INSTALACIÓN
DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL
NUEVO CONGRESO DE LA REPÚBLICA 2006 – 2010
Julio 20 de 2006 (Bogotá -
Cundinamarca)
Honorables Congresistas:
Nos reunimos en este nuevo
aniversario de la Independencia con la ilusión de que nuestro País sea
más libre, más próspero, más
justo.
Durante cada una de las tres
ocasiones anteriores informamos al Congreso sobre
avances y rezagos, y comprometimos
metas y esfuerzos para la siguiente anualidad. De acuerdo
con la tradición, yo hoy debería concentrar
estas palabras al informe exhaustivo sobre el cuatrienio
que concluye. Sin embargo, las nuevas circunstancias
me asignan el deber de formular algunos comentarios
sobre los principales proyectos que integran la agenda
legislativa.
Necesitamos una agenda legislativa que profundice
la confianza para creer en Colombia; para estudiar,
trabajar e invertir en su suelo; y para acariciar con
realismo la posibilidad de vivir feliz en esta noble
tierra de la Patria.
Una sociedad con oportunidades
de ingresos equitativos, de emprendimiento y trabajo,
requiere como condiciones
necesarias la seguridad, el capital humano y físico,
mercados, visión de largo plazo, intensa labor
cotidiana y una conciencia colectiva en la cual cada
quien se sienta comprometido con la comunidad, esto
es, con una actitud profundamente solidaria.
Defendemos un concepto de democracia
moderna, que se caracteriza por la búsqueda de la seguridad
democrática, el respeto a las libertades públicas,
el imperativo de construcción de cohesión
social, la transparencia como eje vinculante de los
individuos entre sí y a través del Estado,
y el acatamiento a las instituciones independientes,
obligadas a la colaboración armónica.
El proceso de fortalecimiento
de la Nación,
en virtud de estos elementos, demanda grandes esfuerzos
para alcanzar metas, que no pueden ser más objeto
de discursos de campaña, sino logros efectivos.
Las metas que proponemos son
pasos parciales que ayudarán
a Colombia a cumplir los objetivos trazados para el
7 de Agosto de 2019, cuando se cumplirá el Segundo
Centenario de la Independencia. También están
ajustadas a los compromisos internacionales de nuestra
Patria sobre las metas sociales del milenio, aunque
unas de las nuestras son aún más exigentes.
Los años que vienen deben conducirnos a la
plena cobertura en educación básica,
al avance en la formación técnica y su
integración con la universitaria; la ampliación
sustancial en la cobertura de apoyo a las familias
más pobres para estimular la educación
de sus hijos, programa que se denomina Familias en
Acción; más investigación y más
aplicación de conocimientos para ser más
competitivos; multiplicar mínimo por 2.5 el
crédito universitario; la plena cobertura en
aseguramiento de salud con más calidad en la
prestación del servicio; acceso de los colombianos
al crédito con apoyo de la Banca de Oportunidades;
enfrentar el crecimiento del déficit de vivienda
social; poner en movimiento la ejecución de
obras de competitividad. En fin, un conjunto de metas
para una Nación equitativa, solidaria y próspera.
Todo lo anterior nos impone
acelerar el crecimiento de la economía, cuya sostenibilidad garantiza
la consecución efectiva de la equidad.
LOS PROYECTOS ECONÓMICOS
Tres proyectos lideran las
propuestas económicas.
Son ellos la reforma tributaria, el Acto Legislativo
de transferencias a las regiones y el proyecto de ley
para el sistema financiero.
La reforma tributaria debe
estimular el crecimiento, mejorar la equidad social,
responder al clamor de ser
estructural, ayudarnos a recuperar el grado de inversión,
simplificar la normatividad y contribuir a la formalización
de la economía.
Un recaudo fiscal vigoroso en el largo plazo, requiere
una economía también vigorosa en inversión
y crecimiento. El énfasis tributario no puede
ser el recaudo con olvido del crecimiento.
Para impulsar la inversión y el empleo, se
propone una reducción de tarifas de renta, que
nos sitúe en mejores condiciones competitivas
en el entorno internacional.
Pensamos que la tarifa no puede
premiar por igual al contribuyente que invierte y
crea empleo que a quien
no lo hace. La mera reducción de la tarifa puede
aumentar los ingresos en los primeros años posteriores
a su aprobación. Sin embargo, para que ese incremento
se sostenga en el tiempo, requiere el incentivo de
la inversión, que es la causa del crecimiento
y de los mayores pagos contributivos. Por lo tanto,
se propone una fórmula agresiva para que los
contribuyentes puedan deducir el monto de sus inversiones
durante el primer año de haberlas realizado,
o en los siguientes con créditos fiscales a
su favor.
Esta propuesta, favorable además para las empresas
nuevas, sustituiría la deducción del
30% del valor de las inversiones generadoras de renta.
Entraría a sustituir exenciones sectoriales
por un incentivo general.
Los resultados de inversión y recaudo de los últimos
años indican que la economía responde
a incentivos fiscales que premian el crecimiento.
Necesitamos un impuesto razonable
al patrimonio o a la riqueza. Durante los primeros
años se destinaría
a modernizar las Fuerzas Armadas. Posteriormente, sus
recursos ingresarían al monto general aplicable
a destinos sociales.
La tarifa de patrimonio debe
dar credibilidad, por eso no podemos elevarla como
temieron los contribuyentes
al revivirse el gravamen. Necesita una cláusula
de alivio para tiempos de problemas en rentabilidad
y flujo de caja. De este impuesto no se puede abusar,
ni en la base ni en la tarifa, porque se corre el riesgo
de paralizar la inversión con desastrosos impactos
en la competitividad, la dinámica general de
la economía, los empleos y los salarios.
La reforma es consistente con
las metas sociales que deben ser financiadas y contiene
elementos de esencia
redistributiva. En efecto, se propone devolver el valor
del impuesto al valor agregado, IVA, por anticipado,
a los estratos populares. Se haría con base
en el SISBEN, a través de la red financiera
y con apoyo de la Banca de Oportunidades. Sería
un desafío para corregir definitiva y velozmente
las fallas que todavía acuse el SISBEN.
La administración de impuestos ha devuelto,
de manera cumplida, los dos puntos de IVA que ordena
la ley, a los contribuyentes que pagan con dinero plástico
las compras de bienes y servicios sometidos al gravamen.
Se eleva hasta 7 salarios mínimos la exención
a los ingresos laborales.
Los retos para superar rezagos en acceso a computadores,
internet y banda ancha, aconsejan eliminar el IVA a
computadores populares y de calidad.
Las exenciones a la salud,
educación, transporte
y servicios públicos, se complementarían
mediante el mecanismo de subsidios cruzados, con tarifas
reducidas para estudiantes, niños y ancianos
en el transporte colectivo, urbano e intermunicipal.
El respectivo proyecto también será presentado
en los días siguientes.
La infraestructura deportiva
de Bogotá y Cundinamarca
para los Juegos Nacionales, la de Pereira y Armenia
para los Bolivarianos, y la de Cartagena para los Centroamericanos
y del Caribe, que se celebran en estos días
en medio del júbilo de los bolivarenses y colombianos,
justifican plenamente el IVA adicional de 4 puntos
porcentuales a la telefonía móvil, que
debemos mantener. Ha hecho bien al deporte sin hacer
mal al contribuyente. Durante su vigencia Colombia
ha pasado de 4.2 millones a más de 25 millones
de celulares. Nos esperan compromisos inmensos como
las obras para los Juegos Nacionales de San Andrés
y Providencia. Formar bien a nuestros deportistas,
de acuerdo con el calendario y fases del ciclo olímpico,
debe ser prioridad del presupuesto deportivo.
Bastante difícil resulta obtener una reforma
tributaria estructural. Existen diversas acepciones
acerca de esta calificación. Hagamos el esfuerzo,
para que el texto que finalmente sea aprobado, reciba
el reconocimiento de reforma estructural por una buena
proporción de la academia económica nacional
e internacional.
La estabilidad en la tributación depende en
buen grado del carácter estructural de la reforma
que se apruebe.
Necesitamos que la reforma
contribuya a rescatar la calificación de grado de inversión que
el País perdió hace ya un tiempo largo.
Se había olvidado el tema porque las circunstancias
internas y externas de la economía han facilitado
crédito con buenos plazos y menores tasas de
interés. El grado de inversión nos permitiría
sortear con éxito cualquier dificultad financiera
dentro o fuera de Colombia.
No es fácil simplificar la normatividad tributaria
dadas nuestras inequidades en la distribución
del ingreso. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda
presenta un proyecto que reduce el articulado sobre
la materia de cerca de 1.200 a menos de 260 disposiciones
legales.
La formalización de la economía es prioritaria
a cualquier aumento de impuestos. Ayuda a despertar
en cada ciudadano el sentido de pertenencia por el
colectivo nacional, sus responsabilidades con el fisco
y la vocación de vigilancia para la transparencia.
En el camino de la formalización económica
se presentan algunos puntos: la devolución del
IVA a los sectores populares a través del sistema
financiero y de la Banca de Oportunidades; la disminución
del 4 por 1000 y su exención a las cuentas de
ahorro popular, hasta determinado monto de movimientos
mensuales, sin la condición de que estén
atadas a crédito de vivienda; y el aumento de
los techos para los contribuyentes de declaración
simplificada, que aspiramos, por ejemplo en el sector
de tenderos, traiga tranquilidad y quite temores para
presentar la declaración de ventas.
Puede notarse con claridad
la vinculación entre
los incentivos a la formalización y el sentido
social de la reforma.
El Congreso que inicia debe
legislar sobre la regla de transferencia de recursos
nacionales a departamentos
y municipios. Ojalá, como en todo, logremos
el mayor nivel posible de consenso. Nuestro sentimiento
de región nos hace comprender la aspiración
de los entes territoriales por más recursos.
Se requieren para el logro de metas en educación,
salud y saneamiento básico.
Departamentos y municipios
han mejorado sustancialmente indicadores fiscales
y de endeudamiento. A estos logros
han contribuido las leyes de austeridad y responsabilidad
fiscal, el mayor dinamismo de la economía, la
incidencia del precio del petróleo en la sobretasa
a la gasolina, la cesión a los departamentos
del IVA a los licores extranjeros y la adopción
del sistema de grado de alcohol para liquidar el impuesto
de consumo a los aperitivos.
El déficit del Gobierno Nacional Central continúa
elevado. Estuvo por encima del 6% del PIB y se encuentra
alrededor del 5%. De no ser por la enorme cuantía
que esta Administración ha empezado a transferir
al Seguro Social para el pago de pensiones, ese déficit
estaría en 3.7% del PIB.
El mejoramiento del perfil,
plazos e intereses, de la deuda pública y la creciente participación
de la contratada en recursos locales, también
constituyen un logro positivo. Lo es además,
la disminución del endeudamiento neto en cerca
de 15 puntos del PIB. No obstante, la Nación
sigue muy endeudada y debemos acercar al 30% el valor
relativo de esta carga.
La falta de saneamiento fiscal
de la Nación,
podría causar enormes daños a departamentos
y municipios.
Aspiramos a que todas estas
razones nos ayuden a encontrar una nueva regulación
equitativa de transferencias a las regiones.
Nuestra Reforma Administrativa
ha contribuido significativamente a la disminución del déficit
consolidado actual y futuro. Del mismo modo las reformas
de pensiones.
La Reforma Administrativa ha llegado a más de
280 entidades públicas, con positivas consecuencias
en la sostenibilidad de lo público y su eficiencia.
Ha sido refrescante para la Nación, los departamentos
y los municipios. Ya varias entidades de la Nación
y el Ministerio de Minas y Energía han obtenido
la certificación de ISO 9000. Cuánto
mejor contar con patrimonios estatales prósperos
y útiles a la comunidad que en estado de quiebra,
con incumplimientos a usuarios, trabajadores y pensionados.
Debemos continuar la Reforma Administrativa.
Las normas a introducir al
sector financiero deben facilitar el acceso de los
colombianos al crédito,
presupuesto necesario para una sociedad con igualdad
de oportunidades. Es justo concebir condiciones para
obtención de crédito de deudores reportados
por moras ya superadas.
EL TRATADO DE COMERCIO CON LOS ESTADOS UNIDOS
Enorme reto es el estudio y
aprobación del
Tratado de Comercio con los Estados Unidos, cuya urgencia
es un hecho ante el vencimiento de las preferencias
unilaterales para exportar a ese País el 31
de Diciembre.
No asignamos contenidos ideológicos a los tratados
de comercio; son instrumentos de generación
de empleo y aumento de ingresos.
Después de perfeccionar el acuerdo de MERCOSUR
con la Comunidad Andina, esta última ha iniciado
conversaciones con Chile y la Unión Europea.
Con prudencia exploraremos el regreso de Venezuela
a la Comunidad Andina. El Gobierno de la hermana Nación
y el nuestro han anunciado la negociación de
un tratado bilateral. Avanzan las negociaciones con
algunos países centroamericanos. A pesar de
que nuestra oferta exportadora no denota éxitos
grandes en Asia, debemos integrarnos con esa economía.
El dinamismo de la economía externa es factor
necesario para la inversión, que ayude a superar
pobreza a través de la incorporación
de los grandes sectores excluidos a las corrientes
vigorosas de la economía mundial.
AGRO: INGRESO SEGURO
Conocerá el Congreso en este primer período
el proyecto de ley “Agro: ingreso seguro”.
Prevé apoyos presupuestales directos para los
productores, a fin de proteger sus ingresos ante las
distorsiones del mercado internacional. Entre sus objetivos
están la competitividad, la reconversión
donde se exija y la seguridad alimentaria.
Los menores precios externos
de productos básicos
de la canasta de alimentos no pueden ser pretexto para
permitir la extinción de sus siembras en nuestro
País. Imposible descartar el escenario de la
eliminación de subsidios a productores en los
países ricos, con el subsiguiente encarecimiento
de precios, que de llegar a coincidir con la abolición
de áreas sembradas en nuestro medio, crearía
grave riesgo a la seguridad alimentaria. Esta es razón
fundamental para el proyecto de ley.
La reforma tributaria debe
ofrecer a los contribuyentes la posibilidad de invertir
el equivalente a un punto
de la tarifa de renta en acciones de sociedades anónimas,
que se transen en bolsa, inscritas en el registro público
de valores, ajustadas a requisitos de estructura democrática,
cuyo objeto sea la inversión en todas las fases
del sector agropecuario.
Estos incentivos tienen que
empujar el propósito
de convertir a Colombia en gran productor de combustibles
biológicos. Objetivo propuesto para el bien
del empleo en el campo, el desarrollo de alternativas
al petróleo y el respeto al medio ambiente.
La seguridad democrática, la reactivación
del campo, la reinserción y la paz, constituyen
una de las más delicadas e importantes secuencias
de la Nación. A ese desafío deben contribuir
los incentivos al campo.
VIVIENDA
Tiene el nuevo Congreso la
oportunidad de concluir la aprobación del proyecto de ley que aumenta
sustancialmente los recursos para vivienda social.
Dimos el paso, cuya evaluación es positiva,
de liquidar Inurbe y administrar los subsidios por
intermedio de las cajas de compensación familiar.
Un gran reto es la construcción y mejoramiento
de vivienda social con la apelación a bancos
de materiales, que tuvieron gran éxito en la
reconstrucción de Providencia.
Parte de los recursos del nuevo
piso presupuestal para vivienda social se deben dirigir
a la legalización
de escrituras de los sectores populares, salto esencial
para una democracia de propietarios, de iniciativas
exitosas y posibles en las grandes masas.
Nadie ignora el grave problema
de agua potable y saneamiento básico. Propongo al Congreso que las audiencias
públicas para la construcción del Plan
de Desarrollo, que en buena hora han sustituido a los
auxilios parlamentarios, dediquen la cuantía
total del nuevo cuatrienio a la superación de
este rezago en agua potable y saneamiento básico.
TEMAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
Las reformas laborales ya aprobadas
en nuestra patria han configurado un marco de normas
que no desalientan
al empresario y dan garantías de equidad y estabilidad
al trabajador. El reto de la hora es cumplir la ley
laboral.
Necesitamos el Pacto Social
de un punto: que los empleadores vinculen a término
indefinido a los trabajadores de oficios de naturaleza
permanente que son contratados
en calidad de temporales.
Necesitamos que el cooperativismo no se utilice para
burlar prestaciones sociales o evadir pagos parafiscales
y cotizaciones de seguridad social. Por eso presentamos
un proyecto de ley sobre la materia.
Una sociedad cristiana, sin
exclusiones y sin odios, demanda armonía entre empleadores y trabajadores.
Observar la ley laboral es construir armonía
social.
Necesitamos la salud con cobertura
universal, eficiencia y transparencia en hospitales
públicos y privados,
en aseguradores.
La regulación y limitación de la integración
vertical entre aseguradores y prestadores en entidades
como clínicas y asimilables, el apoyo a la red
pública hospitalaria y la financiación
de la cobertura universal, son aspectos fundamentales
del proyecto de reforma a la salud.
Un tema social tan sensible
no puede desconectarse de la visión general de la economía.
Por eso, la financiación parcial de la universalización
de cobertura con aumento de cotización, debe
tener concordancia con las nuevas normas tributarias.
Nuestra pirámide poblacional llama la atención
sobre el creciente número de colombianos que
llegan a la tercera edad sin vislumbrar la posibilidad
de una pensión de retiro. A tiempo que luchemos
por la ampliación de la cobertura pensional,
necesitamos apoyar a quienes por circunstancias de
edad y tiempo de labor no podrán obtener pensión.
La Reforma Constitucional aprobada concede el espacio
para que el Estado alimente con recursos las formas
de ahorro privado que puedan garantizarles un ingreso
de retiro a los sectores populares que aún no
tienen posibilidades de pensión. Miles de colombianos
esperan esa respuesta social.
Es urgente responder al clamor
de los trabajadores independientes para disponer
de flexibilidad para el
pago de sus cotizaciones. Por ejemplo, para compensar
un retraso ocasionado por dificultades en el ingreso,
para formar el ahorro de retiro al no ser posible la
pensión.
La pensión concurrente entre cónyuges
es otra propuesta. Que la suma de las cotizaciones
les permita acceder a una pensión, con los requisitos
para garantizar el equilibro fiscal. Por ejemplo, que
puedan acceder a esa pensión cuando, reunidos
los requisitos de cotización y de tiempo, las
sumas ahorradas entre ambos cónyuges permitan
garantizar una pensión no inferior al salario
mínimo.
Seguiremos en aumento con los
esquemas de nutrición
a niños y ancianos a través de Familias
en Acción y Bienestar Familiar. Requerimos las
autorizaciones de modificaciones legales de destinos
de gasto para llegar a un millón de ancianos
pobres que tengan un principio de atención por
el Estado.
REFORMA A LA JUSTICIA
En contraste con la percepción de muchos y
nuestra propia crítica, la justicia colombiana
ha avanzado, es respetable y digna. Don Miguel de Unamuno
solía decir que “no se es bueno porque
sí, sino porque teniendo la oportunidad de ser
malo no se es”. El narcotráfico, el terrorismo,
en otro país, muy seguramente habrían
desquiciado la justicia. En nuestra Patria la justicia
ha sufrido toda clase de asaltos, ha pagado precios
muy altos, ha visto derramar la sangre de jueces, fiscales
y magistrados, pero se ha mantenido incólume.
La historia lo valorará en plena dimensión.
Con proyectos de Reforma Constitucional,
ley estatutaria y ley ordinaria, según las materias, nos proponemos
presentar unas propuestas modificatorias para mejorar
la justicia. Estarán enmarcadas en el respeto
a su autonomía, la protección efectiva
de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica
del ciudadano, el principio de celeridad, la solución
integral y eficaz y rápida de las pequeñas
causas, la defensa de la seguridad ciudadana, inseparable
de la seguridad democrática.
Pensamos que el mejor soporte
a una reforma a la justicia es un alto consenso entre
los dignatarios y magistrados
de los órganos supremos de las diferentes jurisdicciones.
Invitamos a que se busque con la mejor intención
ese alto nivel de consenso.
La tutela es la encarnación de la Constitución
en el alma popular. La tutela contra providencias judiciales
debe mantenerse por cuanto los derechos fundamentales
son reivindicables frente al Estado en su conjunto.
La tutela no puede entenderse
contraria a la seguridad jurídica del ciudadano cuyos derechos fundamentales
está llamada a proteger. Tampoco como factor
de pugnacidad entre jurisdicciones compelidas al respeto
recíproco de la independencia y a la colaboración
armónica.
Debe reiterarse la competencia
de la Corte Constitucional como guardián específico de la Carta
para conocer las acciones de tutela contra providencias
judiciales. Es necesario reglamentar el alcance de
dicha competencia frente a la tutela contra sentencias
de otras Cortes. Se debería considerar por ejemplo
un término de caducidad y la alegación
previa de la vulneración para su procedencia.
Otros puntos importantes para
el proceso de mejoramiento de la justicia, son: la
extensión a otras jurisdicciones
de la oralidad, ya introducida en el sistema penal
acusatorio; la atención rápida al pequeño
conflicto con la habilitación de instituciones
y profesionales que puedan resolverlos en casos taxativos
para la descongestión judicial.
Delitos como el maltrato infantil
y violencia intrafamiliar deben ser objeto de revisión en sus descripciones
y sanciones. La excarcelación indulgente en
estos tipos criminales, y en otros, agrava la afectación
de la convivencia y altera la seguridad anhelada por
el ciudadano en su vida cotidiana.
La Corte Constitucional, en
sentencia sobre la ley de convocatoria del Referendo
de 2003, declaró inexequible
el artículo que proponía la sanción
no privativa de la libertad al consumo de alucinógenos.
La razón fue de procedimiento. El Gobierno pedirá al
Congreso introducir esta norma en la Carta.
En el Estado Social de Derecho,
el libre desarrollo de la personalidad no es apología
al abuso del individuo en perjuicio de sus obligaciones
como ser
social. Por eso mismo el Estado se define como solidario.
El diálogo con los compatriotas indica que
la no sanción a la dosis personal de substancias
alucinógenas ayuda a provocar el consumo. Mucho
más grave: fomenta la criminalidad a partir
del auspicio del tráfico. Qué doloroso
es ver niños menores de 18 años, penalmente
inimputables, en las puertas del crimen por haber sido
inducidos a la distribución y consumo de la
dosis personal de drogas ilícitas.
La indulgencia legal y jurisprudencial
frente a la dosis personal no guarda relación con un País
que tanto ha sufrido en la lucha contra la droga. La
muerte de tantos patriotas, la fumigación de
cultivos, su erradicación manual, la extinción
del dominio sobre bienes ilícitos, la destrucción
de la selva para sembrar coca, son fenómenos
incompatibles con la permisividad de la dosis personal.
La justicia eficiente, imparcial
y transparente, es variable fundamental para el desarrollo
de la seguridad
democrática. Los remanentes de justicia privada
son la negación del Estado de Derecho, de la
comunidad comprometida con la solidaridad y constituyen
una de las peores expresiones de corrupción.
El Ex presidente Alberto Lleras
Camargo, cuyo centenario de nacimiento celebramos
este mes, decía que
uno de los graves problemas colombianos es la división
entre “violencia mala y violencia buena”.
Esa división ha causado inmenso daño,
la convivencia impone que la derrotemos para siempre.
La defensa del derecho a la vida encuentra en la justicia
privada a uno de sus principales agresores.
Mi generación ha sido testigo de la dañina
tendencia de buscar justificaciones y explicaciones
al crimen. Causa tristeza reconocer que al tener noticia
de un crimen no es extraño escuchar la pregunta
de por qué lo mataron, incluso antes de manifestar
el rechazo y requerir cumplida justicia.
Asesinan a alguien y es común oír justificaciones
de que era auxiliar de la guerrilla, de los paramilitares,
que debía un dinero. Es imperioso superar estas
expresiones contrarias a la cultura de convivencia.
Uno de los retos de la justicia
del Estado es eliminar los resquicios de justicia
privada con todas sus derivaciones
como las famosas oficinas de cobro, asesinas y perturbadoras,
que han operado en ciudades como la mía, donde
todavía obstaculizan la recuperación
definitiva de la tranquilidad.
La justicia privada es corrupción mayúscula
y factor que deteriora la confianza.
REGALÍAS
A propósito de corrupción, es necesario
garantizar la transparencia en la destinación
y uso de las regalías.
El Gobierno piensa que la lucha
contra la corrupción
tiene en la participación ciudadana una de las
más efectivas herramientas.
Hemos impulsado la participación ciudadana
en contra de la corrupción en múltiples
eventos: la publicación del pre pliego de licitaciones
para la discusión general antes de adoptar el
pliego definitivo; las audiencias públicas,
muchas televisadas, para discutir las evaluaciones
de propuestas y los proyectos de adjudicación
de contratos; las veedurías comunitarias; el
programa “contratistas visibles”, que obliga
a contratistas e interventores a responder ante la
comunidad y los medios de comunicación por progresos
y problemas en las obras públicas; la publicación
profusa de las conciliaciones de litigios del Estado
antes de perfeccionarlas, como ha sucedido con los
asociados de telefonía; la publicación,
también con antelación a su consumación,
de ventas y capitalizaciones de empresas del Estado.
Nuestra voluntad es introducir
el programa “interventores
visibles” para el control de regalías.
Con el apoyo de la Contraloría General de la
República y de la Procuraduría General
de la Nación, se ha tomado la decisión
de exigir a los interventores la publicación
rigurosa, en presencia de la comunidad, incluso a través
de televisión, de uno a uno de los ingresos,
gastos e inversiones de regalías.
Queremos extender a otros departamentos
lo iniciado en Cesar, Magdalena y Guajira: estos
han pignorado
las regalías futuras como contragarantías
a la Nación, que les avala y gestiona créditos
internacionales de largo plazo para inversiones en
agua potable y saneamiento básico.
El Congreso recibirá nuestra propuesta de un
ahorro forzoso en regalías. Sin despojar a sus
titulares, departamentos y municipios, un porcentaje
debería llevarse a fondos de desarrollo regional.
La administración puede encomendarse a Findeter,
que utilizará los recursos como banco de segundo
piso para créditos de desarrollo, inicialmente
en jurisdicción del respectivo departamento.
Estos instrumentos deben asegurar
transparencia, ahorro, capital financiero creciente
y perdurable, más
allá del agotamiento de las fuentes de regalías,
para el desarrollo físico y social de las entidades
territoriales.
El señor Vicepresidente de la República
presentará un artículo de reforma constitucional
que permita que en casos de corrupción el Gobierno
recupere el manejo de rentas territoriales, de rentas
cedidas, y asuma también el manejo de recursos
de regalías directas.
La información objetiva es presupuesto imprescindible
para la transparencia. El Gobierno se propone ampliar
la publicación de listados de beneficiarios
de los diferentes programas sociales. Esto facilitará que
la ciudadanía se pronuncie sobre la equidad
o inequidad en la asignación de apoyos del Estado.
Es un seguro de cumplimiento de nuestra política
social imparcial, fraterna y sin politiquería.
REELECCIÓN INMEDIATA
DE ALCALDES Y GOBERNADORES
Las determinaciones tomadas
sobre la posibilidad de reelección inmediata del Presidente de la República,
desvirtúan cualquier razón para rechazar
idéntica posibilidad para gobernadores y alcaldes.
La construcción de la República ha sido
un proceso gradual de reconocimiento de los derechos
democráticos de los ciudadanos.
La reelección no es
una prerrogativa del elegido sino un derecho del
pueblo.
Resulta muy difícil llevar una aspiración
de reelección al tener que asumir la responsabilidad
por la violencia, la pobreza, el desempleo y en general
por los clamores colectivos sin respuesta.
A diferencia de la reelección con intervalos,
la inmediata provoca un escrutinio riguroso del Gobierno.
Por ende, hay más posibilidad de conocimiento
pleno de la tarea de Gobierno en la reelección
inmediata que en la que se surte con intermedios.
AGENDA DE INFRAESTRUCTURA
Colombia requiere la visión de largo plazo
y el intenso trabajo cotidiano. Son mutuamente dependientes.
En ausencia de objetivos claros de largo plazo, el
esfuerzo diario se erosiona por falta de orientación.
La debilidad en el trabajo cotidiano hace que la visión
de largo plazo se torne de ilusión en frustración.
Nuestra visión de largo plazo debe ser democrática
y descentralizada. La discusión popular para
concebirla es la garantía del compromiso popular
para llevarla a cabo. Animaremos que cada departamento
construya la suya como un valioso anexo de la general
de la Nación, plasmada en el ejercicio que hemos
llamado “Visión Colombia 2019”.
Una nación con productividad, competitividad,
bienestar, mejor ingreso y equidad, solidaridad real,
demanda también infraestructura.
Las reformas económicas apuntan además
a darnos la posibilidad de un gran esfuerzo en infraestructura
de competitividad. Gestionaremos, con el visto bueno
de la Comisión Interparlamentaria de Crédito
Público, un préstamo internacional para
cederlo a los departamentos a fin de que ellos acometan
el mejoramiento de su red vial. Con los municipios,
por grupos, y además en alianzas con departamentos,
comités de cafeteros y entidades semejantes,
hemos empezado a contratar la aplicación de
la partida del presupuesto nacional para vías
terciarias. En la contratación grupal cada quien
vigila y se siente vigilado. Se incrementan las probabilidades
de más y mejores recursos.
Apreciados Congresistas:
No hay justificación superior para avanzar
en las reformas económicas, en la agenda interna,
en la batalla por lograr un Estado transparente, que
alcanzar una nación más justa y solidaria,
atenta y dispuesta a pensar primero en los que tienen
menos recursos y menos oportunidades.
Para el gobernante el sentido
de urgencia debe estar presente en cada instante,
en cada región a
la que visita, en cada mano que estrecha, en cada decisión
que asume. Para el Gobierno, estos cuatro años
que se inician, son un llamado a profundizar en el
empeño por lograr resultados, por asumir un
compromiso con la transformación de Colombia,
en beneficio de nuestros compatriotas y de las venideras
generaciones venideras.
Nuestra disposición por trabajar de manera
armónica con el Honorable Congreso, se inspira
en un profundo sentido democrático por lograr
los más amplios consensos. La oportunidad que
nos otorga el pueblo de gobernar a Colombia, es un
acicate que evoca el compromiso con las instituciones
y la comunidad, antes que con individuos, con el interés
supremo de la Patria, antes que con el porvenir particular.
Todos juntos podemos trabajar
con más rapidez
y mejores resultados. El pueblo colombiano demanda
cambio de velocidades en las actividades públicas
para responder mejor y a tiempo.
Deseo a ustedes éxitos en el cuatrienio que
empieza. Con trabajo esforzado, tranquilo y eficiente
de todos, haremos que Colombia sea más justa,
más fraterna, más unida, más rica,
más libre.
Agradezco inmensamente al Congreso
que acaba de concluir. Una agenda de gran trascendencia
para Colombia. A quienes
lo dirigieron en todos los períodos, y a quien,
a partir de hoy, deja el Congreso para seguir sirviendo
bien a Colombia: la señora Presidente del Senado
que acaba de concluir, la ex senadora Claudia Blum
de Barberi.
Apreciados Congresistas:
Que Dios nos infunda más amor a Colombia, creciente
amor a Colombia, para servirla bien, con todas nuestras
energías y con toda la transparencia.
Declaro instaladas las sesiones
ordinarias del Congreso de la República.
Muchas gracias.
