II CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES
Julio 27 de 2006 (Cali – Valle del Cauca)

Compatriotas:

Queremos dar en nombre de todos los colombianos nuestra bienvenida a todos ustedes a este Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales, de gran utilidad, para que podamos intercambiar experiencias y mirar de cara al futuro cómo seguimos mejorando, con el apoyo de todos, el rendimiento de los gobiernos locales.

Muchas gracias por acudir a Cali. Nuestra ciudad alegre, nuestra ciudad de tanta trascendencia para realizar en ella este congreso. Son ustedes los alcaldes las autoridades más cercanas al ciudadano.

El ciudadano, para cualquiera de los problemas de la vida cotidiana, tiene que acudir al alcalde. Es la primera autoridad en quien piensa. Un problema de orden público, e inmediatamente el alcalde aparece en la angustia del ciudadano que busca solución. Un problema de servicios públicos, un problema de comunicación, un problema de vías, un problema de educación, un problema de salud, la reacción inicial del ciudadano es la búsqueda del alcalde. Por eso el alcalde encarna la autoridad inmanente al ciudadano, no la autoridad remota del ciudadano.

¿Quién representa mejor a la ciudad que el alcalde? ¿Quién exalta mejor a la localidad que el alcalde? ¿Quién presenta ante el mundo con más entusiasmo las características de su ciudad que el propio alcalde? Lo hemos advertido esta mañana al escuchar aquí la intervención, llena de entusiasmo por su ciudad, esa expresión genuina de amor por su tierra, del alcalde Apolinar Salcedo Caicedo.

Colombia ha dado una larga lucha por la democracia local. Nos demoramos en los debates más de 100 años para tomar la decisión de que las comunidades pudieran elegir directamente los alcaldes.

En 1863, ya algunas décadas después de haber consolidado la Independencia, introdujo el país una Constitución profundamente federal que, de acuerdo como la interpretaron los propios constituyentes y los analistas, consagraba todas las posibilidades para que cada Estado Federal incluyera la elección popular de sus alcaldes. No se hizo.

Posteriormente vino la Constitución del 86, cuyo lema fue: “centralización política y descentralización administrativa”, y se relegó el tema de la elección popular de alcaldes.

El Congreso del liberalismo, reunido en Ibagué en 1923, después de que el país había pasado por la azarosa experiencia de la Guerra de los Mil Días, la triste separación de Panamá, incluyó como primer punto de las reivindicaciones políticas que requería la nación la aprobación de la elección popular de alcaldes.

Pasaron muchos gobiernos, de uno y otro partido, y tampoco se incorporó.

Fue a principios de los años 80 cuando el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado introdujo el acto legislativo que finalmente vino a incorporarse en nuestra Constitución la elección popular de alcaldes. Un largo debate.

Y se requirió posteriormente que llegara la Constitución de 1991, para dar otro paso en el proceso de reconocimiento a nuestro pueblo de los derechos democráticos, con la aprobación de la elección popular de gobernadores y con la incorporación al texto constitucional de un buen conjunto de disposiciones de democracia directa.

Esa Constitución trajo a Colombia un equilibrado balance entre democracia participativa y democracia representativa, que es lo que hoy tenemos y que es muy afortunado para el desarrollo del pluralismo colombiano.

Creemos que la elección popular de alcaldes ha traído inmensas ventajas: la preocupación del ciudadano por ayudar a elegir la autoridad más cercana, la que siente como propia. La preocupación del ciudadano por vigilarla y por ser exigente frente a esa autoridad. En alguna forma se ha superado la indiferencia ciudadana frente a la autoridad más cercana, gracias a la elección popular de alcaldes.

Muchas personas que han criticado los resultados deberían entender que antes de la elección popular de alcaldes no aparecían los problemas de los municipios y de las ciudades como hoy aparecen.

La elección popular de los gobernadores, de la autoridad local, de los alcaldes, es lo que ha permitido que gracias al despertar de la participación ciudadana afloren los problemas, se pongan sobre el tapete y se obligue a un examen cuidadoso, muchas veces agitado, en el cotidiano proceso de la democracia local.

Encontramos que una serie de problemas que no se denunciaban, se empezaron a denunciar Y también empiezan a superarse. Y que todos los días hay más cuidado de los ciudadanos por elegir mejores alcaldes. Y que todos los días hay más cuidado de alcaldesas y de alcaldes para producir mejores resultados. El balance es bueno y el porvenir, todo indica, todavía mejor.

Colombia ha dado grandes pasos en materia de descentralización. Por ejemplo, si miramos el tema fiscal, si sumando recursos sobre los cuales hay controversias contables, Colombia llegó a transferirle a las regiones el 40,04 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación. Hoy transfiere aproximadamente el 34 por ciento de esos ingresos corrientes.

Hay que anotarlo muy claramente. Esa transferencia año tras año ha crecido en valores reales, y ese crecimiento ha sido muy importante. Lo que ocurre es que en los últimos años las nuevas reformas introducidas en el Gobierno Nacional en su tributación, han logrado un mayor recaudo y, por supuesto como lo expresara el Presidente de la Federación Colombia de Municipios, el Alcalde de Itagüí, ese mayor recaudo ha llevado menos porcentaje del anterior a las entidades territoriales y más a la Nación. Pero el cambio de porcentaje en ningún momento ha implicado reducción ni nominal, ni mucho menos real, de las transferencias a las regiones que han seguido creciendo. Debate bien importante en los meses que vienen.

Pero adicionalmente las regiones colombianas, especialmente los municipios, son dueños de impuestos importantes. La situación de los departamentos es más difícil en cuanto refiere a sus rentas propias, porque hay algunas con un cuestionado dinamismo. Pero los municipios, además de recibir las transferencias de la Nación, son dueños de rentas muy dinámicas. Por ejemplo, son los dueños exclusivos sobre la renta de la propiedad inmobiliaria, son los dueños de una renta muy importante, que es la renta de industria y comercio.

Allí hay grandes posibilidades de dinamismo en el recaudo, y además de ello la Nación contribuye permanentemente a lo que son los programas de cofinanciación.

Todo esto hay que sumarlo, porque es el consolidado de las rentas locales. Por ejemplo, sin incluir esos programas de cofinanciación, las rentas regionales ya representan en Colombia aproximadamente dos y medio puntos del PIB (Producto Interno Bruto), y eso tampoco incluye las transferencias. Solamente los recursos propios.

Yo creo que si ustedes lo miran en el conjunto de la descentralización fiscal en el continente, encontrarán que Colombia ha avanzado muchísimo. Es país vanguardista en esta materia. Porque cuando hablo con muchos de los alcaldes de ciudades importantes de otros países, con sus presidentes, me dicen que tienen un esquema de transferencias, en unas partes, sin rentas propias. En otras partes un sistema de recursos locales, pero con mínimas transferencias.

Aquí hay un sistema creciente de transferencias, un sistema de rentas propias con dinamismo, y a eso se suman otras rentas, donde están, por ejemplo, las recientemente creadas, como la participación de los municipios y de los departamentos, con un impuesto ad valorem en los combustibles y las cofinanciaciones de la Nación.

En las cofinanciaciones de la Nación quiero destacar varias de gran importancia, por ejemplo, como lo dijera el señor Alcalde de Cali, la Nación cofinancia hoy el 70 por ciento de la construcción de los proyectos de transporte masivo en Colombia.

Y en esos proyectos están involucradas la ciudad de Bogotá, la ciudad de Cali, la ciudad de Pereira, la ciudad de Bucaramanga (el alcalde Bucaramanga nos acompaña en esta reunión), la ciudad de Cartagena, la ciudad de Barranquilla, y también algunas localidades como la ciudad de Itagüí y la ciudad de Soacha, al sur de Bogotá. Allí hay un gran esfuerzo del Gobierno Nacional.

Hoy estamos mejorando y pavimentando 2.500 kilómetros de carreteras en Colombia. La inmensa mayoría son carreteras de las regiones y de las localidades, y, salvo dos o tres casos de cofinanciación, eso se está financiando en su totalidad con cargo al Presupuesto de la Nación.

Además, en el área social, la Nación no se reduce a las transferencias. Permanentemente hay adiciones presupuestales para el tema educativo, para el tema de salud, para el tema de saneamiento básico.

La Nación tiene la gran responsabilidad en la financiación de la vivienda social. Por ejemplo, un porcentaje importante de las transferencias se lleva a saneamiento básico, y el Gobierno Nacional ha reconocido que las necesidades desbordan esa partida. Se han hecho esfuerzos con recursos adicionales de la Nación muy grandes, que con la ayuda de Dios continuáremos en el gobierno que empieza.

Nos proponemos presentar al Congreso de la República la proposición de que los recursos adicionales, que aquí se llaman de audiencia pública, para cuya definición participan gobernadores, alcaldes, comunidad y Congreso de la República, en un proceso abierto y transparente, en los cuatro años de gobierno que empiezan, se lleven en su totalidad a los programas de saneamiento básico: acueductos, alcantarillados, problemas de basuras. Todo esto son aportes adicionales de la Nación a las entidades locales.

Y en el tema social hay otras inversiones muy importantes de la Nación. Por ejemplo, en todo lo que es nutrición infantil, en todo lo que es asistencia a los ancianos, y en todo lo que es la asistencia a las familias para garantizar la educación de sus hijos.

Falta mucho, por supuesto, pero si uno mira el conjunto, si uno mira las finanzas del país, encontrará que en su conjunto son unas finanzas ampliamente descentralizadas.

Yo creo que en la discusión que empieza, nosotros tendremos -para saber cuál va a ser la nueva regla de transferencias a las regiones-, nosotros tendremos que hacer una juiciosa comparación internacional, e invito a los alcaldes de mi Patria, a aprovechar estos días en Santiago de Cali, para mirar cuidadosamente, con sus colegas, los alcaldes visitantes, cuál es el alcance de la descentralización fiscal en América Latina, donde Colombia, y lo van a mostrar las cifras que ustedes tendrán la oportunidad de mirar, ha avanzado muchísimo.

Claro, tenemos grandes desafíos. En los próximos años Colombia debe cumplir con las metas sociales del milenio. El informe que se anticipa, de Jefrey Sachs, a las Naciones Unidas, indica que Colombia cumplirá antes de la fecha esas metas, salvo en algunas regiones. Ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos para cumplir con la totalidad de las metas en la totalidad de las regiones.

En esas metas está el tema de plena cobertura en educación básica, el tema de plena cobertura en salud. Entendemos que esos dos puntos, más la plena cobertura en saneamiento básico, deben ser variables esenciales que se tengan en cuenta en la nueva ley de regulación de transferencias a las regiones. Que haya lo suficiente para lograr esas metas sociales.

Pero también tenemos que ver la situación fiscal de la Nación y sus compromisos y responsabilidades. Cuando observamos qué ha pasado con los municipios y los departamentos de Colombia, encontramos dos grandes avances en saneamiento fiscal y de endeudamiento: en los últimos años pasaron de un déficit del uno por ciento del PIB, a un superávit del uno por ciento del PIB. Y han reducido sustancialmente el endeudamiento.

A ello ha contribuido un conjunto de variables, normas de ley general, por ejemplo, la conocida en Colombia como la Ley 617 de la administración presidencial anterior, que introdujo severos controles en cuanto a gastos de funcionamiento, una norma ejemplar de austeridad, que el gobierno que he presidido la ha aplicado con todo rigor.

Las leyes de responsabilidad fiscal, introducidas en este gobierno, la mejor calidad de las administraciones locales, su esfuerzo.

La Nación, en pocos años, pasó de un endeudamiento que representaba el 12 – 15 por ciento del PIB, a un endeudamiento que hace cuatro años representaba el 54 (por ciento del PIB). Hoy está alrededor del 40 (por ciento), tenemos que ponerlo alrededor del 30 por ciento.

La Nación, en pocos años, pasó de un déficit de una situación fiscal en equilibrio, a un déficit que hace cuatro años era del 4,2 (por ciento). En el consolidado hemos mejorado mucho, pero todavía en el Gobierno Nacional Central el déficit es del 5 por ciento, y no por falta de esfuerzos.

Hemos reformado 280 empresas del Estado, y ese es un debate diario en Colombia, porque este gobierno ha tenido que asumir la responsabilidad de jalonar la reforma de esas 280 empresas del Estado, y ahora tiene que continuar con la reforma de las que todavía no han sido reestructuradas.

Se habrán enterado ustedes en los medios de comunicación, muy apreciados alcaldes y visitantes, sobre el debate que hay, por ejemplo, alrededor de la propuesta del Gobierno Nacional para capitalizar la empresa de petróleos.

Hemos hecho un gran esfuerzo en reforma de la administración, en austeridad, en buscar renovados recursos. Hemos bajado ese déficit del Gobierno Nacional central, que era superior al seis, en un punto.

Pero a eso hay que sumarle otro aspecto muy delicado: el país ha visto cambiar su pirámide poblacional. Así lo comprueban los datos que todavía no se han oficializado del reciente censo. La avalancha de colombianos en edad pensión llegó, ha crecido enormemente la deuda pensional a cargo de la Nación. Cuando empezó este Gobierno representaba el 214 por ciento del PIB. Las diferentes reformas introducidas la han reducido al 140 del PIB. Sigue siendo muy elevada.

Hemos tenido que enfrentar no solamente el creciente pago de pensiones, sino el agotamiento de reservas en el Instituto de los Seguros Sociales. Se anunció el agotamiento de reservas durante años: o no se prestó atención o se dio insuficiente atención. Y este Gobierno tuvo que afrontar esa delicada situación.

Hemos pagado cumplidamente a los empleados del Instituto de los Seguros Sociales, pero eso ha implicado que el Gobierno Nacional haga una transferencia a ese Instituto que vale 1,3 del Producto este año.

Entonces, si a ese déficit del Gobierno Nacional central, que es del 5 por ciento, le restáramos ese 1,3 de un nuevo gasto que no estaba contemplado en las cuentas nacionales, tendríamos que en los cuatro años hemos reducido el déficit del Gobierno Nacional central del más del 6 a aproximadamente el 3,7.

Es un esfuerzo, apreciados alcaldes, que no se puede desestimar. Así como el Gobierno Nacional valora plenamente los esfuerzos de los gobiernos locales con la Ley 617, sus medidas de austeridad, también pide que para la discusión que ahora empieza se tenga en cuenta el enorme esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional.

Y permítanme hacer una observación: si algo importante ha logrado Colombia en los últimos años, ha sido la tendencia descendente de la inflación, la recuperación del sector financiero que hoy nos permite tener la posibilidad de créditos a más largos plazos y de tasas de interés más bajas, en lo nacional y en lo internacional.

El día del 21 de julio, el siguiente día a la instalación del Congreso de la República, Colombia colocó en el mercado internacional bonos por mil millones de dólares, con la menor tasa de interés histórica y un largo plazo. Y hubo ofertas para comprar bonos colombianos por tres mil millones.

Eso es un gran avance, eso es un resultado de confianza en Colombia. Cuánto conviene al crédito de los departamentos y de los municipios que haya confianza de la comunidad financiera nacional en internacional en el Gobierno Nacional.

Si el Gobierno Nacional se equivoca en el manejo de las finanzas, se deteriora esa confianza, y una de las consecuencias del deterioro de esa confianza será el encarecimiento y la dificultad en el acceso en el endeudamiento por parte de las entidades locales.

Pero estoy seguro que vamos a lograr un acuerdo en el Congreso de la República sobre la regla que habrá de regular las transferencias de la Nación a los departamentos, en el nivel constitucional en los años que vienen.

No obstante que la reforma del 2001 vence en el 2008, el Gobierno reitera la invitación de que la norma sustituta se defina ya. ¿Por qué? Porque ese es un punto fundamental de confianza en el país, de confianza para que haya inversión, crecimiento, empleo en nuestra Patria, de confianza para poder proyectar las administraciones locales y la administración nacional. Y esa regla en cuanto con más antelación se defina mejor, para la confianza que requieren los gobiernos locales y el Gobierno Nacional.

Son muchos los temas que habría para tratar con ustedes, apreciados alcaldes. Un tema bien importante es responder la pregunta: ¿cómo ha sido la gobernabilidad en Colombia después de la elección popular de Gobernadores y Alcaldes? Porque escuché decir a politólogos que era muy difícil garantizar la gobernabilidad con la elección popular de alcaldes y gobernadores, en un país convulsionando por tantos problemas como Colombia, afectado por el terrorismo y la droga.

Pues bien, si algo importante puede mostrar hoy Colombia en esta materia de elección popular de alcaldes y gobernadores, es que hemos construido armonía en la gobernabilidad.

El Gobierno que presido ha vivido un fenómeno democrático muy interesante, que es la elección de alcaldes y gobernadores originados en muchísimos partidos políticos, en partidos afectos a las tesis del Gobierno y en partidos de oposición muy radical a las tesis del Gobierno.

¿Cómo hemos construido esa gobernabilidad? A partir de un principio: la decisión del Gobierno Nacional ha sido trabajar armónicamente con todos los gobernadores y alcaldes de Colombia, prescindiendo del origen político de su elección. Creo que es una regla de oro para la construcción de gobernabilidad.

La Presidencia de la República no se ha detenido, para avanzar en un programa de Gobierno en un municipio o en un departamento, en el análisis de cuál es el origen de la elección de ese gobernador o de ese alcalde. Lo que hemos buscado es trabajar con todos ellos para sacar adelante las expectativas de la comunidad.

Por su puesto, esto requiere orden y un diálogo permanente. El orden lo dan los planes de desarrollo, que tienen que tener armonía. Para poder tener, por ejemplo, cofinanciaciones, debe haber coincidencias en planes de desarrollo, en metas sociales.

De lo contrario, en un país cuyas finanzas públicas no se manejan discrecionalmente sino que están regladas en el nivel constitucional y en el nivel legal, las cofinanciaciones no podrían aportarse.

Y hemos tenido un diálogo permanente, un diálogo franco, un diálogo en multitud, hemos practicado un esquema de gobierno comunitario, que parte de la base de considerar que la descentralización es eficiente en la medida que haya creciente participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de gobierno, en la ejecución de decisiones de gobierno y en la vigilancia de decisiones de gobierno.

Alcaldes, gobernadores, Gobierno Nacional, hemos interlocutado permanentemente en un escenario del gobierno comunitario, que son los Consejos Comunitarios, de cara al país, para mirar posibilidades, para buscar opciones.

Nuestro diálogo no ha sido de promesas ni de engaños, pero ha sido un diálogo esforzado para buscar opciones a los grandes problemas, a las grandes falencias, para construir imaginativamente soluciones.

Es muy importante pensar permanentemente el tema de la armonía entre los gobiernos locales, los regionales y los nacionales, con prescindencia del origen de la elección política de sus titulares, como factor de gobernabilidad para la buena marcha y la tranquilidad de la Nación.

Para construir esa gobernabilidad ha sido definitivo nuestro concepto democrático de seguridad. Mi elección, apreciados alcaldes visitantes, creaba muchos temores en esa materia, porque aquí en alguna forma se había creado un falso sentido de civilidad, que confundía la civilidad con la debilidad frente al terrorismo.

La decisión firme, inclaudicable, de enfrentar y derrotar al terrorismo, por parte de un aspirante a la primera magistratura de la Nación, desataba toda clase de controversias. Pero el punto fundamental fue la proposición del alcance democrático de esa seguridad.

Seguridad Democrática, diferente de la doctrina de la Seguridad Nacional, ese fantasma que recorrió a América Latina hace algunas décadas, que se utilizó para silenciar la oposición, para clausurar las libertades públicas, para marchitar el disenso. Lo nuestro ha sido todo lo contrario: seguridad para devolverles a los colombianos las libertades que el terrorismo había suprimido con sus poderes de facto.

Y eso yo creo que lo han sentido, en el ejercicio de sus atribuciones, alcaldes y gobernadores, independientemente del origen político de su elección. Ha creado confianza y la confianza es el punto fundamental de la gobernabilidad en medio de la diversidad.

La gobernabilidad no se basa en el unanimismo. La gobernabilidad se basa en la confianza en medio de la diversidad. Y es lo que hemos querido construir en Colombia a partir del diálogo sincero y a partir del concepto democrático de seguridad.

Por supuesto que hay discusiones. Tiene que haberlas todos los días. Lo grave sería que en una Patria como Colombia, llena de dificultades, no hubiera discusiones. Ahora tenemos que enfrentar en el Congreso de la República discusiones muy importantes. Una, la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores.

Un país que acaba de dar el debate y de aprobar la reelección inmediata del Presidente de la República, no tiene razones para negarse a aprobar la posibilidad de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores.

Bertrand Russell solía decir que su abuelo le había contado la historia de Inglaterra como un proceso gradual de reconocimiento de derechos por parte de la monarquía al pueblo. Yo diría que la historia de nuestra descentralización ha sido un proceso gradual, no fácil, de reconocimiento de los poderes centrales a los derechos democráticos de la base popular de la Nación.

Después de cien años de debate introdujimos la elección popular de alcaldes, vino la de gobernadores, mecanismos de democracia directa, empezó la elección popular de alcaldes con un período de dos años, se amplió a tres con una transición de medio año, ahora está en cuatro, se autoriza la reelección inmediata dejando como intervalo un período de por medio.

Yo creo que el desarrollo que se requiere en ese proceso lógico de reconocimiento de derechos democráticos a la base de la Nación, es el de autorizar la reelección inmediata. El 20 de julio, cuando presenté al Congreso de la República, en el mismo día de su instalación, el conjunto que integra la agenda legislativa de la administración, dí una serie de razones a favor de la reelección inmediata.

La reelección presidencial inmediata ha demostrado que es muy difícil. Es muy difícil ser candidato a la reelección presidencial en un país con violencia, en un país con narcotráfico, en un país con pobreza, en un país con desempleo, en un país con inequidad.

Quien asume la responsabilidad de presentarse a la reelección, tiene que llevar sobre sus hombros todas esas dificultades. El proceso democrático aquí fue intenso, el proceso democrático aquí fue muy importante y no fácil para la reelección presidencial.

Además esta Nación, celosa de la equidad, aprobó una ley de garantías, que no consideró que quien lleva la responsabilidad de aspirar a la reelección, tiene la desventaja de tener que cargar con todas las dificultades de la Nación.

Pues bien, eso para decir que hay que perderle el temor a la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Entregar, reconocerle ese derecho al pueblo, no es garantizarle al alcalde ni al gobernador el seguro de su reelección.

Cuánto mejor para la transparencia democrática que los gobernantes seamos sometidos al veredicto inmediato del pueblo, que al juicio incierto y remoto de la historia.

Además, la reelección presidencial ha demostrado que se despierta un instinto sin límites para vigilar y analizar la obra del gobierno que aspira a la reelección. Bueno para la democracia. Cómo se mejora esa variable de la vigilancia popular en la gestión gubernamental.

No ocurre lo mismo cuando la reelección es una posibilidad mediando un intervalo. Es menos difícil engañar a la opinión pública cuando uno se presenta para una reelección dejando un intervalo, que cuando se presenta para esa reelección de manera inmediata. El intervalo puede ser el período del olvido. El intervalo puede ser el período donde aparezcan otros problemas que no dejen ver los que causó el gobernante que estuvo en un momento anterior y que ahora quiere regresar.

La reelección inmediata no da la posibilidad de período de olvido. La reelección inmediata le entrega al pueblo todos los atributos para que sea un juez severo e inmediato de la acción del gobernante que aspira a la reelección.

Pero, apreciados alcaldes y gobernadores de mi patria, buena parte de esta discusión en el Congreso, donde el Gobierno por mi conducto ha expresado de manera categórica qué piensa, dependerá también de ustedes. Hay que crear armonía con todas las fuerzas políticas en todas las regiones. Esa armonía es muy importante para construir un ambiente de confianza en el Congreso de la República para aprobar esa reelección. El Gobierno reitera el compromiso con ese acto legislativo.

Y vienen otros temas. El tema de la corrupción. Hay que derrotarla. En el Gobierno Nacional, en las administraciones desconcentradas, en los gobiernos locales, lo mejor para enfrentar un problema es reconocerlo. No hay duda que hemos mejorado, pero quedan dificultades. Hemos mejorado con el Decreto 2170, con las audiencias públicas, con los prepliegos, con los sistemas públicos, con presencia de opinión para la adjudicación de contratos, etcétera. Pero nos quedan dificultades.

Todos tenemos que hacer el esfuerzo. Lo tiene que hacer el Gobierno Nacional. Allí donde todavía tenemos lunares, superarlos totalmente. Y lo tenemos que hacer en todas las entidades territoriales.

El Gobierno Nacional no pretende sustituir, a través de reformas constitucionales, las competencias de la justicia. Pero al buen pagador no le pueden pesar las prendas. Yo creo que sí tenemos que encontrar textos legales que sean advertencias más severas frente a fenómenos de corrupción.

Así como el Gobierno Nacional ha tenido problemas en una u otra entidad, nosotros no podemos negar que en los gobiernos locales y territoriales ha habido problemas en el manejo de recursos de salud, ha habido problemas en regalías, ha habido problemas en contrataciones.

Démonos a la tarea de superarlos plenamente. Porque si hay 1.098 alcaldías y en una hay corrupción, infortunadamente la lectura de la opinión pública no es que hay 1.097 alcaldías transparentes, sino que hay una alcaldía corrupta.

Es lo que pasa. Un Gobierno Nacional puede ser transparente en todos sus actos. Y si aparece una indelicadeza en unos funcionarios de rango medio en el DAS, ustedes saben qué me pasó a mi en ese debate. Si aparece una indelicadeza en FINAGRO o en Incoder, denunciadas por el propio Gobierno Nacional en plena campaña, ustedes saben qué me pasó a mi en ese debate.

Entonces uno cuenta todo lo que está haciendo por la transparencia, pero un solo lunar se encarga de marchitarlo todo. En eso de corrupción nosotros tenemos que ser perfeccionistas en la lucha contra la corrupción. Mi sugerencia es buscar unos acuerdos sobre textos legales y constitucionales, pero no negarnos a introducir nuevas herramientas en la lucha contra la corrupción.

Está el tema de regalías. El país y la opinión pública no señalan que tal departamento o tal municipio han manejado bien regalías. Señalan que se la robaron en la Jagua de Ibirico. Y nosotros tenemos que enfrentar eso, apreciados alcaldes y apreciados gobernadores.

Una de las reformas que el Gobierno está proponiendo en materia de regalías es un ahorro forzoso. Sin despojar a los departamentos, sin despojar a los municipios dueños de esas regalías. Que un porcentaje de esas regalías se ahorre forzosamente. Lo podría administrar, en nombre de su titular que debe ser la entidad municipal o departamental, la Financiera Territorial que tiene trayectoria de confianza, y utilizar esos recursos como banco de desarrollo de segundo piso, cuyos rendimientos deben acrecentar ese fondo que mantendrá su titular.

Aquí tienen la experiencia de Infivalle, va bien. Esos bancos de desarrollo territorial hay que estimularlos en Colombia. Antioquia, mi departamento, pobre en regalías, totalmente arrugado en su topografía, apenas con dos lotecitos de tierra plana, tiene dos ventajas: Empresas Públicas de Medellín y un banco de desarrollo que se llama el Idea. Lo hicieron ahorrando y hoy tienen autosuficiencia y le sobran recursos para financiar al departamento y a todos los municipios. Ya están otorgando créditos por fuera de Antioquia.

Mi invitación es que esa buena experiencia la hagamos con un ahorro forzoso en materia de regalías. Y si ese dinero va a quedar de propiedad del mismo departamento, titular de las regalías, por qué negarnos a ese ahorro forzoso.

Si miramos a 20 años, ese ahorro forzoso puede ser un factor de independencia en materia de financiación. Hagámoslo. Yo le voy a pedir encarecidamente al Congreso de la República la aprobación de estas reformas, con sentido de urgencia. Cambiemos de velocidades. Uno de los problemas de nuestra América Latina es que vamos muy lentos. Nos entusiasmamos mucho en el discurso, pero vamos lentos en las acciones del Estado. Ojalá estas acciones, ahora que tenemos más experiencia y que el país nos lo va a exigir, las podamos incorporar más rápidamente.

Y voy a pedir una gran reflexión de alcaldes y gobernadores para que nos ayuden en esta reforma.

En fon, apreciados alcaldes visitantes, son tantos los temas, que preferiría que algunos de ustedes expresaran sus inquietudes, sus preocupaciones, y con el mayor gusto durante unos minuticos yo contestaría algunas de esas inquietudes. Les ofrezco la palabra.

Muchas gracias.