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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN

Octubre 04 de 2005 (Bogotá – Cundinamarca)


Compatriotas:

Quiero celebrar esta oportunidad de reflexión para la Patria, que nos crea, más que la expectativa de la reparación total que será imposible, la expectativa de un camino seguro para la paz.

No nos acompaña hoy el señor Vicepresidente de la República (Francisco Santos), quien está representando al país en eventos en Europa. Hoy tenía compromisos que atender en Finlandia. Él se ha constituido en el gran animador para que el país tenga éxito en esta Comisión. Aportó toda su inteligencia, todo su empeño, para que esta Comisión quedara constituida a la altura de las circunstancias.

Agradezco inmensamente a ustedes, apreciados integrantes de la Comisión (Nacional de Reparación y Conciliación), aceptar llevar sobre sus hombros esta inmensa responsabilidad.

La integración de esta Comisión refleja el fin de nuestra Política de Seguridad Democrática: profundizar el pluralismo en nuestra Patria.

Ustedes no llegan aquí por identificación con el Gobierno. Ustedes llegan aquí, con su autonomía intelectual, ustedes llegan aquí con un recorrido de patriotismo desde diferentes ángulos de la ideología. Ustedes llegan aquí por su compromiso permanente para que Colombia supere estas décadas aciagas de violencia.

Si algo quiero reivindicar es la similitud entre la integración de esta Comisión y el pluralismo que estamos buscando para la Patria, a través de que todos respetemos el derecho de quien se atreve a disentir de cualquiera de nosotros.

Durante muchos meses el honorable Congreso (de la República) afrontó este debate con superior responsabilidad. Sabíamos, desde el momento que le dijimos al país, aun en la campaña presidencial de 2002, que a partir de la Seguridad Democrática tendría que presentarse un fenómeno de reinserción. Que ese fenómeno de reinserción necesitaría un marco legal y que, justamente, no sería fácil comprender que en una Política de Seguridad Democrática, los mismo proponentes, el mismo Gobierno, proponente y responsable de su ejecución, tuviera que proponer el marco legal para la reinserción. Y el debate vino tan pronto el tema se presentó.

No creo que haya habido en el mundo un debate tan intenso, con tanta participación de la comunidad internacional, como el que se dio en dos largos años en nuestra Patria.

Agradezco al Ministro del Interior y de Justicia (Sabas Pretelt de la Vega); al Alto Comisionado (para la Paz), doctor Luis Carlos Restrepo; al Fiscal General de la Nación (Mario Iguarán); al Congreso de la República, la manera patriótica como se condujo ese debate.

Muchas veces una controversia que rayaba el respeto a la diversidad. Muchas veces una controversia que no comprendía, una controversia que incluso se atrevía a ofender.

Pero así y todo prevaleció el superior interés por la Patria, por los intereses esenciales de los colombianos.

La historia recordará ese debate como un debate valeroso, como un debate de una Nación dispuesta a resolver sus problemas, respetando la opinión internacional, sin aislarse del mundo. Como una Nación asumiendo con carácter todas sus responsabilidades para ser la gestora de su propio futuro.

Quiero agradecer a todos este inmenso esfuerzo. Este inmenso esfuerzo que nos ha traído un marco legal novedoso, que empieza a ser mirado en el mundo como algo que eleva los estándares, como algo que crea doctrina.

Y quiero agradecer y destacar la integración de esta Comisión, sobre la cual los colombianos tenemos tantas esperanzas: ese marco legal.

Ha dicho, con la inteligencia que lo caracteriza para hacer los apuntes de ocurrencias necesarias, el doctor Eduardo Pizarro Leongómez, que en otros países marcos legales que buscaban efectos semejantes, se produjeron cuando ya el problema estaba superado, y que aquí se produce todavía sin haber superado el problema.

Pero yo también quisiera anotar algo, para agregar a la reflexión del doctor Eduardo Pizarro Leongómez: este marco legal no se propone, como se propuso en otras partes, para que con el ánimo de perdonar a quienes habían agredido a la población en nombre de la insurrección contra los gobiernos dominantes, también se perdonara a aquellos actores de gobierno que habían trasgredido el marco de los derechos humanos, de la Constitución, de las garantías.

¡Qué bueno poder decir que Colombia no ha aprobado una legislación para amnistiar o indultar a funcionarios públicos responsables de atrocidades, sino una legislación para abrir caminos de paz!

Cuando veo lo que ha pasado en Ruanda, lo que ha pasado en Suráfrica, donde la Comisión de la Verdad finalmente tuvo un universo humano tan reducido; cuando veo nuestros antecedentes, en los cuales participé como uno de los congresistas responsables de la ley de reinculto, cuando ya el M-19 estaba en el Congreso de la República, creo que aquí hemos elevado los estándares.

Nuestra preocupación siempre era la reconciliación. Ahora nuestra preocupación es el balance entre la paz, la reconciliación, por un lado, y por otro lado, la justicia y la reparación.

No es fácil en un país que llegó a tener alrededor de 50 mil hombres en armas: 17 mil de la Farc, más 12 mil milicianos urbanos de la misma organización, más 4.500 del Eln, más los integrantes de los grupos ilegales de autodefensa, no es fácil que un país que debería estar sumido en el desespero, y como producto del desespero dispuesto a entregar los valores de la justicia y de la reparación, producir una ley con este alcance, con este equilibrio.

No creo que haya nación en el mundo que sea capaz, para enfrentar un número tan grande, un número de terroristas tan ricos, un número de terroristas tan poderosos, no creo que haya nación en el mundo capaz de atreverse a que la ley de reconciliación sea un equilibrio entre la paz, con la justicia y la reparación.

Pienso que eso debe ir tornando la dura crítica en una campaña cerrada de apoyo para que la ley se aplique.

Mi llamado a la comunidad nacional y a la comunidad internacional es que los estándares que hemos elevado, es que el esfuerzo que hemos hecho, es que los riesgos que estamos asumiendo, nos hacen merecedores a que dejemos atrás la controversia sobre el texto legal y pasemos a la nueva etapa: la de la aplicación transparente.

Y ustedes son una garantía de aplicación transparente de la ley.

Confío que sigamos teniendo el apoyo de la Organización de los Estados Americanos; de su jefe de Misión, Sergio Caramagna, que ha cumplido una tarea tan abnegada en favor de Colombia.

Confío que esa monitoria internacional para hacer seguimiento constructivo a la aplicación de la ley, coordinada por el ex presidente (de los Estados Unidos, Bill) Clinton, con la participación del Club de Madrid, de la Unión Europea, de la Conferencia de Presidentes de Suramérica, de la Santa Sede, nos ayude a que esto salga bien, para bien de las presentes, y fundamentalmente de las nuevas generaciones de colombianos.

La verdad es que cuando los colombianos en un 50 por ciento hemos participado del dolor de tantos años de violencia, hablar del tema de la reparación nos causa emociones, que no nos permite tratarlo con serena objetividad.

Cuando se pertenece a ese 50 por ciento de las familias de la Patria enlutadas por esta violencia, la reparación aparece como un asombro, la reparación aparece como algo inesperado, la reparación aparece como una luz, para que al menos se frene la circunstancia de que nuevos colombianos sigan siendo víctimas del dolor.
Es tanto el dolor que se ha sentido por esta violencia, apreciados comisionados, y ustedes lo saben, que es imposible pretender la reparación total.

Por eso resalto de la intervención del doctor Eduardo Pizarro Leongómez, el punto donde él dice que una de las tareas de esta Comisión será disuadir, precaver, para que cesen los actos de violencia, para que no haya más colombianos víctimas, para que cese la expansión del universo de aquellos que sufren el dolor. ¡Qué bueno que podamos producir ese hecho!

Es imposible la reparación total. Incluso las víctimas pobres de patrimonio, que son la mayoría, por más que se les pueda resarcir patrimonialmente, nunca encontrarán reparación total. El dolor que esta violencia ha producido trasciende las aspiraciones de la retribución material.

Yo pensaba cuál puede ser el mejor grado de reparación. Está bien el esfuerzo para cumplir con este texto legal en la reparación integral a las víctimas. Pienso que el mejor grado de reparación tiene que darse en la medida que todos los beneficiarios de esta ley, cumplan rigurosamente con sus normas.

A ellos, un llamado, para que miren esta ley no en función de sí mismos, que miren esta ley en función de sus conciudadanos. Que cada uno de aquellos que se han reinsertado, al pensar en esta ley, no piense en función de sus beneficios sino en función de sus deberes con los colombianos todos. Y que entienda que el mejor aporte para la reparación es cumplir al pie de la letra cada una de las normas de esta ley.

Ese llamado quiero hacerlo desde aquí, al oído de los casi 20 mil colombianos reinsertados hasta hoy.

La mejor manera de cumplir con la reparación es que se cese la violencia, para que se profundice el pluralismo. La verdad es que cuando se es víctima de este dolor, y se sufre el dolor sin ánimo de venganza, el elemento que más lo cura es ver que hay contrición, arrepentimiento, cambio de rumbo en el victimario.

Me atrevo a interpretar a millones de colombianos, con quienes ustedes se van a relacionar directa y personalmente, apreciados comisionados, para deducir con ellos: la mejor reparación será ver el real arrepentimiento en los victimarios. La mejor reparación será ver que los victimarios han revisado de verdad su conducta. La mejor reparación será ver que en los victimarios hay contrición, porque eso será la garantía de que este dolor no se va a seguir reproduciendo de generación en generación.

La generación a la cual muchos de los aquí presentes y yo pertenecemos, no ha tenido un día de paz, y lo que quisiéramos, nuestra gran añoranza, es que las nuevas generaciones, las de nuestros hijos, las de aquellos que habrán de venir, puedan vivir felices en Colombia.

Yo confío que este país cumpla las Metas Sociales del Milenio, yo confío que este país siga construyendo una gran fuerza de atracción a la inversión internacional para generar aquí empleo. Pero todo eso irá a media marcha, nada de ello contribuirá a la tranquilidad de los colombianos si no frenamos el dolor.

Por eso la mejor reparación será la verdadera contrición, el verdadero arrepentimiento, la verdadera revisión en la conducta de cada uno de los victimarios.

Esta política de Seguridad Democrática, la llamamos democrática justamente porque ha querido diferenciarse de otras políticas que se enseñorearon de países del Continente, las cuales en nombre de la reivindicación de la seguridad afectaron los derechos humanos, anularon el pluralismo, suprimieron las libertades.

Usted lo decía en esas referencias históricas que trajo, doctor Pizarro Leongómez. Cuando usted se refería a algunas de esas experiencias, pasaba por mi mente que allí se necesitaron leyes justamente para tratar de cerrar períodos en los cuales convivieron la violencia ejercida desde un lado, con la supresión de las libertades dispuestas desde el otro lado.

La nuestra es Seguridad Democrática porque busca todo lo contrario: busca poner freno a la violencia y profundizar el ejercicio de las garantías ciudadanas, de los derechos humanos, de las libertades públicas.

Y es Democrática esta Seguridad que practicamos, que estamos ambicionando para los colombianos, porque busca fortalecer el pluralismo.

En Colombia siempre ha habido garantías para la oposición, pero hoy son más eficaces, gracias al avance de la Seguridad Democrática. Si no que lo diga el Referendo de 2003, la elección de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales de 2003, la elección de más de 250 alcaldes para períodos atípicos de los últimos meses.

En Colombia siempre ha habido garantías para sindicalistas, para periodistas, pero hoy son más efectivas, gracias a la Seguridad Democrática. Si no que lo digan las cifras: nuestra Patria llegó a ver en un año el asesinato de 160 integrantes de organizaciones sindicales. Todavía el número es muy alto. Once o doce es un número muy alto. Quisiéramos decirle al mundo: cero asesinato de personas vinculadas a las organizaciones sindicales. Allá vamos a llegar. No lo hemos logrado, pero no cejaremos en nuestro empeño. Gracias a la Seguridad Democrática, hoy las libertades sindicales en Colombia son más eficaces.

Colombia es un país que ha sentido justo orgullo por sus libertades públicas, como la libertad de prensa, pero hoy esas libertades, esa libertad de prensa está garantizada de manera más efectiva, gracias a la Seguridad Democrática.

Se ha disminuido sustancialmente el número de periodistas asesinados, el número de periodistas amenazados, pero no se cejaremos en el empeño hasta que podamos ver que ni uno solo de los periodistas de Colombia levanta la mano para quejarse por una amenaza.

Por todos estos propósitos con los cuales hemos querido ser consistentes en la práctica de estos 38 meses de Gobierno, esta política la denominamos Democrática.

La Seguridad Democrática no es una política de aniquilamiento. Uno tiene que priorizar los objetivos de una política. ¿Qué queremos? ¿Tierra arrasada con todos los victimarios, o paz y tranquilidad para los colombianos? Queremos paz y tranquilidad para los colombianos. Si quisiéramos tierra arrasada para los victimarios, no nos habría preocupado un programa de reinserción, que hemos lanzado, estimulado y protegido con toda nuestra determinación. Si quisiéramos tierra arrasada para los victimarios, no estaríamos pensando en alternativas negociadas. Para nosotros lo fundamental es la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.

Reconozco que esta Política de Seguridad Democrática va a convertirse en una política de paz, y se convertirá en una política de permanente convivencia entre los colombianos en la medida que esta ley se aplique bien, que la Seguridad Democrática sea cada día más eficaz, y en la medida que cumplamos con otro elemento necesario para que haya paz estable: la cohesión social.

Diría yo que para la paz es tan importante la Seguridad Democrática como esta Comisión, cuyas funciones a partir de hoy ustedes van a integrar, van a ejercer.

Les agradezco inmensamente. Sabemos que vamos a tener toda la cooperación de un timonel fundamental en este proceso: el Fiscal General de la Nación, que ha despertado tanta confianza en la comunidad nacional e internacional. Y sabemos que va a haber creciente apoyo de la comunidad nacional e internacional, como usted lo demandaba, doctor Eduardo Pizarro Leóngomez.

Esta política de Seguridad Democrática se siente más comprometida con la Patria en la medida que esta Comisión está integrada por unos intelectuales independientes, muchos de los cuales piensan de manera diferente de como pensamos quienes hoy transitoriamente ejercemos el Gobierno.

Por supuesto, esto necesita un elemento: más eficacia de quienes somos responsables de las autoridades militares y de policía. La Fiscalía, los jueces de la República, no son capaces de derrotar la impunidad, si nosotros en la Fuerza Pública no disuadimos la criminalidad.

Con casi 30 mil homicidios que llegó a tener esta Patria, que este año pueden ser alrededor de 17 mil, cifra todavía muy elevada, no hay justicia en el mundo que sea capaz de derrotar la impunidad.

Por eso la mejor reforma a la justicia, en este momento de la vida colombiana, es la disuasión de los criminales. Y la disuasión de los criminales va a depender en muy buena parte de la labor de la Comisión que ustedes integran y, por encima de todo, de la eficacia con transparencia de nosotros los responsables de la Fuerza Pública.

Me preocupa este momento de tantos desafíos. El sábado visito el Guaviare. Los colombianos que antes apenas susurraban al oído y con mucha desconfianza, hoy se atreven a hablar en público de estos temas, no importa el universo de televidentes que los escuche.

Ciudadanos del Guaviare se levantaron en ese Consejo Comunitario para decir: “aquí todavía hay paramilitares que nos extorsionan, que nos cobran por una gallina, a quienes les tenemos que pagar un dinero por entrar un camión con mercancías o por sacar unas vacas. Y más allí hay guerrilleros que nos extorsionan y tienen laboratorios de droga”. Nos corresponde a nosotros en la Fuerza Pública ser más eficaces. ¡Totalmente!

A mí me preocupa que los ciudadanos de Norte de Santander estén con miedo, porque nosotros en la Fuerza Pública no hemos sido capaces aún de frenar las incursiones de la guerrilla en el Catatumbo, donde hace poco se desmovilizaron los paramilitares. Eso puede frustrar la recuperación económica de esa zona, tan promisoria a partir de la minería, de la siembra de palma africana.

Eficacia y transparencia en nosotros los integrantes de la Fuerza Pública, es un mandato del ahora. Si nosotros no somos eficaces y transparentes, a esta Comisión se le dificultará su tarea.

La tarea de esta Comisión va a depender muchísimo de la vocación de cumplimiento a la Ley por quienes resulten elegibles para ese proceso. Pero en ellos va a surgir un mayor o menor grado de vocación de cumplimiento de la Ley, dependiendo de la eficacia de la Fiscalía y, por encima de todo, dependiendo de la eficacia de las Fuerzas Militares y de Policía. Por eso nuestro compromiso.

A mí me preocupa que encontramos hace tres años los Montes de María como colina de división, al sur de la cual mandaba la guerrilla, y al norte, hacia el Golfo de Morrosquillo, los paramilitares, ambos con el narcotráfico. Y ahora que hemos desmovilizado a la mayoría de los paramilitares, todavía no hemos sido capaces de frenar las incursiones de la guerrilla.

No olvidamos la historia de este país. Y la reconstrucción de la memoria de este fenómeno va a ser bien importante, no para estimular la cizaña, no para prolongar el espíritu de venganza de generación en generación, sino para que desapasionadamente las nuevas generaciones tengan un referente sobre el cual estudiar lo que pasó y se abstengan de repetirlo.

Muchas regiones estuvieron abandonadas de los gobiernos por años. Se acudía a Valledupar para recibir atenciones en el Festival Vallenato, o a Córdoba para asistir a las parrandas del porro en el Festival de San Pelayo. Pero las gentes de esas regiones, para no citar sino dos, pasaban abandonadas. Y avanzaba la guerrilla y el Estado central no reaccionaba y esos ciudadanos, en medio del desespero, fueron víctimas de otro engaño: el del paramilitarismo. Y quedaron finalmente entre la guerrilla y el paramilitarismo con un común denominador: el narcotráfico.

¡Qué duro, no solamente haber sentido en carne propia los estragos de esta violencia sino haber visto de cerca el dolor de los demás! ¡Qué duro haber vivido en zonas agropecuarias, asistiendo como testigo a la extorsión, al secuestro y al asesinato de finqueros por parte de la guerrilla, a la extorsión, al secuestro, a la masacre de finqueros y campesinos por parte de los paramilitares!

Señores Generales de la República: ni ustedes ni yo podemos permitir que haya reversa en estos procesos. Por eso hay que revisar nuestra vocación de eficacia, para que esta Comisión pueda cumplir con su tarea y para que los colombianos puedan creer.

Una devota mujer católica, de origen conservador, que alguna vez cometió la indisciplina de apoyarme políticamente en un pueblo del Oriente de Antioquia, me decía hace pocos días en conversación amistosa: “Álvaro, ¿por qué estás desmovilizando los paramilitares antes de que se acabe la guerrilla?”.

Y le dije: “Aura, porque eso no es poner al uno adelante del otro. Eso es combatirlos y desmovilizarlos a todos. Eso es aplicarles a todos la política de mano fuerte y de mano tendida. Eso es combatirlos a todos para disuadirlos y, al mismo tiempo, darles a todos la posibilidad generosa de la reinserción”.

“Porque este país, le decía yo, no puede pretender derrotar a la guerrilla, si no muestra la misma disposición frente al paramilitarismo. Porque ninguna cohesión nacional vamos a construir, si los colombianos se tienen que sentir dominados por la guerrilla o dominados por el paramilitarismo, so pretexto de que los defienda”.

Y me dijo: “¿Y quién nos va a defender, si hemos vivido un Estado y unas fuerzas institucionales tan ineficaces?”.

Le dije: “Pues justamente es el cambio cultural y práctico de la Colombia del presente: asumir la responsabilidad de que la defensa de los colombianos provenga exclusivamente de la institución creada por la Constitución”.

Señores Generales de la República: las armas institucionales para disuadir, ahora tienen que ser más eficaces y más transparentes que en cualquier otro estadio anterior de la vida colombiana, para que todos los delincuentes, los arrepentidos y los que se habrán de arrepentir, respeten nuestra Constitución, respeten la Ley de Justicia y Paz y posibiliten la tarea de esta Comisión.

Muchas gracias, apreciados comisionados.

 
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