ASAMBLEA
DE ASOBANCARIA
Junio 17 de 2005
(Cartagena de Indias – Bolívar)
Compatriotas:
Los saludo muy respetuosamente.
Me agrada muchísimo
poder acudir esta tarde a esta sesión
final de esta reunión tan importante,
la número 40, de la Asociación
Bancaria de nuestra Patria.
Quería abrir desde el comienzo un diálogo
con ustedes, pero la enjundiosa presentación
que ha hecho la doctora Patricia Cárdenas
Santamaría (Presidenta de Asobancaria)
propone una agenda de gran importancia, y voy
a tratar de hacer unas referencias a esa agenda.
Permítanme en primer lugar reiterar una
convicción de este Gobierno: una Nación
como Colombia, donde necesitamos permanentes
procesos de concertación hay que impulsarlos
y mostrar en ellos resultados. Cuando no se impulsan
o los resultados no llegan, la concertación
se desacredita.
En muchos países del continente están
de nuevo con la tesis de intervenir tasas de
interés, de acrecentar inversiones forzosas
al sector financiero, y a mí me preocupa
porque inicialmente veo que lo sectores privados
de esos vecinos se oponen, pero la oposición
es débil y terminan acomodándose.
Hace poco me decían de un país
vecino ‘teníamos mucho miedo porque
nos iban a imponer una inversión forzosa.
No dimos la batalla suficiente, la impusieron
pero nos estamos acomodando porque ya estamos
encontrando cómo beneficiarnos de esa
inversión’.
A mí me parece que eso es muy dañino,
hay que tener consistencia doctrinaria y esa
consistencia doctrinaria hay que probarla en
el corto y en el largo plazo. Por eso he creído
que para nuestra Patria debemos aclimatar, con
acciones de corto plazo, con prácticas
cotidianas; una visión de largo plazo
que contraponga los resultados de la concertación
a las tentaciones de regulaciones administrativas
que estrechen el marco de acción del sector
financiero y que le creen desconfianza.
Lo que hemos hecho, desde
septiembre de 2002 cuando con ustedes por primera
vez me reuní en
este escenario, es un buen camino de concertación
En la medida que lo profundicemos y en la medida
que lo continuemos, eso despejará dudas
en Colombia.
Eso aclimatará en Colombia la idea de
que hay un sector financiero totalmente al servicio
de la Patria y que ese sector financiero no puede
ser estrangulado por decisiones de los gobiernos
porque está presto en todo momento a concertar.
Hicimos una primera concertación para
la participación de ustedes en el microcrédito.
Recuerdo que en esos momentos muchos dijeron ‘no
tenemos experiencia’. Se convino que algunos
saltarían directamente al microcrédito,
otros le comprarían cartera a las fundaciones
especializadas, etc, una buena gama de instrumentos
para cumplir ese compromiso.
Hoy encontramos los colombianos
lo siguiente: Cuando empezó este Gobierno el saldo de
cartera de microcrédito era de 732 mil
millones, a abril de este año es de 2
billones 305 mil millones, hemos crecido en un
214 por ciento, hemos beneficiado a un millón
850 mil colombianos con microcrédito.
Una gran expresión de concertación,
el sector financiero, las fundaciones, el Fondo
de Garantía, los acuerdos promovidos por
el Gobierno Nacional con el liderazgo del viceministro
Carlos Alberto Zarruk con los departamentos y
los municipios para fortalecer ese Fondo de Garantías.
Yo miro con mucha ilusión este tema,
porque una de nuestras herramientas de equidad,
que la insertamos allá, en uno de los
parámetros de la democracia moderna que
es la cohesión social, es la construcción
de un país de propietarios.
Si ustedes me preguntaran
qué marcha
mal en microcrédito, porque conocemos
qué marcha bien, diría sin vacilación,
no discutamos lo de las tasas de interés
yo confío que vayamos avanzando. Los microempresarios
colombianos están dando el tránsito
de la prendería a la institución
bancaria, eso es muy importante y han sentido
un gran alivio, pero pronto se van a acostumbran
y entonces ya van a querer dar otro pasito hacia
tasas más razonables, hacia tasas más
llevables y lo iremos buscando.
Mi gran preocupación en lo inmediato
es por los desbalances regionales. Tenemos unas
regiones donde hemos avanzado mucho en microcrédito,
otras donde no hemos avanzado suficientemente.
Nos tenemos que dar a la tarea de corregir esos
desequilibrios regionales.
Posteriormente hicimos
una segunda concertación
para la inversión de ustedes en vivienda
social. Yo celebro cómo han progresado
en colocación directa algunas entidades
financieras. Invitaría a que todas den
el salto a avanzar en colocación directa
en vivienda social.
Cumplieron también con colocar unos recursos
en Findeter, le compraron a esta institución
estatal sus papeles, allí todavía
hay un saldo sin colocar de 90 mil millones,
el proceso ha sido lento pero en las últimas
semanas se han duplicado los desembolsos. Confío
que podamos avanzar.
Hemos tenido ahí, como principal instrumento
de primer piso para la colocación de esos
recursos de Findeter a las cajas de compensación,
también hay muchos desequilibrios entre
ellas, unas van muy bien, otras muy rezagadas.
Estamos tratando de vincular
al sector cooperativo que todavía no se recupera suficientemente
de la crisis que lo afectó, especialmente
en la segunda mitad de la anterior década.
Celebro este nuevo acuerdo
del día de
hoy. ¿Por qué la petición
de un billón de pesos? Antes de que empezara
la crisis Colombia estaba colocando anualmente
en vivienda social un billón 600 mil millones,
eso se cayó a 200 mil millones, estamos
por el orden de 600 mil millones, hay que dar
este empujón. O sea que la cifra no es
tomada al azar, es procurando empujar a ver si
nos situamos rápidamente en el momento
inmediatamente anterior a la crisis.
Ustedes van a hacer el
esfuerzo de aplicar esos recursos y el Gobierno
va a hacer los esfuerzos
a los cuales se acaba de referir la doctora Patria
Cárdenas. Uno de ellos es eliminar el
costo del acceso al Fondo Nacional de Garantías
para los estratos 1 y 2. Ustedes me decían
en una conferencia telefónica que tuvimos
esta mañana, que advierten en ese costo
una barrera para la adquisición de crédito.
El Gobierno quiere probar,
y si efectivamente con la eliminación de ese costo que lo
tendrá que compensar el Presupuesto Nacional
al Fondo Nacional de Garantías se aumenta
la colocación de crédito se aumenta
el número de beneficiarios del crédito,
estará probada la tesis de que allí había
un obstáculo.
Ustedes me han propuesto
varios temas en este acuerdo, uno de ellos,
el tema de recuperar las
garantías. El ex ministro Eduardo Pizano,
al final de la administración presidencial
anterior, presentó un proyecto de ley
para agilizar el proceso ejecutivo hipotecario.
Este Gobierno lo encontró presentado,
trabajó con todo entusiasmo con el Congreso
de la República para convertirlo en Ley.
Creímos que habíamos dado el gran
paso para agilizar esos procedimientos.
Comprendo que hay quejas
de ustedes, pero esta mañana revisaba con la jurídica
de Presidencia, yo creo que el clima ha mejorado
mucho. Cuando era yo candidato presidencial acudía
a San Juan de Girón, por ejemplo, y en
todo el país la gente quería saber
de seguridad, allí lo que había
era una expresión de odio, no contra los
grupos terroristas sino contra el upac y contra
la UVR, eso se ha superado; y por el otro lado
el sector financiero estaba totalmente golpeado
por la cantidad de pleitos, la malísima
cartera que no podían recuperar y las
dificultades para poder recuperar las garantías.
Subsisten problemas pero
mi percepción,
en el contacto permanente con los colombianos,
es que ambos factores han mejorado sustancialmente
y así lo indican las cifras que ustedes
mismos manejan.
Yo quiero invitarlos,
sobre el tema a lo siguiente: hoy no es un
aspecto de ley, hoy es un aspecto
de administración de justicia, me parece
que hay que promover y le pediría al doctor
Juan Lozano, a la doctora Cecilia Álvarez
y al Superintendente, que convoquemos en la Presidencia
una reunión de ustedes con el Consejo
de la Judicatura, para mirar cómo, respetando
totalmente la autonomía de la justicia,
cómo impulsamos la aceleración
de los procesos, creo que hay que buscar también
alternativas.
Mire, para facilitar
el crédito, que
por ejemplo en el sector agropecuario se ha recuperado
bastante en este Gobierno como lo indican las
cifras de FINAGRO, hemos promovido en muchas
partes del país esquemas que faciliten
que muchos ciudadanos recuperen la condición
de sujeto de crédito y que los bancos
tengan tranquilidad. Cito el caso del departamento
del Cesar. Sus agricultores habían pedido
su condición de sujetos de crédito,
los bancos no querían saber nada del sector
agropecuario del Cesar.
Hemos logrado con unas
figuras de patrimonios autónomos, dar garantías operativas
eficientes, ir recuperando esa confianza. Creo
que hay que buscar unos caminos semejantes en
el sector hipotecario, en general. Pero recogemos
su inquietud, doctora Patricia, y en la próxima
semana empezaremos esas reuniones.
Yo les proponía esta mañana lo
siguiente: que no sigamos mostrando en Colombia
como excluyentes las opciones del subsidio estatal
al precio de vivienda, con la opción del
subsidio estatal a la tasa de interés.
Pienso que hay que trabajar con ambos mecanismos.
Hasta hoy solamente hemos
trabajado con subsidio al precio de la vivienda;
y habrá que
mantenerlo, porque el Estado no se puede sustraer
por ejemplo de allí donde haya que reubicar
un barriecito, etcétera. Pero debemos
estudiar cómo emprendemos el camino complementario,
no sustitutivo, sino complementario de subsidio
a la tasa de interés.
Yo le veo muchas ventajas.
Una ventaja es: simplifica y hace más transparente la participación
del Estado. Yo creo que nosotros hemos hecho
más transparente la participación
del Estado en vivienda este Gobierno al haber
eliminado Inurbe y a la vez sustituido a Inurbe
por las cajas de compensación.
Pero de todas maneras
el Estado y el gobierno de turno tienen que
intervenir muchísimo,
que con el proyecto del alcalde, que con la ayuda
de cofinanciación a la respectiva alcaldía
para la infraestructura, con el examen de las
solicitudes, con la elegibilidad, etcétera.
Mientras mayor allí la intervención
del Estado, mayores riesgos de que no haya transparencia.
Subsidiar la tasa de
interés pone al
Estado simplemente de interlocutor con el respectivo
actor financiero, simplifica mucho procedimiento,
crea transparencia y nos puede ayudar a expandir
cobertura.
Lo que estamos haciendo
en el acuerdo de hoy nos va a dar la respuesta
si un un freno a la
expansión de cobertura realmente ha sido
ese costo de la comisión del Fondo de
Garantías. Vamos a probarlo. No hay peor
diligencia que la que no se haga, y el Gobierno
se compromete con ese esfuerzo.
Pero los invito a que
sigamos estudiando el tema de entrar a financiar
la tasa de interés,
a subsidiarla.
Esta mañana, hablando con el doctor Forero,
con la doctora Patricia, la Ministra, la Viceministra,
el doctor Juan Lozano -con el único que
no hablé hoy todavía fue con el
Ministro de Hacienda- les decía: mire,
hay que focalizarlo a los sectores más
pobres, y no puede duplicidad de subsidios. El
que reciba el subsidio al precio no debe recibir
el subsidio de la tasa de interés.
Pero hay mucha gente
que no alcanza el subsidio al precio, que no
está en los programas
específicos que presentan para competir
por los subsidios al precio, que podría
resolver el problema con el subsidio a la tasa
de interés.
Ustedes tienen dudas,
me las expresaron esta mañana. Sigámoslo
estudiando.
En síntesis, hay queda una decisión
tomada en el acuerdo de hoy: colocar entre el
primero de julio y el primero de julio del año
entrante un billón; aliviarle cargas a
la gente de los estratos uno y dos, como el costo
de la comisión del Fondo de Garantías.
El elemento de buscar
esa concertación
con la justicia, para que fluya la mayor agilidad
legal que se obtuvo en el 2003 en el juicio hipotecario
ejecutivo.
Y un segundo punto: examinemos
la viabilidad de poner en marcha, no como reemplazo
del subsidio
al precio de vivienda, sino como complemento,
un esquema de subsidio a tasas de interés
en la vivienda, para los sectores más
pobres.
Quiero hacerles una invitación. Yo creo
que hay que hacer un mercadeo de carne y hueso
con estos nuevos instrumentos financieros. Un
banco de los aquí representados me mostró hace
pocos días en la Presidencia de la República,
me llevó una muestrecita de ese mercadeo
de carne y hueso, me llevó su equipo humano
de Bogotá, que está visitando a
los pequeños empresarios para incorporarlos
al crédito a microempresas. Pienso que
eso hay que hacer con vivienda social.
La verdad que no basta
con sacar unos avisos en los periódicos,
no basta con el comunicado de prensa de hoy.
¡Qué bueno, qué bueno que
todos los bancos montaran los departamentos de
promoción de carne y hueso del microcrédito,
y el microcrédito orientado a vivienda
social!
¡
Qué bueno que la gente pobre de Colombia,
como lo está haciendo con ese banco
en Bogotá, que le toquen la humilde
residencia, y que llegue una delegación
de un banco a promoverle el crédito.
El Mercadeo de carne y hueso, hay que hacerlo
para recuperar confianza.
Y eso todo hay que manejarlo
con una palabra fundamental en este país:
amor.
La verdad es que, por
ejemplo, mi pasó por
la universidad pública ya hace tantos
años me creó un inmenso temor,
de que esta Patria definitivamente se enrumbara
por el camino de la lucha permanente, violenta,
de clases. Los riesgos existen; la radicalización
conceptual en muchos sectores mantienen esos
riesgos mínimos ahí, al borde de
germinar.
Y esos riesgos no los
evitamos, sino con acciones prácticas que demuestren nuestro interés
de proceder con amor frente a todos los compatriotas.
¡Qué bueno, doctora Patricia, que
pudiéramos ver esas misiones de los diferentes
bancos yendo a las casas de humildes colombianos
y a sus negocios, a colocarles ese microcrédito
de vivienda!
Es bien importante. Ustedes
se imaginan la sensación
de un colombiano que le toquen la puerta y que
le digan: aquí venimos de tal banco y
le venimos a ofrecer este crédito y que
le construyan confianza.
Yo miro eso con enorme
ilusión. Cosas
tan simples, pero tan importantes en la psicología
individual y colectiva de la Patria.
En el tema de las comisiones.
En esta Patria muchos siempre quieren dialogar
con los otros,
pero hay poca inclinación a dialogar entre
nosotros.
Yo celebro esos esfuerzos
que vienen haciendo. Y seguirán acompañándolos
el doctor Zarruk, el doctor Juan Lozano, la doctora
Cecilia.
Esos esfuerzos con Cotelco,
esos esfuerzos con FENALCO. No es bueno para
esta Patria que en
los congresos gremiales, los unos le echen vainas
por sus cuitas y dificultades a los otros gremios.
Hay que avanzar en esos procesos de cohesión.
El informe que usted
nos da es muy alentador. Y ese hecho demuestra
que ha sido fructífera
la concertación, que va a ser innecesaria
esa intervención que estorba.
Entonces ahí, esa visión
de largo plazo de concertar en lugar de intervenir,
se
legitima con estos hechos.
Todavía hay reclamos. Todos están
esperando que esa comisión caiga mucho
más, y ya los usuarios empezarán
a darse cuenta, y querrán sentirla esos
consumidores en su propio beneficio.
Les traigo una inquietud.
Con dos gremios con los cuales me he reunido
en los últimos
días me dicen: sí, bueno el acuerdo,
apenas lo estamos probando, todavía no
sabemos a que resultados vamos a llegar, ojalá se
de esa reducción que esperamos, pero nos
están impidiendo los acuerdos colectivos.
¿Por qué no ensayan algún
acuerdo colectivo? Eso facilita mucho.
Por supuesto el acuerdo
colectivo no es para que el colectivo esconda
dificultades de quienes
por una u otra razón no pueden acceder
a esos beneficios; es un colectivo seleccionado,
selectivo. Pienso que eso se puede ensayar, con
otro esfuercito de diálogo entre la Asociación
y los gremios más importantes de sus usuarios.
Esto en cuanto a algunos
de los temas que planteó la
doctora Patricia, al final.
Apreciados compatriotas,
en América Latina
ha venido haciendo carrera la tesis de que aquí hay
democracias de izquierda y de derecha. Yo creo
que esa es una tesis obsoleta, es una tesis inconveniente
y es una tesis no práctica.
¿Por qué obsoleta? Era válida
para la época de las dictaduras militares,
pero en el momento en que todo el mundo se ha
comprometido con la regla democrática,
esa tesis resulta totalmente obsoleta.
Inconveniente. Solamente
ha generado polarizaciones. La última polarización se vio para
elegir el nuevo Secretario General de la Organización
de Estados Americanos. Polarización que
pudimos superar, en muy buena parte, gracias
al esfuerzo y a la prudencia de nuestra Canciller.
Y no práctica. Hace pocos días
una periodista me decía: es que yo soy
de centro izquierda y el suyo es un gobierno
de derecha, y tales gobiernos son de centro izquierda
o de izquierda en América del Sur, ¿qué va
a hacer con ellos?
Le dije yo le voy a hacer
una pregunta: ¿dígame
usted por qué es de izquierda y por qué me
califica a mí de derecha? ¿Por
qué dice que tal gobierno es de izquierda
y que este es de derecha? Enmudeció, no
respondió.
Esa tesis empieza hoy
a ser bien difícil
de sustentarla en la práctica.
Hay muchos discursos
emotivos de campaña.
Otra cosa es cuando los Gobierno asumen responsabilidades,
y ahí se empiezan a borrar esas diferencias.
Yo he venido proponiendo
para América
Latina una nueva manera de ver nuestras democracias.
Preguntar si son democracias progresistas o retardatarias,
si son democracias caudillistas o institucionales.
Si son democracias de sometimiento del gobernante
a la ley o de imposición de caprichos
por parte de los gobernantes elegidos, si son
incluyentes o excluyentes.
Y para eso, he propuesto
a la consideración
de mis compatriotas examinar nuestras democracias
a la luz de cinco parámetros: la seguridad
democrática, la cohesión social,
las libertades públicas, transparencia
y el respeto a la independencia institucional.
COHESIÓN SOCIAL
Déjenme hablar, en primer lugar, de la
cohesión social, a la cual me referí en
la introducción. Esta relacionada con
el buen manejo de la economía y con la
seguridad, muchos compatriotas creen que es excluyente
la lucha por la derrota del terrorismo con la
lucha por mejorar la cohesión social.
Hay que llevarlas de la mano.
Y hay que llevar de la
mano el buen manejo de la economía con la seguridad y con la
política social. Si no hay unas señales
de determinación sostenida en el tiempo
para derrotar el terrorismo, no hay confianza
inversionista. Sin esa confianza no crece la
economía, no hay manera de financiar lo
social. Al ritmo que íbamos, aquí nos íbamos
a quedar sin qué repartir. Por eso hay
que tener mucha claridad entre esa cadena de
seguridad, buen manejo de la economía,
política social.
Me voy a referir al tema
de la economía,
a la luz de las preocupaciones de la doctora
Patricia (Cárdenas, presidenta de Asobancaria).
En agosto de 2002, cuando
este Gobierno empezó,
el ministro (de Hacienda) Roberto Junguito nos
expresó en el Consejo de Ministros: ‘el
déficit es del 4.2 por ciento, el endeudamiento
es del 56 por ciento. Usted Presidente tiene
la política de seguridad que obliga a
expandir la Fuerza Pública –y me
dijo-, yo como Ministro tengo que garantizar
cómo pago a la Fuerza Pública que
hoy hay, y cómo financio la expansión
que Usted está proponiendo’.
Tomamos varias decisiones:
se congeló el
gasto en un billón de pesos y se derramó el
impuesto a la Seguridad Democrática. Terminamos
ese año con un déficit del 3.6
por ciento (del PIB).
¿Qué le pasó a Colombia
entre el final del gobierno del Presidente Barco
y el inicio de la administración nuestra?
Cuando terminó el Presidente Barco, las
finanzas de Colombia estaban en equilibrio, la
administración nuestra empieza con un
déficit del 4.2 por ciento.
Cuando terminó el Presidente Barco, el
endeudamiento de Colombia estaba en 10, 12 por
ciento del PIB. Cuando empezó la administración
nuestra, estaba casi en el 56 por ciento. Hoy
está en el 46 por ciento, hay que ponerlo
rápidamente por debajo del 40 por ciento.
La situación ha sido inmensamente difícil,
vamos a mirar algunas de las cosas que se han
hecho:
Hemos aumentado los recaudos,
crecieron un 18 por ciento en 2003 y crecieron
un 22 por ciento
en 2004. Este año llevan un crecimiento,
más o menos, del 12 por ciento.
¿Qué hemos hecho para aumentar
los recaudos?: no solamente, las reformas tributarias
aprobadas, sino un gran esfuerzo para ampliar
la base y disminuir la evasión.
Este Gobierno empezó con menos de 500
mil contribuyentes de renta, hoy tenemos ya el
millón, aspiramos que terminemos este
año cerca de millón y medio. Nos
hemos propuesto llegar a dos millones de contribuyentes.
Estamos haciendo semejantes esfuerzos en IVA.
Cuando este Gobierno
empezó, solamente
el 37 por ciento de los bienes y servicios estaban
gravados con el IVA. Hoy está gravado
el 53 por ciento. La Corte Constitucional nos
declaró inexequible una reforma de gran
importancia: esa universalización del
IVA del 2 por ciento. Parecía antitécnica.
Muchos decían: ‘hay que universalizar
pero con tarifa única’. En la situación
social de Colombia no es posible. Nosotros propusimos
una escala gradual decreciente que cuanto más
se acercara al corazón de la canasta familiar,
fuera más baja. Respetamos el fallo de
la Corte, ese es un tema bien importante para
seguir discutiéndolo en Colombia.
Ustedes tienen inmensa
preocupación por
el gravamen a las transacciones financieras y
al señor ex alcalde, buen amigo del doctor
Enrique Peñaloza, lo he escuchado en varias
ocasiones, su preocupación por el impuesto
al patrimonio.
La reforma tributaria
de 2004, en alguna forma fracasó porque el Gobierno la retiró y ¿por
qué la retiró el Gobierno? Porque
uno de los temas que no pudimos acordar con el
Congreso, es que no se elevara el impuesto al
patrimonio.
En un país, con las dificultades sociales
de Colombia, es inevitable en algunas coyunturas,
el impuesto al patrimonio. Nuestro compromiso
es: un impuesto selectivo que grave los mayores
patrimonios y que no pase con él lo que
pasó con el impuesto a las transacciones
financieras: empezó en el 2 y va en el
4.
Nuestra decisión de evitar que subiera
esa tarifa, fue una decisión fundamental
para tener que retirar del Congreso de la República,
la reforma tributaria de 2004. Reitero ese compromiso
del Gobierno Nacional.
Yo no me atrevería, doctora Patricia,
a asumir hoy un compromiso frente al impuesto
a las transacciones financieras. Esta mañana
veía la productividad de ese impuesto.
La verdad es que no se aumentó la desbancarización,
la productividad se ha mantenido en el 22, 23
por ciento, a pesar de haber pasado de 3 al 4
por ciento, pero, acepto lo que usted dice que
tenemos una alta desbancarización, no
incrementada por la variación de la tarifa
en la última reforma tributaria. ¿Cuál
ha sido la propuesta? Convertirlo en una retención.
A mi me preocupa en las actuales condiciones
fiscales del país. Sigámoslo mirando.
Si ustedes me preguntaran
qué pienso
sobre el tema de tributos para el mediano y largo
plazo, porque el Gobierno está obligado
a decirle a Colombia qué piensa –así no
tenga tiempo de ejecutarlo- es lo siguiente:
tenemos que seguir en la ampliación de
base.
Es muy importante que
el país le haga
un seguimiento cuidadoso a la ampliación
de base de renta y un debate cuidadoso al tema
del IVA. Con dificultades enormes, porque cuando
en uno ya va a va a pasar de ese 52, 53 por ciento
de bienes de bienes y servicios que hoy están
con IVA, hacia la ampliación, encuentra
que llegan los medicamentos, etcétera.
La tributación está limitada por
la competitividad internacional, el rumor general
en Centroamérica apunta hacia la reducción
de la tarifa de renta. Colombia se tiene que
comprometer con eso.
Nosotros tenemos unos instrumentos bien importantes
incorporados en este Gobierno. Subimos los impuestos,
pero introdujimos incentivos.
El año pasado la inversión de
los contribuyentes colombianos se duplicó y
se duplicó en muy buena parte a los incentivos
tributarios. Yo creo que el esquema tributario
de este Gobierno tiene esta característica:
unos impuestos altos para quienes no crecen,
unos incentivos bien importantes para quienes
quieran crecer.
Esos incentivos tienen,
unos, una vigencia muy corta, como la deducción del 30 por ciento
a las nuevas inversiones generadoras de renta. ¿Cuál
es la propuesta política de este Gobierno?:
que el país piense en adoptar una tarifa
de renta mucho más baja, que empiece a
regir en el momento en que expiren esos incentivos
como el de la deducción del 30 por ciento.
Entre la agenda legislativa
que estamos aprobando en este periodo, está la ley que autoriza
al Gobierno a firmar acuerdos de estabilidad
con los contribuyentes. Confiamos mucho en esa
ley. He sido informado que ya la conciliación
se acaba de registrar tanto en Cámara
como en Senado. Y confiamos que se dé el
lunes. Eso se constituye en un gran paso que
despeja mucho futuro y que va a incidir mucho
en confianza, en las reglas tributarias del país,
no solo en lo de ley sino en la doctrina de la
DIAN. Yo creo que ahí hay una norma de
futuro, de gran trascendencia.
Es muy importante que
el Congreso de Colombia le pueda decir el lunes –que finaliza este
periodo-: está plenamente aprobada la
ley que autoriza al Gobierno a firmar esos pactos
de estabilidad.
Si ustedes me preguntaran
por el tema de las transferencias a las regiones.
A muchos compatriotas
les preguntó: ¿cuándo ustedes
hablan de reforma estructural de impuestos, a
qué se refieren?, me dicen: ‘las
transferencias a las regiones hay que disminuirlas’ y
han presentado cantidad de proposiciones para
disminuirlas de una u otra manera. Yo no creo
que se pueda hacer.
El doctor Juan Manuel
Santos, con gran talento, obtuvo como Ministro
de Hacienda el acto legislativo
para desvincular durante un tiempo, el crecimiento
de ingresos del Gobierno provenientes de nuevas
reformas tributarias, que la base para liquidar
transferencias. Eso ha ayudado muchísimo
porque los incrementos que se han obtenido en
este Gobierno, no tiene que hacer parte de esa
base.
Pero ese acto legislativo
expira en el año
2008 y hay unas previsiones constitucionales
que le dan amplias facultades al Congreso de
la República para disponer cuál
es la norma que lo va a suceder.
Nosotros tenemos que
mirar ese tema desde ya, con inmenso cuidado.
A mi me preocupa mucho salud
y educación. Este Gobierno se comprometió a
generar 1.500.000 cupos en educación.
Anoche me decía la Ministra (Cecilia María
Vélez) que este año vamos a tener
unos 420 mil, eso nos permite un acumulado de
millón 120, millón 130 mil (estudiantes).
Vamos estando en la posibilidad de que el año
entrante le digamos a nuestros compatriotas:
lo cumplimos. Pero todavía nos quedarán
500 mil niñitos en edad escolar por fuera
de los establecimientos.
Y eso que este año hemos hecho dos grandes
esfuerzos: uno en productividad laboral de profesores –relación
profesores-alumnos, ya la tenemos en 29.5- y
otro en contratación. Hay que calcular
muy bien cómo llegamos a la plena cobertura
y eso depende de esfuerzos de productividad,
de transparencia en aplicación de los
recursos, de los esquemas más eficientes
para ampliar cobertura con buena calidad, pero
también depende de recursos y la fuente
principal de esos recursos está en las
transferencias.
En salud. Este Gobierno
es el primero en denunciar problemas de corrupción que hemos tenido
en salud. Hemos apelado, en muchos Consejos Comunitarios,
a ello. Hemos cancelado personerías jurídicas
de intermediarias de salud.
Estamos hoy, tramitando
una ley en el Congreso de la República, bien importante, que
va a crear mecanismos para garantizar la transparencia
en el manejo de esos recursos y en el ejercicio
de competencias que corresponden a alcaldías
y gobernaciones, porque la ley 715 le dijo a
los alcaldes: ustedes me contratan los recursos
de prevención y son las alcaldías
y las gobernaciones las responsables para el
tema de selección de las ARS, pero el
país tiene que llegar a una cobertura
completa para los sectores pobres.
Nosotros encontramos
10 millones de colombianos en el régimen subsidiado de salud, estamos
en 15 millones. Hemos avanzado casi cinco millones
en este Gobierno, esperamos, este año,
avanzar en otros dos millones y medio pero el
país tiene que llegar rápidamente
a 22 millones. Vamos a hacer un esfuerzo en la
ley que está en trámite en el Congreso
y eso también habrá que tenerlo
en cuenta para graduar el monto de las transferencias
que habrá de definirse en el acto legislativo
que suceda al del doctor Santos que expira –repito-
en el año 2008.
Quiero proponerles esa
reflexión porque
las condiciones sociales del país, la
descentralización, la autonomía
de alcaldes y gobernadores elegidos, el sentido
de pertenencia de los ciudadanos con sus regiones,
no nos permiten la vía facilista de decir:
vamos a disminuir transferencias. Eficiencia,
transparencia y buen juicio en las transferencias,
pero yo no veo posibilidad de disminuirlas.
Este Gobierno les exigió a las regiones
en la reforma tributaria de 2003, un gran esfuerzo:
dedicar parte de esas transferencias a los fondos
regionales de pensiones y dedicar parte de las
regalías directas a los fondos regionales
de pensiones.
En cuanto a egresos,
si ustedes miran las cifras nacionales, encuentran
lo siguiente: con pensiones
y con seguridad, el gasto público ha aumentado.
Cuando no se tiene en cuenta pensiones, cuando
no se tiene en cuenta seguridad, cuando no se
tiene en cuenta transferencias, lo que maneja
discrecionalmente el Gobierno, en gastos de personal
y en gastos generales, ha disminuido sustancialmente.
La disminución, solamente en la Presidencia
de la República, para dar ejemplo, es
del 30 por ciento. El Gobierno ha hecho un gran
esfuerzo de austeridad.
Si ustedes me preguntaran ¿cuál
es la reforma estructural más importante
en la parte de egresos, que este Gobierno le
deja al país?: la reforma administrativa.
Nosotros hemos reformado, hasta hoy, 152 empresas
del Estado. Empezamos por Telecom, la última
fue en el Banco Cafetero e Inravisión.
Yo nunca creí que pudiéramos reformar
a Inravisión porque tenía una protección
en la Constitución del 91. La Ministra
(de Comunicaciones, Martha Pinto de De Hart)
con su prudencia y su laboriosidad encontró soporte
jurídico para esa reforma.
Cuando el Gobierno empezó no había
manera de garantizar los 280 mil millones que
nos cuesta la liquidación de los trabajadores
del Banco Cafetero. Ni el patrimonio de 500 mil
millones para respaldar sus pensiones. Hoy está garantizado. ¿Que
va a haber un nuevo Banco Cafetero?: sí,
con parte de los activos viejos, con parte al
capital de Granahorrar, para venderle el resto
a Granahorrar, lo necesitamos. ¿Por qué lo
necesitamos?: porque con el Banco Agrario no
alcanzamos a atender comunidades rurales de la
Patria.
Los bancos comerciales,
en su proceso –respetable-
de reestructuración, se han retirado de
muchos sitios de la Patria y uno que vive en
contacto permanente con los colombianos en esas
regiones, siente su presión porque allí haya
mecanismos, instituciones crediticias.
Este Gobierno reconoce
el paso trascendental que dio la administración
anterior para reformar el Banco Agrario. Las
previsiones estatutarias
que lo blindaron, y las hemos respetado profundamente,
queremos un esquema semejante para el nuevo Banco
Cafetero.
Es que muchos me dicen: ‘es muy riesgoso
para el Estado, esos bancos oficiales por el
clientelismo y la corrupción’. Yo
estoy de acuerdo con ese diagnóstico,
pero hay que buscar la manera política
de derrotar el clientelismo y la corrupción
y no negarle unos instrumentos prudentes, como
el Banco Agrario que ha venido en un gran proceso
de recuperación, desde la administración
anterior- o una alternativa adicional con este
nuevo Banco Cafetero.
Cuando empezamos esa
reforma administrativa, Telecom perdía 400 mil millones. El año
pasado se ganó 950 mil. ¿Ustedes
se imaginan qué le pasaría al país
hoy si el Gerente de Telecom le estuviera pidiendo
al Ministro de Hacienda 400 mil millones de pesos
para pagar pensionados?
152 empresas reformadas,
37 liquidadas, pero la reforma no ha terminado,
por ejemplo Telecom
no se puede quedar allí, y ahora que veo
al doctor Orduz de la telefónica de Bogotá y
que pienso en Empresas Públicas y en Emcali,
nosotros vamos a tener que hacer algo para poder
ser competitivos internacionalmente. Telecom
está buscando socios estratégicos
para ello porque, sí, la salvamos, puede
dar unas utilidades muy importantes durante unos
años y ¿qué le pasa con
su competitividad en el largo plazo?
Por eso es muy importante
encontrar esos socios estratégicos –y lo digo con todo
respeto, con toda solidaridad- y creo que lo
tenemos que pensar en la Telefónica de
Bogotá, en EPM, en Emcali.
Salvamos Emcali, va a
tener ahora un mecanismo bien importante: el
fondo de capitalización
social. Si algo me ha preocupado a mi, en esta
Patria es, ese antagonismo entre proveedores
y usuarios de servicios públicos.
El segundo Consejo Comunitario
de este Gobierno lo hicimos en La Guajira.
La Costa Caribe estaba
incendiada, por un lado los dueños de
Electrocaribe y Electrocosta se quería
ir del país, dejar eso abandonado, y por
el otro lado, los usuarios incendiados. Empezamos
un proceso pedagógico y práctico:
necesitamos el proveedor público, el proveedor
privado, que nadie abuse y necesitamos el usuario
cumplido.
Se han hecho unos grandes
esfuerzos aquí,
por ejemplo de microempresas de distribución.
Vamos a introducir sistemas de prepago en estos
servicios públicos.
Y en Emcali, una cosa
bien importante: todos los usuarios ya empezaron
a ser socios del fondo
de capitalización, desde hace tres meses.
Eso, cuando el usuario de Emcali abra la llave,
se va a sentir no solamente como usuario, como
consumidor de esa agua que le llega, sino también
como partícipe del proveedor.
Eso tiene que producir
un efecto sociológico
de gran importancia. En los próximos días
lo vamos a empezar a replicar, ya, en Sincelejo
(Sucre). Eso es del corazón de la reforma
administrativa. Y uno proyecta ese fondo de Emcali
a 20 años y le da a esa empresa una gran
autonomía financiera en el largo plazo.
Nosotros vamos a seguir
en esa reforma administrativa. Le pedí al Ministro de Hacienda (Alberto
Carrasquilla), le dije: Ministro, has esta cuenta,
la sola eliminación de privilegios pensionales,
en ECOPETROL, en estas 152 empresas, en el Banco
Cafetero, en Inravisión, allí donde
hemos desmontado todas esas convenciones colectivas,
en hospitales, ¿cuánto ahorro nos
da?’, lo trajo a valor presente, ‘nos
da 12 puntos del PIB’.
Ahora, falta mucho. En
hospitales apenas estamos empezando -aquí en
el Universitario de Cartagena-, hemos reformado
ya muchos y los estamos
reformando en red.
Esa reforma administrativa,
solamente en el aspecto pensional, le ahorra
al país 12
puntos del PIB, para no contabilizar lo otro.
Y uno se pregunta: ¿qué habría
sido si esas pérdidas hubieran continuado? ¡Pero
hay que seguir con esa reforma administrativa,
profundizarla!
Yo les ruego, pues, mirar
el gasto público,
discriminadito, desagregado. Una cosa defensa,
otra cosa pensiones, otra cosa el tema de las
transferencias y otra cosa lo que el Gobierno
maneja discrecionalmente.
Por ejemplo, el gasto
público este año.
Nosotros, el año pasado, le trasladamos
al Seguro Social alrededor de dos billones, este
año le tenemos que trasladar cuatro. Eso
es muy exigente. El Seguro Social, paga seis
billones, recauda dos. Eso incide mucho en el
gasto público de este año.
En los dos años anteriores el aumento
del salario de los servidores públicos
se acumuló para final de año, este
año se está aplicando desde el
principio.
Los corredores viales
principales del país
se nos habían deteriorado mucho. La doctora
Alicia Naranjo (ex directora del Invías)
trajo al Gobierno una idea aplausible: vamos
a contratar por largo plazo el mantenimiento
de los corredores viales. Empezó en diciembre
con vigencias presupuestales de este año,
los desembolsos ha habido que hacerlos en estos
dos primeros meses.
Ahora, vamos a tener
otra presión porque
en dos semanas adjudicamos 3.246 kilómetros –son
2.500 de nuevos pavimentos y el resto de repavimentación-.
Los pagos a organismos
internacionales, se han aumentado porque teníamos un rezago. El
Gobierno es más ágil hoy en ejecución.
Nosotros en la Agenda de Competitividad, en la
visión que estamos trabajando Colombia
7 de agosto de 2019, hay unos esfuerzos que hay
que hacer muy grandes en distritos de riego y
tenemos que empezar esfuerzos en Riohacha, en
La Guajira; en el triángulo del Tolima,
ya hay compromisos presupuestales de partidas
que todavía no se han ejecutado.
Yo rogaría mirar cuidadosamente que está pasando
con el gasto público y de manera desagregada.
La administración
anterior produjo una gran ley, la Ley 617.
Este Gobierno la ha aplicado
para el saneamiento de las regiones con todo
rigor.
Por ejemplo, apenas vamos
a firmar en dos semanas el convenio con el
distrito de Barranquilla para
financiarle 150 mil millones para su Transmilenio.
Yo le recogí la idea al doctor Enrique
(Peñalosa, ex alcalde de Bogotá),
y dije hay que hacerlo siguiera en siete u ocho
ciudades colombianas. Y ahí vamos.
¿Sabe qué pasó doctora
Patricia? Barranquilla no cumplía la Ley
617, y dijimos hasta que no la cumplan no le
firmamos el convenio para el Transmilenio. El
Gobierno ha tenido total disciplina en eso.
Aquí hay unas leyes bien importantes
que se deben mirar para preguntarse ¿hay
reformas estructurales o no? La 358, la 549,
la 617, la 819 de responsabilidad fiscal.
Esta semana se celebró el centenario
del nacimiento de los departamentos de Huila,
de Caldas y del Atlántico. Recordábamos
como en ese quinquenio realizador visionario
del general Rafael Reyes, cuando el país
acababa de salir de la guerra civil, estaba muy
golpeado por la separación de Panamá,
se emprendió un gran plan de obras públicas,
y Reyes –que era geógrafo al detalle-
emprendió también la revisión
de la distribución territorial de la Nación.
Con la ayuda de antiguos
contrincantes en los campos de batalla como
los generales Uribe Uribe
y Benjamín Herrera, realizaron una administración
bien eficiente. Nacieron estos departamentos.
Y en Caldas veíamos lo que ha sido la
tradición de administración departamental,
en una parte fue buena y en otra mala. Pero miren
lo que ha pasado gracias a todos estos esfuerzos
en los departamentos y en los municipios.
Se pasó de un déficit de 2 billones,
1,1 puntos del PIB en el 2002 a un superávit
el año pasado de 2,8 billones, 1,1 puntos
positivo del PIB. Ese es un gran avance en 4
años.
Eso ha exigido la parte
normativa y un ejercicio de disciplina impuesto
por el Gobierno Nacional.
Hoy tenemos un departamento de inmensa preocupación
que es el Chocó. Todavía nos quedan
120 municipios de los 1.096 con serias dificultades,
pero se ha avanzado enormemente y aspiramos a
que todos salgan de esas dificultades.
Se ha desagregado eso,
entre 2002 y 2004 los departamentos pasaron
de un déficit de
0,15 del PIB a un superávit de 0,6, Y
los municipios de un déficit de 0,68 a
un superávit de 0,34. Ha mejorado en las
entidades territoriales inmensamente el balance
fiscal, el endeudamiento y la capacidad de inversión.
Eso tiene que mirarlo
el país con optimismo.
El problema más grave nos queda en la
parte central de la Nación porque gracias
a la reforma administrativa en la parte descentralizada
de la Nación antes el superávit
lo causaba Ecopetrol y ahora todas. Cuando este
Gobierno empezó todas las electrificadoras
estaban perdiendo, ahora todas están en
negro.
Pero a esto hay que sumarle
otros ajustes que ha hecho este Gobierno, el
ajuste tarifario de
servicios públicos, el ajuste del combustible.
Ese ajuste del combustible
mes a mes, yo veo esas alzas y me preocupa
cuando algunos analistas
dicen que no hay reformas estructurales. Ese
esfuerzo en combustibles que han soportado los
colombianos, una visión de largo plazo
para preparar el país para que de pronto
tenga que importar, para preparar al país
para que no solamente esté Ecopetrol sino
otras alternativas privadas de distribución,
que exigirían unos subsidios de caja de
la Nación, para ajustarnos a lo que ha
pasado con el petróleo internacionalmente,
para abrirle espacio a los combustibles biológicos.
Este año empezamos con la destilación
de un millón de litros de alcohol carburante,
esas plantas van bien, se ha hecho un enorme
esfuerzo en esta administración empezando
por los estímulos tributarios y estamos
ya dando los pasos más importantes para
que el país produzca biodiesel.
Los ajustes en pensiones.
Yo ruego a Dios que el lunes el Congreso de
la República pueda
decir: aprobada la conciliación de pensiones,
pero yo les voy a rogar todos ustedes. Los mercados
internacionales tienen que responder, y la respuesta
debe ser una disminución de los spreads,
porque ese es un esfuerzo muy grande. Van a ver
la dificultad política para explicar eso.
Ese tema es de gran importancia
pero no es el único
que ha pasado en este Gobierno. Otro ajuste,
nosotros aumentamos sustancialmente las cotizaciones
pensionales. Entonces sumen: combustibles, pensiones,
el tema laboral, servicios públicos, ampliación
de base de contribuyentes, etc..
Faltan muchas reformas
sí, pero no hemos
perdido un día para hacer reformas.
Es que una cosa es el gobierno de Pinochet haciendo
reformas por decreto y otra cosa es un gobierno
democrático buscando construir las mayorías
en un Congreso para aprobar estas reformas.
En eso seguimos, esta agenda legislativa va
a ser buena.
En política social hay que preguntarnos, ¿la
política social de este Gobierno ha avanzado?
Yo si creo, las cifras lo indican. ¿Es
suficiente? No, la pobreza es muy grande en Colombia.
¿Es una política simplemente asistencialista
que alivia por un momento, o llamada a producir
efectos estructurales en la construcción
de equidad? Creo lo segundo.
Bien importante en la
discusión examinar
si la política social es cortoplacista,
simplemente asistencial o si está llamada
a producir un efecto de largo plazo en la distribución
del ingreso.
LA REVOLUCIÓN
EDUCATIVA
La revolución educativa está llamada
a producir el efecto más importante de
mediano y largo plazo en la redistribución
del ingreso en Colombia, y la hemos orientado
en cinco aspectos: cobertura, calidad, pertinencia,
capacitación técnica y estamos
buscando como la impulsamos más en ciencia
e investigación.
Y tenemos que dar otro
paso. Yo le decía
a la Ministra de Educación, que es ejemplarmente
ejecutiva, preparemos el otro paso y de inmediato
empecemos con un millón de niñitos
de Bienestar Familiar a vincular ese programa
de nutrición con el programa de educación
para anticipar la llegada del aparato escolar,
por lo menos a ver cómo tenemos unos coordinadores
pedagógicos en los hogares de Bienestar
Familiar para que esos niñitos puedan
estudiar. Hemos crecido Bienestar Familiar en
un 40 por ciento.
En Colombia ha habido
epítetos de moda
para la descalificación política.
El más reciente es el de neoliberales.
A mi generación le ha tocado tres o cuatro
epítetos, el último, neoliberal.
¡Uribe es neoliberal¡ Va a acabar
a Bienestar Familiar, sí hemos acabado
la burocratización, ha crecido la cobertura
en un 40 por ciento.
¡Va a acabar el SENA¡ Sí,
hemos acabado la burocratización, hemos
pasado de que el SENA le llegue a un millón
de estudiantes por año y le va a llegar
el año entrante a cuatro millones y hemos
aumentado bastante la pertinencia.
Es bien importante no
quedarnos en esa discusión,
entre descalificarlo todo por neoliberal y defender
un concepto de Estado burocrático que
ha sido tan dañino en Colombia.
Nosotros nos hemos dado
a la tarea de tener un Estado sostenible, que
cumpla su misión
comunitaria.
Nosotros nos hemos dado
a la tarea de tener un Estado sostenible, que
cumpla su misión
comunitaria.
Yo pienso que si se examina
bien esta política,
ahí se encuentra que es una política
social, todavía no es suficiente, que
muestra grandes avances, que no es asistencialista,
sino es llamada a producir efectos de largos
plazos.
¿Cómo no va a producir efectos
de largo plazo la política de calidad
de vida urbana? Y no es fácil, porque
uno para empezar cada Transmilenio tiene que
entenderse con el alcalde, con su concejo municipal,
tiene que mirar si ese municipio cumple o no
la Ley 617, tiene que obtener los recursos internacionales,
etcétera. Es un proceso de concertación.
Esta semana yo examinaba
toda la política
social, para responder a esa pregunta. ¿Es
asistencialista o es redistributiva de largo
plazo?
Me decía alguien de mis interlocutores: ‘bueno,
lo de los ancianos puede ser asistencialista’.
El Gobierno está financiando 170 mil ancianos,
y ahora tiene una licitación abierta para
llegarles con una comida diaria a 400 mil.
¿Ustedes creen que hay cohesión
social en un país con 700 mil ancianos
pobres y un Estado indiferente? Que podría
ser el tema más difícilmente defensable
como política social de largo plazo.
Para caracterizar esta democracia nosotros hemos
venido trabajando el tema de la independencia
de instituciones.
El Presidente de Colombia
no puede fijar las tarifas de energía. Todo lo que puede
hacer es, a través del Ministro, presentar
unas tesis a la Comisión de Regulación.
El Presidente de Colombia
no puede determinar los espacios de televisión.
Si algo caracteriza una
democracia moderna es la independencia institucional,
a las diferentes
ramas del poder, a los procesos de descentralización.
En materia de transparencia, que es otro elemento
por el cual hay que preguntarnos para una democracia
moderna.
Nosotros produjimos el
decreto 2170, para exigir que se publiquen
los prepliegos y no se amarren
las licitaciones, para exigir las audiencias
públicas en los contratos, las veedurías
ciudadanas.
Introdujimos la meritocracia
en 3.177 cargos. Por primera vez los maestros
de Colombia se nombran
por concurso; antes se nombraban por recomendación
política. Hemos convocado el primer concurso
para proveer 60 mil plazas, participaron 135
mil maestros.
La nueva Ley de Carrera Administrativa ha llevado
la meritocracia a 120 mil cargos del Estado que
no estaban.
¿Cómo hemos hecho las conciliaciones
con los inversionistas internacionales con quienes
había litigios? Por ejemplo 19 pleitos
en Telecom, pleitos en las concesiones viales,
pleitos en las concesiones aeroportuarias, etcétera.
En Telecom llevamos resueltos
16 de los 19 pleitos, de cara al país.
Antes de perfeccionar un acuerdo se publica
ampliamente para construir
confianza.
Al funcionario público en Colombia le
da mucho miedo conciliar, porque ve que si concilia
le llega el juicio fiscal o le llega la investigación
de la Procuraduría. Y la ciudadanía
estaba llena de suspicacia frente a cualquier
iniciativa conciliadora del Gobierno. Y no buscar
esas conciliaciones crea una gran desconfianza
inversionista. Hay que ver los problemas con
los Estados Unidos, con Francia, con Canadá,
con el Japón, por esos pleitos con sus
inversionistas. Prácticamente eso tenía
paralizada la inversión en Colombia.
Ahí hemos dado
un gran paso para desatrancar, para superar
ese problema y para hacerlo con
transparencia.
El Gobierno permanentemente
hace rendición
de cuentas. Esos consejos comunitarios en Tame,
en Aguablanca, en Buenaventura, en Guapi, mañana
el número 100 en Turbo, es un proceso
permanente de rendición de cuentas. Eso
no es una convocatoria de aplausos.
Es un gobierno expuesto
permanentemente a la presión ciudadana, lo que ayuda mucho.
Por que el Gobierno simplemente en las oficinas
de Bogotá viendo informes de power point
no se da cuenta de lo que le pasa al pueblo colombiano.
Eso hay que combinar el power point con lo que
hemos llamado el poder de carene y hueso, el
people power.
Ese es un proceso que
le exige más compromiso
al funcionario, veracidad al Gobierno y que le
crea mucha conciencia de limitaciones y de prioridades
a la comunidad.
El señor Vicepresidente (de la República,
Francisco Santos) ha hecho un gran esfuerzo con
los pactos de transparencia. El señor
Vicepresidente ha hecho un gran esfuerzo con
la campaña contra las trampas, con la
denuncia por las irregularidades en el tema de
la salud.
Yo nombré unos parientes de parlamentarios
en la Cancillería, gente honorable -eso
ha suscitado críticas-, comprometida con
la política de Seguridad Democrática.
Nosotros hemos avanzado mucho en la carrera administrativa
en la Cancillería. La Canciller se ha
propuesto respetar eso rigurosamente y eso ha
avanzado mucho, pero hay un componente que maneja
el Presidente discrecionalmente. Algo he conocido
en el extranjero, donde había: una cancillería
de las Farc muy activa y una Cancillería
nuestra vergonzante. Entonces he nombrado una
gente comprometida.
A mí me dice por allá una consejera: ‘Álvaro,
disciplina, amor, humildad’. Yo le digo:
las dos primeras muy fáciles, la última
muy difícil. Hacer las cosas con disciplina
y con amor, tenemos toda la vocación para
eso. Esa cosa de la humildad es muy difícil,
más cuando uno es combatiente.
He aceptado la crítica de mis compatriotas,
me he comprometido a no nombrar parientes de
los parlamentarios en la Cancillería.
Hay que nombrar gente comprometida, sí,
con la defensa del país y con nuestra
política de Seguridad. Pero superamos
ese tema de nombrar parientes de parlamentarios.
En el tema de la seguridad
hemos hecho un gran esfuerzo. Cuando este Gobierno
empezó,
en esta Patria nuestra, teníamos casi
30 mil asesinatos por año; 66 asesinatos
por cada 100 mil habitantes. Este año
llevamos 7.648, casi la mitad de año,
17 por cada 100 mil. Falta mucho.
La semana pasada que
estuvimos aquí,
en un foro convocado por el Gobierno, del grupo
de estudio de The Economist, a ellos todavía
les parece muy alto, es cierto, frente a los
parámetros internacionales, pero es que
venimos de 29 mil. Confiamos que al final de
año, esa tasa esté por debajo del
35 por ciento. Unas reducciones impresionantes
en algunas ciudades de la Patria.
Nosotros nos hemos preocupado
mucho para que la Seguridad Democrática proteja a sectores
vulnerables. Por ejemplo trabajadores sindicalizados.
El año anterior a mi elección presidencial
asesinaron 168 en Colombia, este año llevamos
tres. Trabajadores sindicalizados este año
llevamos siete. En maestros llevamos tres.
Los alcaldes de la Patria,
los gobernadores. Cuando empezó el Gobierno había
casi 400 alcaldes que no podían ejercer,
hoy todos pueden ejercer. Nuestro ejercicio de
seguridad ha sido un ejercicio de la mano de
las libertades. Seguridad, libertades, dos elementos
característicos de esta democracia moderna.
¿Qué hemos dicho? Esta seguridad
es democrática porque no es para suprimir
el disenso, es para proteger por igual, al amigo
del Gobierno que al opositor. He dicho: protejan
por igual y de corazón a Juan Hurtado,
el representante a la Cámara más
fervoroso seguidor de estas tesis o al doctor
Wilson Borja (de la oposición).
Ahora me dijeron, viniendo
en el avión
de Bogotá, que había dificultades
para que el doctor Antonio Navarro visitara a
Puerto Rico en Caquetá, porque hay temor
en esa carretera entre Florencia al Cagüán.
Llamé al General Castro (Jorge Daniel,
director de la Policía) y le dije: llévenlo
en un helicóptero de la Policía.
Que en mi Gobierno nadie pueda decir que no pudo
ir a un sitio de la Patria a ejercer el derecho
de sus libertades políticas con plenas
garantías. Y llamé al Senador Navarro
(Antonio), le dije: ’me he enterado de
esto, ahí tiene un helicóptero
de la Policía, que lo lleven allá y
dónde quiera ir y haya dificultades, y
yo asumo esa responsabilidad’.
Nosotros tenemos una
convicción profunda
y la vamos a llevar hasta las últimas
consecuencias: que este compromiso de seguridad
es para devolverle las ilusiones, las libertades
a la Patria y las garantías efectivas
de pluralismo
¿Qué nos ganamos con una Constitución
garantista, si no hay práctica eficaz
de las garantías? Por eso con las elecciones
del 2003, dónde opositores y abstencionistas
del referendo tuvieron más garantías –incluso
que el Gobierno para defenderlo- y con lo que
pasó al otro día, con la elección
de alcaldes y gobernadores, de partidos alternativos
a los tradicionales, de partidos provenientes
de antiguas guerrillas, le dije a los colombianos: ‘hemos
hecho el tránsito de unas garantías
retóricas a unas garantías efectivas.
Eso es bien importante’.
¿Y qué ha pasado de allá para
acá?, dos cosas: con esos alcaldes, con
esos gobernadores hemos buscado espacios de concertación
sin detenernos en el origen político de
su elección. Ustedes se imaginan ¿qué bueno
sería para el país, el Presidente
de la República trabado en una pugna con
el Alcalde de Bogotá?
Nosotros hemos manejado
eso con toda la delicadeza, creando concertación para cimentar en
una condición de largo plazo, una democracia
pluralista, donde todos los actores –independientemente
de sus orientaciones ideológicas- tengan
ese básico compromiso con la Patria.
Ahora que se habla de
garantías, en los últimos
meses se han elegido en Colombia 173 alcaldes,
no ha habido una sola queja por falta de garantías.
Por ejemplo me decían que los paramilitares
en el Magdalena. Yo llegué a las 5:45
de la mañana del 8 de agosto (de 2002)
al Cesar. Esos tres departamentos estaban perdidos
por la guerrilla y unos paramilitares cuidando
unas fincas y el Estado desaparecido. El Estado
iba allá a tomar wisky en el Festival.
Y empezamos esa tarea de recuperar el imperio
institucional.
Sectores críticos al Gobierno, de oposición,
han ganado en el Magdalena dos alcaldías,
en los últimos meses. Nosotros estamos
comprometidos con poner la seguridad al servicio
de la democracia.
Antenoche hablaba con
la senadora Piedad Córdoba,
y ayer llamé a mi profesor Carlos Gaviria,
y les dije: ‘es que esta cosa es muy delicada
para el país’. Yo no llamé a
un solo Parlamentario por el acto legislativo
de reelección, pero no se me va a quedar
uno sólo sin hablar con él, para
que se apruebe esta agenda legislativa. ¡En
este Gobierno ha habido participación
pero no ha habido clientelismo y no ha habido
un peso de auxilios parlamentarios!
-Cuando miren el gasto
público, doctora
Patricia, pongan en el scanner a este Gobierno
a ver si encuentran un solo peso de auxilios
parlamentarios, que no lo ha habido-.
Le decía a Piedad: ‘ayúdame
con esta cosa de pensiones’. Me decía: ‘sí yo
te hago oposición leal, yo no soy oportunista,
es que tengo unas diferencias contigo’. ¿Cuáles
diferencias? ‘Que en Seguridad Democrática’. ‘¿Por
qué?, yo te veía exiliada antes,
ahora en el país todos los días
criticando, pero aquí en el país
contenta y protegida’ y le decía ‘y
creo que vas a poder estas elecciones más
tranquila porque vas a poder hacer estas elecciones
sin paramilitares porque se desmovilizan o los
acabamos militarmente que es el tema, este de
tanta discusión.
Mire, esos temas son
muy controversiales. Ayer le decía yo a una de las personas que
más aprecio, a Gina Parody, le decía: ‘mira
Gina, tu propuesta es de un enorme valor intelectual,
pero tú estás muy jovencita, aquí hay
que poner un balance entre justicia y paz. Una
ley que sea un balance entre justicia y paz,
es imposible obtenerla en el grado perfecto.
Es la primera vez que Colombia hace un inmenso
esfuerzo para agregarle, a un proceso de conciliación,
unas responsabilidades con la justicia y unas
responsabilidades con indemnización de
víctimas’.
Los procesos de paz,
yo los aprobé. Voté en
el Congreso de la República por el reindulto
del M – 19, cuando les abrieron nuevamente
la investigación por el Palacio de Justicia.
Dije: no, por el bien de Colombia que no les
abran más esa investigación, están
reindultados. Yo puse el voto allá.
Los procesos de paz en
el pasado, solamente se preocupaban por la
reconciliación.
Esta es la primera vez que nos estamos preocupando
por la justicia y por la reparación de
las víctimas.
Y en nombre de la autoridad,
no vamos mal. En desmovilizaciones llevamos
12.600 desmovilizados,
mitad paramilitares, mitad guerrilla. Cuando
se desmovilizó el M-19 eran 280 en armas,
600, 800, 900 en total. Se desmovilizó el
EPL, en total dos mil. Aquí van 12.600.
Ahora, yo quiero desde
aquí, desde este
foro tan importante que concita a toda la audiencia
nacional, hacerle una invitación al Eln.
La semana pasada, cuando
recibimos 29 muchachos del Eln de Héroes de Anorí, -Héroes
de Anorí es la madre del Eln, estaba casi
derrotado hace 30 y pico de años y le
quitaron el cerco militar que porque allá iban
a hacer la paz-. Es una experiencia que me ha
convencido que la paz no es hija de las debilidades
frente a los delincuentes.
El proceso con los mal
llamados paramilitares no ha sido un proceso
porque ellos quieren, de
liberalidad, de espontaneidad, porque este Gobierno
los ha enfrentado militarmente con todo el rigor.
Hoy más de 1.300 paras dados de baja.
Todos los días hay paras dados de baja
o presos. Antier, los que están extorsionando
en el Casanare, ocho dados de baja.
Yo hago los consejos
de seguridad de esta manera: la primera parte
abierta al público, el
señor Ministro (de Defensa), los Altos
Mandos y yo nos reunimos con la comunidad, como
lo hicimos en Puerto Rico, Caquetá, el
pasado sábado. Porque yo les he dicho: ‘ustedes
me dan uno informes muy bonitos en el power point,
maticémoslo un poquito antes, oyendo a
la gente’.
Y en la segunda parte
ya nos reunimos el Ministro, los militares
y yo y examinamos lo que nos ha
dicho la gente, nuestra política, etcétera.
En Tame (Arauca), la
queja contra la extorsión.
Aquí hay paras en el casco urbano extorsionando,
guerrilla en la comunidad rural.
Una de las cosas buenas
de esta política
de seguridad es que la gente ha perdido el miedo
a criticar y a denunciar. El departamento del
Magdalena era, en unas partes controlado por
la guerrilla y en otros sitios por los paras
y todo el mundo calladito. Ahora por lo menos
ya la gente se atreve a denunciar. Ahí se
capturó ayer a los ocho paras que estaban
extorsionando en el casco urbano de Tame.
Este Gobierno ha logrado
estas desmovilizaciones, no con consejos. Una
política equitativa
de paz pero fundamentalmente un factor determinante,
una política de seguridad institucional,
con toda la transparencia, con toda la firmeza
y que va haciendo eficacia con un sacrificio
muy grande de las Fuerzas Militares.
Que recapacite el Eln,
le hemos dado todas las oportunidades, lo que
pasa es que nos hizo un
pedido que no le podíamos aceptar: que
entraba en diálogo y que suspendía
todo mientras el diálogo menos el secuestro.
Nosotros no podíamos aceptar eso. Que
recapacite el Eln. Hay mediadores internacionales
ayudándonos en eso.
Desde aquí le digo a la Farc –yo
veo por ahí, muchos de mis compatriotas
que escriben que Uribe se mantiene en guerra
con la Farc. Todos esos bandidos hay que acabarlos,
este país necesita vivir tranquilamente
para las nuevas generaciones sin guerrilla, sin
paramilitares, sin narcotráfico-.
En el momento en que
la Farc haga un alto en el camino y diga: ‘acepto un cese de hostilidades’,
con este Gobierno negocia más fácil
que con cualquiera. Lo que no podemos incurrir
los colombianos, es en la trampita de entrar
a debilitar la política de seguridad,
comprando la ilusión de que la Farc con
un Gobierno débil va a negociar.
Yo estoy seguro que si
la política de
seguridad sigue con toda la determinación
se demora menos que más para empezar a
negociar, pero esos procesos nacen de la determinación
de seguridad del Estado y llegan a feliz término,
manejados con generosidad, pero no nacen sino
de la firmeza.
Por ejemplo ¿qué ha pasado en
secuestro? En esta Patria estaban secuestrando
3.050 ciudadanos por año. Yo quisiera
tener un mejor resultado, ahí vamos avanzando.
Este año han secuestrado 327, de los cuales
159 han sido por secuestro extorsivo. Hay que
individualizar responsabilidades. Le he pedido
a los generales Fredy Padilla de León
y Castro Castro, que se apersonen al más
alto nivel de cada caso de secuestro.
En Colombia hay que manejar
lo macro y lo micro, eso no es excluyente.
Si el Presidente de la
República y los altos mandos nos dedicamos
simplemente a proyectar lo macro frente al secuestro
y no estamos pendientes del día a día,
mientras pensamos lo macro, nos siguen secuestrando
a los compatriotas. Aquí hay que pensar
lo uno y ejecutar lo otro.
Eso nos ha dado resultados.
En las últimas
tres semanas, uno secuestrado en Santa Fe de
Antioquia, al frente los generales Castro Castro
y Fredy Padilla y a mí me ayuda mucho
el celular. A la semana rescatado, los cuatro
secuestradores dados de baja.
Secuestran una señora de un ingeniero
de Manuelita, al frente los dos generales y el
celular desde la Presidencia, y al otro día
liberada.
El Eln nos mantiene un
secuestrado en el Cauca, ya le quitamos el último, lo rescatamos
anoche. Esta mañana hablé con él,
ese señor estaba feliz. Eso sí que
reconforta, pensar en el sentimiento de un ciudadano
cuando se le evita un secuestro o se libera.
Tenemos un problema,
nos secuestraron ayer una persona en Puerto
Lleras (Meta), ahí estamos
encima a ver si lo recuperamos. En Bogotá no
se ha presentado un solo secuestro extorsivo
este año.
El último acto terrorista, contra esta
ciudad fue, el 5 de agosto de 2002, dos días
antes de la iniciación de este Gobierno.
Vamos a seguir en ese tema, queridos amigos.
Santiago Montenegro (director
de Planeación)
próximamente los invitará a discutir
a ustedes un documento que se está preparando
desde el principio del país: ‘Colombia
para el Segundo Centenario’, para que este
país tenga una visión de largo
plazo que no se pueda imponer, pero en la medida
que se cimente en la discusión comunitaria,
va a ayudar a enlazar un plan cuatrienal con
otro.
¿Qué queremos?: una democracia
con seguridad, con transparencia, con instituciones
independientes, con libertades plenas y con cohesión
social.
¿Qué queremos? Mi generación
no ha vivido un día de paz. Queremos una
nueva generación que pueda vivir en este
país, llena de ilusiones, feliz. Una Patria
sin guerrilla, sin paramilitares, sin droga y
sin corrupción.
Doctora Patricia, sigamos
avanzando en estos procesos de concertación. Ustedes están
en un buen momento. Aspiro que todos los colombianos
nos demos cuenta que lo que más le conviene
al país, en esta materia económica
y en las que estamos hoy, las que trató la
doctora Patricia, es tener un sector financiero
sano, estable, sin amenazas. Con un horizonte
despejado.
Hagámoslo querer todos los días
más de los colombianos. Este país
necesita vincular a toda la gente con amor. Es
bastante difícil, sobretodo en el combate
político, pero el de ustedes no es tan
difícil, el tema de ustedes no es tan
difícil como el que ejerzo yo. Sin embargo,
voy a ver si en estos días soy capaz de
superar la vanidad y no dar mal ejemplo.
Les agradezco mucho que
dentro de un año
el balance en vivienda social sea extraordinario.
¡Mucha suerte y
que viva Colombia!