PRESENTACIÓN
DEL LIBRO
“ CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991: SIMPOSIO 15 AÑOS”
Diciembre 14 de
2006 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión
Primera del Senado, ha tenido la feliz idea de compilar
las ponencias presentadas por ilustres juristas, políticos
y académicos, en el Gran Simposio Constitucional ‘15
años de la Constitución Política
de Colombia’, realizada iniciativa de esa célula
legislativa.
Es un trabajo intelectual
que va a alimentar el debate entre los estudiosos de
la Ciencia Política, los
cultores del Derecho Público, y en general a los
ciudadanos inquietos por el conocimiento de la evolución
de las Normas Constitucionales de Colombia.
Los grandes temas
han quedado incluidos en esta obra que hoy ve la luz:
los Derechos Fundamentales, Derechos
Humanos, Derecho Internacional Humanitario, las reformas
que se han propuesto al Capítulo de la Justicia,
las disposiciones económicas, el Sistema de Control
de Constitucionalidad, la Reforma Política y Electoral,
los Partidos Políticos, las nuevas instituciones.
Leyendo un índice tal, salta a la vista que la
publicación merecerá la mayor atención
en la academia y en los círculos judiciales, así como
también será obligada referencia en los
grandes debates del Congreso.
Participé con entusiasmo, como dirigente de la
política de mi comarca, en el proceso de elección
de los Constituyentes de 1991. Admiro muchísimo
esa obra, no obstante que, como dijera el ex presidente
Darío Echandía, las normas jurídicas
no son normas fósiles. Tienen que vivir en un
proceso permanente de ajustes.
Desde los albores
de la República, Colombia ha
enriquecido mucho la vida constitucional. Una característica
que denota la personalidad colombiana es nuestra gran
sensibilidad popular por el texto constitucional. Diría
yo que la Constitución del 91 no cayó como
un cuerpo extraño, ajeno, ni como una improvisación
en la vida colombiana.
Me atrevería a calificarla como un texto que
es puerto de llegada de un desarrollo constitucional
de centurias en nuestra Patria, como un texto que es
puerto de llegada de muchos esfuerzos que la antecedieron,
como un texto que es un puerto de consolidación
de muchos principios que se debatieron en un largo debate
político.
Creo que somos uno
de los países en donde se
ha presentado mayor cercanía entre la ciudadanía
y el texto constitucional.
En la fundación de la República, en los
primeros años de consolidación, cuando
terminaban las Guerras Civiles, los soldados todos llevaban
en sus morrales un texto de propuesta constitucional.
Esa sola circunstancia muestra cómo en la historia
de Colombia el tema constitucional ha estado en el alma
del pueblo.
Pero la Constitución del 91 lo entendió y
lo plasmó en la Acción de Tutela, que ha
incrementado ese sentido de pertenencia del pueblo con
la norma superior.
Esa Acción de Tutela que ayudó a que la
Constitución no sea un conjunto de normas trascendentes
al ciudadano sino asibles a él. En la Constitución
del 91 está presente ese antecedente de doctrina
y de normatividad constitucional que la iluminó.
Están allí representadas las muchas discusiones
sobre las reformas a la Carta del 86 que, por una u otra
razón, se habían quedado en el tintero
y no habían podido llevarse a la práctica.
Hubo enormes refuerzos
de reformas, como los intentados por el ex presidente
Alfonso López Michelsen,
con la Pequeña Constituyente, que nunca se pudo
reunir para examinar el tema de la justicia y de la descentralización.
Los intentos de
los ex presidentes Turbay Ayala y Virgilio Barco. También algunos dirigentes, como el inmolado
Luis Carlos Galán agitaron en el Congreso propuestas
constitucionales, plasmadas en la Constitución
del 91.
Álvaro Gómez Hurtado tuvo la oportunidad
de ser copresidente de una Asamblea que recogió muchas
de las tesis que él había presentado al
país en su larga y pródiga vida pública.
Los temas incorporados
al texto de 1991 no fueron el resultado de la improvisación, sino el producto
de ese largo trabajo del debate constitucional colombiano,
con antecedentes que van más atrás de la
Constitución de 1863, tan agresiva en descentralización
pero mucho menos práctica que la de 1991.
La antecesora de
la actual Carta, la de 1886, tuvo una permanente crítica,
interna y externa: la figura del Estado de Sitio.
En 1991 ya había una opinión democrática
más madura, un sentido democrático más
evolucionado. Nuestra psicología colectiva había
creado las condiciones para que el país renunciara
a seguir regido por esa figura, que era entendida como
la negación de la necesaria y democrática
separación de las funciones de los poderes públicos.
La Constitución del 86 consagró algo muy
importante que en varios textos, pero con el mismo sentido
para diferentes horas, consagró la Constitución
del 91: un orden basado en la norma, un orden basado
en el principio de la descentralización administrativa
y la centralización política. Un orden
que más que investir al Presidente de competencias,
para garantizar a través del ejercicio de la autoridad
la convivencia, le impone la obligación de hacerlo
siempre en acatamiento total de las normas constitucionales
y legales.
Nuestros años de Seguridad Democrática,
que han avanzado bastante en el rescate de la seguridad,
también han demostrado que Colombia puede derrotar
el terrorismo sin Estado de Sitio.
Con una política de Seguridad dirigida por el
Presidente, pero totalmente reglada por normas a él,
heterónomas.
La Reforma de 1910,
que por sus alcances mereció la
denominación de Constitución de 1910, hizo
inmensos avances en Derechos Humanos, después
del debate sobre la vigencia de la pena de muerte, que
la historia todavía recuerda como si fuera reciente,
entre Antonio José Restrepo y el maestro Guillermo
Valencia.
El Constituyente
de aquel tiempo eliminó la pena
de muerte, con lo que el país dio un gran paso
en esta materia. En esa misma tradición, la Constitución
de 1991 es reconocida universalmente como una gran Carta
de Derechos Humanos.
La reforma del presidente
López Puramejo, de
1936, dio pasos fundamentales en materia de intervención
del Estado para determinar las políticas referentes
a la cuestión social. Allí se definió la
propiedad como una función social, concepto que
es mucho más atrevido que simplemente asignarle
al derecho de propiedad deberes sociales.
Una cosa es reconocer
el derecho absoluto a la propiedad privada y asignarle
derechos sociales, y otra cosa el
paso atrevido de la Constitución del 36 de hacer
la propiedad equivalente a una función social.
Se acabó la distinción entre propiedad
y deberes sociales, y se hizo una mezcla inseparable:
la propiedad en sí misma como función social.
Durante toda la época de la Guerra Fría,
ese principio de Constitución del 36 de Colombia
fue de gran trascendencia. Lo sigue siendo en la Constitución
del 91, a través de la intervención estatal,
sin abolición de la iniciativa particular.
Tenemos un Estado
que interviene para garantizar que la propiedad sea
función social, pero no un Estado
que absorba la propiedad, no un Estado que afecte la
iniciativa privada.
En materia de doctrinas
políticas, nunca han
sido fáciles los debates. Lo que hoy es una institución
de común aceptación, fue generalmente de
muy difícil incorporación.
Lo que podría llamarse el neoliberalismo de la época
pretendía que no solamente el Estado se negara
a absorberlo todo, sino que también se negara
a intervenir. Qué lucha política tan trascendente
la de la Constitución del 36 para incorporar un
principio equilibrado de intervención del Estado.
La Constitucióndel 91, en lo que respecta a la
enumeración de los derechos sociales, a la consagración
de las instituciones para defenderlos, es un gran desarrollo
de ese capítulo de la Constitución de 1936.
La Reformade 1968
trajo aspectos bien importantes. Unos de ellos referidos
a las instituciones extraordinarias
para periodos de emergencia, bastante bien modulados
posteriormente en la Constitución del 91. Igualmente
consagró la figura proveniente de la legislación
mexicana, conocida como Emergencia Económica.
Entre 1968 y 1991,
logramos modular esa institución
para que funcionara aparte e independiente del Estado
de Sitio. ¡Cómo quedó de bien modulada
esa institucionalidad de emergencia en la Constitución
de 1991!
Ahora, que estamos
en el proceso de definir nuevas normas de descentralización, es bien importante recordar
el principio de equilibrio regional, introducido por
la Constitución de 1968, con el liderazgo del
ex presidente Carlos Lleras Restrepo.
Cuando las grandes
ciudades reclaman que las están
obligando a concurrir con sus recursos para hacer transferencias
a los pequeños poblados y a las comunidades remotas,
debemos recordar que aquella Constitución del
68 consagró el principio que sin equilibrio regional,
haciendo grandes esfuerzos los fiscos locales más
poderosos, era imposible consolidar la unión de
la República.
La nueva Constitución intentó sellar un
proceso de paz que el país celebró con
alborozo. Qué bueno que hoy se volviera a mirar
esa circunstancia para animar la etapa que debe suceder
a la Seguridad Democrática, que es la etapa de
la consolidación de la paz definitiva.
Siempre Colombia,
desde la Constitución del 63,
y con énfasis en la reforma del 36, había
hablado de esa expresión social del Estado de
Leyes, del Estado de Derecho. La Constitución
de 1991 es categórica. Antes de su texto, podría
interpretarse que el Estado Social era una posibilidad
del Estado de Derecho. Después del texto de la
Constitución del 91, el Estado Social es un compañero
imperativo del Estado de Derecho.
Para que el Estado de Derecho sea un Estado sostenible
en el tiempo, tiene que ser un Estado Social.
Cuando estudiamos
la Constitución del 91, llegábamos
a la conclusión de que lo único que hace
sostenible el Estado de Leyes es la cohesión social,
que le garantiza a ese Estado de Leyes la permanente
adhesión popular.
El capítulo de los derechos fundamentales y de
los derechos sociales ha tenido magistral defensa en
la Acción de Tutela, algo en lo que habremos de
profundizar para exaltar la tarea de jueces y magistrados.
Es bien importante
el desarrollo que se ha dado con la Tutela, porque
si bien de la lectura inicial del texto
del 91 podría inferirse que la Acción de
Tutela no es aplicable para proteger los derechos sociales,
el desarrollo que han dado, al aplicar la institución,
jueces y magistrados, ha hecho mucha claridad.
En la medida que
un derecho social pueda afectar la vigencia de un derecho
fundamental, ese derecho social
es tutelable. Se ha dado un gran desarrollo al aplicar
la Constitución del 91 en esta materia.
También la Constitución del 91 avanzó en
un reconocimiento que estaba en el alma de los colombianos,
y que era necesario explicar, plasmar en el texto constitucional:
la diversidad étnica y cultural de la Nación.
Muchos de esos temas
que hoy se discuten en países
de nuestra América del Sur, fueron aquí resueltos
hace tiempo, cuando esta Patria, primero en la aceptación
de la sicología colectiva, después en la
aceptación política y finalmente en el
texto de 1991, reconoció explícitamente
que Colombia es una Nación multiétnica,
multicultural y económicamente diversa.
Nuestros anteriores
textos constitucionales estaban dados para regir una
economía de Estado y una
economía ordinaria de sector privado.
Cuando aprobamos
varias leyes sobre cooperativismo y economía solidaria, siempre tuvimos el temor de
que no tuvieran respaldo constitucional. Fue necesario
que llegara la Constitución del 91, para que la
economía colombiana tuviera incorporado en el
texto supremo el tercer sector: el sector solidario,
que es la gran síntesis de la contradicción
entre la eficiencia de uno de los sectores clásicos
y su falta de sentido social, y la ineficiencia del otro
y su garantía de lo social.
En el tema político reconoció los partidos,
avanzó mucho en la financiación de las
actividades de la democracia, en el equilibrio entre
democracia representativa y democracia participativa.
La Constitución americana fue escenario de ese
gran debate. Nosotros todavía asistimos a la división
de conceptos, en América Latina, entre quienes
creen que debe prevalecer una democracia sobre la otra.
En la Constitución del 91 hay un gran equilibrio
entre la democracia participativa y la representativa.
Ello implica que los partidos, como lo dijera el ex presidente
Alberto Lleras, cuyo centenario hemos conmemorado en
este 2006, no puedan comportarse como montoneras con
afanes democráticos, sino como torrentes de inteligencia.
Que los partidos no sustituyan la opinión sino
que se nutran de ella. Que los partidos la interpreten
sin anularla.
Debemos entender
hoy que la única manera como
puede expresarse la democracia participativa finalmente,
es a través del ejercicio de la representación.
Pero el único modo que legitima y hace sostenible
en el tiempo esa legitimidad para la representación,
es que se nutra permanentemente de la representación.
Eso lo hemos entendido
de corazón y de convicción
en nuestra práctica de Estado Comunitario: un
diálogo permanente, de tarea colegisladora con
el Congreso, máxima expresión de la democracia
representativa, y un diálogo permanente, sin pausa,
con el pueblo colombiano, titular de la soberanía
y titular de la participación.
El plebiscito de
1957 fue un gran espacio de ampliación
democrática, de apelación a la democracia
directa, de ampliación del sufragio universal,
de reconocimiento de los derechos políticos de
la mujer.
La Constitución del 91, al crear mecanismos de
democracia participativa como el plebiscito, el referendo,
las consultas populares, ha permitido que los colombianos
empiecen a pensar en esos mecanismos como parte integral
de su manera de actuar en la vida pública.
Cuando escucho la queja de muchos de los compatriotas
en el sentido de que no se han utilizado debidamente,
debemos apreciar dos aspectos. De pronto, hay que darle
tiempo al tiempo.
El referendo del
año 2003, que la historia dirá por
qué apenas pasó en uno de sus puntos, fue
una gran oportunidad para debatir, en medio de la aplicación
de la Seguridad Democrática, temas sustanciales
de la vida nacional para aplicar esa figura participativa
de la Constitución del 91, para convocar al pueblo
a un debate, quizás sobre un articulado muy extenso,
bastante abstracto, pero con una gran ventaja: sin un
solo atractivo populista.
Cosa distinta es
el recurso de las dictaduras para invocar mecanismos
de democracia directa, con tentaciones populistas,
a fin de consolidar tentaciones totalitarias, a lo que
fue, cosa distinta, la convocatoria de 2003, convocando
al pueblo para un tema difícil, impopular, que
necesitaba agitarse en la vida colectiva de los colombianos.
He aplaudido desde
que se conoció el texto de
la Constitución del 91, sus postulados sobre seguridad
social: una seguridad social en la cual el monopolio
de reglamentación, el monopolio de supervisión,
se radica en el Estado, pero se permite que en la prestación
del servicio entren actores públicos solidarios
y actores privados.
Se proponen tres
principios: el principio de un avance gradual hacia
la cobertura universal, el principio de
que siempre tiene que haber solidaridad, esté prestada
la seguridad social por el actor privado o por el actor
público, y el principio de que siempre tiene que
haber eficiencia.
Eso rompió con los viejos conceptos de seguridad
social, que de Alemania habíamos traído
a muchos países latinoamericanos, en los cuales
bastaba que hubiera un gran avance en cobertura, a cualquier
costo en materia de ineficiencia y de dilapidación
de recursos.
Avanzó la Constitución del 91 en el tema
de la autonomía de la justicia, que no estaba
en discusión. La Fiscalía General de la
Nación sustrajo la dirección del órgano
de investigación de una modesta división
del antiguo Ministerio de Justicia, y puso la cabeza
en el nivel más alto, comparable con el Ejecutivo,
lo que finalmente, con persistencia en el tiempo, tendrá que
derrotar la impunidad.
En los últimos años, la introducción
del régimen acusatorio se convierte en una gran
esperanza para cumplir los objetivos de la Constitución
del 91.
En materia de descentralización, vemos que la
Constitución del 91 dejó un concepto de
regiones que es letra muerta. Allí sí que
se necesita una reforma, porque desarrollar las regiones,
como lo propone la Constitución del 91, es crear
nuevos entes burocráticos, es crear nuevos centros
de gasto, es imponerle nuevas cargas al fisco, es crear
nuevas presiones presupuestales.
Está pendiente esa reforma. Aquí la propusimos
hace cuatro años, y el Congreso la negó,
porque esa reforma debería dar la posibilidad
de que los departamentos voluntariamente definan si pueden
desaparecer como departamentos y agruparse como regiones.
Lo que no es conveniente
es que haya gasto y burocracia en más niveles del Estado, porque el Estado Comunitario
nos dice que debemos escoger entre el gasto burocrático
y el gasto social.
El gasto burocrático en América Latina
y en nuestro país dejó más pobreza
y más inequidad. El gasto burocrático,
en medio de lo social, trajo más obstáculos
a la cohesión social. Por eso hay que plantear,
frente al gasto burocrático, el gasto social.
Quiero, en esta
solemne sesión, al felicitar
al senador Eduardo Enríquez Maya por esta gran
compilación, por este gran esfuerzo, que lo honra
a él, a la Comisión Primera del Senado,
al Congreso y a su tierra nariñense, quiero agradecer
al Congreso de la República el trabajo realizado
en este período.
El país va
a recibir una agenda legislativa de excelencia.
Permítanme referirme a algunos de los temas que,
con la ayuda de Dios, en el día de hoy y a partir
de las 12:00 de la noche, cuando ya sea viernes, el Congreso
de la República debe perfeccionar: la Reforma
Tributaria.
Importante haber
dado debates sobre si había
o no condiciones para la universalización del
IVA. El país dijo: no.
Importante haber
dado debates a ver si habían
servido o no nuestros estímulos tributarios. El
país y el Congreso dijeron: se requieren, hay
que dejarlos como normas permanentes.
Permítanme lanzar este juicio, con un gran antecedente:
los instrumentos de fomento de la inversión de
la administración Lleras Camargo, con el liderazgo
del entonces ministro de Hacienda Hernando Agudelo Villa,
esta Reforma Tributaria se convierte en el estatuto tributario
más estimulante de la inversión del que
dé cuenta la historia fiscal de la Nación.
Es un paso adelante en esa materia, para la competitividad
de un país que empieza a ganar mucho espacio.
Este año, apreciados compatriotas, Colombia tiene
tanta inversión extranjera directa como tuvo el
Japón en 2003. Increíble. Este año,
con 6 mil millones de inversión extranjera directa
neta, Colombia tiene mil millones de dólares más
que la inversión extranjera directa que recibe
Argentina. Cuando hacemos el estudio de la inversión
en Colombia, en términos per cápita, este
año tiene más en términos per cápita
que China y más que el Brasil.
Estas reformas aprobadas
por el Congreso van orientadas a consolidar lo que
llamaríamos una bonanza de
confianza que empieza a disfrutar Colombia, y cuyo objetivo
tiene que ser la superación de la pobreza.
Ojalá esa Reforma Tributaria pueda estabilizarse
en el tiempo. Deseo que el Gobierno que presido no tenga
que traer otra reforma tributaria a este Congreso, y
que la situación fiscal y de inversión
y de financiación de la infraestructura de competitividad
del orden público y de la política social,
avancen de tal manera que Colombia pueda tener estabilidad
tributaria.
Nosotros creemos
que no es válido, como se propuso
en los sesenta en América Latina, darle solamente énfasis
al crecimiento y suponer que la inversión social
y la distribución llegan como consecuencias inexorables.
Nosotros creemos
que no es valido, como ocurrió en
otras décadas de América Latina, darle énfasis
solamente al reparto e ignorar al crecimiento. Se llegó a
tener que repartir pobreza.
Nosotros creemos
que el crecimiento y la inversión
social tienen que ir de la mano. Y yo creo que es creencia
se plasma en la agenda que está aprobando el Congreso
de la República.
Esta reforma de
crecimiento va de la mano de la reforma de seguridad
social, que ha tenido un buen curso en este
período, con gran liderazgo de la señora
Presidente del Senado. Reforma que impone a los empresarios
la carga de medio punto adicional de cotización
para contribuir a que logremos la plena cobertura en
salud.
Y quiero resaltar
la reforma de Ecopetrol. América
Latina vivió experiencias en las cuales por no
reformar las entidades del Estado, se arruinaron. Y vivió otras
décadas, como la de los noventa, cuando se quiso
desmantelar totalmente al Estado.
Nuestra reforma
administrativa ha buscado un Estado sostenible. Habríamos podido eliminar a Telecom.
Quizás el avance de la inversión privada
en telecomunicaciones, lo habría sustituido de
qué manera tan eficiente. Pero nosotros creemos
que el Estado tiene que tener reservas patrimoniales,
instrumentos para defender a la comunidad frente a adversidades
del mercado, herramientas para intervenir socialmente
en regiones remotas.
Hoy tenemos una
Telecom en la cual el Estado es dueño
del 50 por ciento menos una acción, pero una Telecom
que vale mucho más que lo que valía la
Telecom de hace cuatro años, cuando el Estado
era dueño del ciento por ciento.
Hace cuatro años no teníamos certeza para
el pago de pensiones. Hoy están asegurados los
pensionados, los trabajadores y hay 650 millones de dólares
en caja para avanzar en inversiones tan importantes como
la banda ancha, el Internet a todas las regiones de la
Patria, la conectividad de las escuelas, de los hospitales.
Eso marca el camino
de nuestra reforma a la administración.
Por eso celebro el paso que se está dando con
Ecopetrol. Qué bueno. Mucho mejor para la comunidad
colombiana ser dueña del ochenta por ciento de
una Ecopetrol próspera, que explote reservas,
que ser dueña del ciento por ciento de una Ecopetrol
que vea agotarse sus reservas.
Lo grave sería no haber aprobado esa capitalización.
En otras circunstancias, Colombia habría necesitado
la capitalización, pero no habría tenido
confianza inversionista.
El Congreso hoy
fue totalmente talentoso. Se ha dado cuenta que al
contar Colombia con confianza inversionista,
no se podía desperdiciar la oportunidad para que
esa confianza inversionista concurra a capitalizar a
Ecopetrol.
Y estoy seguro que
será un proceso altamente
democrático y totalmente transparente. Les vamos
a dar a los colombianos la oportunidad de invertir en
Ecopetrol. Y Ecopetrol va a tener la oportunidad de invertir
para explotar reservas ya cuasi-probadas de petróleos
crudos, de crudos pesados, que en el pasado no se extraían,
por costosas, pero que ahora el precio internacional
del petróleo lo hace posible.
Y quiero celebrar
la aprobación de reformas tan
importantes como el Estatuto de Insolvencia, que convierte
en permanente el espíritu de la Ley 550, para
poder sacar a flote empresas que atraviesen difíciles
momentos.
Se ha discutido
muchísimo el tema de las transferencias
a las regiones. Hemos dado el paso en estos primeros
cuatro debates, y nos aprestábamos a seguir debatiendo
constructivamente con el país y a pedirle al Congreso
que entre marzo y junio se apruebe en los siguientes
cuatro debates.
A ese proyecto subyace
la idea de estimular la descentralización
sin arruinar a la Nación. Qué importante.
Nada nos ganamos con volver al texto impracticable de
la Constitución del 91, si no hay manera de pagarles
a las regiones, como se probó en 1999 y en el
año 2000.
Nada ganamos si
simplemente, por ganarnos un aplauso y evitarnos un
debate, tomamos una decisión no
juiciosa en transferencias, y al otro día las
tasas de interés se crecen diez o quince puntos.
Y no es Wall Street.
La deuda pública colombiana
en un 70 por ciento está contraída con
acreedores colombianos, y la inmensa mayoría de
ellos son trabajadores colombianos afiliados a los Fondos
de Pensiones.
Era yo Gobernador
de Antioquia, estábamos muy
contentos por la ilusión de las transferencias,
pero ya se amenazaba que la Nación no podía
cumplir con esas transferencias. Teníamos que
pagar tasas de interés del 27, del 20 por ciento,
más ocho, diez puntos de intermediación.
Qué distinto hoy para las alcaldías y las
gobernaciones, con tasas de interés del seis,
seis y medio, más tres, cuatro puntos de intermediación.
Creo que lo aprobado
por ustedes en estos cuatro debates es defensable en
cualquier sitio de la Patria. Lo acompañaré,
señor senador Eduardo Enríquez Maya, a
presentar esta reforma ante los médicos y maestros
de Nariño. Porque esta reforma, cuando uno ya
la mira en detalle, tiene que concluir que es un gran
esfuerzo para lograr las plenas coberturas de educación
y de salud, para avanzar en saneamiento básico.
Es un gran esfuerzo para mejorar el per cápita
educativo, para poder cumplirles a los maestros con los
incrementos salariales, a aquellos que estén en
el nuevo estatuto magisterial.
Qué importante es poder decir que cuando aquí hubo
decrecimiento en transferencias, que cuando el acto constitucional
vigente demanda unas transferencias de inflación
mas dos y medio para el año 2008, lo que acaba
de aprobar el Congreso, en primer período legislativo,
para el año 2008 implica unas transferencias de
inflación más cuatro puntos. Y más
otro adicional para educación, más 5 puntos.
Y qué importante es poder decir que lo mismo
se repetirá en el 2009. Y que en el 2010 será de
inflación más 4 y medio, y en el 2011 hasta
el 2016 de inflación más 3 y más
el punto adicional de educación, de inflación
más cuatro.
Y que en el 2016,
apuntando a que en ese momento la Nación haya podido absorber la peor carga de la
sorpresa que le ha tocado, que es asumir las pensiones
del Seguro Social, que en el 2016 se pueda atar –como
está previsto– la fórmula al incremento
de los Ingresos Corrientes de la Nación en los últimos
4 años.
Pero ahí no termina todo. Nosotros tenemos el
objetivo de que la economía colombiana crezca
al 6, estamos haciendo todos los esfuerzos, el país
no puede seguir siendo –como lo dijera El Libertador,
dolido por la anunciada desintegración de la Gran
Colombia– una fábrica de leguleyos para
detener el progreso.
Por eso, más allá que el debate leguleyo,
nosotros estamos proponiendo una agenda que le permita
a este país entrar en las grandes ligas del crecimiento
económico, a pesar de sus escasas reservas de
petróleo.
Estamos apostando
a que el país crezca al 6 por
ciento, y en el texto que ustedes acaban de aprobar se
dispone que si la economía llegare a crecer por
encima del 4 por ciento, ese crecimiento se refleja totalmente
en transferencias.
Si en el 2008 llegare
a crecer la economía al
6, entonces el incremento de transferencias será inflación
más 4, más un punto para educación,
más otros dos puntos por la diferencia entre el
6 y el 4 en crecimiento de la economía.
Y ese incremento
se debe llevar todo, el de los puntos por encima de
crecimiento económico del 4 por
ciento, a atender la niñez en la primera infancia.
Y qué importante saber que se ha eliminado el
albur para los municipios y para los departamentos, que
si la economía llegare a tener un revés,
no habrá un recorte proporcional de transferencias.
Y qué importante recoger el espíritu de
la Constitución de 68 del presidente Lleras Restrepo,
y haber definido que, en aras del equilibrio regional,
ese grupo de casi 900 municipios con población
inferior a 25 mil habitantes, van a tener para ellos
el 9 por ciento de la bolsa de Propósito General.
Qué importante mirar las cuentas desde otro punto
de vista. Y vamos a examinarlo con el pueblo colombiano,
con sus maestros, con los críticos de la política,
en todas partes, debatiendo alegremente, como tiene que
ser en la democracia.
La cuenta que no
se ha hecho, apreciados compatriotas: cuando uno mira
el Estado colombiano en su conjunto,
encuentra lo siguiente: los departamentos y los municipios
este año recaudan en rentas propias el 21 por
ciento de todo lo que recauda el Estado colombiano, reciben
en transferencias el 32 – 33 por ciento de los
Ingresos Corrientes de la Nación, y tienen otras
participaciones en recursos permanentes. No hablo de
aportes extraordinarios.
¿Se podrá decir que estamos echando un
paso atrás en descentralización cuando
queremos garantizar una descentralización estable,
una descentralización sin la espada de Damocles,
que amenaza echarla para atrás ante cualquier
crisis? No, hagamos valer esto: del total que recauda
el Estado colombiano, las regiones, entre lo que recaudan
y reciben de la Nación y aplican autónomamente
solamente con la reglamentación de la ley, disponen
de más del 50 por ciento. Esa cuenta no se ha
hecho en el debate. Es muy importante que ahora la demos
a conocer a todos nuestros compatriotas.
Y me dijo alguno
de mis interlocutores que estábamos
quebrando el pacto constitucional del 91, que era un
pacto descentralista. La Constitución no se puede
leer parcialmente, el pacto constitucional del 91 también
obliga a la Nación a que cumpla una tarea subsidiaria,
complementaria de las regiones, y todos los días
se demanda que la cumpla.
Ustedes van a tener
una feliz oportunidad: examinar en segundo período
legislativo las transferencias y examinar el Plan de
Desarrollo.
Hay unas obras que
necesariamente tiene que hacer la Nación. El debate no entre si gasta el Presidente
o si gastan las regiones. El debate es cómo se
combina la descentralización con la tarea articuladora
que la misma Constitución asigna a la Nación.
Cuando tenemos hoy
en construcción Transmilenios
en ocho ciudades de Colombia, no lo estamos haciendo
por capricho del Presidente, por mandato de la Ley. Son
ustedes los que acuden a exigir que en el Plan de Desarrollo
se garantice la financiación de sistemas de transporte
masivo en otras 10 ciudades intermedias de la Patria.
Son ustedes los que reclaman todos los días que
la Nación concurra a una obra o a la otra.
Yo creo que lo aprobado
por este Congreso en esta materia y en todas, es una
agenda legislativa de excelencia.
Por supuesto, de debate, y está bien el debate.
El debate hay que vivirlo para aprobar las leyes y después
para legitimarlas. Pero es una agenda legislativa de
excelencia.
Al felicitarlo a
usted, señor senador Enríquez
Maya, por este esfuerzo, quiero agradecer al Congreso
de la República esta agenda legislativa. El Gobierno
procurará hacer el mejor uso con esa normatividad.
El Gobierno estará con ustedes, en estos meses
que vienen, presentándola ante las bases populares
de la Nación.
Por supuesto, quedan muchos temas. Nos quedan pendientes
temas de la justicia. Aspiramos que les demos primera
prioridad a partir del 16 de marzo.
Y está pendiente un acuerdo entre los directivos
del Congreso, el Ministro del Interior y el Ministro
de Comercio para mirar en qué momento, oportuno,
se debe convocar a sesiones extras a las comisiones pertinentes
del Honorable Congreso para examinar el Tratado de Comercio
con los Estados Unidos y para examinar el Tratado de
Comercio con la hermana República de Chile, el
proceso de integración de Colombia a la economía
mundial.
Deseo a todos ustedes
Feliz Navidad, Feliz Año,
que el año 2007 sea un avance para nuestro sueño:
una Nación con rectitud, una Nación con
armonía, una Nación próspera, una
Nación en el camino de la cohesión social.
Muchas gracias.