SANCION DE LEYES ANTITRÁMITES,
MERCADO DE VALORES
Y PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA
Julio 08 de 2005
(Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Nos reunimos esta mañana para sancionar
unas Leyes de la República de gran importancia
en el propósito de construir confianza
en Colombia.
Cuando empezamos este
Gobierno, con la rectoría
de las finanzas públicas del entonces
ministro (de Hacienda) Roberto Junguito Bonett,
nos propusimos recuperar para Colombia una palabra:
confianza. Confianza para invertir en Colombia,
confianza para generar empleo en Colombia, confianza
para vivir en Colombia.
Nos propusimos trabajar
esa recuperación
de confianza a través de tres ejes: la
Seguridad Democrática, la transparencia
y la reactivación Económica y Social.
Anoche, en la cámara de comercio de Bogotá tuve
la oportunidad de referirme ampliamente a lo
que hemos hecho en la parte fiscal de la Nación.
Me referí a los esfuerzos que se han hecho
en materia de ingresos, en materia de egresos,
a la reforma de la administración pública.
Me referí al tema de lo que se ha hecho
en materia municipal y departamental, al tema
pensional, al tema de servicios públicos,
al tema de política de hidrocarburos.
Me parece que el análisis económico
colombiano no ha examinado el proceso de saneamiento
de las finanzas públicas en su conjunto.
Que falta mucho, por supuesto que falta.
En un país que en 12 años pasó de
unas finanzas públicas en equilibrio a
un déficit de 4,2 por ciento. A un país
que en 12 años pasó de un endeudamiento
del Gobierno Nacional Central, que era del 14
por ciento, 16 por ciento, del consolidado del
10, 12 por ciento, a un endeudamiento del 56
por ciento del PIB (Producto Interno Bruto).
A un país que en pocos años pasó de
un desempleo del 8 al 20 por ciento, de un desempleo
de jefes de hogar del 4 ó del 6 al 10
por ciento. Un país que llegó al
punto de tener que dedicar 40 pesos, de cada
100 del Presupuesto Nacional, para servir y amortizar
deuda. Un país que tenía que empezar
una tarea de inmensa dedicación de recursos
al tema del rescate de la seguridad.
¿Qué ha hecho el Gobierno? En
el frente de los ingresos, nuestra primera decisión
fue el impuesto extraordinario sobre el patrimonio,
en septiembre del 2002.
Después, han venido varias reformas tributarias.
Esas reformas tributarias –entre muchas
características- han tenido la característica
de buscar ampliar base, de eliminar incentivos
que no tenían razón de ser, de
introducir incentivos directamente relacionados
con la recuperación de la economía
y deben crear mecanismos de construcción
de equidad, que mejoren la distribución
del ingreso en Colombia.
Nosotros encontramos
algo menos de 400 mil contribuyentes de renta,
ya estamos por el millón. La
meta de este Gobierno es llegar a dos millones
de contribuyentes de renta.
Cuando empezó el
Gobierno, el conjunto de bienes y servicios
gravado con IVA (Impuesto
al valor agregado) era del 37 por ciento. Hoy
es del 51, 53 por ciento.
El Congreso de la República nos aprobó una
norma, que la vimos con la mayor sensatez, un
IVA general para lo no gravado del dos por ciento,
una tarifa antitécnica, pero una tarifa
practicable en las condiciones sociales y económicas
de Colombia. La honorable Corte Constitucional
declaró eso inexequible.
Hemos manejado la DIAN
(Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales) con toda la transparencia.
La decisión de este Gobierno ha sido no
vincular a la DIAN, sino a través del
concurso. Hemos avanzado en el programa MUISCA.
El resultado de ingreso
es bueno. En el año
2003, los ingresos crecieron en un 18 por ciento.
En el año 2004, los ingresos crecieron
en un 22 por ciento. Y este año estamos
cumpliendo la meta que nos propusimos el año
pasado, de crecer los ingresos en un 10 por ciento
y hasta la fecha hemos excedido esa meta en billón
140 mil millones.
O sea que estamos con
un crecimiento del recaudo en billón 140 mil millones por encima
de ese crecimiento del 10 por ciento que nos
propusimos para aprobar el presupuesto del año
fiscal 2005. ¡Por supuesto que falta muchísimo!
Si ustedes me preguntaran ¿qué piensa
este Gobierno sobre los futuros desarrollos tributarios
del país, independientemente de que le
correspondan a su período o no?, les diría
lo siguiente: hay que dar unas señales
de mediano y largo plazo que construyan confianza.
Este país necesita estar en un camino
permanente de construcción de confianza
en la inversión que es empleo –como
lo acaba de entender el Congreso de la República,
al cual tengo que aplaudir hoy por el conjunto
normativo que nos ha aprobado y que vamos a sancionar-.
Por eso nosotros hemos
dicho, que si bien hay unos incentivos bien
importantes, aprobados en
la actual administración, como la deducción
del 30 por ciento a las inversiones generadoras
de renta, el incentivo al alcohol carburante,
el incentivo al biodiesel, el incentivo a los
productos agropecuarios a los cultivos de tardío
rendimiento, el incentivo a la madera, el incentivo
a los nuevos hoteles, al turismo ecológico,
a la remodelación de viejos hoteles, la
eliminación del IVA a los bienes de capital –de
dos maneras: empresas altamente exportadoras
se eles elimina el IVA, para que una empresa
clasifique como altamente exportadora antes necesitaba
exportar el 50 por ciento de su producción,
hora el 30 y lo otro es, al resto de las empresas
simplemente devolverles el IVA-.
Tuvimos hasta el 31 de
diciembre la eliminación
del arancel a la importación de bienes
de capital, reestablecimos el arancel porque
la revaluación ha sido mucho más
benéfica para la adquisición de
bienes de capital, que lo que era la eliminación
del arancel. Entonces, entendimos que no necesitábamos
persistir con ese sacrifico fiscal mientras el
país tuviera esta tasa de cambio, que
para los exportadores es muy mala pero para la
incorporación de maquinaria importada,
es muy buena.
Unos de esos estímulos tienen vigencia
de largo plazo, otros de corto plazo. Por ejemplo,
el estímulo a la reinversión de
utilidades es para los años 2004, 2005
y 2006. De lo que está vigente se deduce
que los contribuyentes colombianos van a reclamarlo
por última vez, cuando estén presentando
sus declaraciones de renta en el año 2007,
correspondientes al año fiscal 2006.
¿Qué creemos nosotros?: que para
el momento en el que expiren estos estímulos,
el país debe tener una tarifa de renta
más baja, para hacer la economía
más competitiva. Centroamérica,
a raíz del Cafta –que hizo el tratado
de comercio con los Estados Unidos-, se apresta
a reducir tarifas de renta.
Y hay unos temas ahí que
hay que empezar a discutir bien importantes.
El tema de las deducciones,
el tema de las retenciones.
El tema de las retenciones
golpea mucho en materia de capital de trabajo
a la pequeña y a
la mediana empresa. Creo que nosotros vamos a
tener que hacer un esfuerzo para revisar hacia
abajo retenciones.
Empieza a presentarse
otro tema en el país,
que es el tema de la renta presuntiva. La tarifa
de renta presuntiva se fijo para una economía
con inflaciones del 18, 20, 25 por ciento, para
una economía con rendimientos patrimoniales
del 15, 20 por ciento.
Hoy, con una inflación
del 5 por ciento, con unos rendimientos patrimoniales
del 7, 9,
10 por ciento, ese es otro tema que hay que revisar.
El impuesto del 4 x 1000
alas transacciones financieras, ha sido una
necesidad en las circunstancias
fiscales de este país. También
hay mucha controversia, porque afecta mucho el
capital de trabajo de aquellas actividades que
están exigidas a mantener unos niveles
muy elevados de rotación en el objeto
principal de sus negocios.
Entonces, todos esos
temas hay que pensarlos buscando que esta economía sea más
competitiva, más atractiva a la inversión,
que es ser atractiva a la generación de
empleo y por supuesto, teniendo en cuenta la
difícil situación fiscal de la
Nación. Porque hemos mejorado, pero la
Nación todavía está en un
problema fiscal muy delicado.
En cuanto al tema de
base del IVA, hay que seguir esa discusión tranquilamente en el país.
En este Gobierno pasamos del 37 al 51 por ciento,
ahí estamos. Hay que seguir esa discusión.
En cuanto al tema de las transferencias, he
repetido en todos los escenarios y quiero repetirlo
ante un auditorio tan importante como el que
ustedes conforman hoy, que no hay razones para
empezar en rebajarlas. Se necesita buen manejo
de las transferencias, pero no hay maneras de
bajarlas.
Si uno mira, solamente
educación y salud,
encontramos lo siguiente: este Gobierno –a
la fecha- ha creado millón 140 mil cupos
educativos, la meta es crear millón y
medio. Esa es una meta muy exigente, pero insuficiente
para las necesidades del país. Si creamos
ese millón y medio de cupos, todavía
habrá 500 mil niñitos por fuera.
Hemos hecho un inmenso esfuerzo de productividad.
Hoy tenemos casi, 30 estudiantes por profesor.
Entonces, para poder llegar a la cobertura completa
no podemos pensar en rebajar transferencias.
En salud hemos pasado
en este Gobierno de 10 millones de afiliados
al régimen subsidiado
a 15 millones. El Congreso está estudiando
un proyecto de Ley –que ojalá quede
aprobado ahora, ojalá no se deje para
diciembre, apreciados congresistas, sino que
se apruebe en las primeras semanas de la legislatura
para poder trabajar su implementación-,
que nos permitirá crecer mucho más
cobertura.
El país necesita llegar rápidamente,
a una cobertura de salud del ciento por ciento
para los sectores pobres. Eso no se puede aplazar
más, como no se pueden aplazar más
las coberturas de Bienestar Familiar.
Nosotros hemos crecido
Bienestar Familiar en un 40 por ciento, sin
embargo ayer, antes de
ayer, adjudicamos otra licitación y vamos
adjudicar otras dos en los próximos días,
para poderle decir al Congreso de la República –el
20 de julio-: hemos incorporado otros 500 mil
niñitos, menores de cinco años,
al programa de desayunos infantiles y 400 mil
ancianos –en adición a los 170 mil
que veníamos subsidiando- con una comida
diaria’. Esas licitaciones están
en plena marcha, son tres, antes de ayer se adjudicó una
de las tres.
Lo que sí necesitamos es tener un acto
legislativo razonable en materia de transferencias,
porque el que se aprobó en la administración
anterior, bajo la rectoría en el Ministerio
de Hacienda del doctor Juan Manuel Santos, vence
en el 2007, 2008. El mismo texto constitucional
dispone cómo habrá de reemplazarse,
cómo habrá de sustituirse.
Y a la inversión hay que darle señales
anticipadas. Uno no puede dejar eso para última
hora, por eso, así corresponda eso a otra
administración, la discusión en
Colombia hay que empezarla desde ya para dar
confianza.
Todos estos proyectos
de ley que ustedes han aprobado, giran alrededor
de la palabra confianza.
Lo que tiene que seguir haciendo el Gobierno
y el Congreso en materia económica, tiene
que girar alrededor de la palabra confianza.
En materia de egresos
hemos hecho un gran esfuerzo. Esta Presidencia
de la Republica, para dar ejemplo,
ha logrado ahorros entre el 26 y el 30 por ciento.
Nosotros tenemos crecimiento de gasto en lo que
es defensa, en transferencias, en pensiones.
Lo que manejamos discrecionalmente en nómina
y gastos generales, en todas las entidades del
Estado, hay un gran decrecimiento.
Eso nos ha ayudado, de
la mano con el mejor desempeño de la economía, a lograr
lo siguiente: a pesar de que en seguridad hemos
crecido en 96 mil hombres, casi 100 mil, anoche
veíamos las cifras del Ministerio de Defensa.
El presupuesto de seguridad hoy, como proporción
al PIB (Producto Interno Bruto), se encuentra
en el mismo nivel de 2002. Cuando llegó el
Gobierno, subió mucho con proporción
al PIB, pero ha vuelto a bajar su proporción
al PIB, gracias al mejor desempeño de
la economía.
Y gracias a los ahorros,
en otros frentes, de gastos generales y de
nómina, nosotros
hemos logrado sortear ese gran desafío
de financiar esta expansión de la seguridad.
Vamos a seguir en esa tarea de egresos.
Y llego al tercer punto:
la reforma administrativa -inicialmente bajo
la dirección de la
doctora Claudia Jiménez, ahora bajo la
dirección del doctor Mauricio Castro.
Este Gobierno ha reformado 152 empresas del Estado,
pero nos faltan muchas.
Si ustedes me preguntaran ¿cuál
es el mejor legado fiscal, de este Gobierno al
país?, no vacilaría en decir: la
Reforma Administrativa. Porque hoy uno habla
de 152 reformas, otra cosa es haber emprendido
la reforma de Telecom o la de Inravisión
o la del Banco Cafetero o la que apenas se ha
hecho en su primera etapa del Seguro Social o
la del hospital Ramón González
Valencia, etcétera.
Esa reforma, en entidades
reformadas como Telecom, tiene que completarse.
En otras entidades como
el Seguro Social, tienen que desarrollarse y
tiene que llevarse a efecto en muchas entidades
donde todavía no hemos reformado.
Caso de Telecom. Dimos
el gran paso de una Telecom que perdía 400 mil millones de pesos al
año, cuyo gerente iba a tocarle la puerta
al Ministro de Hacienda a decirle: déme
medio billón para poderle pagar a los
pensionados. A una Telecom el año pasado
ganó 950 mil millones de pesos y que puede
tener unos años buenos, pero su futuro
no está despejado, porque el crecimiento
de la telefonía inalámbrica, de
las comunicaciones inalámbricas, nos trae
muchísimas incógnitas no solamente
para Telecom, sino para la Empresa de Teléfonos
de Bogotá, para Emcali, para Empresas
Públicas de Medellín.
¿Qué está haciendo el Gobierno
Nacional? El Gobierno Nacional está buscando
un socio estratégico para invertir en
Telecom porque tenemos dos opciones. O conseguimos
el socio estratégico que nos ayude a salvar
tres cosas: salvar ese patrimonio para los colombianos,
salvar esa generación de utilidades para
pagarle a los pensionados, salvar un proceso
permanente de mejoramiento en la oferta de servicios
al pueblo colombiano, es una opción.
La otra opción,
es que se nos vaya marchitando Telecom y que
le traslademos todo ese problema
pensional al fisco.
Entonces, este Gobierno
tiene que empezarle a hablar al país con mucha claridad y
yo quería aprovechar este auditorio de
hoy: nosotros necesitamos llegar a la nueva reforma
de Telecom y por eso requerimos el socio estratégico.
Una vez hayamos acordado con el socio estratégico,
antes de firmar, de perfeccionar ese acuerdo,
vamos a publicarlo ampliamente para que lo conozca
el pueblo colombiano en detalle. Pero mal haríamos
nosotros, en el año de Gobierno que nos
queda, no encarar esa responsabilidad. Hay que
hacerle frente.
¿Entidades donde apenas ha empezado la
reforma?: el Seguro Social. Desprendimos las
clínicas de la parte central del Seguro,
eso trae un alivio porque se han desmontado muchos
privilegios en la parte laboral de las clínicas,
pero no es suficiente. Esa reforma hay que continuarla
en las clínicas, con un alto costo, y
en la parte central del Seguro que maneja la
EPS, que maneja riesgos profesionales y que maneja
pensiones.
¿Y entidades que aún no hemos
reformado?: muchos hospitales. Este Gobierno
se propuso algo: primero, no estar en lo que
tanto se controvierte hoy, que fue la ola privatizadora
a ultranzas que recorrió a América
Latina en los 90’s. Segundo, no ser indiferente
frente a la quiebra y desaparición de
entidades públicas hospitalarias. Pero
tampoco, permitir que el Estado siga siendo botín,
que el Estado siga siendo clientelismo, que el
Estado siga haciendo burocratismo.
El Estado tiene que cumplir
una misión
con la comunidad y para eso, no podemos mantener
un Estado burocrático, que es insostenible
y que no se legitima ante la comunidad.
Estamos trabajando en
la visión del Estado
Comunitario con unas entidades estatales sostenibles
y eso queremos trasladarlo a la salud. Hemos
avanzado mucho en la reforma de la red de salud
en Boyacá, en la reforma de la red hospitalaria
en Caldas, un principio tan importante como aquel
con el hospital Ramón González
Valencia de Bucaramanga, la red hospitalaria
del Atlántico, parte de la de Antioquia,
etcétera, pero nos falta.
Este Gobierno ha invertido en salvamento hospitalario
cerca de 800 mil millones de pesos y nos falta,
falta mucho. Es una tarea para completar.
Y también nos hemos propuesto que no
solamente se le envíen unos recursos a
los hospitales, para que prolonguen su agonía.
Los recursos que le hemos entregado a los hospitales
y a la red hospitalaria, están condicionados
a reformas profundas, para que garanticen su
sostenibilidad fiscal. Que no sea que hoy los
calmamos y en cuatro, seis meses, reaparece la
enfermedad y vuelven ellos a volcarse ante el
Gobierno Nacional –desconociendo la descentralización-
para pedir recursos de emergencia. Ahí falta
pues, una tarea muy importante en el área
de la administración.
El Ministro de Hacienda
(Alberto Carrasquilla) me dice, que mirando
apenas unas pocas entidades
de las que hemos reformado, las de mayor peso,
eso ha traído un alivio de 12 puntos del
PIB. Por eso digo que ahí hay una reforma
que va a ser un gran legado fiscal de este Gobierno
para el saneamiento de las finanzas públicas.
En el tema pensional.
Cuando este Gobierno empezó,
el déficit pensional giraba alrededor
del 200 por ciento del PIB, lo hemos rebajado
en unos 70 puntos. ¿Cómo se ha
reducido?: la reforma legal de diciembre de 2002,
liderada por el doctor Juan Luis Londoño –q.e.p.d.-.
La nueva reforma legal para revivir unos artículos
esenciales que la honorable Corte Constitucional
había declarado inexequibles por razones
formales. La reforma pensional transversal, en
todas las entidades que este Gobierno ha reformado
y la Reforma Constitucional que ustedes acaban
de aprobar en el Congreso de Colombia y que yo
destaco.
Es muy fácil, para la dictadura de Pinochet,
firmar unos decretos de reforma pensional. En
un país democrático, con problemas
sociales, con pluralismo, con diversidad ideológica,
es muy difícil aprobar una reforma de
esta entidad en el Congreso de la República
y se logró. Eso tiene que hablar bien
por Colombia. ¡70 puntos de ahorro en déficit
pensional, es algo bien importante!
Pero, ahí no se han quedado nuestras
reformas, hay algunas que los economistas deberían
ver en su conjunto. Me voy a referir a tres:
combustibles, servicios públicos y departamentos
y municipios con catastro y predial.
Combustibles. Nos ha
tocado vivir una etapa con dos características, ha pasado el
precio del combustible, en estos tres años,
de una cotización internacional de 22,
27 dólares, a una cotización internacional
de 60 dólares. Y esto ha coincidido con
lo se preveía: una disminución
de la producción interna de combustible.
Ustedes conocen la política del señor
Ministro de Minas (Luis Ernesto Mejía),
exitosa para recuperar confianza en el área
sísmica, en el área de contratación,
en el área de exploración. Hemos
pasado, en un país que estaba explorando
en el año 2002, diez posos, a un país
que este año explora 40, pero necesitamos
llegar a 57 por año, de acuerdo con quienes
estudian probabilidades para garantizar hallazgos
importantes.
¿Qué vemos en combustibles?: primero,
que ha descargado un peso muy grande sobre el
pueblo colombiano en precio interno. Necesario.
Anoche me preguntaba alguien en la cámara
de comercio de Bogotá: ‘bueno, lo
que pasa es que a nosotros nos cuesta menos producirlo
en el Casanare, en Arauca’. Y decía
yo: ‘pero es que el Gobierno no puede tener
eso como punto de referencia, porque esas producciones
son declinantes, nosotros tenemos que tener hoy
como punto de referencia, lo que nos costaría
importarlo, sacarlo del Golfo de México
a Colombia, los seguros, la nacionalización,
aranceles, etcétera.
Un país que ve declinar su producción
de petróleo, tiene que ser muy cuidadoso
para fijar la política presente de precios
a fin de que, nada nos tome por sorpresa sino
llegare a haber los hallazgos que todos estamos
esperando.
Este Gobierno, con toda
responsabilidad, con un inmenso sacrificio
del pueblo colombiano,
ha hecho un ajuste inmenso en materia de política
de combustibles, de precios de combustibles.
Anoche decía en la cámara de comercio –que
según me ha dicho el Ministro de Minas-:
con el actual precio de referencia, de mediano
y largo plazo, en dos o tres meses, debemos terminar
esta fase de ajustes en gasolina.
Pero hay incertidumbre
sobre si se puede o no mantener ese precio
de referencia, porque ya
lo han venido moviendo internacionalmente hacia
arriba, porque cuando llegó el petróleo
a 40 dólares, dijeron: ‘no, se vuelve
a poner a 25’; cuando llegó a 50,
dijeron: ‘no, se vuelve a poner a 30’.
Y ahora que está en 60 y con unos problemas
mundiales que todos conocemos, donde prácticamente
los que están produciendo petróleo
no tienen capacidad de aumentar más. Y
una demanda recalentada, especialmente por China.
Cuando se habla de ajustes
hay que mirarlos en su conjunto. No creo que
el análisis
económico pueda ignorar lo que este Gobierno
ha hecho en materia de combustibles ni lo que
ha hecho en materia de servicios públicos.
Nosotros encontramos
todas las electrificadoras, de las cuales es
socio mayoritario la Nación,
en pérdidas. Hoy están todas en
negro. Y a eso han contribuido dos elementos:
la política de tarifa de servicios públicos
y la mejor administración, la reforma
de electrificadoras. Hemos reformado muchísimas:
la Chec, la del Quindío, la del Tolima,
el arreglo para quitarle a la de Boyacá la
carga del GOT –alivia inmensamente la de
Boyacá-, nos faltan otras, pero en ese
proceso estamos.
Pero estamos subsidiando
a los colombianos más
pobres. La política de tarifas es una
política realista y solidaria. Realista
para no quebrar estas empresas, realista para
atraer inversión en servicios públicos
y solidaria para subsidiar a los colombianos
más pobres.
Este año los subsidios de energía
nos cuestan más de 600 mil millones. Parte
se maneja, directamente en cada empresa, con
subsidios cruzados: las tarifas altas trasladan
a los de abajo. Pero el Gobierno Nacional tiene
que trasladar –María Inés
(Agudelo, viceministra técnica de Hacienda),
alrededor de 400 mil millones del presupuesto
que nos aprobó el Congreso el año
pasado, para subsidiar a los sectores más
pobres en materia de servicios públicos.
Otro ajuste bien importante:
departamentos y municipios. Anoche, la doctora
Ana Lucía
Villa, nuestra directora de la DAF (División
de Apoyo Fiscal), daba un gran informe en la
cámara de comercio de Bogotá. Hemos
pasado de un alto déficit de departamentos
y municipios en el 2000, a un superávit
de ahora. Y ha mejorado la estructura de su deuda
y se ha reducido sustancialmente su nivel de
endeudamiento.
¿Qué ha incidido en ello?: la
administración anterior –en buena
hora- aprobó la ley 617. ¡Un gran
paso! Y este Gobierno ha tenido toda la disciplina
para aplicarla.
A mi me preguntan: ‘¿por qué si
con Bogotá se firmó el acuerdo
para financiar transmilenio en diciembre de 2002,
cuando este Gobierno apenas llevaba cuatro meses,
por qué a penas vinieron a firmarlo la
semana pasada con Barranquilla?
En efecto, con Barranquilla
la semana pasada firmamos tres acuerdos: uno
para entregarle 150
mil millones para su sistema de transmilenio,
otro para invertir 55 mil millones en las obras
de defensa del río Magdalena, de defensa
del Puerto y otro, de 46 mil millones para los
caños. No lo habíamos podido hacer
antes, por razones fiscales y porque estaba incumpliendo
la ley 617.
Nosotros hemos sido muy
exigentes en materia de disciplina, para exigirle
a departamentos
y municipios que cumpla la ley 617. La situación
de departamentos y municipios hoy, teniendo en
cuenta que todavía los hay en ley 550
y que todavía los hay con déficit,
en términos generales pasó de ser
una situación de déficit a una
situación de superávit y una situación
con una estructura de deuda mucho más
sana.
Predial. Rogaría también, que
el análisis económico incluyera
lo que este Gobierno ha hecho en el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
sumamente bien manejado. Hoy tenemos el catastro
urbano de Colombia al día y el catrastro
rural, con un atraso de 30 por ciento, una actualización
del 70.
Ahí hay un tema de ajuste que se ha hecho
por la vía de administración del
Agustín Codazzi, sumamente interesante.
Creo que el Ministerio de Hacienda tiene que
empezar a entregarle al país las cifras
en materia de evolución catastral que
se obtienen en este Gobierno, porque uno no puede
hablar de ajustes y de saneamiento fiscal sin
mirar todos estos componentes.
¡Este país necesita crecimiento
de la economía, inversión!
Es muy importante en
esta Patria –donde
los medios de comunicación cumplen su
tarea que es criticar y no alabar-, que creemos
conciencia de lo que significa la legislatura
que acaba de pasar, la gran importancia de esas
leyes: esa reforma pensional, la ley que autoriza
al Gobierno a los pactos de estabilidad normativa
con los inversionistas. El propio doctor Enrique
Iglesias, presidente del BID (Banco Interamericano
de Desarrollo), estaba sorprendido de que Colombia
aprobara esa ley, decía: ‘esa es
una gran cosa, pero no creí que fuera
posible que Colombia la aprobara’.
A eso se le suma, los
convenios internacionales que hemos suscrito
recientemente, dos con España:
uno para el desmonte de la doble tributación
y otro para la protección de inversiones.
Nos comprometemos a que
inversionistas colombianos que inviertan allá, paguen impuestos en
uno de los dos países. Inversionistas
españoles que inviertan acá, paguen
impuestos por esas inversiones en uno solo de
los dos países. Y nos comprometemos a
protegernos mutuamente, en cada país,
las inversiones del otro.
Creemos que ahí abrimos camino, empezamos
a abrir la trocha para replicar esos convenios
con otros países. Eso ayuda mucho.
El Estatuto de Capitales.
Ayuda muchísimo
para democratizar las oportunidades en Colombia,
porque le exige a las empresas que estén
en el registro público de valores unos órganos
de administración que garanticen el respeto
a los accionistas minoritarios. Y eso le da mejores
oportunidades a esas empresas, de colocar sus
papeles en el mercado y de recaudar recursos
directamente del mercado. Lo que de contera,
libera recursos del sistema financiero para la
mediana y pequeña empresa, en lo cual
estamos empeñados.
Nosotros hacemos las
ruedas de crédito
en 37 ciudades colombianas, antes de ayer la
hicimos en Medellín, anoche empezamos
una en Bogotá en la cámara de comercio –que
la vamos a continuar el 12 de agosto-, y hemos
encontrado lo siguiente: en los dos extremos
hay un gran mejoramiento del crédito.
La gran empresa colombiana hoy, está en
glorioso frente al crédito, adquiriendo
crédito fácilmente y a una DTF
que está en 7.18, 7.19 más 2, más
4.
El microempresario ha
mejorado, este Gobierno le ha llegado con microcrédito a casi
dos millones de colombianos. La cartera de microcrédito,
cuando empezó este Gobierno, el saldo
de cartera era de 735 mil millones, hoy es de
2.5 billones. Ese es un salto sin precedentes.
Nuestra gran preocupación es por la franja
de la mitad: el pequeño y el mediano.
Muchos de ellos perdieron su condición
de sujeto de crédito, recuperarlo no ha
sido fácil, tienen todavía unos
altos costos de intermediación, hay dificultades,
pero ahí estamos trabajando, uniendo esfuerzos
del Gobierno Nacional, el Fondo de Garantías,
el sector financiero, trabajando con ellos.
Antes de ayer lanzamos
en Medellín un
instrumento muy bonito, se llama el ‘People
Point’. He dicho mucho que uno no puede
trabajar solamente en estos salones con el power
point. El power point le muestra a uno las soluciones,
lo que se ha resuelto, pero no le muestra lo
que falta.
-Una vez me decía el Ministro Botero
(Jorge Humberto, de Comercio, Industria y Turismo)
en una reunión aquí en Bogotá: ‘¿pero
por qué están tan bravos si ha
mejorado mucho el microcrédito?’ y
le dije: porque aquí no han venido los
que recibieron microcrédito sino los que
todavía no lo han recibido. Por eso, si
el Gobierno se queda en estas oficinas viendo
el power point y no convoca al power people,
no se da cuenta de lo que falta-.
Entonces, en este proceso
permanente, introdujimos esa herramienta de
crédito virtual que
se llama el ‘People Point’. Ya están
trabajando con ella 22 cámaras de comercio.
Entonces un pequeño empresario accede
a través de Internet y ahí se le
busca crédito y frecuentemente se hace
en unas reuniones ya de contacto personal, para
resolver los casos que no pudieron obtener el
crédito vía el software. Allí hay
un gran paso.
Confiamos mucho que este
estatuto de Capitales sea un gran paso en ese
proceso de mejorar el
acceso al crédito en Colombia.
Y, está la ley antitrámites, que
se luchó tanto por ella y que le simplifica
la vida a las empresas y a los ciudadanos.
Muchas gracias a todos.