FORO SOBRE EXCELENCIA
EN EL SERVICIO PÚBLICO
Agosto 28
de 2006 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Quiero saludar a
todos los asistentes a este certamen convocado por
Acción Social de la Presidencia
de la República, y agradecerles su participación,
que será tan importante para incentivar la eficiencia
en el sector público colombiano.
Quiero felicitar
a la Ministra de Educación (Cecilia
María Vélez), a todo su equipo, por haber
logrado la certificación en la modalidad más
avanzada, que se constituye en un ejemplo para el Gobierno
Nacional.
También a Luis Alfonso Hoyos y al equipo de Acción
Social de la Presidencia de la República, que
se han venido convirtiendo en pioneros en materia de
eficiencia y de certificaciones de calidad.
Nosotros requerimos
una administración pública
con eficiencia, con agilidad, con austeridad y con transparencia.
Un Estado al servicio de la comunidad, un Estado que
finalmente sea bien calificado por la propia comunidad.
Ese Estado, para
poder ser eficiente, ágil, austero,
transparente, requiere una permanente fiscalización
comunitaria, que es lo que garantiza la responsabilidad
política de los funcionarios, para que los funcionarios,
a través de esa responsabilidad, derivada de la
participación comunitaria, se constituyan en garantes
de que el Estado cumpla los cuatro objetivos propuestos.
Nosotros hemos buscado
que la participación comunitaria
sea la causa eficiente del Estado ágil, del Estado
eficiente, del Estado transparente, del Estado austero.
Y hemos implementado esa participación comunitaria
en la contratación, en la toma de decisiones,
en la ejecución de decisiones y en la supervisión
de la marcha del Estado.
En la contratación, hace casi cuatro años
expedimos el decreto 2170, decreto que obliga a una serie
de procedimientos de participación comunitaria
para garantizar la transparencia en la contratación.
Ese decreto, por
ejemplo, creó la instancia del
prepliego, para superar la suspicacia que existía
en el sentido de que amplios sectores de la opinión
pública, en cada pliego de condiciones que abría
una contratación, veían una posibilidad
de corrupción, veían un cierto sesgo en
favor de alguno o de algunos de los proponentes potenciales.
Ahora, con la etapa
del prepliego que se publica, que se somete a la discusión de la ciudadanía
en general, de todos los posibles participantes, se garantiza
allí no sólo transparencia sino también
confianza de la ciudadanía en el proceso de contratación.
Ha sido muy importante
la publicidad por parte del Estado para permitir participación de la ciudadanía
y participación de los órganos de control
en varios procesos del Estado.
Quiero referirme
a dos: el proceso para superar una serie de litigios
que encontramos en la administración
pública, y también el proceso para acuerdos
del Estado con los particulares sobre patrimonios públicos.
En cuanto a lo primero,
es bastante difícil para
una Nación avanzar en su desarrollo cuando casi
todas las concesiones viales y todos los contratos de
asociación con los particulares en el sector de
las comunicaciones, están en litigio.
Nosotros nos propusimos superar esos litigios, pero encontramos
allí dos grandes barreras: el temor de los funcionarios
a los órganos de control y la suspicacia de amplios
sectores de la opinión pública que en cada
transacción veían un acuerdo vitando.
Entonces para poder
superar esas barreras nos propusimos abrir las puertas
de la comunicación y las puertas
de la participación. ¿Qué hemos
hecho? Antes de perfeccionar cualquiera de esos acuerdos,
han sido publicados ampliamente para que la opinión
los conozca, para que los órganos de control los
conozca, y no se han perfeccionado sino después
de que ha pasado un suficiente tiempo de esa etapa de
publicación.
Eso ha ayudado mucho
a que haya confianza en la ciudadanía
sobre estas transacciones, a que haya confianza en los órganos
de control, y finalmente, cuando hay confianza en unos
y otros, el funcionario también recupera confianza
para ejercer confiado las competencias, las atribuciones
de la ley.
Y en el caso de
las enajenaciones oficiales, de los diferentes actos
que comprometen los patrimonios públicos,
hemos procedido de manera semejante. Voy a citar solamente
un ejemplo: el de Telecom.
El Gobierno Nacional,
antes de perfeccionar el acuerdo que enajenó parte del patrimonio de Telecom, publicó ampliamente
esas condiciones. Le puso a la contraparte la obligación
de que no se perfeccionaría el contrato sin tener
el visto bueno de los órganos de control, sin
agotar una etapa de amplia publicación para facilitar
el control ciudadano.
Y así fue. Y vinieron unas objeciones de la Contraloría
General de la Nación. El Gobierno las recibió y
las tramitó, y se reabrió el proceso y
todo salió bien, con un buen resultado.
Eso nos está ayudando, entre otras cosas, a que
en nuestra Patria se esté dando un sistema de
administración bastante peculiar de los patrimonios
públicos, y diferente de la tendencia que traía
América Latina.
Hace pocos días, en la posesión del presidente
Alan García en el Perú, tenía la
posibilidad de hablar con muchos funcionarios peruanos,
y ellos coincidían con nosotros en que muchos
países de América Latina se vieron sometidos
o a un extremo u a otro. O al extremo de mantener unos
patrimonios públicos controlados por burocracias
sindicales o políticas, ineficientes, llenos de
dogmatismo, que finalmente llegaron a su propia ruina.
O al otro extremo, el extremo neoliberal de la década
de los 90, de desmantelar el Estado, de desmantelar el
patrimonio público.
Nosotros hemos podido avanzar en el fortalecimiento del
patrimonio público construyendo confianza en la
ciudadanía: un patrimonio público que crezca,
que sea sostenible, que ayude a satisfacer los grandes
anhelos comunitarios y que no sea obstructor de la iniciativa
privada. Y en ello contribuye muy eficientemente la participación
comunitaria.
Creo que los dos
episodios que vivió el país
la semana pasada, son una clara muestra de la bondad
de publicarlo todo, de esa participación comunitaria.
Me refiero a la
licitación para la construcción,
para la concesión del Aeropuerto Eldorado, y a
la licitación para escoger el socio de Ecopetrol
en la modernización de la Refinería de
Cartagena. Ambas licitaciones le garantizan al país
una inversión extranjera directa, solamente por
esos dos conceptos, del orden de 1.300 millones de dólares.
¿Cómo se hicieron? En unos procesos cuya
transparencia la protocolizó la publicidad. El
jueves, desde horas muy tempranas, el país siguió a
través de la televisión lo que muchos calificaron
la tensa audiencia pública para adjudicar la concesión
de Eldorado.
En lugar de un rumor,
en lugar de que todo se manejara en voz baja, allí se permitió que todos
los contratistas, todos los proponentes, conocieran las
calificaciones hechas por el equipo calificador del Ministerio,
de la Aeronáutica Civil. Que presentaran sus argumentos
en contra, que todos los proponentes pudieran referirse
a su propia propuesta y a las propuestas de los demás.
Y finalmente, en
ese proceso público que generó confianza,
se pudo tomar una decisión que el país
recibió bien, que el país recibió con
confianza.
Algo parecido ocurrió en el proceso para seleccionar
el socio de Ecopetrol para la Refinería de Cartagena.
Un tema político bien delicado, porque sectores
políticos y sindicales han tenido resistencia
histórica a que Ecopetrol vincule en este tipo
de proyectos al capital privado.
No ha sido fácil para el Gobierno, primero, introducir
las reformas que se introdujeron en la parte laboral
y pensional de Ecopetrol, en lo que se llamó el
conflicto laboral que vivimos durante tres años
en la empresa, exitosamente conducido y cerrado por el
entonces ministro Luis Ernesto Mejía y por Isaac
Yanovich, presidente de Ecopetrol.
Y no fue fácil aclimatar en elpaís y responder
a los sectores que se oponían a que se abriera
el espacio de la participación privada en la Refinería
de Barranca. Si esa decisión, antecedida por tanta
discusión política, no se hubiera implementado
con la transparencia con que se implementó, si
no se hubiera perfeccionado de la manera pública
como se hizo la semana anterior, habría creado
dudas, suspicacias, en sectores de opinión. Y
el país lo recibió bien, y con cuánto
jubilo y con cuánto entusiasmo lo recibe la ciudadanía
de Cartagena, que allí ve la posibilidad de una
gran reivindicación económica.
Y esto ayuda a que
crezca el patrimonio público,
a que el patrimonio publico no tenga que someterse a
cualquiera de los extremos que se vivían en América
Latina: ni a destruirlo por la vía de desmantelar
el Estado, ni al extremo de destruirlo por no transformarlo,
por no reformarlo.
Por ejemplo, yo
creo que hoy vale más mucho el
patrimonio público, el patrimonio del Estado colombiano
vinculado a la Refinería de Cartagena, que lo
que valía antes de esta licitación. Teníamos
el ciento por ciento de una refinería en vía
a la ruina, en vía a chatarrizarse. ¿Qué valía
eso? Empezaba a tener un valor negativo. Hoy tendremos
el 40, el 50 por ciento de una refinería que empieza
a recibir una inversión cercana a los 800 millones
de dólares, y que va a tener un gran valor.
Entonces es mucho
mejor para el Estado avanzar en estos procesos de reforma,
con toda la transparencia, garantizar
la eficiencia y el valor del patrimonio público,
que permitir que esos patrimonios públicos se
pierdan.
En el caso de Telecom,
sí es cierto: hace cuatro
años el Estado tenía el ciento por ciento,
con un valor negativo, unas pérdidas de más
de 400 mil millones al año, una gran incertidumbre
para el futuro de los pensionados, de los trabajadores,
de la inversión pública en telecomunicaciones
en zonas donde no llegan las empresas privadas, de la
inversión que se requiere en banda ancha en internet.
Hoy el Estado no
es dueño del ciento por ciento,
es dueño del 50 por ciento menos una acción,
y eso tiene valor positivo y un promisorio valor futuro.
Es mucho mejor que el Estado sea dueño de ese
50 por ciento menos una acción, con todo el valor
positivo presente y futuro que se espera, a que el Estado
hubiera seguido asistiendo, como dueño del ciento
por ciento, a la muerte de la institución.
Y esto se ha hecho con unos procesos de participación
comunitaria que garantizan eficiencia y confianza. Diría
yo que finalmente toda esta tarea de mejorar la administración
pública debe producir un resultado, que es la
confianza del Estado en la administración pública.
Hace cuatro años, solamente el 36 por ciento
de las entidades nacionales habían logrado el
fenecimiento por parte de la Contraloría General
de la Nación. En el ejercicio fiscal de 2005 ya
no es el 36 por ciento sino el 72 por ciento. Dimos un
salto importante, pero no estamos contentos.
A mí una profesora solía entregarme en
la universidad las calificaciones en una libretica, y
en el anverso me ponía las cosas positivas y en
el reverso las negativas. Y yo le preguntaba: usted me
entusiasma mucho cuando me pone las positivas, y después
volteo la página y encuentro las negativas y me
siento muy triste. La respuesta que me daba era: lo introduzco
con las positivas para prepararlo mentalmente, no para
que reciba las negativas, sino para que las mejore.
Entonces nosotros
tenemos que introducir el tema del fenecimiento con
las positivas. Ciertamente hemos pasado
del 36 al 72 por ciento de fenecimiento. Hasta allí las
positivas. ¿Pero cuál es la negativa? Que
todavía tenemos ese 28 por ciento, que todavía
tenemos 56 –57 entidades nacionales, muchas de
las cuales en liquidación, que no han logrado
el fenecimiento.
Uno de los objetivos
de la administración que
empieza: obtener el fenecimiento en el ciento por ciento
de las entidades nacionales.
Y de la mano de
este problema, otro: una gran cantidad de entidades
en liquidación, patrimonios que se
quedan períodos ilimitados de tiempo en liquidación.
Una de las tareas en que estamos empeñados es
ponerle punto final a esas liquidaciones, es someter
esas liquidaciones a períodos definidos, razonables,
de tiempo, porque continúan indefinidamente, no
fenecen las cuentas, no resuelven el problema frente
a los acreedores, y demandan permanentes gastos de parte
del presupuesto nacional.
Pero tampoco podemos
conformarnos con el fenecimiento. Hay que mejorar la
calificación. De acuerdo con
los rangos de calificación de la Contraloría
General de la Nación, el esfuerzo que queremos
hacer es que cada año, cada entidad muestre que
avanzó en la escalera, en el rango de calificación
de la Contraloría General de la Nación.
Necesitamos mostrarle
eso al país, año
tras año, para que el país pueda incrementar
su confianza en la administración pública.
Y el otro objetivo
es el de que todas las entidades nacionales tengan
los certificados de calidad. Por eso
celebro mucho los buenos ejemplos. Ahí está la
buena noticia, la mala y el reto.
¿Cuál es la buena? Entidades ya como el
Ministerio de Educación, con todos los procesos
certificados; el Ministerio de Minas, buena parte certificado;
Acción Social de la Presidencia, ha avanzado mucho
en la certificación; Cultura y Ambiente, ya tienen
parciales certificaciones o están próximos
a recibirlas.
¿Qué es lo malo? Que apenas constituyen
una mínima parte de todo ese gran conglomerado
que es la administración pública nacional. ¿Cuál
es la tarea? La tarea es avanzar para que todos se pongan
al día, para que todos mejoren y todos puedan
recibir esta certificación.
Les agradezco muchísimo a todos, especialmente
a Acción Social de la Presidencia, la oportuna
convocatoria de este foro. Muchas gracias a Cafam, por
recibirnos acá, Luis Gonzalo. Muchas felicitaciones
a la Ministra de Educación y a su equipo, a Luis
Alfonso (Hoyos) y a su equipo. Y urjamos todos, trabajando
denodadamente, para que de manera rápida veamos
todas las entidades nacionales con los certificados,
los más óptimos certificados de calidad.
Recordemos: el fin
de la administración pública
es la confianza de los ciudadanos en la administración
pública. Hay unos objetivos para lograr esa confianza:
un Estado eficiente, ágil, austero, transparente.
Y para lograr ello, necesitamos amplia participación
de la ciudadanía.
Finalmente, como
dijera el ex presidente Laureano Gómez,
el tema del Estado, más que de estructuras, es
de seres humanos. El ser humano, responsable de la administración
pública, logra esos objetivos en la medida que
haya una participación ciudadana que lo compulse,
que lo presione, que lo puye a asumir responsabilidades
políticas, para que la entidad a su cargo sea
una entidad modelo.
A todos, muchas gracias.