CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES
Octubre 28 de 2005 (Cali – Valle
del Cauca)
Compatriotas:
Déjenme introducir esta respuesta a ustedes,
apreciados concejales, con unas consideraciones generales
sobre tres temas: el tema de la gobernabilidad, su relación
con la propuesta de Visión Colombia al 2019, el
tema de la credibilidad nacional e internacional en las
instituciones colombianas y el tema de lo que consideramos
una democracia moderna.
La gobernabilidad se basa en
el grado de aceptación
que el pueblo y las instituciones tienen a la forma de
gobierno imperante, al ordenamiento jurídico vigente.
Y uno de los puntos que hemos
considerado básicos
para poder avanzar en esa aceptación es la combinación
entre la visión de largo plazo y la ejecución
diaria. No puede haber visión sin ejecución,
y tampoco puede haber ejecución sin visión.
Por eso le hemos propuesto a
Colombia un documento para la discusión democrática, que se llama
Visión de Colombia para el 2019.
Para el 2019, cuando el 7 de
agosto cumpliremos 200 años de vida independiente, con metas parciales,
porque las visiones de largo plazo solamente generan
credibilidad en la medida que haya periódicas
evaluaciones que muestren avances.
Tendrá que haber mesta parciales de manera constante
y metas parciales muy importantes el 20 de julio de 2010,
cuando nuestra Patria cumplirá los 200 años
del grito de independencia.
Cuando un pueblo puede entrar
a discutir una visión
de largo plazo se crea un gran consenso, y ese nivel
de consenso construye y facilita gobernabilidad. Cada
ciudadano se siente integrante, de veras, del todo colectivo.
Necesitamos esa combinación porque si se tiene
una visión de corto plazo, pero no se hace un
gran esfuerzo en el trabajo cotidiano, entonces no se
avanza hacia la visión de largo plazo, la visión
se convierte de quimera en frustración.
Y además de la visión necesitamos el trabajo
cotidiano, el esfuerzo de todos los días, además
del esfuerzo de todos los días necesitamos la
visión, porque un esfuerzo cotidiano en una nación
sin una visión, también genera incertidumbre,
porque la ciudadanía se queda sin saber para cuál
puerto está haciendo el esfuerzo de remar.
Este documento lo presentamos
a consideración
de los compatriotas el pasado 7 de agosto, el doctor
Santiago Montenegro (director de Planeación Nacional),
lo titulamos el primer borrador; queremos que sea la
discusión pública la que lo mejore.
Ha empezado el debate en el país, y quiero invitar
a los concejales y a la Federación de Concejales
a que intervengan en este debate, como he invitado a
los gobernadores, a los alcaldes, al Congreso, a los
sectores sociales y a los gremios.
Confiamos que en los primeros
cuatro meses del año
entrante podamos producir el segundo borrador, después
de recogidas las inquietudes de la primera etapa de debate.
Creo que en ese ejercicio participativo
que ustedes estimulan, y a lo cual se han referido
sus voceros esta
mañana y que es la base subyacente del proyecto
de ley que han presentado por iniciativa de ustedes a
consideración del honorable Congreso, la participación
es de gran importancia, y este esfuerzo de participación
para definir una visión de la Patria que queremos,
es esencial.
Además nos va a permitir tener elementos esenciales,
que sean políticas de Estado y que se trasladen
de un plan de desarrollo a otro plan de desarrollo.
El país no puede tener estancamiento que equivale
a continuismo, pero el país tampoco puede vivir
de bandazo en bandazo. Una cosa es el ajuste dialéctico,
ordenado, razonable, de todos los días, y otra
es estar dando bandazos.
El ajuste dialéctico, razonado, como consecuencia
del ejercicio democrático, permite que el país
avance en una agenda de mejoramiento continuo. El estancamiento
es tan grave como los bandazos: ambos generan incertidumbre,
no permiten que el país avance en esa senda de
mejoramiento continuo.
La queja de que no hay políticas de Estado no
se puede atender forzando con el ordenamiento jurídico
planes de desarrollo más allá de los períodos
presidenciales o congresionales, entonces el remedio
es una solución democrática, es una discusión
democrática que construya el mejor nivel de consenso
sobre cuál es la visión de largo plazo,
cuyos elementos fundamentales sean los puentes que vinculen
un plan de desarrollo con otro.
He invitado a los departamentos
a que cada uno trabaje un anexo para este documento,
y me gustaría también
que esto descendiera al orden municipal, y no hay una
institución más importante de la vida colombiana
para trabajar esa visión de largo plazo, que los
concejales.
Es una tarea que les pido, que
creo que pone a los concejos municipales en un horizonte
y en un grado de conexión
con los superiores intereses del pueblo, trascendental.
El otro tema al que me quiero
referir es el de los grandes compromisos colombianos
con la credibilidad internacional,
yo diría que tres: el país tiene que mostrar
eficacia y transparencia en la seguridad democrática,
el país tiene que demostrar voluntad y capacidad
de cumplir las metas del milenio, y el país tiene
que demostrar capacidad de derrotar la corrupción.
Eso armoniza con lo que hemos venido proponiendo, deben
ser los elementos caracterizadores de una democracia
moderna.
Yo creo que está obsoleta la vieja división
que nos han querido imponer entre izquierda y derecha.
Era valida cuando se enfrentaban las dictaduras militares
del continente. Hoy, cuando todo el mundo acepta girar
alrededor de la regla democrática, esa división
es obsoleta, esa división es polarizante, como
se demostró en la reciente elección del
Secretario General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y esa división es impráctica.
Una periodista internacional
me decía a mí: “Colombia
se va a sentir muy mal, su gobierno, aislados, un gobierno
de derecha aislado en una corriente de izquierda en América
Latina”.
Y le dije: “déme un solo hecho del gobierno
del presidente (de Brasil, Luis Inacio) Lula para que
lo califiquen de izquierda, y un hecho del gobierno que
presido, para que lo califiquen de derecha”. Enmudeció la
periodista.
Seguía insistiendo, ya le decía: mire,
una cosa es la proposición del discurso, otra
cosa es la realidad; una cosa es la campaña, la
autoidentificación, el descrédito, otra
cosa es la el ejercicio gubernamental. Y ella en esa
discusión me dijo: lo que pasa es que yo soy de
izquierda.
Le dije: ¿dígame usted por qué es
de izquierda? Y enmudeció.
Hoy viendo esos conceptos, que
se han tornado en simples afirmaciones emotivas para
ganar o para descalificar,
he invitado a la reflexión a mis compatriotas
para que los dejemos atrás, y pensemos en lo que
caracteriza una democracia moderna, para saber si una
democracia es una democracia progresista o regresiva,
moderna o anquilosada hay que preguntarnos si esa democracia
está regida por liderazgos constructivos o caudillismos
caprichosos. Hay que preguntarnos cuál es el grado
de participación que esa democracia tiene en los
procesos de cambio.
Esto sí que es importante. La verdad es que cuando
ustedes piden participación y capacitación
para la participación y hablamos de que Colombia
debe estar con una visión de largo plazo y una
ejecución cotidiana en una senda de mejoramiento
continuo, eso es invitar ustedes e invitar el Gobierno
a que vivamos en un permanente proceso de cambio ordenado,
regido por una visión de largo plazo y eso no
lo hacen hoy cuatro o cinco sabios, eso lo hace una comunidad,
el colectivo, el grupo guía de un proceso de cambio
en nuestra época, no es un reducido grupo de privilegiados
o inspirados o de educados. Tiene que ser el colectivo.
Todos los textos de Sociología contemporánea,
de Ciencia Política indican que cuando los procesos
de cambio no tienen en el equipo liderante del cambio
al colectivo, esos procesos de cambio se frustran porque
hay una gran brecha entre quienes los proponen y el pueblo
destinatario.
Pues bien, apreciados concejalas
y apreciados concejales, para saber si una democracia
es una democracia moderna
o anticuada, hay qué preguntarse si esa democracia
tiene unos gobernantes que den ejemplo en materia de
respeto al ordenamiento jurídico, a la Constitución
o a la Ley o si son gobernantes que imponen sus comportamientos
en contra del ordenamiento jurídico.
Y todo eso nos ha llevado a proponer
que esa democracia debe responder a cinco parámetros: la seguridad
con alcance democrático, el respeto a las libertades
públicas, la cohesión social, la transparencia
y el respeto a las instituciones independientes.
Eso además es el gran camino para responder a
otra pregunta: ¿Es la democracia incluyente o
excluyente? Yo he venido proponiendo a mis compatriotas
en este ejercicio de 39 meses una democracia pluralista
en permanente debate pero al mirar un debate hay que
preguntarse si es un debate edificante o destructivo,
si es un debate con antagonismos de odio, con acidez
o es un debate fraterno con contradicciones superables
para hallar soluciones.
El debate que requerimos en Colombia
tiene que ser tan libre como constructivo, tiene que
ser tan permanente
como fraterno, tiene que ser tan profundo como dispuesto
a superar antagonismos y a proponerle al país
soluciones y eso apunta a otro derrotero para nuestra
Patria: el modelo tiene que ser un modelo sin exclusiones
pero sin odios. Es tan grave una sociedad estimulada
por los odios, estimulada por el desplazamiento de la
fraternidad por parte del ánimo visceral como
una sociedad con exclusiones.
Creo que la combinación es que en la mente y
en la actitud de los colombianos nos propongamos una
sociedad sin exclusiones y sin odios. Ese primer parámetro,
el de la seguridad democrática, democrática
porque es para todos los colombianos, independientemente
de su grado de coincidencia con las tesis del gobierno
de turno o de su actitud de oposición, permanentemente
he pedido a las Fuerzas Militares y de Policía
que ellos, que no constituyen la fuerza pública
de Uribe, ni del gobernante de turno sino la fuerza pública
de la Constitución, le muestran a este país
que nuestra seguridad es democrática con su decisión
de proteger por igual a todos los colombianos, que protejamos
por igual al dirigente gremial que al dirigente sindical,
al campesino que al empresario agrícola, que protejamos
por igual a los más duros opositores del gobierno
que a los más fervorosos defensores de las tesis
del gobierno.
Me duele mucho que de este ejercicio
que hemos buscado que sea consecuente de todas las
horas, congruente entre
el predicamento y la acción, todavía tengamos
que lamentar estos asesinatos de concejales. Mientras
escuchaba al doctor Antonio Galán, a su director
ejecutivo, a los vicepresidentes, revisaba esta cartilla
que publica la Presidencia una, dos veces por semana
sobre los avances de la seguridad democrática.
Este país lleva tres años en descenso del
homicidio.
El primer año de gobierno el homicidio descendió en
Colombia en un 20 por ciento, el segundo año en
un 15 por ciento y este año lleva un nuevo descenso
del 16 por ciento. En Cali llevamos hoy 560 homicidios
menos que el año anterior pero nosotros no nos
podemos conformar con esto. Una tendencia positiva menos
cuando se trata del respeto al derecho fundamental, de
los fundamentales que es el derecho a la vida, no es
para tranquilizarnos. Hay que mantener un norte que es
la derrota de estas conductas violentas.
En el secuestro, esta Patria
que llegó a tener
3.050 secuestros, este año tiene 271 secuestros
extorsivos. En total 599 pero no estamos conformes, necesitamos
llegar a cero secuestros. He propuesto unas mediciones,
unos indicadores, para que lo digan a la comunidad nacional
e internacional, de nuestra preocupación por ser
congruentes en la práctica con el discurso de
la seguridad democrática.
El homicidio de sindicalistas.
Colombia llegó a
ver el asesinato de 168 sindicalistas en un año.
Todavía no hemos llegado a cero como debíamos
haber llegado a cero. Todavía este año
nos han asesinado 13 compatriotas afiliados a organizaciones
sindicales. Nuestra lucha es para que Colombia pueda
decir, cero asesinato de sindicalistas.
La libertad de prensa no puede
ser objeto de una simple declaración retórica del ordenamiento jurídico
o del discurso de los voceros institucionales, tiene
que ser una libertad eficaz. Un país que llegó a
ver el asesinato de 12 periodistas por año, es
un país que no puede reivindicar que su libertad
de prensa es eficaz. Hemos hecho todo el esfuerzo pero
todavía no hemos logrado lo que necesitamos. Aún
nos han asesinado este año dos periodistas.
Mis antecesores se refirieron
al homicidio de concejales. Sí, que hubo 80 en el 2002 no es para tranquilizarnos
porque ha habido 22 este año. La verdad es que
la diferencia de las cifras no amortigua la tristeza.
A los pocos días del asesinato de los concejales
de Puerto Rico, Caquetá, allá realizados
sendos consejos de seguridad y comunitarios. ¡Qué duro
encontrar esa comunidad en desespero! A los pocos días
del asesinato contra el Presidente del Concejo de Campoalegre,
al siguiente día, con ese intento de asesinato
que le costó la vida a familiares suyos y a varios
de sus compañeros, pude hablar con él.
Eso es desgarrador.
El Ministro del Interior y Justicia
se ha referido al esfuerzo que se está haciendo para mejorar la
protección de ustedes. Quiero decirles esto apreciados
concejales: si este país le hubiera hecho caso
a Luis Carlos Galán oportunamente, cuando él
nos convocó con toda firmeza para enfrentar la
delincuencia, ah sangre y tiempo que habríamos
ahorrado! Pero nunca es tarde.
La Fuerza Pública está haciendo creciente
exposición al sacrificio. Está actuando
con todo el heroísmo, hoy tiene en la dirección
civil la voluntad política que se reclamaba, la
tenemos toda. El Gobierno, empezando por mi persona,
que he tenido el infinito privilegio de dirigir los destinos
de mi Patria, tiene toda la voluntad para derrotar el
terrorismo. No vamos a desmayar. El terrorismo no negocia
sino cuando sabe que instituciones y pueblo han hecho
el pacto democrático de derrotarlo.
Era yo todavía estudiante universitario y llegaban
a mi universidad panfletos de la FARC aduciendo que como
no había elección directa de autoridades
locales, ellos justificaban su acción violenta.
Años después, concluyó un debate
centenario en Colombia cuando el senador Álvaro
Gómez Hurtado presentó el proyecto convertido
en acto legislativo para adoptar la elección popular
de alcaldes.
Vino la Constituyente del 91,
se extendió a la
elección popular de gobernadores, se crearon mecanismos
de democracia directa, de democracia participativa de
gran importancia y quienes en la víspera habían
propuesto el discurso apologético de la ampliación
democrática, cuando esa ampliación democrática
se convirtió en realidad, ellos se tornaron en
los sicarios de la democracia.
Propusieron la elección popular de alcaldes y
después se dieron a la tarea de asesinar a los
alcaldes. Cuando este gobierno empezó, en la tarde
de aquel 8 de agosto de 2002, yo visité el Caquetá después
de haber llegado a las 5:30 de la mañana al departamento
del Cesar. ¡Qué tristeza! Encontré todos
los alcaldes de los municipios del Caquetá arrumados
en la Gobernación en Florencia. No podían
despachar. Hay problemas pero hemos avanzado.
Para que todos los alcaldes,
independientemente del origen político de su elección puedan cumplir
transparentemente, esforzadamente los mandatos del pueblo
y las normas de la Constitución, vamos a insistir
en esa tarea.
La verdad es que en esto no podemos
descansar. Me preocupa mucho cuando escucho al doctor
Antonio Galán denunciar
que subsisten esas presiones de los grupos mal llamados
paramilitares pues bien, ellos tienen dos opciones: o
cumplen con la Ley de Justicia y Paz o los derrotamos
militarmente. Y si esto no lo dice y no lo hace cumplir
el Presidente de la República, ¿entonces
quién?
Quiero desde aquí convocar a todos mis compatriotas
para que cada uno sea un vigilante de la transparencia
del proceso electoral que se inicia en nuestra Patria.
Transparente fue el proceso del referendo. Los colombianos
sintieron todas las libertades para oponerse o abstenerse.
El Gobierno en la defensa del Referendo no infringió maltrato
a los colombianos. Transparente fue el proceso electoral
de 2002 para concejales, alcaldes, diputados, gobernadores.
Muchos de la verdadera oposición provenientes
de partidos alternativos a los tradicionales, provenientes
de partidos con adherentes que pertenecieron a antiguas
guerrillas, ganaron su elección porque además
del respaldo popular tuvieron la garantía efectiva
de sus libertades. Eso sí que puso a prueba nuestra
consistencia con la Seguridad Democrática.
En los últimos meses Colombia ha elegido más
de 300 alcaldes, el Gobierno y las Fuerzas Armadas y
la Policía nos hemos dedicado a rodear a todos
los candidatos de garantías, por eso no vamos
a permitir que grupos armados participen en el proceso
electoral, intentarán hacerlo por todos los medios,
pero los teléfonos del Ministro del Interior,
del Ministerio de Defensa, de los Altos mandos, y los
de la Presidencia serán líneas abiertas
para enfrentar estos fenómenos.
La Ley de Justicia y Paz advierte
que aquellos que se acojan a ella si interfieren el
proceso político,
pierden los beneficios. Lo mejor que pueden hacer quienes
se acojan a la Ley de Justicia y Paz es respetar la democracia,
observar la democracia, no interferirla, no se entiende
que haya unos individuos en armas y otros del mismo grupo,
tratando de intervenir en política. Eso no lo
permitiremos.
Cuando nos dolemos de lo que
pasó con la Unión
Patriótica allí concurrieron dos errores:
las Farc quiso estimular simultáneamente la lucha
política y la lucha armada, en la democracia las únicas
armas valederas son las argumentales. Y un segundo error,
falta de contundencia del Estado para proteger a los
luchadores de la política.
Ahora no podemos permitir ni
el engaño de las
Farc de combinar el terrorismo con un supuesto partido
político, ni tampoco estrategias paramilitares
de mantener gentes en armas y salir ellos a hacer política.
Ni lo uno ni lo otro, apreciados compatriotas y frente
a esto hay que hablar duro, claro, en tiempo oportuno
y hay que pedir con la responsabilidad principal del
Presidente de la República, un ejercicio eficaz
de la administración de justicia, un ejercicio
eficaz de las Fuerzas Armadas de la Nación.
Si realizamos este debate con
transparencia mucho habrá ganado
la Seguridad Democrática, mucho trecho habremos
recorrido para que la Seguridad Democrática se
torne en paz, mucho habrá ganado la legitimidad
de la Ley de Justicia y Paz.
Es menos difícil aclimatar procesos de paz con
paramilitares y ojalá rápidamente con guerrillas
cuando se respetan los procesos democráticos que
cuando se interfieren con acciones violentas las decisiones
democráticas del pueblo.
Quiero referirme al tercer elemento
de aquellos parámetros
para construir una democracia moderna incluyente, pluralista,
fraterna, es el de la cohesión social.
No podemos seguir en la vieja
contradicción de
creer que hay una exclusión entre la propuesta
del respeto a las garantías individuales y la
propuesta de construcción de cohesión social.
En una comunidad es tan importante
hacer sentir a cada ciudadano que tiene total consideración por sus
garantías individuales, como que cada ciudadano
le haga sentir su responsabilidad solidaria a ese colectivo
que es la nación al cual pertenece.
Bobbio bellamente demuestra en
unos de sus libros como no hay exclusión entre la protección de
las garantías individuales y la construcción
de cohesión social.
Las garantías individuales, su respeto, es una
de las características democráticas de
la seguridad. Su respeto nos permite decir que la Seguridad
es Democrática. Y la cohesión social, la
construcción de justicia social es el puente que
nos permitirá el tránsito de la Seguridad
Democrática a la paz.
Y eso lo relaciono con las Metas
del Milenio. Hay que conquistarlas, no las podemos
aplazar, cumplir con las
Metas del Milenio es una obligación de credibilidad
de la comunidad internacional en Colombia. La vamos a
cumplir en educación, tenemos que garantizar un
ciento por ciento de cobertura en educación básica,
estamos en el 91 por ciento. Han ayudado muchos concejales,
alcaldes, diputados, gobernadores, el Congreso de la
República.
Pero tenemos problemas graves
como el de deserción.
Por eso tenemos que seguir aumentando los restaurantes
escolares, todos los programas de Bienestar Familiar,
en ese proceso de integración entre los diferentes
niveles de Gobierno.
En esta administración hemos pasado de 6 millones
100 mil usuarios de Bienestar Familiar a casi 10 millones,
hemos crecido en más de 600 mil el número
de estudiantes en los restaurantes escolares, emprendimos
un nuevo programa, el programa de desayunos para niñitos
menores de 5 años, y dentro de poco podremos decir
en Pereira que nos quedamos en los 500 mil la meta inicial
sino en un millón. Todo eso ayuda a que haya menos
deserción.
El Gobierno anterior concibió el programa de
Familias en Acción que nosotros pusimos en marcha.
Vamos a terminar este año con 500 mil Familias
en Acción en más de 700 municipios de la
Patria. Pero no es suficiente, el año entrante
hay que llegar a 650 mil y para garantizar ese ciento
por ciento de cobertura escolar con la mínima
deserción, hay que aproximarnos a un millón.
Así como hemos podido decir que el SENA ha llegado
a todos los municipios de la Patria, también queremos
dentro de poco poder decir que el programa Familias en
Acción ha llegado a todos los municipios de la
Patria.
Se la noble preocupación de ustedes por la educación,
me comprometo que los funcionarios del Ministerio, con
la coordinación del Ministerio del Interior, van
a poner en práctica con ustedes rápidamente
el acuerdo con un aporte nacional de más de mil
millones para la capacitación de los concejales.
Reconozco que es totalmente insuficiente
y le voy a pedir al viceministro (del Interior, Hernando)
Angarita,
con la venia del doctor Sabas (Pretelt de la Vega, Ministro
del Interior y Justicia), que trabajemos con la ESAP
a ver hasta dónde puede atender la petición
de educación de capacitación de los concejales.
Y que pongamos en marcha un programa con el SENA para
capacitación de la base democrática de
la Nación que empieza en ediles y concejales.
Por lo menos al evaluar nuestros
compromisos de hace un año en Pereira encontramos que a pesar de los
daños que nos ha hecho el terrorismo, hemos avanzando
con ustedes en la defensa de lo que se llaman los derechos
humanos de los concejales.
Y hemos avanzando en este programa
del Ministerio de Educación, que cuando nos volvamos a reunir rápidamente
podamos decir, se está ejecutando el programa
del Ministerio de Educación, ha empezado un programa
con la ESAP y ha empezado un programa con el SENA. Si
hay una aspiración noble de cualquier institución
del pueblo de la Patria, es la aspiración de tener
más y mejor educación.
Hace pocos días lanzando un programa para que
a los colombianos no les de pereza ni vergüenza
formarse como tecnólogos y técnicos, un
programa que consiste en que una persona que se gradúe
de técnico o de tecnólogo después
pueda ir a una universidad a los años y decir “quiero
completar las materias y graduarme en educación
superior”, proponía yo a mis compatriotas
que necesitábamos una Colombia en la cual se pueda
estudiar y trabajar toda la vida.
Uno de los filósofos chinos solía repetir: “El
ser humano empieza a morir el día que deja de
estudiar”. Uno de los objetivos de nuestra revolución
educativa es crear condiciones para que los colombianos
puedan estudiar y trabajar roda la vida. Tenemos limitaciones
presupuestales severas, apreciados concejales de mi Patria,
pero le vamos a sumar del esfuerzo del Ministerio de
Educación, esfuerzos de la ESAP y esfuerzos del
SENA para esa noble aspiración de ustedes de más
y mejor formación democrática.
Otra de las metas sociales del
milenio es la meta de la salud. Hay que cumplirla.
Hemos avanzado mucho en
la disminución de la mortalidad infantil, de la
mortalidad de mamás al momento de dar a luz, pero
nos falta en muchas regiones. Vemos retrasos en algunas
regiones. Esas metas hay que cumplirlas. El Senado ya
aprobó la reforma al régimen subsidiado,
la ley 100, que ahora se discute en la Cámara.
Confío que antes del 16 de diciembre sea ley,
para que en dos años Colombia le pueda decir al
mundo que tiene plena cobertura en seguro de salud para
los estratos 1, 2 y 3 de la población. Los pobres
por los cuales tiene que responder el estado en nombre
de la solidaridad.
Cuando este gobierno empezó había 10 millones
y medio de colombianos afiliados, terminaremos este año
con más de 18, pero los estratos 1, 2 y 3 suman
26 millones de compatriotas, suponemos que hay cuatro
millones en el régimen contributivo, entonces
tenemos que completar 22 millones afiliados al régimen
subsidiado, nos quedan faltando cuatro millones. Un trabajo
grande y costoso pero lo tenemos que lograr.
Propongo lo siguiente. Revisar
la afiliación
a salud de los concejales de las categorías de
los municipios que ustedes estimen pobres y empezar ahí la
aplicación de la nueva ley. La nueva ley abre
las posibilidades de que para el régimen subsidiado
de salud en el estrato 3, haya diferentes modalidades,
una modalidad es que por ejemplo que el estado subsidie
un porcentaje de cotización para que el afiliado
tenga plan obligatorio de salud, no de régimen
subsidiado sino el más completo, de régimen
contributivo.
El doctor Angarita, viceministro
del Interior, delgado por el Ministro para el enlace
permanente con los concejales,
coordinará con el Ministerio de Protección
cómo a través de esos mecanismos logramos
que todos los concejales, de los municipios con mayores
dificultades –yo no me referiría ahora a
categorías, ustedes lo dirán en la discusión-
pueden beneficiarse de esa ley y recibir rápidamente
la afiliación con extensión familiar a
la seguridad social en salud.
Como estos encuentros tienen
que generar credibilidad, yo no me atrevo a comprometerme
hoy en el tema pensional.
Ahí vamos con mayor lentitud. Por es totalmente
urgente el tema de salud.
Eso sí voy a pedir un favor de ustedes. Si ustedes
me dijeran: Presidente, ¿cuáles metas del
Milenio tenemos dificultades en cumplir?, yo les diría:
la de saneamiento básico.
Cuando se discutía la ley 715 hubo dos tendencias
en el Congreso: una que decía: dejen esos recursos
para la libre discrecionalidad de los municipios. Y otra
que dijo: no, hay que destinarlos a saneamiento básico.
Fue la tendencia que se impuso.
Este año las transferencias del Gobierno Nacional
a las regiones para saneamiento básico, valen
casi un billón de pesos. En los últimos
años han sido crecientes. Sin embargo, los problemas
son muy graves en acueductos y alcantarillados.
Hay que empezar con tres soluciones:
la de Bogotá con
el Río Bogotá; la de Cali con el Río
Cauca, y la Medellín con el Río Medellín.
Y ustedes nos tienen que ayudar a que en cada municipio
definitivamente resolvamos el problema del acueducto
y el problema del alcantarillado.
Es un imperativo con el medio
ambiente. Es un imperativo con la salud pública.
Es un imperativo con las metas del Milenio. Es un imperativo
con la calidad de
vida de nuestros compatriotas.
Para eso hay que revisar cómo se aplican los
recursos, derrotar corrupción, construir consensos.
Y le he pedido a los gobernadores que tengan comprensión.
Pienso, honorables concejales, que el Gobierno Nacional
con sus limitaciones no podrá seguir enviando
partidas importantes de dinero para vías terciarias.
Nos vamos a tener que dedicar a metas del Milenio, como
el saneamiento básico, y nos vamos a tener que
dedicar a las vías de competitividad.
Estamos empezando ahora, en todas
las regiones de la Patria, un programa de pavimentos
que se llama Plan 2.500
para más de 3 mil 146 kilómetros. Hay que
preparar uno nuevo. Le he pedido al Gobierno que prepare
para la siguiente administración presidencial,
cualquiera la presida, dos borradores que entreguemos.
Uno sobre un nuevo proyecto de pavimentos y otro sobre
un nuevo proyecto de acueductos y alcantarillados.
Este Gobierno se demoró más de dos años
en empezar el nuevo proyecto de pavimentos, no sólo
por razón de escasez de recursos, sino porque
se tomó mucho tiempo para hacer el proyecto. Si
le entregamos al siguiente gobierno un proyecto elaborado,
el siguiente gobierno tendrá menos demoras. Pero
he pedido que en esa discusión democrática,
como la hicimos en esta oportunidad para el Plan 2.500,
al proponer desde las regiones cuáles son las
vías a pavimentar, nos propongan vías que
contribuyan a la competitividad. Es una necesidad.
Entonces tocará hacer un gran esfuerzo de gobernadores,
alcaldes, diputados y concejales, para poner a funcionar
sistemas participativos y económicos de mantenimiento
de vías terciarias. Bancos de maquinaria en cada
municipio o asociativos, cooperativas regionales, contratos
con la Acción Comunal, aportes de vecinos. Quiero
que ustedes nos ayuden reflexionando sobre esto. Ahí veo
que tienen una gran posibilidad de participación.
Nos hemos demorado mucho con
los recursos que el honorable Congreso, en las audiencias
públicas, destinó a
más aumento de acueductos y alcantarillados, entre
otras cosas porque no estaban los proyectos. Había
ideas pero no proyectos.
Por eso pido a ustedes que se
urja en cada municipio tener no en nivel de ideas sino
en nivel de proyectos,
lo que requerimos en acueductos y alcantarillados, a
ver cómo podemos avanzar más velozmente
y resolver este problema, que es una de las metas más
exigentes del Milenio.
Ustedes han planteado unas aspiraciones
en materia de vivienda. Tienen toda la razón. El país
todavía tiene un déficit de millón
y medio de viviendas sociales. En este Gobierno nos propusimos
a hacer 400 mil. Vamos a terminar este diciembre con
300 mil. Vamos a hacer todo el esfuerzo para aproximarnos
lo más cercanamente posible a la meta de 400 mil.
Estoy preocupado de que no la
podamos alcanzar. Pero también preocupado de que el país necesita
hacer más en esa materia. Entonces uno choca,
uno ve el choque entre la necesidad y el faltante de
recursos. El Congreso tiene que revisar ahora el monto
de la partida anual para vivienda social. Yo estoy seguro
que se va a elevar sustancialmente, y tenemos que buscar
cómo superar esa limitación de recursos.
Quiero ofrecerles lo siguiente:
quienes de ustedes no puedan participar en la búsqueda de subsidios
a través de los esquemas del Gobierno Nacional,
el Gobierno Nacional está dispuesto a ayudarles
a acceder a la línea de crédito convenida
con Findeter, cajas de compensación familiar y
el sector financiero.
En esa línea de crédito hay este compromiso:
colocar entre el primero de julio de este año
de 2005 y el 30 de junio del año entrante, un
billón de pesos para vivienda social, a tasas
más o menos de inflación + 9, inflación
+ 11.
Ya hay una corporación que las está ofreciendo
a inflación + 8. El Gobierno Nacional puede hacer
este compromiso, doctor Antonio (Galán).
No quiero meterlo en la construcción de eso.
Yo sugeriría lo siguiente: para que las construyan
y el proyecto sea una realidad, por qué no seleccionan
ustedes una entidad en el país, puede ser una
caja de compensación o varias, que les adelante
un programa de vivienda para concejales, y el Gobierno
les entrega a esa o a esas entidades la línea
de crédito del sector financiero – Findeter.
Creo que en esto, con la coordinación del Ministerio
de Interior y el delegado del Ministro, el viceministro
Angarita, y con Findeter, podemos lograr un acuerdo con
ustedes. Les pediría seleccionar las entidades
con las cuales se va a adelantar el proyecto para poder
canalizar los recursos.
Ayer hubo una reunión aquí. Ahora que
venía del ingenio del Cauca con el señor
Gobernador, él me contó de la reunión
ayer donde estuvo representado el Gobierno Nacional y,
con la ayuda de Dios, el Gobierno Nacional aportará ahí una
buena cantidad de subsidios.
Angelino Garzón, gobernador del Valle del Cauca: A ver, no, mire. Yo venía comentándole
ahora que veníamos del ingenio Cauca al señor
Presidente de la República, lo siguiente, señores
concejales de Cali: ayer hemos llegado a un principio
de acuerdo Gobierno Nacional, Gobierno Departamental
del Valle del Cauca y Gobierno municipal de Cali. También
hemos incluido la CVC.
Consiste en lo siguiente:
estamos hablando de Laguna del Pondaje, Charco Azul
y Jarilló.
El municipio coloca
todo el lote del potrero grande. Con Emcali le hemos
pedido, le
hemos la solicitud que
coloque los servicios públicos domiciliarios.
Yo ahora le venía contando al Presidente para
ver si el Presidente nos ayuda a que Emcali asuma esta
responsabilidad.
El Gobierno Nacional
va a estudiar, incluso por vía
del Fondo de Desastres, 2.700 subsidios de vivienda para
una reubicación de 2.700 viviendas.
Y la Gobernación del departamento del Valle del
Cauca se ha comprometido con el Gobierno Nacional, a
que por cada subsidio coloca dos millones, o sea que
colocaría 5.400 millones en vivienda.
Esto nos permitiría hacer una reubicación,
con autoconstrucción, donde prácticamente
ninguna familia quedaría endeudada por el tema
de vivienda, Presidente. Ayer se acordó esto como
principio de acuerdo.
Presidente
de la República: Entonces el Gobierno
Nacional va a cumplir con el aporte de esos subsidios,
y aquí le he pedido al doctor Juan Lozano, alto
consejero de la Presidencia, que intervengamos ante Emcali,
empresa que hemos recuperado, gracias a Dios, muchísimo,
y que le muestra hoy un mejor porvenir a la ciudad, para
que Emcali se comprometa a instalar la infraestructura
que se requiere allí. Vamos a buscar eso.
Suprimir parcialmente el texto
del artículo 20
de la Ley 617. Yo les quiero hablar con toda franqueza.
Una de las características que debe tener el período
de innovación y profundización democrática
que se inicia en Colombia, es que no se deje de gobernar
y no se deje de construir credibilidad.
Ustedes han presentado una serie de propuestas, vamos
a analizarlas desprevenidamente, a examinar con todo
cuidado la iniciativa de ley que ha presentado el honorable
Concejo, y reciban estos comentarios como unas primeras
reacciones llenas de buena fe y muy francas.
La Ley 617 ha sido muy dura,
pero muy importante. La ley 617 en alguna forma ha
ayudado a salvar fiscos departamentales
y municipales. Tiene respaldo en el pueblo, en la opinión.
Hoy no hay gobernabilidad si
no hay opinión.
Si ustedes quieren tener gobernabilidad en los concejos,
tienen que tener opinión. Si alcaldes y gobernadores
quieren tener gobernabilidad, no les basta con apoyarse
en asambleas y concejos, tienen que tener opinión.
Todos tenemos que buscar estar conectados con esa expresión
de la democracia directa que es la opinión.
Yo no buscaría, doctor Fabio, hoy, introducirle
unas reformas en esta dirección a la Ley 617.
Buscaría reivindicar los concejales de otra manera:
con la seguridad social, con la vivienda, con las inhabilidades.
Me parece importante discutir
el tema de la prima. Ustedes piden que la prima que
se reconoció a los alcaldes
se les extienda a ustedes.
Tienen que hacer una cosa: tienen
que explicarle muy bien al país y mirar con cada presupuesto. Y ustedes
tienen un elemento a favor: ustedes no están vinculados
como asalariados. Ustedes son una categoría de
servidores públicos vinculados por honorarios.
Hay que explicar bien eso, para que el país entienda
por qué.
Mi proposición sería que esta como otras
reivindicaciones, las estudiemos selectivamente. Solamente
para el caso de aquellos municipios donde los concejales
tienen una remuneración inclusive que es inferior
al salario mínimo. Que estudiáramos esto
selectivamente. Les pediría esto al Ministro y
a Hernando Angarita.
Eliminar la retención. Tengo dos propuestas.
La primera: hagamos el esfuerzo de universalizar el seguro
de salud familiar en los concejales. Si lo logramos,
bien. Si no lo logramos, entonces miremos el tema de
las retenciones, que también habría que
mirarlo selectivamente, para aquellos casos de los municipios
cuya categoría genera una retribución a
los concejales, bastante precaria.
Ya hablamos del tema de seguridad
social, del tema de capacitación, del tema de
vivienda.
El tema de inhabilidades. Ustedes
tienen razón
en esto, lo recogió muy bien el ministro Sabas:
para ser concejal hoy hay que expatriarse. Una cosa es
la honradez y otra cosa es el fundamentalismo. No por
ser fundamentalista se es honrado.
A mí lo que me preocupa es que, como lo denuncian
ustedes, la ley de inhabilidades haya excedido las inhabilidades
constitucionales. Una cosa es que ustedes vayan a robar
y otra cosa es que puedan trabajar lícitamente.
Yo soy partidario, con mucha franqueza con la opinión
pública y con mucha lógica argumental,
de revisar las inhabilidades, como lo he venido diciendo.
Todos estos temas puntuales,
más los otros que
están en su proyecto de ley, convirtámoslos
en una agenda de trabajo. No en un compromiso demagógico,
porque perdemos la credibilidad, sino en una agenda de
trabajo, a ver qué es posible, qué no es
posible, a ver qué opciones aparecen, y creo que
podemos salir adelante.
Ustedes tienen que ser los garantes
de la transparencia en este país, ánimo
en eso, y vamos a luchar por la seguridad de ustedes,
apreciados concejales.
El acuerdo humanitario. No tengo
nada que repetir, querido amigo. Hemos aceptado un
trabajo del Comisionado con
las familias de los diputados vallecaucanos, para buscar
un sitio, no una zona de despeje. Ah bueno que hubiéramos
hecho ese acuerdo humanitario.
¿Qué limitaciones tiene el Gobierno? El
tema de la zona de despeje y que aquellos guerrilleros
que salgan de la cárcel no vuelvan a delinquir.
Hemos ofrecido en lugar de la
zona de despeje, un sitio con todas las garantías. Garantías para
que lleven allí a los voceros de la guerrilla,
garantías para que negocien allí durante
el tiempo de la estadía, garantías para
que los regresen. Y que esas garantías las dé una
entidad nacional e internacional, o muchas. El buen pagador
no se pega de las prendas, el buen pagador no rechaza
prendas.
Esta mañana me decían por allí al
oído, aquí al sur de Cali, pero sin que
yo tocara el tema –yo fui a una cosa muy distinta,
yo fui a inaugurar una planta de alcohol carburante y
a pedir que resolvamos el problema en la Hoya del Río
Suárez en Santander, y a pedir que desarrollemos
proyectos de alcohol carburante a partir de yuca para
generar empleo, y a pedir lo de biodiesel a partir de
la palma africana–, y se me arrimaron varios ciudadanos
a decirme: Presidente, somos de Florida, de Pradera,
no vaya a despejar.
Un país que está pidiendo que en lugar
de guerrilla o paramilitares haya Fuerza Pública,
expresión de la Constitución, no puede
ponerse a despejar zonas del territorio, queridos amigos.
Las hemos tenido despejadas por
parte del Estado para que se apoderen de ellas los
bandidos. Ahora que estamos
en el proceso difícil de recuperarlas, no podemos
reversar.
¿Cuál es el interés de la guerrilla?
El interés de la guerrilla es tener un sitio,
poder negociar seguramente, con seguridad, en un sitio,
el que quieran escoger. Les hemos ofrecido una embajada,
la Nunciatura, una escuelita rural o urbana, un sitio.
O sea el Gobierno está dispuesto a dar todas las
garantías, con garantes nacionales e internacionales
para que puedan negociar.
Y yo sí creo que los colombianos no me acompañarían
en esto. ¿Qué les parece a ustedes soltar
los guerrilleros para que vuelvan a delinquir? ¿Que
los soldados que están mutilados en las clínicas
vean que salen los tipos nuevamente a ponerse el camuflado
y a llenarse de explosivos terroristas?
Yo he dicho: miren, si salen
de la cárcel que
no vuelvan a delinquir, que se vayan al extranjero a
un país como Francia y que ese país se
comprometa a darles todas las condiciones de vida digna
y a que no vuelvan a delinquir.
O si se quedan en Colombia que
se entren al programa de reinserción. Esas dos son las dos condiciones,
que son razonables. Si no fueran razonables, amigo, las
hubiéramos retirado hace rato.
Muchas gracias.