SEMINARIO
INTERNACIONAL "TRANSPARENCIA
FISCAL"
Febrero 13 de 2006 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Quiero felicitar
y agradecer a Planeación Nación
este enorme esfuerzo, a su director, Santiago Montenegro
y al equipo encabezado por Manuel Fernando Castro, lo
mismo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y al equipo encabezado por Carolina Rentaría,
directora de Presupuesto de la Nación.
Y quiero agradecer
la asistencia de todos ustedes, la compañía de los funcionarios de las agencias
multilaterales, la presencia del director del Banco Central
(José Dario Uribe), del Contralor General de la
República (Antonio Hernández Gamarra).
Nosotros hemos trabajado
en un marco político
que tiene dos características: el Gobierno Comunitario
y el balance entre democracia representativa y democracia
participativa.
Ese marco político,
en lo que refiere a Gobierno Comunitario, busca que
todos los esfuerzos y recursos
de la sociedad vayan orientados a crear confianza y equidad
y que para ese objetivo, el medio sea lo que hemos denominado
el Gobierno Comunitario.
El Gobierno Comunitario
que busca una mayor participación
de la comunidad en la definición de las políticas
públicas, en la ejecución de las políticas
públicas y en la supervisión de las políticas
públicas. Esto es lo que hemos practicado en 42
meses de Gobierno.
Las sociedades contemporáneas tienen que superar
aquel dilema que dio nacimiento a la Constitución
de los Estados Unidos, entre democracia participativa
y democracia representativa.
La sociedad contemporánea, en la revolución
de las comunicaciones, no puede abdicar el ejercicio
mucho más eficaz, mucho más agresivo, de
todos los mecanismos de democracia participativa.
Anular la democracia
representativa es dejar a la democracia participativa
finalmente sin canales de expresión.
Y anular la democracia participativa, es dejar al a democracia
representativa sin fuentes alimentarías.
Este balance, nosotros
lo encontramos en la Constitución
del 91, que reafirma los mecanismos institucionales de
representación que ha tenido Colombia e introduce
en la Constitución, instituciones muy importantes
de democracia directa y de democracia participativa.
Una Nación demandando más comunicaciones
y más información. Una Nación más
educada, más ilustrada, más informada y
con más deseos de educación, ilustración
e información, es una Nación –por
supuesto- con mayores exigencia de participación,
con mayor derecho de participación y con mejores
resultados en la participación.
Esta es una de las
premisas que hemos tenido para reclamar mayor peso
en la democracia participativa del que normalmente
tenía en Colombia, sin afectar la democracia representativa,
todo en el marco de ese Estado Comunitario.
Entonces permítanme referir a todos esos entendidos
las relaciones del Gobierno y el Congreso, las relaciones
del Gobierno y la comunidad, el Gobierno y la contratación,
el Gobierno y las metas.
EL GOBIERNO Y EL CONGRESO
Nosotros tramitamos
en el Congreso reformas de gran importancia como las
facultadas para la reforma del Estado,
a la cual se refería Santiago Montenegro. Más
de 150 instituciones reformas, más de 170 hospitales
públicos salvados a partir de la reestructuración.
La idea de que las
entidades del Estado no pueden someterse a ese desmantelamiento
que quiso imperar en la América
Latina de los 90’s, pero que tampoco pueden estar
al servicio de clientelas políticas ni de privilegios
sindicales, que tienen que estar al servicio de los intereses
superiores de la comunidad, ser transparentes y eficientes.
Por supuesto, allí falta mucho por hacer, especialmente
en ese sector salud.
Tramitamos con el
Congreso de la República, no
sólo las reformas fiscales a las que se ha referido
Santiago Montenegro y el representante del Banco Mundial
(Danny Leipziger), sino reformas tan importantes como
la reforma pensional, una reforma legal, otra reforma
constitucional y todo ello se ha hecho en un marco de
cambiar las relaciones entre el Gobierno y el Congreso,
de producir resultados eliminando el viejo clientelismo
y eliminando prácticas como los auxilios parlamentarios.
Esto no ha sido
fácil, ha estado bastante enraizado
en la cultura y en la práctica política
de Colombia.
Yo creo que hay
avances trascendentales: el avance de la meritocracia,
el avance de la carrera administrativa,
el avance de los concursos de maestros. Por supuesto,
reconozco que todavía hay deficiencias, que el
país tiene que superar. En la carrera administrativa
hemos vinculado al concurso más de 120 mil nuevos
cargos, hemos realizado dos concursos para la vinculación
de maestros, todo lo cual tendrá que incidir en
las mejores posibilidades de evaluación, del gasto
y de los procesos estatales.
Cuando prima el
clientelismo, también se impone
la indulgencia y la impunidad. Es muy difícil,
con la protección del clientelismo, poder hacer
exigencia rigurosa sobre el Estado, porque el funcionario
que siente presión para ser más eficiente,
más eficaz o totalmente transparente, busca proteger
su incompetencia y sus fracasos en el jefe clientelista
que permitió su ingreso al Estado.
Por eso, para todos
estos esfuerzos, a los que refería
el doctor Santiago Montenegro, nos ha parecido fundamental
avanzar en el cambio de las costumbres políticas.
Por supuesto, esto hay que repensarlo día a día.
Yo creo que el esquema tiene que ser: participación
sin clientelismo, porque tampoco podemos llegar al extremo
de negar la participación, en un país donde
todos los días se ejerce la democracia.
Los auxilios parlamentarios
han tenido una larga discusión
en Colombia. Algunos los defienden, diciendo que es el
gran instrumento para conseguir ese entendimiento entre
el Ejecutivo y el Congreso, que garantiza la gobernabilidad.
En la historia de los auxilios parlamentarios hemos visto
de todo: auxilios bien aplicados, aplicados con corrupción,
auxilios que respetan las prioridades de planeación,
auxilios que violan las normas de planeación.
La conclusión política, con la cual llegó esta
administración, es que los auxilios crean un entendimiento
entre el Gobierno y el Congreso, pero también
promueven una insatisfacción popular que, a pesar
de ese entendimiento entre el Gobierno y el Congreso,
finalmente afecta la gobernabilidad, porque deslegitima
las instituciones. Nada se gana que Gobierno y Congreso
tengan un magnífico entendimiento, si finalmente,
por prácticas como los auxilios, ambos se desacreditan
ante el pueblo.
Por eso emprendimos
el camino de las audiencias públicas.
Planeación Nacional, encabezada por el doctor
Santiago Montenegro, recorrió el país haciendo
una tarea muy esforzada de audiencias públicas,
con los congresistas, los alcaldes, los diputados, los
concejales, la comunidad, para asignar los recursos del
Estado. Una asignación con más participación,
una asignación con cero clandestinidad. Creo que
este es un paso bien importante, no sólo para
la transparencia, para la legitimidad de las instituciones,
sino también para la mejor asignación del
gasto público, y para que la comunidad, que participa
en esa asignación, también esté advertida
que tiene que participar en la vigilancia y garantice
con su vigilancia el resultado
Cuando comenzaba
este Gobierno, un ilustre crítico
me decía: Presidente, usted no es capaz de llegar
al último año de la administración
sin dar auxilios. Pues bien, estamos a un mes largo de
las elecciones de Congreso (de la República),
estamos terminando el Gobierno, y no hay auxilios parlamentarios.
Yo creo que ese
es un paso bien importante para todos los fines que
congregan esta reunión. Y más
importante, creo que es la decisión -que se ha
respetado- de ir eliminando en Colombia la práctica
de los presupuestos adicionales. Llegamos a elecciones,
en un año sin presupuesto adicional. No aprobamos
presupuesto adicional en el 2005, que se estaría
ejecutando ahora, en vísperas electorales.
Eso tiene que darles confianza a todos los actores de
la democracia colombiana y tiene que darles confianza
a los observadores internacionales.
En semejante lucha
democrática, un Gobierno,
que está en el momento en que el país ha
introducido la reelección presidencial, y toma
la decisión de llegar a elecciones sin presupuesto
adicional.
Y esto finalmente
ha contribuido a fortalecer la democracia representativa,
porque son pasos que obligan a que los
debates del Congreso sean más serios y más
exhaustivos, a que las aprobaciones presupuestales sean
menos ligeras, más profundas, con mayor detenimiento,
y a que los reclamos regionales –que tienen en
los congresistas sus voceros genuinos y auténticos-
sean unos reclamos también con mejor sentido de
las prioridades, lo cual se deriva de esa creciente relación
entre el congresista y la comunidad, que el Gobierno,
a través de sus esquemas comunitarios, ha forzado.
CONSEJOS COMUNALES
Además de estas audiencias públicas
para tantos efectos, el Gobierno ha venido trabajando
los
Consejos Comunitarios.
Yo tenía experiencias anteriores. Como Senador
de la República, casi todos los domingos realizaba
en mi departamento un Consejo Comunitario, donde invitaba
grupos de alcaldes, de funcionarios, de comunidad, a
examinar lo que llamábamos: Alcaldías Excelencia. ¿Qué hacer
para tener gobiernos locales de excelencia? Y debatíamos
permanentemente los proyectos de ley que estaban bajo
nuestra responsabilidad en el Congreso de la República.
En la Gobernación de Antioquia realizamos, sin
televisión, Consejos Comunitarios, durante los
sábados y domingos. Hice cuentas y solamente se
quedaron 24 fines de semana, de esos tres años,
sin Consejos Comunitarios. No podía citar a un
Consejo Comunitario en Año Nuevo, ni en Semana
Santa, ni en el Día de la Madre. Esos fueron los únicos
que se escaparon.
Cuando empezó este Gobierno, a las cinco y media
de la mañana del día siguiente, el 8 de
agosto, empezamos un Consejo Comunitario en las calles
de Valledupar (Cesar), para iniciar con la Fuerza Pública
la recuperación de la seguridad en ese departamento.
En sus carreteras no se podía –como en casi
todo el país- era imposible desplazarse de Valledupar
a Santa Marta o de Valledupar a Riohacha.
Cinco y media de
la mañana, del 8 de agosto,
ese fue el principio de algo muy importante para el gasto
público, el gasto público en seguridad,
su constante evaluación, para garantizar que esos
mayores esfuerzos se convirtieran en resultados satisfactorios
para el país.
Y hemos venido realizando,
a partir de ese momento, Consejos de Seguridad con
participación comunitaria
en todo el país. La semana pasada realizamos dos:
el lunes uno en Puerto Asís, Putumayo, y el viernes,
el segundo, en Barrancabermeja (Santander).
¿Por qué por fuera de Bogotá? Para
que los compromisos de la política de Seguridad
Democrática no queden solamente en los altos mandos,
en el Ministro, en el Presidente, sino que permeen hasta
el más joven de los policías y de los soldados,
hasta aquel más recientemente incorporado.
En esos Consejos
tenemos dos sesiones: la primera con participación comunitaria, y la segunda, ya cerrada,
con los altos mandos y la Fiscalía.
¿Qué noto? Una comunidad que se liberó de
la mordaza, que no le da miedo denunciar la guerrilla,
que no le da miedo denunciar los paramilitares, que nos
dice con toda franqueza –como lo advertimos la
semana pasada en el Putumayo o en Barranca-: en esto
van bien, en aquello van mal. Y eso nos ha obligado a
ser más cuidadosos, para lograr mayor eficiencia,
mejores resultados en ese esfuerzo que ha hecho el país
en el aumento del gasto militar.
En esos Consejos,
como al día siguiente… El
7 de agosto fue miércoles y este Consejo Comunitario
fue jueves… En la misma tarde, hicimos otra reunión
comunitaria en Florencia (Caquetá), para mirar
cómo íbamos a empezar la Revolución
Educativa, y cómo íbamos a trabajar allí el
aumento de la productividad de los profesores, la vigilancia
de Planeación más rigurosa a los recursos
de transferencias, el mejoramiento de la calidad a través
de las pruebas Saber, y el complemento en la contratación.
Y eso se ha seguido
haciendo en todo el país.
Este Gobierno, paradojas de la vida, cuando yo escucho
que mis críticos dicen que Uribe es fascista,
que Uribe es paramilitar, que este es el gobierno que
anuló las libertades, veo que simultáneamente
el Gobierno que menos paros de maestros ha tenido. Casi
no ha tenido paros de maestros.
¿A qué se debe eso, con reformas profundas,
como la reforma de la meritocracia? Un permanente diálogo
para proyectar y evaluar, que empezó en Florencia,
en la tarde del 8 de agosto de 2002. Eso es jueves. Y
viernes hicimos la primera audiencia comunitaria en la
noche en Cali, para empezar el proceso de salvación
de Emcali, cuyos resultados son magníficos. Aquí está la
mayor responsable de esa tarea, la señora Superintendente
(de Servicios Públicos Domiciliarios), la doctora
Evamaría Uribe, y el doctor Juan Lozano, que le
ha tocado la pesada carga de ser mi delegado en ese proceso.
Se ha salvado una
empresa estatal, va por un camino de eficiencia muy
importante, y el proceso se ha llevado
en medio de una permanente discusión pública.
Hasta el punto de que logramos algo, que tenía
todos los obstáculos de parte de sectores políticos:
la participación de todos los usuarios de Cali
en lo llamamos el Fondo de Solidaridad, que lo queremos
replicar en todas las empresas de servicios públicos.
Hoy, la factura
de Cali tiene un componente que se lleva a una cuenta
personal del usuario en el Fondo de Solidaridad,
que gana unos intereses, Fondo de Solidaridad, que está llamado
a crear un gran esquema de solidaridad y de participación
en las empresas de servicios públicos, a superar
la contradicción entre proveedores y usuarios,
y a constituirse finalmente en una fuente de ahorro que
apalanque el crecimiento de la empresa.
Por supuesto, eso
nos llevó a algo bien importante,
que es la intervención del Estado en las conciliaciones,
para superar tanto pleito en empresas del Estado, más
de 20 pleitos en Colombia Telecomunicaciones.
Encontramos un fenómeno: todo eso estaba estancado,
porque a los funcionarios les da miedo conciliar. Les
da miedo conciliar porque inmediatamente ven un juicio
fiscal de la Contraloría, o una acusación
de la Procuraduría.
¿Entonces qué hicimos, a partir de la
experiencia de Emcali? Empezamos a buscar conciliaciones
con dos características: que sea inobjetable la
equidad conmutativa entre las prestaciones u obligaciones
del Estado que contrata y el contratista que entró en
litigio con el Estado. Y garantizar la transparencia
a través de la participación ciudadana.
Este Gobierno ha
obligado que toda transacción,
antes de perfeccionarse, debe publicarse ampliamente,
para que la ciudadanía la conozca, la critique.
Eso parecía muy extraño, yo recuerdo, le
hablaba de eso a esas empresas internacionales que han
tenido los litigios con Telecom, y se fruncían,
no lo entendían. Pero lo hemos logrado. Les decía:
miren, hacemos un acuerdo aquí medio clandestino,
sin que lo conozca el país, y eso estimula la
suspicacia. Dicen que ustedes son unos piratas ladrones
y que nosotros somos unos corruptos. Para legitimar estos
acuerdos, participación comunitaria.
El Contralor no
estuvo de acuerdo con lo que nosotros hicimos en Telecom,
en la segunda fase de la reforma
de Telecom, pero procedimos con toda transparencia. ¿Cómo
lo hicimos? Cuando se logró el acuerdo con una
firma internacional que quería ser socia de Telecom,
se dijo: no se perfecciona, hasta que se dé este
debate. Y en la etapa de debate, que fue una segunda
consulta a la Contraloría, la Contraloría
vino con unas objeciones, que el Gobierno las respetó,
y está agotando el proceso que surgió de
allí.
Esa participación comunitaria ha sido muy importante
para esto, y todo esto garantiza mejor aplicación
de los recursos públicos y garantiza una congruencia
entre los objetivos que se proponen en un presupuesto,
y los resultados que se logran con la aplicación
de ese presupuesto.
Esos Consejos Comunitarios
han buscado coordinar, proyectar y evaluar. Aquí está nuestro alcalde de
Pasto, Raúl Delgado. Yo creo que nos ha ayudado
mucho el Consejo Comunitario a coordinar la administración
municipal de Pasto con la departamental, a ambas con
el Gobierno Nacional, a todas con el Congreso, y a unos
y otros con la comunidad nariñense y con la comunidad
de la ciudad de Pasto.
Y eso no es despreciable.
Este país eligió,
en las elecciones de 2003, muchos alcaldes y gobernadores
de verdadera oposición. Esas elecciones de 2003,
las primeras bajo la política de Seguridad Democrática,
permitieron que Colombia tuviera no solamente garantías
retóricas sino eficaces. Colombia siempre ha tenido
garantías retóricas, lo importante son
las garantías eficaces.
Mis compatriotas
deben guardar en la memoria la libertad que disfrutaron
abstencionistas y opositores al Referendo,
y lo que pasó al día siguiente: muchos
de la verdadera oposición, provenientes de partidos
alternativos a los tradicionales, apoyados también
por militantes políticos que en el pasado habían
estado en las guerrillas, ganaron posiciones de la mayor
importancia, que en otras circunstancias, en ausencia
de la Seguridad Democrática, quién sabe
cuál habría sido su suerte, ante el acoso
de los terroristas. Pues bien, esta integración
comunitaria ha permitido construir gobernabilidad con
ellos, sin unanimismo. Ellos mantienen sus críticas
al Gobierno. Cuando les dicen que están cercanos
a Uribe, se ponen colorados, e inmediatamente sacan argumentos
para decir que siguen siendo de la oposición.
Pero finalmente han entendido que la gobernabilidad de
esta patria, la tenemos que construir entre todos, que
es un principio de unidad nacional.
Y este esfuerzo
comunitario ha ayudado mucho a que gobernadores y alcaldes,
todos, independientemente del origen político
de su elección, sientan que tienen todo el respeto,
todas las garantías, y a construir un ambiente
de cooperación con ellos, qué tal que no.
¿Ustedes se imaginan qué sería
del presupuesto, de la planeación presupuestal,
de la ejecución presupuestal y de los resultados,
si no se construyera esa armonía en un país
proclive a polarizaciones y antagonismos insuperables?
Esta es otra cosa
bien importante: manejar acuerdos dentro del desacuerdo,
para que funcione la planeación,
la ejecución presupuestal y se obtengan los resultados.
Y evaluaciones.
Los Consejos Comunitarios recientes nos sirven para
evaluar y proyectar. Me decía
la senadora Claudia Blum, el pasado sábado en
La Mesa (Cundinamarca), que ella ha conocido muchos gobiernos,
y que está admirada del nivel de detalle que conocen
nuestros ministros. Yo pienso que esa obligación
de darle la cara todos los días a la comunidad,
nos ha obligado a todos en el Gobierno a ser menos promeseros,
pero a estar más comprometidos. Eso sí es
bien importante en la legitimidad: menos promesas y más
compromisos. Y a estar permanentemente acosados por el
reclamo comunitario, y exigidos a responderle bien a
la comunidad.
El señor Vicepresidente de la República,
en la dirección del programa anticorrupción,
ha dirigido en todo el país las audiencias anticorrupción,
los pactos de transparencia, con la permanente ayuda
de la Contraloría, de la Procuraduría y
de la Fiscalía General. Y eso ha sido muy bueno,
pero también ha traído confusiones, porque
mucha gente dice: ¿por qué el Gobierno
hace audiencias anticorrupción y en seguida no
sanciona? Porque el Gobierno no tiene las competencias
sancionatorias, pero sí la responsabilidad política
de estimular la transparencia, y de estimular que la
comunidad se pronuncie, y de estimular que esos pronunciamientos
comunitarios, le habrán caminos, le den luces
a los organismos de control. Continuar en eso es de gran
importancia, porque nada de lo que se propone este seminario
se logra, si Colombia no elimina totalmente la corrupción.
EL GOBIERNO Y
LA CONTRATACIÓN
El Gobierno y la
contratación. Nuestro primer
esfuerzo fue el Decreto 2170, con instituciones tan importantes
como ésta: no se pueden vender pliegos de licitaciones,
sin agotar la etapa de prepliego. Este Gobierno introdujo
la etapa de prepliego. Se formula un proyecto de pliego,
se publica, se somete a la discusión ciudadana,
y solamente cuando se ha agotado un período de
discusión ciudadana, se puede convertir en pliego
definitivo, y entregarlo a los proponentes.
Ese Decreto exige
las audiencias públicas para
la adjudicación de los contratos. Qué importante:
todos los contratos de este Gobierno han tenido audiencia
pública. ¿Ustedes se imaginan qué habría
sido de la doble calzada Bogotá-Girardot, la adjudicación
sin audiencia pública? ¿Sin ese largo debate
en audiencia pública, incluso televisada?
Si algo exige transparencia
y al mismo tiempo elimina suspicacia, es la audiencia
pública en la contratación.
Ese Decreto crea
todas las facilidades para la vigilancia comunitaria.
No hemos podido todavía sacar la
reforma a la Ley 80. Está aprobada en primer debate
en el Congreso de la República.
Hemos introducido
nuevas modalidades de contratación,
con mucha controversia. Hoy el país está empezando
a pavimentar 3.200 kilómetros, el Plan 2.500,
ampliamente debatido con el Congreso, con la comunidad,
con los alcaldes, con los gobernadores, con los concejales,
con los diputados.
Y el sistema de
contratación totalmente transparente,
y muy controvertido. Porque les exigimos a los contratistas
presentar dos propuestas, la propuesta técnica
y jurídica y la propuesta económica. Y
la condición fue ésta: primero se abre
el sobre de la propuesta técnica y jurídica,
y aquellos que en la evaluación sean seleccionados,
son los únicos a quienes se les puede abrir el
sobre de la propuesta económica.
Entre los seleccionados
por los requisitos técnicos
y jurídicos, se adjudica la obra al que tenga
el menor precio.
Hemos estado ahora
recorriendo todo el país,
evaluando contrato a contrato, con el gobernador, con
el alcalde, con el contratista, con el interventor, con
la comunidad, y estamos gratamente sorprendidos al comparar
los precios, en otras formas de contratación,
con los precios en ésta.
Ojalá, esto resulte bien para el país.
Y eso hace parte de lo que llamamos nuestra acción
de “contratistas visibles”. Uno de los problemas
que ha afectado los presupuestos en Colombia, en obras
públicas y en general, ha sido que los contratistas
no aparecen. El país juzga al funcionario público,
pero desconoce al contratista en la mayoría de
los casos. Nosotros creemos que es tan responsable el
funcionario como el contratista.
Por eso hemos venido
exigiendo en todas las regiones de Colombia, que los
contratistas, ejecutores de obra,
interventores, den la cara para que la comunidad los
conozca. Creemos que ese es un paso muy importante, para
la racionalidad y la pulcritud de la contratación
en nuestro país.
METAS AL 2019
Las metas. Planeación Nacional, el pasado siete
de agosto, entregó a los colombianos lo que yo
he llamado el “primer borrador” para discutir
lo que tiene que ser la visión de patria, al Segundo
Centenario, 7 de agosto del 2019.
Políticas de Estado en sociedades democráticas,
con tanto debate, como el debate que a diario se da en
nuestra sociedad, no se logran sino a través de
pactos democráticos. Y los pactos democráticos
son sólidos, no cuando se dan en las cúpulas,
sino cuando son alimentados en el debate popular. Por
eso Planeación Nacional está haciendo el
gran esfuerzo de convocar a todos los colombianos en
todas las regiones a ese debate, para ir sacando nuevos
borradores, más depurados, a través del
debate, que ha tenido como punto de referencia el primer
borrador.
Las metas que Colombia
defina para el año 2019
tienen mucha importancia para las proyecciones y las
evaluaciones del presupuesto. Y hemos dicho que todos
los departamentos deben tener su anexo, y construirlo
democráticamente, y todos los municipios. Qué bueno
ver en la totalidad a los 1.098 municipios de la Patria
el debate sobre la visión de lo que debe ser ese
municipio en el 2019, cuando la Patria cumpla dos centurias
de vida independiente.
Además, es muy importante corregir desbalances.
Yo he visto un país con muy buenas proposiciones
macros. Y mucha gente pregunta: pero si en tal época
se hizo tal estudio, ¿por qué fracasó?
Creo que a todos esos estudios les ha faltado participación
democrática, porque la ciudadanía se compromete
en la ejecución, en convertir esos estudios en
realidad, en la medida que participe en esos estudios.
Y creo que les ha faltado otro esfuercito: el trabajo
cotidiano.
Hay que combinar
en el país tres cosas: una amplia
participación ciudadana en el trabajo cotidiano
y en la proyección de largo plazo, un gran esfuerzo
para tener una visión de largo plazo, y un gran
esfuerzo de trabajo cotidiano para convertirlo en realidad.
Trabajo cotidiano
intenso, esforzado, sin visión
de largo plazo, desorienta a la ciudadanía. La
ciudadanía se pregunta: tanto esfuerzo y no sabemos
para donde vamos. Una visión de largo plazo, sin
participación ciudadana, no pasa de ser un documento
para discusiones entre sabios. Una visión de largo
plazo sin trabajo cotidiano, deja de ser ilusión
y, a medida que la gente se dé cuenta que no se
convierte en realidad, se torna en frustración.
Por eso hay que hacer la combinación de estos
tres factores.
Colombia tiene unas
metas muy exigentes. Yo creo que nosotros tenemos que
anticipar el cumplimiento de Metas
del Milenio, y esto va a exigir unos esfuerzos muy grandes
en presupuestación. Yo creo que esta Patria nuestra,
en el año 2008, tiene que decirle al mundo que
ha logrado plena cobertura en salud subsidiada. ¿Estamos
preparados? Hay que hacer el esfuerzo, no nos dan más
plazo. Yo creo que es un imperativo de legitimidad democrática.
Teníamos 10 millones y medio de afiliados al
régimen subsidiado de salud en agosto de 2002.
Ahora tenemos 18 millones 600 mil. Ya hay 6 departamentos
con plena cobertura: Antioquia y Huila, Cesar y Guajira,
también Arauca y Casanare.
Pienso que en la
proyección del marco fiscal
de la Nación, debemos tomar medidas como ésta:
reducir el impuesto de renta para que haya una tarifa
más competitiva. El representante del Banco Mundial
nos dijo que teníamos una tarifa comparativamente
muy alta y una base muy reducida. El Gobierno ha ampliado
muchísimo la base: de 400 mil a más de
un millón, pero falta mucho. Hay que rebajar la
tarifa. Hemos logrado un paliativo a las tarifa en estos
años, los incentivos al crecimiento, que muchos
economistas los han criticado. Y cuando yo veo la respuesta
a la inversión, digo: si quiera los introdujimos.
Yo creo que este
esquema transitorio fiscal, del Gobierno que presido,
ha sido muy exigente en aumentarles los
impuestos a aquellos que no crecen, y muy resuelto en
darles incentivos a aquellos que quieran crecer. Pero
esos incentivos son temporales. El país se tiene
que preparar para suceder la expiración de esos
incentivos con una tarifa de renta más baja. Y
eso debe tener un esfuerzo correspondiente, no necesariamente
proporcional, pero sí un esfuerzo por parte del
sector empleador, para pagar un punto más de cotización
a la salud, que vaya en su totalidad al Fondo de Solidaridad,
para garantizar que en año 2008 Colombia tenga
plena cobertura en Régimen Subsidiado de Salud.
Ahí tenemos una gran meta. Proyectar los objetivos,
formular un presupuesto de acuerdo con esos objetivos,
buscar unos recursos y evaluar, para poder cumplir el
propósito de que ese presupuesto se refleje finalmente
en unos resultados.
Colombia tiene que
llegar en tres años a plena
cobertura en educación básica. La señora
Ministra dice que las actuales cifras nos muestran que
con el crecimiento de este Gobierno, nos estamos situando
en el 91 – 92 por ciento. Ella cree que cuando
conozcamos las cifras del Censo, vamos ver que en la
realidad hay un porcentaje más elevado de cobertura.
Ojalá. Cualquiera sea, la cobertura del 91 – 92
de las actuales cifras o una mejor cobertura como resultado
del Censo, el país tiene que lograr la plena cobertura
en tres años.
Nosotros hemos hecho
un gran esfuerzo para exigirles a las regiones mejor
aplicación de las transferencias.
Planeación lo hace en casi todos los Consejos
Comunitarios, en los programas de estímulos positivos,
como el que mencionó el doctor Santiago Montenegro.
Hemos hecho un gran esfuerzo en aumentar recursos. Agradezco
a los profesores, a los alcaldes y gobernadores, lo que
nos han ayudado para aumentar la productividad de los
profesores. Y eso se complementa con los esfuerzos de
calidad, como las Pruebas Saber.
Pero, mire, y ahí viene la pregunta: ¿y
los recursos para lograr esa plena cobertura en tres
años? Entonces el país se tiene que preparar
para tomar unas decisiones razonables en un tema básico:
el acto legislativo para suceder la reforma constitucional
sobre transferencias, que se aprobó en la administración
presidencial anterior, del Presidente Pastrana, y que
tuvo liderazgo en el ministro de Hacienda, Juan Manuel
Santos. Allí tenemos un compromiso inmediato,
lo tiene la Nación.
Tenemos unas metas
bien importantes en saneamiento básico,
y allí sí que hay una discusión.
El doctor Santiago Montenegro suele presentarles a los
municipios y departamentos una gráfica, donde
muestra un gran crecimiento en las transferencias de
saneamiento básico, y prácticamente en
muchos de ellos nulo crecimiento en coberturas.
Esta discusión comunitaria nos ha llevado a la
conclusión de que todo no es corrupción,
como se supone desde las oficinas del Gobierno en Bogotá,
y que todo no es falta de recursos, como se supone desde
las oficinas territoriales en los departamentos y municipios.
Hay problemas de corrupción, hay problemas de
ineficiencia y hay problemas de insuficiencia de recursos.
Y hay que trabajar cómo resolvemos esos tres tipos
de problemas, para lo cual la participación comunitaria
es fundamental. Y allí hay que hacer un esfuerzo
en los años que vienen.
Si Colombia logra
hacer el TLC con los Estados Unidos, tiene que pasar
de inmediato, creo yo, a los acuerdos
de comercio con los países centroamericanos. Nosotros
sabemos que TLC ideal no va a haber, pero necesitamos
que sea equitativo. Y me preocupa mucho el 31 de diciembre
de este año, cualquiera que sea el Gobierno del
momento, y que lleguen los floricultores: ¿qué hacemos
mañana para exportar? No somos competitivos en
Estados Unidos con estas tarifas. Entonces lleguen las
flores de otros países y las nuestras, ¿qué?
Y llegan las confecciones y los textiles nuestros, que
han tenido un problema bien grande allí, por el
ingreso de los chinos a menor precio, y los nuestros
a pagar arancel. Yo les decía esta mañana
a los ciudadanos de Ibagué, a través de
una evaluación radial: ¿y qué hacemos
en Ibagué, que todavía tiene un 18 por
ciento de desempleo, si se frustra ese renacer de confecciones
y de textiles? Etcétera. Con problemas, como el
problema del arroz y otros, que les estamos buscando
soluciones equitativas.
Pero todo el país reclama: la agenda interna
de competitividad. Una demanda de obras públicas,
que yo no sé cuanto puede costar, que se está proyectando.
La discusión pública ahí es bien
importante. Es que toda esta discusión pública
ha logrado otra cosa: no sólo comprometer más
a los funcionarios nacionales, sino también mostrarles
limitaciones a los funcionarios territoriales y a la
comunidad. Una comunidad que vea que los funcionarios
están más comprometidos, pero que también
conozca las limitaciones, es una comunidad que aumenta
la confianza en el Estado.
Ahora que estamos
en el Plan 2.500, alcaldes y gobernadores me dicen:
Presidente, muy bien estos contratos, pero
es que se nos quedaron tales vías sin pavimentar.
Y una presión tremenda. Yo les he dicho: miren,
cualquiera que sea el próximo gobierno, no le
van a permitir inversiones sino en obras que tengan la
variable de competitividad. Se van a tener que preparar
departamentos y municipios, para pavimentar las vías
departamentales y para hacer un mayor esfuerzo en las
vías terciarias.
Eso, a título de ejemplo, para decir: yo creo
que el nuevo nombre de la descentralización tiene
que ser asociatividad. Creo que el gran impulso que tenemos
dar, en los años que vienen en Colombia, es el
de estimular la asociatividad, que en mi concepto no
depende de la Ley de Ordenamiento Territorial, que tantas
veces ha fracasado, sino de la voluntad política
en los tres niveles de gobierno.
Yo reviso: para
que los municipios se unan, permanente o transitoriamente,
a fin de aplicar recursos para vías
terciarias, no necesitan ninguna ley. Las competencias
actuales les permiten. Para que los departamentos se
unan para operar servicios públicos o para gestionar
servicios públicos o para construir carreteras
o para mejorarlas, no necesitan ninguna ley. Las competencias
actuales les permiten.
Yo diría que, dado los grandes esfuerzos que
tiene que hacer Colombia en materia de presupuesto, todavía
con un alto endeudamiento, todavía con un déficit
muy alto en el Gobierno Nacional central, a pesar de
todos los esfuerzos, estos sacrificios que tiene que
hacer el país serán posibles en la medida
qué tan bien, amén de otras exigencias,
estimulemos la asociatividad.
Creo que hay que
hacer pactos con los departamentos y con los municipios
como éstos: señores
gobernadores, el Gobierno Nacional les ayuda a tramitar
un crédito para pavimentación de vías
con los bancos internacionales –de una vez les
queda hecha la solicitud, señores banqueros–,
no a 20 años sino a 25, y mejoradita la tasa de
interés, para que ustedes lo apliquen a pavimento
de vías departamentales. Pero se asocian, y nos
muestran los resultados de austeridad y eficiencia en
la asociación.
Señores alcaldes: nosotros estamos dispuestos
a mantener 115 – 135 mil millones, no podemos más,
de partida presupuestal para vías terciarias.
Ustedes reclaman que el Gobierno Nacional no contrate
desde Bogotá. Vamos a delegarles en ustedes, pero
se asocian.
Yo muchas veces
les pregunto a mis compañeros
de gobierno: ¿y por qué no se le delega
a aquel municipio el contrato de vías terciarias?
Me dicen: porque se roban la plata, o porque tienen un
convenio con fulano, un convenio espúreo. Y me
dicen alcaldes y gobernadores: Presidente, es una injusticia
que no deleguen en nosotros. Es que hay intereses amañados
y corruptos en el Gobierno central, que no delegan en
nosotros.
Yo creo que esa
desconfianza mutua se rompe en la medida que el Gobierno
delegue, exigiendo asociatividad. Y eso
nos va a ayudar a que rindan más los recursos
y a que se consigan mejores objetivos, mejores resultados
en el presupuesto. Yo quería llamar la atención
sobre esa necesidad de la asociatividad.
Me parece que, en la búsqueda de recursos para
todas las exigencias que tiene el país, tenemos
que trabajar todos los ajustes al marco fiscal y tributario,
con un requerimiento: no perder, sino incrementar la
confianza inversionista que Colombia ha venido ganando.
Uno es muy atrevido,
y se atreve a decir cosas como éstas:
Colombia ha tenido muchas bonanzas, pero apenas tiene
ahora la primera bonanza de confianza.
En el siglo pasado,
el general Pedro Nel Ospina emprendió unas
obras importantísimas que se financiaron, fueron
una bonanza en ese momento. Se financiaron con la indemnización
de Panamá. El proceso de sustitución de
importaciones, cuando los mercados extranjeros nos fracasaron,
y los proveedores extranjeros nos fracasaron, a raíz
de las guerras, causó también en Colombia
alguna bonanza. El gobierno del General Rojas Pinilla,
más adelante los gobiernos de los doctores López
Michelsen y Belisario Betancur, gozaron bonanzas cafeteras.
Cuando gobiernos anteriores convocaron a la telefonía
internacional, para instalar en Colombia la telefonía
móvil, hubo una confianza de inversión
en ese sector. Lo mismo cuando se abrió la televisión
a los canales privados. Caño Limón, Cusiana,
Cupiagua, trajeron bonanzas. Hemos tenido las bonanzas
ilegítimas, que finalmente tanto daño han
hecho: la de la marihuana y la de la coca.
Yo diría que Colombia ahora… Le preguntaba
al doctor José Darío (Uribe, gerente general
del Banco de la República): bueno, ¿cuánto
fue la inversión extranjera el año pasado?
Me dice que alrededor de 5 mil millones de dólares.
Todavía no tienen la cifra final. Y cuando comparo
con lo que había en el 2002 –y lo distribuida
que está esa inversión–, veo que
Colombia goza de confianza.
Cuando veo los spreads.
Uno compara la tasa de interés
de todos estos países, primero de enero del 2005
con el 31 de diciembre del 2005, y encuentra que la mayor
caída de spreads se dio en Colombia, proporcional,
en esos 12 meses.
Yo veo que el país tiene hoy bases de una bonanza
de confianza. Por eso el nuevo marco fiscal y tributario
no pueda afectar esa bonanza de confianza. Confianza
inversionista, a través de la racionalidad de
ese marco. Y confianza también en la ciudadanía,
a través de la exigencia de transparencia.
Finalmente, todo
este esquema que ustedes proponen: objetivos en el
gasto público, recursos para alimentar
ese gasto, procesos para aplicar esos recursos, evaluación
para ver la consistencia entre los resultados y los objetivos,
requiere un debate democrático permanente de instituciones
y pueblo. Requiere eficiencia, requiere confianza inversionista
y requiere confianza comunitaria, que exige transparencia.
No me resisto la
tentación de hacerle un comentario
al señor Danny Leipziger, del Banco Mundial: hay
unas rigideces en el presupuesto colombiano, que yo no
soñaría que las podamos eliminar todas.
Entre otras cosas, porque un país con estos niveles
de pobreza, es muy celoso en no aflojar la destinación
de unos recursos a determinados objetivos, mientras no
se superen esos niveles de pobreza. Los felicito por
esta buena convocatoria, y muchas gracias.