PRESIDENTE RECIBE LA ‘MEDALLA DE ORO’
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO –CEU- DE ESPAÑA
Julio 12 de 2005 (Madrid – España)

Señoras y señores:

¡Acudo a la Fundación Universitaria San Pablo CEU con inmensa gratitud!

Esta medalla la llevaré toda la vida como un reconocimiento a la heroica lucha del pueblo colombiano por fortalecer su democracia, por derrotar tantos años de terrorismo.

Me comprometo, en mi condición elemental de luchador de la democracia, estar a la altura de los merecimientos del pueblo estoico de Colombia, pero es muy superior a mis personales condiciones.

Quiero agradecer inmensamente tan generosas palabras aquí pronunciadas por el doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector de la Universidad Sergio Arboleda, una universidad de ser ideológico, siempre abierta a la crítica y al debate.

Tan generosas palabras de don Alfonso Coronel de Palma Martínez Agulló, de don Carlos Mayor, del profesor don Juan Velásquez, agradecerle a él las circunstancia de haber examinado estos textos que no merecen tanto detenimiento. Muchas gracias por esa paciencia académica.

Felicitar a la Universidad por todos sus logros, que hemos escuchado con tanto entusiasmo, en la magnífica exposición de su rector.

Muy apreciada comunidad académica: en lugar de proponerle a Colombia una estrategia de apaciguamiento de los violentos, le propusimos un programa de Seguridad Democrática, que es el que está en plena ejecución.

El apaciguamiento fortalece los violentos, ellos recogieron de El Príncipe, a través de Marx, aquella idea de ‘aprovechar la generosidad del adversario, tomarla como debilidad y tenerle en cuenta para golpearlo y obtener los fines del violento.

Pasó esa idea desapercibida mucho tiempo, hasta que, con mucha inteligencia, la recogió Marx y sus sucesores.

No nace la paz del apaciguamiento, la paz nace de la seguridad, la paz se cimenta en la autoridad justa. La autoridad justa tiene que ser democrática, abierta al pluralismo, imparcial frente a todas las expresiones del pensamiento, y además, constructora de cohesión social.

Esta Universidad, es una Universidad abierta a la crítica, pero lo que diferencia la apertura a la crítica del camino de la anarquía, es hacer crítica con valores o hacer crítica sin valores.

Cuando se hace permanente análisis crítico, le corresponde a cada claustro universitario -y éste está enmarcado en valores-, el camino es constructivo. Cuando ese análisis crítico se adelanta sin un referente de valores, el destino es anárquico.

El apaciguamiento es camino de anarquía. La seguridad imparcial, democrática, busca el camino de mejoramiento popular.

¿Por qué democrático?: por la acepción elemental de la democracia: seguridad para todos.

Democrática como un referente histórico, para establecer la diferencia entre nuestro concepto de seguridad y la doctrina de la Seguridad Nacional que recorrió a América Latina, en algunos años; que se utilizó para suprimir libertades públicas, para suspenderlas, para ‘macartizar’ el disenso, para perseguir el disenso, para anular al contrario.

La nuestra es todo lo opuesto. Seguridad Democrática significa seguridad para todos los ciudadanos, seguridad para los empresarios, seguridad para los trabajadores, seguridad para los voceros de las tesis del Gobierno, seguridad para los integrantes de la oposición, seguridad para todos los actores de la democracia: periodistas, profesores, líderes sindicales, alcaldes de elección popular, gobernadores de elección popular, diputados, concejales, congresistas. Seguridad para cultivar la ilusión de las nuevas generaciones.

Seguridad, no para la sociedad del monopensamiento, seguridad para la construcción del pluralismo. Por eso es democrático nuestro contexto de seguridad.

En América Latina se ha incurrido en la errónea manía de calificar nuestras democracias entre democracias de derecha y democracias de izquierda. Una calificación obsoleta, polarizante, impráctica. ¿Por qué obsoleta?, porque esa división, en alguna forma tuvo sentido, cuando imperaban en América Latina dictaduras y de acuerdo con la actitud que unos y otros asumían frente a este fenómeno político y gubernamental, se les clasificaba entre ciudadanos u organizaciones de izquierda o de derecha.

Sometidos todos los países latinoamericanos a la regla democrática, esa calificación es obsoleta, polarizante sin sentido como lo acaba redemostrar la reciente elección del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en virtud de esa ficticia clasificación de las democracias latinoamericanas estuvo a punto de anarquizarse la polarización, polarización que se pudo superar gracias, en muy buena parte, a la prudente gestión conciliadora de nuestra Canciller (Carolina Barco). Impráctica –como lo decía ayer en alguna de las reuniones aquí en Madrid-.

Recientemente una periodista internacional me dijo que cómo me sentía yo como gobernante de derecha entre todos los gobiernos de izquierda de América Latina, y le dije: ‘¿usted de qué es?’ y me dijo: ‘yo soy de izquierda’ y le repliqué: ‘déme una razón para que usted se autocalifique de izquierda y me califique a mí de derecha’. Enmudeció. Le di una segunda oportunidad: ‘déme una razón para que usted califique al Gobierno del presidente Lula de izquierda y al nuestro de derecha’. Enmudeció.

Renglón seguido le dije: ‘la pregunta es otra: ¿son éstas democracias incluyentes o excluyentes?, ¿son éstas democracias institucionales o caudillistas?, ¿son éstas democracias regladas o de caprichos de elegidos?, ¿son éstas democracias progresistas o retardatarias?’ Y le sugerí: ‘para responder a éstos cuestionamientos, hay que ver éstas democracias en función de la seguridad, de las libertades públicas, de la construcción de cohesión social, de la transparencia, del respeto a instituciones independientes que constituyen la estructura del Estado.

Pues bien, he ahí un punto bien importante para mirar cómo evoluciona la democracia colombiana, de acuerdo con todos esos parámetros. La seguridad nuestra está vinculada con todos ellos, está vinculada con las libertades públicas, está vinculada con la construcción de cohesión social. Está ligada a la transparencia y está ejercida en el absoluto respeto a las instituciones independientes, que es el elemental respeto a los textos de la Constitución. Por eso, éste es un concepto democrático de seguridad.

Y en esa seguridad, brilla el respeto a las libertades públicas, lo que marca una diferencia. ¿Cuántos periódicos se censuraron en América Latina, justificando la censura en la lucha contra el terrorismo?, ¿cuántos disidentes ideológicos fueron llevados a la cárcel injustamente por su inocente conducta de criticar, sindicándolos, abusivamente, de terroristas?, ¿cuántos partidos fueron proscritos en ese cercenamiento de las libertades públicas?

La nuestra es todo lo contrario. La nuestra es libertad absoluta de prensa, libertad absoluta de expresión ideológica. Libertad absoluta, en el texto y en la práctica, de los partidos.

En 2003, cuando llevábamos más de un año en este ejercicio de Seguridad Democrática, Colombia realizó dos eventos importantísimos: la convocatoria del pueblo al referendo y las elecciones generales de alcaldes, gobernadores, diputados regionales y concejales locales.

Ese referendo que propusimos desde el Gobierno y que debió convertirse en una Ley de la República, le propuso a los colombianos puntos que estaban en el Manifiesto Democrático –profesor don Juan Velásquez Fuentes-, como el de crear esa contraloría técnica y pequeña y suprimir esos focos de politiquería en las contralorías regionales.

Justamente el respeto a las instituciones, nos obligó a respetar un fallo que nunca compartimos del Consejo Electoral, que incluyó en el censo electoral a militares que no podían votar, a ciudadanos que habían fallecido y su identificación no había sido descargada del censo y a ciudadanos que no habían recibido su cédula para poder votar.

Eso lo alegamos en público y en privado, pero finalmente respetamos las instituciones y justamente por eso, a pesar de una copiosa concurrencia favorable de los colombianos al referendo, no pudimos, en puntos tan importantes como ese que usted menciona, profesor Velásquez Fuentes, fuera aprobado por los colombianos.

Este referendo fue bastante complejo, de muchísimos puntos –lo que habría que corregir en el documento-, sin una sola propuesta populista, en una Nación con tanta pobreza. Diría yo que fue un gran ejercicio de política seria, convocados los colombianos –con una pobreza entonces del 57 por ciento, hoy todavía del 52- a un referendo para congelar ingresos de funcionarios públicos, a vida cuenta del riesgo del abismo por el alto endeudamiento y el ato déficit.

¿Qué vale la pena destacar?: el respeto a las instituciones y a las libertades. Opositores y abstencionistas tuvieron más oportunidades para expresar sus tesis y sus convocatorias, que el mismo Gobierno.

Y en la elección al día siguiente de alcaldes y gobernadores, que marcó un hito en Colombia importante: el país, en el último siglo ha tenido, casi en todo momento, completas libertades retóricas, pero no completas libertades efectivas.

Muchos candidatos, provenientes de partidos de antiguas guerrillas, de partidos alternativos a los tradicionales, habían sido asesinados en sus campañas. ¡Qué paradoja! El Gobierno de la Seguridad Democrática, presidido por alguien, combatido ferozmente por las Ong’s de la Unión Europea, es el Gobierno que les garantiza las libertades efectivas.

Fueron protegidos eficazmente como candidatos, ganaron posiciones de la mayor importancia en gobernaciones y alcaldías y ahí no terminó el ejercicio de la libertad. Se han respetado sus fueros, sus competencias. Hemos construido con ellos un proyecto de gobernabilidad, de unidad de Patria, fundamental para la unidad de las nuevas generaciones de colombianos.

Muchos intelectuales que me criticaban desde el exilio, han regresado a Colombia. ¡Qué paradoja¡ En el Gobierno al que ellos temían, al que critican, al que descalifican, han podido ejercer su critica desde el territorio de la Patria, cuando antes tenían que enviarlo desde afuera.

En las últimas semanas, Colombia ha elegido 190 alcaldes municipales, con plenas garantías. Candidatos provenientes de un jardín enorme de diferentes flores ideológicas.

Cuando empezamos, casi 400 alcaldes de un total de 1.096 de Colombia, no podían ejercer porque estaban presionados por el terrorismo, hoy gracias al rescate del control territorial por las instituciones armadas de Colombia, salvo uno o dos, todos pueden ejercer. Pero el camino que falta es mucho.

Cuando uno ve las cifras de secuestros, de homicidios, aparece una gran tendencia a la reducción, pero todavía son muy elevadas. Por eso, este tiene que ser un camino de perseverancia, un camino donde haya ajustes sin bandazos, un camino donde la perseverancia no se constituya en dogma para negar previsiones y un camino en el cual el ánimo de la revisión y de la dialéctica, no se constituya en una oportunidad para propiciar reversas. Así lo entendemos.

¿Por qué hemos llamado a estos grupos terroristas?: porqué negamos que Colombia tenga con ellos con un conflicto y sustituimos del conflicto –que yo todavía equivocadamente reconocí en el Manifiesto Democrático- por el concepto de amenaza terrorista.

Déjenme simplemente, acudir a una razón histórica y a un ejercicio comparativo del derecho y de la democracia.

La histórica: la insurgencia latinoamericana tuvo alguna legitimidad por sus luchas contra las dictaduras civiles o militares. Contra la civil de Somoza, contra las militares de El Salvador o del Cono Sur. La insurgencia latinoamericana, tuvo alguna legitimidad por su lucha contra la inequidad social.

Veamos qué ha pasado en Colombia: la “insurgencia” en lugar de haber contribuido a la profundización democrática, la ha frenado.

Era yo aún universitario y nuestras universidades públicas recibían permanentemente los mensajes de las guerrillas que justificaban su acción violenta en la circunstancia de que Colombia todavía no había permitido la elección popular de alcaldes. Se introdujo años después, como punto final de una discusión de un siglo, en la Administración del presidente (Belisario) Betancur. Esos insurgentes que la reclamaban, se convirtieron en los sicarios, asesinos, de los alcaldes elegidos.

Quien así proceda, marca una diferencia con esas otras insurgencias. Mientras aquellas luchaban contra la dictadura, éstos asesinan la democracia. No hay para ellos señalamiento distinto al de terroristas.

En nuestro país –como en los hermanos pueblos latinoamericanos- esas insurgencias buscaban legitimidad de su lucha con el propósito de combatir la injusticia social. En el nuestro frenaron la expansión de la economía, expulsaron la inversión, enviaron al extranjero cuatro millones de ciudadanos, causaron un desplazamiento interno de dos millones, se fugaron los pocos capitales –quien acumulaba no quería invertir más en Colombia-, las masas campesinas se volcaron a las ciudades –como ustedes acaban de verlo, en su reciente y fructífera visita a Cartagena-.

La economía no creció al ritmo que demandaba ese volcamiento y ese volcamiento se constituyó en pobreza, en cinturones de miseria. El resultado de esta acción violenta, lejos de contribuir al mejoramiento social, ha empobrecido mucho más Colombia.

Por eso no les reconocemos legitimidad insurgente y tampoco les reconocemos legitimidad por razones de derecho comparado, por razones de democracia comparada.

Cuando leo o nos informamos de legislaciones europeas que definen el terrorismo como el uso o la amenaza del uso de fuerza por razones ideológicas, religiosas, políticas, me pregunto ‘¿por qué niegan el delito político armado?, ¿por qué lo definen como terrorismo?’ Y en el proceso democrático europeo se encuentra una razón, que ustedes elocuentemente la han recogido: cuando hay democracia, no se pude legitimar acción violenta alguna.

Entonces, lo que ha sido valido para que Europa desconozca la insurgencia armada y la califique de terrorismo, es valido también en Colombia, que ha estado en un proceso permanente de profundización de su democracia. Una democracia abierta, profunda, de libertades públicas como la de Colombia, pluralista, no puede permitir un solo espacio mínimo de legitimidad a la acción armada contra esa democracia.

Por eso calificamos estos grupos de terroristas, por eso negamos que haya conflicto, lo que no quiere decir que desconozcamos la realidad social de Colombia.

Tenemos una problemática social enorme, un 52 por ciento de nuestros compatriotas se debaten en la pobreza, la tarea por delante para la construcción de cohesión social es infinita, mayúscula, pero de ahí no se puede derivar que haya que reconocerle legitimidad de conflicto a los actores terroristas, que en lugar de haber contribuido a mejorar esa pobreza, su consecuencia ha sido profundizarla.

Me preguntan mucho: ¿si usted niega el conflicto con ellos, si dice que en lugar de conflicto hay una amenaza terrorista, si los desconoce como actores políticos, cómo puede proponer la negociación?: a partir del cese de hostilidades.

Nuestra posición es muy elemental: toda la dureza para combatirlos, con la armas del Estado de leyes, con la transparencia de la democracia, mientras persistan en sus acciones violentas. Generosidad para acogerlos o para negociar con ellos cuando demuestren propósitos de abandonar sus acciones violentas.

El polo determinante de nuestra política no es la negociación, es el ejercicio de autoridad. Porque creemos que cuando se empieza a partir de la negociación, es como empezar a partir del apaciguamiento, camino inconducente a la paz. Cuando se empieza a partir de la autoridad –justa, imparcial, democrática-, es el camino efectivo hacía la paz.

A partir de la autoridad: generosidad para albergar la negociación, generosidad para albergar a quienes desistan de sus acciones violentas.

En este Gobierno se han desmovilizado ya cerca de 13 mil integrantes de los grupos violentos, 40 ó 45 por ciento de las guerrillas, 60 ó 55 por ciento de los mal llamados paramilitares. El Gobierno está procediendo con generosidad para atender esa reinserción que este año nos puede costar 100 millones de dólares. Y confiamos que en las próximas semanas haya muchísimos más reinsertados.

Ellos reconocen con total transparencia, que tomaron la decisión de reinsertarse porque la presión de autoridad de nuestro Gobierno los obligó a reflexionar, porque la presión de autoridad de nuestro Gobierno les cerró la posibilidad de seguir ilusionados con la destrucción violenta de nuestras instituciones democráticas.

El sábado asistimos a un acto conmovedor –antes de tomar el avión a España-, asistimos a la graduación de 400 de ellos en uno de nuestros programas de capacitación técnica. Llevó la palabra, uno de ellos proveniente de la FARC, doce años de comandante. ¡Qué palabras tan bellas y tan valerosas! De gratitud por la generosidad de sus compatriotas, de expresión de felicidad por haber tenido la oportunidad de reencuentro con su familia. Y ¡valerosas!, de convocatoria pública a quienes persisten en los caminos aciagos del terrorismo, para que sigan el ejemplo de la decisión de reinsertarse.

LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Después de haber avanzado mucho en ese programa de reinserción y por iniciativa del Gobierno, el Congreso acaba de aprobar la Ley de Justicia y Paz. Ante esta comunidad académica tan importante, permítanme hacer algunas precisiones, porque encuentro muchos intelectuales de Europa asustados por la propaganda de algunas Ong’s que poco han dicho contra la guerrilla y que dicen mucho contra esta ley.

Primero. Cuando uno ve procesos de paz en el mundo, de perdón total para genocidio como el Rwanda encuentra que de verdad, esta ley en Colombia, es ley de Paz y de Justicia.

Es además, la primera ocasión, cuando Colombia en un proceso de paz, incorpora el concepto de justicia y el concepto de reparación a las victimas.

Han dicho algunos al criticarla: ‘es una ley para los paramilitares’. Es una Ley para todos. Los primeros beneficiarios de esta ley son los 13 mil reinsertados actuales –y los que habrán de venir-, donde hay un alto porcentaje de guerrilla.

Ocurre sí, en la crítica, lo siguiente: muchos de los críticos la encuentran demasiado benigna con los paramilitares y demasiado severa con las guerrillas. Bases guerrilleras que se han desmovilizado la aceptan, pero los dirigentes guerrilleros dicen que ellos no la aceptan, porque piden indulto y amnistía para delitos atroces, se niegan a un solo día de cárcel por delitos atroces y piden que se cambie la Constitución Colombiana para que puedan ser elegidos al Congreso, no obstante ser responsables de delitos atroces.

Dice la crítica, que esta es una ley de impunidad. ¡De ninguna manera! Prohíbe esta ley el indulto, prohíbe la amnistía para delitos atroces, tiene sentencias reducidas de pena privativa de la libertad, sí. Es el costo de la paz. Porque es una ley de justicia pero no de sometimiento, como también es una ley de paz pero no de impunidad.

La Constitución Colombiana advierte que: ‘quien haya sido condenado por un delito diferente al delito político o al homicidio culposo, no puede ir al Congreso’. Esta ley, en la jerarquía normativa, está en la escala inferior de la Constitución y respeta plenamente la Constitución.

Esta ley no debilitó la extradición. Cuando el Gobierno que presido empezó, Colombia había extraditado 60 personas, este Gobierno ha ordenado la extradición de 330.

Hay una discusión técnica sobre la confesión. Cuando alguien se desmoviliza de acuerdo con esta ley, tiene que someterse a un proceso inicial de la Fiscalía de dos meses, debe contar los delitos que ha cometido, si omitió algún delito y aparece posteriormente, no existe una tal prescripción en esos dos meses –como lo decía ayer un representante de una Ong aquí en Madrid-, en cualquier momento posterior, si aparece ese delito, se le puede juzgar por él. Si lo ocultó intencionalmente, pierde los beneficios. Si coopera con la justicia, mantiene los beneficios pero se le puede imponer una pena adicional del 20 por ciento.

Dicen los críticos que esta ley mantiene la posibilidad de que esas organizaciones terroristas existan. No hay ley que garantice, per sé, que las organizaciones terroristas no se reproduzcan. Lo único que garantiza que no reproduzcan las organizaciones terroristas, es una política continuada de seguridad.

Dicen los críticos que los beneficiarios de esta ley van a mantener su riqueza ilícita. La ley exige que se les confisque toda la riqueza ilícita, esa riqueza hará parte de un patrimonio de resarcimiento a las víctimas, pero además, los beneficiarios de esta ley, además de quedar sometidos a esa norma incluida en esta ley de confiscación de la riqueza ilícita, están sometidos a otra, a la ley general de extinción de dominio –una de las primeras que este Gobierno modificó para ser más expedito sus procedimientos y que ha producido enormes beneficios ya, para empezar a recuperar para el Estado y para la sociedad, los bienes adquiridos por la delincuencia-.

Es muy difícil el equilibrio entre justicia y paz, por eso ¡que foro tan importante de esta Universidad San Pablo CEU, para hacer algunos comentarios sobre esta norma!

DELITO POLÍTICO

Nosotros hemos venido proponiendo un nuevo debate en Colombia: en una sociedad democrática no debe haber delito político.

Primero, porque el ordenamiento jurídico colombiano conserva lo que –a mi juicio- es una definición anacrónica de delito político: acepta el delito político fundamentado en la acción armada.

Y hemos visto que como contraprestación a la profundización democrática, Europa, a esa conducta, la tipifica como terrorismo. Lo que es valido para una democracia pluralista europea, es valido para una democracia pluralista latinoamericana. Y por su puesto, resulta imposible, en una democracia pluralista elevar a la categoría de delito del disenso, lo que se ha conocido por los tratadistas: el delito de opinión o el delito de disenso.

En las sociedades democráticas no conductas de opinión, no puede haber decisiones de conciencia que se eleven a la categoría de delito.

Y me han preguntado los jóvenes estudiantes: ‘¿cuál es la relación entre la autoridad, la seguridad y (…)?’, porque se entiende la autoridad como el rescate del orden, la paz como la conquista de la reconciliación.

Quiero decir de manera muy elemental, ante esta Universidad: la autoridad es generadora de la seguridad, que es un valor democrático. La seguridad, como valor democrático, es constructora de respeto a la ley, de respeto a la pluralidad. El respeto a la Ley es el principio ético que permite enlazar un ciudadano con el otro y construir ese colectivo de comunidad o de Nación. Y cuando todos se sienten integrantes de ese colectivo, a partir de principio ético del respeto a la ley que se genera en la autoridad, se sienten, todos, obligados a la convivencia, a ser semillas de paz.

Vamos a perseverar. Hace pocos días me referí a unos compatriotas angustiados por problemas que no se resuelven: ‘cuando el pescador no se duerme, más temprano que tarde le llega la cosecha’.

¡Confió que a Colombia le llegue la cosecha de paz!

Voy a regresar a mi Patria, con mis compañeros de Gobierno, con inmensa gratitud por esta medalla.

La única manera que tengo de ser reciproco con esta Universidad, es reafirmando la devoción de trabajar hasta el último día de la existencia por un propósito: que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir felices, en democracia, en igualdad de oportunidades. No por razones exóticas, por una razón elemental: mi generación y varias generaciones de colombianos, no han tenido un día de paz. Cuando uno ve crecer a sus hijos no quiere que estas angustias y sobresaltos se repitan en la generación de ellos.

Ahora que estamos celebrando los 400 años del Quijote, déjenme cerrar con en bellísimo párrafo, que bastante ilusión nos crea para Colombia.

Escribió Don Miguel de Cervantes: “las tragedias que me suceden son señales que presto han de serenar el tiempo y han de sucedernos bien todas las cosas, o bien y el mal no pueden ser durables (…) que habiendo dado tanto el mal, el bien está cerca’.

Ustedes nos estimulan a pensar que el bien esta cerca para Colombia.

Muchas gracias.