INSTALACIÓN DE
LA COMISIÓN NACIONAL
DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN
Octubre 04 de 2005 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Quiero celebrar
esta oportunidad de reflexión
para la Patria, que nos crea, más que la expectativa
de la reparación total que será imposible,
la expectativa de un camino seguro para la paz.
No nos acompaña hoy el señor Vicepresidente
de la República (Francisco Santos), quien está representando
al país en eventos en Europa. Hoy tenía
compromisos que atender en Finlandia. Él se ha
constituido en el gran animador para que el país
tenga éxito en esta Comisión. Aportó toda
su inteligencia, todo su empeño, para que esta
Comisión quedara constituida a la altura de las
circunstancias.
Agradezco inmensamente
a ustedes, apreciados integrantes de la Comisión (Nacional de Reparación
y Conciliación), aceptar llevar sobre sus hombros
esta inmensa responsabilidad.
La integración de esta Comisión refleja
el fin de nuestra Política de Seguridad Democrática:
profundizar el pluralismo en nuestra Patria.
Ustedes no llegan
aquí por identificación
con el Gobierno. Ustedes llegan aquí, con su autonomía
intelectual, ustedes llegan aquí con un recorrido
de patriotismo desde diferentes ángulos de la
ideología. Ustedes llegan aquí por su compromiso
permanente para que Colombia supere estas décadas
aciagas de violencia.
Si algo quiero reivindicar
es la similitud entre la integración de esta Comisión y el pluralismo
que estamos buscando para la Patria, a través
de que todos respetemos el derecho de quien se atreve
a disentir de cualquiera de nosotros.
Durante muchos meses
el honorable Congreso (de la República)
afrontó este debate con superior responsabilidad.
Sabíamos, desde el momento que le dijimos al país,
aun en la campaña presidencial de 2002, que a
partir de la Seguridad Democrática tendría
que presentarse un fenómeno de reinserción.
Que ese fenómeno de reinserción necesitaría
un marco legal y que, justamente, no sería fácil
comprender que en una Política de Seguridad Democrática,
los mismo proponentes, el mismo Gobierno, proponente
y responsable de su ejecución, tuviera que proponer
el marco legal para la reinserción. Y el debate
vino tan pronto el tema se presentó.
No creo que haya
habido en el mundo un debate tan intenso, con tanta
participación de la comunidad internacional,
como el que se dio en dos largos años en nuestra
Patria.
Agradezco al Ministro
del Interior y de Justicia (Sabas Pretelt de la Vega);
al Alto Comisionado (para la Paz),
doctor Luis Carlos Restrepo; al Fiscal General de la
Nación (Mario Iguarán); al Congreso de
la República, la manera patriótica como
se condujo ese debate.
Muchas veces una
controversia que rayaba el respeto a la diversidad.
Muchas veces una controversia que no
comprendía, una controversia que incluso se atrevía
a ofender.
Pero así y todo prevaleció el superior
interés por la Patria, por los intereses esenciales
de los colombianos.
La historia recordará ese debate como un debate
valeroso, como un debate de una Nación dispuesta
a resolver sus problemas, respetando la opinión
internacional, sin aislarse del mundo. Como una Nación
asumiendo con carácter todas sus responsabilidades
para ser la gestora de su propio futuro.
Quiero agradecer
a todos este inmenso esfuerzo. Este inmenso esfuerzo
que nos ha traído un marco legal
novedoso, que empieza a ser mirado en el mundo como algo
que eleva los estándares, como algo que crea doctrina.
Y quiero agradecer
y destacar la integración
de esta Comisión, sobre la cual los colombianos
tenemos tantas esperanzas: ese marco legal.
Ha dicho, con la
inteligencia que lo caracteriza para hacer los apuntes
de ocurrencias necesarias, el doctor
Eduardo Pizarro Leongómez, que en otros países
marcos legales que buscaban efectos semejantes, se produjeron
cuando ya el problema estaba superado, y que aquí se
produce todavía sin haber superado el problema.
Pero yo también quisiera anotar algo, para agregar
a la reflexión del doctor Eduardo Pizarro Leongómez:
este marco legal no se propone, como se propuso en otras
partes, para que con el ánimo de perdonar a quienes
habían agredido a la población en nombre
de la insurrección contra los gobiernos dominantes,
también se perdonara a aquellos actores de gobierno
que habían trasgredido el marco de los derechos
humanos, de la Constitución, de las garantías.
¡Qué bueno poder decir que Colombia no
ha aprobado una legislación para amnistiar o indultar
a funcionarios públicos responsables de atrocidades,
sino una legislación para abrir caminos de paz!
Cuando veo lo que
ha pasado en Ruanda, lo que ha pasado en Suráfrica, donde la Comisión de la Verdad
finalmente tuvo un universo humano tan reducido; cuando
veo nuestros antecedentes, en los cuales participé como
uno de los congresistas responsables de la ley de reinculto,
cuando ya el M-19 estaba en el Congreso de la República,
creo que aquí hemos elevado los estándares.
Nuestra preocupación siempre era la reconciliación.
Ahora nuestra preocupación es el balance entre
la paz, la reconciliación, por un lado, y por
otro lado, la justicia y la reparación.
No es fácil en un país que llegó a
tener alrededor de 50 mil hombres en armas: 17 mil de
la Farc, más 12 mil milicianos urbanos de la misma
organización, más 4.500 del Eln, más
los integrantes de los grupos ilegales de autodefensa,
no es fácil que un país que debería
estar sumido en el desespero, y como producto del desespero
dispuesto a entregar los valores de la justicia y de
la reparación, producir una ley con este alcance,
con este equilibrio.
No creo que haya
nación en el mundo que sea capaz,
para enfrentar un número tan grande, un número
de terroristas tan ricos, un número de terroristas
tan poderosos, no creo que haya nación en el mundo
capaz de atreverse a que la ley de reconciliación
sea un equilibrio entre la paz, con la justicia y la
reparación.
Pienso que eso debe
ir tornando la dura crítica
en una campaña cerrada de apoyo para que la ley
se aplique.
Mi llamado a la
comunidad nacional y a la comunidad internacional es
que los estándares que hemos
elevado, es que el esfuerzo que hemos hecho, es que los
riesgos que estamos asumiendo, nos hacen merecedores
a que dejemos atrás la controversia sobre el texto
legal y pasemos a la nueva etapa: la de la aplicación
transparente.
Y ustedes son una
garantía de aplicación
transparente de la ley.
Confío que sigamos teniendo el apoyo de la Organización
de los Estados Americanos; de su jefe de Misión,
Sergio Caramagna, que ha cumplido una tarea tan abnegada
en favor de Colombia.
Confío que esa monitoria internacional para hacer
seguimiento constructivo a la aplicación de la
ley, coordinada por el ex presidente (de los Estados
Unidos, Bill) Clinton, con la participación del
Club de Madrid, de la Unión Europea, de la Conferencia
de Presidentes de Suramérica, de la Santa Sede,
nos ayude a que esto salga bien, para bien de las presentes,
y fundamentalmente de las nuevas generaciones de colombianos.
La verdad es que
cuando los colombianos en un 50 por ciento hemos participado
del dolor de tantos años
de violencia, hablar del tema de la reparación
nos causa emociones, que no nos permite tratarlo con
serena objetividad.
Cuando se pertenece
a ese 50 por ciento de las familias de la Patria enlutadas
por esta violencia, la reparación
aparece como un asombro, la reparación aparece
como algo inesperado, la reparación aparece como
una luz, para que al menos se frene la circunstancia
de que nuevos colombianos sigan siendo víctimas
del dolor.
Es tanto el dolor que se ha sentido por esta violencia,
apreciados comisionados, y ustedes lo saben, que es imposible
pretender la reparación total.
Por eso resalto
de la intervención del doctor
Eduardo Pizarro Leongómez, el punto donde él
dice que una de las tareas de esta Comisión será disuadir,
precaver, para que cesen los actos de violencia, para
que no haya más colombianos víctimas, para
que cese la expansión del universo de aquellos
que sufren el dolor. ¡Qué bueno que podamos
producir ese hecho!
Es imposible la
reparación total. Incluso las
víctimas pobres de patrimonio, que son la mayoría,
por más que se les pueda resarcir patrimonialmente,
nunca encontrarán reparación total. El
dolor que esta violencia ha producido trasciende las
aspiraciones de la retribución material.
Yo pensaba cuál puede ser el mejor grado de reparación.
Está bien el esfuerzo para cumplir con este texto
legal en la reparación integral a las víctimas.
Pienso que el mejor grado de reparación tiene
que darse en la medida que todos los beneficiarios de
esta ley, cumplan rigurosamente con sus normas.
A ellos, un llamado,
para que miren esta ley no en función
de sí mismos, que miren esta ley en función
de sus conciudadanos. Que cada uno de aquellos que se
han reinsertado, al pensar en esta ley, no piense en
función de sus beneficios sino en función
de sus deberes con los colombianos todos. Y que entienda
que el mejor aporte para la reparación es cumplir
al pie de la letra cada una de las normas de esta ley.
Ese llamado quiero
hacerlo desde aquí, al oído
de los casi 20 mil colombianos reinsertados hasta hoy.
La mejor manera
de cumplir con la reparación
es que se cese la violencia, para que se profundice el
pluralismo. La verdad es que cuando se es víctima
de este dolor, y se sufre el dolor sin ánimo de
venganza, el elemento que más lo cura es ver que
hay contrición, arrepentimiento, cambio de rumbo
en el victimario.
Me atrevo a interpretar
a millones de colombianos, con quienes ustedes se van
a relacionar directa y personalmente,
apreciados comisionados, para deducir con ellos: la mejor
reparación será ver el real arrepentimiento
en los victimarios. La mejor reparación será ver
que los victimarios han revisado de verdad su conducta.
La mejor reparación será ver que en los
victimarios hay contrición, porque eso será la
garantía de que este dolor no se va a seguir reproduciendo
de generación en generación.
La generación a la cual muchos de los aquí presentes
y yo pertenecemos, no ha tenido un día de paz,
y lo que quisiéramos, nuestra gran añoranza,
es que las nuevas generaciones, las de nuestros hijos,
las de aquellos que habrán de venir, puedan vivir
felices en Colombia.
Yo confío que este país cumpla las Metas
Sociales del Milenio, yo confío que este país
siga construyendo una gran fuerza de atracción
a la inversión internacional para generar aquí empleo.
Pero todo eso irá a media marcha, nada de ello
contribuirá a la tranquilidad de los colombianos
si no frenamos el dolor.
Por eso la mejor
reparación será la verdadera
contrición, el verdadero arrepentimiento, la verdadera
revisión en la conducta de cada uno de los victimarios.
Esta política de Seguridad Democrática,
la llamamos democrática justamente porque ha querido
diferenciarse de otras políticas que se enseñorearon
de países del Continente, las cuales en nombre
de la reivindicación de la seguridad afectaron
los derechos humanos, anularon el pluralismo, suprimieron
las libertades.
Usted lo decía en esas referencias históricas
que trajo, doctor Pizarro Leongómez. Cuando usted
se refería a algunas de esas experiencias, pasaba
por mi mente que allí se necesitaron leyes justamente
para tratar de cerrar períodos en los cuales convivieron
la violencia ejercida desde un lado, con la supresión
de las libertades dispuestas desde el otro lado.
La nuestra es Seguridad
Democrática porque busca
todo lo contrario: busca poner freno a la violencia y
profundizar el ejercicio de las garantías ciudadanas,
de los derechos humanos, de las libertades públicas.
Y es Democrática
esta Seguridad que practicamos, que estamos ambicionando
para los colombianos, porque
busca fortalecer el pluralismo.
En Colombia siempre
ha habido garantías para
la oposición, pero hoy son más eficaces,
gracias al avance de la Seguridad Democrática.
Si no que lo diga el Referendo de 2003, la elección
de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales de
2003, la elección de más de 250 alcaldes
para períodos atípicos de los últimos
meses.
En Colombia siempre
ha habido garantías para
sindicalistas, para periodistas, pero hoy son más
efectivas, gracias a la Seguridad Democrática.
Si no que lo digan las cifras: nuestra Patria llegó a
ver en un año el asesinato de 160 integrantes
de organizaciones sindicales. Todavía el número
es muy alto. Once o doce es un número muy alto.
Quisiéramos decirle al mundo: cero asesinato de
personas vinculadas a las organizaciones sindicales.
Allá vamos a llegar. No lo hemos logrado, pero
no cejaremos en nuestro empeño. Gracias a la Seguridad
Democrática, hoy las libertades sindicales en
Colombia son más eficaces.
Colombia es un país que ha sentido justo orgullo
por sus libertades públicas, como la libertad
de prensa, pero hoy esas libertades, esa libertad de
prensa está garantizada de manera más efectiva,
gracias a la Seguridad Democrática.
Se ha disminuido
sustancialmente el número de
periodistas asesinados, el número de periodistas
amenazados, pero no se cejaremos en el empeño
hasta que podamos ver que ni uno solo de los periodistas
de Colombia levanta la mano para quejarse por una amenaza.
Por todos estos
propósitos con los cuales hemos
querido ser consistentes en la práctica de estos
38 meses de Gobierno, esta política la denominamos
Democrática.
La Seguridad Democrática no es una política
de aniquilamiento. Uno tiene que priorizar los objetivos
de una política. ¿Qué queremos? ¿Tierra
arrasada con todos los victimarios, o paz y tranquilidad
para los colombianos? Queremos paz y tranquilidad para
los colombianos. Si quisiéramos tierra arrasada
para los victimarios, no nos habría preocupado
un programa de reinserción, que hemos lanzado,
estimulado y protegido con toda nuestra determinación.
Si quisiéramos tierra arrasada para los victimarios,
no estaríamos pensando en alternativas negociadas.
Para nosotros lo fundamental es la seguridad y la tranquilidad
de los colombianos.
Reconozco que esta
Política de Seguridad Democrática
va a convertirse en una política de paz, y se
convertirá en una política de permanente
convivencia entre los colombianos en la medida que esta
ley se aplique bien, que la Seguridad Democrática
sea cada día más eficaz, y en la medida
que cumplamos con otro elemento necesario para que haya
paz estable: la cohesión social.
Diría yo que para la paz es tan importante la
Seguridad Democrática como esta Comisión,
cuyas funciones a partir de hoy ustedes van a integrar,
van a ejercer.
Les agradezco inmensamente.
Sabemos que vamos a tener toda la cooperación de un timonel fundamental
en este proceso: el Fiscal General de la Nación,
que ha despertado tanta confianza en la comunidad nacional
e internacional. Y sabemos que va a haber creciente apoyo
de la comunidad nacional e internacional, como usted
lo demandaba, doctor Eduardo Pizarro Leóngomez.
Esta política de Seguridad Democrática
se siente más comprometida con la Patria en la
medida que esta Comisión está integrada
por unos intelectuales independientes, muchos de los
cuales piensan de manera diferente de como pensamos quienes
hoy transitoriamente ejercemos el Gobierno.
Por supuesto, esto
necesita un elemento: más
eficacia de quienes somos responsables de las autoridades
militares y de policía. La Fiscalía, los
jueces de la República, no son capaces de derrotar
la impunidad, si nosotros en la Fuerza Pública
no disuadimos la criminalidad.
Con casi 30 mil
homicidios que llegó a tener
esta Patria, que este año pueden ser alrededor
de 17 mil, cifra todavía muy elevada, no hay justicia
en el mundo que sea capaz de derrotar la impunidad.
Por eso la mejor
reforma a la justicia, en este momento de la vida colombiana,
es la disuasión de los
criminales. Y la disuasión de los criminales va
a depender en muy buena parte de la labor de la Comisión
que ustedes integran y, por encima de todo, de la eficacia
con transparencia de nosotros los responsables de la
Fuerza Pública.
Me preocupa este
momento de tantos desafíos.
El sábado visito el Guaviare. Los colombianos
que antes apenas susurraban al oído y con mucha
desconfianza, hoy se atreven a hablar en público
de estos temas, no importa el universo de televidentes
que los escuche.
Ciudadanos del Guaviare
se levantaron en ese Consejo Comunitario para decir: “aquí todavía
hay paramilitares que nos extorsionan, que nos cobran
por una gallina, a quienes les tenemos que pagar un dinero
por entrar un camión con mercancías o por
sacar unas vacas. Y más allí hay guerrilleros
que nos extorsionan y tienen laboratorios de droga”.
Nos corresponde a nosotros en la Fuerza Pública
ser más eficaces. ¡Totalmente!
A mí me preocupa que los ciudadanos de Norte
de Santander estén con miedo, porque nosotros
en la Fuerza Pública no hemos sido capaces aún
de frenar las incursiones de la guerrilla en el Catatumbo,
donde hace poco se desmovilizaron los paramilitares.
Eso puede frustrar la recuperación económica
de esa zona, tan promisoria a partir de la minería,
de la siembra de palma africana.
Eficacia y transparencia
en nosotros los integrantes de la Fuerza Pública, es un mandato del ahora.
Si nosotros no somos eficaces y transparentes, a esta
Comisión se le dificultará su tarea.
La tarea de esta
Comisión va a depender muchísimo
de la vocación de cumplimiento a la Ley por quienes
resulten elegibles para ese proceso. Pero en ellos va
a surgir un mayor o menor grado de vocación de
cumplimiento de la Ley, dependiendo de la eficacia de
la Fiscalía y, por encima de todo, dependiendo
de la eficacia de las Fuerzas Militares y de Policía.
Por eso nuestro compromiso.
A mí me preocupa que encontramos hace tres años
los Montes de María como colina de división,
al sur de la cual mandaba la guerrilla, y al norte, hacia
el Golfo de Morrosquillo, los paramilitares, ambos con
el narcotráfico. Y ahora que hemos desmovilizado
a la mayoría de los paramilitares, todavía
no hemos sido capaces de frenar las incursiones de la
guerrilla.
No olvidamos la
historia de este país. Y la reconstrucción
de la memoria de este fenómeno va a ser bien importante,
no para estimular la cizaña, no para prolongar
el espíritu de venganza de generación en
generación, sino para que desapasionadamente las
nuevas generaciones tengan un referente sobre el cual
estudiar lo que pasó y se abstengan de repetirlo.
Muchas regiones
estuvieron abandonadas de los gobiernos por años. Se acudía a Valledupar para recibir
atenciones en el Festival Vallenato, o a Córdoba
para asistir a las parrandas del porro en el Festival
de San Pelayo. Pero las gentes de esas regiones, para
no citar sino dos, pasaban abandonadas. Y avanzaba la
guerrilla y el Estado central no reaccionaba y esos ciudadanos,
en medio del desespero, fueron víctimas de otro
engaño: el del paramilitarismo. Y quedaron finalmente
entre la guerrilla y el paramilitarismo con un común
denominador: el narcotráfico.
¡Qué duro, no solamente haber sentido en
carne propia los estragos de esta violencia sino haber
visto de cerca el dolor de los demás! ¡Qué duro
haber vivido en zonas agropecuarias, asistiendo como
testigo a la extorsión, al secuestro y al asesinato
de finqueros por parte de la guerrilla, a la extorsión,
al secuestro, a la masacre de finqueros y campesinos
por parte de los paramilitares!
Señores Generales de la República: ni
ustedes ni yo podemos permitir que haya reversa en estos
procesos. Por eso hay que revisar nuestra vocación
de eficacia, para que esta Comisión pueda cumplir
con su tarea y para que los colombianos puedan creer.
Una devota mujer
católica, de origen conservador,
que alguna vez cometió la indisciplina de apoyarme
políticamente en un pueblo del Oriente de Antioquia,
me decía hace pocos días en conversación
amistosa: “Álvaro, ¿por qué estás
desmovilizando los paramilitares antes de que se acabe
la guerrilla?”.
Y le dije: “Aura, porque eso no es poner al uno
adelante del otro. Eso es combatirlos y desmovilizarlos
a todos. Eso es aplicarles a todos la política
de mano fuerte y de mano tendida. Eso es combatirlos
a todos para disuadirlos y, al mismo tiempo, darles a
todos la posibilidad generosa de la reinserción”.
“Porque este país, le decía yo,
no puede pretender derrotar a la guerrilla, si no muestra
la misma disposición frente al paramilitarismo.
Porque ninguna cohesión nacional vamos a construir,
si los colombianos se tienen que sentir dominados por
la guerrilla o dominados por el paramilitarismo, so pretexto
de que los defienda”.
Y me dijo: “¿Y quién nos va a defender,
si hemos vivido un Estado y unas fuerzas institucionales
tan ineficaces?”.
Le dije: “Pues justamente es el cambio cultural
y práctico de la Colombia del presente: asumir
la responsabilidad de que la defensa de los colombianos
provenga exclusivamente de la institución creada
por la Constitución”.
Señores Generales de la República: las
armas institucionales para disuadir, ahora tienen que
ser más eficaces y más transparentes que
en cualquier otro estadio anterior de la vida colombiana,
para que todos los delincuentes, los arrepentidos y los
que se habrán de arrepentir, respeten nuestra
Constitución, respeten la Ley de Justicia y Paz
y posibiliten la tarea de esta Comisión.
Muchas gracias, apreciados comisionados.
