho que hay tres puntos inamovibles para un acuerdo
humanitario, relacionados con la voluntad política que tiene
que hacerse sentir en el alma de los soldados y policías
de la Patria.
Un punto: no zonas de despeje. Pero hemos
ofrecido alternativas, hemos estado dispuestos a una embajada,
a la sede del Cardenal
en Bogotá, a una iglesia.
Segundo punto: no entrar a liberar de la
cárcel personas
condenadas por delitos atroces. Habrá que buscar beneficios
jurídicos en el momento de un proceso de paz.
Tercer punto: que aquellos guerrilleros
que lleguen a salir de la cárcel no vuelvan a delinquir. Ustedes se imaginan, ¿qué pasa
con la voluntad política que debe transmitirle el Gobierno
a los soldados cuando hoy tenemos en la selva, en situaciones muy
difíciles, 17 mil soldados de la Patria y entonces soltamos
unos guerrilleros para que vuelvan a delinquir?
Por ejemplo, el doctor Santos hablaba de
las dificultades militares que hemos tendido en los últimos días. El año
pasado tuvimos muchas, siempre las hemos tenido. El año
pasado, hombres de la Fuerza Pública, entre asesinados y
mutilados o simplemente heridos por minas antipersona, fueron más
de 600. ¿Sufriendo los hombres de la Fuerza Pública
este rigor y entonces vamos a soltar unos guerrilleros de la cárcel
para que vuelvan a delinquir?
Inicialmente, con la ministra Martha Lucía (Ramírez,
de Defensa) le dijimos al gobierno de Francia, a Naciones Unidas: ‘bueno,
si salen de la cárcel se tienen que ir al extranjero y un
gobierno extranjero tiene que asumir las funciones de tutor y garantizarnos
que no vuelven a delinquir’. Después, a raíz
de nuestras conversaciones con la Iglesia, con otros facilitadores
y a raíz del buen suceso de la estrategia de reinserción
(en este Gobierno llevamos 11.600 reinsertados: 6.000 de los paramilitares,
5.600 de la guerrilla), aceptamos al salir de la cárcel,
como compromiso para no volver a delinquir, tienen dos opciones:
o se van al extranjero bajo la tutoría de un gobierno o
se quedan en el país en el programa de reinserción.
Pero es muy importante ahí mantener un punto de voluntad
política que le transmita una señal permanente a
la Fuerza Pública. No liberar gente de la cárcel
para que vuelva a delinquir.
Y es muy importante el tema de la transparencia de la mano del
tema de la agresividad.
La transparencia y la agresividad están llamadas a producir
dos puntos fundamentales de la estrategia de sostenibilidad política:
en la medida que la ciudadanía sienta que hay una Fuerza
Pública con toda la abnegación, con todo el espíritu
de combate, con toda la garra, con toda la agresividad, la ciudadanía
se llena de confianza. ¡Y en este momento sí que se
necesita! Porque ahora estamos en el reto de mostrarle a Colombia
que tenemos que derrotar a los terroristas sin utilizar otros terroristas.
Colombia no puede proteger a su ciudadanía con paramilitares.
La protección tiene que radicarse exclusivamente en las
Fuerzas institucionales del Estado.
Entonces surgen dudas de muchas regiones
que preguntan: ‘¿y
quién nos va a proteger eficazmente si aquí los únicos
que nos protegían eran los paramilitares?’ Y eso ya
no lo preguntan en voz baja, lo escriben en periódicos,
lo dicen en emisoras, llegan a expresarlo en la televisión.
¡Sí que es importante demostrar ahora, con la agresividad
de nuestra Fuerza Pública, que Colombia es capaz de derrotar
un terrorismo sin apelar al otro. Que aquí para derrotar
a la guerrilla, para proteger a los ciudadanos, no necesitamos
renunciar a la protección institucional y entregarle ese
espacio a grupos paramilitares!
En esta coyuntura es de gran importancia la agresividad y por
supuesto la transparencia.
La transparencia nos va colocando con lo
que es el concepto básico
de Seguridad Democrática.
¿Nosotros por qué hemos hablado de Seguridad Democrática,
por qué hemos calificado la política de seguridad
con ese vocablo? Por razones históricas y por razones de
legitimidad.
¿Cuáles razones históricas? En muchos momentos,
América Latina vivió políticas de seguridad,
pero esas políticas de seguridad se dieron, no para proteger
el universo poblacional, sino para perseguir disidentes. Recordemos
el recorrido que en el Continente hizo la doctrina de la Seguridad
Nacional. Para distinguir nuestra política de Seguridad
de ese referente histórico, nosotros la hemos catalogado
como Seguridad Democrática.
Y segundo, por su significado. Esta política de Seguridad
Democrática es para proteger a todos los colombianos. Le
digo a Fuerza Pública, en privado y en público: para
dar ejemplo de que esta política es para proteger a todos
los ciudadanos, hay que proteger por igual al más fervoroso
de mis seguidores políticos, que es el representante Juan
Hurtado, o al más duro de mis antagonistas políticos,
que es el representante Wilson Borja. Y hay que protegerlos eficazmente
y con el mismo entusiasmo a todos.
Eso nos va dando una característica muy importante de sostenibilidad
política de esta acción: que es una institución
armada por encima de las ideas de los gobiernos de coyuntura.
Eso nos va conduciendo a un punto fundamental
de la sostenibilidad política: aquí no hay un Ejército, aquí no
hay una policía de Uribe, aquí hay unas instituciones
armadas de la Patria al servicio de la democracia, al servicio
de la convivencia. Ese es un punto fundamental que habrá de
darle sostenibilidad política a esta acción.
Entonces, viene ahí el tema de los derechos humanos. La
Fuerza Pública de la Patria es consciente que tiene que
derrotar este terrorismo dando un gran ejemplo en materia de cumplimiento
con los derechos humanos. Nosotros hemos negado la vía que
utilizaron otros países, que en nombre de la seguridad suspendían
las libertades democráticas y se daban licencias para violar
derechos humanos.
Si algo va a enaltecer a las instituciones
armadas de la Patria, es poderle decir al mundo: Colombia superó el terrorismo
y la acción armada se llevó con una dualidad entre
agresividad y respeto a los derechos humanos y a las garantías
democráticas.
Este tema de las garantías democráticas nos lleva
a dos cosas: a decir por qué la acción de estos grupos
es una acción terrorismo y no una acción de conflicto
político. Y a decir una segunda cosa: por qué la
Fuerza Pública colombiana, cuando el Gobierno le desconoce
a los grupos violentos el estatus de delincuentes políticos
y los califica como terroristas, por qué eso no da licencia
a la Fuerza Pública para combatirlos violando los derechos
humanos.
Alguien me decía ayer: ‘es que si no se les reconoce
como delincuentes políticos, si no se reconoce el conflicto
y si el Gobierno del Presidente persiste en denominarlos terroristas,
entonces aquí no va a haber posibilidades de acuerdo sobre
derecho humanitario’. ¡Por Dios! El derecho humanitario
es una categoría de un conjunto mucho más amplio,
que es el conjunto de derechos humanos.
Cuando la Fuerza Pública respeta los derechos humanos,
como existe toda la voluntad en Colombia, está respetando
todos los subconjuntos, sus obligaciones del derecho humanitario,
por ejemplo. Independientemente de la manera como proceden estos
terroristas, el compromiso de nuestras Fuerzas institucionales
con los derechos humanos es total.
En materia de cifras, para demostrar la
eficacia, falta mucho pero quiero compartir con ustedes algunas
cifras o algunas bastantes
conocidas: ¿qué ha pasado en homicidios? En el año
2003 el homicidio cayó en 19 por ciento, en el 2004 cayó en
15 por ciento, en lo acumulado de 2005 va cayendo en un 28 por
ciento a pesar de las dificultades.
¿Qué ha pasado en secuestros? En el año 2003
cayó en un 27 por ciento. El año pasado el secuestro
extorsivo cayó en más del 42 por ciento, el secuestro
consolidado en 35 por ciento. Este año el secuestro extorsivo
va cayendo en 78 por ciento. Un homicidio es grave, un secuestro
es grave, pero nosotros no podemos desconocer las tendencias.
Y vemos, por ejemplo, un indicador bien
importante de la protección
democrática: el país venía asistiendo a que
le asesinaban –los diferentes grupos- 184, 121 sindicalistas
por año. Yo quisiera decirle al mundo: ya no se asesina
un solo sindicalista en Colombia. Infortunadamente los siguen asesinando,
pero creo que la tendencia muestra resultados importantes. De 184
se bajó a 55, el año pasado ya fueron 40. En enero
del año pasado fueron seis, en enero de este año
fue uno. ¡Ojalá pudiéramos decir ninguno! Pero
la tendencia es importante.
En maestros: infortunadamente nos fue mal
en el 2004. Cuando había
rebajado de 79 a 41, nos volvió a crecer a 63 maestros asesinados.
Pero en enero del año pasado fueron siete, en enero de este
año uno.
Periodistas: el año pasado tres –me he comprometido
con la Sociedad Interamericana de Prensa a hacer todos los esfuerzos-,
uno quisiera poder decir: ninguno. Hay una tendencia positiva.
Pero es que en eso, uno no puede mostrar la tendencia sino la protección
total, absoluta. Y en enero de este año asesinaron uno.
En indígenas: el 2003 nos creció frente a 2002,
en 2004 bajó de 211 a 85. En enero del año pasado
fueron 17, este año fueron nueve. Estamos haciendo un gran
esfuerzo para proteger todos estos grupos de compatriotas.
Alcaldes que no estaban despachando en
sus municipios: más
de 300. Hoy: uno o dos.
Nosotros nos hemos dado a la tarea de garantizar
las libertades democráticas efectivas. No basta con tener libertades democráticas
retóricas. Hay que pasar de las libertades democráticas
retóricas a las garantías eficaces. Creo que las
elecciones del 2003 pusieron a prueba esa consigna de nuestra política
de Seguridad Democrática.
Yo preguntaría: ¿qué habría pasado
con candidatos a alcaldías y a gobernaciones provenientes
de partidos de antiguas guerrillas, de partidos alternativos a
los tradicionales, de movimientos contestatarios, si no hubieran
tenido toda la protección de la política de Seguridad
Democrática?
Esta protección marca un contraste con lo que pasó aquí,
anteriormente, con movimientos políticos. Y esta protección
da una razón para reclamar el calificativo de terroristas
a estos grupos violentos y para reclamar la legitimidad de la política
y el apoyo popular a la sostenibilidad de la política.
Creo que el referendo del 2003, las libertades
disfrutadas por opositores, por abstencionistas, fueron plenas,
los espacios fueron
plenos, ese fue un gran paso para demostrar cómo la política
de Seguridad es Democrática. Y tiene que ser un elemento
a considerar para la legitimación de esta política.
¿Por qué llamo a estos grupos, grupos terroristas?
Por varias razones. Una histórica: movimientos insurgentes,
por ejemplo en América Latina, se propusieron luchar contra
oprobiosas dictaduras. Aquí hay una democracia en profundización.
Aquí los que han afectado esta democracia son estos terroristas.
Recuerdo que en las universidades colombianas,
en los directorios políticos de la Patria, se recibían panfletos de
los grupos violentos que decían: ‘mientras no haya
elección popular de alcaldes en Colombia, persistiremos
en nuestra acción violenta. Se incorporó la elección
popular de alcaldes en la administración del Presidente
Betancur. Vino la con Constitución del 91, amplió a
la elección popular de gobernadores y creó un gran
capítulo de democracia, de participación directa.
Todos los instrumentos de democracia participativa que incorporó la
Constitución del 91.
¿Quiénes han atentado contra esto? Estos grupos. ¿Quiénes
han asesinado a los alcaldes, amenazado los gobernadores, constreñido
la libertad política? Estos grupos.
Entonces estos grupos no están oponiéndose a una
dictadura en Colombia que les diera alguna legitimidad a la luz
de la historia. Al contrario, son unos grupos que están
perturbando el proceso de profundización de la democracia
colombiana.
Segundo, siempre invocaron la realidad
social. Ellos la han agravado, espantaron la inversión, dispararon el desempleo, produjeron
el éxodo de tres o cuatro millones de colombianos hacia
el exterior y ocasionó el desplazamiento de más de
dos millones de colombianos en el interior. Ellos son, hoy, causa
y no resultado de la problemática social.
Sus acciones son plenamente configurativas de actos terroristas.
Y es muy importante mirar esto en cotejo
con lo que ha pasado en legislaciones europeas. Muchas legislaciones
europeas califican
como terrorismo la apelación al uso de las armas o la simple
amenaza de uso de armas por razones políticas, ideológicas,
religiosas o de diversa índole. ¿Por qué?
Eso se ha visto en las legislaciones europeas como una contraprestación
a la democracia pluralista.
Eso es válido trasladarlo acá, porque si aquí hay
una democracia en profundización, pluralista, la contraprestación
es que a esa democracia no se le ataque ni se le amenace atacarla
con armas. Ese ataque o esa amenaza, en las legislaciones europeas,
se condena como terrorismo.
Yo le he dicho a la comunidad internacional:
sí, nadie
niega la problemática social de la Patria, tenemos una problemática
social enorme que tenemos que superar, una tragedia social, una
crisis humanitaria; pero eso es distinto de llamar lo que existe
con estos grupos violentos “conflicto”. Con estos grupos
violentos lo que hay es una amenaza terrorista a unas instituciones
democráticas en profundización.
¿Se opone eso a que haya procesos de paz? De ninguna manera.
Me han preguntado: ‘bueno ¿pero cómo puede
ayudar la Unión Europea, cómo puede ayudar los Estados
Unidos, cómo pueden ayudar otros países a procesos
de paz, si ellos mismos, a instancias del Gobierno colombiano,
han calificado estos grupos como terroristas? Por eso se ha pedido
el cese de hostilidades.
Nuestro plan de paz es simple, no tiene
mucha riqueza teórica,
pero es práctica, tiene tres elementos: obligación
del cese de hostilidades como principio para avanzar en procesos
de paz. No hay urgencia para desarme, para desmovilización.
Y garantía de derechos democráticos a los reinsertados.
Eso es fundamental, la mejor oferta de
paz es decir: aquí tienen
hoy protección efectiva y hay toda la voluntad para que
reciban protección todos los luchadores políticos,
independientemente de su acervo ideológico. Ese es el principal
plan de paz, a la luz de los hechos que se reclamaron y que todavía
se siguen reclamando del asesinato de muchos luchadores políticos.
Negociación con el ELN
¿En qué vamos con eso? Por ejemplo con el ELN. El
Presidente Pastrana había autorizado una facilitación
de paz del gobierno de Cuba, me consultó en el período
de transición, yo dije: ‘continuémosla’.
He hablado varias veces con el Presidente Castro, el Comisionado
ha ido allí cuatro veces.
Hemos ofrecido al ELN todas las posibilidades.
No ha querido. Han entrado facilitadores del grupo de países amigos del
ELN, comunidad internacional, la sociedad civil colombiana tiene
un grupo y ahora México.
Yo me reuní con Felipe Torres, una vez él salió de
la cárcel. Le dije: ‘Felipe, es que la exigencia es,
cese hostilidades de inmediato pero no se tienen que desmovilizar,
no se tienen que desarmar. Hay tanta urgencia para el cese de hostilidades
como paciencia para llegar al desarme y a la desmovilización’.
Y él me contestó: ‘Presidente, eso está bien
planteado, pero nos da dificultad creerla, porque nos van a matar
mientras estemos en cese de hostilidades’. Le dije: ‘yo
soy combatiente pero combato limpiamente, transparentemente, no
los vamos a matar traicioneramente ni a la mansalva, les damos
todas las garantías’.
Llego a México y en presencia del Presidente Fox preguntan
por lo mismo y explico qué sería el cese de hostilidades
y cómo no tendría que producirse una rendición,
un desarme, una desmovilización. Me preguntan: ‘entonces ¿ellos
tendrán garantías en el cese de hostilidades? Y dije: ‘por
supuesto, las tendrán todas’. ¿Puede haber
un garante? Claro, que lo haya. Que ese garante mire el comportamiento
del grupo que ofreció el cese de hostilidades y el comportamiento
del Gobierno que tiene que ser garantista durante ese cese de hostilidades. ¿Quién
puede ser el garante? Pues que sea México. Lo aceptaron.
El ELN manda una carta a través del Embajador mexicano,
una propuesta. Recuerdo que le dije, hace pocos días, a
Luis Carlos Restrepo (Alto Comisionado para la Paz): mire con el
Ministerio de Defensa, con el Ministro y los Comandantes, si es
operativa. Me dijo Luis Carlos Restrepo: ‘tiene algunas dificultades
pero las manejamos’. Dije: ‘¿es propuesta del
ELN?’ Dijo el Comisionado: ‘sí’. Dije: ‘aceptésela’.
Y después se echaron para atrás y se echó para
atrás el señor Antonio García.
Por eso, no infundadamente, sino por eso,
he repetido que es un saboteador de procesos de paz. Me lo han
dicho ex presidentes de
la República, personas muy metidas en el tema. Cada que
estamos cerquita de la puerta de un proceso de paz con el ELN,
aparece un saboteador que es Antonio García. Yo no sé a él,
por qué lo enerva tanto que se le denuncie eso. ¡Entonces
que ayude a la paz! De pronto ellos van a hacer la paz muy fácil.
Porque uno de los problemas que no podemos
permitir que siga haciendo carrera es que aquí hay terroristas bien aceptados y terroristas
repudiados. Infortunadamente el ELN parece ser un grupo terrorista
muy bien aceptado en ciertos círculos.
Creo que hay que repudiar a todos los grupos terroristas, solamente
hay que acogerlos en el momento en que produzcan expresiones de
voluntad que conduzcan a la paz.
Proceso con Autodefensas Ilegales
Sobre los paramilitares. El gobierno del
Presidente Pastrana también
había autorizado una facilitación de la Iglesia,
en el periodo de transición dije: ‘estoy de acuerdo
con ella’. Empezó este Gobierno, seguimos trabajando
con la Iglesia. ¿En qué momento dialoga el Comisionado
con los paramilitares? En el momento en que ellos ofrecen el cese
de hostilidades, para cumplir la regla.
La ley de alternatividad. Nosotros hemos
dicho que esa ley debe reunir varios requisitos: creíble,
universal, equilibrada.
Creíble: la credibilidad la da la oportunidad. Me parece
que es más creíble esa ley con 6 mil desmovilizados,
con posterioridad a 6 mil movilizados, que una ley anterior a hechos
importantes de desmovilización. Pienso que la política
de reinserción con 11.600 reinsertados (6 mil desmovilizados
de las autodefensas ilegales) y algunas cifras de tendencias de
seguridad en Colombia, le da credibilidad a una ley de esta materia,
en el momento.
Segundo, tiene que ser universal, para
todos. Hay que darle el mismo tratamiento a guerrilleros y a
paramilitares. No creo que
les podamos dar diferente tratamiento. Todavía hay algunos
que albergan la ilusión de que algunos de estos grupos vayan
a la guillotina y los otros al cielo. Eso es imposible hoy a la
luz de la Constitución colombiana. Es imposible a la luz
de los tratados internacionales.
Se decía antes –y todavía se dice por algunos-: ‘es
que el guerrillero por estar en contra del orden económico
establecido, es un insurgente, es un luchador político,
y el paramilitar, por defenderse él o por defender el statu
quo, es un delincuente común’. Esa diferencia es insostenible
por varias razones. Uno no puede distinguir el delito atroz cometido
por el uno, del delito atroz cometido por el otro. La distinción
es imposible a la luz de las normas jurídicas nacionales
e internacionales y a la luz del daño que se produce a las
víctimas. Es imposible la distinción.
Y finalmente en ese punto: todos están violando el ordenamiento
jurídico. Los unos violan el ordenamiento jurídico
para enfrentar el orden establecido y los otros violan el ordenamiento
jurídico supuestamente para defender el orden establecido.
Por eso hoy no vemos manera de darles un tratamiento diferente.
Entonces creo que hay que aterrizar mucho en esta ley el principio
de que tiene que ser universal, porque no creo que esta ley pueda
ser un lacito muy corto para los paramilitares y muy largo para
la guerrilla. El derecho nacional e internacional lo impiden. Por
eso hay que saber poner esta ley en el punto justo que sirva para
todos.
Me preocupa mucho entonces que ahora aprobemos
una ley, que no puede permitir impunidad, que tiene que buscar
unos años
de cárcel para responsables de delitos atroces, y que mañana,
cuando se desmovilice la jerarquía del Eln, se tenga que
definir lo contrario porque ellos son de mejor familia frente a
delitos atroces. Por eso es muy importante que esta ley sea universal.
Segundo: que sea equilibrada. Kofi Annan
ha dicho que estos procesos tienen que ser una buena ecuación entre paz y justicia.
Nosotros hemos desarrollado ese concepto. Por eso hemos dicho:
estas leyes son marcos jurídicos para procesos de paz individuales
o colectivos.
He insistido mucho en que es proceso de
paz y que puede ser individual o colectivo. Porque si negáramos la posibilidad de aplicar
esta ley a desmovilizaciones individuales, ¿qué hacemos
con 5.600 desmovilizados de la guerrilla, que no se han desmovilizado
colectivamente ni por acuerdos –y que esperamos que sean
muchos más en el año y medio que le falta a este
Gobierno–?
Segundo, como proceso de paz, no puede ser una ley de sometimiento,
pero para poder respetar la justicia hay que evitar que sea una
ley de impunidad.
En nombre de la paz no podemos llegar a
la impunidad y en nombre de la justicia no podemos llegar al
sometimiento. Estamos haciendo
un gran esfuerzo con el Congreso de la República, dirigido
por el Ministro del Interior (Sabas Pretelt de la Vega) a ver cómo
podemos entregar un texto legal con estas características:
creíble, que produzca el efecto de desmovilizar estos grupos.
Algo bien importante es que la aplicación de este proceso,
de los hechos que se han venido produciendo y del marco jurídico
que se está estudiando con el Congreso, nos permita el desmantelamiento
definitivo de estos grupos.
Ustedes van a tener la oportunidad hoy,
con expertos, militares, de finanzas públicas, de mirar
estos temas.
Pregunta: En los principios de los proyectos
de ley para Alternatividad se habló de la creación de una comisión de
la verdad. Yo quisiera preguntarle si la concepción de la
Política de Seguridad Democrática –en lo que
tiene que ver con la negociación con autodefensas ilegales-
se cobija una comisión de la verdad que sería media
verdad, o un tercio de verdad. Porque si estamos hablando de la
verdad absoluta de la agresión terrorista contra Colombia,
tendría que hablarse de la verdad de los delitos cometidos
por guerrilla y autodefensas ilegales.
¿Qué opina usted de esa comisión
de la verdad?
Presidente de la República: La verdad
absoluta es un imperativo ideal, es un punto ideal, pero es imposible
en procesos de paz.
A los procesos de paz siempre les quedan
deficiencias. Incluso, cuando uno estudia el proceso de paz de
Sudáfrica encuentra
que la verdad absoluta se exigió como contraprestación
al perdón total, sin cárcel, pero finalmente fueron
muy poquitos los beneficiarios.
Entonces ¿nosotros cómo tenemos divido el proceso?
Colombianos de la base de estos grupos que se han desmovilizado,
de guerrilla o paramilitares, frente a quienes no hay sindicaciones
por delitos atroces, hasta hoy los hemos desmovilizado a la luz
de la ley 782 y el Gobierno está convencido que la nueva
ley de alternatividad no debe derogar la ley 782, porque la ley
782 facilita la desmovilización de estos ciudadanos.
Por supuesto hay que garantizar tres cosas:
primero, una declaración
a la Fiscalía –que la vienen dando-. Segundo, un seguimiento
para que no reincidan. Y tercero, que si, al momento de la desmovilización
no se conocía que hubieran cometidos delitos atroces y eso
se conoce posteriormente, se le sancione y la sanción –lo
estamos discutiendo- dependerá también del grado
de cooperación que ellos demuestren frente a la justicia.
Y está el otro tema, el de los delitos atroces. Ese tema
necesita ser juzgado por un tribunal especial. Ahí venimos
mirando las diferentes opciones, o diferentes a las que tenemos
hoy en la estructura de la justicia u opciones dentro de la estructura
de la justicia. Estamos trabajando el mayor nivel de consenso con
los ponentes en el Congreso de la República, en esa materia.
Y el tercer punto en eso, es que, independientemente
de ese órgano
de justicia haya un órgano de reconciliación –en
lo cual ha insistido mucho el Vicepresidente- que será una
comisión que no hará parte de la estructura de la
justicia, pero una comisión que irá trabajando la
verdad histórica, la génesis de estos grupos; que
irá haciendo un seguimiento a los desmovilizados, que se
irá constituyendo en una garantía de desmantelamiento
de estos grupos y de verdadera reconciliación. Ese es el
resumen frente a ese tema.
Pregunta: primero saludarte Álvaro,
muchas gracias por todo el trabajo que haces…
Presidente de la República: Me gusta mucho, estos muchachos
de ahora, en Antioquia, dicen que no le dicen “Don” ni
a un pueblo que hay allá que se llama Don Matías.
Pregunta: enmarcando la situación que la estrategia o la
equivalencia que se hace de que los litros de sangre son equivalentes
al coeficiente de seguridad, es muy bueno, pero quiero saber en
qué va lo de la agencia nacional de inteligencia. ¿Por
qué pregunto esto? Porque considero muy importante el hecho
de que globalicemos la política, la inteligencia como tal,
para de esa forma poder conseguir el objetivo que es aislar a estos
terroristas que tanto daño le han hecho al país.
¿Cuál va a ser el siguiente paso? Porque, hemos
logrado aumentar el pie de fuerza y conseguir excelentes resultados,
pero ya debemos entrar a –lo que yo llamaría- la estocada
final. Por ejemplo, ir a buscar los dólares que matan a
nuestros soldados y a nuestros niños, semana tras semana,
donde estén o saber el lugar donde se consiguen los fusiles
que le llegan a estos terroristas.
Presidente de la República: esta política necesita
perseverancia. Este país tiene, del millón 200 mil
kilómetros cuadrados, 578 mil kilómetros –afortunadamente-
todavía en selva que a pesar de los embates de la droga,
se ha logrado preservar, con una geografía muy accidentada.
Me contaban hoy que un analista francés, en uno de nuestros
periódicos, dice que: ‘un grupo con tanta gente no
es terrorista. Y lo asombra es que son 10 mil’. Aquí llegó a
haber 50 mil. Sume 17 mil de la Farc, más 12 mil milicianos
urbanos, más 3.500 a 4.500 del ELN, más 12 ó 18
mil de las autodefensas ilegales: casi 50 mil terroristas que no
tienen control territorial pero si tienen inmensas oportunidades
de escondite territorial.
Eso nos lleva a otro punto: ¿ha habido repliegue de ellos?
Ellos no han tenido repliegue voluntario, cada que pueden salen.
Aquí lo que ha habido es una acción contundente,
ofensiva en crecimiento de la Fuerza Pública. Ante esa circunstancia,
nosotros no podemos pensar que el resultado final va a ser rápido.
Aquí lo importante no es tanto la urgencia por el resultado
final, sino la perseverancia en la voluntad política, a
nivel de la ciudadanía, a nivel del Gobierno y de la institución
armada. Yo reclamaría perseverancia en esa voluntad política,
porque el resultado final no se consigue fácilmente.
Preguntas por el tema de inteligencia.
Nosotros necesitamos inteligencia humana, inteligencia técnica,
inteligencia coordinada e inteligencia operativa.
Para la parte de inteligencia humana ha
sido muy importante todo lo que es la acción de la cooperación ciudadana.
En la Colombia de hoy, nosotros necesitamos un ideal y aproximarnos
lo más cercanamente posible a ese ideal: que cada ciudadano
sea un cooperante con la Fuerza Pública.
Le he dicho a la ciudadanía de Norte de Santander, le he
dicho a la ciudadanía de Urabá, a la ciudadanía
de sectores donde se han desmovilizado los paras: ¡por Dios!
ustedes lo que tienen que hacer es, cada uno ser un cooperante
con la Fuerza Pública.
La Fuerza Pública sola, en este tamaño de país,
en esta accidentalidad geográfica del país, no puede.
El éxito de la Fuerza Pública va a depender muchísimo
del grado de cooperación de la ciudadanía y el grado
de cooperación de la ciudadanía ayuda en ese componente
de la inteligencia que es el componente humano, que por supuesto
tiene que tener un gran apoyo en el componente técnico.
El Gobierno nunca tomó la decisión de la agencia
central de inteligencia, pero sí, todos los días
avanzamos más en la coordinación en materia de inteligencia
entre las diferentes instituciones.
Pregunta: Desde hace más de un año el ex presidente
Alfonso López viene escribiendo, en su columna de El Tiempo
del domingo, sobre la necesidad de adelantar un proceso de acuerdo
humanitario entre el Gobierno y la guerrilla de la Farc y el ELN
para conseguir la liberación de los colombianos secuestrados
desde hace bastante tiempo. El caso del Huila, usted la conoce
perfectamente bien, cuatro congresistas fueron secuestrados.
¿En que lugar de su política de Seguridad Democrática,
que comparto plenamente, esta ese pequeño capítulo
para lograr la liberación de nuestros compatriotas secuestrados
por este grupo insurgente?
Presidente de la República: Julio cada vez que visto su
departamento, que lo hago con mucha devoción, cualquiera
sea el motivo de la visita, siempre tengo una reunión
adicional con los familiares de los secuestrados.
Para mi ha sido un tema muy difícil porque por una parte
yo soy padre de familia, miembro de una familia de ese 50 por
ciento de las familias colombianas que ha sufrido en carne propia
este flagelo. Esas circunstancias me llenan de inmensa angustia
cuando estoy frente a los familiares de los secuestrados. Por
otra parte, tengo esta honrosa responsabilidad.
Yo prometí –en la campaña y empecé a
aplicarlo como Presidente electo, como Presidente en ejercicio
los primeros meses- que para un acuerdo humanitario era necesario
reiniciar un proceso de paz a partir de un cese de hostilidades.
Muchos me pidieron que sustituyéramos ese requisito, que
elimináramos la iniciación del proceso de paz como
requisito para el acuerdo humanitario: Koffy Anan, el Presidente
de Francia, los familiares de los secuestrados, algunos facilitadotes.
Aceptamos. Dijimos: ‘bueno, lo separamos, pero que liberan
a los secuestrados, que haya una facilitación de Naciones
Unidas y que los guerrilleros que salgan de la cárcel
no vuelvan a delinquir, se vayan al extranjero.
A ninguna persona que me ha pedido ser facilitadora le hemos
negado que sea facilitadota –le pediría, me aceptara
la excusa de no referirme a nombres propios, pero sí a
instituciones-, ha ayudado la Iglesia, han ayudado gobiernos
extranjeros, etcétera. A nadie le hemos entorpecido el
derecho a que facilite.
No se puede decir que se entorpece el derecho
a facilitar porque se captura a un delincuente, que puede ser
el facilitador de la
liberación de Ingrid Betancur y al mismo tiempo el urdidor
del asesinato de la señora Cubas, en Paraguay. Eso hay que
mirarlo cuidadosamente.
¡A mi que no me vengan a decir, que por capturar a uno de
los asesinos intelectuales de la señora Cubas en Paraguay,
estábamos obstruyendo el acuerdo humanitario!
¡No se puede tener un posición internacional de doble
moral, totalmente firme, para no ceder a chantajes cuando hay secuestros
en Irak y totalmente condescendiente con los terroristas guerrilleros,
para proponer un acuerdo humanitario en Colombia. Irak ha sufrido
mucho, pero aquí hemos sufrido durante más tiempo!
Entonces, en eso, el Gobierno tiene que tener todo el cuidado.
Nosotros, ya lo dije, aceptamos: ‘bueno, que no se vayan
para el extranjero, que entren a un proceso de reinserción’,
yo le pregunto: ¿que pasaría con la moral de la Fuerza
Pública, después que el año pasado hubo más
de 600 víctimas en la Fuerza Pública de minas antipersona
de este grupo guerrillero terrorista, si el Gobierno simplemente
suelta de la cárcel unos guerrilleros, va y los entrega
en la selva para que sigan delinquiendo? Si yo fuera soldado no
vuelvo a pelear y hago operación tortuga al Gobierno.
¡
Es que hay que conocer la historia del propio país para
las decisiones que uno tiene que tomar! Aquí no ha habido
un ejército golpista, pero si ha habido una institución
armada que cuando, la voluntad política del Gobierno la
desmotiva, ella procede en consecuencia con su desmotivación.
Por eso nosotros no podemos aceptar la exigencia de liberar estos
individuos de la cárcel para que vuelvan a delinquir.
El despeje. Nosotros hemos ofrecido alternativas, ofrecimos la
alternativa de una reunión en una embajada y que los trajera
a la embajada la Cruz Roja, en la Conferencia Episcopal, en una
Iglesia de cualquier lugar colombiano. Pero sin despeje.
Es que, también hay que entender la psicología
colectiva. La psicología colectiva de los colombianos
hoy, comprende plenamente la improcedencia, la inconveniencia
de un despeje. Es que el Gobierno Pastrana procedió con
toda la buena fe ¿pero esos bandidos cómo respondieron?:
aplicaron muy bien lo que Marx copió de Maquiavelo: "cuando
sientas la generosidad de tu contrincante, no la tomes como generosidad,
sino como debilidad para que lo golpees". Esa fue la respuesta
de estos bandidos, a la buena fe del despeje. ¡El Gobierno
no puede aprobar despejes!
Y hay un punto: ¿por qué a los que han pagado en
el Huila –que son varios y usted y yo lo sabemos-, no les
han exigido despeje? y los han liberado y pertenecían al
mismo grupo. Entonces ¿por qué en unos casos, cuando
está de por medio el dinero, no se necesita despeje y en
el otro caso si se necesita el despeje?
Un gesto de enorme buena voluntad del Gobierno: liberamos más
de 20 guerrilleros. No es como dicen algunos, que ya iban a salir
de la cárcel, allí había gente que le faltaban
6, 8 años de cárcel. Ofrecimos ese gesto de manera
unilateral ¿cuál fue la respuesta? para no hablar
de lo que el país conoció como oferta gubernamental
cuando se tramitaba la extradición de uno de estos señores.
¡
Qué difícil manejar la figura de la extradición
en Colombia! Yo le he tenido que decir claramente al Congreso
y hoy lo repito: esa es una figura que tiene múltiples
implicaciones, una de ellas la dignidad del país. Por
eso he dicho claramente que este Gobierno no está de acuerdo
con afectar la extradición en la ley de alternatividad
penal de ahora, porque no estamos dispuestos a crearle un debate
al país que ponga a Colombia en el banquillo de los acusados
como un país paria.
La dignidad del país hay que cuidarla muchísimo
y mire el riesgo que tomamos para hacer un gesto de buena fe
y buscar el acuerdo humanitario cuando el caso de la extradición
de Trinidad. Ve usted que hemos ofrecido muchas opciones, también
la Fuerza Pública está, afanosamente, buscándolos.
Entonces ¿ve lo difícil que es esto? Por un lado
la angustia de estos compatriotas, que uno la siente, y por otro
lado la responsabilidad para que decisiones que tomemos en materia
de acuerdo humanitario no nos afecte en la política de Seguridad.
Tenemos tres inamovibles que hemos repetido. Respetando esos tres
inamovibles, el Gobierno siempre ha estado dispuesto y sigue abierto
a examinar opciones.
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