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PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE ANTE CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
Diciembre 6 de 2006 (Bogotá - Cundinamarca)

“Nos honra mucho a mis compañeros de Gobierno y a mí acudir esta tarde a felicitar a la Corporación Excelencia en la Justicia, por estos diez años de gran esfuerzo en un campo que, como lo dijera el presidente de la Junta Directiva, el doctor Rafael Santos Calderón, es poco taquillero.

Es una tarea quijotesca, en la cual hay que tener mucha devoción para persistir, y sólo en la medida que se persista se pueden obtener resultados. Diría yo que es una tarea de mucho esfuerzo, todos los días, para ir obteniendo pequeños resultados.

Quiero felicitar a todos los responsables de los diferentes programas que han sido mencionados y a quienes han sido distinguidos esta noche con los premios que entrega la Corporación.

La doctora Gloria María nos dio cuenta de todos los que estuvieron en consideración, cual más importante. Yo tomé desordenadamente nota de algunos de ellos, y quisiera hacer comentarios a dos o tres.

Primero, siento alguna inhibición para referirme a lo de Itagüí, por razones regionales, pero es un ejemplo para el país.

Me ha sucedido algo paradójico: cuando la señora magistrada Lucía Arbeláez dirigía el programa en Itagüí, lo conocí. Ese día pensé que era el mejor esquema para garantizar la independencia, la autonomía en la administración de justicia. Y el conocimiento de ese sistema me llevó a concluir que en presencia de esos mecanismos, se podía pensar en que no existiera el Consejo de la Judicatura.

Por eso, cuando en el año 2002 presenté la propuesta que eliminaba el Consejo de la Judicatura, en cumplimiento de lo que había discutido con muchos compatriotas en esa campaña presidencial, pensábamos que alternativas como el programa de los juzgados de Itagüí eran suficientes para garantizar la autonomía de la justicia.

Se ha discutido mucho el tema del Consejo de la Judicatura. He tenido oportunidad de deliberar con sus magistrados. Sigo creyendo que por lo menos cabe una reforma de fondo en una de sus salas, y que se puede garantizar la reforma, la autonomía de la justicia con unos mecanismos más gerenciales, que podrían sustituir algunas de las jerarquías que hoy están en el Consejo de la Judicatura. Respetuosamente, creo que debemos insistir en el tema.

Yo acepté no insistir en la propuesta de 2002, pero sí creo que la reforma se requiere. Esta noche la mayor mención la ha recibido esa organización de juzgados de Itagüí, que yo creo que el país debería mirarla como un esquema organizativo para garantizar, con la mayor eficiencia y al menor costo, la autonomía de la justicia.

Quiero destacar muchos esfuerzos que se han hecho. El esfuerzo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, el esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia, los esfuerzos que se han venido haciendo en el Tolima y en el Archipiélago para sincronizar la justicia formal del Estado con la justicia de las comunidades indígenas o de la comunidad raizal.

Eso une la Nación alrededor de la justicia en medio de la diversidad, y expresa plenamente el sentido de la Constitución del 91. Ojalá desde el Ministerio del Interior y de Justicia podamos contribuir a esos procesos.

Quero destacar los esfuerzos, en materia de protección de los derechos de la mujer, de la Casa de Justicia de Cali, de Aguablanca.

Quiero destacar las 44 Casas de Justicia. Qué acierto el del Gobierno que las concibió en el año 94.

Cuando nosotros comenzamos en el 2002, eran 18. Hoy hay 44. Y asegura el Director que en julio de 2010, cuando estemos en la víspera de entregarle al Gobierno que habrá de sucedernos, de transferirlo, tendremos otras 24. ¿Se compromete?

Realmente se siente la transformación en el entorno social alrededor de las Casas de Justicia y se siente para bien.

Muchas felicitaciones, pues, a todos quienes han recibido este reconocimiento de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Doctor Rafael y doctora Gloria María, muy difícil para mí referirme a algunos temas de la reforma a la justicia que están en curso en el Congreso de la República, porque muchas veces yo digo: bueno, no opinemos, a ver si se estimula el consenso, y el consenso no se da.

Y otras veces digo: bueno, aquí hay una autonomía de la Justicia, hay una división del Estado en ramas, pero el Presidente de la República tiene que animar unas tesis, porque tiene que cumplir con sus tareas de Jefe de Estado.

Déjenme, sin embargo, hacer unos comentarios respetuosos esta noche.

En primer lugar, al tema de la nueva Ley de Penas.

Ustedes han evaluado hoy el régimen acusatorio, el sistema acusatorio. Y veo que la evaluación es buena. Aquello que me preocupa de la parte que debe corregirse, que debe mejorarse, es la necesidad de procesar a los grandes criminales.

Eso está directamente relacionado con la política de Seguridad Democrática. La tarea de la justicia frente a los grandes criminales, solamente se facilita en la medida que haya una decisión del Ejecutivo de derrotarlos.

Por eso, en el contexto de esa preocupación de la Corporación, déjenme reiterar ante ustedes toda la voluntad, sin reserva alguna, del Ejecutivo, para derrotar las expresiones del gran crimen en Colombia.

Hoy asistimos a ascensos militares muy importantes, y mañana asistiremos a dos graduaciones en Bogotá: en la Escuela de Policía General Santander y en la Escuela Militar José María Córdova, a la graduación en la Escuela Marco Fidel Suárez en Cali y en la Escuela de la Armada, en la Isla de Manzanillo, en Cartagena.

Hoy lo repetimos, y mañana nuevamente lo haremos, nuestra determinación de derrotar todas esas expresiones de criminalidad.

Expresé, y repetiré mañana, que la historia del paramilitarismo debe quedar atrás, que la decisión del Gobierno es respetar el proceso de paz a quienes lo cumplan, y derrotar militarmente a quienes persistan.

Que revisada su etimología, cuando hay toda la determinación de proteger con la Fuerza Pública todas las regiones de Colombia, esa decisión, acompañada de la voluntad de la Fuerza Pública, no debe permitir que criminal alguno se llame paramilitar, con el pretexto de justificar su horrenda acción en la persecución de la guerrilla y en la tarea de llenar vacíos del Estado.

Sobre eso hicimos una amplia explicación esta mañana en la Escuela José María Córdova, y la haremos mañana, repetidamente, en las cuatro graduaciones.

Creo que en la medida que avancemos con la Seguridad Democrática, en el desmantelamiento de las grandes organizaciones criminales, se facilita la acción de la justicia en el punto que ustedes reclaman.

Me preocupa muchísimo, sí, alguna percepción ciudadana de crecimiento de impunidad en otro tipo de delitos en las grandes ciudades. En robo de vehículos, en hurto a personas, en hurto a establecimientos de comercio y en otro tipo de delitos.

Y hay la falsa idea, que debemos evitar que prospere, de que eso se debe al sistema penal acusatorio. Yo creo que nada tiene que ver con eso. Yo creo que se debe a que nos falta en la reforma a la justicia ajustar unas disposiciones.

Por eso hemos propuesto una nueva Ley de Penas. Y en las discusiones con el Fiscal General de la Nación y el Congreso, hemos aceptado que no se trata necesariamente de aumentar penas, sino para algunos delitos eliminar la posibilidad de la excarcelación.

Hay un sentimiento ciudadano de que hay benignidad para excarcelar, y eso nos maltrata uno de los objetivos del sistema acusatorio, al cual se referían ustedes, que es justamente buscar un sistema más garantista. Tiene que ser más garantista, pero tiene que ser más eficiente.

Y si en nombre de ser garantista se llega a un manejo permisivo de la excarcelación, entonces deja de ser eficiente.

Por eso, para lograr ese equilibrio entre un sistema garantista y un sistema al mismo tiempo eficiente, equilibrio que lo mide en muy buena forma la percepción ciudadana, nosotros creemos en la necesidad de aprobar esta nueva Ley de Penas, que más que modificación de penas, debe orientarse a limitar posibilidades de excarcelación.

Allí se ha discutido mucho el tema del principio de oportunidad. Me dijo el Ministro esta tarde (y el señor Fiscal General de la Nación me lo confirmó) había aceptado retirarlo para que el proyecto de ley siga su curso y darle más tiempo a que el país continúe en el examen, en la discusión de si conviene o no introducir en nuestra legislación el principio de oportunidad.

En otros aspectos de procedimiento, el proyecto de ley se ha simplificado muchísimo. Y el acuerdo que tenemos con ponentes de Congreso, con el Ministro, el señor Fiscal General de la Nación, es que en esa parte vaya exclusivamente a lo urgente.

He pedido esta tarde a los congresistas ponentes y a los presidentes de las Comisiones Primeras, que se haga el esfuerzo en lo que queda de esta semana y en la entrante, para que por lo menos ese proyecto de ley haga tránsito, a ver cómo lo tenemos aprobado en las primeras semanas del siguiente período legislativo.

Tenemos también en el Congreso un proyecto de ley estatutaria, que necesitamos convertir en Ley de la República, que tiene puntos muy importantes para descongestionar la justicia, puntos muy importantes para ir avanzando en sistemas de justicia para las pequeñas causas, puntos muy importantes como aquel de generalizar la oralidad, que está dando muy buenos resultados en el capítulo penal.

Y está el tema de la reforma constitucional. En el nuevo aniversario de la Corte Suprema de Justicia, me referí ampliamente al tema. Con todo el respeto por los muy destacados juristas que nos acompañan esta noche, déjenme insistir en la necesidad de tramitar esa reforma constitucional.

No es bueno para la credibilidad de la justicia en el país, que el tema se aplace. Yo creo que el aplazamiento del tema, el riesgo del enfrentamiento de jurisdicciones, crea mucha incertidumbre, afecta la seguridad jurídica, la confianza de los ciudadanos en su administración de justicia, y también la confianza de los inversionistas.

Yo no voy a hacer nuevamente el recuento que hice ante la Corte Suprema de Justicia, de las diferentes propuestas que ha hecho el Gobierno. Déjenme tratar de llamar la atención sobre el presente momento.

Hablando con magistrados de las diferentes Cortes, creo que si se hace un esfuerzo entre todos y cada uno cede un poquito, se puede lograr un acuerdo. Todo acuerdo es una renuncia parcial a aspiraciones, todo acuerdo deja una satisfacción parcial y una insatisfacción parcial.

En alguna forma exige aplicar el principio de Santo Tomás: la distribución equitativa de la inconformidad.

Creo que podríamos buscar el acuerdo y que nos ayudara el Procurador, nos ayudara el Fiscal, nos ayudara el Defensor. Y lo propongo no ex cátedra. Porque si uno simplemente habla de que se busque el acuerdo, se nos van a pasar estos cuatro años y no lo van a lograr.

Lo que les voy a decir tiene algún contenido, pero no es ex cátedra , es explorando opciones: buscar que la reforma deje asignadas, de manera clara, las competencias para conocer de las acciones de tutela dentro de las respectivas jurisdicciones. Entonces que cada jurisdicción organice toda su jerarquía en materia de jurisprudencia frente a la acción de tutela. Dejar claramente establecido este principio.

El otro punto es más contencioso: la competencia de la revisión ¿Quién revisa? Entonces ahí viene un tema en el cual yo quiero insistir ante la honorable Corte Suprema de Justicia.

Yo escribí, cuando la Constitución del 91, primero, que no había sido tema de la convocatoria, y participamos muy activamente como movimiento político en la elección de los constituyentes y en la razón de esa convocatoria, lo de la creación de la Corte Constitucional.

Escribí que me parecía que el control constitucional que había hecho nuestra Corte Suprema de Justicia era un control muy eficaz, respetable, que allí no tenía Colombia problemas. No estuve de acuerdo con la creación de la Corte Constitucional.

Lo manifesté en múltiples ocasiones, aun siendo candidato a la Presidencia de la República para las elecciones del 2002. Pero la crearon. Y estamos ante una institución, ante un mandato constitucional que tenemos que acatar, respetar y contribuir a que produzca buenos resultados para Colombia.

Cuando se habla de que el órgano de cierre de cada jurisdicción debe ser el competente, yo distribuyo esa competencia en dos. Una para conocer de las acciones de tutela, que estoy de acuerdo que cada órgano sea competente para definirlo en la jerarquía de su jurisdicción. Y cuando se habla de la revisión de las tutelas, creo que no debemos despojar de esa competencia a la Corte Constitucional.

Finalmente es el órgano de cierre en materia constitucional. Finalmente los derechos que se tutelan, fundamentales o sociales por asociación, están incorporados al rango constitucional. Finalmente la figura, la institución de la tutela, es de creación constitucional. Por eso esa revisión no debe disputársele a la Corte Constitucional. Lo digo muy respetuosamente.

Y sé que en cada ocasión que hablo del tema, parecería ser que, en lugar de contribuir a construir un consenso, creara una contradicción con quienes piensan de manera diferente. Pero yo les rogaría entender, muy respetados magistrados, que el Gobierno tiene una justa preocupación, porque todos los días se insiste en el tema de choque de jurisdicciones, se llama al consenso y no avanzamos hacia el consenso.

El tercer punto sería insistir en la reglamentación. Lo que está presentado en el proyecto de acto legislativo, como principio de discusión. Si hay que avanzar más en materia de reglamento, se hace.

Si es posible tratar de enmarcar algunos contenidos de lo que serían las excepcionalidades de hecho para esas revisiones de tutela, de sentencias de las Altas Cortes, podría intentarse.

Ahora, el Gobierno no tiene obstinación en que eso deba quedar en el nivel constitucional o en nivel de ley estatutaria.

¿Por qué presentamos la propuesta del acto legislativo? Porque nos parece que contribuye a dar más claridad frente a las interpretaciones jurisprudenciales. Que cierra espacios para que las interpretaciones jurisprudenciales no lo vayan a desfigurar.

Pero si el acuerdo nos dijere: hagamos en ley estatutaria, el Gobierno esta dispuesto a aceptarlo y a impulsarlo en el Congreso de la República.

Les he preguntado a algunos congresistas: hombre, ¿ustedes por qué insisten en despojar a la Corte Constitucional de la revisión de las sentencias sobre tutelas de las otras Cortes?

Entre los argumentos que me han dado, me han dado los argumentos de que se necesita unificación jurisprudencial, y me han dado también el argumento de que discrepan de algunos fallos de la Corte Constitucional, que han creado inseguridad jurídica en Colombia.

Sin hablar ex cátedra , con el respeto por los conocimientos de ustedes, permítanme decirles que creo que puede haber más organización jurisprudencial, más orden jurisprudencial, cuando sea un solo órgano el competente para conocer de las revisiones contra las sentencias sobre tutelas de los diferentes órganos.

Temo que lo contrario, la posibilidad de que haya un mecanismo, un procedimiento en el órgano de cierre de cada jurisdicción que sea equivalente a esa revisión, puede traernos el riesgo de una gran dispersión, de un peligroso desorden jurisprudencial.

Y el otro argumento. Sí, todos discrepamos de fallos. Los jueces discrepan del Ejecutivo, el Ejecutivo discrepa de fallos. Los ciudadanos quedan contentos con unos fallos, a los ciudadanos no les gustan otros fallos.

Ha existido algún alto consenso sobre la inconveniencia de algunos fallos de la Corte Constitucional. ¿Qué respuesta les he dado a los distinguidos congresistas que invocan ese argumento para sustentar el propósito de despojar a la Corte Constitucional de la competencia de revisión de sentencias sobre tutelas?

La Corte Constitucional es una institución muy nueva. Yo diría que está apenas en el proceso de formación de su jurisprudencia. Y el camino enseña. Yo estoy seguro que al momento de conocer temas que tienen gran incidencia en la vida económica y social de la Nación, la Corte todos los días se detendrá más para mirar el impacto de esos temas.

Creo que le ha faltado al sector privado colombiano y al Ejecutivo tener, dentro del debido respeto a la independencia de los poderes, una mayor comunicación con las Cortes, en este caso con la Corte Constitucional, para hacer ver, como elementos que deban tener en consideración los honorables magistrados antes de sus fallos, el alcance del impacto económico, del impacto social, del impacto en inversión de esos fallos. Creo que es una de las cosas que hay que corregir.

Con mejor interlocución y con ese proceso de consolidación de la Corte Constitucional, yo creo que podríamos tener confianza de que sus fallos, en lugar crearles elementos de incertidumbre a la inversión, a la vida económica y a la vida social, todos los días ayudarán a tener más seguridad jurídica en el país.

Qué bueno, Procurador, Defensor, que animaran ustedes, con el ministro (del Interior y de Justicia, Carlos Holguín) unos diálogos entre las Cortes, a ver cómo tenemos un acto legislativo o un proyecto de Ley Estatutaria para el mes de marzo.

También les digo: si llegare a haber un consenso y en ese consenso estos puntos son descartados, el Gobierno lo acepta.

Si a mí me dicen: hay un consenso entre las Cortes, la reforma deber ser ésta, y ese consenso rechaza los puntos que ha propuesto el Presidente de la República, digo: olvídense de mis propuestas y apoyemos el consenso que han logrado las Cortes.

Pero lo más importante es que lo logren y lo tramitemos, para quitarle esa angustia al país.

Celebro que estemos avanzando en la organización de la defensa judicial de la Nación. Ahí hay una preocupación enorme y, por fortuna, a eso se le está poniendo orden, internamente y frente a las Cortes Internacionales.

Y da mucho gusto constatar hoy que el tema no lo tiene que publicar el Gobierno, sino que generosamente ustedes, en la Corporación Excelencia en la Justicia, lo han destacado.

Yo no quisiera tomar más tiempo hoy. Como estamos próximos a conmemorar un nuevo aniversario de la muerte del Libertador, y de empezar el período de vacaciones de la administración de justicia, los invito a que nos ayuden a razonar sobre estos temas.

Ojalá en el periodo marzo – junio del Congreso, le entreguemos al país la Reforma Constitucional o, en su efecto, la Ley Estatutaria. Los contenidos de la Ley Estatutaria, que hoy está en trámite en el Congreso. Y pediría que nos ayudaran en la Ley de Penas.

Yo hago especial énfasis en que esa ley nos ayude a evitar la permisividad en la excarcelación, que nos está haciendo mucho daño en la política de Seguridad Democrática, y que está creando en la opinión pública el equívoco de que esas fallas son imputables, cuando no lo son, al régimen acusatorio que todos tenemos que apoyar para que tenga mucho éxito.

A la Corporación, muchas felicitaciones. A usted, doctor Rafael. A sus compañeros de Junta Directiva, a la doctora Gloria María, y en la Presidencia de la República tienen un embajador que, por todo su conocimiento, su solidez jurídica, nos tiene que ayudar a avanzar en las reformas a la justicia.

A todos, muchas gracias”.

 
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